La columna de Carlos Federico Smith: la nueva aventura innovadora del Gobierno

Hace pocos días, el presidente de la República, don Carlos Alvarado, públicamente estimuló el debate acerca de cómo debería promoverse la innovación en el país. En concreto, indicó que apoyaba que RECOPE se propusiera desarrollar tecnología supuestamente innovadora, en el campo de energías provenientes del sol, el aire, el hidrógeno y la biomasa.
 

Para tal fin, propuso crear una entidad estatal, que llamó ECOENA, siglas de “Empresa Costarricense de Combustibles y Energías Alternativas, Sociedad Anónima,” resultado de la transformación de RECOPE, que incluso dejaría de ser un monopolio y operaría en condiciones de libre competencia. (Aún no es claro cómo se financiará a ECOENA).
 

Esa transición de RECOPE sería algo propio, sin tener que “esperar” los desarrollos tecnológicos de otras partes del mundo, para ser puestos en práctica lo más pronto posible y en donde el mercado no sea simplemente el que realice esa transformación.
 

Me da la impresión de que el presidente no está bien aconsejado, pues supone que la innovación no es sino resultado de una acción gubernamental, que puede prescindir del mercado y que, además, podemos aprovecharla sin tener que depender de la innovación de otros países.
 

La innovación no suele surgir de la decisión de un funcionario gubernamental o de una política de gobierno, la que, al fin de cuentas, no es más que el resultado de una decisión de un grupo de políticos. Se equivoca en que esa sea la forma en que operan la economía nacional y global, que hace que surjan los adelantos tecnológicos. Se requiere más que la voluntad gubernamental; en particular, toda una serie de incentivos que inviten a las personas a ver cómo se puede satisfacer mejor y de manera más económica, una serie de necesidades humanas. No es suficiente con tener el capital (ya sea puesto por el gobierno o por socios privados), ni disponer de las instituciones sociales (¿será ECOENA esa institución suficiente?), ni nuevas ideas (en particular, las que se les puedan ocurrir a funcionarios públicos o a empresarios privados en busca de rentas). Es esencial que haya voluntad para pensar y actuar de forma creativa, tal como sucede en los mercados competitivos y en una sociedad de mercado.
 

Los incentivos en los mercados en donde se han desarrollado eficientemente las innovaciones tecnológicas, estimulan el surgimiento de la invención cuando se espera que genere beneficios, que, de paso, no sólo beneficiarán a quienes la crean, sino a quienes reciban sus resultados en productos y servicios mejores y más baratos (como el caso de Uber). Son las pérdidas y las ganancias de la acción humana innovadora las que estimulan la invención, pero se requiere que existan derechos de propiedad fuertes, para que los innovadores puedan cosechar los frutos de su trabajo creativo.
 

Claro que, como todo en la vida, esa actividad que rinde beneficios también implica un costo, pero eso no significa que el estado sea el que deba correr con los riesgos, por varias razones. Si la invención la llevan a cabo personas y entes privados, hay un fuerte incentivo para que los beneficios que se lograrían superen a los costos, mientras que, en una empresa pública, los incentivos no son hacia la conducta económicamente eficiente, sino hacia el logro de objetivos políticos; diferentes del usual en la economía, como es la satisfacción de las necesidades de los consumidores. Esa es la tragedia de que se haga un mal uso de recursos escasos, cuando, quienes administran la acción, no son los que tengan efectivamente la responsabilidad de evitar pérdidas y maximizar ganancias, lo cual requiere de la minimización de costos.
 

Abundan los ejemplos de ese tipo de intenciones gubernamentales, que terminan en resultados no rentables o muy onerosos con respecto a los beneficios. Llega a mi mente un caso reciente muy sonado en los Estados Unidos, cuando el gobierno, supuestamente para promover la innovación en tecnologías limpias (paneles solares, en ese caso), financió con una garantía multimillonaria a una empresa privada, Solyndra, la que terminó en quiebra. El gobierno, mejor dicho, los contribuyentes, perdieron $550 millones en la aventura. Es el resultado de un gobierno buscando ayudar a una empresa para un fin que aquel consideró apropiado, pero que puso en un riesgo innecesario a los contribuyentes, pues el mercado decidió no adquirir esos productos, de forma que la empresa profundizó en sus pérdidas. [Privatización de las ganancias, socialización de las pérdidas, le oía decir siempre a un amigo colega].
 

Lo que a veces se olvida, al decidir un gobierno invertir en una actividad, es que, cuando se usan fondos públicos en ella, son recursos que se dejan de usar en otras actividades tal vez más propias de un gobierno, en vez de ponerse, por ejemplo, a desarrollar tecnologías de la nada, como podría ser el caso aquí.
 

Eso señala, además, un riesgo muy claro y obvio: la intención de la nueva RECOPE es, en parte, poder hacer cosas similares a lo sucedido con la abortada refinería china, que no fue sino una coinversión entre una empresa pública (RECOPE) y otra china, SINOCEM. Todo concluyó en los tristes resultados ya bien conocidos.
 

Además, con ese tipo de acuerdos público-privados sugeridos, se amplía la posibilidad de desarrollar a mayor plenitud el llamado capitalismo de los amigotes, por el cual empresarios privados, a cambio de obtener o realizar negocios o subsidios o protección o apoyo gubernamental (todo con recursos de los contribuyentes), otorgan apoyo político al gobierno, sin excluir la posibilidad real de pagos corruptos a quienes brindan protección ante la competencia.
 

Finalmente, quiero terminar esta consideración con un par de preguntas a los lectores: ¿Cree usted que el gobierno tiene la capacidad de escoger las decisiones sobre inversión correctas? ¿Cree usted que el gobierno (sus funcionarios) tienen la capacidad de disponer de todo el conocimiento disperso y especializado que existe entre todos los participantes en el mercado y que el gobierno puede brindar las señales específicas de hacia dónde debe dirigirse el esfuerzo de los humanos por innovar?
Sorprende que, en la propuesta para promover la metamorfosis de RECOPE, se diga que daría lugar a una “independencia” de la innovación que pueda surgir en el resto del mundo. O sea, se dice que no debemos quedarnos sentados “esperando” por las invenciones externas, sino que, ahora, sean “hechas en Costa Rica.” Seamos francos, ¿acaso alguien cree que tenemos la capacidad de obtener aquí, en nuestro bienaventurado país, todo lo que se está logrando en otras naciones en cuanto a innovación? Y, aún más, ¿pensar que eso lo haríamos aquí con una “nueva” empresa estatal?
 

El desprecio que se expresa de los mercados como estímulo de la inventiva individual empresarial, es un grave error.  Cierto es que en Costa Rica se podrían producir bombas atómicas (me han dicho que en internet ya aparece hasta cómo hacerlas), pero eso no es lo importante. La pregunta que hay que hacer es ¿a qué costo? En todo el mundo hay personas buscando cómo encontrar energías limpias más económicas que las “sucias” actuales. El incentivo del éxito económico lo impulsa y los recursos usados en ese esfuerzo no son los de todos los ciudadanos o los contribuyentes, sino de los propios innovadores y sus inversionistas. Los contribuyentes obligados no necesariamente están dispuestos personalmente a invertir en ello por el alto riesgo que puede implicar. Lo eficiente de la actividad privada es que, si alguien considera que los prospectos de la invención son productivos, rentables, permite que haya aportes de recursos privados dispuestos a correr el riesgo, sin poner a toda la sociedad a incurrirlo.
 

Se hace ver como algo malo que dependamos de la tecnología desarrollada en otras partes. Se nos dice que, de no hacerlo nosotros, seremos “como lo hemos sido en otros campos; consumidores; consumidores de conocimiento, de tecnología.”  Pero, los humanos sabemos de la virtud de la especialización: en hacer aquello en que se es relativamente mejor. La tecnología es algo muy amplio y obviamente una nación no puede especializarse en producir “todo” tipo de tecnología. Pero, si bien esto es claro, ¿por qué no especializarnos en desarrollar una tecnología específica, como se propone en “energías limpias”? Me parece que hay una posibilidad de que un desarrollo exitoso de ello se dé en muchas otras naciones que van años luz adelante en investigación e innovación, sin que tengamos que volver a experimentar nosotros esos onerosos pasos. Naciones en donde ya existen y funcionan las instituciones adecuadas para la innovación, en donde el premio al esfuerzo son las ganancias y en donde prima la competencia. Eso deja que surja el mayor número posible de frutos de la innovación, compitiendo entre sí para lograr el favor de los consumidores y usuarios de ella.
 

Peor según la propuesta local citada, en donde la tecnología que se desarrollaría sería, presuntamente, al abrigo de un ente estatal, que, aunque se diga que operaría en un sistema competitivo, podemos tener certeza de que esa tecnología se desarrollará con mejores resultados de calidad y precio en naciones que ya están muy avanzadas y que tienen la institucionalidad adecuada para estimular la innovación. Son los mercados los que, en última instancia, dirán si la innovación que surge es la deseable y, si lo es, la premiarán con ganancias. Y, si no lo es, las pérdidas surgirán. En la empresa estatal, el objetivo es complacer la meta política que se les ha definido y no la satisfacción de los consumidores.
 

Los recursos son escasos y lo son más en naciones relativamente más pobres. Si los pocos recursos de que disponemos se dedican a aventuras empresariales del estado, eso sólo impedirá que esos recursos se usen en otras cosas mejores y que satisfagan necesidades más apremiantes en nuestro medio. Es una injusticia usar los recursos de todos los contribuyentes, en ilusiones que bien, como ha sucedido en muchas ocasiones y lugares con las empresas estatales o mixtas, pueden fracasar o que, para sobrevivir, deban terminar siendo protegidas ante innovadores más eficientes del exterior, causando graves daños a los consumidores. Por supuesto, la cuenta por esos fracasos será pasada, ya sea mediante mayores precios o menor calidad o impuestos o endeudamiento, a los ciudadanos contribuyentes.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: otra forma de proteccionismo

El estado no sólo protege a grupos con intereses especiales mediante la imposición de aranceles, que les protege de la competencia externa. Eso lo vivimos en el país en muchos productos, pero algunos son notorios, como el arroz, la carne de cerdo, res y pollo, la leche, el azúcar, que son sumamente importantes en el gasto de los ciudadanos, en especial los de menores recursos, en donde porcentualmente su consumo pesa más en el gasto total de las familias, comparado con el de los más ricos.

