Desde la tribuna: ¡desastre en la Asamblea Legislativa!

No me refiero a las renuncias engañosas y a otros zafarranchos acaecidos sino a falta de consistencia, violación evidente de los principios básicos y atentado contra el sistema republicano y el sistema democrático.

Dicen que por la boca muere el pez. Todavía recuerdo el abuso de presupuestos públicos (actividad originada en universidades públicas, financiadas con recursos de todos, dirigida contra el TLC) y dentro de ello la publicación de un folletín, por parte de la editorial del Instituto Tecnológico de Costa Rica, presentado por el “rector de la patria y el pueblo” y realizado por el actual presidente de la Asamblea Legislativa. Su académico título es “25 Preguntas y Respuestas sobre el TLC (Para que no lo agarren de chancho)”. Es una obra de antología, que sirve para ver cómo piensan y actúan algunos.

Dentro de lo curioso del asunto, haciendo de lado la parcializada interpretación de hechos y textos (solo justificada en la innegable ignorancia acerca de principios de interpretación y lectura adecuada de textos), está el constante recurso a frases y posturas relativas al “ético desempeño de la Asamblea Legislativa”, al peligro de la “inseguridad jurídica”, al “valor de la Constitución” (a la cual hay que evitar violentar) y al “asalto al Estado de Derecho”.

Digo yo que, para verdades… el tiempo. Quienes osamos estar a favor de la libertad, promover el libre comercio, buscar la apertura comercial, denunciar el abuso de los monopolios y denunciar gollerías y estatismo, fuimos acusados de mil mentiras y víctimas de prejuicios y de la maquinaria abusiva desde algunas instituciones públicas.

Pero ahora la cuestión es contestable e indubitable. En la tramitación del presupuesto gubernamental para el 2015 hubo un desempeño torticero, usurpación de funciones, irrespeto a la Constitución y violación de sus principios. En tal medida se ha dado esta grotesca y antijurídica actuación, que el presidente de la Asamblea (el autor del folletín reseñado) ha sido “trapeado” directamente por la Sala Constitucional. En lugar de garantizar el debate y quehacer legislativo ha incurrido en una falta democráticamente inaceptable. ¡Dime de qué presumes…!

Para colmo de males, ahora el Directorio que él encabeza es objeto de pesquisas jurídicas por nombramientos cuestionados y faltas tan complicadas que la gente de planta de la Asamblea teme por su seguridad jurídica. Al parecer, hasta se infló una plaza de chofer, para colocar a una autoridad del partido, que se ha pasado un mes haciendo nada.

Cuando leo acerca de estos sucesos, recuerdo el mentado folletín (“para que no lo agarren de chancho”) y me pregunto: ¿Y… el desempeño ético de la Asamblea? ¿Y… el valor de la Constitución? ¿Y… el asalto al Estado de Derecho? ¿Y… la seguridad jurídica?

¡Claro! Si no fuera porque los hechos constituyen una actuación torticera, antijurídica, inconstitucional con ribetes delincuenciales, estaría tentado a explorar literariamente las trampas de la mente, el origen de las expresiones acusatorias en algunas mentes y cómo es que construyen sus prejuicios algunas personas. ¡Ah! Eso sin hablar de las “agarradas de chancho”.

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: Mauricio Rojas en Costa Rica

El próximo lunes 19 de enero a las 19 horas  (a las 19 del 19), en el Colegio de Abogados, tendremos la oportunidad de oír y conversar con Mauricio Rojas acerca del  “Estado de Bienestar en Suecia”.   Charla fundamental para entender qué está pasando en ese gran país y cómo es la transformación de que se está dando.  Asimismo, oportunidad de oro para borrar y enfrentar tantos mitos que circulan por allí.

El conferencista ha tenido una experiencia envidiable,  ha sido parlamentario en Suecia (o sea, es sueco y ha tenido éxito electoral en ese país nórdico) y nació en Chile.  Hablará en español acerca de un régimen muy admirado por mucha gente en nuestro país.

Exintegrante del MIR (el radical Movimiento Izquierda Revolucionario) chileno, este economista nacido en 1950 en Chile se exilió en 1974 en Suecia, huyendo del régimen militar.  Luego se convierte en liberal, sueco y parlamentario, autor de más de una veintena de obras de gran calidad y escritor laureado.  ¿Cómo no aprovechar la ocasión para apreciar una vida tan enjundiosa?

Ha estudiado el modelo sueco como pocos, ha ejercido la cátedra, ha participado en la política, ha sido perseguido político, escritor prolífico, experto en el tema de migraciones, integrante de la Comisión Constitucional del Parlamento sueco y no se ha olvidado de su querida Latinoamérica.

Ha realizado gran cantidad de trabajos académicos en relación con el pensamiento político (especialmente marxismo y liberalismo) y es un gran conocedor de los temas atinentes al desarrollo. 

Hay que aprovechar tan especial actividad para hablar con un conocedor, estudioso, protagonista, europeo y latinoamericano, perseguido y ganador político, voz autorizada en dos continentes y académico exitoso. 

He seguido con fruición su trayectoria y leído con avidez sus escritos, disfrutaré mucho la oportunidad de oírle y disertar acerca de tan esenciales temas, importantes para el desarrollo de las sociedades.    Me parece una vida ejemplar, huir de la persecución política y luego llegar a ser parlamentario en una reconocida democracia europea, defender con tanta consistencia la libertad  en un medio icono del socialismo y, luego, liberarse personalmente del marxismo. No hay que perdérselo.

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: activismo legislativo

La Asamblea Legislativa tiene la competencia o función legislativa.  La norma constitucional (artículo 121. 1) preceptúa que la Asamblea tiene la atribución exclusiva de “dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica …”.  Ello no se puede poner en tela de duda.  El tema elemental es cómo y cuándo. 

Tener la potestad legislativa no implica la obligación de hacer leyes (salvo cuando la Constitución, como ha sucedido en algunos limitados casos, impone la directa obligación de emitir una legislación).  Dicho de otra manera, no debe la Asamblea pasársela haciendo leyes.

