La “concesión de obra pública” es una magnífica idea, tomada de los usos de otros Estados. En nuestro país, desdichadamente, ha resultado una buena teoría, pero una mala práctica (como el chiste: “en teoría tenemos como enfrentar el déficit de infraestructura pública, pero en la práctica tenemos los mismos vicios y otra veta para las sinvergüenzadas”).
La “concesión de la Carretera Bernardo Soto” en la modalidad de concesión de obra pública ha exasperado a la gente, a las comunidades y arriesga con poner fin a una buena idea.
Las torpes actuaciones gubernamentales que, incluso, convirtieron la Fiesta Patria de Juan Santamaría, en Alajuela, en una trifulca memorable, están convirtiendo a la interesante posibilidad de concesión en el pato de la fiesta.
La idea de la concesión de obra pública es muy interesante y una buena vía en la solución de las carencias estatales. La posibilidad de concesionar a un sujeto de derecho privado una obra pública para que se usen los recursos privados en el desarrollo de la infraestructura pública es magnífica, pues así se puede obviar la mala administración pública y el reiterado déficit público. Es un modo de enfocar la inversión privada en proyectos públicos obras rentables (la inversión se recuperará a través de una tarifa pagada por los usuarios).
En varios Estados, tal modalidad de concesión o figura jurídica ha sido la vía para ir más allá de las imposibilidades presupuestarias y fiscales que ahogan las necesidades de infraestructura, de obras, de soluciones. Prácticamente no hay Estado en el cual abunden los recursos públicos y, por ello, hay carencias crónicas y dificultades para financiar algunos proyectos.
Costa Rica no es ajena a tales carencias y limitaciones. Todo lo contrario. Estamos asfixiados por un crónico déficit presupuestario, mala administración pública y necesidades irresueltas. Por ello nuestra sociedad es de las que debería aprovechar con ventaja las posibilidades de la “concesión de obra pública”. Por tal vía podríamos superar el ya antiguo déficit en carreteras, puertos, ferrocarriles, todo clase de aguas e infraestructura pública y comunitaria. Pero …
En lugar de acometer la novedad jurídica con entereza jurídica y moral, hemos terminado en unos terribles embrollos que, además, arriesgan la proscripción de la figura de concesión de obra pública en nuestro medio.
Las actuaciones del Consejo Nacional de Concesiones son objetables en toda la línea (sobre todo desvío en los aspectos jurídicos y éticos): sin adecuada selección de los proyectos, con pagos injustificables, decisiones injustas y objetables que han terminado con la condena judicial y una inaceptable toma del órgano contralor.
En el caso de la carretera Bernardo Soto (como si la carretera a Caldera hubiese sido una experiencia exitosa), aparecen además cesiones objetables (que aumentan los precios) y una “suficiencia” de funcionarios que, sumada a las torpezas gubernamentales, arriesgan convertir el proyecto en una “halada del rabo de la ternera”.
Entonces el sentir general es que la figura sirve para todo menos para lo que fue concebida: en lugar de constituir una vía de solución para los serios problemas nacionales en infraestructura y falta de recursos, pareciera que se ha actuado para que se objete la participación de la empresa privada, para que se hagan negociados inaceptables, para que se actúe de forma reprobable y para que la sociedad despotrique contra la figura jurídica, la cual, congelada en forma de ley, no tiene la oportunidad de defenderse de tan malos directores de orquesta, tan malos músicos y tan mala ejecución. El público terminará achacando los males a la partitura y no a los ejecutantes. ¡Achará, qué vaina!
Todo ello aleja la posibilidad de hacernos de buena infraestructura, aumenta la presión fiscal y el riesgo de más impuestos. También facilita la eventual utilización de la legislación de emergencia, con los consabidos resultados.
Federico Malavassi Calvo
