La columna de Carlos Federico Smith: pronto la deuda gubernamental llegará al 60% del PIB

Un indicador esencial en la política fiscal que actualmente prosigue el gobierno es el porcentaje que, del valor de la producción final de todos los bienes y servicios producidos por los residentes del país, representa el endeudamiento del gobierno.
 

Muchos aspectos se podrían comentar acerca del endeudamiento gubernamental, pero me centraré en analizar el impacto que se tendría de llegar a un indicador clave de la política fiscal. Me refiero a que, muy pronto, el endeudamiento del gobierno con respecto al PIB llegará a un 60%.  Digo “clave,” pues, en la práctica, suele considerarse un tope a lo máximo deseable en una economía, al menos para ciertas calificaciones de riesgo del país. De hecho, a noviembre del año pasado, el porcentaje era de un 59.3% del PIB, lo que equivale a una deuda de ₡21 millones de millones y, para tener una idea de su crecimiento rápido, a noviembre de 2018, fue de un 52.9% del PIB, equivalente a ₡18 millones de millones. Esto es, en sólo un año, esa deuda gubernamental, como porcentaje del PIB, creció en un 6.4 puntos porcentuales.
 

El aumento en el cociente Gasto gubernamental/PIB viene dándose desde hace ya buen rato, pues en el 2008 fue de sólo un 24% del PIB y creció en más de un 100% (más que se duplicó) en 10 años, resultado del déficit del gobierno (que se gasta más de lo que recibe de impuestos). Es así resultado del jolgorio gubernamental de tantos años.
 

Ante esos déficits, los gobiernos -este incluido- han acudido, afortunadamente con una inflación relativamente moderada, a aumentos en los impuestos, a pedir prestado, colocando bonos en los mercados nacionales e internacionales. Por supuesto, no se ha visto un esfuerzo profundo y constante por reducir el factor que impulsa los déficits gubernamentales, cual es el gasto público excesivo.
 

Reproduciendo parte del Comentario sobre la Economía Nacional del Banco Central publicado el pasado 31 de diciembre, La Nación, en su artículo titulado “Deuda del Gobierno se acerca al 60% de la producción,” dice que “En el financiamiento del déficit del Gobierno Central, ha aumentado la participación del endeudamiento externo proveniente de la colocación de títulos de deuda en los mercados internacionales de $1.500 millones y el crédito de apoyo presupuestario con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) por $350 millones.” En dos palabras, un alto endeudamiento reciente ha aumentado la fracción que del PIB representa la deuda gubernamental, endeudamiento derivado del excesivo gasto gubernamental, más allá de recursos extraídos por impuestos a los ciudadanos.
 

Lo que debe tenerse presente es que esa deuda no es más que una obligación que gobiernos de generaciones actuales, trasladan a generaciones futuras para que la pague. La señal es clara: en su momento, o bien el gobierno seguirá endeudándonos para pagar deuda con más deuda, al vencer la primera, o creará inflación para poner un impuesto a los saldos monetarios y reducir los ingresos reales de los ciudadanos, o pondrá nuevos o mayores impuestos. Hará así una realidad de que nunca serán suficientes los impuestos, aunque nos hayan dicho ilusoriamente que, los últimos que nos impusieron, eran la solución, pues el gasto gubernamental crece aún con rapidez.
 

De cierta forma, a hoy, antes de llegar a ese 60%, y durante el 2019, el gobierno tuvo cierto margen de endeudarnos rápidamente para salir de su apuro fiscal, además de aumentar impuestos en diciembre del 2018 y otros gravámenes en el 2019. Señala el medio que “los ingresos tributarios del Gobierno crecieron, en el acumulado hasta noviembre anterior, en casi un 10% frente al mismo período del 2018. El crecimiento se explica por la mayor recaudación del impuesto al valor agregado (IVA) y el de renta).”
 

Lo crucial es que, al acabarse ese margen, aparentemente cuando la relación deuda gubernamental/PIB llegue al 60%, la regla fiscal vigente desde la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en diciembre del 2018, establece que, cuando ese coeficiente esté entre un 45% y un 60% -como en los últimos tiempos- el crecimiento del gasto corriente, lo que excluye a la inversión, “no sobrepasará el 75% del promedio del crecimiento del PIB nominal en los últimos cuatro años.”
 

Aquel alivio se acabaría, según la regla fiscal, al arribar el cociente deuda del gobierno/PIB al 60% -muy pronto y estimaciones del Banco Central indican que llegará a un 65% en el 2023- pues, “el crecimiento del gasto total (corriente y de capital) no puede exceder el 65% del promedio de crecimiento de la producción.” Y, dado el bajo crecimiento actual del PIB, de apenas “2.2% del PIB,” se requeriría de un fuerte ajuste en el presupuesto nacional del 2021.
 

No me imagino que ese ajuste requerido en el gasto se hará una realidad, pues me temo que el espíritu irresponsable de un gasto gubernamental rápidamente creciente, será invocado de otra forma, pasando la brasa ardiente a manos de los contribuyentes de ese momento, para que sean ellos quienes la apaguen con impuestos. Tristemente.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: Las platas de algunos sindicatos

Un comentario reciente publicado en La Nación del 19 de enero del 2019, titulado “Sindicatos del MEP reciben ¢12.000 millones cada año,” ha dado un lugar a un debate interesante entre ciertos líderes sindicales y periodistas de ese medio, que, sin duda, es del interés del ciudadano.

Según el comentario original, a partir sólo de datos provenientes del Ministerio de Educación Pública (MEP), los asociados a los sindicatos de ese gremio, la ANDE, el APSE y el SEC, que ascienden a 98.691 registrados (según el MEP allí laboran 86.000 personas y la diferencia es explicable pues un empleado pueda asociarse a más de un sindicato), aportan anualmente ¢12.132 millones a esos gremios. Este aporte es de alrededor de un 1% de los salarios (completos, no sólo del pago básico, sino que incorpora los pluses en dicho porcentaje, lo que da lugar a un incentivo a los sindicatos por conservar y expandir esos pluses, al ser fuente importante de recursos). Además, “el ingreso promedio de los educadores (observen que es el promedio, pues sin duda hay unos que son menores y otros más altos) es de ¢1 millón al mes; o sea, en promedio, cada uno aporta alrededor de ¢10.000. 