¿Por qué?    Hay tres razones básicas.

La primera de ella se deriva directamente del concepto constitucional de Estado y forma de gobierno.  La Asamblea tiene la función esencial, impostergable e indelegable de control político (con sus imprescindibles especies de control administrativo, control presupuestario y control de las diversas funciones del aparato público). Forma parte de un gobierno y debe estar atenta a su principal función de ser freno, contrapeso y foro nacional de discusión de los asuntos públicos. 

Sus demás funciones implican una distribución adecuada de su tiempo y esfuerzo. La propia Constitución privilegia el tema del presupuesto nacional (festinado en esta ocasión) como uno de los instrumentos y actuaciones legislativas más señeros.  El nombramiento de magistrados integrantes del Poder Judicial es otra de las herramientas básicas en esta concepción constitucional.  La marcha de la Justicia y la seguridad jurídica debe estar siempre bajo la óptica legislativa y para ello cuenta con esta otra posibilidad reseñada. 

La Contraloría General de la República está concebida como un órgano auxiliar de la Asamblea en el control de los recursos y la hacienda públicos. No se trata únicamente de observar las finanzas públicas sino de llevar control del panorama general (recursos en sentido amplio, competencias, resultados y demás componentes).  Por ello es tan triste percatarse de la poca atención que se presta a la liquidación del presupuesto y a los informes de la Contraloría.

De tal manera, en resumen, la Asamblea no está concebida para pasársela legislando sino que tal potestad está enmarcada en su papel amplio en el gobierno. Su principal actividad ha de ser la discusión de los asuntos de gobierno, la marcha de los negocios públicos, la divulgación de los temas nacionales y el debate nacional acerca de cómo marchan las cuestiones públicas básicas.

La segunda razón se deduce de la forma de actuación propia de la Asamblea. De su naturaleza se imponen la deliberación y el debate constantes, la reflexión pública y el pensamiento transparente.    La Asamblea no es un órgano cuya labor pueda medirse en LPH  (leyes por hora). Aparte de la calidad que habrían de tener las normas hay que evaluar a la Asamblea en su vocación por deliberar y fomentar el debate y discusión nacional de los temas públicos. 

El contenido de las normas debe ser acometido de manera directa por los diputados aunque no tengan la obligación de ser especialistas en la materia.  Es el principio democrático de que las normas han de ser “generales” y su contenido ha de ser inteligible, razonable y racional.  La necesidad de la norma debe justificarse en debate y deliberación.  Este debate no puede ser sustituido por asesores, libelos de asesores ni legisladores fantasma.  El diputado no puede entregare a las cosas que no entiende, ni decir “yo no soy yo”, ni “pa’eso tenemos mayoría” ni, mucho menos, abusarse del cargo en el directorio para afirmar que algo improbado ha sido aprobado. 

La tercera razón es de concepto constitucional básico. La ley es el instrumento para imponer obligaciones, penas, impuestos, multas y limitaciones a la libertad o, de manera similar, crear competencias administrativas. Es un instrumento muy poderoso y excepcional. No puede usarse indiscriminadamente y, menos aún, sin reflexionar, sin deliberar, utilizando la sorpresa o rindiéndose cobardemente a las presiones o al susto o a un puño de gritones en las barras.

En cuanto a las limitaciones a libertad, la Sala Constitucional en sus grandes fallos de lucidez y convicción de defensa constitucional ha expresado que no solo han de ser racionales, razonables y proporcionales sino, además, “necesarias”. No basta con que sean útiles, ejemplares o producto de postración administrativa.

Tal visión impone el sistema. Dicho de otra manera, tal concepción de cómo han de ser las limitaciones a la libertad obliga al sistema legislativa a emitirse de manera sistémica:  debe guardar las proporciones en relación con los diversos bienes jurídicos, debe respetar los valores, debe medir apropiadamente el grado de necesidad en relación con los propósitos y los bienes que están de por medio. Además, debe haber correlación de razonabilidad y de racionalidad. Explicación, justificación, deliberación, convencimiento y garantía de las libertades públicas.

Uno podría expresar varios motivos adicionales para reforzar el razonamiento en el sentido de que la Asamblea no debería pasársela haciendo leyes sino otras cosas más importantes. Uno de ellos es que hay multitud de leyes.  Abundan las leyes en nuestro medio:  malas, mediocres, confusas, ambiguas, contradictorias, liberticidas, abusivas, producto de la irreflexión.

El otro, derivado de lo anterior, es que los proyectos para derogar tales adefesios (leyes derogatorias) son muy pocos.  De tal manera, la posibilidad de que se limpie un poco la maleza y despeje el panorama es muy pequeña. 

Uno más, producto de la sabiduría popular, es aquello de que “lo que de noche se hace, de día aparece”.  O sea, que no se puede legislar a la traición, por presión o en la oscuridad, en las sombras, cuando no se sabe a ciencia cierta qué está pasando.

Uno más, y muy importante, es que algunos medios de comunicación se la pasan en campañas de “indignación”, en el “hay que hacer algo”, en la denuncia asistémica e irracional de la impunidad o de casuísticas, sin estudiar causas, sin medir consecuencias y sin ver el bosque. Uno de los efectos de estas campañas es sacudir a los diputados e implicarlos en las mismas, con resultados desastrosos para el sistema jurídico y para el quehacer nacional. Hace unos años, el jefe de fracción del Movimiento Libertario (no se otro partido, sino del que supuestamente más defendía la libertad) expresó, a propósito de una negociación o discusión para el nombramiento de magistrado de la Sala Tercera (la penal), que “no estaba de acuerdo con el nombramiento de más magistrados garantistas”.  ¡De antología!  Tal exabrupto es el resultado de las presiones, miedos e irracionalidades ante el “hay que hacer algo”, “hay que mostrar un logro” y ponerse a tono con las modas de algunos medios. 