También se protege a esos intereses especiales cuando, con fondos públicos, se les otorga un subsidio para que así aumenten sus ganancias privadas, pero que es pagado por todos los contribuyentes de una u otra forma. Afortunadamente en Costa Rica no parecen existir muchos subsidios en efectivo, al menos a empresas, pero la intención de ponerlos sale a la luz surge cuando, por ejemplo, nos dicen que se debe subsidiar el uso de vehículos eléctricos en contraste con los usuales a base de derivados de petróleo, o cuando se hacen manifestaciones de que es necesario subsidiar el uso de paneles solares para producir electricidad, en vez de usarse otras fuentes de energía. 

Tal vez se pueden mencionar ejemplos de subsidios cuando RECOPE le vende a algunas empresas privadas el asfalto más barato que a otros consumidores o cuando se pretende cobrar (en otro monopolio estatal) un seguro por accidentes de tránsito, incorporado al llamado marchamo, un costo menor para un sector que es claramente más proclive a sufrirlos, caso de los motociclistas, cargándose, al mismo tiempo, un costo compensatorio mayor a otros grupos de menor siniestralidad (los carros corrientes).

Ahora estamos viendo una nueva versión de proteccionismo en nuestro país, cuando se pretende -otra vez con lo mismo- obligar a los consumidores, ya totalmente en manos de un monopolio, a que adquieran un cierto producto. Ese es el caso de la gasolina súper con un 10% de alcohol que, supuestamente a partir de mayo, los consumidores de ese producto tendrán que adquirirlo en una mezcla que tal vez no desean. Pero, lo que está, bajo el manto de dudosas aseveraciones de protección ambiental para justificar la medida, a quien en realidad se ayudará es al gremio especial de productores de caña azúcar, al convertirla en ese etanol de la mezcla.

No hace mucho se supo públicamente que la actividad cañera estaba “en problemas,” debido a la caída en los mercados internacionales del precio del azúcar. Uno ya casi que imaginaba el pronto aumento al consumidor nacional del precio que paga por ese bien, en beneficio de aquel gremio de un interés especial, protegida en su monopolio por un elevado arancel a las importaciones. Puede ser que, ahora, por circunstancias, los consumidores de azúcar no tengamos que pagar más, pero el subsidio lo logrará aquel grupo cobrándoselo a los consumidores cautivos de gasolina súper.
Ante eso pondrían a funcionar otro elefante estatal, la Fábrica Nacional de Licores, que se ha visto golpeada por la competencia en los últimos tiempos, pero la materia prima provendría de ese gremio privado de referencia.

Las circunstancias de los mercados internacionales encubrirán el verdadero objetivo proteccionista: los precios internacionales de los combustibles han caído fuertemente en días recientes, lo cual hasta ha permitido absorber el aumento en el tipo de cambio, que debería haberse reflejado en los precios en colones de los derivados del petróleo. Ante esto, ahora dirán que la mezcla de etanol con gasolina súper podría reducir su precio comparado con el actual, pero posiblemente eso no se deba al etanol de la mezcla con la gasolina, sino a un descenso en el precio de la gasolina, propiamente.

Dicho lo anterior, aparte de posibles costos en la producción de alimentos al dedicarse tierras a producir caña de azúcar, hay dudas acerca de si la mezcla con alcohol afecta los motores, lo sorprendente de este caso en concreto es el uso del poder monopólico del estado vía RECOPE, para imponer sobre los ciudadanos un producto que beneficia a un poderoso gremio de intereses particulares, sin siquiera valorar si conviene al país en cuanto a los costos y beneficios que implica. 

Claro, si hubiera competencia, el estado no podría abusar de tal forma de nosotros, consumidores cautivos, ni beneficiar a gremios privilegiados. Así, que nada le importa al estado invertir ¢12.600 millones en el proyecto si el resultado político pinta grande: (1) son ambientalmente “conscientes,” (2) favorece a un gremio de interés particular y ya sabemos qué significa el apoyo a cambio de la protección, (3) ponen a andar una maquinaria casi obsoleta de la Fábrica Nacional de Licores (todo dentro del estado) y (4) salvado por el momento del bajo precio internacional del combustible, dirán -falsamente- que el cambio al gasohol se traducirá en un precio menor al consumidor cautivo de gasolina súper en manos de RECOPE.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: poner oídos sordos es conveniente.

En el pasado la Sala Constitucional tomó decisiones relevantes en cuanto a ciertos pluses, que vuelven a salir a la palestra cuando, según informa La Nación en su edición del 16 de agosto, bajo el encabezado “INS y RECOPE desoyen a Sala IV para conservar pluses salariales,” esas dos entidades han sido objeto de denuncia de parte de la Procuraduría General de la República por no obedecerlas.

Según el medio, se refiere a dos decisiones de la Sala IV, siendo la primera del 2006, cuando “el alto tribunal declaró inconstitucional la indemnización para empleados despedidos sin responsabilidad patronal,” y la segunda del 2014, al resolver la Sala IV, ante acción de la Contraloría, una oposición a que RECOPE otorgara “un aumento adicional al pago de anualidades, que reconocen entre 3% y 5% a los trabajadores no profesionales con el argumento de que sus salarios están por debajo de los sueldos del sector público.” 

Veamos el caso del INS objeto del criterio de la Procuraduría (bien por ella), en donde ella le indica, ante su pedido, a la Sala Constitucional, que aquella entidad sigue pagando indebidamente privilegios en sus convenciones colectivas, que fueron determinados como improcedentes por esa Sala

Concretamente, indica la Procuraduría la improcedencia de que se continúe, a pesar de aquella resolución de la Sala del 2006, el pago de cesantía cuando sus empleados renuncian o terminan el contrato laboral sin que haya justificación; esto es, por simple petición del que renuncia. En la sentencia referida se lee: “La indemnización está prevista para los casos de despido sin justa causa, pues es una consecuencia lógica del rompimiento del contrato por decisión unilateral del patrono. En aquellos casos donde el rompimiento del contrato de trabajo obedece a una causa imputable al trabajador, no se justifica el pago de cesantía, pues no existe causa que lo legitime.” 

La excusa del INS sin duda que inquieta, pues, según el medio, su presidente ejecutivo, Elián Villegas, dice que el INS “tiene un régimen salarial distinto al del resto del sector público por tratarse de una empresa en competencia que requiere de compensaciones como esa para retener el talento,” pero, lo cierto es que hay otras entidades del gobierno que no tiene esa prebenda y que están compitiendo con la empresa privada y que requieren de personal talentoso, como puede ser el caso del ICE, de los bancos comerciales del estado, entre otros. Es decir, esas entidades no tienen ese plus de pagar prestaciones por simple renuncia para mantener a su personal calificado: podrán tener otras, pero no esa específica, que distorsiona totalmente el concepto original del auxilio de cesantía, que se aplicaba cuando se despedía por decisión patronal no justificada o al pensionarse, pero nunca -y ese fue el abuso- cuando el empleado presentaba su renuncia porque le parecía o le daba la gana. En el caso de RECOPE, también, a petición de las Sala IV, la Procuraduría le indica que en esa entidad se seguía pagando un plus que el ente judicial había declarado que era inconstitucional. Bien por la Procuraduría.

Específicamente, la Sala en el 2014 indicó que el inciso de referencia usado por RECOPE para fundamentar un incentivo adicional al pago de anualidades, de entre 3 y 5% a sus trabajadores no profesionales, lesionaba “los principios de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad y el buen uso de los fondos públicos, sin que existan motivos suficientes y razonables para el mantenimiento de tales diferencias salariales,” pues estaban bien pagados. Es más, la Sala en sus considerandos dijo que no se podía aplicar ese beneficio, sino hasta que “no se logre establecer un mecanismo que busque preservar el poder adquisitivo de los funcionarios no profesionales.”
 

La imaginación de la burocracia de RECOPE para remediar el caso no se tardó en salir a flote. Inventaron y colocaron en la nueva convención colectiva (negociada en el 2016) una “escala de aumentos de entre 3% y 5%, cuyo piso se otorga aun si la persona obtiene un cero de calificación,” adicional al aumento por anualidades. Ese fue el mecanismo “brillante” que se inventaron para seguir con el privilegio cuestionado por el fallo del 2014 de la Sala IV.
 

La respuesta de RECOPE, por el momento, señala que, como hay una inconstitucionalidad por resolver de la convención colectiva de RECOPE, no se referirán al asunto. No deja de sorprender que su asesora legal, Zoraida Fallas, señalara, según el medio, que “la inclusión del beneficio fue acordada por la anterior administración y que, por tanto, no podría explicar por qué se tomó esa decisión.” Bueno, en una entidad cuya existencia es continua y permanente, se debería saber por qué una directiva anterior tomó esa decisión: el mundo no cambió totalmente porque hubo un cambio de gobierno y de directiva. Ahí han de estar los papeles...
 

En todo caso, el comportamiento del INS y de RECOPE sirve de advertencia de que esos males, como los zombis de las películas, mueren, pero luego resucitan con brujerías. Harán todo lo posible por mantener los privilegios, incluso desatendiendo fallos que les afectan en sus pluses. La lucha por introducir cierta sanidad en las políticas de privilegios a diestra y siniestra no va a ser fácil, pues los zombis seguirán en su intento de seguir viviendo… y haciéndonos la vida más difícil a los ciudadanos contribuyentes

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: para no causar alarma

Ha salido a la luz pública la información de que el diésel vendido por RECOPE ocasiona daños de alto costo a los vehículos que se ven obligados a comprarlo. Esto lo informa La Nación en su edición del 5 de marzo, bajo el titular “Choferes culpan al diésel por daños de alto costo en carros: RECOPE distribuye desde noviembre carburante que afecta bombas de inyección.”

