martes, 30 de abril de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: efecto en Costa Rica de la política monetaria reciente en los Estados Unidos

Como parte de la política económica proseguida por la administración Obama, a fin de recuperar su economía de la recesión iniciada en el 2008, el gobierno siguió una política fiscal caracterizada por un excesivo gasto público, superior a las recaudaciones impositivas. Esto ha dado lugar a los reconocidos elevados déficits, que, en opinión de un economista keynesiano, es la política económica deseable en presencia de una recesión.  Sin embargo, los resultados obtenidos en la tasa de crecimiento de la economía de esa nación no parecen haber sido muy fructíferos y, más bien, notable es el incremento enorme de la deuda pública estadounidense, en mucho ocasionado por esos déficits mencionados.

La otra parte de la política económica de Obama en estos años, ha sido una muy importante expansión monetaria, que también forma parte del credo de algunos economistas, a fin de restaurar el crecimiento de la economía en recesión.  Esto ha llevado a que el Banco Central de los Estados Unidos (la FED) prosiga una reducción de las tasas de interés, para acomodar esa política monetaria expansiva, que incluso por mucho tiempo se han aproximado a tasas de cero. Es decir, que el costo del dinero de la FED es casi inexistente. Se considera que así las entidades que acuden a pedir prestado dinero a la FED, básicamente los bancos, podrían prestar a empresas a tasas de interés sumamente bajas, de forma que con ello se impulsa la inversión y, por ende, el crecimiento y el empleo.

El problema con esto último es que los bancos y las empresas en un alto grado han mantenido esos saldos monetarios sin prestarlos o bien los han colocado en bolsas de valores. Esto se ha reflejado en balances sumamente líquidos de esas entidades, pero con un menor grado de colocación de créditos al sector privado productivo que el posiblemente requerido y así lograr el crecimiento económico que se busca. Mucha del alza del indicador Dow Jones de la Bolsa de Valores de Nueva York se podría explicar por este fenómeno.

Ese exceso de liquidez en la economía estadounidense no era posible contenerlo en un recipiente llamado “economía estadounidense”, sino que se ha dirigido más allá de sus fronteras.  Esto posiblemente formaba parte del cálculo de las autoridades bancarias estadounidenses, pues una mayor oferta de dólares en el mercado internacional con respecto al crecimiento más moderado de otras monedas locales de naciones con las cuales Estados Unidos realiza su comercio internacional, provocaría que el dólar se devaluara vis a vis esas otras monedas. O, lo que es lo mismo, que esas otras monedas se revaluaran en comparación con el dólar estadounidense.

Estas redefiniciones de los valores internacionales de las monedas tendría como impacto importante un aumento en las exportaciones de los Estados Unidos y una disminución de sus importaciones, todo lo demás constante. Claro que era parte de lo que la administración Obama buscaba obtener, a fin de relanzar un crecimiento insípido de su economía doméstica.  Se supone que una mayor demanda de la producción estadounidense, incluida de la parte internacional, según se señaló, se traduciría en un incentivo para aumentar la inversión y recuperar su capacidad ociosa domésticas. Así se lograría salir de la recesión.

Mucho de esto está por verse, pues cinco años después de que la administración Obama se matriculó con ese expansionismo Keynesiano, la economía estadounidense crece relativamente muy poco.
En Costa Rica sí hemos tenido un impacto preocupante de esa expansión monetaria de los Estados Unidos, que, aunada a factores propios nuestros, ha impulsado una revaluación del colón de casi un 25%, en estos 5 años de la administración Obama.

Era de esperar que la abundancia de fondos baratos en Estados Unidos fluyera a diversas naciones, en las cuales los rendimientos pagados fueran superiores (tomando en cuenta los riesgos propios de cada país) a los que se lograrían en aquel país. Costa Rica, al igual que muchas otras naciones, reunía esos requisitos y los llamados “capitales golondrina” se dirigieron aquí a hacer su nido. Además, una creciente inversión extranjera directa en nuestro país se hizo beneficiaria de la disponibilidad de fondos de inversión baratos en su país de origen, los Estados Unidos. Todo esto contribuyó a que en estos cinco años el país haya tenido una entrada fuerte de dólares, a pesar de la situación recesiva del mundo como un todo.

Pero el problema no sólo le llegó a Costa Rica, sino que también se lo buscó. Y posiblemente al principio de la situación, cuando en el mundo cundía el pánico financiero, Costa Rica vio con muy buenos ojos la posibilidad de sortear mejor las aguas procelosas de la recesión, incluso mejor a como lo podían hacer los Estados Unidos. La caída inicial en la inversión extranjera directa fue compensada por su propia recuperación y por la inversión de fondos de corto plazo en nuestro sistema bancario. Esto llegó a un grado tal que el Banco Central se dio cuenta de que no podía seguir comprando cuanto dólar entraba al país, sin que se generaran problemas de conducción monetaria. Concretamente, a fin de mantener el tipo de cambio del colón con respecto al dólar, que ya se situaba en el límite inferior de su banda cambiaria, el Banco Central emitía colones en exceso, a fin de poder comprar los muchos dólares que estaban entrando al país. Esta expansión monetaria era una inflación a la segura.

Para retirar ese exceso de colones que así estaba echando el Banco Central a la calle, fue necesario ver cómo lograba disminuir esa presión. Para disminuir la oferta de colones, el Banco Central tuvo que vender documentos (sus bonos, por ejemplo), claro que pagando más y más por ello.  Esto es, teniendo que pagar mayores intereses.

Todo esto el Banco Central lo hizo para que el tipo de cambio del colón con respecto al dólar no se revaluara. Esa medida decidió no tomarla y para ello mantuvo el piso de su banda cambiaria. Sin embargo, los mayores intereses del mercado costarricense y la garantía de que el valor del dólar en colones no iba a variar, estimuló un los últimos años una fuerte entrada de dólares al país.

El Banco Central ha venido impulsando una reducción conveniente de las altas tasas reales de interés previas e incluso envió un proyecto a la Asamblea Legislativa para limitar los rendimientos de los capitales golondrina (que tal vez posiblemente no logre nada o muy poco, dada la eficiencia con que se mueven esos fondos). Pero siempre tendremos la presión de esa abundancia de dólares en los mercados internacionales, que de alguna manera acudirán a nuestro país, incluso como inversión extranjera directa. Este es el resultado de una abundancia de oferta del dólar en el mundo, que incluso ha perdido mucho de su prestigio para ser usado como moneda universal de cambio, debido a la pérdida eventual de su valor mediante la inflación, cuando estalle esta burbuja creada por el Banco Central estadounidense. Pero también existirá presión por la idea de que el tipo de cambio del colón con respecto al dólar es intocable, según sostiene hoy nuestro Banco Central.

En todo caso, demos una respetuosa bienvenida al país al Presidente Obama, como debemos hacerlo con cualquier otro invitado a nuestra nación.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 29 de abril de 2013

Tema polémico: Hablando ¿claro?


El día de hoy queríamos dedicarlo para analizar el daño que causan en general nuestros medios de comunicación, cuando expresan opiniones como si fueran verdaderos juicios “analíticos” (hablando en términos kantianos). Es decir, expresan opiniones, como si las mismas fueran ciertas en si mismas, sin advertir que lo que hay detrás de las mismas es el paradigma (Kuhn) dominante de nuestros tiempos: la necesidad del Estado de intervenir lo privado para alcanzar bienestar general.