Finalmente, aunque aquí no se agota la lista, otro de los motivos que explica porqué hay que oponerse a que la Asamblea se la pase legislando a manos abiertas es la mala concepción de “gobierno” que parece haberse cultivado en muchas áreas de nuestro medio.  Cunde en nuestro país –a contravía constitucional- el mito o equivocación o mala creencia de que gobierno y poder ejecutivo son lo mismo.  Es obvia la falta de estudio, cultura política, ignorancia jurídica o ausencia de educación constitucional e histórica que alimenta tan errado sentir.  Pero es frecuente en editorialistas, columnistas, políticos, diputados y muchas otros formadores de opinión, expresar confusión entre gobierno y poder ejecutivo.  Es común que se confunda gobierno con la opinión del presidente de la República y sus ministros.  Es demasiado constante que se dejen de lado el concepto de República (primer artículo constitucional) y la división de poderes y concepción del gobierno que preceptúa nuestra Carta Fundamental (artículo noveno y concordantes). 

Aún más, y esto es elemental, la actual Constitución Política (1949) se aparta del común concepto continental de “presidencialismo” e introduce determinaciones nuevas en la Constitución, dando lugar a lo que especialistas, constituyentes y juristas han denominado indistintamente como “semiparlamentarismo” o “semipresidencialismo”.    Dicho de manera clara y directa, tal mito que confunde gobierno con poder ejecutivo es insostenible y violatorio de la Constitución.   Ésta, más bien, erige a la Asamblea en órgano primero (frente al Ejecutivo).    No obstante, en el uso diario impera el servilismo diputadil frente al Ejecutivo.  Algunos diputados oficialistas llegan a decir que ellos son “diputados de gobierno”.  ¡Válgame Dios!  Y los demás … ¿serían de desgobierno? 

Tal mito ha llegado a concretarse en expresiones increíbles.   En un “vox populi”  (programa, en este caso de TV, que consiste en preguntar directamente a la gente de la calle luego de una subjetiva interrogante del periodista) una señora exclamó que “los diputados deberían de hacerle caso al gobierno”.  

Todo ello da lugar a la “militancia o activismo legislativo”, modus diputadil que persigue estar a tono con los medios, montarse en la ola de alguna opinión pública, rendirse ante los requerimientos de algunos movimientos, ceder ante la presión del Poder Ejecutivo y dejar de lado las importantes funciones de la Asamblea. 

Así, entonces, en lugar de cuestionar las finanzas y gastos públicos, el diputado corre a aprobar más impuestos.  Igualmente, se siente en la confianza para impulsar más gasto público, porque “hay que hacer algo”; a aumentar las penas, porque “hay que hacer algo”;  a multiplicar las competencias y potestades exorbitantes de Derecho común “porque hay que hacer algo”; a limitar la autonomía de la libertad “porque hay que hacer algo”; a meter al Estado en el lecho conyugal “porque hay que hacer algo”; a limitar la libertad de expresión  “porque hay que hacer algo” y así sucesivamente.

Hay todo ello hay que sumar una grave circunstancia:  no hay una sola Asamblea Legislativa sino cuatro.  ¡Sí!  Los miércoles en la tarde, la Asamblea se descompone en tres comisiones (Comisiones Permanentes con Potestad Legislativa Plena:  CPPLP, llamadas en el argot legislativo como “plenaritos”), cada una de ellas integrada por 19 diputados.    El quórum en estas comisiones es de 13 diputados (dos terceras partes) y una ley puede ser aprobado por simple mayoría (o sea, eventualmente con solo 7 de 13 diputados).   ¡Es como para no dormir!

En lo inmediato, un par de ejemplos del activismo legislativo.

El digital cr.hoy da cuenta de cómo las “leyes sin financiamientoahogan” el gasto público y la economía del gobierno, reseñando un estudio de la “Academia de Centro América” (7 de enero).  Asimismo, en días pasados, el mismo digital informa acerca de 55 leyesaprobadas en el último cuatrienio las cuales “no tienen contenidopresupuestario”  (o sea, gastos sin saber cómo van a ser financiados).

Ello refuerza el mal concepto que tengo de cómo ve la mayoría de diputados su quehacer en la Comisión de Hacendarios, claro es y no me duele decirlo, con honrosas excepciones.  Van allí a promover gasto, a tutelar partidas y a hacer cundir la obsecuencia  (tal y como vimos en el último trámite, cuando un diputado del PAC, el supuestamente más cercano al Ejecutivo, negoció su ingreso a dicha comisión, a fin de neutralizar al fundador mismo del PAC, el diputado Solís, quien había expresado su tono crítico con el históricamente deficitario presupuesto presentado por el Ejecutivo). 

Por otro lado, el articulista Carlos Tiffer, penalista avezado, reclama a la legislación el intento de reprimir la objeción de pericias médico legales y la eliminación de recursos (jurídicos) para ello, suprimiendo las garantías procesales en nombre de la oralidad y la velocidad.

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: entre sueldos y jefaturas

La información de los últimos días puede llegar a ser una gran contribución a la educación general. Quizás –digo con optimismo-, se trate de aquello de que contra los hechos no valen argumentos.

Ha sido puesto en conocimiento general no solo la exagerada escala de sueldos que hay en la UCR, sino también el hecho de que –a pesar del inmenso aumento de transferencias del presupuesto nacional a las universidades públicas- dicha universidad está en riesgo de colapso por razón de estos festines salariales.

No resisto la tentación de cruzar la información con el hecho de que ha sido revelado en España el descubrimiento de que uno de los asesores estrella de la nueva izquierda (Podemos), vive de discutibles contratos y asesorías en una universidad pública a la que ni siquiera va.  ¡Clarito!  Los presupuestos públicos desviados, utilizados en campaña ideológica política y, como siempre, los aprovechados viviendo de gollerías y privilegios.

También acaba de ser puesto en el tapete público la conformación de la planilla del Ministerio de Agricultura, con un lujoso equipo de cómo 117 jefes … pero sin subalterno.  Como decía el chiste, muchos jefes y pocos indios.

