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martes, 17 de julio de 2018

La columna de Carlos Federico Smith: sin querer queriendo

No hay duda que la crisis fiscal y las propuestas de reformar una serie de privilegios contenidos en los pluses salariales, que pululan en la administración pública, han logrado una enorme virtud imprevista: han salido a la luz una serie de situaciones abusivas, displicentes, acomodaticias, de arrastrar los pies en la toma de decisiones, de claros abusos con los fondos públicos aportados por los contribuyentes, en vez de tomar las medidas correctivas moralmente indispensables, sin pretender gravar con más impuestos a la ciudadanía.

Una de ellas la describe el comentario de La Nación del 9 de junio, bajo el encabezado “Gobierno de Solís le dio largas a rebaja en las pensiones de lujo: En últimos ocho meses, rehusó pedidos de Ottón Solís.”

Resulta que, de acuerdo con la Ley 7531 de 1995, “Reforma Integral de Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio,” por la cual los jubilados bajo ese régimen que recibían entre ₡3.8 millones y ₡11.2 millones (¡casi nada!), deberían darle al estado entre un 25 y un 75% de esos montos en exceso de ₡3.8 millones (¡sigue siendo un montón de plata!), como contribución solidaria para dar sostén a un abusado sistema de pensiones del magisterio, cuya supervivencia depende del cobro de impuestos a toda la ciudadanía. 

Pero, en agosto del 2017, el diputado Ottón Solís le advirtió al gobierno de Luis Guillermo Solís, que “325 pensionados no estaban pagando la contribución solidaria” y que buscara “recuperar los montos no pagados durante los últimos 23 años.”

No fue sino hasta abril del año siguiente (8 meses después), cuando el ministerio de Hacienda reconoció que Ottón Solís estaba en lo correcto. 

Afortunadamente, ya el presidente Alvarado decidió proceder a dicho cobro y recuperar lo no pagado por los pensionados de lujo en esos últimos 23 años. 

¿Cómo fue el vía crucis burocrático? Que ante aquella nota del diputado Solís, el ministro Helio Fallas respondió, tres meses después (noviembre del 2017), que no se podía hacer el rebajo por razones de “legalidad” y porque aquellas pensiones en su plenitud eran producto de “actos declarativos de derechos subjetivos, revestidos de presunción de legalidad.” Esto no lo entiendo, pues claramente existía aquella Ley 7531, que legitimaba esa rebaja como una contribución solidaria.   Luego, una resolución del Procuraduría de la República de marzo del 2017 le dio razón al diputado Solís y que el grupo de pensionados del magisterio que debería pagar “no se encontraba exento de la contribución especial.” 

Así pasó el tiempo, no fue sino hasta que la burocracia de Hacienda estuvo en capacidad, y 8 meses después de que Ottón Solís lo advirtiera, cuando, al fin, el gobierno pasado reconoció que debería hacer ese cobro. Dar más largas no podemos imaginárnoslas. No, en verdad, ¡sí lo podemos imaginar!, dado el arrastre de pies en estas cosas de ordenamiento del gasto público que caracterizó al gobierno anterior.

Ahora debemos estar alerta para que el gobierno ineficiente -si bien estimulados por la apropiada prisa del gobierno de Alvarado en cobrar el abuso- efectivamente haga la recuperación de esos fondos... pero rápidamente. Y que no nos metan en el jueguito de si quien debe hacer el cobro es la Junta de Pensiones del Magisterio o la Dirección Nacional de Pensiones o el Ministerio de Hacienda o la Superintendencia de Pensiones: el que sea, pero pronto, pues el abuso es flagrante y, de paso, injusto con todos los costarricenses, que hemos aportado los fondos en montos suficientes para otorgar a plenitud esas pensiones de privilegio. Deben recuperarse esos casi ₡1.800 millones anuales. (Incluso, ¿qué tal cobrar intereses por esos fondos pagados de más?)



Jorge Corrales Quesada

martes, 29 de marzo de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: el gran desperdicio

Una reciente información trajo a mi mente la frustrada posibilidad de este gobierno para obtener un préstamo del gobierno chino por la suma de $5.000 millones.  Con esa cifra consideraron que no había necesidad de poner impuestos, pero, ante todo, que no se tendría que reducir el gasto gubernamental, tal como lo prometió en una ocasión el presidente de la República, en un debate en televisión: que antes de poner mayores impuestos reduciría significativamente el gasto público.

Como los gobernantes notaron desde el inicio de su administración, el aumento pensado de impuestos estaba en la cola de un venado y para llenar el hueco fiscal fue que se les ocurrió pensar que el gobierno chino invirtiera (comprara) directamente -sin tener así que pasar obligatoriamente por la Asamblea Legislativa, como es el caso de empréstitos del extranjero- bonos del gobierno, en una especie de “contratación directa”.  Ya sabemos que dicha pretensión se extinguió, posiblemente porque los gobernantes chinos, que habían considerado esa posible inversión financiera, ahora quieren, ante sus dificultades internas, que la “colaboración” con el exterior sea básicamente por medio de su inversión directa.

Esta puede ser la razón por la cual la famosa inversión chino-costarricense, conocida como SORESCO, aún no recibe la lápida acerca de su bien merecido fallecimiento:  No entraría plata líquida a Costa Rica (aquellos $5.000 millones), como pretendía esta administración, pero sí calzaría dentro de los planes chinos de inversiones directas proseguir con la refinería que, desde el 2009, había sido impulsada por la administración de turno y activamente buscada por la administración de doña Laura Chinchilla. Inicialmente se estimó que la inversión en la construcción de dicho proyecto ascendería $1.510 millones.

El hecho es que, desde el año 2013, ya la Contraloría había objetado que se continuara aquel proyecto  al haberse sustentado en un estudio de factibilidad viciad, pues fue realizado por una empresa relacionada con una de las partes interesadas (la del gobierno chino).  Algo parecido ha sucedido con otra similar inversión directa, de una empresa del estado chino que ampliaría parte de la importante carretera hacia Limón en el Atlántico –la ruta 32. Hace buen rato no se sabe nada de nada al respecto, lo cual preocupa, pues supuestamente ya se tenían plazos definidos para que Costa Rica aceptara esa también cuestionada inversión. No es nada raro que ese sea otro cadáver aún no frío del todo. 

No hay nada como un gobierno terco, empecinado en proseguir proyectos altamente cuestionados por el ente contralor. Aquel nos dice que el acuerdo final de la inversión conjunta chino-tica de SORESCO, está en “análisis,” tal como lo señala un comentario del periódico La Nación del 23 de marzo, titulado  “Refinería ‘de papel’ consumió $4 millones el año pasado: Empresa [Sociedad Reconstructora Chino-Costarricense (SORESCO)] creada para fallido plan gasta en salarios y subsidios para personal traído de China.”

Ante la necesidad de que el gobierno tome una decisión respecto a si proseguirá con dicho proyecto -y me imagino que indicando bajo qué condiciones- según lo han urgido la Contraloría y la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, la respuesta del gobierno sigue siendo timorata; indecisa.  Dice el ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro: “El Gobierno tiene el tema en análisis y oportunamente se dará la respuesta.” Es cierto que el estado es usualmente ineficiente cuando de tomar decisiones se trata, pero en este caso el proyecto de SORESCO le sigue drenando recursos a RECOPE, o sea, a todos los ciudadanos costarricenses.

Del aporte inicial de $100 millones, RECOPE puso $50 millones y de aquel monto total aún queda por gastar $38.5 millones. La pregunta lógica es ¿en qué se gastó la plata restante? ¿En qué se ha invertido el 61.5% invertido presuntamente? El reportaje de La Nación no nos permite saber en su totalidad el uso de tales recursos, pero hay alguna información acerca de gastos recientes que, sin duda, deben preocupar a la ciudadanía.  De acuerdo con el comentario del medio, sólo en el 2015 el proyecto que, bien dicho, está “en el papel” consumió $4.3 millones, de los cuales un 60% se gastaron en el pago de salarios, cargas sociales y algo denominado “paquete de repatriación”, que no es sino el pago a la parte de personal chino en el proyecto. $1.7 restantes se usaron para pagar alquileres, agua, luz, combustibles, viajes, consultorías y servicios legales. 

Parece que para el estado costarricense la plata abunda en nuestra economía, que no importa en qué se gasta, que no interesa que un proyecto de tal magnitud, que desde su inicio sufrió de problemas técnicos, financieros y legales, según lo indicó la Contraloría, prosiga en el candelero.  El hecho es que, tal como lo ha indicado en varios informes el ente contralor, RECOPE, con fondos de todos los costarricenses, no se ha caracterizado por  ser una participante en el proyecto de la refinería, “preparada, sólida, experimentada, tanto para concebir y definir la iniciativa, como para administrar la ejecución del proyecto o lidiar con obstáculos o conflictos,” según lo refiere el comentario de marras.

