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martes, 27 de mayo de 2014

La columna de Carlos Federico Smith: mis impresiones acerca de la huelga del Magisterio

Personalmente he enfrentado una serie de sentimientos –más bien, razonamientos- en conflicto, como diría el título de alguna novela barata.  Por un lado, me parece que es una enorme injusticia la que se ha cometido contra los maestros que han laborado y que, por las razones que sean, su patrono –el estado costarricense- les ha dejado sin sus ingresos, pues no ha cumplido con una relación social básica que creo que los costarricenses apreciamos, cual es que “trabajo realizado, trabajo pagado”. Por ello, me atrevo a aseverar –algo imposible de comprobar- que, cuando la huelga se inició hace casi tres semanas, posiblemente no había ciudadano alguno que estuviera en contra de ese movimiento laboral, quienes consideraron, a todas luces, que era evidentemente justo.

Pero, por otra parte, ante esa sencilla y diáfana justificación de la huelga de maestros, han surgido diversas aristas que han hecho que, gradualmente, el ciudadano vaya retirando su apoyo al paro. Por las razones que expondré a continuación, es que considero que ese paro debe terminar ya y que el país pueda volver a una tranquilidad necesaria para enfrentar serios y reales problemas de la vida ciudadana.

Concedida la urgencia con que debe resolverse la situación actual de pago a los educadores, a la vez es necesario reconocer que este gobierno parece haber actuado con rapidez ante un problema, que enfrentó casi desde las primeras horas en que asumió la administración del país. Hago este reconocimiento al esfuerzo gubernamental sin haber votado por el presidente Solís. Digo esto, antes de que alguien corra a decir que mis opiniones están sesgadas en favor del gobierno por razones político-electorales. Mi voto fue por el candidato que, a mi juicio, era el mejor y, por si a alguien le interesa saber por quién fue, no tengo razón alguna para ocultarle que fue por don Rodolfo Piza. Por ello, que nadie se atreva a pensar que mi apoyo a la actuación expedita del gobierno actual, en busca de una solución al pago debido a los maestros y al cese de su huelga, se origina en intereses bastardos.

Dicho lo anterior, considero que un elemento importante para analizar la actual huelga del magisterio es la manera en que actuaron las anteriores autoridades del Ministerio de Educación (MEP), cuando se sustituyó el antiguo método de pago a los educadores, llamado Sistema de Información para la Gestión de los Recursos Humanos (más conocido por sus siglas -como tanto otro mamotreto gubernamental- SIGRH), por una nueva plataforma de pagos a los maestros, conocida como Integra2.

De acuerdo con informes de la Contraloría General de la República (CGR), creo que desde el año 2007, se habían detectado serias irregularidades con el pago salarial que el MEP efectuaba bajo la plataforma SIGRH.  Por ejemplo, en el informe del 2007 se indicó que “entre enero del 2006 y abril del 2007, el MEP pagó ₡45 millones a 235 personas fallecidas”, incluso en acontecimientos sucedidos previos al 2000. Asimismo, la CGR denunció la existencia de pagos a personas que habían solicitado permisos sin goce de sueldo, así como otras remuneraciones a individuos que no laboraban en el MEP y que a “seis personas se les pagó más de un total de ₡55 millones y (que) el dinero no había sido recuperado.” En síntesis, el tal SIGRH estaba plagado de problemas que inducían al desorden financiero y al derroche con los fondos públicos, mediante pagos indebidos y hasta corruptos. Esto lo dijo la CGR desde diciembre del 2007.

En apariencia, la CGR siguió advirtiendo acerca de los problemas con el SIGRH, pero no fue sino hasta finales del 2008 cuando el MEP contrató una empresa para que instalara una nueva plataforma de pagos al magisterio. Pero el tiempo siguió su curso y el desbarajuste continuó, incluso agravándose. Es así como el 21 de diciembre del 2012, cuatro años después de aquella contratación del MEP, cuando la CGR señaló que “el proyecto MEP-Digital, desarrollado para optimizar la gestión del recurso humano y asegurar razonablemente la correcta ejecución del pago a los funcionarios mediante la implantación del Sistema de pagos INTEGRA, se encuentra atrasado en relación con los plazos pactados en los contratos y la adenda correspondiente.”

