Tema polémico: el salario de los candidatos

La semana pasada, el "doctorcito" Rodolfo Hernández nos sorprendió con una nueva tontería politiquera: propone que a los candidatos presidenciales se les pague un salario (él quiere percibir al menos unos 7.5 millones de colones para mantener el estilo de vida que estaba acostumbrado como Director del Hospital de Niños) con la excusa de garantizar una posibilidad para que todos los ciudadanos, y no solo los de alto ingreso, puedan participar en una campaña electoral y dedicarse de lleno a ella. 

Pareciera ser una idea sin sentido, influenciada por el formaldehído y otras sustancias, pero sin resonancia; algo así como una broma de mal gusto que no pasaría a más. El problema es que todas las sandeces en este país  no pasan desapercibidas sino que, tan pronto salen a la luz pública, algún entrometido sale a darles viabilidad o, peor aún, explica que ya se puede hacer según el texto de alguna de nuestras tantísimas y desordenadas leyes. 

De ahí que, de forma casi inmediata -ya quisiéramos esa capacidad de respuesta cuando los ciudadanos lo necesitamos- el Tribunal Supremo de Elecciones salió al paso del desaguisado anunciando que, según la normativa, los partidos políticos ya pueden darle un salario a sus candidatos y cobrarlo, lea usted bien, al Estado mediante el odioso financiamiento público a las campañas electorales, siempre y cuando incorporen el estipendio como parte de los gastos de organización y capacitación.

Si bien podría decirse que la decisión de cómo utilizar el dinero es asunto de cada partido y si estos están de acuerdo con ofrecerle un salario a su candidato, deberían poder hacerlo, la cosa no es tan simple. La denominada "autodeterminación" de los partidos no es una justificación válida en el tanto se financian con recursos públicos -a priori o a posteriori, es indiferente-, ya que simplemente se traduce en que todos los costarricenses, sin distingo de la afiliación partidaria, la satisfacción con la oferta programática o la afinidad ideológica de las agrupaciones políticas, tenemos que pagarle una remuneración a una persona que ha decidido, libre y voluntariamente, renunciar a su trabajo, pedir un permiso sin goce de salario o suspender sus actividades económicas para aspirar a la Presidencia de la República. O sea, alguien que toma el riesgo de postularse e iniciar una campaña, con este tipo de incentivos ya no tiene nada que perder, pues siempre tendrá dinero asegurado, gane o pierda (y quién sabe si un ingreso hasta mayor al que ganaba y sin ninguna obligación verdadera). Bajo ese esquema, tendríamos candidatos con todos los beneficios y sin ningún sacrificio. Como diría el pachuco: ¡cuidao pierde!...

En ASOJOD estamos hartos de las ocurrentes estupideces que cada cuatro años surgen de las mentes de políticos que desean vivir a costa de los tax payers al hacer de las campañas sus propios negocios. Si no es recibiendo un sueldo con recursos públicos, es obteniendo un puesto cuasi vitalicio, también pagado con nuestro dinero; si no es financiando a su partido para luego cobrarle lo prestado más los intereses, es consolidando cuotas de poder que luego cobran a sus testaferros.

Estamos cansados de mantener verdaderas maquinarias que se alimentan del dinero que tanto trabajo y esfuerzo nos cuesta ganar. Consideramos que los partidos políticos deberían financiarse por sus propios medios, con contribuciones de sus miembros, préstamos que los candidatos cubran, donaciones privadas,etc. y no con recursos públicos, para que ahí sí, puedan alegar "autodeterminación".

Con anterioridad nos habíamos pronunciado acerca del financiamiento de los partidos políticos. En esa ocasión, argumentamos lo ya explicado: que los partidos se financien por sus propios medios y no con fondos públicos. Paralelo a esta propuesta, solamente sería necesario establecer una obligación: informar abiertamente cuáles son las fuentes de sus recursos y las autoridades, en caso de encontrar financiamientos ilegales, procederán como corresponde.

Concluimos rescatando el corolario de nuestro artículo anteriormente publicado: exigimos respeto por el dinero de aquellos que no quieren que sus recursos sean utilizados en campañas y planteamos reglas simples que, en nuestro criterio, servirán para eliminar buena parte de la corrupción que inunda a la gran mayoría de partidos políticos. 

Tema polémico: Hablando ¿claro?