Entre tanto -todavía andan por allí $38.5 millones que aún no se han gastado- la decisión está siendo analizada por el “eficientísimo y expedito gobierno.” Claro, la plata es de los ciudadanos. Ahora, hasta que se acabe.


Jorge Corrales Quesada

lunes, 11 de enero de 2016

Tema polémico: el 2016 no pinta bien

Inicia un nuevo año con la esperanza de que las cosas sean mejores que el anterior, que las dificultades, sobresaltos y ocurrencias sean cosas del pasado y que en su lugar se imponga la sensatez, la libertad y la seriedad. Sin embargo, estamos en Costa Rica y durante un gobierno del PAC, por lo que el panorama no es halagador. Si los primeros 12 días del mes de enero tradicionalmente reflejan las pintas climatológicas del año, también ofrecen una pincelada de lo que nos espera con la Administración Solís Rivera: más impuestos, más improvisación, más despilfarro, más protección a los privilegios sindicales y, en general, más de lo mismo.

Sin duda, la principal amenaza que se cierne sobre las cabezas -o mejor dicho, los bolsillos- de los costarricenses es la testaruda intención del Ejecutivo de continuar impulsando un paquete de impuestos. El argumento es el de siempre -que tenemos una carga impositiva muy baja y que si queremos servicios de primera debemos pagar más impuestos-, pero la evidencia, como en otras ocasiones, derriba de un palmazo el planteamiento oficialista. Recientemente, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), un organismo que difícilmente pueda considerarse afín al sector empresarial o a la filosofía liberal, indicó que su informe "Estadísticas tributarias de América Latina y el Caribe 2015" que Costa Rica tiene una carga tributaria del 22.4%, ligeramente mayor al promedio de América Latina y el Caribe (21.3%). Esto nos ubica como la quinta nación con mayor carga impositiva en la región, solo por detrás de Brasil, Argentina, Bolivia y Uruguay y muy por encima de naciones con crecimientos más pujantes que el nuestro, como lo son Chile, Colombia y Perú, que sí han entendido que la clave del éxito pasa por un sistema tributario más sencillo, con tasas más bajas que promuevan la generación de riqueza. 

Sin embargo, como en gobiernos anteriores, el Ejecutivo continúa poniendo todo su empeño en la reciclada propuesta de reforma fiscal: convertir el impuesto de ventas en impuesto al valor agregado y subir su tasa, aumentar el impuesto sobre la renta e incrementar el impuesto selectivo de consumo, todo esto sin revisar la estructura de los gastos, que es donde realmente descansa el problema del déficit fiscal. En ASOJOD lo hemos dicho hasta la saciedad: de nada sirve subir impuestos si no se reduce el gasto, pues equivaldría a intentar llenar de agua un barril lleno de agujeros. 

A pesar que la oposición ha sido enfática en manifestar su oposición a la propuesta y ha exigido que se ponga sobre la mesa de discusión el gasto público -especialmente las remuneraciones, que crecen exponencialmente-, la respuesta de la Administración Solís Rivera es un no tajante, con lo que pone en evidencia su cercanía al sector sindical, que ha hecho durante este año y medio lo que ha querido. 

 Hay que agregar a lo anterior que para este 2016 todavía no se ha tomado una decisión sobre la posible entrada del país a la Alianza del Pacífico. La postergación de la misma hace pensar que la respuesta será también negativa y con ello se esfuma la posibilidad de incursionar en un mercado que, indudablemente, traería enormes beneficios a productores y consumidores costarricenses. 

Por si fuera poco, preocupan otros temas de suma importancia para la competividad del sector productivo como lo son el pobre estado de la infraestructura pública, la nula discusión sobre la reforma energética -con la presumible sequía que sufriremos este año merced a las pocas precipitaciones del año anterior-, el ICE y la CCSS despilfarrando recursos en proyectos fracasados y comprometiendo sus finanzas, al tiempo que exigen rescate económico y, si eso no fuera suficiente, se viene un proceso para elegir alcaldes, regidores y síndicos, donde el Frente Amplio parece tener una fuerza considerable, especialmente en zonas costeras, donde, de ganar, paralizaría cualquier desarrollo en cantones que están urgidos de fuentes de empleo y generación de riqueza.


Como ven, las perspectivas no son las mejores para este nuevo año. No es que seamos pesimistas, mas no podemos negar la realidad, aunque todavía guardamos un poquito de esperanza para sobrellevar este 2016 que se nos viene encima. Por el bien de todos nosotros, ojalá fallemos en las pintas de este año.

lunes, 17 de agosto de 2015

Tema polémico: con Costa Rica no se juega ¿o sí?

Luis Guillermo Solís acuñó un lema durante la pasada campaña electoral: "con Costa Rica no se juega". Pretendía convencer a los votantes que su propuesta se separaba de los escándalos de presunta corrupción que enlodaron las administraciones anteriores. Buscaba garantizarle a los ciudadanos que los grandes problemas del país, ahora sí serían resueltos, gracias al trabajo del "mejor equipo", un equipo de técnicos altamente preparados, académicos de carrera y planificadores con experiencia. 

Sin embargo, la realidad tiene una mala costumbre: dar un golpe de narices a los ilusos que pretenden torcerla para autoengañarse. Y eso fue lo que le pasó a más de 1.300.000 de costarricenses que se embarcaron votando por el "Presi" y a poco más de 700 mil que si bien no se tragaron el cuento, les tocó ser víctimas del desastre por el principio de mayoría democrática. 

El "mejor equipo" resultó ser un completo fiasco. Un Presidente que prometió muchas cosas en campaña, como no impulsar impuestos en los primeros dos años de su mandato o no retirar el veto sobre la Reforma al Código Procesal Laboral, para luego hacer ambas cosas antes de tiempo, y para colmo de males, hacerlas mal. La Sala Constitucional declaró improcedente el retiro de ese veto y los proyectos para aumentar impuestos ingresaron recientemente a la corriente legislativa sin apoyo de Diputados -incluyendo los de la propia fracción oficialista-, sectores productivos, movimientos sindicales, estudiantes y demás organizaciones sociales.

Un Ministro de la Presidencia que durante el primer año se encargó de complicar de más el trabajo del nuevo gobierno, con sus yerros, ofrecimientos y cabezonadas. Una fracción legislativa inoperante, incapaz de acuerpar a Solís en su gestión. Un Presidente Legislativo, elegido por una alianza entre el PAC y el Frente Amplio, que dejó de lado la negociación y el diálogo para privilegiar un manejo vertical de la agenda parlamentaria. Y la lista de funcionarios sigue creciendo.

Las nuevas "joyas de la Corona" han sido el grupo de la Juventud Progresista y la Viceministra Carmen Muñoz. Los primeros, en una reunión de trabajo, recomendaron valorar la posibilidad de que el PAC utilizara fondos públicos para su propio beneficio electoral, idea que generó un gran malestar entre difeentes sectores de la sociedad. La segunda se ha visto envuelta en los últimos días en una polémica provocada por el pago de un 65% del salario base por concepto de prohibición durante un año sin tener los requisitos académicos exigidos para ello. 

Se trata de más de 11 millones de colones pagados de más a una funcionaria que no tiene título académico que la respalde. Incluso, se ha dicho que solamente tiene título de 9° año, pues en 1978, cuando cursaba ese nivel, abandonó sus estudios para unirse a la Revolución Sandinista y posteriormente regresó. Lo curioso es que con ese currículum hoy sea Viceministra de Gobernación, con más de 1.200 funcionarios a su cargo y miles de millones de Presupuesto bajo su control, al tiempo que preside importantes juntas directivas como las de la Imprenta Nacional y DINADECO.

Mencionamos estos dos casos porque, frente a sendos escándalos, el Presidente ha reaccionado de manera muy diferente. Cuando trascendió lo de la Juventud Progresista, Luis Guillermo Solís tomó la decisión de despedir a los que trabajaban en Casa Presidencia -contrario a lo realizado por la fracción legislativa del PAC que los mantuvo en su cargo e incluso, hace pocos días, un Diputado contrató a uno de los destituidos- pero con Carmen Muñoz ha sido más tolerante. 

No sólo le perdonó una indiscreción publicada en Facebook a raíz precisamente de la remosión de los miembros de Juventud Progresista sino que también ha estado enterado del cobro de esos 11 millones desde mayo de 2015 y no la ha removido de su cargo. ¿Por qué tanta tolerancia? ¿Qué más pruebas necesita si las órdenes de personal del Ministerio de Gobernación prueban que recibió el dinero y ella misma, en diferentes instancias, lo ha reconocido?