Según el medio, con información proveniente del MEP, la ANDE es el sindicato más grande, con 35.904 afiliados, que aportan anualmente ¢4.777 millones; esto es, el 39% del total.  Le sigue la APSE con 35.199 asociados, que hacen un aporte anual de ¢4.258 millones, equivalentes a un 35% del total. Y tercero está el SEC, que tiene 26.605 socios, con un aporte anual de ¢2.963 millones, que significa un 24% del total.

Los beneficios recibidos por los afiliados son muy diversos, destacando, al menos en ANDE, la asesoría legal, centros de recreo, ser nombrados en instituciones en las que ANDE tiene representación, recibir educación sindical, obtener equipos ortopédicos, ayuda por fallecimientos de familiares, así como por robo o desastres naturales, además de gastos obvios del gremio, como administración, mantenimiento de edificios, mobiliario y equipo, honorarios profesionales, y una extensa gama de actividades.” La ANDE señaló que los presupuestos son debidamente aprobados y a sus asociados se les informa anualmente de los resultados de tipo contable, financiero y de logro de objetivos.

La APSE señaló en un comunicado posterior que “la naturaleza de los recursos financieros que recibe APSE es privada” y que “no se trata de fondos públicos ni de recursos girados por el MEP, ni por ningún otro ente estatal” y que son enteramente voluntarios en función de la “libertad de asociación.” Y que no está obligada a “rendir cuentas públicas sobre sus estados financieros, ni de divulgar esta información ante los medios de comunicación.” Y que lo hace “en el seno de su Asamblea General” ante sus asociados.

Me encanta esa defensa de la libertad de asociación y de la privacidad de las acciones, que ojalá se extendiera a todas las personas, cuando ellas tienen que declarar con todo detalle cuando deben pagar impuestos. Es cierto que se trata de organizaciones voluntarias de personas, pero, puede mediar un interés público en conocer los orígenes y uso de los recursos, tal como está obligada una empresa que cotiza en la bolsa a informar detalladamente a los accionistas de todos sus ingresos y gastos. Después de todo, en el caso de los sindicatos, los dineros provienen en última instancia de fondos públicos y el gobierno es el encargado de recaudar los fondos para esas asociaciones. 

Dado lo anterior, me surgen dudas acerca de lo apropiado de la opinión de la dirigencia de la APSE, pues en ciertos momentos de su acción pública suelen actuar afectando derechos de las personas, como no recibir una educación por la cual pagan o no interrumpir el libre tránsito privado por una huelga sindical. Tal vez, para mayor transparencia, deberían mostrar los estados financieros del gremio ante la ciudadanía, para que valore el uso final que se le da a los recursos que paga por impuestos. Creo que estamos ante un caso interesante de derechos de los individuos que el estado debe proteger -incluso cuando hay conflicto entre, por ejemplo, el derecho a la asociación, por un lado, y el derecho al libre tránsito y a la paz, en general.

En resumen, opino que los dineros aportados por las personas privadas (empleados públicos) son decisiones privadas y, por tanto, no es exigible que informen públicamente la procedencia de esos fondos. Al mismo tiempo, me parece que los sindicatos podrían elevar en cierto grado su actual desprestigio, haciendo públicos esos estados, no obligadamente, sino para que la ciudadanía se dé cuenta de que no hay nada indebido o ilegal en la procedencia y uso de esos fondos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: secuencia relativamente resumida del déficit gubernamental de los últimos años

Es interesante el análisis resumido que hace La Nación del 3 de agosto en su artículo “El coctel que llevó al Gobierno a su actual crisis económica,” que desde el 2018 presenta un déficit primario; esto es, el último año en que el gobierno gastó menos que lo que recibe de ingresos, excluyendo el gasto por el pago de intereses. Esto equivale al ahorro del gobierno sin tomar en cuenta el pago de intereses por la deuda pública. 

Prefiero tener una idea del déficit total del gobierno, resultado de la comparación del total de ingresos percibidos menos el gasto total, incluyendo el pago de intereses, pues da una idea, en mi opinión, más apropiada del ahorro efectivo del gobierno. Después de todo, los intereses de la deuda pública se deben pagar, al igual que muchos otros gastos corrientes.  

En todo caso, en el 2008 el país tuvo un superávit primario (más ingresos que gastos sin tomar en cuenta el pago de intereses) del 2.4% del PIB y ya en el 2017 el país tenía un déficit primario (más gastos que ingresos sin tomar en cuenta el pago de intereses) del 3% del PIB. El superávit financiero con respeto al PIB en el 2008 (que incluye intereses) fue de un 0.2% del PIB y ya para el 2017 el déficit financiero ascendió a un 6.2 y “amenaza con superar el 7.2% este año.” (Debo hacer notar que el artículo de La Nación consigna erradamente los datos del 2008, pues dice que el superávit primario fue de un 0.2%, cuando esa cifra corresponde al superávit financiero). 

Señala el artículo citado que “Según la Contraloría [en su Memoria Anual del 2017] el superávit del 2008 fue el resultado del aumento en la recaudación de impuestos y de la contención del gasto público que se practicó a inicios de los años 2000.” Pero, ya en el 2009 la cosa cambió debido esencialmente a dos factores: la caída de ingresos tributarios por la crisis económica mundial y un aumento de los gastos durante la administración Arias (recordemos al Plan Escudo). 

La Contraloría dice que el gasto “aumentó, principalmente por un alza en los salarios, atribuible a que el Gobierno decretó correctivos en las bases salariales de los puestos profesionales del Servicio Civil que pretendía llevar a un sitial intermedio las escalas del sector público (percentil 50) y continúa aumentando de manera inercial.” 

Según la Contraloría, el crecimiento inercial del gasto gubernamental se debe a varias razones: (1) “la gran cantidad de instituciones -330 en total- que trabajan gracias a” las transferencias del Gobierno Central a sus presupuestos; (2) que muchas instituciones que reciben esas transferencias se dan por leyes que obligan al Gobierno a hacerlas, como es el caso del Fondo Especial para la Educación Superior, que obliga al Gobierno Central a transferir el 8% del PIB a las universidades públicas; (3) los salarios y los pluses. “En promedio, para el período 2012-2017, los incentivos crecieron a una tasa del 6.3% en comparación al 5.2% promedio de las remuneraciones básicas,” cita el medio a la Contraloría (y obviamente el conjunto de ambos -salarios base y pluses- aumenta significativamente las remuneraciones totales).  