Una vez más, podemos estar frente a un caso en que la burocracia toma medidas posiblemente con buenas intenciones, pero que resultan generando consecuencias no previstas o no consideradas, que dan lugar a costos indeseables. 

Resulta que, según RECOPE, decidió adquirir y distribuir a partir de noviembre del año pasado, un tipo de diésel que contenía menos azufre y sustancias conocidas como “aromáticos,” que se supone causarían menor daño a la salud y al ambiente. La información no señala que este “nuevo” diésel fuera más o menos costoso que el previamente importado, así como si la posible variación en el precio ya fue trasladada a los consumidores. Ese menor daño ambiental y a la salud, asumiendo costos similares, era un objetivo loable, pero resultó que su uso dañó motores de numerosos vehículos.

Concretamente, en una conferencia de prensa de RECOPE del 23 de febrero pasado, señaló que “habían recibido no más de 30 quejas de usuarios. Sin embargo, informes oficiales señalan que para el 26 de febrero los reclamos eran 45,” indica el medio. Asimismo, se indica que, en criterio de mecánicos y dueños de los vehículos envueltos en el asunto, los costos de hacer los arreglos de los motores dañados exceden de ₡500.000. RECOPE “admitió que el carburante daña los empaques de la bomba de inyección, pieza que regula el ingreso del hidrocarburo a la cámara de combustión del motor.”

Hasta aquí lo único que puede parecer sorprendente es que una institución estatal -el monopolio de RECOPE- acepte que lo que vendió causa el daño, aunque, de pronto, empiezan movimientos al costado tratando de eludir la responsabilidad que le corresponde. Así, la presidenta ejecutiva de RECOPE, según el medio, “afirma que el nuevo combustible solo evidencia faltas de mantenimiento preventivo para sustituir piezas desgastadas”.  Esto es, deberían los consumidores haber sabido que el nuevo diésel estaba provocando ese daño y, por ende, cuando los “ignorantes” se hubieran dado cuenta de la causa y efecto sobre su motor, acudir a que se reparara preventivamente el daño. Esto es, si se dieron cuenta del daño -deberían haberlo sabido, convertidos en expertos conocedores de los motores y de las características del nuevo diésel que les vendía el monopolio- y no acudieron a arreglarlo, ha de haber sido porque pretendían obtener beneficio de la pobrecita víctima RECOPE, al pedir después el resarcimiento de los costos. Me parece que RECOPE considera que hay mala fe o un intento de estafa de los denunciantes, al no haber acudido antes a arreglar sus vehículos y ahora pretender cobrarle -¿algo indebido?- a RECOPE.

Lo peor de la prepotencia es lo que sigue: se le preguntó a la presidenta ejecutiva de RECOPE, que “¿Por qué RECOPE no divulgó la situación si desde enero sabía de los problemas?” y la respuesta fue: “Para no causar alarma.” ¿Cuál alarma?  ¿No hay una seria responsabilidad de las autoridades de RECOPE al ocultar el hecho ya sabido de que un producto que vende monopolísticamente causa daño a la propiedad de automovilistas que usan ese producto? ¿En qué queda la transparencia en el sector público? ¿Por qué intentan ocultarle al consumidor la calidad y efectos del producto vendido? ¿Por qué RECOPE trata de no reconocer y con ello evitar el pago por los daños causados? Someter estas acciones del monopolio a la ignorancia y silencio ante los consumidores, puede no sólo reflejar una arrogancia inaceptable, sino que, desde ya, los órganos jurídicos de control correspondientes deberían actuar ante la pretendida ley mordaza. Que se sepa, desde ahora que cualquier gasto derivado de este desaguisado de la aristocracia administrativa de RECOPE no se le debe cargar de manera alguna a los ciudadanos por medio de aumentos en los precios de los combustibles. Esos daños deben asumirlo, responsablemente, quienes directamente lo provocaron.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: sigue el jolgorio de pluses en RECOPE

¿Se acuerdan cuando RECOPE redujo el costo de su convención colectiva que en su presupuesto del 2015 había llegado a un máximo de ₡25.263 millones? A pesar de la reducción estimada en un monto de ₡5.048 millones en el lapso de tres años, si bien originalmente se consideró una reducción de ₡8.320 millones, las cosas están retrocediendo. Mientras que en el presupuesto del 2016 se estimó que el costo de la convención colectiva sería de ₡23.810 millones y el correspondiente al 2017 de ₡23.625 millones, ya en el del 2018, año en que todavía se esperaría una reducción de los privilegios en los montos acordados en el 2105, más bien los privilegios aumentan a ₡24.847 millones. O sea, una reculada significativa de lo acordado.

Los datos provienen de un artículo de La Nación del 15 de enero, que lleva por título “Nuevo plus, extras y vacaciones encarecen convención de RECOPE: Costo de sobresueldos subiría ₡1.200 millones este año respecto al 2017.” 

Una pregunta obvia es ¿por qué tal aumento? Son varios los factores que están impulsado esta alza en los gastos presupuestos. Por una parte, en las negociaciones del 2016 se creó un nuevo privilegio llamado “incentivos a personal no profesional,” con un monto equivalente entre 3 y 5% de los salarios de esos trabajadores de RECOPE (además del aumento salarial del año por inflación). El impacto de este nuevo plus fue de ₡204 millones en el 2017 y de ¡₡758 millones en el 2018! Esto es, en este año el incremento de tan sólo ese rubro fue de ₡554 millones; o sea, de un 115% de aumento entre el 2017 y el 2018. Vaya usted a saber las razones de ello.

Pero, el mayor incremento en pluses de RECOPE se da en las partidas de vacaciones y horas extra, pues pasa de ₡1.276 millones en el 2017 a ₡2.293 millones en el 2018; esto es, un alza en este año de ₡1.017 millones con respecto al año anterior, lo que equivale a un acrecentamiento del 79% en el año. Casi nada. ...Y, de nuevo, “vaya usted a saber las razones de ello.”

Obviamente, esos gastillos los tendremos que pagar los consumidores cautivos de RECOPE con un aumento en los precios de los combustibles, del cual no nos podemos escapar pues la condición monopólica de RECOPE nos exige adquirir sus productos, sea cual sea el precio que se nos cobre. De hecho, el pasado 22 de diciembre RECOPE le pidió al órgano “regulador”, la ARESEP, que aumentara en ₡5.89 al litro de gasolina súper; de ₡5.45 al de la regular y de ₡4.80 al de diésel. Esta alza se debe al aumento de los gastos operativos de RECOPE que incluyen aquellos privilegios aumentados. 

Esta es la trágica historia usual: los privilegios de la burocracia son trasladados a los bolsillos de los consumidores, quienes nos vemos obligados por el monopolio a pagar el precio que, en contubernio con tal política, defina ARESEP. No tenemos escape: a pagar todos por los privilegios de algunos pocos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: la nueva convención de RECOPE

En el marco de una revelación constante y profunda de una serie de privilegios que se cobijan bajo el manto de una convención colectiva, que hacen del gremio laboral de RECOPE uno de los más beneficiados con todo tipo de gollerías, de cosas que ni siquiera están disponibles -comparativamente- para otros sindicatos de diversas dependencias del estado en donde hay convenciones colectivas, creí que la convención de RECOPE iba a ser objeto de una profunda revisión de parte de su patrono, el estado costarricense.  Ilusionó pensar que negociaría la eliminación de una serie de privilegios y abusos de dicha convención, pues creí que estaríamos bien y firmemente representados en nuestros intereses, pues en última instancia somos nosotros quienes pagamos las cuentas de la convención. 

Bueno, ya se hizo conocer en qué terminó la nueva convención colectiva de RECOPE que regiría para el período 2016-2019. Fue anunciada con bombos y platillos, principalmente por los representantes del estado, así como por los administradores actuales de RECOPE. Por tanto, requiere que se analice cómo quedan los privilegios existentes, a ver si se logró cumplir con éxito la tarea que los ciudadanos aspiramos que se lograra: una eliminación de ellos.

Esto es crucial, en especial cuando la Sala Constitucional le ha dado manga ancha a RECOPE para tener todo tipo de privilegios, según un fallo suyo reciente, de manera que se obliga a la ARESEP –organismo que define los precios de los combustibles que nos vende obligadamente el monopolio- a simplemente cargarlos a esos precios: formal y oficialmente seremos los ciudadanos los que pagaremos esos privilegios y por tal razón es bueno saber cuáles son ahora las prebendas vigentes.

La Nación del 12 de julio en un escrito titulado “Rige modesto recorte en convención de RECOPE”, señala que el ahorro de la nueva convención en el primer año, será de tan sólo un 6% del costo de la convención que se tenía para el 2015. A todas luces, la rebaja es casi cualquier cosa: ciertamente muy alejada de la aspiración ciudadana de poner orden en la sarta de privilegios que otorgaba la convención laboral de RECOPE.

Empecemos por señalar cuáles fueron los ahorros con la nueva convención:

1.-Ya no se pagará por la fiesta navideña de los empleados, que ascendía a ₡6.2 millones.
 

2.- El aporte de RECOPE al Fondo de Ahorro y Préstamo de los trabajadores se reduce de un 10% a un 8%., que significaría una reducción de ₡717 millones. El subsidio que RECOPE le da a dicho Fondo para asuntos administrativos (un 10% anual), se reducirá gradualmente hasta eliminarlo del todo.
 

3.- El aporte patronal para la compra de útiles escolares, que en el 2015 fue de ₡5,6 millones, será ahora de ₡3 millones; o sea hay un ahorro de ₡2.6 millones.
 

4.- Se elimina la póliza de protección sobre aportes de trabajadores a su Fondo de Ahorro (no hay datos del monto que se ahorraría por esta partida).
 

5.- El número de días que se autorizaba para capacitación sindical internacional se redujo en un 65% (no se dispone de información de cuántos días era antes y de cuánto se gastó en el 2015 en dicha partida).
 