La sensación que nos queda a los costarricenses es que no sólo no era el mejor equipo ni que iba a generarse un cambio, sino que con Costa Rica sigue el vacilón que tanto ha deslegitimado a la política y a lo político en las últimas décadas. El daño que está haciendo, no solo este Gobierno sino muchos anteriores, podría ser irreparable en cuanto aumenta la desidia de la gente y alimenta el caldo de cultivo para la aparición de "hombres fuertes" que atropellen libertades y derechos para construir sus fantasías de poder.

lunes, 23 de marzo de 2015

Tema polémico: la credibilidad del Presi

Para iniciar este artículo vale la pena recordar un spot publicitario de la campaña del famoso Luis-Gui, así nos decía:


















“tengo un solo carro, un reloj y cuatro trajes que me quedan y no necesito más (…) soy Luis Guillermo Solís quiero que me conozca y me ayude a rescatar a Costa Rica”

En ese anuncio el candidato se presentaba como un costarricense más, un costarricense promedio, alejado de la politiquería y del materialismo suntuoso. Pero todo cambia en esta vida, y en tan solo diez meses el Presi ha dado un giro de 180 grados, haciendo verdad aquel adagio de que sólo se conoce verdaderamente a una persona una vez que se le ha dado poder, veamos.

El Presi, al inicio de su gobierno quiso seguir por esta misma ruta del costarricense “de a pie”, aquel que es distinto a la clase política tradicional. En ese orden de idea anunciaba a la prensa que prefería utilizar su carro personal y no el de Casa Presidencial. Ello rápidamente cambió, y ahora el Presi en sus rutas de la ¿alegría? utiliza dos flamantes Land Rover 2015, parece que al final del día el Presi si necesitaba más, a diferencia de lo dicho en su campaña.

Igualmente anunció que durante su Gobierno existiría total transparencia y que la Casa Presidencial se convertiría en una “Casa de Cristal”. Desafortunadamente, esa promesa tampoco duró mucho, dado que Presidencia incluso mantenía en secreto el listado de visitas a la “Casa Polarizada”. Este secretismo se vino abajo una vez que la Sala Constitucional obligó a revelar dicha información.

Pero aquí no acaba el record de terror, el último desliz y el más grave  refiere al tema impositivo. El Presi había prometio en campaña que no existirían impuestos durante los dos primeros años de su gobierno, y que además utilizaría este tiempo para demostrar a la ciudadanía que realizaría un manejo responsable de la cosa pública , lo cual lo legitimaría para solicitar dichas medidas. Lo cierto del caso es que al día de hoy sabemos que el Presi no se aguantó las ganas, y a menos de un año de su gobierno ya está hablando de aumentar impuestos. Pero lo peor ha sido el presupuesto absolutamente deficitario que presentó a la Asamblea Legislativa (y que fue aprobado a través de medidas autoriatarias y antidemocráticas), lo que evidencia que no hay tal sentido de la responsabilidad fiscal dentro de esta Administración.


El mayor activo de todo político es su credibilidad, hoy en día en ASOJOD creemos que el Presi ha derrochado y se ha comido por entero éste capital. Hoy en día el Presi no es más que un político tradicional, totalmente alejado de la imagen que “vendió” en campaña.  Robándole sus palabras de campaña decimos: ¡Hay que rescatar a Costa Rica de Luis Guillermo Solís!

martes, 17 de marzo de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: razones ciudadanas para no aceptar más impuestos

Una información de La Nación del 10 de diciembre, bajo el encabezado “Estado recibe mala nota en gestión de tributos: ITCR dio resultados de encuesta de opinión”, entre otras cosas importantes, señala que “Un 86% de los costarricenses (la entrevista fue formulada a 513 jefes de hogares) opina que el Estado  desperdicia el dinero mediante impuestos.” No sólo esto podría reiterar la antigua creencia de que, al ser los impuestos una materia odiosa, sería de esperar un alto porcentaje de rechazo a los gravámenes de parte de la población, pero más bien indica que la gente considera que esos fondos, que paga como impuestos, no son bien utilizados por el gobierno y que, por el contrario, son desperdiciados. 

Aunque lo que señala La Nación de esa encuesta realizada por el Instituto Tecnológico de Costa Rica no brinda específicamente el porcentaje de aceptación de los impuestos, sí expresa que “aunque muchos apoyan una reforma fiscal, se oponen a que esto conlleve un aumento tributario.” Habría sido interesante tener una idea de cuántos son esos “muchos”.  Pero, por datos indirectos, me da la impresión de que los tales “muchos” en realidad no son tantos. Veamos, por ejemplo: La Nación indica que “sólo el 21% de los entrevistados cree que el Estado recauda el dinero de manera eficiente.” Si el 79% restante -pienso- considera que el estado es ineficiente en su recaudación (o no sabe o que no es eficiente ni ineficiente), me imagino que no estaría tan dispuesto a darle la plata a un recaudador ineficiente, pues tal conducta podría estar reflejando un alejamiento de lo que se podría considerar como un sistema tributario “justo o equitativo”. Pero también porque “un 72% de los entrevistados opina” que los impuestos recaudados “les benefician poco”. Casi que uno puede considerar como extraña una conducta por la cual la persona desee pagar por algo que siente le beneficia poco. Lo lógico, más bien, es que, si se considera que algo casi no lo beneficia, tendería a abstenerse de pagar por ello. De paso, además de ese 72%, “un 13% es más radical aún y sostiene que no ayudan en nada,” según informa el reportaje citado.

Para mí es evidente el divorcio que hay entre la decisión ciudadana de pagar impuestos y el beneficio que obtiene de ellos, ya sea directa o indirectamente. Como me dijo una persona cercana en una ocasión: “si uno viera que con las platas que uno paga como impuestos, el gobierno hace cosas que uno necesita o le sirven, tendría una mayor voluntad de pagarlos.”

Ya sabemos del estado deficitario de las finanzas del gobierno; esto es, que hay un exceso de gasto más allá de los tributos que percibe. En gran parte, el gobierno ha planteado la necesidad de aumentar los impuestos (y, en menor proporción, reducir el gasto) pero, con toda franqueza, creo que la aprobación de aquella propuesta está en alitas de cucaracha, cuando el ciudadano observa el comportamiento de un gobierno que aprueba un presupuesto de gastos para el 2015 con un incremento de un 19% con respecto al del 2014. Por ello, es interesante señalar que sólo el 21% de las personas encuestadas “estarían dispuestas a pagar más para mejorar las finanzas del Estado”, según lo señala La Nación. Esta posición se me hace cuesta arriba, cuando lo comparo con aquél 86% que dice que el gobierno desperdicia la plata que recauda como impuestos y con aquel 79% (con la calificación que antes hice) que habría indicado que la recaudación de impuestos por el gobierno es ineficiente.

Por otra parte, 2 de cada 5 entrevistados dicen que el gobierno “ya debería de estar” impulsando la reforma fiscal -seamos claros, la expresión “reforma fiscal” no es más que un eufemismo de “aumentar los impuestos- pero habrá que ver si, una vez que el gobierno anuncie sus propuestas específicas de alzas en los tributos, los ciudadanos van a estar tan de acuerdo con que se pongan ya los nuevos y mayores gravámenes.  No me extraña que entre los proponentes de que el gobierno desde ahora le debe entrar a la reforma fiscal con los mayores impuestos, estén quienes de manera significativa reciben ingresos provenientes de ese gasto estatal, ya sea como empleados públicos o como empresas proveedoras contratistas de bienes y servicios al estado.

A su vez, según la encuesta antes citada, 2 de cada 5 entrevistados creen que el gobierno “debería esperar” a ganarse “la confianza de la gente”, reduciendo el sobredimensionado gasto público, antes de proceder a un aumento de los impuestos. 

Si la persona siente que el estado es ineficiente, en cuanto a proveerle los servicios que considera que debe brindarle a partir de los impuestos que paga, no van a querer que haya mayores impuestos. Al mismo tiempo, si ve que el país encara un serio problema fiscal que puede afectar a la ciudadanía, preferirá que se reduzca el gasto exagerado y desproporcionado, antes que haya un aumento de los impuestos. Y, me imagino, también pensará que, si le entrega más recursos propios al gobierno mediante más extensos y elevados tributos, éste pronto los gastará y así se nos sumirá, poco tiempo después, en un nuevo déficit. Esa ha sido la historia fiscal del país, en donde con frecuencia se han aprobado mayores impuestos con la excusa de reducir el déficit, pero la verdad es que simplemente se ha terminado en un gasto más elevado y un resurgimiento del déficit.

Asimismo, la persona es consciente de que, con una economía alicaída, de poco crecimiento a causa de esos nuevos o mayores impuestos, no se generará la inversión requerida y hasta provocará que desciendan los niveles de empleo en la economía. Y sabe que todo eso se traducirá en una reducción de los ingresos de las familias.