De acuerdo con el reciente reportaje de La Nación del 22 de mayo del 2014, titulado “Viejo sistema del MEP habría pagado ₡29.000 millones de más”, la CGR reveló hace dos años (sería en el 2012) que “las posibles sumas pagadas de más crecían a un ritmo del 23% anual. En el 2007 ese rubro era de ₡10.000 millones e involucraba a 44.000 empleados y exfuncionarios. A finales del 2011 llegó a ₡23.000 millones y en noviembre anterior alcanzó ₡30.000 millones.” Asimismo, expuso que “educadores… recibieron su sueldo incompleto debido a las inconsistencias del viejo sistema. En el 2012 existían más de 10.000 reclamos sin resolver por salarios erróneos…”

Lo sorprendente es que la implantación del sistema de pagos Integra2 se había efectuado desde finales del 2008 y casi 4 años después la Contraloría proseguía advirtiendo acerca de los serios problemas de control con los pagos salariales del MEP. Incluso se creó una oficina en esa entidad para que tratara de recobrar los pagos en exceso, pero no fue mucho lo que logró recuperar; de hecho sólo un 38% de los sobregiros fue revisado. Por supuesto, la explicación burocrática para este fracaso fue el estribillo cansino, de que la unidad carecía del personal necesario y de que no se disponía de una base de datos actualizada. El hecho es que su desempeño fue, para calificarlo con moderación, apenas perceptible. La pregunta lógica es, ¿dónde estaban las autoridades del MEP en aquel entonces? ¿Cuál es su responsabilidad por estos acontecimientos? ¿La ha señalado concretamente la CGR?

Pero el mal desempeño del MEP en corregir el problema descrito va más allá. ¿Por qué si desde el 2008, el MEP contrató a la empresa Grupo Asesor en Informática S. A., para que pusiera en marcha el programa Integra2 para resolver el malfuncionamiento del sistema de pagos anterior SIGRH, no es sino hasta poco antes del inicio del nuevo gobierno del señor Solís (1994), cuando se pone en práctica? Además de este extenso vacío temporal para ponerlo en ejecución, me atrevo a preguntar ¿si las anteriores autoridades del MEP les informaron a las nuevas de la puesta en marcha del Integra2, de las razones para hacerlo y del posible efecto que podría tener sobre los legítimos (y también de los ilegítimos) intereses del magisterio, que incluso terminarían en las huelgas hoy sufridas? Alguien acostumbrado a pensar mal –no me importa que me incluyan entre esos- fácilmente concluiría en que se está en presencia de una “cama” deliberada para que el nuevo gobierno -que apenas empezaba a tomar los hilos del poder- cayera sonoramente en la trampa y que así se le imputaran las consecuencias políticas y económicas de los males manejos del pasado. Por lo tanto, es pertinente también preguntar si ¿estaban informadas debidamente las nuevas autoridades acerca del nuevo sistema que se ponía en marcha?

Las múltiples denuncias hechas no deben quedar en un marco de referencia de un presunto y simple pleito político entre un gobierno que sale y otro que entra. La denuncia de la CGR, de que al 2013 los sobregiros (posibles pagos de más) acumulados mediante el defectuoso sistema SIGRH ascendieron a ₡29.000 millones, no puede dejarse de lado. Es una enorme suma de plata que presuntamente se ha pagado de más y acerca de lo cual no se han hecho los esfuerzos del caso necesarios para recuperar la totalidad de esos desembolsos en exceso. Obviar, omitir, ese hecho bien puede constituir un delito público. 

Estoy seguro –porque conozco a muchísimos maestros honestos, así como debe haber otros que no lo son tanto, simplemente por tratarse de seres humanos de los que hay buenos y malos- que lo que se ha informado públicamente les ha disgustado a muchos educadores y que están dispuestos a devolver lo recibido de más, si es el caso. Aunque desde ahora les advierto que habrá muchas dificultades para señalar, con toda exactitud, lo que deberán de devolver, simplemente porque el maestro recibía un monto que “creía” que era el correcto y del cual ahora no saben con exactitud el monto verdadero. El “desmadre” es tal, que, al cobrase esos sobrepagos, sin duda alguna que dará lugar a muchos reclamos. 

Pero que algo grave pasó en el MEP en cuanto a su capacidad para recuperar los excesos pagados, queda demostrado cuando, por ejemplo, una persona correcta, como el educador, don Marvin Javier Arroyo González, denunció en Facebook hace unos cuantos días que acudió tres veces al Ministerio, incluso sufriendo dificultades físicas, para denunciar que se le estaba pagando de más, pero en el MEP nunca le arreglaron el problema y luego tuvo que ahorrar durante cinco años “cuando al fin se dieron cuenta”, una suma sustancial para cancelar lo adeudado y que, según él lo señala, podría hasta haber pagado de más. Asimismo, indicó que conoce de casos como los de él. Yo espero que los irresponsables que actuaron mal, incluso ante denuncias como la de ese caballero honesto, don Marvin, sean investigados y que respondan por lo sucedido.

