Tema polémico: el frío no está en las cobijas

El ex vicepresidente Kevin Casas, en su artículo “Requiem por un sueño” acierta al decir que nuestro país es ingobernable, pero falla en las causas para explicar el fenómeno.

Gobernabilidad es la actuación de los Poderes Públicos en un espacio considerado como legítimo por los actores políticos, lo que genera la aceptación del mandato y la obediencia de sus disposiciones. Nótese que la palabra legitimidad es clave en el análisis.

Costa Rica no es ingobernable por el pluripartidismo ni por la existencia de actores capaces de frenar el proceso de toma de decisiones. Ni siquiera lo es por la incapacidad de las autoridades para tomar decisiones. Son la falta de legitimidad del proceso decisional, la ausencia de representatividad y la falta de inclusión de los diferentes actores en la construcción de los acuerdos lo que provoca la ingobernabilidad en el país.

La legitimidad es el reconocimiento o la justificación para ejercer el poder político y percibir obediencia simultáneamente. Puede ser legitimidad de origen –el reconocimiento del “derecho a mandar” – o legitimidad en ejercicio –el éxito de la gestión gubernamental en la administración del mandato otorgado–, y la ausencia de alguna de esas dos acepciones hace que la actuación de los Poderes Públicos se convierta en ilegítima y se disuelva la obediencia.

El error de don Kevin es preocuparse más por la rapidez decisional sin abordar el problema de fondo: la legitimidad del proceso y de las decisiones finales. Por eso es que el frío no está en las cobijas: el sistema político costarricense no es ingobernable por la parálisis decisional, la oposición o la discusión, sino porque los actores políticos no están considerando legítimo el proceso de toma de decisiones.

Al no estar apegadas esas actuaciones a los valores, expectativas, intereses o aspiraciones de los diversos actores políticos, estos tienen los incentivos necesarios para evitar que se lleven a cabo acciones que consideran nefastas y utilizan los poderes de veto y los mecanismos que las reglas del juego les otorgan para frenar o paralizar el proceso.

Lo que ha pasado en nuestro país es que los actores no están dispuestos a aceptar, cual contrato de adhesión, las ocurrencias del Gobierno. No están dispuestos a que su voto se convierta en un cheque en blanco que lo autorice a dar rienda suelta a sus tonterías y desaciertos. Para eso han decidido fraccionar al Primer Poder de la República, en el cual, los representantes simplemente están aplicando los checks and balances del sistema republicano, de forma tal que controlan al oficialismo en el Parlamento y al Ejecutivo, para evitar la concentración de poder y para garantizar la representación de las diversas fuerzas políticas que les han dado voz y voto para defender sus intereses y aspiraciones.

Gracias a esos checks and balances, actos tan reprochables como el tristemente célebre “memorándum del miedo” generaron un repudio que sentó las responsabilidades políticas del caso. Gracias a esos mecanismos se ha logrado frenar la aprobación de un proyecto tan absurdo e ilegítimo como Solidaridad Tributaria, que afectará a todos los ciudadanos que trabajan honradamente y son explotados por un Gobierno irresponsable e incapaz, que está en problemas tanto por las erradas decisiones de la Administración de la que don Kevin fue parte como por los propios yerros de este periodo.

Preocuparse sólo por la rapidez decisional sin tomar en cuenta la legitimidad del proceso podría ser solo un grave error conceptual, pero en muchas ocasiones esconde algo más peligroso. Cuando se exige que las decisiones se tomen sin discusión, sin análisis, sin reflexión ni estudio, sin oposición ni oportunidad para ofrecer alternativas, salta a la vista no solo la fatal arrogancia del proponente (quien cree que su idea es tan perfecta que no requiere más que la aceptación sumisa), sino también un preocupante desprecio por la diversidad de opiniones, por el pluralismo, por la representatividad y por los derechos individuales.

La historia nos ha enseñado que cuando surgen líderes mesiánicos o partidos únicos (o hegemónicos) que ofrecen dictar el rumbo a seguir, sin cuestionamientos ni preguntas, solo con la fe inquebrantable en su sapiencia, los resultados son macabros. Esperamos que ese no sea el sueño por el que don Kevin hace un réquiem.