Jorge Corrales Quesada

martes, 6 de mayo de 2014

La columna de Carlos Federico Smith: camino a la dependencia

En una reunión celebrada hace pocos días, el representante de los 18 diputados electos por el partido Liberación Nacional, don Juan Luis Jiménez Succar, le solicitó al presidente electo, don Luis Guillermo Solís, que impulsara el proyecto que aquel partido propuso en la reciente campaña electoral. La propuesta, sonoramente denominada “Costa Rica Solidaria”, considerado por el candidato de entonces, Johnny Araya, como su “proyecto estrella” para eliminar la pobreza extrema, pretende que se le otorgue a cada miembro de las familias que está en tal situación, la suma de ₡20.000 al mes, con el cual podría pagar las tres comidas diarias.

En aquel momento se indicó que el costo estimado del programa ascendería a, aproximadamente, unos $325 millones durante el período 2014-2017 y los recursos provendrían de Asignaciones Familiares y del IMAS, ambas instituciones establecidas desde mucho años atrás con el fin, explícito o supuesto, de eliminar la pobreza extrema en el país.

Prudentemente -lo cual cuál me agrado mucho pues es una buena muestra de inteligencia y habilidad política- el presidente electo respondió que lo estudiaría “con detenimiento”, lo cual es una respuesta responsable ante una propuesta que, por una parte, no parece tener sentido, en tanto que, por la otra, más bien podría llevar a que aumente más el gasto gubernamental y, sobre todo, que muy posiblemente no resuelve el problema de la pobreza extrema y que más bien la podría aumentar.

He señalado, como primer punto para objetar el proyecto del partido Liberación Nacional, que no parecía tener mucho sentido, específicamente porque los recursos que se han dicho serían necesarios durante los primeros cuatro años de operación, ascenderían a $325 millones, serían tomados de recursos hoy existentes tanto en Asignaciones Familiares como en el IMAS. Asignaciones Familiares fue una entidad creada para brindar ayuda a las familias de menores ingresos. Tristemente sufrió un mal manejo financiero en un pasado muy lejano para los perpetradores, pero relativamente reciente para ciudadanos indignados con el abuso, y que nunca fue debidamente responsabilizado. Lo lamentable es que, con el paso del tiempo, se ha demostrado su fracaso en cumplir con dicha función, como para que ahora se considere necesaria la existencia de un programa nuevo (Costa Rica Solidaria) para lograr ese mismo objetivo.

Algo similar es lo que sucede con el empleo de recursos de que hoy dispone el IMAS, para que sean usados en financiar al nuevo proyecto “social” propuesto por Liberación Nacional,  y que ahora quiere que el nuevo gobierno lo impulse. Debe recordarse que el IMAS fue creado a principios de la década de los setentas por el ex presidente José Figueres Ferrer, con el fin exclusivo de extirpar, en un lapso de cuatro años de gobierno, la miseria extrema en el país. Más o menos ocho años después, en la administración Carazo, al IMAS se le otorgó vida eterna (legalmente hablando) pues en ese tiempo no se había podido eliminar la miseria extrema en el país. 

Ahora se pretende crear una nueva institución gubernamental para que venga a hacer lo que esas otras dos instituciones (el IMAS y Asignaciones Familiares) no pudieron lograr; eso sí, se toman los fondos de esos dos entes. O sea, se trata de crear una nueva entidad, a partir de dos cascarones, los cuales ni siquiera son extinguidos y sus funciones concentradas en un nuevo ente. Por ello, no creo que la idea tenga mucho sentido, pues ya se tiene una larga experiencia de fracasos en el logro de su fin esencial, cual fue terminar con la pobreza extrema en el país, mediante la acción gubernamental.

Eso me conduce a mi segunda objeción a la idea propuesta por el partido Liberación Nacional al nuevo gobierno de don Luis Guillermo Solís. Esta es que “más bien podría llevar a que aumente más el gasto gubernamental”. Es casi de sentido común y sobre todo de experiencia práctica, que, al crearse una nueva entidad dedicada a eliminar la miseria extrema, al tiempo que no se eliminan las dos entidades previamente existentes para lograr ese objetivo, se termine por usar más recursos que los empleados en la actualidad. A los gastos de los dos entes viejos, hay que agregar los gastos para mantener al nuevo. El efecto neto es que se gastaría, hipotéticamente, la misma cantidad que antes ($325 millones en cuatro años), pero los gastos estatales aumentarían por el financiamiento de la nueva burocracia encargada de la administración de la lucha contra la pobreza extrema. Así, quedarían disponibles menos recursos reales para ser gastados por el estado costarricense, tanto en sus proyectos como particularmente para la eliminación de la pobreza. 

El argumento final –y de más peso, creo yo- es que el nuevo proyecto no va a reducir la pobreza extrema y posiblemente más bien la aumente. La razón de ello tiene que ver con la naturaleza de los incentivos. Se supone que el proyecto daría dinero en efectivo (₡20.000 mensuales) para cubrir las tres comidas diarias de cada persona que esté dentro de los considerados como de pobreza extrema en Costa Rica (aproximadamente unas 350.000 personas). El incentivo no es para estimular que las personas se alejen de ese grupo de pobreza extrema, pues si dejan de ser parte de él, perderían el subsidio. Por otra parte, la propuesta hace que quienes apenas estén por encima de la pobreza extrema, reciban el subsidio tan sólo si disminuye en algo su ingreso (o riqueza) o bien si lo oculta para aparentar que está dentro del primer grupo. En resumen, los incentivos del proyecto están dados para que las personas se queden dentro del grupo beneficiado por el programa o bien para que a dicho grupo se incorporen nuevas personas que anteriormente estaban por encima de los ingresos que los calificaban de pobreza extrema. No hay un incentivo para que la persona, una vez que recibe el subsidio, lo deje si no es que tiene la oportunidad de ganar más que el monto que se le da por su condición.

También hay otro incentivo de ese proyecto que se debe tomar en cuenta. A los extranjeros se les hará aún mucho más atractivo venirse a vivir a Costa Rica, pues aumentan sus posibilidades de obtener un ingreso mayor en el país, comparado con aquél de donde vienen. Además de que, si bien esos ₡20.000 parecen ser de poca monta, eso se viene a agregar a la posibilidad de tener en Costa Rica educación y salud gratuitas, además de poder obtener lotes en donde construir o fondos para adquirir o construir una vivienda, además de tener acceso a otros programas de ayuda actualmente existentes en FODESAF o en el IMAS. En síntesis, aumentan las posibilidades de que el migrante pueda obtener un ingreso garantizado.  Eso es lo que hacen los incentivos, cuando estos son errados para resolver un problema, como es este caso de la pobreza extrema en el país.

El proyecto de mayor viabilidad para resolver la pobreza extrema radica en lograr el mayor crecimiento posible de nuestra producción, en especial porque la falta de empleo en nuestro país está altamente ligada con la pobreza extrema en los hogares. Asimismo, el de brindar la posibilidad de que los ciudadanos tengan la oportunidad para educarse y gozar de una buena salud que les permita laborar (y estudiar). De aquí que, en mi opinión, hace bien don Luis Guillermo de decir diplomáticamente que estudiará la propuesta poco eficiente que le ha hecho el partido Liberación Nacional, para contribuir a resolver la pobreza extrema del país. Es importante destacar que esa proposición de la entrante fracción legislativa liberacionista constituye un sinsentido, que más bien estimulará un gasto gubernamental mayor y, sobretodo, que no contribuye a resolver competentemente el lamentable problema de la pobreza extrema en nuestro país. Lo único que asegurará es que esos ciudadanos, además de sufrir esa miseria intensa, se conviertan en dependientes del estado; unos modernos siervos que deberán someterse a la todopoderosa y bienhechora voluntad de políticos incrustados en el gobierno; es un camino que lleva a la sumisión de hombres libres, quienes sólo aspiran a dejar de ser sumamente pobres.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 28 de abril de 2014

Tema polémico: la doble moral religiosa

Recientemente, el Presidente electo de la República, Luis Guillermo Solís, hizo pública una serie de nombres que conformarán su Gabinete en el nuevo Gobierno que iniciará próximamente y uno de los que más revuelo ha causado es el de Melvin Jiménez como Ministro de la Presidencia. 

Además de ser sociólogo y estratega de la campaña de Solís, desde las primarias del PAC, Jiménez es pastor luterano, lo que ha encendido las alarmas tanto de los católicos como de los progresistas. 

