Democracia liberal y elección pública

El liberalismo es una corriente de pensamiento que admite propuestas muy dispares y distintos grados de compromiso con los derechos individuales. Sin embargo, si ordenásemos los distintos liberalismos en una escalera que mostrase de menor a mayor la escrupulosidad en el respeto a la propiedad privada, el primer peldaño lo ocuparía la democracia liberal: es lo mínimo exigible. Los gradualistas creemos que el desarrollo del liberalismo tiene que consistir en ir subiendo esa escalera.

La democracia liberal se ha esbozado apelando a la Teoría de la Elección Pública, con un planteamiento en muchos puntos estimulante y enriquecedor. El modelo liberal-democrático se define en contraposición al modelo democrático-republicano (coincidentes con los paradigmas "protector" y "desarrollista", respectivamente, según la terminología de Macpherson y Held). La diferencia entre los dos modelos no es baladí: el democrático-republicano recurre a políticas positivas que hagan efectivos unos ideales (subvenciones, paridad, control de precios y salarios, redistribución); el modelo liberal-democrático, por el contrario, se materializa en una Constitución-marco para las relaciones entre gobernantes y gobernados, por lo que los únicos mecanismos positivos son aquellos que preservan la "pureza" de esas relaciones, evitando así los gobiernos sobrecargados que desemboquen en incongruencias o excesos.

La diferencia con el Estado mínimo es que esas relaciones no se agotan en la protección, la justicia y las infraestructuras básicas, sino que pueden ser cualquiera que venga recogida en la Constitución. Esta Constitución tiene que ser, por una parte, "liberal" y, por otra, "económica".

Una Constitución "liberal", según este modelo, simplemente tiene que fijar límites. La novedad no reside en las "garantías" (mecanismos que aseguren que los derechos individuales clásicos no serán invalidados por los sedicentes derechos sociales) sino en la concreción y, sobre todo, control de las reglas de juego que delimiten tanto los ámbitos de decisión y los procedimientos de las políticas públicas como la participación ciudadana en la instancia legislativa. Es decir: qué y cómo pueden decidir el Gobierno y el Parlamento, y cómo son éstos elegidos por los ciudadanos.

En cuanto a la participación en la elección de legisladores y Ejecutivo, parece claro que una Constitución liberal apostaría por una fórmula electoral lo más proporcional posible, por lo que se aplicaría una fórmula de cociente electoral (cuanto más pequeño, mejor); así como por las listas Panachage, que permitan un voto combinado de candidatos de diferentes partidos y en un orden libre. Esta característica de una democracia liberal es la única que se ve reflejada en algunos programas electorales de la Campaña 2008. Seguramente porque es su característica menos relevante: aunque sea una cuestión de higiene democrática, no está claro que las listas abiertas produzcan resultados electorales distintos a los de las tradicionales listas cerradas y bloqueadas.

Blindar la Constitución a la inflación de enmiendas y restringir la discrecionalidad y las invasiones estatales es todavía más básico. No es lo mismo un Estado cuya Constitución fije el límite porcentual respecto al PIB del gasto público, o la magnitud de la presión fiscal tolerable, o los ámbitos prohibidos totalmente a la incursión política, que un Estado que permita que con cada legislatura se incremente la base social parasitaria, que aumente la progresividad de los impuestos a su gusto o que fundamente la competencia entre partidos políticos en propuestas sobre más y más regulación de ámbitos inimaginables, llegando a extremos cada año más bochornosos (sexualidad, ideología, alimentación, costumbres...). Y, siempre, como si fuera otra norma obligatoria más, invocando al inasible y escurridizo "bienestar común".

Esta Constitución, además, tiene que ser "económica". Este concepto, que comporta una cierta perspectiva contractualista, lo aportaron Buchanan y Tullock en su obra El cálculo del consenso (1963): la Constitución será "económica" u "óptima" cuando se minimice la suma de los costes externos y de negociación de todos los miembros de una sociedad dada. Ese punto mínimo se corresponde con el consenso sobre la relación que debería existir, como decíamos antes, entre gobernantes y gobernados.

Los costes externos son los costes que le generan a un individuo las decisiones de los demás y, dado que cuantos más miembros haya en una sociedad, más probabilidad tendrá dicho individuo de encontrar un grupo con sus mismos intereses, estos costes tienen pendiente negativa. Los costes de negociación son los costes del proceso de llegar a un acuerdo, y aumentan a medida que se incrementa el número de individuos cuyo pacto sea necesario para la acción colectiva, por lo que tienen pendiente positiva. La suma de ambos, en consecuencia, tiene forma de U y la minimización matemática es sencilla.