Habiendo desnudado nuestro objetivo, deseamos presentar un sencillo pero ejemplificante caso. El día 10 de abril del presente año en los micrófonos de “Hablando Claro”  se encontraba el presidente del TSE Luis Antonio Sobrado. En ese momento, se discutía una serie de reformas que se pretenden efectuar sobre la materia electoral. Particularmente, nos interesó aquella que se refería a la obligación de los medios de comunicación de otorgar espacios gratuitos para los partidos políticos. Inmediatamente, los entrevistadores resaltaron la conveniencia de dicha propuesta, advirtiendo además que cualquier oposición sólo podría ser fruto del afán codicioso y materialista de los dueños de los medios. Desafortunadamente dicho análisis que pretende ser crítico, no es más que el mero reflejo del paradigma dominante, el cual nos condena a afirmar sin pensar, pero lo que es peor, nos constriñe a esperar que todos los demás asentamos ante una verdad tan obvia y manifiesta.

Pues este día, en ASOJOD queremos atrevernos a ser diferentes, y proponer un análisis alternativo. Parece que todo resulta muy claro: existe un bien superior que es la democracia, al cual cualquier interés particular debe ceder en beneficio de la mayorías. Así las cosas, quién podría ser tan mezquino para objetar dicha reforma. El problema, es que el mundo es más complejo que el simple juego maniqueo que se nos vende: individuos privados malos que deben ser regulados por el Estado. Un ejemplo muy sencillo para desmentir esto: la libertad de conciencia. En ASOJOD, vemos un problema de fondo mucho más grande con dicha propuesta (más allá del tema de regalarle espacio al Estado) y es precisamente el tema de la libertad de conciencia. Pensemos por un momento, en un dueño de medios que sea homosexual: por qué esta persona va a tener que poner al servicio de un tipejo como Justo Orozco todo lo que ha producido con el sudor de su frente, para escucharlo decir que es un pecador o alguien con una enfermedad. Igualmente, por qué un dueño de medios que por ejemplo sea pro vida, tiene que prestar sus recursos para escuchar a un político que abogue a favor del aborto.

Como se ve, cualquier propuesta tiene siempre un sin fin de implicaciones: éticas, políticas, sociológicas, económicas, etc, implicaciones que no pueden ser analizadas correctamente a partir de una aplicación en automático de un paradigma tan pobre e ingenuo. Lo más triste, es que esas meras opiniones infundadas y precoces pasen en nuestro medio como análisis críticos de la realidad nacional.

miércoles, 24 de abril de 2013

Desde la tribuna: genial charla de Enrique Ghersi acerca de la informalidad

Ayer en la noche (23de abril de  2013 en el Hotel Crowne Plaza Corobicí, San José, Costa Rica) y con el patrocinio de la Asociación Nacional de Fomento Económico y la Fundación Academia Stvdivm, el abogado, político y pensador liberal Enrique Ghersi, impartió una interesante charla, ante un nutrido grupo de asistentes.

Ghersi, abogado y académico, “entregado a la libertad y a la razón” (palabras del presentador, Oscar  Alvarez, presidente de ANFE) inició la charla con una palabras de agradecimiento y en homenaje a su amigo, Alberto Di Mare, a quien llamó “héroe de la libertad”.

De seguido, planteó el tema de la informalidad, como una pregunta:  ¿La informalidad es una causa o un efecto? En principio, manifestó, la informalidad (la actividad informal) es una reivindicación frente a  la ineficiencia estatal.  Es la consecuencia de una  distorsión.

Por una parte, los abogados creen que el derecho es gratuito y que se puede convertir en obligación cualquier ocurrencia legislativa.  Por el otro lado, tampoco el derecho es una constante, como creen muchos economistas. Las ocurrencias legales encarecen la vida de la gente. Ello porque la ley es costosa.

¿Cuál es el costo de hacer algo?  Pues lo que yo dejo de hacer para hacer algo. Por ello cumplir la norma no es gratuito (dejo de hacer algo): ese es el costo de oportunidad. En otras palabras, la consabida frase de que no hay almuerzo gratis.

Por supuesto que depende de cada cual obedecer la ley: es una cuestión de tiempo e información. Por ejemplo, cumplir la legislación para abrir un negocio:  hay que enfrentar  diversos trámites  legales  (barreras de acceso). Eso no es gratis.

El tiempo no es gratis, hay una demanda de tiempo. Asimismo sucede con la información que se requiere para abrir un negocio: hay que conocer  el Derecho,  estudiar los impuestos correspondientes y su  complejidad (hay variedad de interpretaciones jurídicas). Si no tengo la información,  tengo que pagar a quien la tenga.  Ello es un costo.

“El otro sendero” (el libro-documento) es un estudio  de cuánto cuesta la ley (cumplir el Derecho):  Se hizo el esfuerzo de recopilación del proceso de recabar todas las licencias para abrir algunos negocios.  Incluso, apareció el tema del pago de sobornos.

La intuición decía que existía una barrera y así lo demostraron en el estudio. Ello lleva a tratar de ponerse en la situación del ciudadano, del individuo de carne y hueso que tiene que enfrentarse en la realidad a todas estas barreras, información y costo del Derecho para hacer su vida.

La cantidad del tiempo y  la información necesarias para hacer algo son el costo de  oportunidad. La conclusión es que el ciudadano cumple la ley cuando no le es más caro que incumplirla.  Es un tema de costes. Si usar el derecho es costoso, la gente no lo usará y se desplazará a la informalidad (o mercado informal).  Es un hecho.

Es menester señalar que no hay personas formales e informales, sino actividades formales e informales.  La misma personas puede  estar en los dos ámbitos.  La decisión depende del costo de la legalidad.  Tal costo puede hacer que la legalidad no se cumpla.

Otra conclusión que de ello deriva es que no solo es costosa la ley (el Derecho, sino que a la pregunta de a quién le cuesta más la ley, al pobre o  al rico, hay que contestar que al pobre le cuesta más la legalidad, porque el costo es inversamente proporcional al ingreso. Por ello las decisiones legislativas excesivas, el hecho de poner más leyes, complica la vida a quienes tienen menos.  Se les hace la existencia y el desempeño más conflictivo y costoso. Asimismo, los impuestos le van a costar más al más pobre. De la misma manera, establecer más controles y  regulaciones le cuestan más al pobre, pues el costo es asimétrico.

Uno de los vicios al respecto es la importación de  leyes, en la vana ilusión de que  el desarrollo se logra por tal vía.  Al final, se complica más el cumplimiento de la ley, el acceso a la información respectiva y se hace más difícil incorporarse a la formalidad. Por ejemplo, la ley que cumple un europeo le sale muy costosa de cumplir a  un latinoamericano. Los artesanos y gente sencilla pasan a la informalidad por no poder costear la ley, el Derecho se vuelve costoso.

¿Formalizar a los informales o informalizar a los formales?  Estima que es mejor informalizar los formales. La solución es hacer más sencillo el Derecho, bajar todo el tema de impuestos y quitar las barreras  de acceso.

Asimismo, tener  acceso rápido y barato a la justicia, establecer un mecanismo civil y fácil  para que se pague por los  daños y  responsabilidades en que se incurre.

Ghersi cita a un profesor suyo de Filosofía, un jesuita que decía que “hay ganarse el pan con el sudor de la frente y no con el sudor del de enfrente”. Concluye que el Derecho ha de ser barato, sencillo, eficiente, comprensivo. Insiste en que el Derecho tiene consecuencias económicas y que, un derecho costoso tiene consecuencias desastrosas.

Por otro lado, propone no discutir las causas de la pobreza.  Más bien hay que concentrarse en encontrar las causas de la riqueza. Nos recuerda que en la selva todos son pobres y no hay justicia. Señala que el trabajo, la propiedad, el respeto, la justicia, el cumplimiento contractual son cuestiones importantes que construyen una civilización.  También pueden ser las causas de la riqueza.

Llama a reflexionar acerca del hecho de que la informalidad oculta un mensaje: se trata de que hay personas jóvenes y humildes que trabajan para crear una sociedad, moviéndose en ella (la informalidad).

También cita a Jefferson, en su idea de que “el  precio de la libertad es su eterna vigilancia”.