El día de hoy queríamos dedicarlo para analizar el daño que causan en general nuestros medios de comunicación, cuando expresan opiniones como si fueran verdaderos juicios “analíticos” (hablando en términos kantianos). Es decir, expresan opiniones, como si las mismas fueran ciertas en si mismas, sin advertir que lo que hay detrás de las mismas es el paradigma (Kuhn) dominante de nuestros tiempos: la necesidad del Estado de intervenir lo privado para alcanzar bienestar general.

Habiendo desnudado nuestro objetivo, deseamos presentar un sencillo pero ejemplificante caso. El día 10 de abril del presente año en los micrófonos de “Hablando Claro”  se encontraba el presidente del TSE Luis Antonio Sobrado. En ese momento, se discutía una serie de reformas que se pretenden efectuar sobre la materia electoral. Particularmente, nos interesó aquella que se refería a la obligación de los medios de comunicación de otorgar espacios gratuitos para los partidos políticos. Inmediatamente, los entrevistadores resaltaron la conveniencia de dicha propuesta, advirtiendo además que cualquier oposición sólo podría ser fruto del afán codicioso y materialista de los dueños de los medios. Desafortunadamente dicho análisis que pretende ser crítico, no es más que el mero reflejo del paradigma dominante, el cual nos condena a afirmar sin pensar, pero lo que es peor, nos constriñe a esperar que todos los demás asentamos ante una verdad tan obvia y manifiesta.

Pues este día, en ASOJOD queremos atrevernos a ser diferentes, y proponer un análisis alternativo. Parece que todo resulta muy claro: existe un bien superior que es la democracia, al cual cualquier interés particular debe ceder en beneficio de la mayorías. Así las cosas, quién podría ser tan mezquino para objetar dicha reforma. El problema, es que el mundo es más complejo que el simple juego maniqueo que se nos vende: individuos privados malos que deben ser regulados por el Estado. Un ejemplo muy sencillo para desmentir esto: la libertad de conciencia. En ASOJOD, vemos un problema de fondo mucho más grande con dicha propuesta (más allá del tema de regalarle espacio al Estado) y es precisamente el tema de la libertad de conciencia. Pensemos por un momento, en un dueño de medios que sea homosexual: por qué esta persona va a tener que poner al servicio de un tipejo como Justo Orozco todo lo que ha producido con el sudor de su frente, para escucharlo decir que es un pecador o alguien con una enfermedad. Igualmente, por qué un dueño de medios que por ejemplo sea pro vida, tiene que prestar sus recursos para escuchar a un político que abogue a favor del aborto.

Como se ve, cualquier propuesta tiene siempre un sin fin de implicaciones: éticas, políticas, sociológicas, económicas, etc, implicaciones que no pueden ser analizadas correctamente a partir de una aplicación en automático de un paradigma tan pobre e ingenuo. Lo más triste, es que esas meras opiniones infundadas y precoces pasen en nuestro medio como análisis críticos de la realidad nacional.

Tema polémico: praxis y pensamiento liberal

El liberalismo como movimiento político con opciones de acceder a puestos de poder está muerto, por el momento, o al menos agonizando en nuestro país.

La principal trinchera partidaria, donde las ideas liberales eran “defendidas” sufrió meses atrás el toque de gracia, debido al supuesto mal uso de fondos públicos por parte del Movimiento Libertario. Luego surgió otra propuesta de organización política (Partido por la Libertad) del que poco se sabe y cuyo ámbito de acción se limita al Internet.

No es que el liberalismo esté huérfano en el país. Existen organizaciones que aún enarbolan las ideas de la libertad, como la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE), pero entre un think tank y un partido político hay mucha diferencia. El primero es un reservorio de ideas, discusión y debate intelectual, el segundo es praxis y acción política. El primero sin el segundo se queda en el ámbito de las ideas, con impacto nulo o casi nulo en el mundo de lo concreto, de lo cotidiano. El partido político sin el respaldo de la formación de ideas es un hervidero de populismo sin cabeza.

Debemos ser sinceros. El liberalismo como acción política en Costa Rica vive en el letargo, como esperando a que algo suceda, que alguien responda. Duerme el sueño de los justos mientras en otras trincheras se arman hasta los dientes, esperando arrasar con todos los espacios de poder político.

Pareciera, triste es decirlo desde este espacio, que somos incapaces de conjugar la praxis política y la reflexión ideológica sincera, ajustada a un ideario de pensamiento consistente con los principios liberales, como si una cosa y otra fueran incompatibles. Lo cierto es que hemos sido muy buenos generando ideas, pero pésimos en materializarlas.