Sin embargo, como en todos los equilibrios, a pesar de ser interesantes como "ideales", no hay forma humana de llegar a ellos porque no existe una unidad intersubjetiva para medir los costes ni forma de acopiar y procesar tanta información. Aún así, este planteamiento no deja de ser sugestivo, porque no contempla la Constitución como una norma superior prescriptiva por origen divino o racional, sino sencillamente como media de los óptimos de cada individuo.

Por otra parte, el planteamiento de Buchanan y Tullock nos lleva a otro concepto, esta vez sí con aplicación práctica: el de la intensidad de las preferencias. ¿Qué sucede cuando una mayoría es apática respecto a cierto tema que interesa y compromete mucho a una minoría? Sucede que se impone el criterio de la mayoría a pesar de lo poco que le importa a ésta el resultado y a pesar de los graves perjuicios que se genera para la minoría. La solución que proponen para esta tibia variante de la "tiranía de la mayoría" no es, ni más ni menos, que puro y sano logrolling: intercambio (¿por qué no compra-venta?) de votos. De este modo, la minoría induciría a la mayoría a que fuera favorable a sus intereses en este tema en concreto a cambio de ella variar su posición en otros temas clave para la mayoría. Esta especie de condicionamiento podría llegar, como decimos, a la monetarización del voto: aunque sería complicado, sería interesante porque supondría añadir una variable más en el diseño de los programas electorales. Seguiría habiendo clientelismo, pero al menos no tan descarado.

Por supuesto, caben muchas críticas a esta teoría, empezando por la metodología y continuando con su inocencia. Sin embargo, bajo mi punto de vista, es perfectamente combinable con la teoría del desprendimiento de Mascaró. Porque no se trata de profundizar en los mecanismos democráticos, sino de trepar por ellos incrustando en el sistema elementos liberalizadores que lo invadan.

Pero ¿es posible llegar a una verdadera democracia liberal? Es difícil, en tanto que los que han de acometer la reforma son los mismos que se han beneficiado con el sistema a reformar: los políticos. Pero no es imposible. Y más nos vale, porque es peligroso subir escaleras en las que falten peldaños.

Berta García Faet

Democracias autoritarias

Bolivia, Venezuela y Ecuador demostraron a principios de este mes que las democracias ilimitadas pueden volverse autoritarias. Aunque la democracia es el mejor sistema conocido por la humanidad para proteger la libertad, si no se limita el poder de quienes elegimos, puede destruirse a si misma cuando una mayoría de los ciudadanos le otorga poderes ilimitados a un líder o grupo de individuos, que luego arrasan con las libertades.

El sábado 24 de noviembre en Bolivia se reveló el rostro autoritario de la revolución que lidera Evo Morales, cuando en un cuartel a puerta cerrada se aprobó la nueva constitución boliviana sin la presencia de la oposición (la Constitución todavía debe ser aprobada por los bolivianos para entrar en vigencia). Seis de los nueve departamentos—que constituyen 80% de la economía, casi dos tercios del territorio y 58% de la población boliviana—se oponen a la Constitución. Después de 15 meses de pretender que este era un proyecto de participación ciudadana se ha revelado que la revolución que se está llevando a cabo en Bolivia va a tener que ser impuesta. Al parecer a los Socialistas del Siglo XXI se les olvida que las democracias modernas que respetan las libertades individuales no se rigen por la lógica del garrote y del “50+1?. Según esa lógica, el 49,3% de los bolivianos que no se manifestaron en los últimos comicios a favor del proyecto del Sr. Morales deberían ser ignorados.

El jueves 29 de noviembre comenzó la Asamblea Constituyente en nuestro país, y bastó un solo día para darnos cuenta de que en efecto el futuro del país se decidirá por 80 individuos que se han declarado estar por encima de toda ley. En una clara violación del Estatuto escrito por el mismo partido de la mayoría oficial, esta mayoría dio un golpe de Estado cesando al Congreso y declarándose en posesión de autoridad para cesar a cualquier funcionario público, inclusive a aquellos que conforman la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral. Ya quedó demostrado que no estábamos exagerando los que decíamos en abril de este año3 que la Constituyente era un peligro porque acabaría con el Estado de Derecho, y con instituciones básicas de la democracia como un Congreso independiente.