Mi creencia es en la buena fe de los maestros, no en la de alguna líder sindical, quien, ante estas denuncias de sobregiros del sistema SIGRH, por allí se dejó decir que aún no tenía “los criterios suficientes” para valorar lo sucedido. Una respuesta responsable habría sido formular una condena del presunto abuso, exigir una investigación plena de la actuación, tanto de burócratas en el MEP como de quieres percibieron las platas y no las devolvieron, e incitar a que, de inmediato, con el próximo pago inminente de salarios adeudados, los maestros acudan ante las autoridades del MEP a arreglar su situación real o potencial. Por supuesto que la lideresa no actuó de esta última manera, tal vez porque ello podría ir en contra de la vigencia de su paro, enfrente de maestros que, posiblemente, habrían pedido que se llegara a un pronto arreglo entre el gobierno y ellos por lo que hoy se les adeuda y buscar que se devuelva la honorabilidad de los pedagogos ante la evidencia de presuntos pagos salariales recibidos incorrectamente en el pasado reciente. En síntesis, que lo recibido en pagos salariales no sea ni más, ni menos; sino lo correcto.

Otra arista de este paro del gremio de los educadores, es que parece ocultar un pulso político entre tendencias sindicales. Es innegable que han sido gremios sindicales que usualmente no están cerca de la ANEP, quienes han llevado el actual paro magisterial hasta su estado actual. Dirigido por los sindicatos magisteriales, ANDE, APSE y SEC, otras importantes agrupaciones sindicales se les han unido en el paro, al menos en ciertos momentos, como es el caso de los sindicatos de Japdeva (SINTRAJAP), de la Caja (UNDECA), de la Universidad de Costa Rica (SINDEU), del Frente Interno del ICE y de la Unión Nacional de Trabajadores (UTN), entre otros menores.  Independientemente de cualquier pronunciamiento formulado por la ANEP, sindicato que agrupa a la mayoría de los empleados públicos, este gremio se ha mantenido a cierta distancia del actual paro sindical. Esto se podría explicar cómo una lucha de influencia o poder entre los grupos sindicales alrededor de Albino Vargas, por un lado, y, por el otro, los grupos magisteriales y sus socios en la actual protesta. La división parece ser más real, que aparente y, en mi opinión, a pesar de que en cierto momento alguien podría usarla para tratar de afectar a Albino Vargas, éste ha escogido el camino del diálogo y la negociación para avanzar en los intereses de los asociados a su sindicato. Esta actitud posiblemente será cobrada por los otros grupos sindicales del magisterio, quienes con ello más bien parecen acercarse a movimientos sindicales cercanos al Frente Amplio, cuyos diputados, de paso, han estado muy activos en las manifestaciones.

Qué podrá resultar de esta aparente disensión entre importantes agrupaciones sindicales está por verse. En todo caso, creo que Albino Vargas resultará un claro beneficiado del conflicto, principalmente al dar la idea ante el público de encabezar un sindicalismo más maduro y dispuesto a negociar y transar cuando se deba, en comparación con el actual movimiento sindical agrupado alrededor de la huelga actual del magisterio, el cual está mostrando una intransigencia innecesaria. Esto a pesar de que en su origen contó con un enorme apoyo popular, pero que parece erosionarse conforme avanza el tiempo y surge más evidencia de que el problema va más allá de un incumplimiento indebido en el pago de salarios a los maestros.

Asimismo, no parece existir una justificación seria al alegato esgrimido por los líderes del movimiento de maestros para que se elimine el pago de sus sueldos –si bien con defectos que aparentemente son subsanables- mediante el nuevo sistema Integra2. Ello porque los movilizados no ofrecen una alternativa mejor a Integra2 y volver al antiguo sistema SIGRH sólo perpetuaría las tropelía denunciadas desde hace y bastante tiempo por la CGR. Le sucedido con el viejo esquema de pagos salariales a los maestros pone en evidencia, una vez más, la incapacidad usual del estado para actuar eficientemente en el manejo adecuado de los recursos públicos. Triste, suena al decirlo, pero es una nueva demostración de la incapacidad administrativa del sector público.