Por su parte, del lado de los ingresos, según el artículo de La Nación, la Contraloría señala que “las exoneraciones y la evasión fiscal son significativas,” y menciona que “en el 2015, los impuestos que se dejaron de cobrar por un tratamiento tributario diferenciado fue equivalente a un 5.34% del PIB,” lo cual me parece que es resultado de estimaciones de evitaciones legales, como, por ejemplo, las exoneraciones a insumos para bienes exportados, que son permitidas y usuales en sistemas impositivos para mantener la competitividad externa de la producción doméstica, así como de evasiones, que son ilegales y responsabilidad del Ministerio de Hacienda por su recaudación (me imagino que esto incluye a los contrabandos, que bien sabemos se da por impuestos excesivos). 

Asimismo, para llenar el hueco entre gastos e ingresos, el gobierno acudió al endeudamiento. Es así como en el 2008, el porcentaje que, de la producción nacional de ese año, representa el endeudamiento del gobierno (esto es, de todos los costarricenses, quienes seremos quienes terminemos pagando estas obligaciones) ascendió a un 24.1%, pero ya para el 2017 ese porcentaje se acerca a la mitad de la producción anual. 

En otras palabras, el gobierno ha usado cada vez más endeudamiento para pagar los gastos corrientes, tales como salarios, que se han convertido, entre otros, incluyendo pluses y decisiones legislativas que crean nuevas funciones para el estado sin determinar de dónde procederán los recursos para ello, en detonantes del crecientemente elevado gasto gubernamental. Por ejemplo, “en promedio, para el período 2012-2017 los incentivos (o pluses) crecieron a una tasa anual del 6.3% en comparación al (sic) 5.2% promedio de las remuneraciones básicas.” 

Jorge Corrales Quesada 

La columna de Carlos Federico Smith: comentario acerca del déficit fiscal

Un artículo reciente de La Nación, firmado por su autora, la periodista Patricia Leitón, me da la oportunidad de hablar un poco en torno al concepto de déficits en la economía. Empiezo por mencionar que ese artículo no trata -ni lo haré aquí extensamente- del déficit internacional del país, el cual usualmente se suele llamar el déficit en la balanza de pagos. Pero, en realidad, es el producto de comparar una serie de distintas partidas del país con el resto del mundo, dando lugar a conceptos tales como déficit en la balanza comercial o déficit en la balanza de la cuenta corriente o a un déficit en la cuenta de capital, que forman parte de un todo, como es el déficit de la balanza de pagos (que pueden ser déficits o superávits) y si se incluye la variación que al final de cuentas dan a lugar esos déficits o superávits como son las reservas de divisas del banco central, pues, la tal balanza estaría siempre balanceada; no habría ni déficit ni superávit.  Lo que la gente suele llamar déficit (o superávit) en la balanza de pagos, en realidad se refiere a una de aquellas balanzas parciales, pues la total está, repito, siempre balanceada, por definición.

Quiero aclarar que, cuando menciono en mi comentario a un “déficit”, el cual da una idea de que las salidas son mayores que las entradas, también puede ser que haya un superávit, que es cuando las entradas son mayores que las salidas.

Pero, tanto el artículo de doña Patricia como mi comentario, tienen que ver con otro déficit distinto a los internacionales citados, que frecuentemente escuchamos mencionar en nuestro medio, el llamado “déficit gubernamental.” Es aquí en donde es muy útil la exposición citada para entender claramente los conceptos. El artículo se titula “Deterioro en ICE y CCSS reduce el superávit público:

Señalamiento del Banco Central en último informe mensual,” el cual compara los resultados tenidos al acumulado de agosto del año pasado, con el acumulado a agosto de este año, ambos como porcentajes de valor total de la producción final de los costarricenses, conocido como el Producto Interno Bruto (PIB). 

Lo que entre legos, o personas comunes y corrientes, por ponerlo de una forma, se suele mencionar cómo déficit del gobierno, contrasta con el término expuesto por profesionales de la disciplina de la economía, que suele ser más puntual, y se le denomina déficit del Sector Público Global. Este déficit está compuesto (es resultado de) por tres déficits que tienen que ver con el sector público como un todo: uno es el déficit del Gobierno Central (constituido este último por los tres poderes de la República, el Tribunal Supremos de Elecciones y órganos auxiliares y otros menores); un segundo es el déficit del Banco Central y el tercero se conoce como el del Resto del Sector Público no Financiero (que comprende una muestra de seis entes estatales, el ICE, la Caja, RECOPE, AyA, la Junta de Protección Social y el Consejo Nacional de Producción (CNP)). El conjunto de estas tres “partes” importantes del estado costarricense, define lo que se llama el déficit del Sector Público Global.

Cuando se escucha hablar del déficit fiscal que, por ejemplo, fue de un 5.2% del PIB en el 2016, se refiere al déficit del Sector Público Global y trata del resultado para un año completo. De modo que, los datos que a continuación se presentan de acuerdo con el artículo arriba citado, deben entenderse como una comparación al acumulado a agosto de un año, con respecto al acumulado a agosto del año siguiente, pero no al total del año.

La historia del déficit del Sector Público Global o Total se puede resumir en que suele haber un déficit en el Gobierno Central (usualmente el déficit más significativo como porcentaje del PIB), un déficit del Banco Central (producto de deudas del banco que tienen un costo que debe ser amortizado y por operaciones de crédito subsidiadas no propias de un banco central) y un superávit en el llamado Resto del Sector Público no Financiero. El conjunto de esos tres, nos da el resultado del Sector Público Global, que es, por ejemplo, aquél 5.2% del PIB citado en el párrafo inmediato anterior.

Por tanto, por ejemplo, lo que pueda suceder con el superávit -ya sea mayor en un año que en otro- del Resto del Sector público no Financiero, suele incidir en el déficit Público Global del período correspondiente.