El domingo 2 de diciembre a los venezolanos se les consultó si querían que su país continúe siendo una caricatura de democracia, o si querían que se vuelva una “monarquía tropical” como dice el analista venezolano Gustavo Coronel. Al momento de escribir este artículo, y con 88% de las actas escrutadas, el NO ha ganado por 1,4%. Los venezolanos estuvieron a punto de elegir democráticamente vivir bajo una dictadura.

Estos son puntos de inflexión para el futuro de la libertad en estos tres países. Libertad y democracia no son sinónimos y olvidarse de eso puede derivar en lo que estamos viviendo los ecuatorianos, los bolivianos y los venezolanos: una democracia autoritaria.

Los defensores de la democracia ilimitada pronto se convierten en los principales promotores de la arbitrariedad y como decía F.A. Hayek, “los más entusiastas partidarios de tan ilimitados poderes de la mayoría son a menudo esos mismos administradores, conocedores mejor que nadie de que una vez asumidos tales poderes, serán ellos y no la mayoría los que de hecho harán ejercicio de los mismos”.

Por Gabriela Calderón

Las mayorías silenciosas

En una reflexión sobre ser liberal, sobre la democracia liberal, Enrique Krauze nos comparte una tesis sumamente interesante: hay, independientemente de las distorsiones en el uso (y abuso) de la palabra “liberal”, una mayoría silenciosa que practica el liberalismo (sin profesarlo) todos los días.

Estos pueden ser los participantes en un orden espontáneo de mercado, desde los mercados financieros globales hasta el tianguis local, desde el innovador tecnológico hasta el informal latinoamericano. O, podemos ser todos aquellos que, con el solo acto de hacer decisiones, de elegir una actividad sobre otra, practicamos la libertad—y, en teoría, la otra cara de la moneda de la libertad, o sea, la responsabilidad.

En los círculos intelectuales, donde impera una suprema inflamación del fatuo, es poco común, hasta vulgar, profesar una posición liberal. Es visto como admisión del mal. Sin embargo, más allá del silencio, sí vemos a (ciertas) mayorías preocupadas con asuntos tan fundamentales para el futuro de la libertad, como la libertad de expresión, como evitar que los dogmas de la iluminación nos digan qué decir, como decirlo, y en qué momento, ya sea en materia electoral, como en materia económica.

Estas voces son consistentes con el temperamento liberal—con el ensayo y error, con el derecho a decir, con la defensa de una actividad poco común en nuestra cultura, la actividad de escuchar. El liberalismo, en su versión tradicional, tiene la característica de ser una doctrina que admite, es más celebra, la pluralidad de puntos de vista contrarios a la propia tesis de la libertad.

Este temperamento defiende el dejar hacer, dejar vivir, y dejar decir. Por ello, la advertencia de Octavio Paz es fundamental: los que pretenden erigir la casa de la felicidad nos acaban condenando a la cárcel del presente. Por lo mismo, la actividad de la crítica es central para la libertad—crítica no como falso diletantismo, como profesar saber más que todos los demás, sino como una actividad constante de falseabilidad, de cuestionamiento, tanto de íconos como instituciones, sobre todo de lo que pretende la verdad para siempre.

Un heredero de estas vistas intelectuales es el periodista Carlos Alberto Montaner, quién fue galardonado por la Universidad Francisco Marroquín con un doctorado honoris causa, precisamente por su vocación de proteger la libertad de expresión. Montaner ve, en este sentido, corrientes terriblemente peligrosas en el caudillismo militar de Chávez, o el indigenismo radical de Morales, ciertamente en la tiranía del silencio que es ahora su país de origen, Cuba.

Montaner defiende la democracia liberal, en su vocación, pero también su visión, como comunicador de ideas. Quizá, visto así, la mayoría silenciosa es menos silenciosa de lo que un intelectual puede decir, o determinar. El comunicador debe incidir en estos, y en otros: empresarios jóvenes, innovadores, informales, ingenieros, amas de casa, líderes de casas universitarias, taxistas y trabajadores, deportistas, hasta los representantes de medios y de las artes cinematográficas.

El reto no es, como llegó a atacar Montaner con una serie de panfletos, hacer burla del “perfecto idiota latinoamericano”, sino, en el fondo, de hacer ver, como también lo ha hecho otro formidable intelectual público, la “idiotez de lo perfecto”.

Roberto Salinas León

La buena historia latinoamericana

Desde que, en un ensayo escrito en 1989, el sociólogo estadounidense Francis Fukuyama postuló la extinción de los conflictos ideológicos y el triunfo de la democracia liberal como “el modelo final del gobierno humano”, generó tanta notoriedad como rechazo y polémica.