Los grandes perdedores de la huelga de marras son los niños y jóvenes estudiantes de nuestras escuelas públicas –hombres y mujeres, por si acaso me dicen algo. No deben ser ellos quienes sufran las consecuencias del paro. No puede considerarse un beneficio por parte de algún líder seudo-revolucionario, que esos muchachos estén, algunos, marchando al lado de sus maestros y así aprendiendo acerca de los gobiernos de las barricadas. Por el contrario, en las sociedades modernas, quien no adquiera preparación y educación principalmente en las aulas, no podrá luego progresar tanto como quien sí ha dedicado su valioso tiempo escaso a los libros, los cuadernos, a la ortografía, a la redacción, a las matemáticas y a las ciencias. De esta manera se está dañando a nuestros jóvenes, quienes ven interrumpido su proceso educativo, en lo que en un principio fue por el cobro justo de los salarios de los maestros, pero que ahora no parecer ser únicamente por dicha razón. 

Cuando algún dirigente nos diga remilgosamente que, acaso al estar allí en la manifestación, estaba concursando para tica linda, mírelo a los ojos cuando en alguna ocasión futura les hable de su dedicación al bienestar y al progreso de sus educandos –de los niños y niñas en las escuelas y de los jóvenes en los colegios. Véalo bien y hágale la seña del “mirala”, puesto que no se merece que se le crea en su fingido interés por aquellos, pues lo que lo en verdad lo mueve no es sino la búsqueda de un poder que nadie le ha otorgado libremente para regir nuestras vidas.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 15 de julio de 2013

Tema polémico: el salario de los candidatos

La semana pasada, el "doctorcito" Rodolfo Hernández nos sorprendió con una nueva tontería politiquera: propone que a los candidatos presidenciales se les pague un salario (él quiere percibir al menos unos 7.5 millones de colones para mantener el estilo de vida que estaba acostumbrado como Director del Hospital de Niños) con la excusa de garantizar una posibilidad para que todos los ciudadanos, y no solo los de alto ingreso, puedan participar en una campaña electoral y dedicarse de lleno a ella. 

Pareciera ser una idea sin sentido, influenciada por el formaldehído y otras sustancias, pero sin resonancia; algo así como una broma de mal gusto que no pasaría a más. El problema es que todas las sandeces en este país  no pasan desapercibidas sino que, tan pronto salen a la luz pública, algún entrometido sale a darles viabilidad o, peor aún, explica que ya se puede hacer según el texto de alguna de nuestras tantísimas y desordenadas leyes. 

De ahí que, de forma casi inmediata -ya quisiéramos esa capacidad de respuesta cuando los ciudadanos lo necesitamos- el Tribunal Supremo de Elecciones salió al paso del desaguisado anunciando que, según la normativa, los partidos políticos ya pueden darle un salario a sus candidatos y cobrarlo, lea usted bien, al Estado mediante el odioso financiamiento público a las campañas electorales, siempre y cuando incorporen el estipendio como parte de los gastos de organización y capacitación.

Si bien podría decirse que la decisión de cómo utilizar el dinero es asunto de cada partido y si estos están de acuerdo con ofrecerle un salario a su candidato, deberían poder hacerlo, la cosa no es tan simple. La denominada "autodeterminación" de los partidos no es una justificación válida en el tanto se financian con recursos públicos -a priori o a posteriori, es indiferente-, ya que simplemente se traduce en que todos los costarricenses, sin distingo de la afiliación partidaria, la satisfacción con la oferta programática o la afinidad ideológica de las agrupaciones políticas, tenemos que pagarle una remuneración a una persona que ha decidido, libre y voluntariamente, renunciar a su trabajo, pedir un permiso sin goce de salario o suspender sus actividades económicas para aspirar a la Presidencia de la República. O sea, alguien que toma el riesgo de postularse e iniciar una campaña, con este tipo de incentivos ya no tiene nada que perder, pues siempre tendrá dinero asegurado, gane o pierda (y quién sabe si un ingreso hasta mayor al que ganaba y sin ninguna obligación verdadera). Bajo ese esquema, tendríamos candidatos con todos los beneficios y sin ningún sacrificio. Como diría el pachuco: ¡cuidao pierde!...

En ASOJOD estamos hartos de las ocurrentes estupideces que cada cuatro años surgen de las mentes de políticos que desean vivir a costa de los tax payers al hacer de las campañas sus propios negocios. Si no es recibiendo un sueldo con recursos públicos, es obteniendo un puesto cuasi vitalicio, también pagado con nuestro dinero; si no es financiando a su partido para luego cobrarle lo prestado más los intereses, es consolidando cuotas de poder que luego cobran a sus testaferros.

Estamos cansados de mantener verdaderas maquinarias que se alimentan del dinero que tanto trabajo y esfuerzo nos cuesta ganar. Consideramos que los partidos políticos deberían financiarse por sus propios medios, con contribuciones de sus miembros, préstamos que los candidatos cubran, donaciones privadas,etc. y no con recursos públicos, para que ahí sí, puedan alegar "autodeterminación".