Finalmente, evoca el hecho de que los pueblos libres nunca han sido derrotados.

martes, 23 de abril de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: sigue el aguacero de plata pública

Al comentario de la semana pasada en el sitio de ASOJOD lo titulé “Gastos Innecesarios del Gobierno”. Simplemente debería haber llamado a este nuevo comentario “Una Versión Ampliada o una Segunda Parte”, pero me parece mejor enfatizar que el gasto gubernamental desaforado está en plena vigencia.
Tan sólo en el transcurso de una semana, han surgido nuevos ejemplos de tales dispendios, a los cuales me referiré:

Primero. El Consejo Nacional de Producción es una entidad gubernamental que muchos no entendemos cómo es que sigue abierta, si lo único que parece hacer bien es gastar nuestros recursos escasos. Resulta que ahora decidió incentivar a sus numerosos directores, regalándoles teléfonos celulares del tipo IPhone5, que sabemos son de los más caros en el mercado. ¿Será para que esos funcionarios se entretengan en algo durante sus horas laborales, dado que en el CNP casi no se hace nada? Las oportunidades de entretenimiento que permite el IPhone 5 son enormes, de manera que, ¡a jugar se ha dicho! 

Segundo. Los sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad ya han anunciado un paro de labores para el próximo lunes 29 de abril.  Protestarán contra la decisión legalmente tomada hace más de cuatro años, de que el ICE adaptara sus equipos para que nuestros números telefónicos conservaran su portabilidad. Esto, en sencillo, lo que hace es facilitar a los consumidores el traslado del número actual que se tenga, si es que se desea tener otro proveedor del servicio telefónico.  Con esto los mayores beneficiados seríamos los usuarios, quienes así tendremos mejores posibilidades para elegir libremente la empresa telefónica que nos dé la gana. Elección que, obviamente, deberá ser totalmente voluntaria.  El costo que el ICE quiere imponernos al impedir la portabilidad, es que sigamos siendo sus clientes cautivos. Pero, debemos ser libres para escoger: Al que quiera seguir con un teléfono del ICE, pues que así lo haga; para quien quiera cambiar hacia otro operador, que no se le imponga el costo (por la acción del ICE), de verse obligado a cambiar un número telefónico, que tal vez ha usado por años.

Tercero. Se firmó un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos de educadores costarricenses (SEC) y el de trabajadores de los comedores escolares y afines (SITRACOME), que constituye la primera convención colectiva que se aplica en el sector educativo del país.  Esto abre las puertas para que otros importantes grupos laborales sindicalizados de dicho sector, tales como maestros y profesores, busquen a futuro lograr que los acuerdos laborales hoy existentes sean convenciones colectivas.  También esta forma de negociación entre el estado y los trabajadores, podrá ser pretendida por otros gremios laborales en el sector público. Se supone que acuerdos laborales como éste le dan mayor firmeza a las relaciones entre las partes; en este caso, el gobierno y el SEC/SITRACOME.
Se estima que esta convención colectiva le costará al país, en un plazo de unos tres años, aproximadamente ¢5.700 millones, que obviamente contribuyen a ampliar el ya enorme déficit del sector público.

Si bien el acuerdo incluye la decisión de que un 2.8% del presupuesto del Ministerio de Educación (unos ¢1.585 millones en este año) se dedique a infraestructura educativa y a su mantenimiento, lo cual ya estaba incorporado en los presupuestos del Ministerio de Educación, hay un claro aumento neto de gastos en otros rubros. Se estima que se crearán 600 plazas nuevas de cocineras para las escuelas, por un monto estimado de ¢2.600 millones. Se complace así al SITRACOME. Pero, además, habrá 345 nuevas plazas para oficinistas, con un costo de ¢1.560 millones, y un gasto adicional de ¢1.500 millones para ayudar a financiar actividades de arte, deporte y ferias educativas. Con esto se complace al SEC.
Además, la convención concede una ampliación de la licencia de paternidad, que se otorga a los asociados al nacer algún hijo, pasando a un mes el actual de quince días con goce de sueldo. Obviamente pronto habrá peticiones sindicales similares en todo el sector público.

Que el lector medite acerca de la conveniencia de estos montos de gasto estatal, dada la situación tan seria de las finanzas gubernamentales. Me parece que, lo que el gobierno pretende con esto, es desarrollar argumentos que justifiquen una pronta propuesta para aumentar los impuestos, además de complacer a grupos laborales en vista de las próximas elecciones.

Cuarto. Para el 2013 el presupuesto gubernamental destinado a la publicidad y propaganda de la Presidenta, asciende a ¢1.100 millones; superior en un 66% al del 2012 y el doble del año 2011. Ahora resulta que se añadirán otros ¢160 millones para esos fines. ¿Acaso se perdió el buen juicio en el ámbito de las autoridades fiscales? No se han dado cuenta de que, entre más han venido gastando en la imagen presidencial, mayor ha sido la caída en los indicadores de aprobación del gobierno. Como esa plata no es producida por los gobernantes, sino que viene de los ciudadanos, quienes trabajan para entregárselo mediante impuestos y tasas al gobierno, es que da cólera ver todo este desperdicio fatuo.

Quinto. Acaba de ser nombrado un nuevo Viceministro de Gobernación.  Lo interesante es que se da cuando un tribunal ordenó la restitución de la Directora de Migración, licenciada Kattia Rodríguez. Doña Kattia había sido destituida por pérdida de confianza de los jerarcas de ese ministerio. Por ello, pa’ joderla, como dice el pueblo, al regresar ella a su puesto, le ponen a alguien por encima para anularla.  Vieja y conocida táctica de esos señores del poder. Claro, esto no va a ser de a gratis, pues tendremos que pagarlo. El nuevo Vice va a requerir de nuevo personal, de algún lado habrá de salir su sueldo (de nuestros bolsillos) y tendrá acceso a una serie de beneficios, de todos conocidos, derivados de su nuevo cargo. Me imagino que la plata no va a faltar para estos políticos, pues posiblemente saldrá de los recursos que, por un impuesto a las sociedades anónimas, estaban destinados a la seguridad ciudadana.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 22 de abril de 2013

Tema polémico: aumento del descontento social

Desde hace un tiempo atrás, venimos observando una creciente decepción ciudadana hacia la res publica, hacia la política y lo político. Una de las primeras señales es el aumento en el abstencionismo, que ha superado el 30% en las últimas elecciones y que se espera sea todavía mayor en las venideras. A esto se le debe agregar que se presentan más manifestaciones de descontento -protestas, bloqueos, marchas, huelgas- con más intensidad, más conflicto y más violencia. Desde hace varios años no vemos una sola de estas manifestaciones que no haya terminadocon algún conato de bronca, un encontronazo o un alboroto. 

Y la verdad, ya no culpamos exclusivamente a los asistentes a esos eventos. No se puede decir que solamente son unos pocos bochincheros transnochados que llegan a hacer destrozos por gusto, como años atrás. Ahora es un grupo enorme de ciudadanos molestos -y con mucha razón- por el accionar de los diferentes gobiernos que muestra en estas situaciones su descontento. 

Lo peor de todo es que esta creciente violentización de la protesta social, si nos permiten el término, viene siendo incitada por las últimas administraciones. Cada día surgen más noticias y temas que despiertan ese enojo ciudadano y los responsables, en lugar de hacer algo para calmar los ánimos, los incitan. El gobierno de Laura Chinchilla ha sido, sin duda, el principal responsable de este aumento en la molestia de los costarricenses pues, al igual que sus antencesores, ha estado marcado por escándalos y chorizos pero, a diferencia de ellos, no se ha preocupado nipor ocultarlos. A toda luz, salen los Procesos, las trochas, las platinas, los desórdenes en la Caja, los conflictos de interés con la carretera San José-San Ramón (donde Pedro Castro es cuestionado por, presuntamente, haber sido asesor de la empresa concesionaria OAS) o con las cámaras para medir la velocidad (donde Francisco Jiménez había sido vinculado como socio de la empresa a la que se las compraron), la verdadera red de cuido montada por doña Laura, donde sus allegados son protegidos a toda costa y la remosión, el castigo o el regaño brillan por su ausencia. Podríamos seguir anotando informaciones cuestionables que salpican a este gobierno pero nunca terminaríamos, por lo que invitamos al lector a continuar el recuento en su mente. 