6.- Se redujo a la mitad el número de días con licencia para capacitaciones y congresos cooperativos, así como para congresos nacionales (no se presenta información de cuántos días era antes y de cuánto se gasté en el 2015 en esas partidas).
 

7.- El aporte de la institución para cursos sindicales se redujo en un 35% (no se brinda información de cuánto se gastó en el 2015 en dicha partida).
 

8.- Se redujo el aporte de RECOPE para que sus empleados participen en cursos de cooperativas en un 65% (no se tiene de información de cuánto se gastó en el 2015 en dicho rubro).
 

9.- Se elimina la licencia de dos días para los trabajadores por el matrimonio de hijos (no hay información de cuánto se gastó por ello en el 2015).
 

10.- Se elimina la licencia de 5 días cuando el trabajador cambia de vivienda (no se presentan datos de cuánto se gastó por ello en el 2015).
 

11.- Se elimina el aporte de RECOPE de ₡39.000 cuando el trabajador se casa (tampoco hay información de cuánto se gastó por esa partida en el 2015).
 

12.- Se elimina el aporte de RECOPE de ₡28.000 por el nacimiento de un hijo del trabajador (no hay información de cuánto se gastó por tal razón en el 2015).
 

De acuerdo con las autoridades de RECOPE, la renegociación de la convención colectiva significará un ahorro de ₡5.048 millones en tres años, desglosados de la siguiente manera: ₡1.362 millones en el primer año de vigencia de la nueva convención; ₡1.571 millones en el segundo año de vigencia de la nueva convención y de ₡2.115 millones en el tercero y último año de vigencia de la nueva convención.
 

La “gran reducción” de privilegios de RECOPE en el primer año de la nueva convención colectiva asciende a un “enorme” 6% del total gastado como resultado de la convención colectiva en el 2015, que ascendió a ₡22.720 millones.
 

Pero, aquí no termina la cosa: también viene una nueva “conquista social”; un nuevo “derecho adquirido” para la convención colectiva que regirá en el período 2016-2019. Se establece “un aumento salarial de entre 3% y 5% para los trabajadores no profesionales de RECOPE”, que conforman el 74% de la planilla de 1.740 empleados. RECOPE estima que dicho aumento significará tan sólo ₡250 millones más para cada año, pero no hay suficiente información del efecto de ese aumento en los salarios sobre el total de remuneraciones, que incluyen las cargas sociales ligadas, entre otros privilegios, a los salarios de los empleados.
 

Si le sirve de consuelo, lean lo que al respecto comentó Carlos Alvarado, ministro de Trabajo y Seguridad Social: “Revertir una tendencia de tantos años en sólo dos no es sencillo.” Claro que no es sencillo, especialmente cuando se vive en la tiranía del estatus quo. Lo “sencillo” de todo esto es que el enorme privilegio restante para los próximos tres años (casi un 95% del costo de la convención colectiva del 2015) simplemente será trasladado a los consumidores.  Estos se quejan, es cierto, pero poco más hacen para que se frene el abuso.  Así que, a seguir aguantando el fabuloso costo de la convención colectiva de RECOPE…
 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: ¡qué importa si a los consumidores se les cargarán las pérdidas de RECOPE!

No sé si pronto algún tribunal superior decidirá que RECOPE puede solicitar a la ARESEP que le permita aumentar los precios de los productos que nos vende, a fin de no tenga pérdidas. Veamos las razones de las pérdidas de RECOPE en el 2015 por más de ₡6.000 millones, según el informe que presenta La Nación del 6 de junio, bajo el título “RECOPE reportó una pérdida de ₡6.000 millones en el 2015: Baja en ventas de hidrocarburos y gasto por cesantía golpearon operación el año pasado.”

Una de las razones de dicha pérdida, según RECOPE, es que el año anterior tuvo una caída en sus ventas anuales de 19.4 millones de barriles en el 2014 a 19 millones en el 2015. Esta reducción se debió al menor uso del ICE de energía térmica, pero, además, porque “dicha baja, aunada a la reducción tarifaria por el precio internacional de crudo, provocó una caída del 27% en los ingresos de la Refinadora comparado con el 2014.” Uno puede entender el efecto de la baja en la demanda de uno de los productos de RECOPE, al dejar el ICE de adquirir tanto búnker como antes, gracias a una mejora en su coctel productivo, pero no el por qué se cayeron los ingresos de RECOPE ante la baja internacional de los precios del crudo, pues dicha baja debería haber estimulado su consumo. Por otra parte, también se redujo el costo de adquisición de la materia prima de RECOPE, reflejándose en una baja de su partida de gastos, de manera que el efecto total sobre las utilidades no necesariamente tendría, en el todo, que ser negativo.

Más interesante es la otra explicación que la administración de RECOPE, en palabras de Clara Luz Acuña, directora financiera de la entidad, brinda acerca de las pérdidas mencionadas: fue “debido a una situación ‘extraordinaria’ generada por la provisión de auxilio de cesantía para los trabajadores”. El gerente de administración y finanzas de RECOPE, Édgar Gutiérrez señaló que “el mayor gasto se dio por el registro de ₡14.000 millones de provisión por cesantía”, pues se hizo necesario actualizar la reserva de prestaciones de RECOPE, que, según la auditora externa de RECOPE, Deloitte, no se había podido determinar si tal provisión era la correcta o no. La crítica de Deloitte se dio porque “la empresa estatal no efectuó, en el 2015, el cálculo actuarial que cada año debe hacerse de prestaciones legales.” RECOPE hizo un aumento tan elevado de las prestaciones, al reconocer que no tenía previamente la provisión correcta al respecto.
 

Aquí viene lo interesante, dada la decisión reciente de la Sala Constitucional autorizando a RECOPE a cargar los costos de su convención colectiva en los precios finales. La convención define las prestaciones que paga la entidad con “un tope de 20 años de cesantía a los empleados cuando se pensionan”, en contraste con los 8 años de acuerdo con la legislación general. Sabemos que RECOPE siempre ha financiado su convención colectiva con ajustes ordinarios a los precios de los combustibles que vende a los consumidores y, ahora, la Sala Constitucional obliga a la ARESEP a no excluir de los precios aquellos gastos por beneficios laborales. Esto anuncia lo inevitable: RECOPE pedirá a la ARESEP que le incluya en los precios a los consumidores gastos como el exceso de prestaciones, que debe pagar según su convención colectiva.  

Así, los patos de la fiesta de RECOPE seremos, una vez más, los ciudadanos consumidores obligados del monopolio de RECOPE. El lector se preguntará ¿por qué RECOPE no redujo sus gastos?  Ciertamente se redujeron los costos de la materia prima traída del exterior, pero los egresos de operación, que no los incluyen, más bien ascendieron en el 2015, al pasar de alrededor de ₡106.000 millones en el 2014 a ₡112.917 millones en el 2015; esto es, un aumento del 6.2% en el año. El rubro que más aumentó fue el de transferencias, que pasó de ₡7.742 millones en el 2014 a ₡17.864 millones; esto es, un incremento del 130%.  Aquí entra el aumento en el fondo de provisión de cesantía arriba citado.

No sólo recientemente se ha incrementado el precio de los combustibles por el alza internacional del precio del petróleo, sino que ahora se avecina este nuevo incremento, gracias al privilegio autorizado ahora por la Sala Constitucional.  Estamos de burros amarrados –los ciudadanos consumidores- ante un tigre suelto -RECOPE. No nos queda más que hacer todos los esfuerzos de nuestra parte para traer competencia, abriendo el monopolio y logrando que esos privilegios de convenciones colectivas no nos sean trasladados a los consumidores.  Ya le han jalado mucho el rabo a los pobres burros amarrados: siempre terminamos apechugando con los desafueros de RECOPE.

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: RECOPE y sus Convenciones Colectivas

En contra del criterio de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), recientemente la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por los trabajadores de esa institución que solicitaba incluir los costos de la convención en el cálculo de tarifas. Sinceramente, era difícil que la Sala Constitucional dictara en contra del recurso. No nos malinterpreten, estamos totalmente en desacuerdo con lo negociado en esas convenciones colectivas desproporcionadas y abusivas, sin embargo, es un acuerdo entre patronos y trabajadores y, a pesar de que algunos de los rubros no inciden directamente sobre el servicio de compra y distribución de combustible, son beneficios salariales e históricamente se habían considerado como un costo operativo de la institución. Querer dejar de pagar eso por esa vía era claramente la vía fácil pero incorrecta. Lo que se tiene que hacer es ponerse bien los pantalones y demandar una rebaja de estos acuerdos abusivos por la vía normal que es mediante una revisión de la convención o por una acción de inconstitucionalidad. Pero el creer nuestro es que lo que se debe hacer verdaderamente es cerrar esa institución y permitir que la importación y distribución de combustible lo hagan varias empresas en un ambiente de libre mercado.

Los trabajadores públicos tienen la gran ventaja a la hora de negociar de que laboran para monopolios estatales. Dado esto, saben que si no le les conceden sus deseos tienen el poder de dejar comunidades sin electricidad, o sin agua o detener el comercio con otros países. Los trabajadores del sector privado saben muy bien que si negocian beneficios exagerados ellos terminan siendo los grandes perdedores pues se quedarían sin trabajo dado que la empresa podría dejar de ser competitiva en el mercado. Este detalle tan importante en el funcionamiento de las empresas en un mercado libre no aplica para las empresas y las instituciones estatales. 

Esto ha permitido que en el sector público se negocien beneficios desmedidos convirtiendo a las empresas estatales en grandes elefantes ineficientes adonde los trabajadores realizan sus labores sin control alguno y sin temor de que los puedan despedir. Estos beneficios han llegado a niveles descontrolados. Si queremos convertirnos en una nación desarrollada, será necesario que le exijamos a nuestros gobernantes que los reduzcan significativamente. 