Con anterioridad nos habíamos pronunciado acerca del financiamiento de los partidos políticos. En esa ocasión, argumentamos lo ya explicado: que los partidos se financien por sus propios medios y no con fondos públicos. Paralelo a esta propuesta, solamente sería necesario establecer una obligación: informar abiertamente cuáles son las fuentes de sus recursos y las autoridades, en caso de encontrar financiamientos ilegales, procederán como corresponde.

Concluimos rescatando el corolario de nuestro artículo anteriormente publicado: exigimos respeto por el dinero de aquellos que no quieren que sus recursos sean utilizados en campañas y planteamos reglas simples que, en nuestro criterio, servirán para eliminar buena parte de la corrupción que inunda a la gran mayoría de partidos políticos. 

martes, 30 de octubre de 2007

Los sindicatos pierden fuerza


La reciente huelga de dos días en General Motors (GM) comprueba la fuerte caída del poder de los sindicatos en la economía de Estados Unidos. El sindicato de trabajadores de la industria automotor (UAW) quizás fue el más poderoso de todos los sindicatos, pero el número de miembros se ha reducido 40% desde el último contrato firmado en 2003 y más aún desde los años 80. En 1994, 250 mil miembros de ese sindicato trabajaban en GM, número que se ha reducido a menos de 75 mil. Y el resultado de las recientes negociaciones es que GM traspasará las obligaciones presentes y futuras de los programas médicos de los jubilados a un fondo manejado por el sindicato. Eso aparentemente reduce las obligaciones de GM en más de 15 mil millones de dólares. En contrapartida, GM acordó mantener el actual número de fábricas en Norteamérica e hizo otras concesiones. Parece que la empresa conocida como “Generosos Motores” por su debilidad frente al sindicato ganó esta pelea y se ha fortalecido financieramente.
La caída de UAW es parte de lo sucedido en el movimiento sindical. El crecimiento máximo del sindicalismo ocurrió a principios de los años 50, cuando 35% de los trabajadores de Estados Unidos pertenecía a sindicatos. Hoy, 7,5% de los trabajadores no-gubernamentales están sindicalizados. Su éxito se concentra en el sector gubernamental.

Uno de los factores ha sido la relativa pérdida de importancia del sector industrial y también que leyes y la manera de pensar respecto a los sindicatos es menos favorable aquí que en otros países. No hace mucho que los sindicatos tenían gran apoyo de académicos e intelectuales. Y aquellos profesores que destacaban los factores negativos de los sindicatos, como los economistas de la Universidad de Chicago Henry Simons, H. Gregg Lewis y Milton Friedman, eran vistos como reaccionarios chiflados.

Los profesores universitarios e intelectuales siguen siendo pro-sindicatos, pero sin entusiasmo porque han visto que los sindicatos poderosos promueven los salarios, beneficios médicos y generosas jubilaciones de sus afiliados, que en el caso de UAW comienzan a trabajar ganando 30 dólares la hora, sin hacer nada por otros trabajadores que ganan mucho menos. Por ello, ninguno de los actuales líderes sindicales logra la fama de predecesores como Walter Reuther, John Lewis y Jimmy Hoffa.

Los sindicatos podrían ocupar un lugar importante en una economía libre de mercado, pero sus organizaciones tendrían que ser diferentes. Los trabajadores que han dedicado muchos años a la misma empresa podrían lograr ser protegidos de gerentes que aprovechan lo difícil que es para una persona de cierta edad conseguir otro empleo. Ese tipo de estructura sindical se llama “sindicalismo competitivo”.

Pero en la mayoría de los países, los sindicatos no son de una sola empresa, sino que abarcan a toda una industria, como la UAW y el sindicato de trabajadores del acero. Al abarcar toda una industria, los sindicatos aspiran a mayor poder porque representan a los trabajadores de empresas en competencia y pueden declarar huelgas generales en toda esa industria. De hecho, buscan poderes monopólicos en el mercado laboral, para lograr sueldos y beneficios muy superiores al promedio. La ley antimonopolios de 1914 concedió una excepción a los sindicatos.

En el pasado estuve opuesto a esa excepción porque una minoría sindicalizada lograba aumentar sus beneficios a costa de los consumidores y demás trabajadores. Pero con la caída del poder sindical, ya eso no afecta mucho a Estados Unidos ni a Gran Bretaña. Los intentos monopolistas de sindicatos, en economías donde menos del 10% de los trabajadores no-gubernamentales están sindicalizados y que además tienen que competir en el mercado internacional, no hacen daño. El costo de las regulaciones y litigios serían mayores.

Por Gary Becker