El acumulado a agosto de este año, comparado con el acumulado a agosto del año pasado, nos da que, de un déficit para el 2016 del 1.7% del PIB, ya para agosto del 2017 era un déficit mayor en un 0.5%, elevándolo al 2.2% del PIB. Esta no es una noticia agradable, pues hace temer que, al finalizar este año, sea superior el 5.2% del PIB del año pasado. (Una información pública reciente señala que, según la CEPAL, en el 2017 el déficit total del gobierno será de alrededor de un 6% del PIB).  Ahora bien, ¿a qué se debe este aumento del 0.5% del PIB en el déficit del Sector Público Global? Por una parte, porque entre esos dos años aumentó el déficit del Gobierno Central de un 1.4% del PIB a un 1.5% del PIB, a pesar de que el déficit correspondiente del Banco Central disminuyó de un 0.4% del PIB a un 0.3%, pero, a su vez, disminuyó el superávit del Sector Público no Financiero, que es el que compensa a esos dos déficits, pues pasó de un 1.5% del PIB a un 1.3% en dicho lapso.

Por tanto es relevante ver, tal como lo hace el artículo de La Nación, el porqué del menor déficit, como porcentaje del PIB, del Resto del Sector Público no Financiero. De acuerdo con el Informe de Coyuntura del Banco Central a octubre de este año, la caída se debe a “la desmejora en las finanzas particularmente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS),” que sabemos que, además del Gobierno Central, son las entidades con los mayores presupuestos del país. En palabras del gerente del Banco Central, don Eduardo Prado, “en estas instituciones se observó tanto un menor crecimiento de los ingresos como una aceleración en sus gastos.” Ambas instituciones cuestionan la interpretación de la cifra que brinda el Banco Central.

Pero, las luces de alarma se encienden y habrá que ver con cuidado como cierran estas diversas cifras al final del año. En mucho era de esperarse lo sucedido a agosto, porque el estado costarricense no parece seguir una línea fuerte para reducir los gastos, sino que quiere aumentar los impuestos y las tarifas y cuotas a como haya lugar. Esto es, el estado sólo busca tener más ingresos para reducir el problema de sus déficits, pero no disminuir los gastos.  Qué lindo, ¿verdad?

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: indetenible crecimiento de la deuda gubernamental

Cuando un gobierno gasta más de lo que ingresa, se tiene un déficit.  Para disminuir ese exceso de gasto, lo obvio es reducir esa exageración de pagos. Sin embargo, lo que los políticos suelen hacer antes de reducir el gasto, es acudir a tres opciones: prefieren, como lo vemos en la actualidad, aumentar los impuestos que pagan los ciudadanos. La otra opción es emitir dinero por medio del Banco Central, lo cual aumenta la inflación. Así se reducen los pagos reales que el gobierno tienen que hacer; esto es, si bien debe sufragar los mismos gastos nominales, el valor real de estos -o sea ajustados por una inflación mayor- disminuye o, lo que es casi lo mismo, el Banco Central nos entrega billetes, que puede imprimir casi sin costo, a cambio de servicios reales que recibe o que debe pagar, en particular, los del gobierno en el caso hipotético.  La tercera alternativa para enfrentar aquel derroche que ocasiona el déficit citado, es pedir prestado, ya sea a nacionales o  extranjeros, que en cierto momento deberá cancelar (incluyendo intereses), para lo cual deberá obtener nuevos recursos tributarios que le permitan hacer frente al gasto en el futuro.

En nuestro medio mucho se ha hablado, recientemente, acerca de la desgracia de los impuestos, así como en el pasado hubo mucha referencia a otro infortunio, la inflación, de formas tales que los ciudadanos miran su prospecto con angustia. Pero es relativamente poco lo que se ha dicho acerca del endeudamiento del gobierno para sufragar un exceso de gastos.
 

Por ello, considero muy importante el esfuerzo que hace La Nación en un artículo reciente, para introducir el análisis del tema del endeudamiento gubernamental, como lo hace en “Últimos tres presidentes triplicaron deuda del Gobierno: Endeudamiento total pasó de ₡3,9 billones a ₡13,4 billones entre 2006 y 2016,” en su edición del 12 de setiembre de este año.
 

El primer punto esencial que debe citarse es que se trata únicamente -reitero, tan sólo- del endeudamiento del gobierno central, lo cual deja de lado el endeudamiento del resto de las instituciones estatales. Ello se puede deber a la creencia en que los préstamos obtenidos en estos últimos casos se usarán para inversiones, las que generarán un rendimiento que permitirá pagar las obligaciones más las cargas de intereses. Pero nada nos dice que, en este último caso, parcialmente y en un monto relativamente pequeño, los fondos podrían ser usados en gastos de inversión, contrario a como suele suceder en el gobierno central que es todo lo contrario.
 

En todo caso, al menos en el 2015, en tanto que el endeudamiento total del Sector Público (que incluye al Gobierno Central, Banco Central y algunas instituciones públicas) con respecto del PIB (el valor de la producción de la economía en ese año) fue de un 63.2%, el correspondiente de la deuda del Gobierno Central respecto al PIB fue de un 44%. En datos absolutos, una estimación burda nos diría que, para el 2016, el endeudamiento del Gobierno Central será de un poco menos de 14 billones y el correspondiente al sector público no financiero, será de algo menos de 18 billones; esto es, en número absolutos cerca de un 30% más que el Gobierno Central.
 

Como un segundo aspecto interesante del comentario periodístico, aparece el comportamiento de la deuda del Gobierno Central durante la última década.  Se destacan varias cosas:
 

(1)    Mientras que en diciembre del 2005 la deuda del Gobierno Central fue de ₡3.6 billones, en diciembre del 2015 había ascendido a ₡12 billones y se estima, de manera burda, que en diciembre del 2016 ascienda a ₡14 billones. O sea, en el lapso de 11 años, la deuda del gobierno central habría crecido en un 288%; esto es, un crecimiento promedio anual de alrededor de un 26.3%.
 

(2)    Una comparación de la deuda del gobierno central como porcentaje del PIB,  nos aísla los efectos del crecimiento de los precios, al ser el cociente de dos magnitudes monetarias (la deuda del gobierno central y el PIB). De acuerdo con eso, el porcentaje de la deuda del gobierno central con respecto al PIB pasó de un 33.6% en el 2006 a un 43.2% en julio del 2016 (un período de 126 meses), por lo cual se puede expresar que el crecimiento anual promedio es de aproximadamente un  3,8%.