Los católicos han señalado, con razón, que si fuese un nombramiento de un sacerdote de esa denominación religiosa, las protestas y críticas no se habrían hecho esperar: por todos lados, ciudadanos contrarios a la confesionalidad del Estado reclamarían el desaguisado y exigirían que se echara atrás esa decisión. Sin embargo, al tratarse de un miembro de otra iglesia, pareciera ser que todo el mundo guarda silencio, en especial los progres, quienes prefieren no referirse al tema. Entonces, para ellos, está mal que un sacerdote católico tenga un cargo de Ministro pero no hay problema si se trata de un luterano. La coherencia y consistencia en cuanto a la securalización del Estado es tan frágil para los progresistas como la cáscara de un huevo. 

Pero también resulta curioso que, en esta competencia de doble moral, la Iglesia Católica reclame por la participación de otra denominación religiosa en cargos de Gobierno cuando sus propios representantes han tenido muchísimo poder político desde hace siglos y atacan con todas sus fuerzas y bajo amenaza de perder el alma, acusando de servir al diablo a todos aquellos que claman por la separación definitiva de los asuntos del Estado y de la Iglesia. Entonces, para ellos, está mal que los luteranos tengan algún rol preponderante en política pero no hay problema que la Iglesia Católica haga y deshaga a su antojo en la política nacional.

Sin duda, por todo lado tenemos una doble moral, cosa que parece cada vez más enquistarse en la vida de los costarricenses. Por todo lado se mira la paja en el ojo del "otro" pero se soslaya la "viga" en el propio. Hipocresía, simple y llanamenta, que por desgracia está muy presente en casi cualquier discusión en este país. 

El Estado y los asuntos públicos deben estar separados de cualquier religión. Cada quien debe tener el derecho de creer o no creer y participar en la vida pública sin que esto signifique ventajas indebidas ni discriminación para determinada denominación. Esta necesidad trasciende el debate puntual acerca de la constitucionalidad o no del nombramiento de Jiménez pues ni siquiera deberíamos estar discutiendo eso, sino la secularización total del Estado. 

Gabriel García Márquez ha muerto, pero su Macondo sigue cada día más vivo en Costa Rica. Solo aquí pueden presentarse estas situaciones propias del realismo mágico.

martes, 11 de marzo de 2014

La columna de Carlos Federico Smith: pobre Luis Guillermo y pobres nosotros

El próximo gobierno de don Luis Guillermo Solís tendrá que enfrentar serios problemas en el campo económico.  Y eso tendrá consecuencias para cada uno de nosotros. Por tanto resulta crucial que tenga éxito en su gestión, para que ella nos favorezca. Pero hay temas que están por allí, “como un fantasma” recorriendo nuestro mundito local y que deben ser encarados con toda claridad.

Empiezo por lo fiscal, aunque necesariamente sé que en esto, como en los otros temas que analizaré, debo ser breve y espero que sustancioso. 

Es un hecho que la situación fiscal es sumamente grave. Un déficit público cercano al 6.5% del PIB es complicado, no sólo en la realidad del costarricense, sino ante los ojos de quienes eventualmente tendrían que tener que ver con la economía, directa o indirectamente, como serían, por ejemplo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, las agencias clasificadoras (Moody’s, Standar and Poor’s y Ficht, principalmente). De su actitud y percepción acerca del comportamiento de la economía costarricense, dependerá en mucho lo que hagan entidades financieras privadas del exterior, así como la inversión externa presente y potencial en el país –la cual parece ser la tablita de salvación para algún grado de crecimiento de nuestra economía- y el mismo sector privado nacional.

Para resolver esta situación fiscal básicamente se han hecho tres planteamientos. Uno, que es el del Partido Liberación Nacional y que favorece Ottón Solís del PAC, que es simplemente aumentar los impuestos, por supuesto que aderezado con promesas de refreno del gasto estatal. El segundo es, me parece, el de los libertarios –aunque varios economistas que hasta hace poco estaban en sus tiendas, han propugnado por mayores impuestos- los cuales consideran que no debe ponerse más gravámenes, sino que principalmente atacar el déficit por el lado de disminuciones del gasto público. El tercero es el planteamiento que don Luis Guillermo, quien, como candidato presidencial del PAC -si bien no de algunos sectores de esa agrupación- ha dicho una y otra vez que, antes de poner nuevos impuestos en los primeros dos años de gestión gubernamental, primero ordenar, reducir, eficientizar –algo así por el estilo- el gasto público y después valorar si es necesario introducir nuevos  gravámenes.

La posición de “espera y verás” del próximo presidente, señor Solís, me parece muy razonable y atinada, dado que expresa la posibilidad de poner algún grado de orden en el desorden fiscal imperante, antes de simplemente acudir a poner mayores y nuevos impuestos, como es la posición del PLN y, de paso, aunque dicen oponerse a nuevos gravámenes, también del Frente Amplio, el cual apoyaría nuevos impuestos “siempre que fuera a los ricos”. 

En el Frente Amplio (y en Liberación) ignoran algo que en economía conocemos muy bien, como es el fenómeno de la pro-traslación de impuestos; esto es, que si “a los ricos” se les suben los gravámenes, estos los trasladarán al consumidor, aumentándoles los precios de los bienes y servicios que les venden. Asimismo, en el Frente Amplio y en Liberación ignoran otro fenómeno que los economistas también conocemos muy bien, cual es la retro-traslación de los impuestos, que quiere decir que, si se les aumentan los gravámenes, los ricos y sus empresas (así como las empresas de los no ricos), no van a contratar tanta gente como pensaban e incluso podrían hasta despedir trabajadores, a fin de mantener rentables a sus operaciones.

Hay dos pecados capitales de los proponentes de más impuestos para reducir el déficit. Hemos visto que esa es la esencia de la propuesta de Liberación, que está implícita en la del Frente Amplio y que es compartida por algunos (economistas) dentro del Movimiento Libertario y por grupos dentro del PAC. Su primer pecado es que con lo que proponen no resuelven definitivamente el problema del déficit, cual es el exceso de gasto gubernamental por encima de lo que recauda en impuestos.  Si se aumentan o crean nuevos gravámenes, simplemente el estado dispondrá de mayores recursos para poder seguir gastando, incluso hasta más que ahora, si es que el déficit actual tan elevado sirve podría haber servido para asustar en algo a los proponentes de un mayor gasto público, por las consecuencias que eso tendrá en la economía.  Si se aumenta la recaudación tributaria con más y mayores impuestos, simplemente se liberará al estado de la amarra que significa una situación de grave déficit fiscal, que, se supone (y testigo de ello es el actual Ministro de Hacienda) debería de imponer algún grado de orden y moderación en el gasto. Pero no, darle más plata al gobierno por la vía de aumentar los impuestos, es como darle droga a un adicto a la heroína: simplemente tomará una corta pausa, para luego continuar con el vicio (eso si es que el gobierno logra algo más de plata, pues los cansados contribuyentes bien podrían reducir su actividad económica imponible).

Por ello, la solución al problema de exceso de gasto público por encima de los tributos recaudados, pasa por reducir ese desbandado gasto estatal. Por lo tanto, esperanzados los ciudadanos debemos apoyar la propuesta que nos ha hecho don Luis Guillermo, cual es la de probar que, en sus primeros dos años de gobierno, es posible que el estado se modere a sí mismo, principalmente debido a una firme, clara y contundente decisión de los líderes político-económicos del gobierno. Algún escéptico me podría decir que “qué está fumando Jorge Corrales”, que “cuando ha visto que los políticos se limiten a sí mismo en lo que es el gasto”. Eso puede ser muy cierto, pero estoy dispuesto a darle la oportunidad al nuevo gobierno de que, antes de proponer nuevos impuestos ya, primero se reduzca el gasto público ineficiente y dispendioso.

Para lograrlo deberá empezar por poner orden en los conocidos disparadores del gasto, como son el aumento de la planilla estatal, el alza desproporcionada de los salarios en el sector público, principalmente de los sueldos de jerarcas altos y medios (y tanto del gobierno central, como de todas las entidades autónomas, descentralizadas y de poderes distintos al Ejecutivo), el financiamiento por todos nosotros de regímenes de pensiones de privilegio en el sector público y notoriamente en el Poder Judicial, entre otros, así como en la aprobación de nuevos proyectos de gastos por la Asamblea Legislativa, sin que se brinde el financiamiento que esos proyectos van a requerir. Estos son ejemplos de la titánica tarea que encara el gobierno de don Luis Guillermo y también todos nosotros, pues, como lo han atestiguado recientes acontecimientos en Europa, por muchos bien conocidos, cuando quiebra el gobierno, sufren fuertemente las economías privadas –esto es, los hogares, los trabajadores y empresas del sector privado, así como los del sector público, que terminan siendo despedidos y, en general, todas las familias de los costarricenses. 