Es claro que en el sector público han vuelto el rótulo para adentro.  Es indudable de que aquel chiste que se hacía de la educación pública, señalándose que los fines de la educación pública eran el fin de año, el fin de mes y el fin de semana, ahora se ha proyectado a la función pública.  Ello por cuanto queda claro que el fin del dinero público no es el servicio público sino otro.

También queda claro que las “ideologías” están defendiendo estos intereses, estas situaciones, estos desequilibrios y estas gollerías.

¡Claro!  Saldrán a la palestra a defender la soberanía alimentaria, la autarquía, la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y mil eufemismos, pretextos o engaños más, que no son sino una excusa para ordeñar los presupuestos públicos, para obtener rentas de los demás y para comerse a todos.  ¡Eso sí!, disfrazando la maniobra de “servicio público esencial”, del apostolado de la agricultura y la enseñanza (en los casos reseñados) y otros engaños parecidos.

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: déjennos algo

El repaso a de fin de año de lo acaecido en nuestro país nos deja complicados, tristes y con la idea de que somos vilmente despojados de nuestros derechos y libertades.

El año de ha sido pésimo para la economía costarricense. Ello repercute en consecuencias directas, pues implica menos puestos de trabajo, gran presión fiscal para quitarnos lo nuestro (ingresos, dinero, ahorro y posibilidades de usar lo que ha sido bien ganado), mayor peso y volumen de una maquinaria estatal  que ha demostrado fehacientemente ser muy inútil y descaradamente chambona, menos estímulos para que haya inversión y, por supuesto, futuro lleno de nubarrones.

Si consideramos algunas determinantes acciones públicas, entonces el panorama pinta peor.  Se enterró la posibilidad de más aprovechamiento de la geotermia como productora de energía, se hizo de lado el proyecto de ley de contingencia eléctrica,  se retiraron vetos consolidados y se han pospuesto vías urgentes y necesarias para mejorar la situación del país y, para colmo de males, se ha tramitado un presupuesto exageradamente deficitario y por las vías más impropias para su aprobación. Además, los regímenes de pensiones, todos y especialmente los privilegiados, se sumen en problemas y complicaciones, con más presión sobre las finanzas públicas. 

Ante tan desequilibrado horizonte, sería justo que nos dejaran algo, la posibilidad de no tener que depender de los odiosos monopolios y vías públicas que nos complican. La posibilidad de generar nuestra propia energía, tener nuestros propios seguros, usar nuestro dinero para hacer vías, no tener que comprarle a Recope y tener la posibilidad de tener nuestro dinero para educar a nuestros hijos.

Hay una parte de la sociedad que, vía inconstitucional, se ha apropiado de todo y a través de monopolios, privilegios, gollerías, pensiones privilegiadas y demás ventajas exorbitantes se ha arrecostado al resto de los costarricenses. No podemos avanzar con el fardo de un Estado malo, inútil y costoso que no solo no progresa en buena línea sino que quiere más impuestos, más trámites y más regulaciones. 

Nunca en la historia el Estado ha sido tan caro y tan malo a la vez. 

Déjennos algo de libertad, algo de oportunidad, posibilidades de pulsearlo o, como dice la gente, “pellejearla” a fin de salir adelante.

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: atracción de inversiones y generación de empleo

Ambas situaciones  son principalísimas en la promoción de la riqueza y en el desarrollo (social y personal). 

Es esencial que haya inversión (nacional o extranjera) para que se promueva el empleo.  Cuando la gente tiene trabajo, entonces hay oportunidad de desarrollarse, hay cómo conseguirse el sustento, hay dinero para satisfacer las necesidades, sostener a la familia y, dependiendo de la cantidad de ingresos, hay recursos para prosperar, estudiar, ahorrar o iniciar nuevas empresas.

Alguna inversión extranjera llega por las condiciones nacionales en general:  estabilidad, respeto a la inversión, racionalidad de los trámites, costo de la energía, infraestructura pública, seguridad, seguridad jurídica, racionalidad de la tributación, calidad de los trabajadores, calidad de las playas, aeropuertos, puertos y servicios públicos, racionalidad de los trámites.

Alguna inversión extranjera viene ligada a cuestiones importantes:  vías de exportación, experiencia en negocios, contrataciones importantes, tecnología en general, know-how, relaciones de negocios estratégicas.

Las sociedades en general (los Estados) compiten por atraer estas inversiones y por convencer a sus propios empresarios e inversionistas de hacer negocios e invertir en sus países.  Es importante para generar desarrollo y oportunidades.

En Costa Rica, con un predominio político de burócratas y empleados públicos, vividores de monopolios y de rentas públicas, llenos de gollerías y pensiones privilegiadas, parece haberse dado un gran movimiento contra la inversión y la generación de empleos:  cunden opiniones contra le empresa privada, crece la tramitopatía, no se da debida atención a las condiciones de los empleadores, se aumentan los privilegios y gollerías del sector público, no se presta atención a la necesidad de incorporar a los sectores productivos y privados a la generación de energía, hay indolencia con la infraestructura pública, se siguen aumentando las cuotas de la seguridad social, se produce una gran brecha entre lo público y lo privado en materia de sueldos, se amenaza con más impuestos, se aprueban vía irregular presupuestos inconstitucionales y con gran déficit y se desestimula la inversión privada.

Obviamente, se empiezan a perder puestos de trabajo, se cierran empresas y de nada sirve la existencia de promotoras de inversiones ni las giras simpáticas del presidente.  A final de cuentas no hay nada concreto que mostrar, no hay nada con qué atraer ni se puede engañar a quien sabe de negocios e inversiones.

Por otro lado, las señales sociales son desastrosas, pues se evidencia que un sector social está montado sobre el resto, dándose privilegios, gollerías e insostenibles ventajas de todo tipo.  Solo piensan en más impuestos e ingresos públicos para mantener los planes públicos de lucha contra la pobreza (sencilla repartición, clientelismo descarado que tiene en sus programas a muchos que no necesitan y que cada vez se llena más de burocracia).  Es obvio que así no promoverá la riqueza y el desarrollo, es evidente que no se atrae la inversión ni hay compromiso con la generación de empleos y oportunidades.  