Los efectos de la discriminación positiva

Milton Friedman decía que “no hay nada peor que las buenas intenciones”. Esta frase expresa el problema moral del asistencialismo estatal y el modo en que este distorsiona la asignación de recursos, especialmente cuando se crea una situación de discriminación positiva. Los diferentes Estados latinoamericanos, y en especial los surgidos a la luz del mítico disparate del socialismo del siglo XXI, se han caracterizado por una serie de políticas repletas de subsidios al mejor estilo Robbin Hood, es decir, quitándole dinero a los que tienen para dárselo a los que no lo tienen, casi siempre por medio de los impuestos progresivos. Pues bien, la lógica (si es que se le puede llamar así, con el perdón de la racionalidad y la epistemología) es bastante absurda: si se le quita a A porque es rico para darle a B que es pobre, entonces es obvio que, en la medida que esa cooptación sea progresiva, entonces B se convertirá en rico y A en pobre, por lo que habrá que hacer la sustracción nuevamente, convirtiéndose en un círculo vicioso.

Partiendo del análisis de Mascaró Rotgers en su ensayo ¿Que paguen impuestos los ricos? (publicado en este blog hace poco) es posible señalar que crear condiciones especiales a favor de un grupo social (llámese indígenas, discapacitados, dementes o carmelitas descalzas), genera grandes problemas, tanto a nivel económico como cultural, jurídico y político:

1. Fomenta la elusión y la evasión fiscales (la primera es legal y la segunda no) pues son los ricos los que pueden pagar mejores asesores fiscales, mejores contadores, mejores abogados, presionar a los políticos para cambiar las leyes, adquirir instrumentos para maquillar cuentas o, en el peor de los casos, sobornar a funcionarios.

2. El rico, si es amigo del "político de turno" tiene mayores posibilidades de que esos recursos, que supuestamente iban dirigidos a beneficiar a los pobres, acaben financiando otro tipo de actividades: subsidios a la producción, contención de tasas bancarias, proyectos particulares cuya naturaleza es clientelista, etc. Al fin y al cabo, como bien apunta Mascaró, ¿quién tiene más influencia para que se destine a financiar algo de su interés: un pobre o un rico?

3. Es el Estado el que decide que hacer con la propiedad que, legítimamente, las personas han conseguido: les quita su dinero para transferirlo y, de paso, se deja una comisión; pero el problema mayor, en este caso, es que además se da una transferencia de poder del ciudadano al Estado, de modo que este último reparte como mejor le parezca la riqueza que ni le pertenece ni ha producido. Tenemos entonces una situación en la que la persona se convierte en medio del Estado para alcanzar determinados fines, cuando moralmente debería ser cada persona un fin en sí mismo.

4. El impuesto progresivo desincentiva la riqueza: en economía existe una curva denominada la Curva de Laffer, que explica que cuanto mayor sea la tasa impositiva menor es la recaudación, esto por dos razones: porque la gente busca evitar el pago o porque simplemente ya no tiene más riqueza para permitir la exacción. En ese sentido, o se evade o se desestimula la acumulación de capital, pues ¿quién va a querer trabajar y enriquecerse si sus recursos van a ser absorbidos por el Estado? Esto lógicamente tiene repercusiones a nivel del tejido empresarial de una sociedad, de la cultura y del status moral del individuo.

5. Viola la estructura del Estado de Derecho, en tanto irrespeta los principios de igualdad ante la ley, y afecta los derechos derechos de propiedad privada pues jurídicamente superpone a un grupo social y porque una serie de funcionarios estatales se autodesignan como los "elegidos" para decidir qué hacer con el dinero de otros.