El otro problema serio que enfrentará este gobierno se relaciona con la política monetaria.  Don Luis Guillermo no debe buscar la solución a los problemas cambiarios, ni de crecimiento de la actividad privada en la economía, expandiendo la política monetaria.  Aunque habrá amigos que me reprochen esta afirmación, “Remember Carazo”, que fue cuando el país terminó con la mayor inflación de mucho tiempo atrás y con la tasa más elevada de desempleo, eso se presenta cuando a una política fiscal mal manejada se le sobrepone (como sucede con el “interés compuesto”) una política monetaria mal manejada.  Ese es un peligroso coctel y los ciudadanos de las naciones que, de alguna manera, se lo tomen, sufrirán más, pero mucho más, que una simple goma. Es muy parecido a la debacle económica que hoy encara el gobierno de Nicolás Maduro y que, en la historia, no es exclusivo de ese país que ahora lo padece.  América Latina tiene una larga historia de sufrimientos por el mal manejo fiscal en conjunto con el mal manejo monetario que han proseguido autoridades irresponsables.

No sólo don Luis Guillermo tendrá que escoger gente experimentada y bien ponderada, moderada, dispuesta a entender cuándo se equivoca, para dirigir el Banco Central.  No es un lugar para experimentos, ni para poner en práctica teorías que en cierto momento pueden haber sido útiles (Keynesianismo en la Gran Depresión), que ya no son viables en una realidad de tipos de cambio variables, no fijos y que no pueden ser manipulados por largo tiempo por esas autoridades bancarias.
Es poco lo que he escuchado hasta el momento acerca del rumbo que se esperaría del Banco Central bajo el gobierno de don Luis Guillermo.  Pero creo que debe meditar cuidadosamente sus posiciones en torno al Banco Central; si se daña la moneda, se daña a todos los costarricenses, De nuevo, lo sucedido a mediados de la década de los ochenta debe estar presente en las meditaciones de don Luis Guillermo.

Otro tema crucial que enfrentará el próximo gobierno creo que ha sido evidentemente señalado por los costarricenses, cual es la falta de empleo. Así nos lo indican en numerosas y diversas encuestas, como el principal problema que hoy encaran.  Incluso lo expresan con mayor frecuencia que temas como delincuencia, narcotráfico, seguridad, de  los cuales ya nos tenían casi habituados. 

El problema de la falta de empleo está directamente relacionado con el comportamiento del crecimiento de la economía y, particularmente, porque no creo que nadie en su sano juicio pueda hoy proponer aumentar el empleo público. La clave está en que la economía privada pueda crecer más de lo que lo hace en la actualidad. Cuando hablo de empresa privada me refiero a una amplísima gama de actividades productivas, que los costarricenses llevamos a cabo a fin de generar ingresos para nuestros hogares. Ese abanico se extiende desde la gran productora de componentes electrónicos hasta la pulpería del barrio; desde la empresa bananera a la recolectora de deshechos metálicos que clama con megáfonos en los barrios, que le vendan lo que sea.  Empresa privada es lo que involucra todo el quehacer productivo de un país, desde la más poderosa a la más chiquitica; desde la más arrogante a la más humilde.  Es toda aquella que, para tomar sus decisiones, no depende de un dueño que es el estado, sino de una persona privada.

El cuidado que tendrá que tener don Luis Guillermo es dual. Por una parte, el de no caer en la trampa de gremios, que lo que buscan de un gobierno es que les den un privilegio, como, por ejemplo, la protección ante la competencia, tanto externa (aranceles), como interna (subsidios), que les permita hacer rentables o más rentables sus actividades privadas, pero a costas de eliminar la posibilidad de que el consumidor pueda ser favorecido con una competencia que abarata precios y que nos brinda una mayor diversidad de productos.

Otra labor esencial que en este tema deberá poner en práctica el gobierno de don Luis Guillermo, es brindar certeza de las reglas de juego vigentes en la economía; esto es, no hacer que sus acciones generen una incertidumbre paralizante de la inversión. Ejemplos de factores precursores de un incremento de la incertidumbre, podrían ser una amenaza permanente de instaurar nuevos y más elevados impuestos, poner mayores regulaciones absurdas y onerosas, que suelen ser cargas relativamente más pesadas para las empresas pequeñas, así como no garantizar debidamente los derechos de propiedad.  Si no existe esa certeza básica, uniforme y generalizada de las reglas de juego en la economía y si, por el contrario, se acude en la relación estado- sector privado primordialmente a satisfacer la demanda de rentas y privilegios de parte de grupos específicos del sector privado, tan sólo veremos como resultado una economía de magro crecimiento, de una débil actividad económica, de un alicaído sector productivo y de una débil apertura de oportunidades para las personas, principalmente trabajadores (excepto en el caso de los influyentes favorecidos con el privilegio), todo lo cual nos expresa con claridad que la economía no brindará los frutos deseables de progreso que favorece a toda la ciudadanía. Simplemente si se truncan las oportunidades amplias de éxito que debe poseer y brindar una economía, no habrá más que decadencia y ausencia de innovación, excepto una mayor presión de grupos organizados para que el estado les otorgue onerosos privilegios, los cuales pagaremos con creces todos nosotros. Habrá un menor pastel económico y más grupos deseosos de que el estado les entregue una mayor parte de ese pastel. Obviamente, la alternativa deseable es que haya un mayor pastel del que todos podamos participar.

Sin duda que hay muchos otros temas relevantes que deberá enfrentar el próximo gobierno.  Por ejemplo, la situación externa es muchas veces crucial para nuestra economía, pero es poco lo que usualmente se puede hacer, en especial para naciones que no poseen grado alguno de influencia en los mercados, como es el caso de Costa Rica.  De nuevo, la precaución, el ahorro, la prudencia en el gasto, que creo ha sido parte del éxito de muchas naciones de América Latina en esta crisis aún vigente en nuestras economías, deberá ser la norma que cobije el comportamiento del Banco Central. Pero también creo que será relevante la ampliación de nuestro comercio internacional, no ya con trataditos casi innecesarios con Zumbambia y Juepuchistán, sino con el sector que en estos momentos ofrece las mayores posibilidades de acoger nuestros productos (y nosotros los de ellos), como es el Asia Pacífico y su pivote en América Latina. Debemos de asegurarnos de estar bien amarrados en ese, aparentemente único en estos momentos, carro que nos dé oportunidades de crecer en los próximos años.

Debo concluir este comentario, pues no deseo que pierda su ímpetu tratando de cubrir muchos temas económicos a la misma vez.  Por ello fue que decidí básicamente concentrarme en el tema fiscal, el monetario y algo del sector económico externo. Ojalá que estas reflexiones ayuden a que nuestro país recupere el crecimiento económico, tal alicaído de estos últimos años.  Si lo logramos, la ciudadanía apreciará la labor de un buen gobierno, pues eso se traducirá en mayor empleo y más elevado ingreso familiar, que me parece es lo que hoy se anhela en nuestros hogares. Si hay un fracaso, no sólo pobre Luis Guillermo, sino también todos nosotros.

Jorge Corrales Quesada

miércoles, 8 de enero de 2014

Desde la tribuna: el gobierno nos empobrece

Hay decisiones públicas que de modo directo nos empobrecen a todos.  No hay cómo discutir ni justificar, sencillamente el poder escoge por todos, decide por todos y al final todos nos empobrecemos.

Así es el caso de la información generada por el diario digital CRHOY, que enlista los temas de la trocha mocha, la refinería china y la innegable estulticia con que se decidió romper el contrato para construcción de la carretera a San Ramón.

La suma de todas estas decisiones nos pone a pagar a todos aproximadamente 200 millones de dólares a cambio de nada.  Una trocha deshecha, unos estudios mal hecho por Recope y un rompimiento contractual desesperado y presionado.

Cuando hablamos de los bienes públicos como bienes de difuntos, nos referimos a casos como los descritos.

Muchos funcionarios públicos no entienden la gravedad de sus funciones y responsabilidades.  Festinan los bienes públicos, desperdician el tiempo de las instituciones, hacen con lo público lo que no harían con lo propio.  En el Derecho privado existe una expresión certera, que describe el empeño que debe ponerse en la administración de los bienes ajenos (por ejemplo, cargos de administración en sociedades o empresas, sucesiones, poderes, encargos, bienes de menores y demás casos).  Tal expresión se recita como la diligencia o el cuidado de un buen padre de familia.  

Pues bien, en el sector público, en la función pública, con los conceptos de Derecho público (principio de legalidad, probidad, transparencia y demás conceptos) se entiende que la diligencia y esmero deben superar en mucho el celo de un buen padre de familia.  No se trata de bienes privados sino de bienes públicos, logrados a base de impuestos (tributos pagados por los ciudadanos) y demás esfuerzos colectivos.  Arrebatados a los ciudadanos y habitantes de un país bajo el pretexto de bien común.  Entendidos como ingresos necesarios para lograr los cometidos públicos.  Sometidos a las reglas inequívocas de la técnica jurídica, la administración, la ciencia y razón para su mejor asignación.