Cuando la presidencia de la República pone como condición del desarrollo la aprobación de más impuestos, es indiscutible el que no quiere atraer inversión, que no se fomenta la formación de empresas y que se quiere todo dentro del Estado (como los fascistas, como todos los estatistas, como los que cercenan la libertad de las personas).  Así no hay esperanza …

Federico  Malavassi Calvo

Desde la tribuna: el mito de los impuestos

Uno de los temas más controversiales es el tema de los impuestos.  Es indiscutible que si queremos un Estado con posibilidades de hacer cosas, hay que financiar su costo.  Con muy contadas excepciones, los Estados (gobiernos) no generan ingresos por sí mismos, no realizan actividades propias de su naturaleza que sean productivas o que les signifiquen ingresos propios.  En algunos casos, la ficción jurídica de que pertenecen al Estado algunas cosas (las riquezas del subsuelo y del mar, espectro radioeléctrico, las rutas de transportes, la fuerza de las aguas y hasta el viento y el calor del sol) logra convertirse en pingües ganancias para el Fisco  (no necesariamente para la sociedad). 

Curiosamente, la gestión estatal podría ser productiva e, incluso, generadora de grandes ganancias para la sociedad.  Un aparato público con una buena estructura de costos, eficaz en el cumplimiento de objetivos bien definidos y correctamente determinados puede aportar mucho para el adecuado desempeño social, instituciones públicas eficientes y un Ordenamiento Jurídico bien concebido y eficaz podrían traducirse en un buen funcionamiento social.

De por medio, por supuesto, están las grandes discusiones acerca del tamaño y la fortaleza del Estado y sus instituciones.  Es obvio que las controversias surgen en cada recoveco del análisis.  Es mejor un Estado pequeño y útil que uno grande y chambón, sin apelaciones.  Las dudas surgen en las posibilidades contrarias.

Sin lugar a dudas, la Teoría del Estado y su relación con las definiciones constitucionales aportan muchísimo en la conceptuación de los términos de referencia para cualesquiera controversias, discusiones y determinaciones.  Los primeros teóricos no pasaban de sumar tres elementos del Estado, centrados en el Pueblo (elemento sociológico, sinónimo de Nación, Población y Ciudadanía), el Poder (elemento organizacional, sinónimo de Gobierno, Organización, Autoridad y también Estado y Derecho) y Territorio (elemento geográfico, sinónimo de país y materialidad).   Como aglutinador (señalado por otros como resultante o característica) muchos señalan la Soberanía (sobre todo los constitucionalistas), aunque la mayoría rechaza que sea un elemento constitutivo.   En la actualidad, no obstante, abundan las concepciones que mencionan al menos un elemento más, generalmente denominado el Fin (elemento teleológico, generalmente sinónimo de colaboración, bien público temporal e, incluso, bien común). 

Al tratarse de las formas de Estado, la mayor parte de los autores se refiere a la relación recíproca de los elementos del Estado entre sí.  Es decir, cuál es preeminente o principal y cuáles son subordinados.  De tal modo, se ilustra, luego de las primeras formas políticas de la Humanidad (no necesariamente estatales) aparecieron el Estado patrimonial (súbditos y territorio son sinónimo de vidas y haciendas del soberano) y el Estado de policía (no confundir con la propuesta liberal de “Estado-gendarme”, diametralmente opuesta) caracterizado históricamente por Luis XIV  (la famosa expresión de “l’État c’est moi” y el instrumento de la “lettre de cachet”:  “el Estado soy yo” y las órdenes reales indiscutibles y ejecutivas), cuando la “razón de Estado” imperaba sobre todo y sobre cualquier Derecho.  En dichas formas, indiscutiblemente y bajo maneras distintas, campeaba el elemento Poder por sobre los demás.  En una de un modo brutal y directo, en la otra disfrazado de necesidad de mantener la unidad del Estado nacional y convertir las arbitrariedades en razones de Estado.

La aparición  (no accidental, sino más bien resultado de la Cultura Occidental Cristiana, lo que implica los valores Greco-Romanos y Judeocristianos) del Estado de Derecho implica un esencial desplazamiento del centro de importancia, determinándose como elemento fundamental del Estado el Pueblo, la Nación, la gente, las personas de carne y hueso.    En palabras populares se concibe el Estado como una República  (cosa pública, propiedad de todos, negocio del Pueblo) y en términos técnicos se perfeccionan el instrumento y la técnica constitucional.  La Constitución representa y contiene los valores y defensas del principal elemento del Estado:  la gente.  Por ello se habla de Derechos y Garantías individuales.  Para muchos autores, el punto indiscutible de una Constitución y su razón de ser, es la declaración de derechos fundamentales y sus garantías (verbigracia, León Duguit), requisito sine qua non del Estado de Derecho.

Al respecto  y por ejemplo, no es de extrañar que nuestra Constitución defina al Estado de Costa Rica como una “República”  (artículo primero) y preceptúe que la “la soberanía reside en la Nación”  (artículo segundo).  Son las líneas esenciales del sistema y concepción.

Ciertamente, a raíz de la concepción del Estado de Derecho, han aparecido los segundos apellidos del Estado  (Estado Social, Estado Solidario, Estado Ecológico y demás agregados, válidos pero secundarios, pues no podrían disolver el significado fundamental).  Darles más peso que el nombre principal implicaría mover el centro de gravedad y trasladar al Fin del Estado (elemento teleológico, un peso mayor que el que tiene el Pueblo).

Claro que, y así sucede en algunos casos, si se cree que la naturaleza es más importante que el ser humano, entonces se subordinará a la gente al conservacionismo y a la salud animal.  Igualmente, si para algunos la exportación de la revolución cobra más importancia que las personas, entonces no habrá problema para sacrificar al pueblo en pro de la revolución.  Y así sucesivamente con las distintas concepciones.