Es por esto que empresas como RECOPE nunca van a lograr ser empresas eficientes y más bien representan una carga para el consumidor y un portillo para que políticos corruptos se beneficien a expensas del resto. Es inaudito como este presidente, a pesar de que una inmensa mayoría de los costarricenses queremos que cierren esa institución y se abra el mercado de los combustibles, esté empeñado en mantenerla abierta. Ya es tan injustificable la postura que cae en lo ridículo. 

La columna de Carlos Federico Smith: las tribulaciones de RECOPE, JAPDEVA y CNFL

En la lucha contra el abuso, el dispendio sin freno y la depredación irresponsable de los recursos públicos, los ciudadanos hemos de estar muy satisfechos con la posición firme de fines del año pasado de la Contraloría General de la República, al improbar en los presupuestos de JAPDEVA, RECOPE y Fuerza y Luz (CNFL), aquellos gastos destinados al pago de sus convenciones colectivas.  Es decir, con anterioridad los presupuestos de esos cuerpos públicos incluían las partidas para pagar las gollerías de las convenciones colectivas, lo cual se reflejaba en última instancia en los precios de los servicios de muellaje, combustibles y energía, respectivamente, que debían ser pagados por los ciudadanos.

Esto lo informa La Nación del 12 de enero, bajo el título “RECOPE, JAPDEVA y CNFL en apuros para pagar convenciones: Contraloría frena presupuestos por falta de financiamiento en esas instituciones.” La medida tomada por la Contraloría descansa en el hecho de resoluciones recientes correctas y convenientes de la Autoridad Reguladora de Servicio Públicos (ARESEP) y principalmente de “la Ley No, 7592 de ARESEP, según la cual el control tarifario que ejerce la Autoridad se fundamenta en el principio de servicio al costo. Esto significa que la tarifa de un servicio público debe comprender solo costos necesarios para brindarlo y una retribución que garantice el desarrollo de dicha actividad.” Es decir, los consumidores ya no tendremos que sufrir la ignominia de que se nos obligara a pagar los abusos de los convenciones en los precios de los servicios. Era un echar sal sobre la herida. Ahora cada entidad tendrá que ver de dónde obtiene recursos -ya no de nosotros- a fin de que pueda seguir pagando el manjar que reciben sus empleados al amparo de convenciones colectivas.

Por supuesto, el gobierno se lava las manos -sanitariamente, creo yo- y deja que el asunto de cómo financiar tales privilegios sea resuelto por cada entidad y no ya por nosotros, los ciudadanos sujetos a esos monopolios. Eso sí -porque ya uno olfatea por dónde es que se van a ir esas entidades- que se tenga muy presente que tampoco es válido que nosotros los consumidores nos veamos obligados a futuro a resarcir cualquier pago derivado de esas convenciones.  Esto se daría si los entes involucrados acuden a endeudarse para pagar privilegios odiosos a ciertos trabajadores del sector público. De hacerlo así, luego, más tarde o más temprano, tendrá que repagarse el principal endeudado, así como una suma mayor por los intereses del caso.  De manera que, ¡a ponerse vivos en ARESEP y la Contraloría, por esa posible movida de sus regulados en daño de los consumidores! La regla debe ser que los servicios que brindan esas entidades sean al costo y no por los gastos totales de esas entidades, como luego pretenderá que sea así.

De hecho el gobierno ante la Sala Constitucional, al tratarse una apelación de RECOPE, dio su posición favorable a que, dentro de los presupuestos de las entidades públicas, se incorpore la parte correspondiente a las prebendas laborales a que me he referido y que no tienen nada que ver con la producción del bien o del servicio.  Por eso hay que estar ojo avizor si el gol ahora nos lo trataránn de meter por medio de la nueva autoridad recién nombrada para el puesto de regulador en la ARESEP.
 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el gran desperdicio

Una reciente información trajo a mi mente la frustrada posibilidad de este gobierno para obtener un préstamo del gobierno chino por la suma de $5.000 millones.  Con esa cifra consideraron que no había necesidad de poner impuestos, pero, ante todo, que no se tendría que reducir el gasto gubernamental, tal como lo prometió en una ocasión el presidente de la República, en un debate en televisión: que antes de poner mayores impuestos reduciría significativamente el gasto público.

Como los gobernantes notaron desde el inicio de su administración, el aumento pensado de impuestos estaba en la cola de un venado y para llenar el hueco fiscal fue que se les ocurrió pensar que el gobierno chino invirtiera (comprara) directamente -sin tener así que pasar obligatoriamente por la Asamblea Legislativa, como es el caso de empréstitos del extranjero- bonos del gobierno, en una especie de “contratación directa”.  Ya sabemos que dicha pretensión se extinguió, posiblemente porque los gobernantes chinos, que habían considerado esa posible inversión financiera, ahora quieren, ante sus dificultades internas, que la “colaboración” con el exterior sea básicamente por medio de su inversión directa.

Esta puede ser la razón por la cual la famosa inversión chino-costarricense, conocida como SORESCO, aún no recibe la lápida acerca de su bien merecido fallecimiento:  No entraría plata líquida a Costa Rica (aquellos $5.000 millones), como pretendía esta administración, pero sí calzaría dentro de los planes chinos de inversiones directas proseguir con la refinería que, desde el 2009, había sido impulsada por la administración de turno y activamente buscada por la administración de doña Laura Chinchilla. Inicialmente se estimó que la inversión en la construcción de dicho proyecto ascendería $1.510 millones.

El hecho es que, desde el año 2013, ya la Contraloría había objetado que se continuara aquel proyecto  al haberse sustentado en un estudio de factibilidad viciad, pues fue realizado por una empresa relacionada con una de las partes interesadas (la del gobierno chino).  Algo parecido ha sucedido con otra similar inversión directa, de una empresa del estado chino que ampliaría parte de la importante carretera hacia Limón en el Atlántico –la ruta 32. Hace buen rato no se sabe nada de nada al respecto, lo cual preocupa, pues supuestamente ya se tenían plazos definidos para que Costa Rica aceptara esa también cuestionada inversión. No es nada raro que ese sea otro cadáver aún no frío del todo. 

No hay nada como un gobierno terco, empecinado en proseguir proyectos altamente cuestionados por el ente contralor. Aquel nos dice que el acuerdo final de la inversión conjunta chino-tica de SORESCO, está en “análisis,” tal como lo señala un comentario del periódico La Nación del 23 de marzo, titulado  “Refinería ‘de papel’ consumió $4 millones el año pasado: Empresa [Sociedad Reconstructora Chino-Costarricense (SORESCO)] creada para fallido plan gasta en salarios y subsidios para personal traído de China.”

Ante la necesidad de que el gobierno tome una decisión respecto a si proseguirá con dicho proyecto -y me imagino que indicando bajo qué condiciones- según lo han urgido la Contraloría y la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, la respuesta del gobierno sigue siendo timorata; indecisa.  Dice el ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro: “El Gobierno tiene el tema en análisis y oportunamente se dará la respuesta.” Es cierto que el estado es usualmente ineficiente cuando de tomar decisiones se trata, pero en este caso el proyecto de SORESCO le sigue drenando recursos a RECOPE, o sea, a todos los ciudadanos costarricenses.

Del aporte inicial de $100 millones, RECOPE puso $50 millones y de aquel monto total aún queda por gastar $38.5 millones. La pregunta lógica es ¿en qué se gastó la plata restante? ¿En qué se ha invertido el 61.5% invertido presuntamente? El reportaje de La Nación no nos permite saber en su totalidad el uso de tales recursos, pero hay alguna información acerca de gastos recientes que, sin duda, deben preocupar a la ciudadanía.  De acuerdo con el comentario del medio, sólo en el 2015 el proyecto que, bien dicho, está “en el papel” consumió $4.3 millones, de los cuales un 60% se gastaron en el pago de salarios, cargas sociales y algo denominado “paquete de repatriación”, que no es sino el pago a la parte de personal chino en el proyecto. $1.7 restantes se usaron para pagar alquileres, agua, luz, combustibles, viajes, consultorías y servicios legales. 

Parece que para el estado costarricense la plata abunda en nuestra economía, que no importa en qué se gasta, que no interesa que un proyecto de tal magnitud, que desde su inicio sufrió de problemas técnicos, financieros y legales, según lo indicó la Contraloría, prosiga en el candelero.  El hecho es que, tal como lo ha indicado en varios informes el ente contralor, RECOPE, con fondos de todos los costarricenses, no se ha caracterizado por  ser una participante en el proyecto de la refinería, “preparada, sólida, experimentada, tanto para concebir y definir la iniciativa, como para administrar la ejecución del proyecto o lidiar con obstáculos o conflictos,” según lo refiere el comentario de marras.

Entre tanto -todavía andan por allí $38.5 millones que aún no se han gastado- la decisión está siendo analizada por el “eficientísimo y expedito gobierno.” Claro, la plata es de los ciudadanos. Ahora, hasta que se acabe.


Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: RECOPE sigue pasándonos factura

En los últimos días asistimos a un espectáculo casi inédito: una rebaja importante en el precio de un servicio o bien público regulado: el precio del combustilbe disminuyó en aproximadamente ¢116. Curiosamente la lógica con la que se regularon estos precios -torcida dicho sea de paso- es evitar que "las fuerzas del mercado" disparen el precio de bienes o servicios sensibles para la población, como lo son electricidad, agua, combustibles, tarifas de transporte público, telecomunicaciones, entre otros, pero en la realidad pasa lo contrario, como lo hemos demostrado hartamente los liberales: el precio de los servicios o bienes regulados es mayor que el de los que se encuentran en competencia pues al no poder concurrir varios oferentes, no es posible generar condiciones en las cuales el consumidor se vea beneficiado con mejor calidad, precios más bajos, etc. 

Para muestra un botón, a propósito del combustible: como publicó en redes sociales hace poco el Diputado Mario Redondo, resulta que hoy día tenemos el mismo precio internacional del petróleo que en el año 2004: $36/barril; en ese entonces, el precio que fijó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) para el combustible en las gasolineras era de ¢281/litro, pero con la rebaja "histórica" que vivimos los costarricenses, dicho precio apenas cayó hasta los ¢538/litro. ¿Qué provoca que a igual precio internacional de petróleo, tengamos que pagar casi el doble que hace 12 años? 