Pero ello, de verdad, no sucede así casi nunca.  Impera el capricho, la desidia, la corrupción, la burocratización, gollerías, privilegios y demás desvíos (incluyendo la institucionalización de los medios privilegiándose sobre los fines).

Lo triste es que los recursos se pierden, se administran mal, se desvían, se contratan irregularmente.  Los casos descritos son ejemplo indubitable pero … no son sino una parte.  La descubierta, la indiscutible, la formada por partida mayúsculas.

Pero no están largo de ello la chabacanería, la corrupción, la burocratización, el amiguismo y el clientelismo.  

La desviación del poder y la desviación de recursos.  Cuando la policía ejerce brutalidad, cuando la policía usa el tiempo y el vehículo público para ir al salón de belleza, cuando se dan recomendaciones indebidas, cuando no se respeta el tiempo ni los derechos de los administrados.  Cuando hay miedo de tomar decisiones para aprobar permisos.  Cuando ni siquiera se reconoce el silencio positivo.  Cuando no se paga en tiempo una indemnización debida (como por ejemplo, la aprobada por los tribunales de justicia a la entidad supervisora que fue injustamente removida de las obras de la carretera a Caldera, porque no cohonestaba lo que malo que se hacía).

La autoridad Supervisora de Pensiones ha objetado los gastos de la CCSS en relación con los fondos del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte.  ¿Qué habría pasado si no existiera la indicada supervisión?

Hace unos meses una auditoría reveló serias irregularidades (desvíos o uso indebido de los fondos) en relación con los dineros de ahorro y préstamo que se manejan en el INVU.  ¿Acaso ello no es dilapidar, festinar y maladministrar bienes ajenos?

La lista es interminable.  Así como se dice que “el tiempo perdido hasta los santos lo lloran” la verdad es que la abulia, la desidia y la falta de diligencia en el uso de los insuficientes fondos públicos es algo más serio y grave.  Es un verdadero pecado.  Hasta Jesús fustigó, en la parábola de los talentos, la administración ineficiente del dinero administrado.  Por ello es imperdonable que hace un tiempo se detectaran irregularidades e inacción inaceptables en aproximadamente dos mil quinientos millones de colones en manos de Juntas de Educación.

Podemos seguir con otro tipo de situaciones como,  por ejemplo, los manejos portuarios en el Atlántico y la incidencia de sindicatos y convenciones mal acordadas, las gollerías de Recope (sus efectos en el tema de energía y cómo afecta a todos los consumidores), los manejos del ICE ( telefonía y electricidad más cara) y seguir con la interminable lista.

Estos comentarios surgen a raíz del rito cuatrienal de promesas y ofrecimientos irracionales de la mayor parte de los candidatos a la presidencia.  Es triste observar cómo se rajan y compiten por ofrecer más y más de los demás y menos y menos de cada uno.  Casi ninguno habla de poner al Estado en cintura, garantizar oportunidades y posibilidades de asumir vida y destino, determinar un estado jurídico que garantice el trabajo y los recursos de cada cual y la posibilidad de construirse la vida.  No, desdichadamente se compite por poner impuestos, ofrecer lo de los demás, inventar fantasmas para derribarlos con más tributación, coacción y obligaciones devenidas de más legislación y convencer a muchos de que la pobreza y la ruina se quitarán quitándole a los otros.  

A final de cuentas, pondrán más burocracia, más legislación, nos arruinan más y recibiremos menos obra y acción de una burocracia empoderada.  La misma trampa de la demagogia y el clientelismo político.  La verdad es que quienes caen en ello son cómplices de la corrupción, el endeudamiento y la pobreza.

Federico Malavassi Calvo

jueves, 17 de octubre de 2013

Jumanji empresarial: es absurdo desincentivar el ingreso de capitales

No encuentro en la literatura económica un solo argumento que hable de la necesidad de evitar el ingreso de capitales. ¡Todo lo contrario! El ingreso de capital, sea de corto o largo plazo, viene a sumar al ahorro nacional. Sin ahorro, no puede haber inversión, ni crecimiento, ni generación de empleo. Por tanto, ningún ahorro podrá ser jamás fuente de inestabilidad económica.

Cuando un capital extranjero compra un título valor en colones, se está prestando recursos al emprendedor costarricense y la única manera de que este último honre dicha deuda es que su actividad sea productiva. Por tanto, es absurdo por definición, un proyecto de ley que pretenda desincentivar el ingreso de capitales no productivos de los productivos. Si el capital extranjero fuera utilizado en actividades no productivas, éste no podría jamás recuperar su inversión.

En teoría económica, el especulador cumple una función estabilizadora -sí, estabilizadora- porque es quien logra anticipar cambios en variables fundamentales en la producción y con ello hace que los cambios en cantidades y precios sean más estables y menos volátiles que en ausencia de especuladores.

El incremento en las reservas monetarias internacionales (RMI) del 2012 fue tan solo una pequeña fracción del incremento en las RMI que Costa Rica ha experimentado desde el 2004. El ingreso de capitales no es un fenómeno de corto plazo sino de largo plazo que se viene manifestando de manera constante desde hace 10 años. La apreciación del colón es inevitable. Dicha apreciación significaría que caería el precio de todos los bienes importados, incluyendo la gasolina, lo cual implica un incremento en el salario real de todas las personas que ganan en colones. ¡Excelente noticia!

Los problemas no surgen de los especuladores sino de los gobiernos que tratan, con políticas de corto plazo, evitar los cambios fundamentales que se van manifestando en la economía. El problema actual es que el Banco Central de Costa Rica se empeña en mantener un tipo de cambio de manera artificialmente alto. La historia económica nos enseña que toda burbuja financiera, o crisis económica, surge con políticas del gobierno de corto plazo negando los ajustes de largo plazo. ¡Así sucedió en la Administración Carazo Odio! Por tanto, por el bien de Costa Rica, archivemos ya el proyecto de “Ley para Desincentivar el Ingreso de Capitales Externos”.

José Joaquín Fernández

martes, 8 de octubre de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: hombre rico y hombre pobre


Pronto se escuchará el mantra de que “los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres”. Eso se suele oír cuando alguien o algunos proponen mayores o nuevos impuestos. Esa frase tiene la virtud de exaltar la presunción de que el rico es, de alguna forma, una persona que ha obtenido ingresos mal habidos o que para poder enriquecerse tiene que haber causado algún daño a alguien.

Hace poco encontré un comentario muy interesante del columnista Daniel Henninger, quien escribió lo siguiente, al leer un documento presupuestario del gobierno, el cual señala que 

“No hay nada malo con hacer dinero, pero hay algo malo cuando dejamos que se sesgue tanto la igualdad de condiciones (“playing field”) en favor de tan pocos… Es un legado de irresponsabilidad y es nuestra obligación cambiarlo.”

Henninger ripostó que

“El lenguaje rencoroso usado para describir a estos contribuyentes (de impuestos), evidencia con claridad que, como un asunto de política pública, a ellos se les obligará a 'pagar por' el hecho de poseer riqueza –sin importar cuántos de ellos trabajaron honesta y honorablemente para producirla.” (Ambas citas provienen de Steve Forbes and Elizabeth Ames, How Capitalism Will Save Us, New York: Crown Business, 2009, p. 110.)

Criticar a los ricos suele ser políticamente rentable.  Los políticos a menudo hablan en términos de “ellos” los ricos versus “nosotros” los pobres, por supuesto que dejando de lado el hecho de que muchos se enriquecen a través de prebendas resultantes de su influencia política. Pero aun así, esos hombres públicos no son capaces de darse cuenta o prefieren ignorar, el hecho de que posiblemente hay mucho más individuos quienes se enriquecer sirviendo a las demás personas, al atender o satisfacer sus deseos y necesidades.  

En muchas ocasiones se han hecho fortunas al actuar los ricos claramente en la satisfacción de los consumidores relativamente más pobres.  Es, tan sólo un ejemplo, el caso de Henry Ford, quien produjo su famoso modelo T mediante técnicas productivas novedosas.  Hizo de éste el vehículo que los pobres podían adquirir.  Los ricos amigos de Ford podían comprar otros vehículos de marcas caras, pero los relativamente más pobres pudieron obtener los vehículos de Ford. Con esto, Ford logró un enorme enriquecimiento personal de los pobres. Tanto Ford como los consumidores pudieron vivir mejor: aumentó su riqueza.