Paralelamente y de conformidad con todo ello, surgen las instituciones básicas que conceptúan el funcionamiento del aparato público.   Por ello se dice que, a la par de la declaración de Derechos básicos debe estar la división de poderes.  Ésta no obedece a la especialidad de funciones sino a la premisa elemental de que “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”  (Lord Acton), a la que se suma la observación aristotélica de que la corrupción de los mejores es la peor.   Por ello ha sido definida por Montesquieu como un sistema de frenos y contrapesos.  No se trata de cancha libre para cada cual sino de un mecanismo para que ningún Poder tenga libertad. 

Esta es una de las razones por las cuales resulta tan importante la existencia de una Constitución, su rigidez (defensa de la gente, defensa del Pueblo) y su jerarquía (que no pueda ser regateada por leyes formales, las cuales siempre han de ser subordinadas).

Los estudiosos han encontrado que el origen del principio proclamado en la Independencia de los Estados Unidos de “no taxation without representation”  (no se pueden poner impuestos sin representación política” está en la propia Carta Magna (1215), en la cual se determinó que el rey no puede aumentar los impuestos sin la aprobación general del reino.

Por ello, indubitablemente, el tema del Presupuesto público (el plan estatal de ingresos y gastos) también es un asunto esencial en el Parlamento o Poder Legislativo, pues es la misma garantía de no poner impuestos o aumentar los ingresos sin la debida aprobación.

Muchos conciben la inflación como un impuesto.  La riqueza es robada por el Estado sin poner impuestos formales.  El déficit presupuestario implica drenar la riqueza de la sociedad a través de los vicios del gasto público, los cuales se traducirán en altas tasas de intereses, depreciación monetaria, mal desempeño económico de diversas formas y la disputa por los recursos económicos por parte del Fisco.  Igualmente, se convierte en una insostenible presión tributaria que termina por reventar todos los diques.

No es de extrañar que algunos visionarios plantearan el refuerzo constitucional de los Derechos y Libertades públicas con la aprobación de un capítulo de Garantías Económicas, que viniera a frenar los constantes derrames de la voracidad fiscal y los acostumbrados vicios de los demiurgos públicos.

Si la Constitución no tiene verdaderos vigilantes y custodios, si los propios garantes están interesados en aumentar el gasto público, si los llamados a garantizarla están más preocupados de los presupuestos estatales y de la gestión pública que de los principios constitucionales, entonces las concepciones constitucionales se degradan, se desvalorizan igual que la moneda y ceden ante las presiones del poder.

Los impuestos, en lo elemental, son el aporte social para que la maquinaria estatal tenga combustible.  Son los dineros que la sociedad sacrifica en aras de un supuesto bien general, que debería ser reproductivo (justicia, infraestructura, seguridad).

Algunos opinan que el gasto público significa progreso y creen que a mayor gasto público (impuestos) habrá mayor desarrollo.  Aún recuerdo, cuando me opuse rotundamente al paquete de impuestos que la Administración Pacheco gestionaba en contradicción con su palabra durante la campaña, cómo me hostigaba un representante de la Comunidad Europea por mis expresiones y gestión legislativas, increpándome “¿porqué tiene miedo de que haya desarrollo?”.  Para él, obvio, mayor gasto público era desarrollo.  No quise darle el golpe bajo de señalarlo como vividor del Erario público, simplemente le daba porcentajes (el gasto público y el nivel de impuestos y cargas públicas de Costa Rica es muy alto) y le mostraba la ineficiencia estatal.  El tiempo luego me dio toda la razón, pues era obvio que Costa Rica no ha necesitado de paquetes tributarios por mucho tiempo y, paradójicamente, el país origen del citado personaje se ha hundido en una maraña de gasto público insostenible, aruinándose por completo y empobreciendo a sus habitantes.

El punto está en los mitos que se derivan del tema de los impuestos.  En primer lugar, la idea de que unos pongan impuestos a otros.  La cuestión central está en entender que si los impuestos no son generales y no los pagamos todos, entonces se violenta el principio de la representación necesaria para su aprobación. Muy cómodo y fácil poner impuestos a otros, pero no es conceptualmente correcto.

El principio de la representación consiste en que quien aprueba impuestos está de acuerdo con pagarlos, costearlos, asumirlos, hacer el sacrificio. No se trata en que esté de acuerdo con que otros los paguen, los asuman y tengan que soportar el costo. 

Sin embargo, con algunos de los impuestos llamados progresivos, con algunos de los impuestos denominados contra los ricos y algunas cargas sectoriales o determinadas para ciertos grupos o actividades, lo que ha sucedido es que una serie de legisladores que no aportan nada, que no están en la actividad, se ensañan con otros grupos.  Impuesto al banano, impuesto al café, impuesto a remesas al exterior, impuesto a las casas de alto valor:  todos estos conceptos rompen el principio de la representación.  De alguna manera es como un grupo aprovechándose contra minorías segregadas.

Supuestamente, por ejemplo, todos estamos sujetos al impuesto sobre bienes inmuebles,  un impuesto general.  Sin embargo, sobre esos mismos bienes inmuebles que ya pagan el precitado impuesto, surgió la ocurrencia de un impuesto a las casas de alto valor (supuestamente para financiar las casas de quienes no tienen).  El argumento se vendió sin mayor oposición (no sé si por miedo, falta de vocación o que), pero el caso es que sobre el mismo objeto (pero con un valor superior) y sin quitar el anterior impuesto se impuso un impuesto que, además, hacía caso omiso de que el incremento gravado había pagado impuestos de construcción, impuestos de ventas, cargas sociales y otros gravámenes y, en el caso de la mayoría, los recursos que habían dado lugar al incremento también habían sido objeto del impuesto sobre la renta.  Súmese a ello que empezaron a cundir exoneraciones y rebajas al impuesto original (impuesto sobre bienes inmuebles), diz que por agricultura, por pobreza y por ser de interés social.  El resultado es un impuesto especial contra algunos para beneficio de otros, con la intermediación de los políticos, quienes repartirán casas como si ellos las hubieran construido.  No me referiré a las señales que se envían con el asunto, pero sí a que además el análisis de los valores declarados a las casas y su publicidad ha sido origen de escarnios y exhibición de intimidades.  ¿Impuesto castigador, vindicativo, exhibidor?