6. Genera un serio problema de ingobernabilidad y de legitimidad. Arbós y Giner definen la gobernabilidad como “la cualidad propia de una comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficientemente dentro de un espacio considerado legítimo por la ciudadanía, permitiendo el libre ejercicio de la voluntad política del poder mediante la obediencia”. Véase que se enfatiza en un espacio considerado como legítimo por la ciudadanía y la legitimidad, como Urcuyo lo explica, puede bifurcarse en dos: legitimidad de origen, que es la razón por la cual se obedece al poder, en tanto su naturaleza es aceptada por la ciudadanía, y legitimidad en ejercicio, que tiene que ver con la gestión gubernamental y con sus resultados, siendo estos los objetos de valoración directa por parte de los ciudadanos. Así las cosas, hablar de un espacio legítimo implica que las personas obedezcan porque el poder político no sólo es válido sino porque sus resultados son satisfactorios. Pero un Estado cuya acción sea la de cooptar la propiedad privada (en este caso el dinero de las personas) no puede ser considerado como legítimo. Hay que recordar lo que Locke señalaba: “la gente no puede delegar en el Estado el poder de hacer algo que sería ilegal hacerlo por ellos mismos”. Y si el robo está tipificado como un delito ¿por qué la naturaleza del acto es diferente al cambiar la naturaleza del sujeto que la realiza? Esta diferencia artificial le resta legitimidad a un Estado y, por tanto, la obediencia política ya no es moralmente exigible, sino que lo es en la medida que la coerción la pueda hacer efectiva. Y si un sistema político tiene que regirse por la fuerza y no por la ley, entonces no es gobernable, siguiendo la definición de Arbós y Giner.

7. Provoca situaciones de violencia a lo interno: la gobernabilidad no sólo se puede ver afectada por la gente que ya no quiere seguir siendo víctima de exacciones monetarias del Estado, sino también por los mismos beneficiarios de las políticas distributivas o de discriminación positiva. Un ejemplo: los indígenas. Piénsese que un gobierno le da privilegios a las etnias "originarias" porque han sido explotadas por los siglos de los siglos. Estas políticas públicas de discriminación positiva producirían un doble resultado: por un lado, quienes deben soportar la carga fiscal que financia las políticas de discriminación positiva a favor de los indígenas, muy probablemente comenzarán a ver con desprecio a estas personas por considerarlas parásitos; esto consecuentemente generará una ola de más racismo y violencia contra los indígenas. Por otro lado, la violencia se dará entre los distintos grupos beneficiarios pues comenzarán a competir ferozmente por ver cuál obtiene más prebendas del Estado, lo cual generará una lucha étnica y una división geográfica a lo interno de los países. Ya eso ha pasado en la mayor parte de los países africanos y la masacre en Sudán fue prueba fáctica de esto. Y no se puede descartar un tercer resultado: que todas estas manifestaciones de violencia, en algún momento, se dirigjan contra el Estado por ser el que fomentó la situación que dio pie a todo el problema.

Estas son tan sólo algunas razones que prueban que la discriminación positiva genera más problemas de los que resuelve (si es que acaso resuelve alguno). Y para no herir susceptibilidades por utilizar el ejemplo de los indígenas, quiero cerrar con un extracto del libro El regreso del idiota, de Carlos A. Montaner, Álvaro Vargas Llosa y Plinio Apuleyo Mendoza: "el término indigenismo no se refiere a la legítima valoración cultural e histórica del pasado precolombino, sino a la estafa ideológica mediante la cual, quinientos años después del tropiezo de Colón con las costas americanas, ciertas camarillas políticas y sus comparas intelectuales pretender oponer a los valores occidentales y a la modernidad, una pureza “originaria”"(...) Detrás de la puesta en escena indigenista hay una falsedad colosal que algunos incautos repiten ad náuseam en Europa y Estados Unidos y que ha llegado a instalarse incluso en ciertos sectores de opinión en los propios países andinos. Ella sostiene que 62% de los bolivianos son indígenas explotados por una minoría blanca (…) La sociedad boliviana se divide pues, entre indígenas sometidos y europeos abusivos, siendo los primeros hijos de las naciones precolombinas y los segundos del intruso ibérico de la Conquista, y todo ello estaría a punto de acabar con la llegada al poder de Evo Morales, la reencarnación del rebelde aymara que, antes de morir ajusticiado, prometió: “volveré y seré millones””.


Alejandro Barrantes Requeno