Nos preocupa saber que frente a todos estos escándalos que día a día surgen, los responsables no hagan nada por detener el malestar. Ni juicios, ni investigaciones y, ni siquiera, declaraciones, como doña Laura que guarda silencio ante los cuestionamientos y esconde la cabeza, cual avestruz, para sortear el peligro. Ese mutismo, ese autismo político lo único que va a lograr es echarle más fuego a la caldera del descontento social y gracias a esa apatía, podríamos enfrentar serios problemas en el futuro.

viernes, 19 de abril de 2013

Viernes de recomendación

Para este día queremos extenderles invitación al curso "Formación ciudadana en libertad", impartido por nuestro miembro Alejandro Barrantes Requeno, quien también es vicepresidente de ANFE y asesor parlamentario. 

Fechas: lunes 22, 29 de abril y 6 de mayo
Horario: 6:30-8:30 pm
Lugar: instalaciones de ANFE, 200 metros oeste de la Casa Italia – Barrio Francisco Peralta, contiguo al Templo Votivo del Sagrado Corazón de Jesús, San José.

Lunes 22 de abril de 2013

1.    ¿Qué es la democracia? Acercamiento y desmitificación
2.    El parlamento: ¿fábrica de leyes o espacio de representación?
3.    Reglamento Legislativo: mayorías vrs minorías.

Lunes 29 de abril de 2013
Invitado: Federico Malavassi Calvo, ex Diputado y abogado

1.    Informe de los notables: ¿gobernabilidad o decisionismo?

2.    Proyectos de ley presentados por el Ejecutivo a raíz del Informe de los Notables.

Lunes 6 de mayo de 2013
Invitado: Manuel Echeverría, Directivo de ANFE y abogado

1.    Ciudadanos unos contra otros por causa del Estado.
a.    Educación sexual
b.    Salud pública: alimentos, fumado y drogas
c.    Armas
d.    Medio ambiente
e.    Subsidios

miércoles, 17 de abril de 2013

Desde la tribuna: ¿cómo echar a perder una buena idea?

La “concesión de obra pública” es una magnífica idea, tomada de los usos de otros Estados.  En nuestro país, desdichadamente, ha resultado una buena teoría, pero una mala práctica (como el chiste:  “en teoría tenemos como enfrentar el déficit de infraestructura pública, pero en la práctica tenemos los mismos vicios y otra veta para las sinvergüenzadas”).

La “concesión de la Carretera Bernardo Soto” en la modalidad de concesión de obra pública ha exasperado a la gente, a las comunidades y  arriesga con poner fin a una buena idea. 

Las torpes actuaciones gubernamentales que, incluso, convirtieron la Fiesta Patria de Juan Santamaría, en Alajuela, en una trifulca memorable, están convirtiendo a la interesante posibilidad de concesión en el pato de la fiesta.

La idea de la concesión de obra pública es muy interesante y una buena vía en la solución de las carencias estatales.  La posibilidad de concesionar a un sujeto de derecho privado una obra pública para que se usen los recursos privados en el desarrollo de la infraestructura pública es magnífica, pues así se puede obviar la mala administración pública y el reiterado déficit público.  Es un modo de enfocar la inversión privada en proyectos públicos obras rentables (la inversión se recuperará a través de una tarifa pagada por los usuarios).

En varios Estados, tal modalidad de concesión o figura jurídica ha sido la vía para ir más allá de las imposibilidades presupuestarias y fiscales que ahogan las necesidades de infraestructura, de obras, de soluciones.  Prácticamente no hay Estado en el cual abunden los recursos públicos y, por ello, hay carencias crónicas y dificultades para financiar algunos proyectos.

Costa Rica no es ajena a tales carencias y limitaciones.  Todo lo contrario.  Estamos asfixiados por un crónico déficit presupuestario, mala administración pública y necesidades irresueltas.  Por ello nuestra sociedad es de las que debería aprovechar con ventaja las posibilidades de la “concesión de obra pública”.  Por tal vía podríamos superar el ya antiguo déficit en carreteras, puertos, ferrocarriles, todo clase de aguas e infraestructura pública y comunitaria.  Pero …

En lugar de acometer la novedad jurídica con entereza jurídica y moral, hemos terminado en unos terribles embrollos que, además, arriesgan la proscripción de la figura de concesión de obra pública en nuestro medio.

Las actuaciones del Consejo Nacional de Concesiones son objetables en toda la línea (sobre todo desvío en los aspectos jurídicos y éticos):  sin adecuada selección de los proyectos, con pagos injustificables, decisiones injustas y objetables que han terminado con la condena judicial y una inaceptable toma del órgano contralor.

En el caso de la carretera Bernardo Soto (como si la carretera a Caldera hubiese sido una experiencia exitosa), aparecen además cesiones objetables (que aumentan los precios) y una “suficiencia” de funcionarios que, sumada a las torpezas gubernamentales, arriesgan convertir el proyecto en una “halada del rabo de la ternera”.

Entonces el sentir general es que la figura sirve para todo menos para lo que fue concebida:  en lugar de constituir una vía de solución para los serios problemas nacionales en infraestructura y falta de recursos, pareciera que se ha actuado para que se objete la participación de la empresa privada, para que se hagan negociados inaceptables, para que se actúe de forma reprobable y para que la sociedad despotrique contra la figura jurídica, la cual, congelada en forma de ley, no tiene la oportunidad de defenderse de tan malos directores de orquesta, tan malos músicos y tan mala ejecución.  El público terminará achacando los males a la partitura y no a los ejecutantes.  ¡Achará, qué vaina!  

Todo ello aleja la posibilidad de hacernos de buena infraestructura, aumenta la presión fiscal y el riesgo de más impuestos.  También facilita la eventual utilización de la legislación de emergencia, con los consabidos resultados. 

Federico Malavassi Calvo

martes, 16 de abril de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: gastos innecesarios del Gobierno

Uno espera que, en momentos de crisis, el gobierno lleve a cabo, con un énfasis mayor, medidas que contribuyan a eliminarla.  Se ha dicho hasta la saciedad que hay una crisis en las finanzas gubernamentales, pues el Estado gasta más de lo que recibe por impuestos.  Al llegar dicho déficit a un 5% de la producción nacional, se encienden las luces rojas, pues el país podría entrar en problemas muy serios, que incluso habrían de requerir la intervención odiosa del Fondo Monetario Internacional.

Es en momentos en que el país se acerca a ese punto de referencia, cuando mayor esfuerzo debería hacer el gobierno en cuanto a limitar y, mejor aún, reducir su gastadera.  Hoy debo referirme a algunos de esos gastos, que pasan encubiertos en la maraña cotidiana de presupuestos estatales, pero que, por el contrario, deberían ser objetivo definido de limitación. A riesgo de dejar de lado importantes gastos, hoy prefiero mencionar tan sólo unos “pequeños”, que palidecen en comparación con lo que ha sido el gasto para mantener el puente de la platina en una condición de transitable o el gasto en la trocha, en las condiciones que todos conocemos, o tal vez la reparación de la calle al costado sur de la antigua Fábrica Nacional de Licores, que con bombos y platillos fue construida hace relativamente poco tiempo y que ya requiere de una casi total restauración.