La respuesta no es, definitivamente, la inflación, ya que para ese año, la tasa de este fenómeno era de 13.1% según datos del Banco Central mientras que en la actualidad alcanza el -0.8%. La razón es una: RECOPE. Este verdadero elefante blanco viene trasladándole a los consumidores, desde hace muchísimos años, el costo de sus errores, sus ineficiencias, sus abusivas convenciones colectivas e incluso, las aventuras empresariales en las que literalmente se embarca.

El último capítulo de esta historia de terror fue el entuerto de la refinería con China. Para hacer corta la historia, en 2009 RECOPE y la Compañía Nacional de Petróleo de China (CNPC) concretaron un Acuerdo para conformar una empresa conjunta llamada SORESCO que desarrollaría la refinería de Moín. Para empezar, cada una debía aportar la friolera de $50 millones. 

Para hacerlo, como es típico, tuvieron que realizar estudios de preinversión, prefactibilidad, factibilidad, análisis de riesgo y demás hongos. Por eso, en 2010 SORESCO contrató a la empresa HQCEC para realizar varios de esos estudios y cuando el resultado salió como lo esperaban, pretendían continuar con el proyecto.

No obstante, la Contraloría General de la República detectó que los estudios de preinversión estaban basados en supuestos erróneos, no había un adecuado análisis de riesgo ni se adaptaba a las características del mercado costarricense, como lo es operar una actividad monopólica con precios regulados, por lo cual, eran poco confiables. Por si fuera poco, encontró que la empresa HQCEC era parte del mismo grupo de interés económico al que pertenece CNPC, lo cual minaba aún más la credibilidad de los resultados. A raíz de todo esto, ordenó a RECOPE no utilizar dichos estudios y desde entonces, el proyecto se encuentra paralizado. 

En 2015, el informe RIE-008-2015 de la Intendencia de Energía de la ARESEP evidenció que los $50 millones aportados por RECOPE para la conformación de SORESCO habían salido de los ingresos ordinarios de la institución. Siendo que casi la totalidad de esos ingresos son obtenidos por la venta de derivados del petróleo, es fácil comprender que los famosos $50 millones salieron del único lugar que podían salir: el bolsillo de los consumidores. 

Eso explica, en buena parte, por qué los costarricenses pagamos tantísimo dinero por los combustibles cuando otros países tienen precios mucho más asequibles. Claro, ellos no tienen que cargar con un anquilosado e inútil monstruo llamado RECOPE.  

¿Qué proponemos? Simple: parar esta aventura de terror, cerrar RECOPE y permitir la libre importación, almacenamiento, distribución y venta del petróleo, crudo o refinado y sus derivados, para así lograr obtener un mercado competitivo en esta materia y que eso se refleje en un decidido esfuerzo de los oferentes por darle a los consumidores mejores precios y mejor calidad en lo que compran.

La columna de Carlos Federico Smith: cosillas de RECOPE y sus impuestos

Tanto se ha hablado de los precios de los combustibles de RECOPE, que tal vez no hayan prestado atención al comentario de La Nación del 02 de febrero pasado, bajo el título “Impuesto eleva al doble cada litro de gasolinas: El arancel de Hacienda compone casi la mitad de la tarifa.” El comentario reviste especial importancia por tres aspectos: primero, porque el precio que los ciudadanos pagamos por los combustibles está fuertemente influido por toda la carga impositiva que recae sobre ellos. Segundo, porque es importante ver hasta qué grado es apropiada la afirmación del periódico de que, “cuanto más disminuyan los costos del mercado, más pesa el tributo único en el bolsillo de los ciudadanos”. Y, tercero, si es una opción viable “controlar cuánto pesa el impuesto”; es decir, si es factible eliminar o reducir tales gravámenes sobre los combustibles.

El primer tema es obvio, cuando observamos, con base en datos que nos brinda La Nación, que un 47% del precio de la gasolina regular que paga el consumidor se debe a la carga impositiva sobre ese bien (de un 46% en el caso de la gasolina súper). En comparación, el porcentaje correspondiente del precio final al consumidor, debido al costo del insumo importado desde el exterior, en el caso de la gasolina regular es de un 35%, en tanto que para la súper es de un 36%.  Esto es, pesan más los impuestos que los costos del insumo importado en el precio final para el consumidor y estos dos factores de costo -los impuestos más el costo de la materia prima importada- constituyen aproximadamente el 82% del precio en promedio para ambos tipos de gasolina, lo cual demuestra el peso importante de esos factores en los precios finales pagados por el consumidor.

El segundo aspecto interesante al que se refiere el comentario del periódico, se refiere a que “En Costa Rica, el impuesto único de los combustibles hace que cada litro de las gasolinas súper y corriente cueste el doble (un 46% y un 47% respectivamente), sin importar cuánto estén bajando los precios de esos carburantes en el mercado internacional”. Es decir, el artículo de marras nos dice que no importa cuánto bajen los precios internacionales (llamémoslos precios de los insumos), los impuestos tienen un peso tal que hace que casi no se note el efecto de aquel cambio en el precio del insumo en el precio final al consumidor 

Lamentablemente esto no se deduce fácilmente de la información que suministra el artículo, porque, y analizando el caso de la gasolina regular, por ejemplo señala que en el 2001 los consumidores “pagaban ₡80” en impuestos por litro, pero no brinda la información de cuánto era el precio final para el consumidor, en un período en el cual presuntamente los precios para los consumidores no eran tan altos como en los últimos meses del 2014. Luego, en el artículo del periódico se indica que “a inicios del 2013 y a finales del 2014” el porcentaje de los impuestos en el precio final al consumidor, “pesaba en un 33%” y ya sabemos por el periódico que, a finales de enero del 2015, ese porcentaje era de un 47%.  Pero no podemos afirmar a ciencia cierta, como parece hacerlo el comentarista, que, sin importar cuánto bajen los precios de los insumos en el mercado mundial, los impuestos son la causa básica del aumento del precio al consumidor. 

Si tan sólo tomamos la información presentada por el periódico en un cuadro para el período enero 2013-enero 2015, se puede observar cómo, en el lapso que va de enero 2013 a noviembre 2014, el porcentaje del impuesto se mantuvo relativamente estable en su porcentaje del precio -en alrededor de un 30% a un 35%- si bien el precio al consumidor creció gradualmente en ese mismo lapso y, lo que es más interesante, es que, a pesar de que en el lapso noviembre 2013 a enero 2014, el precio no aumentó, sí lo hizo significativamente el porcentaje que los impuestos representan del precio al consumidor; esto es, pasó de un 30% a un 47%.

Tal vez lo deseable es que el medio realice un análisis que relaciona el crecimiento de los precios internacionales con los precios domésticos, asumiendo una estructura impositiva similar para el período analizado y, por otra parte, buscar la relación que pudiera existir entre los precios domésticos y los tributos, asumiendo como constante al precio internacional. De esa forma podríamos entender con mayor claridad la relación entre las tres variables.

El asunto no termina allí. Hay otra parte significativa del precio que paga el consumidor que podría ser influido por factores de naturaleza impositiva.  Se trata del 18% restante del precio al consumidor, originado en otros elementos distintos de los costos internacionales de los insumos y de los impuestos así definidos formalmente. Me refiero a que bien podrían existir utilidades extraordinarias que RECOPE percibe gracias a su condición monopólica, factor que, por la inexistencia de competencia, no nos permite valorar de manera comparativa el costo (esto es, equivale a un impuesto sobre los consumidores cautivos) que tiene sobre los consumidores. Teóricamente es de esperar que el precio fijado en condiciones de monopolio es superior al precio definido en un mercado competitivo.

Asimismo, no sabemos cuánto del costo se puede adjudicar a otros gastos, como administración o financieros, en que la entidad estatal incurre y que, por hipótesis, se podría considera que en una empresa privada podrían ser menores, asumiendo la naturaleza de la empresa privada en contraste con la pública en cuanto al objetivo de maximización de utilidades y, por ende, de minimización de costos. Como no tenemos tampoco una clara asignación de los costos de los diversos bienes que vende RECOPE, tampoco podemos saber si hay subsidios cruzados, tales como, por ejemplo, subvencionar a algunos productos (tal vez el diésel, como lo fue en un pasado no muy lejano), recargando sus costos en los precios de los otros combustibles.

El tercer aspecto interesante del artículo de La Nación se refiera a si es una opción viable reducir los impuestos tan altos a los combustibles. Por supuesto que no, si lo que tan sólo se pretende es asegurar un traslado de recursos privados al fisco por las razones que sean. El tema de que, con quitar un impuesto se afectan las recaudaciones es posible, sucede casi con cualquier impuesto de que se trate. Pero, se han visto casos en que el estado recauda más cuando reduce la tasa impositiva (ello porque la baja porcentual de la tasa es más que compensada por un aumento de la base sobre la cual se cargan los impuestos. Ejemplo de un caso al revés, pero que explica el razonamiento, es el aumento de los impuestos a los cigarrillos en Costa Rica, que posiblemente ha derivado en un descenso de los ingresos fiscales por ese impuesto, porque el consumo de la producción doméstica -la base imponible- ha disminuido, al aumentar el consumo de cigarrillos que entran de contrabando. Otro ejemplo, en Chile en la década de los setentas del siglo pasado, los impuestos a la importación de vehículos eran tan altos, que casi no se importaban, con lo cual los recursos fiscales casi que no aumentaban.  Se bajaron los impuestos, el consumo aumentó notoriamente y las arcas fiscales, a la tasa impositiva menor, se llenaron de recursos.