El informe de La Nación concentra su esfuerzo en lo más notable sucedido en las últimas tres administraciones, en torno al endeudamiento del gobierno central y concluye lo siguiente:
 

(1)    Las variaciones anuales más importantes (tres picos de crecimiento) que se dieron en el porcentaje de crecimiento de la deuda en esas tres administraciones fueron, 
 

(a)    en el año 2010, en la segunda administración Arias, se aumentó un 21,7% con respecto al año anterior;
 

(b)    en el año 2012, en la administración Chinchilla, se incrementó un 25% en relación con el año previo, y
 

(c)    en el año 2014, en la administración Solís se elevó en un 18% comparado con el año que le precedió.
 

(2) Resulta interesante ligar tales aumentos de impuestos, con ciertos hechos económicos importantes que sucedieron en esos momentos y los que podrían explicar tales crecimientos. Así,
 

(a)    en el caso del fuerte aumento durante la administración Arias en el 2010, la posible explicación radica en que se desencadenó “una serie de ajustes salariales para los empleados del Gobierno y se pusieron en práctica el Plan Escudo y el Plan Nacional de Alimentos, que implicaron un aumento del gasto público para reducir los efectos de la crisis económica mundial.” El problema con estos gastos -inspirados en una burda filosofía Keynesiana- radica en que, siendo “la crisis económica mundial” referida un fenómeno naturalmente temporal, esas medidas tuvieron un impacto permanente en la economía, lo cual, sin duda, continuó impactando el nivel de gasto gubernamental durante los años subsecuentes;
 

(b)    en cuanto al incremento mayor en la administración Chinchilla en el 2012, se puede explicar por el uso del endeudamiento de ese gobierno de una primera emisión de cuatro emisiones de $1.000 millones cada una, “de títulos valores conocidos como ‘eurobonos’ instrumento que (el Ministerio de) Hacienda utilizó para financiar el pago de deuda externa,” así como que el resto del gasto gubernamental no se redujo y se dejó que creciera vegetativamente; y
 

(c)    en lo que se refiere al aumento porcentual relativamente más alto sucedido en el 2014, en opinión del articulista del medio citado, “coincidió, entre otros factores, con una nueva colocación de $1.000 millones en ‘eurobonos’ y con el incremento salarial que el gobierno del presidente Solís decretó en el segundo semestre y que elevó el gasto en ₡62.000 millones,” a lo cual, pienso, podría adicionarse el no pequeño aumento de ₡38.000 millones para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que elevó el monto total de esa transferencia esperada para dicho año, a casi ₡360.000 millones.
 

Otras informaciones importantes consignadas en el comentario de La Nación, son las siguientes:
 

(1)    Que, dado el gasto real devengado del gobierno central en el 2015 de ₡5,8 billones (de un presupuesto total de ₡7,9 billones), respecto a la deuda total acumulada a finales de ese año, de ₡12 billones, dicha deuda superó al gasto devengado (aquellos que surgen de obligaciones de pago debidamente reconocidas por bienes o servicios previamente contratados) en un 207%; esto es, que es la deuda es más del doble del gasto devengado.
 

(2)    Por su parte, para el presupuesto del gobierno central del 2017, el servicio de la deuda del gobierno se estima que será de alrededor de una tercera parte (un 33%) del plan de gastos del presupuesto de la República, que se considera que ascenderá a ₡8,9 billones. Sin duda que un monto significativo de los gastos presupuestados se va en el pago de la deuda gubernamental.
 

El gobierno central, en su petición porque se aprueben nuevos y mayores impuestos, señala el elevado costo de una significativa deuda de ese gobierno, que, en sencillo, lo que quiere decir es que los ciudadanos tendremos apechugar con el costo de ese endeudamiento incurrido de manera creciente por el estado a lo largo de estos años. O sea, llega la hora en que se nos pasa la factura por las cuentas de ese mismo gobierno. Lo triste es que el esfuerzo indispensable para reducir el gasto gubernamental de manera significativa, ha sido relativamente muy débil, lo que parece augurar que el gobierno acudirá a un mayor endeudamiento para llenar su elevado déficit –el exceso de gastos por encima de sus ingresos: la jarana siempre sale a la cara.
 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: razones ciudadanas para no aceptar más impuestos

Una información de La Nación del 10 de diciembre, bajo el encabezado “Estado recibe mala nota en gestión de tributos: ITCR dio resultados de encuesta de opinión”, entre otras cosas importantes, señala que “Un 86% de los costarricenses (la entrevista fue formulada a 513 jefes de hogares) opina que el Estado  desperdicia el dinero mediante impuestos.” No sólo esto podría reiterar la antigua creencia de que, al ser los impuestos una materia odiosa, sería de esperar un alto porcentaje de rechazo a los gravámenes de parte de la población, pero más bien indica que la gente considera que esos fondos, que paga como impuestos, no son bien utilizados por el gobierno y que, por el contrario, son desperdiciados. 

Aunque lo que señala La Nación de esa encuesta realizada por el Instituto Tecnológico de Costa Rica no brinda específicamente el porcentaje de aceptación de los impuestos, sí expresa que “aunque muchos apoyan una reforma fiscal, se oponen a que esto conlleve un aumento tributario.” Habría sido interesante tener una idea de cuántos son esos “muchos”.  Pero, por datos indirectos, me da la impresión de que los tales “muchos” en realidad no son tantos. Veamos, por ejemplo: La Nación indica que “sólo el 21% de los entrevistados cree que el Estado recauda el dinero de manera eficiente.” Si el 79% restante -pienso- considera que el estado es ineficiente en su recaudación (o no sabe o que no es eficiente ni ineficiente), me imagino que no estaría tan dispuesto a darle la plata a un recaudador ineficiente, pues tal conducta podría estar reflejando un alejamiento de lo que se podría considerar como un sistema tributario “justo o equitativo”. Pero también porque “un 72% de los entrevistados opina” que los impuestos recaudados “les benefician poco”. Casi que uno puede considerar como extraña una conducta por la cual la persona desee pagar por algo que siente le beneficia poco. Lo lógico, más bien, es que, si se considera que algo casi no lo beneficia, tendería a abstenerse de pagar por ello. De paso, además de ese 72%, “un 13% es más radical aún y sostiene que no ayudan en nada,” según informa el reportaje citado.

