La columna de Carlos Federico Smith: problemas con los préstamos de CONAPE

La Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE) es la institución gubernamental dirigida a financiar esencialmente a estudiantes universitarios (así como del INA), mediante préstamos con intereses relativamente subsidiados (creo que, a la fecha, es del 6% anual.) El estudiante empieza a pagar el préstamo recibido después de concluir sus estudios.
 

Sin embargo, como se presenta en el artículo de La Nación del 3 de setiembre, “Cierre de crédito en CONAPE afectó a 1.000 universitarios,” se han presentado situaciones que no sólo han afectado los montos financiados, sino que, también, podrían dar lugar a problemas de recuperación de los préstamos, lo que brindaría, tal vez, una oportunidad interesante de mejorar este sistema de becas.
 

A principios de este año, la entidad anunció que reduciría el financiamiento para una serie de carreras universitarias las que, supuestamente, se consideraba que tenían poca demanda laboral, además debido a restricciones presupuestarias en este año 2019. En el caso concreto, “la administración de CONAPE decidió no financiar más un total de 36 carreras, incluidas Nutrición, Medicina, Mercadeo, Periodismo, Turismo, Farmacia, Antropología y Educación, entre otras.” Obviamente, es de asumir que las autoridades educativas pueden predecir que hay “menos futuro económico” en esas carreras, que en otras que están dispuestas a financiar, lo que plantea el problema lógico de si es deseable que el gobierno, por medio de CONAPE, pueda predecir con exactitud que eso será así, además de que limita la elección, por vocación o placer, de los estudiantes acerca de qué carrera universitaria seguir.
 

Tal restricción es entendible en la forma en que actualmente se recuperan los préstamos una vez que el estudiante empieza a trabajar al terminar sus estudios, de forma que así el prestatario limita el riesgo, en algún grado, de recuperar préstamos otorgados a esas carreras menos “rentables”. Pero, a uno le queda la inquietud de si deberían establecerse mecanismos contractuales entre estudiantes deudores y CONAPE, para estimular que laboren mediante ciertas formas de contrato de pasantía, por un cierto número de horas, que estimularía a que el estudiante buscara asociar su carrera con los ingresos futuros esperados para pagar sus obligaciones.
 

Tal vez podría servir como base de ideas, el artículo del economista Josh Reini, “Los ACIs: la solución de Friedman a la crisis de los préstamos a estudiantes,” cuya traducción al español puede encontrarse en mi muro en Facebook (jorge corrales quesada o Jcorralesq Libertad), en donde lo publicaré mañana miércoles 1 de octubre, lo que permitirá que haya un mayor conocimiento respecto al tema. [Ver https://fee.org/articles/isas-the-friedman-solution-to-the-student-loan-crisis/, si bien en idioma inglés y referido a la crisis en los préstamos universitarios en los Estados Unidos.] Las ideas del artículo podrían ser útiles al país, incluso por el hecho de que hoy son similarmente aplicadas en Australia, mediante un programa estatal de becas universitarias, ligadas al impuesto sobre la renta futura del beneficiario del préstamo.
 

Volviendo a la situación actual del FONABE, el saldo de préstamos, a junio del 2019 y en comparación con un año atrás, aumentó sólo un 3.3%, lo que contrasta con “el crecimiento promedio anual del 17.7%, reportado entre el 2016 y el 2017.” Asimismo, la cantidad de créditos cayó en 1.642 préstamos, mientras que “en los tres años previos creció en 500 o más.”
 

Es igualmente preocupante que la parte de créditos que está en mora para la recuperación de CONAPE, “pasó de 12.9% a 14.8% de julio del 2018 a julio del 2019.” Por mora se entiende a los atrasos en los pagos de más de 90 días hasta aquellos que ya están en cobro judicial.
 

Además, se restringieron los fondos prestables “de ¢37.000 millones a ¢19.000 millones,” en parte por una caída del 38% (¢12.726 millones) del aporte obligatorio a CONAPE de los bancos comerciales, cuyas utilidades descendieron este año.
 