Decir que no es posible reducir esos impuestos sobre los combustibles se convierte en un dogma, si se asume, ultraconservadoramente, que no hay forma de sustituir a ese gravamen. Es una aseveración que se fundamenta en que lo inamovible no sólo es el gasto del estado, sino en que del todo no hay forma de encontrar una alternativa tributaria mejor a la vigente: una loa al statu quo.  En otras palabras, parece que lo importante es lo que expresamente teme a priori el ministro de Hacienda, el recaudador de los impuestos, pero no en explorar otras posibilidades que incluso brinden mayores ingresos (tal vez con cambiar hacia un impuesto ad valorem sobre los combustibles en vez del mixto que actualmente tenemos, permitiría ajustar la recaudación con sólo que aumente el precio final del producto).

Pero, por ejemplo de una forma alternativa de obtener recursos fiscales, ¿por qué no empezar a cobrar, en donde sea viable, tarifas para quien usa las carreteras? Recuerden que es para su construcción y mantenimiento adonde primordialmente se dirigen los impuestos a los combustibles. En vez de como es ahora, en donde muchos que ni siquiera utilizan las carreteras, pero, mediante impuestos, contribuyen tanto como quienes sí las utiliza y aumentan su desgaste, si es viable el sistema de que “quien lo usa, lo paga”, el nuevo ingreso de recursos a que dé lugar podría compensar una reducción de los impuestos sobre los combustibles. 

El tema da para más: recuerden que algunos de esos impuestos a los combustibles se crearon por consideraciones ecológicas. Se partió de la creencia de que había que desestimular el uso de vehículos que utilizaran combustibles de origen fósil, a fin de no dañar al medio ambiente. Esta aparentemente deseable decisión no tomó en cuenta lo observado con respecto a las elasticidades de la demanda de este tipo de combustibles. Se ha dicho por economistas que el consumo de combustible tiene un demanda inelástica. Una demanda se caracteriza porque, si aumenta el precio del bien vendido, disminuye la cantidad que se demanda. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, aumenta el precio de venta por el impuesto, pero ello ocasiona que casi no se reduzca la demanda del bien o servicio?  A esto lo llaman los economistas, una curva (o una porción de ella) inelástica; esto que, que ante un aumento porcentual en el precio, la cantidad que se reduce de gasto en el bien es porcentualmente mucho menor. 

Lo anterior explica que el gobierno no logró el objetivo de reducir significativamente el consumo de combustibles -que siguió siendo muy parecido- a pesar del aumento de los precios por los impuestos. Pero, también, que a la recaudación que obtuvo el fisco le fue muy bien, pues casi no se redujo el gasto privado ante el aumento del impuesto: le entró mucha más plata al fisco que con los impuestos previos, pues casi no se redujo el consumo y aumentó así sus ingresos tributarios. Se darán cuenta de que la razón esencial por la cual el estado promueve este tipo de impuestos, es porque aumenta en mucho su recaudación, con relativamente poco esfuerzo tributario. Por ello, esa opción tributaria, aunque sería mejor sustituirla por otra alternativa, será siempre preferida por el estado pues es una buena fuente generadora de impuestos, ante aumentos esperados a largo plazo de los precios de los combustibles.

En síntesis, el estado se opondrá a muerte a una reducción del impuesto a los combustibles, aunque se le presenten otras opciones, pues tal vez no tendrán una demanda tan inelástica como la de los combustibles, que le asegurarían los ingresos fiscales que busca maximizar. ¿No que no hay voracidad fiscal?

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: Petrocaribe, RECOPE y demás sandeces

Dentro de la lógica del actual gobierno, en la que no hay claridad sobre nada, una noticia reciente confirma lo que ya sabíamos: el ingreso a Petrocaribe no generará ningún beneficio a Costa Rica en cuanto al precio del combustible, según un reciente informe de RECOPE.

El problema con Petrocaribe -una iniciativa del gobierno venezolano para ofrecer petróleo a aquellos países que se unan y alinien para darle apoyo al proyecto del Socialismo del Siglo XXI- es que no sólo no generaría ningún beneficio en cuanto al precio internacional del crudo y más bien provocaría un endeudamiento público mayor que, a la postre, terminarán pagando los ciudadanos, sino que comprometería al país en cuanto a su orientación de política exterior, de forma tal que habría que apoyar al gobierno bolivariano o cuando menos, guardar silencio ante sus actos y propuestas, tirando por la borda los principios que Costa Rica ha defendido a lo largo de los años: democracia, libertad, derechos humanoz, paz y neutralidad.

No obstante y ante el evidente riesgo, el Poder Ejecutivo aún no ha tomado la decisión de desechar esa ocurrencia, lo que genera preocupación. ¿Cómo una ocurrencia tan perjudicial no es rápidamente descartada? ¿Es que realmente están valorando el ingreso del país a pesar de los problemas que esto podría generar? Mientras algo tan positivo como la unión a la Alianza del Pacífico está casi descartado en esta Administración, las tonterías por el contrario parecen tener espacio. 

Lo más triste es que esa no es la única insensatez que sigue en pie. RECOPE y el CNP, dos elefantes blancos que hace mucho tiempo debieron desaparecer, continuarán siendo protegidos y "fortalecidos", con más dinero, funciones, personal y demás. Y en un contexto de déficit fiscal, cuando la lógica dicta que hay que recortar gastos, mantener estos lastres es un insulto a la inteligencia y a la dignidad. 

Es urgente que, si se quiere reducir el precio de los combustibles, se abra el monopolio de RECOPE, que ha demostrado ser nefasto para todos, excepto para sus empleados, que disfrutan de privilegios no vistos prácticamente en ninguna latitud. Es vital que el Estado costarricense deje esa doble moral de vender guaro al tiempo que gasta dinero público en campañas de prevención y en atención a los problemas generados por el alcohol. 

Pero si algo nos ha demostrado la política costarricense es que la lógica no tiene lugar en este ambiente. El sentido común, la consistencia y la razón son enemigos públicos para nuestro Estado y por lo tanto, se les rechaza y persigue cual bruja en la época de la Inquisición. Por eso, lo que fácilmente se resolvería, toma años y cuesta millones de colones, para dar espacio a propuestas "alternativas", "solidarias", comisiones, comités, informes y expertos que luego proponen lo de siempre: el nadadito de perro.

Desde la tribuna: ¿matriz energética?

El presidente de la República ha optado por la racionalización de la energía.  Dicen que el PAC ya definió la matriz energética, que el presidente se ha echado un pulso con el ICE, Recope y el aumentador y que lo único que atinan a decir es que hay que bajar impuestos.  El presidente también ha expresado que no autorizará la exploración de petróleo.

Por otro lado, el aumentador acaba de aprobar aumentos en el precio de la electricidad y, además, los aumentos en la gasolina no cesan.

Lo que nuestra sociedad necesita es energía abundante, buena y barata.  Lo deseable es que dejemos de ser importadores de energía y nos pudiésemos convertir en exportadores de energía.

La energía hidroeléctrica apenas alcanza a un 15% de la utilizada y no parece ser la llave inmediata para dar el importante salto.

¿Bajar los impuestos?  No andan tan perdidos los poco imaginativos burócratas que lo recomiendan.  Si quitamos impuestos a los derivados de petróleo y a la electricidad, podrá esta última venderse un poco más barata.  Recordemos que una buena parte de la electricidad es producida por plantas que consumen derivados del petróleo.  Lo que pasa es que si en la actualidad quitáramos los impuestos, sería como halar la cobija para otro lado, dejando descubiertos a otros sectores importantes.

Ello por cuanto, sin que sea el punto central de este artículo, vivimos una de las más serias crisis financieras del Estado costarricense.  Hay un serio déficit fiscal que resulta en un endeudamiento diario de más de tres mil millones de colones. 

En todo, la solución a los elevados precios de la energía eléctrica no pasa necesariamente por el tema de los impuestos  (por supuesto que sin negar su impacto, sin renunciar a la denuncia por el desvío de los fondos a otras cosas, sin dejar de pregonar que el gasto público es desmedido e injustificado). 

La deseable electricidad barata tiene un par de obstáculos más serios que la angurria fiscal:  el monopolio de Recope y el monopolio del ICE.  Dos gigantes públicos, burocráticos, pesados e inútiles que no hacen bien las cosas.  Uno empeñado en la refinería china y el otro nos tiene aún con los malos recuerdos de Alcatel, Erickson y demás corruptelas, ambos llenos de privilegios, gollerías y planilla excesiva.

El ICE se ha empeñado en impedir cualesquiera otras participaciones privadas en la generación eléctrica.  Ello cercena las posibilidades de la sociedad costarricense e impone esquemas anacrónicos y limitantes. 

Es irracional cerrar los caminos del desarrollo y la útil participación de la iniciativa privada en la cogeneración eléctrica.  Quedamos limitados a la proverbial inutilidad del ICE y a sus engañosos números, que conculcan libertades y desarrollo.

Por otra parte, la limitación jurídica y política, ideológica y burocrática a formas de apertura para que la sociedad y la iniciativa privada participen en diversas formas de generación eléctrica, aprovechamiento de las diversas fuentes y formas y las posibilidades de proveer la abundancia e incluso tener oportunidad de exportación constituye, sin duda alguna, una tragedia nacional.  Es la expoliación del futuro a todos los costarricenses, la condena a ser importadores de energía y postración de la industria nacional.

Todos los sectores productivos requieren energía, desde el escritor que utiliza apenas la luz hasta el que se sirve de la computadora, desde quien manufactura productos hasta el exportador de software, desde el trabajador de turismo hasta agricultor.   Limitar la producción de energía a la estulticia burocrática y monopólica significa perder la carrera de la competitividad.  No hay posibilidad de suplir con imaginación y esfuerzo las falencias que impone el monopolio, el costo de la energía y el desposicionamiento económico que todo ello supone.  Es una guerra perdida.
 

¿Ahorrar y racionalizar la energía?  ¡Claro que se puede!  Pero a costa de producir menos, negarse a competir y optar por actividades que no requieran energía.  Tal exportemos unos futbolistas ahora que Pinto y nuestros jugadores han tenido tan buen desempeño en el Mundial pero …. de ahí no pasaremos.   