Su argumento base, caricaturizado por el título del libro que publicó en 1992 (El fin de la historia y el último hombre ), fue muy pronto desmentido por nuevos y graves desgarramientos internacionales, que culminaron con la masacre terrorista del 2001, en Nueva York.

Pero la base empírica que lo sustentaba cada vez se ha hecho más sólida. Es el avance creciente de la democracia y la economía de mercado en el mundo.

Esto explica que Fukuyama, normalmente interesado en las grandes tendencias globales, haya puesto atención a un lúcido libro sobre América Latina, que acaba de editar Yale University Press.

Avances reales. Con el título El continente olvidado: la batalla por el alma de América Latina, y escrita por Michael Reid, uno de los corresponsales de la revista The Economist en el hemisferio, la obra analiza la historia y los avances políticos, económicos y sociales latinoamericanos, sobre todo en los últimos diez años.

Al comentarlo, en la edición de noviembre-diciembre de este año de la revistaForeign Affairs , Fukuyana, coincide con Reid en que la mayoría de los países de América Latina “han profundizado exitosamente sus instituciones democráticas, se han integrado en la economía global, y han comenzado a afrontar desigualdades sociales endémicas”. Pero el mundo, más interesado en Hugo Chávez, el narcotráfico o la migración, no lo ha notado.

Tanto él como el autor del libro sostienen, correctamente, que esas desigualdades sociales, junto a las estructuras oligárquicas de muchos de nuestros países, impidieron que las reformas macroeconómicas emprendidas durante la pasada década no condujeran a un rápido impulso al crecimiento y el bienestar. (Pudieron haber sumado la corrupción).

La frustración que se acumuló en algunos países, sumada al mal gobierno, fue un disparador de avances populistas, no solo en Venezuela, sino, también, en Bolivia, Ecuador y, en menor medida, Nicaragua.

Pero el populismo, como modelo, resulta insostenible, incluso para un caudillo autoritario que, como Chávez, lo apuntala con un coyuntural flujo de petrodólares.

Rigor y reforma. Salvo Venezuela, sumida en la esquizofrenia política, prácticamente todos los gobiernos manejan sus finanzas públicas con responsabilidad, y aplican varios de los preceptos del injustamente vilipendiado, pero sin duda parcial, “consenso de Washington” para guiar sus políticas económicas. Hace poco, por ejemplo, Evo Morales se vanaglorió en Italia de que Bolivia tiene ahora una situación fiscal mucho mejor que la de gobiernos anteriores. Bien por él y su país.

En su libro, Reid menciona cómo América Latina, marcada por las disparidades, injusticias y rigideces del período colonial, ha sido, en las últimas décadas, una suerte de “laboratorio” de las más diversas concepciones políticas, ideológicas y gubernamentales: oligarquía, militarismo, “seguridad nacional”, caudillismo, populismo, marxismo, democracia. Todo lo hemos probado. Pero el autor destaca, sin el sentido determinista que alguna vez tuvo Fukuyama, que la opción democrática ha sido la más exitosa en lo político y social.

Cuando el buen manejo económico y el fortalecimiento de las instituciones se vinculan con adecuadas políticas sociales, y definen la educación y la salud como ejes básicos, es que se producen reales avances en las condiciones de vida de la población.

Brasil y México. Por esto, las más productivas y provechosas innovaciones en política social no han surgido en Venezuela, donde impera un sistema de reparto arbitrario desde la cúpula hacia las “bases” manipuladas por el régimen, o en la Cuba marxista, sumida en la miseria. Al contrario, Reid y Fukuyama destacan los programas iniciados por Fernando Enrique Cardoso, en Brasil, y Ernesto Zedillo, en México, que asentaron en el crecimiento económico y la estabilidad programas de ayudas directas a las familias pobres, para que envíen sus hijos a la escuela.

En una muestra de madurez y continuidad democráticas, esos planes han sido continuados por sus sucesores. Por algo los mexicanos redujeron la pobreza a la mitad entre 1995 y 2005, y los brasileños, con una de las sociedades más desiguales del mundo, lograron disminuir la inequidad. El programa nacional ‘Avancemos’, impulsado por nuestro Gobierno, se inspira en esos ejemplos.

La conclusión se ve clara: no es desde la retórica populista, la agitación social o las promesas caudillistas que se logra avanzar realmente en mejorar las condiciones de vida y la salud política de nuestros países. La respuesta está en poner el crecimiento y la estabilidad en función de reformas sociales responsables y eficaces.

Eduardo Ulibarri