Un ejemplo de gastos “pequeños” es aquel anuncio del Instituto Costarricense de Aguas y Alcantarillados (ICAA), en que nos hace saber que, entre más agua gastemos en nuestros hogares, más nos va a costar.  Esos brujos nos creen tontos, que no sabíamos tal cosa, en especial después del desmesurado aumento de más del 60% que recientemente se nos impuso. A cada rato sale dicho anuncio en la televisión y en los periódicos, plata que bien podría haberse ahorrado y así no cobrarnos tanto por el servicio de agua.  De paso, me imagino que el ICAA ya no está desperdiciando el agua en el lago del parque de la Sabana y que supuestamente la está cobrando a la entidad que corresponde, que, si no me equivoco, es el Instituto del Deporte o el Ministerio de Cultura, responsables del buen estado de la Sabana. Asimismo, me imagino que el ICAA ya tiene a marcha forzada un programa destinado a arreglar todas las fugas de agua que pululan en el país, a fin de detener el desperdicio que todos pagamos.   

Otro ejemplo: me imagino que los lectores se habrán dado cuenta de la enorme cantidad de viajes que, pagados por todos nosotros, ha realizado la presidenta Chinchilla.  Es cierto que ella en una ocasión dijo que los viajes en avión le ayudaban a relajarse del stress de su oficio. Ese alivio es así comprensible. Pero tal vez haya medios más baratos que permitan que su salud mejore.  Sería bueno que algún medio de comunicación estudiara cuál es el costo total que han significado los viajes de la Presidenta, desde que inició su mandato a la fecha y que todos que hemos tenido que pagar. Pido esto, no por molestarla, sino porque es sorprendente verla cómo viaja de un país a otro y luego, casi de seguido, a otro más, sin que nadie cuestione el porqué de tanto desembolso. Es indispensable, en época de crisis, que se controle la gastadera.

Similarmente, hoy me pregunté ¿qué se hizo el famoso bus súper-acondicionado que se le asignó al Sistema del 911, para que los costarricenses tuviéramos un mejor servicio de esa entidad?  En un principio estaba estacionado en un  patio de esa entidad y se dijo que sería algo temporal, pues había definidas importantes actividades que luego tendría que llevar a cabo. Es un costo elevado el que, en apariencia, no se usa para nada útil.

Se acuerdan del Caribou, avión del Estado que hace un tiempo requirió de un gasto público enorme, tan sólo para mantenerlo operativo.  Parece que ya no se usa y que ese arreglo no pudo impedir la obsolescencia del paso del tiempo.  Pero que la plata se gastó, se gastó.  De manera similar, hace buen rato que no aparece en nuestro cielo el nuevo helicóptero, a cuya adquisición se opuso tan vehementemente don Fernando Berrocal, por ser muy caro y poco útil para los servicios que el país requería.  Pregunto, ¿qué se ha hecho ese helicóptero y si está en plena capacidad funcional? De nuevo, es dinero de los costarricenses que se gastó y que hoy merece una explicación de su uso.

Me acuerdo cuando el gobierno construyó una serie de estaciones de peaje en las carreteras más importantes del país, a fin de controlar el peso excesivo de los camiones de carga, el cual dañaba la carretera.  Nunca las pusieron en operación.  Incluso una de ellas, luego se comentó, sirvió de guarida a personas indeseables.  Ya nos han vuelto a anunciar que es necesario acometer el problema de los trailers sobrecargados que transitan por nuestras carreteras, para lo cual se requiere destinar fondos en otra cuantiosa inversión.

Si tan sólo los ciudadanos hiciéramos un mayor esfuerzo por desnudar estos gastos innecesarios del gobierno, tal vez podríamos ponerle un freno al desperdicio e incluso encontrar a los responsables del desmadre. A hoy no parece haber límites ni explicaciones acerca del desperdicio y menos de quiénes son los responsables de ello.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 15 de abril de 2013

Tema Polémico: Sostenibilidad de la Deuda Pública


Hace unos años el periódico inglés The Economist lanzó un sitio web donde muestra la evolución en tiempo real de deuda pública de todos los países del mundo y del mundo como un todo. Actualmente la deuda pública mundial alcanza los cincuenta billones de dólares. Lo más impresionante no es nivel de deuda actual, por mucho que lo sea, sino lo mucho que ha evolucionado la deuda en la última década. En el 2002 la deuda mundial era de dieciocho billones de dólares. Es imposible no preguntarse si este incremento en la deuda pública en el mundo es sostenible.

Claramente la respuesta es no. Algunos analistas alegan que el endeudamiento es bueno en el corto plazo pues el incremento del gasto y su impacto sobre la demanda agregada puede ser beneficioso. En ASOJOD hemos discutido este tema en muchas ocasiones y sostenemos que esta forma de pensar es sumamente cortoplacista y muy riesgosa pues tarde o temprano implica más impuestos y grandes consecuencias sobre el desarrollo sostenido de las naciones. Más aun algunos de los economistas más de izquierda coinciden que el incremento en el gasto público es beneficioso siempre y cuando el crecimiento económico resultante pueda costear el costo financiero de endeudarse. Ni tan siquiera esto se ha podido lograr en la mayoría de las economías del mundo. Mientras el PIB mundial crece a niveles del 3% al 5%, el endeudamiento mundial en niveles del 5% al 10% ¿Esto es sostenible? Tal vez algunos economistas izquierdosos como Krugman y Stiglitz seguirán defendiéndolo, sin embargo, la lógica impera y la respuesta es no. 

¿Qué tan sostenible es esto en el tiempo? Depende. Países como Japón han podido mantener niveles de endeudamiento absurdamente elevados (actualmente se ubica en el primer lugar mundial con el 226,8% del PIB) durante ya varias décadas y no parece estar en problemas económicos serios. Otros países como Grecia e Irlanda han caído relativamente rápido con niveles de deuda mucho menores ¿Qué hace la diferencia? Básicamente la cantidad de personas, instituciones o países que esté interesadas en adquirir la deuda. Países como Estados Unidos y Francia no tienen actualmente grandes problemas para financiar sus déficits pues muchas personas están dispuestas a comprar sus bonos a tasas de interés relativamente bajas. Todo radica en un tema de confianza tanto dentro como fuera del país. Ahora bien, que esto no se malinterprete, ningún país por más grande o poderoso que sea puede seguir endeudándose indefinidamente. Eventualmente la carga financiera provoca que la economía caiga. Todo es un tema de tiempo.

Hablando un poco de Costa Rica, actualmente su nivel de deuda es de aproximadamente un 50% del PIB. Este nivel tal vez no será tan elevado como el de otros países pero para nuestro país es sumamente peligroso. La deuda costarricense no es tan cotizada como la de otras naciones y nuestro país no tiene tan buenas calificaciones como otras economías por calificadoras de riesgo internacionales. Lo más preocupante es que la deuda se ha venido incrementando desde el 2008 y no parece que haya alcanzado su tope. Es importante tomemos una nueva senda de responsabilidad fiscal y disminuyamos el gasto del gobierno si queremos que el futuro de las próximas generaciones no se vea sumamente comprometido.

miércoles, 10 de abril de 2013

Desde la tribuna: ¡dos veces y medio peor que la "trocha mocha"!

La noticia es que se han festinado ₡49,000,000,000.oo (cuarenta y nueve mil millones de colones) en estudiantes fantasmas (Administración del Ministerio de Educación).

Si sacamos cuentas, recordaremos que el gasto en la “trocha mocha” era de ₡20,000,000,000.oo (veinte mil millones de colones).  No todo se festinó, lo que se festinó fue la obra.  

He dicho varias veces que algunas desgracias gubernamentales son más fáciles de criticar y descubrir por tratan de asuntos tangibles (huecos en la calle, la trocha, los daños en la carretera a Caldera), pero que hay otros que son casi ocultos y tratan de asuntos relativamente intangibles.