Para mí es evidente el divorcio que hay entre la decisión ciudadana de pagar impuestos y el beneficio que obtiene de ellos, ya sea directa o indirectamente. Como me dijo una persona cercana en una ocasión: “si uno viera que con las platas que uno paga como impuestos, el gobierno hace cosas que uno necesita o le sirven, tendría una mayor voluntad de pagarlos.”

Ya sabemos del estado deficitario de las finanzas del gobierno; esto es, que hay un exceso de gasto más allá de los tributos que percibe. En gran parte, el gobierno ha planteado la necesidad de aumentar los impuestos (y, en menor proporción, reducir el gasto) pero, con toda franqueza, creo que la aprobación de aquella propuesta está en alitas de cucaracha, cuando el ciudadano observa el comportamiento de un gobierno que aprueba un presupuesto de gastos para el 2015 con un incremento de un 19% con respecto al del 2014. Por ello, es interesante señalar que sólo el 21% de las personas encuestadas “estarían dispuestas a pagar más para mejorar las finanzas del Estado”, según lo señala La Nación. Esta posición se me hace cuesta arriba, cuando lo comparo con aquél 86% que dice que el gobierno desperdicia la plata que recauda como impuestos y con aquel 79% (con la calificación que antes hice) que habría indicado que la recaudación de impuestos por el gobierno es ineficiente.

Por otra parte, 2 de cada 5 entrevistados dicen que el gobierno “ya debería de estar” impulsando la reforma fiscal -seamos claros, la expresión “reforma fiscal” no es más que un eufemismo de “aumentar los impuestos- pero habrá que ver si, una vez que el gobierno anuncie sus propuestas específicas de alzas en los tributos, los ciudadanos van a estar tan de acuerdo con que se pongan ya los nuevos y mayores gravámenes.  No me extraña que entre los proponentes de que el gobierno desde ahora le debe entrar a la reforma fiscal con los mayores impuestos, estén quienes de manera significativa reciben ingresos provenientes de ese gasto estatal, ya sea como empleados públicos o como empresas proveedoras contratistas de bienes y servicios al estado.

A su vez, según la encuesta antes citada, 2 de cada 5 entrevistados creen que el gobierno “debería esperar” a ganarse “la confianza de la gente”, reduciendo el sobredimensionado gasto público, antes de proceder a un aumento de los impuestos. 

Si la persona siente que el estado es ineficiente, en cuanto a proveerle los servicios que considera que debe brindarle a partir de los impuestos que paga, no van a querer que haya mayores impuestos. Al mismo tiempo, si ve que el país encara un serio problema fiscal que puede afectar a la ciudadanía, preferirá que se reduzca el gasto exagerado y desproporcionado, antes que haya un aumento de los impuestos. Y, me imagino, también pensará que, si le entrega más recursos propios al gobierno mediante más extensos y elevados tributos, éste pronto los gastará y así se nos sumirá, poco tiempo después, en un nuevo déficit. Esa ha sido la historia fiscal del país, en donde con frecuencia se han aprobado mayores impuestos con la excusa de reducir el déficit, pero la verdad es que simplemente se ha terminado en un gasto más elevado y un resurgimiento del déficit.

Asimismo, la persona es consciente de que, con una economía alicaída, de poco crecimiento a causa de esos nuevos o mayores impuestos, no se generará la inversión requerida y hasta provocará que desciendan los niveles de empleo en la economía. Y sabe que todo eso se traducirá en una reducción de los ingresos de las familias.

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: desvestir santos para vestir al CNP

Informa el Poder Ejecutivo (desde el ministro de agricultura) que buscan dineros para poner a flotar el Consejo Nacional de Producción. El CNP adeuda más de 3 mil millones de colones y para su gestión del año entrante se requieren más de 4 mil millones de colones.

El Estado hace aguas por todo lado, pero hay que entender que algunos jerarcas se esmeran en hacerle más goteras y fugas.  EL CNP debió haberse cerrado desde hace años. Su función ha sido inútil y su creación obedece a conceptos estatistas que solo han hecho daño, han  perjudicado la economía nacional, han producido pérdidas y han fomentado la irresponsabilidad.

La idea de los jerarcas es tomar dinero de otras administraciones para “fondear” el CNP, aprovecharse el PAI  (un programa impuesto de compras públicas) para “posicionar “ el CNP y, finalmente, tomar de los insuficientes fondos públicos para terminar de poner a flotar una mala idea.

En la embriaguez que en algunos ha producido el brillante desempeño de la selección de fútbol en el Mundial, han pretendido ignorar el daño que hace el nocivo monopolio de Recope, el punto muerto a que se ha llegado en la intentona por bajar los precios de la electricidad y el complicado estado de las finanzas públicas. Solo así se puede entender que, además, pretender poner a flote uno de las administraciones más complicadas del aparato estatal:  el CNP.

No puede haber racionalidad en este anuncio y es indispensable empezar con la labor crítica para detener esta intentona.  Resucitar la gestión del CNP afectará gravemente la economía nacional y el desempeño de la agricultura.

Es obvio que tal intentona deviene del complejo de autarquía alimentaria que persigue algún sector del estatismo que ha asumido la dirección del Estado.  Es el momento de discutir, analizar y combatir tan nefasta idea, pues el resultado será el desperdicio de más fondos públicos, más endeudamiento estatal y amenaza de más impuestos.  Ello conviene a los buscadores de rentas públicas, también a los ineficientes, un tanto más a los estatistas y en alguna parte a la corrupción.  El resultado será más burocracia y pobreza, menos eficiencia y libertad. 

No podemos quedarnos callados. 

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: en camino hacia la destrucción del país

Es inconcebible y aberrante la percepción de ciertos gremios sindicales, unidos a algunos grupos políticos, quienes creen que nuestro país nada en la abundancia, de manera que un óleo de dinero de todos nosotros hacia ellos no tendrá consecuencia alguna.