El facilismo con que se esgrime el conflicto entre “ricos” y “pobres”, en especial para lograr la aprobación de mayores impuestos, oculta el hecho frecuente en la historia de la humanidad, cual es que muchos de los bienes que hoy pasan casi sin ser notados, inicialmente se produjeron para satisfacer los deseos de grupos de ricos relativamente pequeños. Piense el lector nada más, por un momento, en la evolución que han tenido artefactos usados para alimentarse, como, por ejemplo, las cucharas o los tenedores. Primero se produjeron exclusivamente para los señores de las cortes, pero la habilidad de los empresarios para producirlos en masa y que fueran más, pero mucho más baratos, permitió que se hicieran presentes en los hogares de las personas relativamente más pobres. Tal fenómeno es altamente conocido por cualquier historiador y es casi característico de todos los bienes, que inicialmente suelen ser producidos para unos pocos, usualmente ricos, pero que luego llegan ser adquiridos por los grupos más pobres de las sociedades.

El hecho de brindar un bien o un servicio para el uso de las grandes masas, es la razón por la cual se han enriquecido muchos individuos. Estos estuvieron dispuestos, en momentos cruciales, a proveer el capital necesario para poder realizar las inversiones, edificaciones y la producción de maquinaria requeridas, así como también a asumir el riesgo de fracasar en su empeño. También crearon empresas que generaron múltiples empleos y fueron capaces de innovar productivamente en los mercados, siempre teniendo en mente la posibilidad de mejorar la situación existente por medio de la competencia.  

Cuando uno compra una computadora no se pregunta si con ello se va a favorecer a un rico como Bill Gates, sino, más bien, si, por lo que paga aumenta su bienestar; es decir, si el beneficio que le brinda una computadora es mayor que el costo de adquirirla y operarla. Acaso cuando uno voluntariamente va a comprar a Wallmart lo hace porque son gringos o porque les caen bien. Lo hace porque allí los productos son mejores o más baratos o ambos o bien porque les queda más cerca.  

Es así como se han enriquecido muchos empresarios, al buscar satisfacer la demanda de los consumidores, quienes casualmente suelen ser aquellos grupos más numerosos.  Esos empresarios ricos normalmente son más acaudalados que el promedio de los individuos en sociedad, pero el hecho es que comparativamente los menos ricos suelen ser un número abrumadoramente mucho mayor.  Lo que en la jerga de la “administración de negocios” se suele llamar “mercados de masas”, muy a menudo es el blanco de los propósitos de venta de los ricos. 

Ello explica por qué se anuncia tanto, masivamente, en las transmisiones televisadas de los juegos de fútbol de nuestra selección, en comparación con la publicidad que se hace en las transmisiones de, digamos, un partido de golf o de regatas de yates. Claramente hay un número mucho mayor de televidentes, el cual suele ser menos rico que el promedio de los vendedores antes mencionados. Por el contrario, los ricos aficionados al golf o a los yates suelen ser una cantidad mucho menor. Por eso los anunciantes pagan tanto por transmitir su publicidad en los juegos de fútbol de nuestra selección y poco por la de esos otros juegos. En los primeros el mensaje le llega a la masa relativamente más pobre, que es mucho más grande que los relativamente pocos ricos que miran programas de golf o de yates.

La riqueza también la pueden obtener algunos si el estado deliberadamente se los faculta.  Por ejemplo, cuando el estado otorga un status monopólico a algún empresario o cuando decreta aranceles que encarecen artificialmente un bien importado, obligando al consumidor a adquirir el bien producido domésticamente a un precio mayor o de una calidad menor. Cuando el estado interviene para evitar la competencia que favorece al consumidor, permite que el empresario protegido se enriquezca artificiosamente. Se da un enriquecimiento a costas del bienestar del consumidor. Esta procedencia de la riqueza difiere radicalmente de aquella que el empresario obtiene al servir al consumidor.

Por razones como estas es que los liberales nos oponemos a que el gobierno le otorgue privilegios a algunos y no a la generalidad. No consideramos deseable que se puedan enriquecer en detrimento del bienestar del consumidor, quien posiblemente es más pobre que el promedio de esos empresarios protegidos.  

También muchos ignoran que los ricos no son siempre los mismos a lo largo del tiempo.  Brindo un ejemplo de los Estados Unidos, pues para ese país si se dispone de la información necesaria: 

“Más de un 90 por ciento de las personas que obtuvieron ingresos en los Estados Unidos en 1975, estaban en el 20 por ciento más bajo, pero tuvieron un estándar de vida más alto en 1991. De hecho, más de la mitad de aquellos que en 1975 estuvieron en el fondo, tuvieron en 1991 un estándar de vida más alto que el obtenido por el estadounidense promedio en 1975. Aún en términos relativos, más de aquellos quienes estuvieron en el 20 por ciento más bajo en 1975, lograron el 20 por ciento superior en 1991, en comparación con aquellos que permanecieron en el 20 por ciento inferior. En efecto, una mayoría absoluta de aquellos que estaban en el 20 por ciento inferior en 1975, en algún momento durante esos 16 años habían logrado ascender al 20 por ciento más elevado.” (Thomas Sowell, Basic Economics: A Citizen's Guide to the Economy, New York: Basic Books, 2000, p. 168).

La competencia, entendida como la libre entrada y libre salida a los participantes en un mercado, es clave para minimizar una distribución estática de los ingresos en una sociedad.  Los ganadores bajo un régimen competitivo ascienden, en tanto que los perdedores van descendiendo. La movilidad entre grupos de ingresos suele ser lo normal en una economía de mercado competitiva. Como dice Sowell,

“Aún entre los millonarios, los estudios muestran que cuatro quintos de ellos no heredaron sus fortunas, sino que las lograron durante sus propias vidas. Las grandes fortunas históricas de los Estados Unidos –Carnegie, Ford, Vanderbilt, etc.- fueron a menudo generadas por personas que comenzaron en circunstancias modestas y hasta humildes. Richard Warren Sears, Aaron Montgomery Ward y James Cash Penney, todos comenzaron trabajando para mantenerse a sí mismos en trabajos inferiores cuando jóvenes, incluso como jóvenes a quienes hoy no se les permitiría trabajar, según las leyes actuales sobre trabajo infantil, aunque todos eventualmente surgieron para convertirse en ricos fabulosos, como creadores de cadenas de tiendas que llevaron esos mismo nombres.

Historias similares se pueden contar acerca de un joven Henry Ford, quien insatisfecho con su trabajo agrícola, caminó ocho millas hasta Detroit en busca de un trabajo.  David Sarnoff, quien más tarde en su vida llegó a crear la red de televisión NBC, también empezó trabajando para mantenerse a sí mismo cuando era joven.  También lo hizo un joven inmigrante trabajador del sector maderero llamado Frederick Weyerhauser, quien terminó estableciendo un imperio de productos de madera.  Un vendedor de edad mediana, que hacía $12.000 al año, terminó creando McDonald's, el imperio de comida rápida de casi 25.000 restaurantes que literalmente le da la vuelta al mundo.  La lista continúa y continúa.” (Thomas Sowell, Op. Cit., p.p. 168-169).

Es notable destacar que muchos de los millonarios a que se ha hecho mención en los párrafos previos y que escalaron los niveles más altos de ingresos en cierto momento, ahora ya ni aparecen ni ellos ni sus herederos y muchos claramente han visto sus fortunas familiares diluirse por el impacto de la competencia.

En resumen, es necesario entender cómo es que ciertos empresarios logran obtener su riqueza, sirviendo esencialmente a consumidores, quienes comparativa e individualmente poseen ingresos menores.  Esa vocación de servicio debe ser tomada en consideración cuando se presume que hacer fortuna es algo indebido, propio de privilegiados y hasta inmoral y, por lo tanto, causal de ser objeto de impuestos que, de alguna manera, compensen dicha injusticia. Tal es la esencia del pronunciamiento estatal al que anteriormente se refirió el comentarista Daniel Hemminger, arriba citado. Declaración que ignoró que hay ricos quienes surgen por el alero protector de la política y no de los negocios o son el resultado de una mezcla de actividad empresarial, en donde un estado les protege de la competencia beneficiosa para los consumidores. Pero también no acepta la premisa de que hay muchos otros quienes surgen cuando satisfacen los deseos y necesidades de los consumidores soberanos.

Es necesario sopesar el grado en que la pretensión de lograr dinero (riqueza) mediante un esfuerzo productor, en donde se asumen riesgos y muchas veces se fracasa, se convierte en un motor de dinamismo esencial en una economía que debe evolucionar, para poder adaptarse eficientemente a nuevas circunstancias.  Si con impuestos descabellados y sancionatorios se anula ese incentivo, es muy posible que el estancamiento y el enriquecimiento indebido sean la norma, en vez del logro de la mayor producción posible al servicio del mayor número de personas, usualmente de menores ingresos relativos en la sociedad.

Jorge Corrales Quesada