No todos los asaltos y delitos son denunciados y no todos en todos los denunciados se logra determinar al malhechor.  Por supuesto que el nivel de insatisfacción ciudadana en este tema es altísimo. Es obvio que hay inseguridad y que el Estado ha sido ineficiente en sus obligaciones. El gobierno ha mantenido una discusión con la ciudadanía, pues los funcionarios sostienen que se trata de una mala percepción.  Es el problema que tenemos cuando no contamos con todas las cifras y datos.

Hace unos meses se hablaba del desatino del gasto en la Educación pública en relación con los dineros que están en el “limbo” entre la Administración central y las juntas de educación.   El asunto es que se ha logrado determinar que hay miles de millones de colones en ese “limbo”. ¡Administración catastrófica! 
Por supuesto que el asunto se origina en la “creencia” o “fe” que algunos le tienen al Estado y a sus funcionarios. En Costa Rica decimos  “tener más fe que san Roque”  (aquel santo de Montpellier que quedó huérfano, vendió todo para darlo a los pobres, se entregó totalmente al servicio de los demás y murió solo, abandonado y olvidado, lleno de llagas y en prisión).   Pues sí, desdichamente abundan los crédulos que le tienen fe al Estado, al gobierno y a los funcionarios públicos y, de verdad, estos estatólatras  “tienen más fe que san Roque”.  

La educación pública se dedica a las guías sexuales (posiblemente por andar en esas se le han reproducido 41,000 alumnos fantasmas) y se desconcentra de lo elemental.  Ahora acepta que necesitará dos años para enseñar a leer.    ¡Vamos de mal en peor!

¿Cuántos negocios más, de este tipo, anidan en la administración del MEP? ¡Qué difícil va a ser determinarlo, pues es lo que no se ve!  

Los auditores del MEP han externado críticas importantes al funcionamiento de esta Administración, lo que pasa es que no han tenido seguimiento judicial.  No es de extrañar, además, que éstas condiciones administrativas cohabiten con actos de excesivo autoritarismo y abuso (¿recuerdan los temas de “Procesos” y las cartitas de recomendación para Recope?).

¡Eso sí! Cuando se trata de educación privada, entonces aparecen todos los tecnócratas para exigir irracionalmente sujeción a reglamentos inconstitucionales, a instrucciones exageradas y mil detalles que, por supuesto, la administración del MEP no se autoaplica.  ¿Curioso? ¡No! Es parte de la misma manera de ser.  

Si la Presidenta de la República aplica al MEP la misma reacción que tuvo con el MOPT cuando se medio enteró de la trocha mocha, debería pedirle al Ministro dos veces y medio más rápida y fuertemente que se marchara y dejara la educación en mejores manos.  ¿Será así o va a pasar igual que con la cartita de recomendación a “Procesos” que resultó en la contratación torticera en Recope.  ¿Usted que cree?

Federico Malavassi Calvo

martes, 9 de abril de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: progreso en la frontera norte

Recientemente, en una arenga para promover la reanudación de la construcción de la ya famosa trocha de la frontera norte, uno de los argumentos esbozados por la presidenta de la República fue que, con su existencia, se lograría el progreso de la zona norte del país.

Dicho en esos términos, difícilmente se puede alegar lo contrario, pero, si se analiza con mayor detalle, hay elementos que deben ser tomados en cuenta, si es que en verdad se quiere que efectivamente el progreso alcance a los ciudadanos de esa región.

Es evidente que una vía de comunicación va a traer progreso en las vecindades de donde se construya. Principalmente si también tiene otros elementos asociados, tales como electricidad, seguridad, agua potable, entre otras cosas básicas. Pero también este beneficio esperable se lograría si se construye una carretera similar en otros lugares del país. Es aquí en donde se debe tomar en cuenta un factor crucial que diferencia a la propiedad en las cercanías de nuestra frontera y en el resto del país.

Es un hecho que, al haberse iniciado la construcción de la llamada trocha, se han vendido muchas propiedades de sus cercanías.  Me imagino que es debido al potencial de crecimiento que, con esa obra, tendrá la zona. Algo similar es lo que ha sucedido con zonas aledañas a la Costanera Sur o a la nueva carretera a Caldera. Los vendedores han visto una buena oportunidad para vender a un precio mayor lo que poseen y los compradores la han adquirido, en la expectativa de que podrán generar buenas ganancias que compensen esas inversiones.

Lo que pasa es que no hay plena propiedad privada plena en la frontera norte (y también al sur) del país.  Si usted es dueño de un terreno ubicado en las cercanías de la frontera y necesita hacer en él una construcción, no puede utilizar al primero como garantía para esa edificación: los bancos no aceptan esos terrenos como garantía.  Si usted quiere meter ganado en su propiedad, tampoco puede usar su tierra como garantía para obtener el préstamo bancario. A las tierras aledañas a las fronteras se les considera bienes de uso público, que no pueden ser objeto de posesión. Esto es, no pueden ser propiedad privada, sino tan sólo una concesión de hecho.

Esta limitación a la propiedad privada creo que constituye un obstáculo, tal vez más importante que otros, para que los ciudadanos de la frontera inviertan en mejorar sus tierras. Tal vez más que la ausencia de vías de comunicación y otros factores claves, como agua potable, seguridad y electricidad.  Cuando la gente no es propietaria de las cosas, al igual que sucede con el caso llamado “la tragedia de las propiedades comunes”, no surge el incentivo para procurar el progreso de aquello en lo que laboran, excepto para sacar una cosecha que no implique grandes inversiones. Sin un derecho pleno a la propiedad, no hay razón para que el “dueño” arriesgue su patrimonio en una inversión. Ello porque no hay garantía de que él se puede apropiar de los resultados de dicha inversión.  El día de mañana, el estado puede apropiarse de dicha inversión. No tiene seguridad jurídica de su propiedad.

Por ello, es mi opinión que, si en verdad se quiere lograr el desarrollo de nuestras tierras fronteriza, se otorgue plena propiedad privada a quien hoy usufructúa de esas tierras.  Así podrá darse el cuidado, la vigilancia, la observación y la supervisión, todos factores esenciales para la generación de riqueza de parte de un individuo o una empresa. No sería como ahora, en donde, al no haber propiedad, no existen los incentivos indispensables para que se dé ese aumento de riqueza. Con esa forma de propiedad, si así puede llamársele, condenamos a la pobreza a esos vecinos de nuestras fronteras.

Jorge Corrales Quesada

viernes, 5 de abril de 2013

Viernes de recomendación

Para esta ocasión, queremos compartir con ustedes el maravilloso libro del filósofo español José Ortega y Gasset, titulado "La rebelión de las masas". En él, el autor analiza la problemática del hombre-masa, una persona que ha permitido que su individualidad desaparezca para moverse al ritmo y capricho de la colectividad y cómo este tipo de personas se vuelve tan peligroso en política, sociedad y economía.

jueves, 4 de abril de 2013

Jumanji empresarial: la manía de la medición y las estadísticas

Parecería que si no se pueden medir resultados éstos no existen o se los subestima sin percatarse de otra dimensión no cuantificable que es en definitiva la que marca el propósito de las acciones humanas. Es cierto que el cálculo económico en general y la evaluación de proyectos en particular son indispensables al efecto de conocer si se consume o si se incrementa el capital. De allí es que resulta indispensable la institución de la propiedad privada y los consiguientes precios de mercado, sin cuya existencia se opera a ciegas.

Pero no es menos cierto el abuso de las mediciones en teoría económica. Incluso en la pretendida ilustración de las transacciones comerciales, el signo igual es inapropiado puesto que los precios expresan pero no miden el valor. El precio es consecuencia de valorizaciones distintas y cruzadas entre compradores y vendedores de lo contrario no habría operación alguna. El vendedor valora en más el dinero que recibe que la mercancía o el servicio que entrega y al comprador le ocurre lo contrario.