Dicha irresponsabilidad ronda los salones de la Asamblea Legislativa, pues ya está presentado un proyecto de ley, mediante el cual se devolverá a 4.000 maestros al sistema privilegiado de pensiones del magisterio, provenientes del régimen de la Caja, al cual se habían trasladado voluntariamente con anterioridad. Esto así puede sonar muy bonito, como para decir que por qué no habría de aprobarse en la Asamblea Legislativa, especialmente por aquello de hacer “justicia social”. Sin embargo, tiene el “pequeñísimo” inconveniente de que le costará al país, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la “fruslería” de ₡505.000 millones al erario costarricense. ¡Casi nada! Pongamos su plenitud en números; uno tras de otro: 505.000.000.000 colones. Por supuesto que, según los proponentes del proyecto, el monto sería menor, pero, vean cuánto menos: ₡250.000 millones. ¡Por dicha que es tan sólo la mitad de lo que nos dijo Hacienda! Pero, aun así, es un montón de plata que los costarricenses tendremos que sufragar, por medio de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo, con impuestos, a fin de amamantar a un gremio que ya de por sí es privilegiado.

En vez de proceder a resolver la grave situación en que se encuentran los regímenes estatales de pensiones, de aprobarse el proyecto de ley de marras, lo que se logrará es su agravamiento, pues, con aquél, tan sólo la Caja Costarricense de Seguro Social dejaría de percibir una suma multimillonaria, pues incluso esa propia entidad señala que la migración no sería de 4.000 maestros, sino de 8.000.

¿Por qué tanto apuro para volver al régimen de pensiones del magisterio, en vez de permanecer en el de la Caja? La posible explicación es que en el régimen del magisterio, cuando los maestros se pensionan, recibirán el 80% del promedio de sus 48 mejores sueldos percibidos, en tanto que en el régimen de pensiones de la Caja -el de la mayoría de los mortales que formamos parte de él- tan solo obtendrán como pensión un 60% del promedio de los mejores 48 salarios recibidos. 

Lo expuesto en el párrafo inmediato anterior debe llamar nuestra atención, porque en la actualidad dos importantes fracciones políticas de la Asamblea Legislativa, la del Partido Liberación Nacional y la del Frente Amplio, han dicho que respaldan ese traspaso de regímenes de pensiones por los educadores, pero ambas son fracciones que todo el tiempo se rasgan sus vestiduras, desjarretándose cada vez que pueden, para decirnos que apoyan el fortalecimiento de la Caja del Seguro Social. Hipocresía y falsedad es lo que demuestran con los hechos y no con las palabras.

El país debe evolucionar hacia un sistema público de pensiones único, universal, sin diferencias, como sucede hoy, entre muchos de ellos (el de la Corte, el del magisterio, el de Hacienda, el de la Asamblea y el de Correos, creo que entre otros). Si los trabajadores de alguna de esas entidades que tienen regímenes especiales de pensiones desean algo diferente (mayores beneficios, por ejemplo), que lo que obtendrían con la Caja, pues que hagan un régimen aparte, sufragado, eso sí, estrictamente por ellos y no con fondos provenientes de todos nosotros. De esa manera obtendrían lo que desean y están dispuestos a pagar por ello. Nada impediría que coticen para el obligatorio de la Caja y que, por otro lado, además aporten lo que corresponda para su propio régimen exclusivo.  De tal manera se evitaría que, por movidas como las que pretenden lograr en la Asamblea Legislativa, se termine por empujar a la quiebra a nuestro ya de por sí frágil sistema de pensiones de la Caja, así como a toda la hacienda pública. 

He señalado que la posición expresada por ciertas fracciones ante este proyecto de ley es simplemente hipocresía manifiesta. Durante el gobierno anterior del Partido Liberación Nacional, como sus autoridades se daban cuenta de que la aprobación del proyecto de referencia ocasionaría un grave daño a las finanzas de su gobierno, se opusieron firmemente a aquél. Ahora, ya en la oposición, la fracción de ese mismo Partido Liberación apoya su aprobación por la Asamblea Legislativa. Es decir, ya no les importa un bledo que cause una seria lesión a las finanzas del estado, sino que, por el contrario, se afecte la gestión financiero-económica de un gobierno que no es de su color político.

Por ello es que creo que hay algo más de fondo en todo este asunto, pero bien podría ser que estoy equivocado. Ese apoyo legislativo del PLN y del FA hacia la presión de los gremios magisteriales para que se les apruebe el retorno hacia su régimen privilegiado de pensiones, lo dan para retribuir a los sindicatos magisteriales por la tan politizada e insensata huelga que llevaron a cabo hace poco tiempo contra el gobierno recién estrenado y oponente de aquellos dos grupos políticos. Es un “pago” por haberse enfrentado al gobierno del señor Solís con la huelga de los maestros y así avanzar sus propios designios políticos en el marco de un gobierno debilitado por dicho paro.

El problema es que, con ese jueguito político de tan baja ralea, los perdidosos terminaremos, como siempre, siendo el resto de la ciudadanía, quien con la aprobación del proyecto en mención tendrá que pagar más y mayores impuestos, simplemente para evitar que con aquella decisión aumente aún más nuestro ya desmesurado déficit gubernamental.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: camino a la dependencia

En una reunión celebrada hace pocos días, el representante de los 18 diputados electos por el partido Liberación Nacional, don Juan Luis Jiménez Succar, le solicitó al presidente electo, don Luis Guillermo Solís, que impulsara el proyecto que aquel partido propuso en la reciente campaña electoral. La propuesta, sonoramente denominada “Costa Rica Solidaria”, considerado por el candidato de entonces, Johnny Araya, como su “proyecto estrella” para eliminar la pobreza extrema, pretende que se le otorgue a cada miembro de las familias que está en tal situación, la suma de ₡20.000 al mes, con el cual podría pagar las tres comidas diarias.

En aquel momento se indicó que el costo estimado del programa ascendería a, aproximadamente, unos $325 millones durante el período 2014-2017 y los recursos provendrían de Asignaciones Familiares y del IMAS, ambas instituciones establecidas desde mucho años atrás con el fin, explícito o supuesto, de eliminar la pobreza extrema en el país.

Prudentemente -lo cual cuál me agrado mucho pues es una buena muestra de inteligencia y habilidad política- el presidente electo respondió que lo estudiaría “con detenimiento”, lo cual es una respuesta responsable ante una propuesta que, por una parte, no parece tener sentido, en tanto que, por la otra, más bien podría llevar a que aumente más el gasto gubernamental y, sobre todo, que muy posiblemente no resuelve el problema de la pobreza extrema y que más bien la podría aumentar.

