Definitivamente, a lo largo de los últimos años, la delincuencia ha sido una de las principales preocupaciones que le roba el sueño a los costarricenses. Todos los días nos vemos sometidos a tomar una serie de precauciones para evitar encontrarnos con algún amigo de lo ajeno, con el agravante de vivir en una verdadera incentidumbre, en un azar sobre nuestra llegada a casa sanos y salvos, pues en cualquier momento, podemos sufrir un ataque por parte de una de estas sabandijas.
En ASOJOD hemos sido enfáticos en que la única función legítima del Estado es la protección de los derechos individuales, por lo que deseamos dedicar este Tema polémico analizar qué tan bien realiza el ogro filantrópico esta importante tarea.
Para realizar este análisis, utilizaremos las herramientas de la praxeología, según la cual, el delincuente, cada vez que comete una ilegalidad, realiza una acción humana, esto es, elige volitiva y libremente robar sobre no robar; prefiere quebrantar el orden social que apegarse a las normas de convivencia. Esto implica que el delincuente, para lograr sus fechorías, debe tomar en cuenta una serie de variables, debe elegir medios para alcanzar sus fines, debe tomar riesgos, etc. La pregunta del millón de dólares que queremos lanzar en este Tema polémico, es: ¿qué papel desempeña el Estado en todo este juego de valoraciones que realiza el ladrón? O lo que es lo mismo, ¿incentiva el Estado estas conductas antisociales o mas bien las desincentiva?
En ASOJOD consideramos que, efectivamente, las incentiva, por varias razones. En primer lugar, las corrientes dominantes de la psicología y la sociología parten de la premisa de que el individuo no es responsable de sus acciones, sino que la sociedad misma lo ha empujado a cometer fechorías, ya sea porque le ha negado las oportunidades de progresar, por la mala distribución de riqueza o por los "valores individualistas imperantes". En ese sentido, estas concepciones consideran, prejuiciosamente, que el pobre es potencialmente un delincuente y que comete ilícitos por su condición. O sea, excluye el hecho de que la persona, libre y voluntariamente, decide cometer actos contrarios a la ley y a los principios básicos de convivencia humana.
Pues bien, esta visión sobre la causalidad del hecho antijurídico es el resultado de las políticas públicas de los políticos de siempre. ¿Por qué? Muy fácil. Cuando los políticos redistribucionistas desarollan programas como el bono de vivienda, el seguro social, la educación gratuita, los subsidios y demás medidas inspiradas en la "solidaridad" de los ricos para con los pobres, envían una señal clara a los ciudadanos: no se preocupen por asumir la responsabilidad de su vida, pues yo Estado lo haré por ustedes. Así pues, y a manera de ejemplo, cuando una persona tiene 5 o 6 hijos, a pesar de no poder mantenerlos, no se preocupa porque sabe que tiene asegurada una pensión, becas escolares, atención médica gratuita y demás alcahueterías. Con esto, los individuos se van acostumbrando a que ellos no deben hacer nada por ganarse las cosas, sino que los demás tienen la obligación de dárselas, es decir, se incentiva la idea de una lista infinita de derechos y nada de responsabilidades.
Así las cosas, si el individuo se considera exento de responsabilidades, creerá que tiene derecho obtener las cosas sin trabajar por ello, viendo el robo como una forma fácil de adquirirlas. Y si, grandes masas de la población avalan no sólo los programas, sino también, la conducta de ese individuo, este se sentirá que no cometió un error; por el contrario, se sentirá legitimado para ejecutar sus actos y jamás creerá estar obligado a cumplir con sus responsabilidades y deberes, siendo uno de ellos el respeto a la propiedad privada.
Pero esto no es todo. Resulta que, como el individuo cometió un delito, los demás deben responder subsidiariamente. ¿Cómo? De dos formas: primero, financiando programas para "generar oportunidades", en el sentido antes descrito; segundo, y como si eso no fuera poco, debe pagar cientos de cosas si el delincuente es apresado, cosa que, de por sí, es complicada, dada la alcahuetería con que opera nuestro sistema penal: atención médica si la necesita, defensor público si no puede costeárselo, ropa, jabón, comida, luz y agua y demás elementos que necesite el malhechor en su estancia en prisión. De hecho, hace algún tiempo, en un reportaje en Canal 7, se calculó que el costo diario promedio de un individuo en prisión era mayor a ¢3.000. O sea, esta es la cifra que los tax payers pagamos para que un individuo tenga todos esos beneficios sin haber hecho algo para merecerlos o, planteado de otra forma, eso es lo que terminamos aportando para "premiar" la fechoría.
Sólo pónganse a pensar si a usted, individuo honesto y trabajador, le dan cama, agua, comida y TV por hacer nada dentro de una habitación. ¿Verdad que no? Usted tiene que salir a trabajar para ganar el dinero que le permitirá adquirir esos beneficios, pues de lo contrario, no los tendrá. Entonces, es claro que se está premiando al criminal a costillas del inocente.
En ASOJOD no podemos tolerar que unos vivan costa de otros, que los utilicen como medios para alcanzar sus fines. Somos defensores del credo de las ganancias merecidas, por lo cual, las personas deben recibir aquello que han generado. Por ello, nos oponemos tanto a los programas sociales antes descritos, como a la charlatanería de mantener, darle atención médica, educación y defensa pública y, en general,ofrecerle una temporada de relajación y disfrute al criminal durante su estancia en prisión.
