Desde días atrás, se presentó un proyecto de ley que en ASOJOD queremos comentar. Se trata de la iniciativa del Movimiento por un Estado Laico, que procura modificar los artículos 75 -confesionalidad del Estado- y 194 -juramento constitucional- de nuestra Constitución Política.
En primer lugar, consideramos que se trata de un excelente esfuerzo por impregnar de racionalidad a la vida política costarricense y por separar, definitivamente, a la Iglesia y al Estado. San Agustín, en su escrito "La ciudad de Dios" hablaba de las dos espadas: la temporal, que estaba en poder del Emperador, y la divina, en manos del Papa, para referir, aunque fuera de una manera arcaica, la separación entre ambas entidades. A pesar que, en el fondo, esa disquisición agustina no fue más que una forma solapada de justificar las luchas de poder entre Papado e Imperio, resultó en un interesante aporte dentro de la Teoría Política que, para algunos pensadores, fue el punto de partida para iniciar la reflexión acerca de la conveniencia o no de que ambas "espadas" estuvieran en manos de la misma persona. Desde mediados del siglo XVI, comenzó en Europa un pequeño pero constante movimiento filosófico orientado a consolidar esa separación, primero con las luchas de los diferentes grupos religiosos para lograr reducir la injerencia de la Iglesia Católica en los destinos políticos de los estados-naciones que comenzaban a formarse y cristalizándose posteriormente con el influjo liberal de los siglos XVIII y XIX que garantizó la libertad de culto y la salida de la Iglesia de muchas áreas (administración de cementerios, educación, legalización del divorcio, etc) en muchos de los países.
A partir de eso, en las últimas décadas, los individuos de diferentes naciones han venido tomando la decisión de eliminar la confesionalidad del Estado, dando un paso importante hacia la libertad de culto y la sensatez política. Hoy día, Costa Rica es de los poquísimos países donde existe una religión oficial, siendo esta una muestra del anacromismo y el conservadurismo que caracteriza a nuestra cultura.
Por eso, en ASOJOD consideramos muy positivo que se abran las puertas a esta posibilidad, pues ya es hora que, de una u otra manera, se saque a la Iglesia Católica del manejo político del país. Esto porque la libertad de creencia ―y de no creencia inclusive―sólo puede darse cuando existe un Estado laico, ya que es la única forma de asegurar la igualdad jurídica. Cuando, en el seno de la organización político-jurídica, no existen preferencias irrazonables a favor de un grupo específico, sino que el mismo se erige como neutral y equitativo en su trato hacia los individuos, posiciones, creencias, valores, visiones de mundo y otros, es cuando se puede hacer efectiva una real libertad de creencia.
Pero también porque sin la confesionalidad del Estado, se acaba la estupidez de trasladar los recursos de los
tax payers -independientemente de si comparten o no el credo católico- para financiar a esa Iglesia. En este año, el Estado aportó ¢244 millones para la Iglesia y para el año próximo, tal cifra aumentará hasta los ¢322 millones. Esto, indudablemente, es una aberración, pues implica hacer de unos los medios para que otros alcancen sus fines, principio que en ASOJOD hemos rechazado vehementemente.
Hay aún más razones para apoyar esta iniciativa, como lo es, por ejemplo, la ridiculez que resulta, en términos conceptuales y lógicos, la confesionalidad. El Estado no es una persona: no piensa, no habla, no come, no baila, no siente, no hace nada, porque es tan sólo una creación jurídica. En otras palabras, es una forma de organización política en que habitan una serie de individuos, todos ellos con diferentes criterios, opiniones, prácticas, pensamientos, intereses y valores. Como sólo esos individuos pueden tener una fe, lo que en realidad implica la confesionalidad es que la creencia de un grupo se imponga sobre las de otros grupos.
¿Qué significa esto? Que un conjunto de individuos se vale de su poder -político, económico, cultural, etc- para arrogarse la representación de todos en el pleno sentido de la palabra. O sea, hace uso de la falacia del todo, pretendiendo agrupar, bajo sus ideas, a un colectivo variado y plural, soslayando, sino aplastando, cualquier manifestación de disenso.
Esa situación está presente con la falacia
ad numerum que alegan muchos católicos para justificar la confesionalidad. Aducen que, siendo que la mayoría de los costarricenses tiene esa denominación religiosa, resulta lógico que el Estado (el todo cohesionado y uniforme) tenga esa misma creencia. He aquí un elemento interesante: hacen pasar a la mayoría como un todo, cuando evidentemente, esto no es así. Y si eso no es suficiente, alegan que la mayoría, por su propia fuerza, tiene derecho a imponer lo que considere justo y deseable.
Un concepto como ese no puede más que generar el repudio departe de ASOJOD. La frase de Rand que adorna la parte final de nuestro blog, resume acertadamente uno de nuestros pilares fundamentales: "la menor minoría en la Tierra es el individuo". Como individualistas, rechazamos cualquier concepto holista, pero principalmente, negamos la validez de cualquier práctica tendiente a pisotear los derechos individuales, razón por la cual, jamás aceptaremos que la mayoría tenga el derecho de imponer medidas que violenten injustificadamente los tres elementos fundamentales de todo ser humano: su vida, su libertad y su propiedad privada.
Por eso no sólo estamos en contra de que se pretenda hacer pasar el criterio de unos (por más mayoría que sean) por encima de la posición individual, sino que también, condenamos el robo sistemático que ejecutan el Estado y la Iglesia cuando sustraen el dinero de las personas y lo utilizan en el mantenimiento de una fe que no comparten. Siendo así, apoyamos cualquier intento por sacar a dios, a la Iglesia -católica, evangélica, budista, taoísta, judía o cualquier otra- de la política. Quien quiera creer en esas cosas, que lo haga, pero que no pretenda hacer de su fe y su deidad, un parámetro para regular las relaciones entre individuos que no lo comparten.
No obstante, ya vemos que el camino que tendrá que recorrer este proyecto de ley será difícil: la Iglesia Católica ya ha salido amenazando a todo aquel político que respalde la iniciativa, levantando un polvorín y jugando con la ignorancia popular -al mejor estilo de la Edad Media-para preservar sus intereses a toda costa. Eso demuestra la
influencia de la religión en la política costarricense, cuestión que ya hemos denunciado en ASOJOD como un verdadero peligro para la libertad y la sensatez del conjunto humano que habita en este país.