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martes, 2 de octubre de 2012

La columna de Carlos Federico Smith: acallando a Leonardo Garnier

Muchos habrán observado los diversos intentos por censurar la herejía de Leonardo Garnier, quien se atrevió a publicar algo titulado ”El Padre Nuestro”, en donde expresa sus opiniones acerca de la validez o lógica de tan reconocida oración cristiana.
 
Los intentos poco disfrazados de lincharle que he observado en distintos medios, van más allá de peticiones para que renuncie como Ministro de Educación, algo tal vez más que merecido por su afán de recomendar a amigotes para que accedieran a ciertos recursos públicos, lo cual se supone ningún funcionario público debería de hacer. Pero también exceden aquellas pretensiones de exigirle que se disculpe públicamente, principalmente ante la grey cristiana, conminación que más me huele a deseos de extremistas musulmanes de aplicar la pena de muerte, con base en la llamada Ley Sharia, a quien se atreva a blasfemar contra el profeta.

Me ha sorprendido que esas pretensiones de expiación y censura y no de una crítica sana en su contra, se hayan dado en un país que supuestamente endosa y garantiza la libertad de expresión.  Se puede considerar como indeseable, innecesario, agraviante y, para algún espíritu muy religioso, hasta odioso, lo que el señor Garnier escribió. Pero precisamente lo que la libertad de expresión garantiza es que el estado no pueda censurar, silenciar, tapar la boca, limitar la expresión, de los ciudadanos, excepto que directamente cause daño u ofenda (me imagino que definido por un juez) el honor de alguna otra persona. Incluso la libertad de expresión puede limitarse en casos en que notoriamente, mediante su ejercicio, se puede poner en peligro a terceros, como es el caso harto conocido en el Derecho, de gritar “fuego” en instalaciones cerradas, como es el de un cine lleno de gente.  

Pero de ello a exigirle a Leonardo que cierre su pico por ser ofensivo o pedir que lo quiten de su trabajo actual debido a lo que expresó, hay un mundo de distancia, en donde lo único que se muestra con notoriedad es una enorme intolerancia ante una opinión ajena acerca de la cual se puede diferir. ¡Que los sabios y los doctores de la ley, escribas y fariseos, los que ni saben de qué están escribiendo, todo el que quiera, que le muestren a Leonardo su error, le indiquen sus equivocaciones, le señalen un tal vez merecido desacuerdo, pero no pidan que se le impida pensar y decir lo que él piensa!  Esa es la libertad de expresión en la práctica: que cualquiera pueda escribir lo que quiera, sin ofender el buen nombre de otro. Refutar con lo que no se está de acuerdo o se disiente. Aunque me disguste lo que expresa un ser humano, me desagrade, esté en desacuerdo o discrepe en su totalidad, o ya sea que la considere como perversa o errónea, la persona debe estar en libertad de expresar lo que opina sobre cualquier cosa. Tolerar no significa aceptar lo que ese otro expresa, sino que se le permita hacerlo sin más consecuencia que lo que la ley determina si se practica un daño evidente contra un tercero. 

Por ello, comparto lo que una vez en 1859 escribió John Stuart Mill:   

“… debería existir completa libertad de profesar y discutir, como materia de convicción ética, cualquier doctrina, aunque sea considerada inmoral…” (John Stuart Mill, Sobre la Libertad, Madrid: Aguilar, 1971, p. 27), quien luego agrega: “La libertad completa de contradecir y desaprobar nuestra opinión es la única condición que nos permite suponer su verdad en relación a fines prácticos; y un ser humano no conseguirá de ningún otro modo la seguridad racional de estar en lo cierto.” (Id, p. 32).

Pero tanto como ha incomodado mi conciencia la pretensión de castigar a Leonardo (se ha escrito que hay una moción para que se presente a juicio ante nuestra sacrosanta, culta y tolerante Asamblea Legislativa), tal vez más lo ha sido la forma en que Leonardo intentó justificar lo que hizo.  Dijo que sólo se trataba de un cuento y que por ello fue que lo incluyó en la sección de “Cuentos” de su sitio personal en Internet. 

Creo que uno no debe justificar sus actos tratando de encubrirlo con propósitos ajenos a los que alguien considera como justificante para perseguirlo. Debería enhiestamente haberse plantado con base en su derecho esencial a la libre expresión y no en si se trata de un ensayo que refleja su ideario o en un cuento que sólo permite decir en terceros lo que tal vez piensa.  Esto último es irrelevante. Lo que en verdad está en juego es el derecho a la libertad y particularmente la de expresión.  