El otro tema surge con el anuncio gubernamental de que el Poder Ejecutivo se propone acabar con la mitad de la pobreza, eso sí siempre y cuando perciba los ingresos proyectados.  ¡Qué simple y qué fácil!  Repartidera de lo ajeno.  La paradoja es que, en nuestro Estado, nunca han sido tan grandes los ingresos públicos, nunca han sido tan inmensos los presupuestos de gasto público y nunca ha crecido tanto la pobreza. Para el buen entendedor, pocas palabras. Pero algunos son muy cerrados de mollera y entendederas. La lucha contra la pobreza se estaría centrando en cobrar impuestos para repartir con otros.  Es evidente que el mal hábito no ha tenido éxito.  Lo que sí ha resultado es en una mayor burocracia, una más cara burocracia, un Estado más grande, un Estado más Gastón y un crecimiento de la pobreza.  La carga del Estado, el crecimiento de la recaudación fiscal, tributaria, parafiscal y gravámenes públicos (incluyendo inflación y costo de los monopolios, sobre todo en materia de energía) más bien espantan a los empresarios, hacen cerrar a las empresas y desestimulan la formación de empresas (salvo las gestiones subsidiadas:  repartidera), complicando el empleo y la posibilidad de que cada cual salga de la pobreza por sus propios medios, por su esfuerzo, por su inventiva o por su trabajo. 

Hace unos días, en España se ha hecho escándalo con el descubrimiento de que uno de los dirigentes de la nueva izquierda (Podemos) gozaba de cómodos contratos de “investigación” en una universidad pública que ni siquiera pisa. Tal denuncia pone en evidencia una situación particular, que entre presupuestos públicos y autonomías las universidades públicas están sirviendo para otras cosas.  No es de extrañar que en nuestro propio patio sea de allí de donde salen presidentes, diputados y ministros.  No es extrañar que algunos prefieran “optar” por un permiso con salario, que cobrar el sueldo ministerial y tener permiso sin salario universitario, que algunos prefieran seguir con la jubilación magisterial que someterse al régimen general, que los convenios y los recursos sustraídos a la sociedad dan para todo eso.

No debe sorprender qué se hace con tan enormes presupuestos y porqué, a final de cuentas, la inversión que hacemos en educación privada escolar y colegial redunda en grandes beneficios cuando nuestros hijos llegan a la universidad pública.  No debe sorprender el contenido de las convenciones colectivas logradas al cuerno de presupuestos públicos ni porqué benefician casi más a los administrativos que a la propia labor docente.  No debe extrañar porqué se han convertido en nidos ideológicos ni porqué de ahí parten las luchas contra lo que pueda beneficiar a otros sectores de la sociedad.  No debe sorprender lo que pasa ni porqué de las universidades públicas surgen los mitos acerca de los impuestos y su necesidad y en relación con el modo de cobrarlos. 
El mito principal es que siempre hay grande evasión  (el ministro actual subraya la elusión, como si fueran términos similares).   Como dice Rodríguez Braun  siempre quieren cobrar más y no toman en cuenta lo mucho que se paga.  La cita clara dice:  (para los marxistas españoles)   “ …los únicos impuestos malos son los que aún no se pagan. En efecto, el antiliberalismo predominante jamás presta atención a los impuestos que sí se pagan: esos gravámenes siempre están bien, y si acaso hay que aumentarlos.”    Se olvidan de los gobiernos corruptos, la burocracia enquistada, las universidades cosificadas, los contribuyentes arruinados, los políticos mentirosos, los estatistas que paralizan la sociedad, los programas fracasados y las promesas incumplidas, solo piensan en los impuestos que no se pagan.   Hablan de evasión e elusión, confunden los términos y consideran que es dinero público per se.

En el centro del problema mismo, el mito consiste en creer (como los antiguos gobernantes, que eran dueños de todo) que el impuesto es la recuperación de lo suyo, olvidando que se trata de algo ajeno, capturado por coacción o imperio de la ley, olvidando el sentido del gasto público, olvidando las garantías constitucionales, olvidando los límites racionales y viviendo impunemente a costas de los demás. 

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: al final, unos ganan más y el resto está más pobre

Es evidente que en nuestro país la lucha contra la pobreza ha fracasado. El fracaso es indiscutible y va relacionado directamente con el mismo crecimiento del Estado y de los presupuestos públicos.

Un fotografía al estilo de antes, una instantánea, revelaría el quid del tema: mayores presupuestos públicos complican el funcionamiento de la sociedad y de la economía, mayores presupuestos públicos concitan a los buscadores de rentas a vivir del Estado, mayores presupuestos públicos son un lastre para la sociedad, mayores presupuestos públicos no significan mejor desempeño social ni mejor desempeño estatal, mayores presupuestos públicos no implican menos pobreza sino más empleados públicos viviendo del tema de la pobreza. ¡Es un hecho!

Más dinero quitado a la sociedad, más impuestos, más coacción, más dinero gastado, más aparato público, más Estado no implican per se menos pobreza ni mejor desempeño. Todo lo contrario. Los números dicen que estamos peor, más mal, más pobres y más complicados. Y los números… desdichadamente no mienten, aunque las estadísticas le duelan a mucha gente.

Nos han engañado en una apuesta perdida: darle más dinero al Estado para combatir la pobreza, darle más dinero al Estado para mejorar la educación, darle más dinero al Estado… más dinero… más dinero. Al final, unos ganan más y el resto está más pobre.