Hay que permitir la exploración de las fuentes de energía que la sociedad requiere, hay que aprobar nuevos esquemas de explotación y hay que permitir que participe la sociedad y la iniciativa privada en este asunto.  Tenemos que convertirnos en exportadores de energía y exportarla junto con todo el valor agregado que podamos.  

Sin abundante energía, sin buena energía, sin energía barata no somos opción para más empresas, no tenemos oportunidad de competir y tendremos como fomentar el desarrollo.

Federico Malavassi Calvo   

La columna de Carlos Federico Smith: RECOPE, el monopolio insaciable

Si no hubiera sido por La Extra del martes 11 de marzo, tal vez no habríamos llegado a saber a tiempo acerca de la ambición monopolística de RECOPE, pues en estos días no he visto que otro medio nos lo haya informado.

Resulta que, insatisfecho con el monopolio de los combustibles, ahora RECOPE, limitado en su poder controlador al mercado doméstico de los derivados de petróleo, ahora pretende que también se le otorgue la exclusividad en la importación, transformación y distribución del gas natural. Es decir, evoluciona en su mente totalizadora hacia ampliar el control de las fuentes de energía en nuestro país. 

Hay mucho de verdad en que el gas natural, tanto usado directamente como a través de su versión licuada, tendrá una enorme relevancia como fuente energética en el mundo, particularmente a partir del enorme desarrollo de su producción en los Estados Unidos y posiblemente México y Canadá.  Ello podría liberarnos, ante la oposición a que Costa Rica busque abastecerse por sí misma de ambos combustibles, de la provisión casi monopólica que hoy nos da Venezuela. Pero, aún más importante, el gas natural en sus diversas formas podría convertirse en un combustible más barato que lo que nos cuestan los derivados de petróleo.

El torpe manejo de RECOPE en el caso de la refinería china ya nos está pasando su factura.  La mala situación financiera de RECOPE, utilizada hace pocos días para pedir a la ARESEP un aumento en el precio de los combustibles, no se debe tan sólo a la reciente devaluación del tipo de cambio y, en algún grado, al alza de los precios internacionales de los derivados de petróleo, sino también a causa de las pérdidas originadas en la decisión de mala hora de RECOPE, para compartir su monopolio con los chinos en una refinería desafortunada –cohonestado el maridaje por una lamentable decisión de la Contraloría General de la República. El costo de esa infeliz aventura lo empezaremos a pagar todos los ciudadanos con el próximo aumento en los precios de los combustibles.

Como si esto fuera poco, el monopolio no se sacia; quiere más, infatigable en sus ansias de poder. Buscará ser el importador exclusivo, el único que transforme el bien importado (si es como la refinería actual, sólo será otro salón de maquillaje más), además de vendedor privilegiado y absoluto del gas natural y sus derivados. Los costarricenses no tendremos otra opción más que comprárselos al monopolista.  

No podremos escoger entre diferentes precios o calidades, sino los que le da la gana brindarnos el único proveedor. La ciudadanía estará sujeta a que RECOPE continúe imponiéndonos sus condiciones de pago, porque, si no estamos de acuerdo con ellas, no tendremos otra posibilidad –un escape- hacia dónde acudir. Incluso, si no hubiera tal monopolio, hasta el precio de la energía eléctrica en el país podría bajar, al ahorrarse el actual gasto en bunker por un combustible más barato. Claro, ese “más barato” sólo se obtendría si hay competencia en los proveedores, en vez del monopolio de RECOPE, que buscará cobrar un precio mayor que el que podría obtenerse en competencia.

Pero, también, un RECOPE puesto a hacer más cosas que ahora (aunque hoy casi no hace nada, excepto expoliarnos), gracias a un monopolio ampliado, podrá aumentar su planilla de privilegiados, incluyendo zánganos de ciertos sindicatos, todo lo cual los costarricenses terminaremos pagando, sólo que esta vez los mayores costos serían cargados a los combustibles, así como también al gas natural y sus derivados. Ese desperdicio de recursos deberá será cubierto por nuestros bolsillos… como si nos estuviera sobrando la plata.

Asimismo, con la ampliación del monopolio no nos podremos beneficiar de la competencia.  Si alguien pensó que en Estados Unidos había un monopolio en los combustibles derivados de petróleo (lo cual no es así), más bien la intrusión en los mercados energéticos de ese país con esta nueva provisión de gas natural, ya ha tenido su efecto positivo, dando lugar a un freno en el alza de los precios del petróleo. La innovación en las técnicas de extracción de combustibles en aquella nación, que se ha reflejado en la moderación de los precios de los energéticos, es resultado de la capacidad empresarial competitiva de ese país.  Aquí no nos beneficiaríamos de esos progresos, porque dependeríamos de la voluntad monopolista de RECOPE. Estará en manos de RECOPE y no de la competencia el que nos beneficiemos como consumidores. RECOPE bien podría escoger que sólo aumenten los ingresos para beneficio de su monopolio y el de sus empleados.

Los costarricenses tenemos que estar muy atentos a estas pretensiones de RECOPE para ampliar su monopolio.  Principalmente los consumidores, para que así los políticos entiendan el mensaje, de que preferimos la eficiencia y el cuidado de operadores privados al de políticos metidos a empresarios, como sucede con los monopolios estatales.  También ante aquella pretensión de ampliar el monopolio, es de esperar que el sector productivo nacional frene el ímpetu de RECOPE, pues, de no hacerlo, pronto estará en manos de aquellos políticos-empresarios, que terminarán por cobrarle más por los insumos que deben adquirir del monopolio.  Deberá lucharse por la apertura de los mercados de combustibles, para así aprovechar las enormes oportunidades que eso abre para suplir adecuadamente a los consumidores, a precios y calidades mejores que las que puede ofrecer RECOPE. La competencia nos beneficia a todos. El monopolio estatal sólo beneficia al estado y a unos cuantos que viven de él. Esa es la diferencia…Debe impedirse que RECOPE amplíe sus fauces monopólicas.

Jorge Corrales Quesada

El monopolio de RECOPE en acción

No quisiera pensarlo, pero me imagino que es algo posible, que RECOPE casualmente pidiera en estos días, en que el costarricense está medio sumido en el proceso electoral, un jugoso aumento del 47% en su margen de ganancias, por cada litro de combustible que el monopolio nos venda.

Ya está en manos de la ARESEP resolver acerca del “minúsculo” aumento solicitado por el único vendedor de gasolina que podemos tener en Costa Rica. Sí, a diferencia de cualquier otra empresa nacional o extranjera, RECOPE es la única autorizada para importar combustibles sin tener que pagar arancel alguno. La imposibilidad que tenemos de elegir entre diferentes oferentes de gasolina, es similar a que en estos momentos los electores costarricenses tuviéramos tan sólo un candidato para escoger como Presidente. Ni que fuéramos Nicaragua, en donde ahora tendrán a Ortega Saavedra como presidente vitalicio, aunque de vez en cuando harán simulacros de elecciones, para disfrazar a la real dictadura con ropajes de democracia. Aquellos socialistas sí saben manipular las instituciones democráticas para su propio provecho.

Claro que el golpazo del aumento en el precio de la gasolina no se va a sentir previo a las elecciones. Tal vez habría significado la desaparición del casi difunto partido oficial, si la ARESEP hubiera terminado aprobando el aumentote pedido por RECOPE antes de los comicios. Para decidirlo habrá una audiencia en febrero, en donde los funcionarios de ARESEP, sin rictus de dolor que los delate, terminarán apoyando el aumento pedido por RECOPE, aunque, si es que se avecinaran segundas elecciones, probablemente les devolverán la solicitud para luego -dejándolo para después de esas nuevas votaciones- o bien se le aprobará un poco menos para darnos, eso sí, muestra de su “gran devoción en pro de los maniatados consumidores”. 

¿Se imaginan lo que pasaría en el país si ARESEP decidiera decirles a los costarricenses que la forma, mediante la cual podrían obtener combustibles mejores y más baratos, sería si se abriera a la competencia el cautivo mercado propiedad de RECOPE?  ¡No me imagino cuál sería la reacción de los consumidores nacionales! Por ello creo que la sugerencia es un verdadero sueño de opio de parte mía.

La verdad es que no es posible esperar que esa apertura pueda provenir de burócratas reguladores, quienes al final de cuentas terminan en manos de los regulados y cuyo sueldo depende de la misma vigencia de un monopolio que se les encargó “regular”. Tal vez la apertura que se dé algún día sólo se logrará gracias a la presión que hagamos todos nosotros, los consumidores.

El incremento de un 47% al margen actual que RECOPE nos cobra por cada litro de gasolina que nos vende no significa una cochinada. ¡Resulta ser un platal que irá a manos del monopolio! Nada más vea Usted que en la actualidad paga a RECOPE ₡51.30 por cada litro de gasolina que le compra. Con lo solicitado, lo que RECOPE agarrará de más por litro van a ser ₡24.22. Es decir, pasaremos a pagarle al monopolio ₡75.52 por cada litro. 

Por supuesto que los principales beneficiados con la solicitud de RECOPE serán los trabajadores, quienes laboran bajo una convención colectiva plena de privilegios. Al haber más plata en las arcas de su patrón RECOPE, podrán exigir y conseguir mayores salarios y prebendas.  Con ello se bañarían desde los de abajo hasta los más grandotes, desde obreros sencillos hasta encopetados directivos, gerentes y administradores: el olio es para todos en RECOPE. La falta de competencia permite que este maná les caiga desde los cielos (o desde nuestros bolsillos). 

También saldrá favorecido el angurriento estado, pues ese aumento significa, ni más ni menos, que se dé un incremento automático en el precio de los combustibles, constituyendo de esta manera una forma solapada de ponernos impuestos a todos los consumidores.  Eso sí, quienes saldremos asaltados con el aumentillo del margen de ganancias de RECOPE, seremos nosotros los consumidores, pues no tenemos forma alguna de evitarlo, como, por ejemplo, si pudiéramos comprar el producto a algún otro proveedor que nos lo venda más barato. Ya sabemos a quiénes les sirven los monopolios.

Jorge Corrales Quesada