Tal vez es la hora de que el estudiante pueda financiarse en sus gastos de matrícula, colegiatura y de gastos para vivir, participando en contratos de pasantía por el cual pueden trabajar cierto número relativamente bajo de horas a la semana, en actividades remuneradas y que servirían para mejorar las posibilidades del estudiante para encontrar empleos mejor pagados, una vez graduados. Contractualmente el riesgo se asumiría conjuntamente por las entidades que hacen el préstamo, ojalá entidades privadas, así como por el estudiante, lo que mejoraría el mercado de crédito estudiantil.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: reserva de JAPDEVA se usó para otra cosa y ahora tendremos que asumirla

Una vez más se evidencia la irresponsabilidad de JAPDEVA. Resulta que compró unas grúas y otros equipos en alrededor de $16 millones, que hoy actualmente se usan muy poco. Lo increíble es que, al menos los fondos para las grúas, que costaron ¢15.000 millones, provinieron de una reserva que la institución había hecho para pagar las prestaciones de sus trabajadores, ante la eventual fuerte reducción de operaciones que habría cuando empezara a funcionar APM Terminals. 

Según lo indicó la anterior presidente ejecutiva de esa entidad, Ann McKinley, hubo tres razones para cambiar el giro al que estaban destinados aquellos fondos. Uno, que se debería “aumentar el perfil competitivo en un marco complementario” con la Terminal de Contenedores de Moín; segundo, que las proyecciones financieras de JAPDEVA no “incluían una disminución extrema del volumen de la carga,” y tercero, “porque todo el personal era necesario para las actividades en desarrollo.” Esto lo consigna el artículo de La Nación del 24 de julio, “Exjerarca de JAPDEVA justifica compra de grúas subutilizadas.” La decisión se dio porque “las instrucciones eran cumplir con las metas programadas,” supuestamente del presidente de aquel entonces, Luis Guillermo Solís.

Mientras que, en cierto momento de la comparecencia ante la Asamblea Legislativa, la señora Ann McKinley, según indica el medio, dijo, “primero, que los fondos no se guardaron para liquidar a los empleados” pues no se previa una caída tan fuerte al entrar en operación el nuevo puerto, pero, luego, dijo que faltaron estudios que previeran ese impacto: “Sí, se hizo un estudio. En un primer momento la proyección era de 60% (de pérdida de carga); en un segundo momento, la estimación paso a 70% en 2017.” Entonces, sí se sabía de esa caída y aun así compraron grúas, asumiendo que siempre tendrían un alto volumen de carga en contenedores. 

Pero, hay más. Según declaraciones de la nueva presidenta ejecutiva de JAPDEVA, señora Andrea Centeno, esas grúas que se compraron “son especializadas para contenedores” y precisamente lo que haría APM Terminals, a partir del 2018, cuando obtuvo la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), era movilizar contendedores.  JAPDEVA sabía eso desde el 2012, al darse la concesión a APM del nuevo muelle y aun así se compraron esas grúas en octubre del 2015, por decisión de su Junta Directiva. La información está en La Nación del 10 de agosto, bajo el titular “JAPDEVA compró grúas para contenedores a sabiendas que las usaría muy poco.”
 

Además, a pesar de que desde el 2012 se le había indicado a JAPDEVA que debería reducir el tamaño de su personal, no lo hizo y la reserva para prestaciones establecida anteriormente en la administración Chinchilla (antes del 2014), se desvió hacia la adquisición de esas grúas. Esas grúas llegaron al país en agosto del 2017, pero no funcionaron eficientemente debido a fallas eléctricas, entrando en operación (en realidad, a medio operar, pues no había suficiente carga por contenedores para procesar) sino hasta febrero del 2018.
 

Ahora bien, ante la falta de plata para pagar sus prestaciones, JAPDEVA le pidió a la Asamblea Legislativa la aprobación de un presupuesto extraordinario para cubrir la planilla de 1.180 plazas. Aparentemente pronto se aprobará el proyecto, por el que “el dinero se empleará en financiar la liquidación de hasta el 80% del personal de JAPDEVA, mediante el pago de las prestaciones sociales” y, vean el obsequio de fondos públicos, con “bonos extra por cese y un subsidio para los que estén prontos a jubilarse.” Eso sí, se consideró que el monto presupuestado no será sino un préstamo, que JAPDEVA deberá devolver y que no sobrepasará de ¢10.000 millones.
 

Me atrevo a pensar que JAPDEVA nunca podrá devolver esa plata de los costarricenses. Cuando venza el plazo del préstamo, ni siquiera se acordarán de por qué era que se debía. O sea, salada la generación de contribuyentes de ese momento futuro, pues pasarán por pérdidas ese préstamo y tendrán que hacerle frente al vencer sin recuperación. Tal vez si vendieran los activos que le quedan a JAPDEVA a la empresa privada, para que esta lleve a cabo proyectos rentables con ellos (pues si no rápidamente quiebran), se podrá recuperar algo de ese bejuco a los contribuyentes.

Jorge Corrales Quesada