Muchos servidores públicos han secuestrado al Estado y ordeñan impunemente la teta pública, para solaz personal, para lucro propio, para prosperar sin riesgo, para montarse sobre los demás. Los números no mienten: más presupuesto, más impuestos, más coacción y… más pobreza y desigualdad.
Siempre sale vacilón echarle la culpa al neoliberalismo. Hasta iglesias (con “i” minúscula) se han fundado contra el neoliberalismo: son religiones de mentiras que posiblemente compran sus ornamentos en coopeclero, pero que no aceptan tener las restricciones correspondientes. Inconsecuencia e incoherencia. Pero los números no mienten, porque toda esa pobreza está relacionada con un Estado inútil, torpe, secuestrado, abusador y abusado, gastón, angurriento y postrado que se ha arrecostado sobre la sociedad, causando más pobreza, menos avance de la educación, más desigualdad y menos prosperidad. Eso indican, indubitablemente, los números que no mienten. ¡Duélale a quien le duela!

Así que, igual que en Cuba, Venezuela, Argentina, la ex Unión Soviética y otras sociedades, los números han mostrado que a más Estado, más pobreza, desigualdad y atraso. Los números no mienten.

Federico Malavassi Calvo
Columna Perspectiva de la Prensa Libre

Desde la tribuna: estatolatría, el caso de la energía

Desde hace muchos años he venido denunciando a los adoradores del Estado, a quienes han puesto su fe en el Estado y poco a poco han ido ahogando la libertad, asfixiando las posibilidades de los ciudadanos, estrujando a los sectores privados y limitando las posibilidades de desarrollo en casi todos los países.

Es obvio que se trata de fascismo en su más indisputable versión (todo con el Estado, nada fuera del Estado).  Pero todavía es más evidente que los que viven en esta estatolatría no tienen conciencia de que son fascistas.  

En su dogmatismo y prejuicio creen que hacen el bien, consideran que cualquier actividad importante debe estar en manos del Estado, controlada por el Estado, fomentada por el Estado, supervisada por el Estado y regulada por el Estado. Han acuñado el término “neoliberal” cual ofensa-insulto y no tienen la menor idea de lo que dicen ni defienden. Odian el lucro ajeno (sobre todo el que se obtiene en actividades abiertas y en competencia) pero se hacen los que no ven cuando hay mercantilismo, corporativismo, clientelismo electoral, privilegios y gollerías de los empleados públicos o sobresueldos y estorbo en la actividad pública.

A fuerza de repetir sin entender los versos de sor Juana Inés de la Cruz, han perdido la perspectiva de la corrupción, señalando a los corruptores como parte del sector privado y sin entender que cuando las normas establecen cuellos de botella, embudos y demás controles, peajes y posibilidad de grandes contrataciones, más bien se fomenta el caldo de cultivo de la corrupción.

El caso en Costa Rica es que entre el estatismo y el espíritu de limitación de la libertad y de las actividades de los sectores privados, el Estado costarricense ha concentrado su control y posesión de las fuentes de energía.  Generar la electricidad es privilegio suyo y de sus entidades (incluso las de sello mixto) y el campo para los particulares es mínimo e hipercontrolado, en el caso de derivados del petróleo se ha establecido un monopolio del comercio a granel y se ha prohibido la exploración y algunas otras actividades conexas, en otros campos hay limitaciones irracionales y caprichos insostenibles.

El hecho puro y simple es que no abunda la energía, es cara y ello afecta profundamente el desempeño de la sociedad y las posibilidades de exportación y desarrollo económico.

Ha trascendido un informe de la propia Contraloría General de la República al respecto de los planes nacionales de energía y no es necesario leer entre líneas para determinar el grave daño hecho al país poniendo la energía en manos de los sectores públicos y relaciones.  La propia prensa habla de inconsistencias, debilidades y carencias significativas.

El reportaje del digital CRHoy destaca interesantes textos del Informe de la Controlaría, como que 

“El Informe de Avance del VI Plan Nacional de Energía (PNE) 2013 no permite derivar el grado de éxito en la ejecución de las políticas públicas en eficiencia energética, ni mide el  avance en sus líneas de acción; que permitiera detectar oportunamente errores de diseño, fallas de implementación y factores externos no considerados inicialmente. Por lo tanto, este informe no determinó si el avance es satisfactorio  y suficiente para lograr finalmente las metas a largo plazo, ni permite identificar si  las acciones han permitido que el país sea más eficiente en materia de energía.” 

Asimismo, que 

“Debilidades como las anteriores, hacen que las políticas públicas en esta materia, que se basan en el documento Hacia un nuevo modelo energético para nuestro país elaborado por el MINAE en el año 2010, pierdan la capacidad de incluir y  fomentar credibilidad, en cuanto a si representan las alternativas de mayor impacto en el ahorro y consumo energético eficiente”.

O sea, años y años de acción pública, informes y políticas, documentos y papeles y nada.  Toda la fe puesta en el Estado y los entes y oficinas públicas no han hecho algo apropiado. Incluso, hay señalamientos concretos a algunas dependencias y entidades como la JASEC y la ESPH  (servicios públicos de Cartago y Heredia) que utilizan como argumentos para concluir en que el plan público no es creíble ni apropiado.

Es muy claro que hay un gran fracaso estatal en los planes de energía.

El episodio de un Presidente entrante enredado entre los ofrecimientos de campaña (abaratar la electricidad y la gasolina) y las fórmulas de Aresep y los estudios del propio ICE es una triste anécdota.  Hay que salirse del prejuicio para dejar de producir perjuicio.   La solución no está en más de lo mismo.  El Estado ha fracasado en el asunto y sus funcionarios no tienen idea de cómo salir de lo mismo. 

Hay que dar oportunidad al sector privado.  Fomentar legislación oportuna que nos libere de los monopolios públicos, sus privilegios y gollerías y sus necesidades.

La estatolatría nos tiene al borde de la postración general, pues cada vez la energía resulta más cara, las vías públicas son más absurdas (¡petrocaribe y la refinería china!) y la competitividad es menor. 

Federico Malavassi Calvo