Que los partidos políticos sean cuestionados no es ninguna novedad. En el mundo de la política probablemente no existe una institución tan desprestigiada como los partidos políticos. Estos, desde hace muchas décadas, se convirtieron en simples correas de transmisión que se encienden cada cuatro años, para transportar a las aspiraciones de aquellos que buscan llegar a los puestos de decisión.
Esta es una realidad conocida por todos, sin embargo, los más reciente capítulos de cuestionamientos relacionados con el manejo de fondos públicos durante la última campaña electoral nos hace señalar, nuevamente, la necesidad de eliminar, de una vez por todas, el uso de recursos públicos durante las campañas políticas, para financiar el funcionamiento de la maquinaria electoral, y las aspiraciones de los candidatos de turno.
Lo ocurrido con el Movimiento Libertario, cuestionado por el irregular financiamiento de su campaña política, y recientemente, por el uso de ¢210 millones cobrados al Tribunal Supremo de Elecciones, para la realización de varios cursos de capacitación política, que en apariencia nunca se realizaron, nos hace insistir con mayor fuerza en nuestros planteamientos.
Nuestra propuesta es sencilla. Ningún partido político, bajo ninguna condición, debe recibir un solo colón de dinero público. Con esta medida todos los costarricenses evitaremos escuchar, una y otra vez, las excusas por el despilfarro de gran cantidad de millones de colones, utilizados para tonterías como banderitas, o destinados para pagar a empresas de publicidad que se enriquecen con el dinero de todos los costarricenses.
¿Quedarían desbaratados los partidos sin recursos? Todo lo contrario. Aparejado a ello, en ASOJOD proponemos que se elimine cualquier límite al financiamiento privado, bajo la condición de que los partidos nos digan de dónde vienen sus recursos. Así, si el partido es financiado por grandes empresas, los ciudadanos sabrán que votan por un partido que, a la larga, impulsará políticas a favor de dichas empresas. Si el partido es financiado sólo por montos pequeños de particulares, el votante sabrá que el partido responderá a los interesas de estas personas. En realidad, no tiene nada de malo que uno u otro sea el origen de los recursos, pues lo cierto es que los partidos siempre actúan de acuerdo con sus propios intereses.
Habrá quienes peguen el grito al cielo diciendo que, con esto, el narcotráfico y el crimen organizado podrían financiar a los partidos. Pese a que esta es una visión paranoica, que parte de la creencia de que todo financiamiento privado es ilícito -visión incapaz de explicar cómo, dentro de esos mismos aportes, se encuentran los de partidarios interesados en impulsar representantes políticos para defender sus ideas, intereses o valores sin que medie una estrategia indebida a futuro-, para darles por válido el punto podríamos decir que, si existe interés de esas mafias por darle dinero a los políticos, nuestra realidad ya nos muestra que es factible que suceda, aún con las regulaciones existentes y con un agravante: el dinero "sucio" que meten, es lavado y sale "limpio" proveniente, ni más ni menos que del bolsillo de los tax payers cuando se les retribuyen los bonos que compraron de la famosa "deuda política".
Nuestra propuesta es simple: respetar el dinero de aquellos que no quieren que sus recursos sean utilizados en campañas, con lo que elimina ese velo de corrupción que prevalece en los procesos electorales costarricenses, se saca al Estado de la fase de financiamiento y sólo le asigna reglas simples, de información de las fuentes de los recursos privados.
Estas medidas darían mayor grado de responsabilidad a los ciudadanos, y podría revitalizar a esas desgastadas instituciones, que hoy, bajo las reglas prevalecientes, sólo representan espacios para la corrupción. Además, permitiría que los ciudadanos dejen de ver cómo su dinero va a financiar a partidos que no llenan sus expectativas o que no los representan y podrían, en su lugar, aportarlo a aquellos que coincidan con sus valores, ideas e intereses o, del todo, no aportarlo. ¿Qué les parece?
Esta es una realidad conocida por todos, sin embargo, los más reciente capítulos de cuestionamientos relacionados con el manejo de fondos públicos durante la última campaña electoral nos hace señalar, nuevamente, la necesidad de eliminar, de una vez por todas, el uso de recursos públicos durante las campañas políticas, para financiar el funcionamiento de la maquinaria electoral, y las aspiraciones de los candidatos de turno.
Lo ocurrido con el Movimiento Libertario, cuestionado por el irregular financiamiento de su campaña política, y recientemente, por el uso de ¢210 millones cobrados al Tribunal Supremo de Elecciones, para la realización de varios cursos de capacitación política, que en apariencia nunca se realizaron, nos hace insistir con mayor fuerza en nuestros planteamientos.
Nuestra propuesta es sencilla. Ningún partido político, bajo ninguna condición, debe recibir un solo colón de dinero público. Con esta medida todos los costarricenses evitaremos escuchar, una y otra vez, las excusas por el despilfarro de gran cantidad de millones de colones, utilizados para tonterías como banderitas, o destinados para pagar a empresas de publicidad que se enriquecen con el dinero de todos los costarricenses.
¿Quedarían desbaratados los partidos sin recursos? Todo lo contrario. Aparejado a ello, en ASOJOD proponemos que se elimine cualquier límite al financiamiento privado, bajo la condición de que los partidos nos digan de dónde vienen sus recursos. Así, si el partido es financiado por grandes empresas, los ciudadanos sabrán que votan por un partido que, a la larga, impulsará políticas a favor de dichas empresas. Si el partido es financiado sólo por montos pequeños de particulares, el votante sabrá que el partido responderá a los interesas de estas personas. En realidad, no tiene nada de malo que uno u otro sea el origen de los recursos, pues lo cierto es que los partidos siempre actúan de acuerdo con sus propios intereses.
Habrá quienes peguen el grito al cielo diciendo que, con esto, el narcotráfico y el crimen organizado podrían financiar a los partidos. Pese a que esta es una visión paranoica, que parte de la creencia de que todo financiamiento privado es ilícito -visión incapaz de explicar cómo, dentro de esos mismos aportes, se encuentran los de partidarios interesados en impulsar representantes políticos para defender sus ideas, intereses o valores sin que medie una estrategia indebida a futuro-, para darles por válido el punto podríamos decir que, si existe interés de esas mafias por darle dinero a los políticos, nuestra realidad ya nos muestra que es factible que suceda, aún con las regulaciones existentes y con un agravante: el dinero "sucio" que meten, es lavado y sale "limpio" proveniente, ni más ni menos que del bolsillo de los tax payers cuando se les retribuyen los bonos que compraron de la famosa "deuda política".
Nuestra propuesta es simple: respetar el dinero de aquellos que no quieren que sus recursos sean utilizados en campañas, con lo que elimina ese velo de corrupción que prevalece en los procesos electorales costarricenses, se saca al Estado de la fase de financiamiento y sólo le asigna reglas simples, de información de las fuentes de los recursos privados.
Estas medidas darían mayor grado de responsabilidad a los ciudadanos, y podría revitalizar a esas desgastadas instituciones, que hoy, bajo las reglas prevalecientes, sólo representan espacios para la corrupción. Además, permitiría que los ciudadanos dejen de ver cómo su dinero va a financiar a partidos que no llenan sus expectativas o que no los representan y podrían, en su lugar, aportarlo a aquellos que coincidan con sus valores, ideas e intereses o, del todo, no aportarlo. ¿Qué les parece?
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