No creo que don Leonardo haya actuado así por cobardía, aunque debe ser muy doloroso luchar contra turbas intemperantes. Tal vez lo haya hecho más por oportunismo que por cualquier otra cosa. Lo que hoy tristemente he observado es una excusa flexible que le permita salir oportunamente del intríngulis, en vez de una columna construida con valores firmes y que está dispuesta a defender sus derechos esenciales. Yo defiendo a don Leonardo, porque así defiendo mi libertad.  Aunque después él se encoja de hombros y diga “no me defiendas, compadre”.

Jorge Corrales Quesada

miércoles, 31 de marzo de 2010

Más Estado y más Iglesia = menos libertad


Justo cuando creíamos que las cosas no podrían ir peor, luego de las declaraciones de Laura Chinchilla en contra de la unión civil de personas del mismo sexo, nos encontramos que la Iglesia Católica desea afianzar su relación con el Estado costarricense, para lo cual impulsaría un tratado, tendienet a dotar de "seguridad jurídica" al régimen de privilegios y excenciones del que goza esta institución.

Es increíble que a estas alturas, Costa Rica mantenga una confesionalidad que, en muchos otros lugares del mundo, hace tiempo acabó, para dar paso a un ambiente de respeto a la libertad de culto y creencia y, en particular, consolidar el gobierno temporal sobre el espiritual, para usar la terminología de la Teoría de las dos Espadas. Pero aquí, de forma muy sui generis, nos empeñamos en retroceder, como el cangrejo.

En ASOJOD hemos repudiado, desde nuestros inicios, el contubernio entre la Iglesia (s) y el Estado, pues presupone una imposición sobre la libertad individual y, como en el caso de Costa Rica, otorga gollerías a una agrupación (cualquier parecido a los sindicatos es "mera coincidencia") a costa de los costarricenses. Hoy día, nuestro dinero se usa para financiar a la Iglesia Católica, que mediante las Temporalidades de la Iglesia, cuenta con partidas del Presupuesto de la República bastante altas. Además, la Iglesia sigue determinando la orientación de algunas políticas públicas, específicamente las relacionadas con la educación sexual y la salud sexual-reproductiva, de forma tal que, mediante su influencia espiritual y política, pisotea la libertad de los individuos para decidir la forma en que desean vivir.

Ya en campaña, Laura Chinchilla había demostrado toda la disposición a mantener ese contubernio odioso con la Iglesia, pero ahora en el poder, desea ir más allá, afianzando los privilegios nefastos a una congregación que, mientras siga definiendo el rumbo de las políticas públicas, nada positivo dejará a nuestro país en términos de libertad.

lunes, 14 de septiembre de 2009

Tema polémico: la confesionalidad del Estado


Desde días atrás, se presentó un proyecto de ley que en ASOJOD queremos comentar. Se trata de la iniciativa del Movimiento por un Estado Laico, que procura modificar los artículos 75 -confesionalidad del Estado- y 194 -juramento constitucional- de nuestra Constitución Política.

En primer lugar, consideramos que se trata de un excelente esfuerzo por impregnar de racionalidad a la vida política costarricense y por separar, definitivamente, a la Iglesia y al Estado. San Agustín, en su escrito "La ciudad de Dios" hablaba de las dos espadas: la temporal, que estaba en poder del Emperador, y la divina, en manos del Papa, para referir, aunque fuera de una manera arcaica, la separación entre ambas entidades. A pesar que, en el fondo, esa disquisición agustina no fue más que una forma solapada de justificar las luchas de poder entre Papado e Imperio, resultó en un interesante aporte dentro de la Teoría Política que, para algunos pensadores, fue el punto de partida para iniciar la reflexión acerca de la conveniencia o no de que ambas "espadas" estuvieran en manos de la misma persona. Desde mediados del siglo XVI, comenzó en Europa un pequeño pero constante movimiento filosófico orientado a consolidar esa separación, primero con las luchas de los diferentes grupos religiosos para lograr reducir la injerencia de la Iglesia Católica en los destinos políticos de los estados-naciones que comenzaban a formarse y cristalizándose posteriormente con el influjo liberal de los siglos XVIII y XIX que garantizó la libertad de culto y la salida de la Iglesia de muchas áreas (administración de cementerios, educación, legalización del divorcio, etc) en muchos de los países.

A partir de eso, en las últimas décadas, los individuos de diferentes naciones han venido tomando la decisión de eliminar la confesionalidad del Estado, dando un paso importante hacia la libertad de culto y la sensatez política. Hoy día, Costa Rica es de los poquísimos países donde existe una religión oficial, siendo esta una muestra del anacromismo y el conservadurismo que caracteriza a nuestra cultura.