Además “medir” valores a través de precios en rigor significaría que si una mesa se cotiza en mil media mesa se debiera cotizar en quinientos cuando en verdad pude muy bien traducirse en un valor nulo y así sucesivamente. La medición requiere unidad de medida y constantes (por ese motivo -en “The Place of Mathematical Reasoning in Economics”-  Paul Painlavé concluye que “medir el valor de algún objeto resulta imposible”). Asimismo, la expresión algebraica de “función” no es aplicable en el ámbito de la ciencia económica puesto que conociendo el valor de una variable no permite conocer el de otra. Tampoco es pertinente recurrir a las llamadas “curvas de indiferencia” al efecto de ilustrar elecciones puesto que toda acción implica preferencia ya que la indiferencia es la negación del actuar. Ni siguiera es aceptable recurrir a las “curvas” de oferta y demanda puesto que significa el tratamiento de variables continuas cuando la acción inexorablemente significa variables discretas.

En otros ensayos y artículos me he referido a los graves problemas referidos a la “renta nacional” y al “producto bruto”, al supuesto de considerar producción-distribución como fenómenos susceptibles de escindirse y a las falsedades inherentes al modelo de “competencia perfecta”, pero en esta oportunidad no tomaré espacio para ese análisis ya efectuado con insistencia, para en cambio aludir a aquella otra dimensión no cuantificable a que me referí al comienzo.

En realidad, todas las acciones (y no digo humanas puesto que sería una redundancia ya que lo no humano no es acción sino reacción) apuntan a satisfacciones no monetarias. Incluso para quien el fin es la acumulación de dinero, puesto que la respectiva satisfacción siempre subjetiva, no puede manifestarse en números cardinales, solo ordinales pero personales ya que son imposibles las comparaciones intersubjetivas.

En nuestro léxico convencional podríamos decir que esta dimensión no sujeta a medición alguna se refiere al rendimiento o la productividad psíquica. Por ejemplo, se compra un terreno para disfrutar de las puestas de sol debido a que esa satisfacción posee para el comprador un valor mayor que el dinero que entregó a cambio, pero no resulta posible articular la medida de ese delta y lo mismo ocurre con todo lo adquirido. En otros términos, lo más relevante no está sujeto a medición.

Esto es lo que confunde y altera a los megalómanos planificadores que se manejan a puro golpe de cifras que aunque fueran fidedignas no cubren lo medular del ser humano. No deja de ser curioso que esta inundación de estadísticas se pretenden refutar con otras, lo cual no va al meollo del asunto. Es en este sentido que Tocqueville escribe que “El hombre que le pide a la libertad más que ella misma, ha nacido para ser esclavo”. Por eso es que las cifras globales (llamadas macroeconómicas) son, en última instancia, intrascendentes puesto que en liberad simplemente serán las que deban resultar. Este es el significado de la sentencia de James Buchanan en cuanto a que “mientras el intercambio sea abierto y mientras se excluya la fuerza y el fraude, el acuerdo logrado, por definición, será calificado como eficiente”. Por esto mismo es que Jacques Rueff repetía en que no deben compilarse estadísticas del sector externo “puesto que constituyen una tentación para los gobiernos de intervenir, en lugar de permitir las ventajas que proporciona la libertad”.

Desde luego, lo dicho no es para eliminar las estadísticas, sino, por un lado, para diferenciar las relevantes de las irrelevantes y, por otro, mostrar que aunque se recurra a veces a números como circunstancial apoyo logístico (todos los economistas lo hacemos pero lo dramático es cuando se revela que eso es lo único que hay en la alforja), lo transcendente no radica allí puesto que hay un asunto de orden previo o de prelación que apunta a lo no cuantificable en lo que se refiere a la esfera del aparato estatal y dejar que en el sector privado se compilen las series que se conjetura requiere la gente.

A título de anécdota, señalo que cuando Alfredo Canavese de la Universidad Di Tella, por entonces colega en la Academia Nacional de Ciencias Económicas en Buenos Aires, solicitó mi nombre para una declaración contra las manipuladas cifras oficiales del INDEC en la Argentina, le manifesté que las tergiversaciones oficiales producirían como resultado positivo la preparación de índices por parte del sector privado lo cual esperaba termine con los números estatales que exceden su misión específica con el correspondiente ahorro de recursos de los contribuyentes y que los gobiernos se circunscriban estrictamente a las cuentas de las finanzas públicas, liberando energía para controlar al siempre adiposo Leviatán.

Preciso un poco más la idea: en el supuesto de que el gobierno pudiera hacer multimillonarios a todos (irreal por cierto si tenemos en mente ejemplos de sociedades iguales pero con regímenes distintos como era Alemania Occidental y Alemania Oriental o como es hoy Corea del Sur y Corea del Norte), nada se ganaría si simultáneamente la gente no puede elegir que productos comprar del exterior, si los padres no puede elegir las estructuras curriculares que prefieren para la educación de sus hijos, si no se puede elegir el contenido de los periódicos, las radios y las televisiones, si no se puede afiliarse o desafiliarse a un sindicato sin descuentos coactivos de ninguna naturaleza, si no se puede profesar el culto que cada uno prefiera sin vinculación alguna con el poder, si no se cuenta con una Justicia independiente, si no se puede pactar cualquier cosa que se estima pertinente sin lesionar derechos de terceros, etc. etc. Como en el cuento de Andersen, de nada vale que ingresen al bolsillo de cada uno miles y miles de kilos de oro si se ha vendido la liberad, es decir, la condición humana.

Es clave comprender y compartir el esqueleto conceptual de la sociedad abierta, las estadísticas favorables se dan por añadidura. Por el contrario, si se tratara de demostrar las ventajas de la libertad a puro rigor de estadísticas ya hace mucho tiempo que se hubiera probado su superioridad, el asunto es que, en definitiva, con cifras no se prueba nada, las pruebas anteceden a las series estadísticas, el razonamiento adecuado es precisamente la base para interpretar correctamente las estadísticas. Es por eso que resulta tan esencial la educación en cuanto a los fundamentos éticos, jurídicos y económicos de la sociedad libre y no perder el tiempo y consumir glándulas salivares y tinta con números que desprovistos del esquema conceptual adecuado son meras cifras arrojadas al vacío.

En resumen, el oxígeno vital es la libertad, si los debates se centran exclusivamente en las cifras se está desviando la atención del verdadero eje y del aspecto medular de las relaciones sociales. Como bien ha escrito Wilhelm Röpke en Más allá de la oferta y la demanda: “La diferencia entre una sociedad abierta y una sociedad autoritaria no estriba en que en la primera haya más hamburguesas y heladeras. Se trata de sistemas ético-institucionales opuestos. Si se pierde la brújula en el campo de la ética, además, entre otras muchas cosas, nos quedaremos sin hamburguesas y sin heladeras”.

Alberto Benegas Lynch

miércoles, 3 de abril de 2013

Desde la tribuna: ¿Estado de Derecho?

Desde el principio denunciamos la instalación de una comisión de notables, en torno al problema de la gobernabilidad, como una excusa de la Administración Chinchilla para justificar sus graves falencias. El peso de la complicidad en la acedía administrativa y gubernamental tendrá que ser asumido por el grupo de notables.  

No obstante, su mayor obsecuencia viene por otra parte y ya ha sido reiteradamente denunciada: han sido instrumento para endilgarle falsas responsabilidades al poder legislativo y al estado jurídico de nuestra sociedad. Sus impertinentes comentarios han resultado una vía para un desproporcionado intento de disminuir las posibilidades de las oposición legislativa, festinar los proyectos de ley, acortar irracionalmente plazos y uso de la palabra y promover una peligrosísima administración de los proyectos de ley.

Se suma lo anterior un descarado intento de restar posibilidades de consulta constitucional, aunado a la propuesta para obtener la caducidad de las posibles inconstitucionalidades por la forma (se propone que después de cuatro años haya caducidad y no se pueda declarar la inconstitucionalidad de una ley mal aprobada o falsamente aprobada).