He señalado, como primer punto para objetar el proyecto del partido Liberación Nacional, que no parecía tener mucho sentido, específicamente porque los recursos que se han dicho serían necesarios durante los primeros cuatro años de operación, ascenderían a $325 millones, serían tomados de recursos hoy existentes tanto en Asignaciones Familiares como en el IMAS. Asignaciones Familiares fue una entidad creada para brindar ayuda a las familias de menores ingresos. Tristemente sufrió un mal manejo financiero en un pasado muy lejano para los perpetradores, pero relativamente reciente para ciudadanos indignados con el abuso, y que nunca fue debidamente responsabilizado. Lo lamentable es que, con el paso del tiempo, se ha demostrado su fracaso en cumplir con dicha función, como para que ahora se considere necesaria la existencia de un programa nuevo (Costa Rica Solidaria) para lograr ese mismo objetivo.

Algo similar es lo que sucede con el empleo de recursos de que hoy dispone el IMAS, para que sean usados en financiar al nuevo proyecto “social” propuesto por Liberación Nacional,  y que ahora quiere que el nuevo gobierno lo impulse. Debe recordarse que el IMAS fue creado a principios de la década de los setentas por el ex presidente José Figueres Ferrer, con el fin exclusivo de extirpar, en un lapso de cuatro años de gobierno, la miseria extrema en el país. Más o menos ocho años después, en la administración Carazo, al IMAS se le otorgó vida eterna (legalmente hablando) pues en ese tiempo no se había podido eliminar la miseria extrema en el país. 

Ahora se pretende crear una nueva institución gubernamental para que venga a hacer lo que esas otras dos instituciones (el IMAS y Asignaciones Familiares) no pudieron lograr; eso sí, se toman los fondos de esos dos entes. O sea, se trata de crear una nueva entidad, a partir de dos cascarones, los cuales ni siquiera son extinguidos y sus funciones concentradas en un nuevo ente. Por ello, no creo que la idea tenga mucho sentido, pues ya se tiene una larga experiencia de fracasos en el logro de su fin esencial, cual fue terminar con la pobreza extrema en el país, mediante la acción gubernamental.

Eso me conduce a mi segunda objeción a la idea propuesta por el partido Liberación Nacional al nuevo gobierno de don Luis Guillermo Solís. Esta es que “más bien podría llevar a que aumente más el gasto gubernamental”. Es casi de sentido común y sobre todo de experiencia práctica, que, al crearse una nueva entidad dedicada a eliminar la miseria extrema, al tiempo que no se eliminan las dos entidades previamente existentes para lograr ese objetivo, se termine por usar más recursos que los empleados en la actualidad. A los gastos de los dos entes viejos, hay que agregar los gastos para mantener al nuevo. El efecto neto es que se gastaría, hipotéticamente, la misma cantidad que antes ($325 millones en cuatro años), pero los gastos estatales aumentarían por el financiamiento de la nueva burocracia encargada de la administración de la lucha contra la pobreza extrema. Así, quedarían disponibles menos recursos reales para ser gastados por el estado costarricense, tanto en sus proyectos como particularmente para la eliminación de la pobreza. 

El argumento final –y de más peso, creo yo- es que el nuevo proyecto no va a reducir la pobreza extrema y posiblemente más bien la aumente. La razón de ello tiene que ver con la naturaleza de los incentivos. Se supone que el proyecto daría dinero en efectivo (₡20.000 mensuales) para cubrir las tres comidas diarias de cada persona que esté dentro de los considerados como de pobreza extrema en Costa Rica (aproximadamente unas 350.000 personas). El incentivo no es para estimular que las personas se alejen de ese grupo de pobreza extrema, pues si dejan de ser parte de él, perderían el subsidio. Por otra parte, la propuesta hace que quienes apenas estén por encima de la pobreza extrema, reciban el subsidio tan sólo si disminuye en algo su ingreso (o riqueza) o bien si lo oculta para aparentar que está dentro del primer grupo. En resumen, los incentivos del proyecto están dados para que las personas se queden dentro del grupo beneficiado por el programa o bien para que a dicho grupo se incorporen nuevas personas que anteriormente estaban por encima de los ingresos que los calificaban de pobreza extrema. No hay un incentivo para que la persona, una vez que recibe el subsidio, lo deje si no es que tiene la oportunidad de ganar más que el monto que se le da por su condición.

También hay otro incentivo de ese proyecto que se debe tomar en cuenta. A los extranjeros se les hará aún mucho más atractivo venirse a vivir a Costa Rica, pues aumentan sus posibilidades de obtener un ingreso mayor en el país, comparado con aquél de donde vienen. Además de que, si bien esos ₡20.000 parecen ser de poca monta, eso se viene a agregar a la posibilidad de tener en Costa Rica educación y salud gratuitas, además de poder obtener lotes en donde construir o fondos para adquirir o construir una vivienda, además de tener acceso a otros programas de ayuda actualmente existentes en FODESAF o en el IMAS. En síntesis, aumentan las posibilidades de que el migrante pueda obtener un ingreso garantizado.  Eso es lo que hacen los incentivos, cuando estos son errados para resolver un problema, como es este caso de la pobreza extrema en el país.

El proyecto de mayor viabilidad para resolver la pobreza extrema radica en lograr el mayor crecimiento posible de nuestra producción, en especial porque la falta de empleo en nuestro país está altamente ligada con la pobreza extrema en los hogares. Asimismo, el de brindar la posibilidad de que los ciudadanos tengan la oportunidad para educarse y gozar de una buena salud que les permita laborar (y estudiar). De aquí que, en mi opinión, hace bien don Luis Guillermo de decir diplomáticamente que estudiará la propuesta poco eficiente que le ha hecho el partido Liberación Nacional, para contribuir a resolver la pobreza extrema del país. Es importante destacar que esa proposición de la entrante fracción legislativa liberacionista constituye un sinsentido, que más bien estimulará un gasto gubernamental mayor y, sobretodo, que no contribuye a resolver competentemente el lamentable problema de la pobreza extrema en nuestro país. Lo único que asegurará es que esos ciudadanos, además de sufrir esa miseria intensa, se conviertan en dependientes del estado; unos modernos siervos que deberán someterse a la todopoderosa y bienhechora voluntad de políticos incrustados en el gobierno; es un camino que lleva a la sumisión de hombres libres, quienes sólo aspiran a dejar de ser sumamente pobres.

Jorge Corrales Quesada