Por eso es tan importante que los liberales decidan. O se permanece como una reflexión o se pasa a la acción. Existe suficiente capacidad intelectual, pero es necesario que exista a voluntad de ensuciarse las manos y no todos los liberales costarricenses están dispuestos a hacerlo.

Es importante que se conjuguen las voluntades y capacidades para formular una propuesta coherente y agradable al costarricense.

Tema polémico: el financiamiento de los partidos políticos

Que los partidos políticos sean cuestionados no es ninguna novedad. En el mundo de la política probablemente no existe una institución tan desprestigiada como los partidos políticos. Estos, desde hace muchas décadas, se convirtieron en simples correas de transmisión que se encienden cada cuatro años, para transportar a las aspiraciones de aquellos que buscan llegar a los puestos de decisión.

Esta es una realidad conocida por todos, sin embargo, los más reciente capítulos de cuestionamientos relacionados con el manejo de fondos públicos durante la última campaña electoral nos hace señalar, nuevamente, la necesidad de eliminar, de una vez por todas, el uso de recursos públicos durante las campañas políticas, para financiar el funcionamiento de la maquinaria electoral, y las aspiraciones de los candidatos de turno.

Lo ocurrido con el Movimiento Libertario, cuestionado por el irregular financiamiento de su campaña política, y recientemente, por el uso de ¢210 millones cobrados al Tribunal Supremo de Elecciones, para la realización de varios cursos de capacitación política, que en apariencia nunca se realizaron, nos hace insistir con mayor fuerza en nuestros planteamientos.

Nuestra propuesta es sencilla. Ningún partido político, bajo ninguna condición, debe recibir un solo colón de dinero público. Con esta medida todos los costarricenses evitaremos escuchar, una y otra vez, las excusas por el despilfarro de gran cantidad de millones de colones, utilizados para tonterías como banderitas, o destinados para pagar a empresas de publicidad que se enriquecen con el dinero de todos los costarricenses.

¿Quedarían desbaratados los partidos sin recursos? Todo lo contrario. Aparejado a ello, en ASOJOD proponemos que se elimine cualquier límite al financiamiento privado, bajo la condición de que los partidos nos digan de dónde vienen sus recursos. Así, si el partido es financiado por grandes empresas, los ciudadanos sabrán que votan por un partido que, a la larga, impulsará políticas a favor de dichas empresas. Si el partido es financiado sólo por montos pequeños de particulares, el votante sabrá que el partido responderá a los interesas de estas personas. En realidad, no tiene nada de malo que uno u otro sea el origen de los recursos, pues lo cierto es que los partidos siempre actúan de acuerdo con sus propios intereses.

Habrá quienes peguen el grito al cielo diciendo que, con esto, el narcotráfico y el crimen organizado podrían financiar a los partidos. Pese a que esta es una visión paranoica, que parte de la creencia de que todo financiamiento privado es ilícito -visión incapaz de explicar cómo, dentro de esos mismos aportes, se encuentran los de partidarios interesados en impulsar representantes políticos para defender sus ideas, intereses o valores sin que medie una estrategia indebida a futuro-, para darles por válido el punto podríamos decir que, si existe interés de esas mafias por darle dinero a los políticos, nuestra realidad ya nos muestra que es factible que suceda, aún con las regulaciones existentes y con un agravante: el dinero "sucio" que meten, es lavado y sale "limpio" proveniente, ni más ni menos que del bolsillo de los tax payers cuando se les retribuyen los bonos que compraron de la famosa "deuda política".

Nuestra propuesta es simple: respetar el dinero de aquellos que no quieren que sus recursos sean utilizados en campañas, con lo que elimina ese velo de corrupción que prevalece en los procesos electorales costarricenses, se saca al Estado de la fase de financiamiento y sólo le asigna reglas simples, de información de las fuentes de los recursos privados.

Estas medidas darían mayor grado de responsabilidad a los ciudadanos, y podría revitalizar a esas desgastadas instituciones, que hoy, bajo las reglas prevalecientes, sólo representan espacios para la corrupción. Además, permitiría que los ciudadanos dejen de ver cómo su dinero va a financiar a partidos que no llenan sus expectativas o que no los representan y podrían, en su lugar, aportarlo a aquellos que coincidan con sus valores, ideas e intereses o, del todo, no aportarlo. ¿Qué les parece?