¡Alerta! La acción depredadora del Estado pone en peligro el futuro de micro empresarios financieros, al querer gravar con un impuesto de $200 por año a las sociedades anónimas.
En el pasado, las familias y las comunidades se preocupaban de sus familiares y vecinos sin esperar que el Estado los asistiera. Las organizaciones privadas y conformadas por propietarios, cumplían tanto la función de proveer soluciones de consumo como de asistir a aquellos con necesidades y sin recursos para subsistir. Cuando gobiernos estatistas asumieron la tarea de ayudar a los necesitados, muchas de estas organizaciones se convirtieron en simples entidades comerciales y perdieron su naturaleza comunitaria; o sea, se perdió reciprocidad equilibrada en la sociedad y el Estado creció descontroladamente, aumentando la reciprocidad negativa.
Proyectos como las Empresas de Crédito Comunal (ECCs), promovidas por FINCA (Fundación Integral Campesina), van orientados precisamente a devolver este poder de propietarios a la gente en las comunidades. La meta de cualquier individuo, en una sociedad de propietarios, es la de acumular e invertir a lo largo del tiempo, con el fin de obtener en el futuro rentas patrimoniales propias que le permitan una mayor autonomía y seguridad financiera. Dicha autonomía le permitiría a cada individuo satisfacer sus necesidades crecientes sin verse sometido a factores anti-riqueza, como la dependencia de un único sueldo, las trabas burocráticas y la mediocridad de un sistema público de pensiones.
A partir de tal premisa, se forja hoy en día -independientes del sistema de reparto del Estado- toda una red de empresas de crédito comunal, formadas por FINCA, que se está convirtiendo rápidamente en un modelo de desarrollo rural y urbano nunca antes visto en el país. La base del modelo citado son estas ECCs, que tienen carácter local y están constituidas jurídicamente, y cuyo capital se forma mediante la venta de acciones a hombres y mujeres de las comunidades que, por lo general, no cuentan con acceso al crédito en instituciones financieras tradicionales. El fin primordial es el de brindar crédito y obtener ganancias: he aquí el meollo del asunto. Al ser todos propietarios de la empresa, las utilidades son esenciales y de interés común. No hay fin más noble que este.
Si la producción es el proceso por medio del cual se crean los bienes económicos, haciéndolos susceptibles de satisfacer necesidades humanas, o sea incorporándoles utilidad, el capital es la energía potencial necesaria para que todo el proceso se pueda dinamizar. Las Empresas de Crédito Comunal vienen a potenciar la formación de capital en comunidades como Santa Fe de los Chiles, La Florida de Santa Cruz y Amubri de Talamanca. Las Empresas de Crédito Comunal son un medio de capitalización, tanto individual como colectiva, que permite a los socios micro empresarios, administrar sus costos de oportunidad, de una manera efectiva y de esta forma prosperar, sin convertirse en parásitos del Estado. Es esencial que exista una figura por medio de la cual se dé la capitalización individual, exenta de altos costos de transacción. Para este efecto, la figura ideal, es indiscutiblemente la sociedad anónima.
El Gobierno estaría cometiendo un gravísimo error al aumentar los costos arbitrariamente, e impedir que estos microempresarios puedan acceder a una figura como la sociedad anónima para iniciar su proceso de capitalización individual. Esta acción seria, no solo inconveniente, sino que inmoral.
Andrés I. Pozuelo Arce
En el pasado, las familias y las comunidades se preocupaban de sus familiares y vecinos sin esperar que el Estado los asistiera. Las organizaciones privadas y conformadas por propietarios, cumplían tanto la función de proveer soluciones de consumo como de asistir a aquellos con necesidades y sin recursos para subsistir. Cuando gobiernos estatistas asumieron la tarea de ayudar a los necesitados, muchas de estas organizaciones se convirtieron en simples entidades comerciales y perdieron su naturaleza comunitaria; o sea, se perdió reciprocidad equilibrada en la sociedad y el Estado creció descontroladamente, aumentando la reciprocidad negativa.
Proyectos como las Empresas de Crédito Comunal (ECCs), promovidas por FINCA (Fundación Integral Campesina), van orientados precisamente a devolver este poder de propietarios a la gente en las comunidades. La meta de cualquier individuo, en una sociedad de propietarios, es la de acumular e invertir a lo largo del tiempo, con el fin de obtener en el futuro rentas patrimoniales propias que le permitan una mayor autonomía y seguridad financiera. Dicha autonomía le permitiría a cada individuo satisfacer sus necesidades crecientes sin verse sometido a factores anti-riqueza, como la dependencia de un único sueldo, las trabas burocráticas y la mediocridad de un sistema público de pensiones.
A partir de tal premisa, se forja hoy en día -independientes del sistema de reparto del Estado- toda una red de empresas de crédito comunal, formadas por FINCA, que se está convirtiendo rápidamente en un modelo de desarrollo rural y urbano nunca antes visto en el país. La base del modelo citado son estas ECCs, que tienen carácter local y están constituidas jurídicamente, y cuyo capital se forma mediante la venta de acciones a hombres y mujeres de las comunidades que, por lo general, no cuentan con acceso al crédito en instituciones financieras tradicionales. El fin primordial es el de brindar crédito y obtener ganancias: he aquí el meollo del asunto. Al ser todos propietarios de la empresa, las utilidades son esenciales y de interés común. No hay fin más noble que este.
Si la producción es el proceso por medio del cual se crean los bienes económicos, haciéndolos susceptibles de satisfacer necesidades humanas, o sea incorporándoles utilidad, el capital es la energía potencial necesaria para que todo el proceso se pueda dinamizar. Las Empresas de Crédito Comunal vienen a potenciar la formación de capital en comunidades como Santa Fe de los Chiles, La Florida de Santa Cruz y Amubri de Talamanca. Las Empresas de Crédito Comunal son un medio de capitalización, tanto individual como colectiva, que permite a los socios micro empresarios, administrar sus costos de oportunidad, de una manera efectiva y de esta forma prosperar, sin convertirse en parásitos del Estado. Es esencial que exista una figura por medio de la cual se dé la capitalización individual, exenta de altos costos de transacción. Para este efecto, la figura ideal, es indiscutiblemente la sociedad anónima.
El Gobierno estaría cometiendo un gravísimo error al aumentar los costos arbitrariamente, e impedir que estos microempresarios puedan acceder a una figura como la sociedad anónima para iniciar su proceso de capitalización individual. Esta acción seria, no solo inconveniente, sino que inmoral.
Andrés I. Pozuelo Arce