Por tanto, consideramos que, si el individuo cometió un delito, debe asumir todas las consecuencias de sus actos. Y si es encarcelado, debe procurar por sí mismo o mediante la ayuda voluntaria de otros, la forma de mantenerse en prisión. Rechazamos que sea deber de los inocentes hacerse cargo de un individuo que, expresamente, ha violentado los principios básicos de convivencia y se ha erigido como su enemigo.
En ASOJOD hemos sido enfáticos en que la única función legítima del Estado es la protección de los derechos individuales, por lo que deseamos dedicar este Tema polémico analizar qué tan bien realiza el ogro filantrópico esta importante tarea.
Para realizar este análisis, utilizaremos las herramientas de la praxeología, según la cual, el delincuente, cada vez que comete una ilegalidad, realiza una acción humana, esto es, elige volitiva y libremente robar sobre no robar; prefiere quebrantar el orden social que apegarse a las normas de convivencia. Esto implica que el delincuente, para lograr sus fechorías, debe tomar en cuenta una serie de variables, debe elegir medios para alcanzar sus fines, debe tomar riesgos, etc. La pregunta del millón de dólares que queremos lanzar en este Tema polémico, es: ¿qué papel desempeña el Estado en todo este juego de valoraciones que realiza el ladrón? O lo que es lo mismo, ¿incentiva el Estado estas conductas antisociales o mas bien las desincentiva?
En ASOJOD consideramos que, efectivamente, las incentiva, por varias razones. En primer lugar, las corrientes dominantes de la psicología y la sociología parten de la premisa de que el individuo no es responsable de sus acciones, sino que la sociedad misma lo ha empujado a cometer fechorías, ya sea porque le ha negado las oportunidades de progresar, por la mala distribución de riqueza o por los "valores individualistas imperantes". En ese sentido, estas concepciones consideran, prejuiciosamente, que el pobre es potencialmente un delincuente y que comete ilícitos por su condición. O sea, excluye el hecho de que la persona, libre y voluntariamente, decide cometer actos contrarios a la ley y a los principios básicos de convivencia humana.
Pues bien, esta visión sobre la causalidad del hecho antijurídico es el resultado de las políticas públicas de los políticos de siempre. ¿Por qué? Muy fácil. Cuando los políticos redistribucionistas desarollan programas como el bono de vivienda, el seguro social, la educación gratuita, los subsidios y demás medidas inspiradas en la "solidaridad" de los ricos para con los pobres, envían una señal clara a los ciudadanos: no se preocupen por asumir la responsabilidad de su vida, pues yo Estado lo haré por ustedes. Así pues, y a manera de ejemplo, cuando una persona tiene 5 o 6 hijos, a pesar de no poder mantenerlos, no se preocupa porque sabe que tiene asegurada una pensión, becas escolares, atención médica gratuita y demás alcahueterías. Con esto, los individuos se van acostumbrando a que ellos no deben hacer nada por ganarse las cosas, sino que los demás tienen la obligación de dárselas, es decir, se incentiva la idea de una lista infinita de derechos y nada de responsabilidades.
Así las cosas, si el individuo se considera exento de responsabilidades, creerá que tiene derecho obtener las cosas sin trabajar por ello, viendo el robo como una forma fácil de adquirirlas. Y si, grandes masas de la población avalan no sólo los programas, sino también, la conducta de ese individuo, este se sentirá que no cometió un error; por el contrario, se sentirá legitimado para ejecutar sus actos y jamás creerá estar obligado a cumplir con sus responsabilidades y deberes, siendo uno de ellos el respeto a la propiedad privada.
Pero esto no es todo. Resulta que, como el individuo cometió un delito, los demás deben responder subsidiariamente. ¿Cómo? De dos formas: primero, financiando programas para "generar oportunidades", en el sentido antes descrito; segundo, y como si eso no fuera poco, debe pagar cientos de cosas si el delincuente es apresado, cosa que, de por sí, es complicada, dada la alcahuetería con que opera nuestro sistema penal: atención médica si la necesita, defensor público si no puede costeárselo, ropa, jabón, comida, luz y agua y demás elementos que necesite el malhechor en su estancia en prisión. De hecho, hace algún tiempo, en un reportaje en Canal 7, se calculó que el costo diario promedio de un individuo en prisión era mayor a ¢3.000. O sea, esta es la cifra que los tax payers pagamos para que un individuo tenga todos esos beneficios sin haber hecho algo para merecerlos o, planteado de otra forma, eso es lo que terminamos aportando para "premiar" la fechoría.
Sólo pónganse a pensar si a usted, individuo honesto y trabajador, le dan cama, agua, comida y TV por hacer nada dentro de una habitación. ¿Verdad que no? Usted tiene que salir a trabajar para ganar el dinero que le permitirá adquirir esos beneficios, pues de lo contrario, no los tendrá. Entonces, es claro que se está premiando al criminal a costillas del inocente.
En ASOJOD no podemos tolerar que unos vivan costa de otros, que los utilicen como medios para alcanzar sus fines. Somos defensores del credo de las ganancias merecidas, por lo cual, las personas deben recibir aquello que han generado. Por ello, nos oponemos tanto a los programas sociales antes descritos, como a la charlatanería de mantener, darle atención médica, educación y defensa pública y, en general,ofrecerle una temporada de relajación y disfrute al criminal durante su estancia en prisión.
Por tanto, consideramos que, si el individuo cometió un delito, debe asumir todas las consecuencias de sus actos. Y si es encarcelado, debe procurar por sí mismo o mediante la ayuda voluntaria de otros, la forma de mantenerse en prisión. Rechazamos que sea deber de los inocentes hacerse cargo de un individuo que, expresamente, ha violentado los principios básicos de convivencia y se ha erigido como su enemigo.