Asimismo, en el proyecto denominado “Ley para mejorar el funcionamiento de las instituciones del Sector Público” viene una colección de “joyitas”, justificadas en los apuntes de “ingobernabilidad” de los notables (¡bendita comisión!).

Una de ellas, comentada por otra vía, es el intento de acabar con lo poco que queda de autonomía en las instituciones autónomas (artículos 188, 189 y 190 de la Constitución), dejando como niño de teta al dúo de leyes de octenio del cogobierno (1970-1978:  “pa’eso tenemos mayoría” y “yo no soy yo”) denominadas “Ley de Presidencias Ejecutivas” y “Ley Cuatro/Tres”.  Ahora se propone el “jerarca unipersonal” nombrado directamente por el Consejo de Gobierno.  

El objeto de este comentario se concentra en otra de estas joyitas, las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (no olvidemos –y eso será objeto de otro análisis- que también viene una reformita a la normativa de la Contraloría, para aflojar controles).

El enunciado general del artículo 2 del citado proyecto de “Ley para mejorar el funcionamiento de las instituciones del Sector Público” dice “Refórmanse los artículos 3, inciso a), 4 y 6 de la Ley No. 6815 del 27 de setiembre de 1982, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en los siguientes términos”.

Quizás la reforma al inciso a) del artículo 3 pueda considerarse una pequeña mejora, pues en la actualidad, dicho contenido dispone, entre las atribuciones de la Procuraduría la de “Ejercer la representación del Estado en los negocios de cualquier naturaleza, que se tramiten o deban tramitarse en los tribunales de justicia.”

El texto que se propone agrega  que “Para tales efectos, la Procuraduría General, según su criterio,  requerirá la oportuna colaboración y establecerá la coordinación necesaria con las instancias administrativas vinculadas con el caso respectivo.”  Aunque el agregado tal vez sea ocioso, pues es optativo y, hasta donde ha trascendido, la Procuraduría recaba el criterio de las administraciones concernidas.

Pero, en cambio, mucha atención a las demás propuestas de modificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría:

El artículo cuatro:
 
(TEXTO ACTUAL) El artículo cuarto de la Ley, en su texto actual, dice lo siguiente:  “CONSULTAS. Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría; en cada caso, deberán acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva, salvo el caso de los auditores internos, quienes podrán realizar la consulta directamente.

(TEXTO CHINCHILLA) En cambio, el texto que propone la Administración Chinchilla dice así:  “CONSULTAS. La Administración Pública podrá consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría.  La consulta deberá hacerla el ministro o el órgano jerárquico máximo del ente respectivo; en cada caso, deberán acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva.”

Se advierte que los destacados (negrita) y subrayados (son agregados). 

Como bien puede apreciarse, la Administración Chinchilla está pretendiendo limitar las consultas de los “jerarcas de los diferentes niveles administrativos” y, además, impedir las de los “auditores internos”.  Esta limitación es gravísima y un atentado no solo contra el Estado de Derecho sino, además, contra la probidad.  

Obviamente, la defensa de muchísimos jerarcas intermedios (y las actuaciones de los auditores) pasaban por la posibilidad de consultar a la Procuraduría y, así, obtener un “dictamen vinculante” que amarraba a la Administración. Estos dictámenes vinculantes obligan a la Administración Pública a actuar según la interpretación jurídica de la Procuraduría.  

Estos dictámenes establecen caminos, responsabilidades, procedimientos, limitaciones, competencias y marcan cómo debe actuar la Administración pública.  

La Administración Chinchilla cercena la posibilidad de consulta, la reserva a los ministros (en el caso de la Administración central) y los jerarcas de las entidades descentralizadas (de acuerdo con el texto, tampoco las administraciones desconcentradas tendrían la posibilidad).  

En el caso de los auditores internos, ojos y oídos de la Contraloría en algunos casos y freno de las actuaciones desaforadas de algunas administraciones, vigilantes del buen funcionamiento administrativo, es evidente que la reforma pretendida es un cañonazo directo a la lucha contra la corrupción.  Se cercena un instrumento valiosísimo y un arma eficiente en la vigilancia de la función pública.

El artículo seis:

(TEXTO ACTUAL) El artículo sexto vigente de la citada Ley Orgánica dice así:  DISPENSA EN EL ACATAMIENTO DE DICTÁMENES:   En asuntos excepcionales, en los que esté empeñado el interés público, el Consejo de Gobierno podrá dispensar de la obligatoriedad de los dictámenes emitidos por la Procuraduría, mediante resolución razonada que deberá publicarse en el diario oficial "La Gaceta". Cuando se trate de situaciones referentes a la seguridad pública y a las relaciones exteriores, la publicación previa no será requisito para ejecutar la resolución.

“Como requisito previo, el órgano consultante deberá solicitar reconsideración a la Procuraduría dentro de los ocho días siguientes al recibo del dictamen, la cual habrá de ser resuelta por la mayoría de la Asamblea de Procuradores. Si la Procuraduría denegare la reconsideración, el órgano, dentro de los ocho días hábiles siguientes, podrá acudir ante el Consejo de Gobierno para efectos de la dispensa a que se refiere el párrafo anterior.

(TEXTO CHINCHILLA) El texto que al respecto propone la Administración Chinchilla tiene el siguiente contenido: “DISPENSA EN EL ACATAMIENTO DE DICTÁMENES:  El Consejo de Gobierno podrá dispensar de la obligatoriedad de los dictámenes emitidos por la Procuraduría, mediante resolución razonada.

Como requisito previo, el órgano consultante deberá solicitar reconsideración a la Procuraduría dentro de los treinta días siguientes al recibo del dictamen, la cual habrá de ser resuelta por el jerarca de la Procuraduría General de la República. Si el jerarca deniega la reconsideración, el consultante, dentro de los treinta días siguientes, podrá acudir ante el Consejo de Gobierno para efectos de la dispensa a que se refiere el párrafo anterior.”

Se advierte que los destacados (negrita) y subrayados (son agregados).  

Queda evidenciado el inequívoco intento de eliminar la obligatoriedad de los dictámenes de la Procuraduría. El texto vigente señala que como condición sine qua non que se trate de “asuntos excepcionales”, “que esté empeñado el interés público” y que los plazos para proceder son cortos (8 días). Además de la publicación en La Gaceta (se trata de un acto de índole especial y con alcances generales, pues equivale a la formulación de una norma).

La pretensión de la actual Administración es que la obligatoriedad pueda eliminarse en cualquier dictamen (cualquier materia) y ni siquiera se publicará la excepción. Los plazos de 30 días son una autocomplacencia inaceptable (cuando la Ley General de la Administración Pública concede al administrado a veces nomás que 24 horas para intentar algún recurso).  

Conclusión:  Un gravísimo y descarado atentado contra el Estado de Derecho, contra el Principio de Legalidad y la actuación proba, racional, responsable y aceptable de la Administración pública. ¿Cómo puede uno pensar bien de quien alista alicate para cortar las cercas, de quien prepara ganzúa para abrir las puertas y de quien propone estos despropósitos?  

¿De qué sirve que el artículo primero de la Ley de comentario diga que “La Procuraduría General de la República es el órgano superior consultivo, técnico-jurídico, de la Administración Pública, y el representante legal del Estado en las materias propias de su competencia. Tiene independencia funcional y de criterio en el desempeño de sus atribuciones.”?

¿Para qué dejan sin reforma el artículo dos de la indicada Ley (que dice que “Los dictámenes y pronunciamientos de la Procuraduría General constituyen jurisprudencia administrativa, y son de acatamiento obligatorio para la Administración Pública”) si por las reformas propuestas no dejan pedirlos a muchos y pretenden dispensarse de la obligatoriedad de lo que no les guste?

¡Ay notables!  ¡Ay Estado de Derecho!  ¡Ay de mi Costa Rica!

Federico Malavassi Calvo