Por eso, en ASOJOD consideramos muy positivo que se abran las puertas a esta posibilidad, pues ya es hora que, de una u otra manera, se saque a la Iglesia Católica del manejo político del país. Esto porque la libertad de creencia ―y de no creencia inclusive―sólo puede darse cuando existe un Estado laico, ya que es la única forma de asegurar la igualdad jurídica. Cuando, en el seno de la organización político-jurídica, no existen preferencias irrazonables a favor de un grupo específico, sino que el mismo se erige como neutral y equitativo en su trato hacia los individuos, posiciones, creencias, valores, visiones de mundo y otros, es cuando se puede hacer efectiva una real libertad de creencia.

Pero también porque sin la confesionalidad del Estado, se acaba la estupidez de trasladar los recursos de los tax payers -independientemente de si comparten o no el credo católico- para financiar a esa Iglesia. En este año, el Estado aportó ¢244 millones para la Iglesia y para el año próximo, tal cifra aumentará hasta los ¢322 millones. Esto, indudablemente, es una aberración, pues implica hacer de unos los medios para que otros alcancen sus fines, principio que en ASOJOD hemos rechazado vehementemente.

Hay aún más razones para apoyar esta iniciativa, como lo es, por ejemplo, la ridiculez que resulta, en términos conceptuales y lógicos, la confesionalidad. El Estado no es una persona: no piensa, no habla, no come, no baila, no siente, no hace nada, porque es tan sólo una creación jurídica. En otras palabras, es una forma de organización política en que habitan una serie de individuos, todos ellos con diferentes criterios, opiniones, prácticas, pensamientos, intereses y valores. Como sólo esos individuos pueden tener una fe, lo que en realidad implica la confesionalidad es que la creencia de un grupo se imponga sobre las de otros grupos.

¿Qué significa esto? Que un conjunto de individuos se vale de su poder -político, económico, cultural, etc- para arrogarse la representación de todos en el pleno sentido de la palabra. O sea, hace uso de la falacia del todo, pretendiendo agrupar, bajo sus ideas, a un colectivo variado y plural, soslayando, sino aplastando, cualquier manifestación de disenso.

Esa situación está presente con la falacia ad numerum que alegan muchos católicos para justificar la confesionalidad. Aducen que, siendo que la mayoría de los costarricenses tiene esa denominación religiosa, resulta lógico que el Estado (el todo cohesionado y uniforme) tenga esa misma creencia. He aquí un elemento interesante: hacen pasar a la mayoría como un todo, cuando evidentemente, esto no es así. Y si eso no es suficiente, alegan que la mayoría, por su propia fuerza, tiene derecho a imponer lo que considere justo y deseable.

Un concepto como ese no puede más que generar el repudio departe de ASOJOD. La frase de Rand que adorna la parte final de nuestro blog, resume acertadamente uno de nuestros pilares fundamentales: "la menor minoría en la Tierra es el individuo". Como individualistas, rechazamos cualquier concepto holista, pero principalmente, negamos la validez de cualquier práctica tendiente a pisotear los derechos individuales, razón por la cual, jamás aceptaremos que la mayoría tenga el derecho de imponer medidas que violenten injustificadamente los tres elementos fundamentales de todo ser humano: su vida, su libertad y su propiedad privada.

Por eso no sólo estamos en contra de que se pretenda hacer pasar el criterio de unos (por más mayoría que sean) por encima de la posición individual, sino que también, condenamos el robo sistemático que ejecutan el Estado y la Iglesia cuando sustraen el dinero de las personas y lo utilizan en el mantenimiento de una fe que no comparten. Siendo así, apoyamos cualquier intento por sacar a dios, a la Iglesia -católica, evangélica, budista, taoísta, judía o cualquier otra- de la política. Quien quiera creer en esas cosas, que lo haga, pero que no pretenda hacer de su fe y su deidad, un parámetro para regular las relaciones entre individuos que no lo comparten.

No obstante, ya vemos que el camino que tendrá que recorrer este proyecto de ley será difícil: la Iglesia Católica ya ha salido amenazando a todo aquel político que respalde la iniciativa, levantando un polvorín y jugando con la ignorancia popular -al mejor estilo de la Edad Media-para preservar sus intereses a toda costa. Eso demuestra la influencia de la religión en la política costarricense, cuestión que ya hemos denunciado en ASOJOD como un verdadero peligro para la libertad y la sensatez del conjunto humano que habita en este país.