ECONOMÍA: Lo que los bancos centrales no quieren que usted sepa

A principios de junio, el proyecto de ley HR 1207 del congresista republicano por Texas Ron Paul, por el cual se busca auditar los libros contables de la Reserva Federal, logró reunir las firmas de otros 218 congresistas (“co-patrocinadores”), que como mínimo se requiere para que el mismo pueda ser debatido y sometido a votación ante el Pleno del Congreso. ¿Informó de esto el Wall Street Journal, el Financial Times, El País o el insalvablemente radicalizado Le Monde? ¿Están al tanto de que este proyecto, de pasar, en ambas cámaras, puede cambiar el curso de la historia económica de los EE.UU. y, por extensión, del mundo?

La probabilidad de que meses atrás Ron Paul pudiera conseguir ese número de firmas era cero o casi cero. Hoy es 100%. ¿Cómo lo hizo? En realidad, si bien es cierto que su persistencia fue crucial, lo que hoy es un triunfo histórico no hubiera pasado de ser otro quijotesco sueño, esta vez el de un libertario estadounidense perdido en el congreso, de no ser por la inesperada ayuda que le ha dado la evolución de los eventos en la política económica global.

Uno de éstos—en orden cronológico—es el hecho de que desde que la crisis económica se manifiesta, en la segunda mitad del 2007, la Reserva Federal ha creado una serie de programas de rescate para el sector financiero y ello ha llevado a que sus pasivos explícitos—“en libros”—aumenten casi tres veces y a que aquéllos que son potenciales o implícitos—“fuera de libros”—lo hagan en más de diez veces (unos US$ 9 millones de millones, que equivale a un 70% del PBI estadounidense). Quienes desinformadamente afirman que la crisis está llegando a su fin, ignoran que el edificio financiero no ha colapsado porque una buena cantidad de columnas, o de programas creados por la Reserva (en libros contables y fuera de éstos), sirve de sustentación a toda la estructura crediticia en la economía, y si éstas fuesen retiradas, todo se desmoronaría en un santiamén. ¿Adónde ha ido a parar todo ese dinero? ¿Cuáles fueron los términos bajo los cuales se concedieron estos recursos? No hace mucho, un miembro del Comité de Servicios Financieros del congreso estadounidense, el demócrata Alan Grayson, le hizo éstas y otras preguntas a la inspectora general de la Reserva Federal, Elizabeth Coleman, y su respuesta a una y otra fue un “No sé, no sé, no recuerdo”. Y que recuerde es lo que persigue este proyecto.

Podría uno pensar que esta falta de transparencia del banco central en sus asuntos monetarios es algo anatemizado en democracia, después de todo, ahí donde la luz no llega crecen las excrecencias fungosas que viven de las materias orgánicas en descomposición. En fin, el hecho es que esto no se materializaba en votos. Pero la falta de transparencia, de luz en la información del tema contable, y unas declaraciones en mayo de este año del secretario de la Tesorería de EE.UU., Tim Geithner, y otras de la canciller alemana, Angela Merkel, parecen haber sido más que suficiente para que la mayoría de los representantes en la cámara baja pongan su firma en este proyecto, la Ley de Transparencia de la Reserva Federal.

Las declaraciones de Geithner, en el programa de Charlie Rose de PBS, llevó a que el Wall Street Journal, en una nota que tituló “Geithner’s Revelation”, empezara informando así: “La tierra se detuvo, el mar se abrió y un representante de la clase política estadounidense admitió, la semana pasada, que la Reserva Federal contribuyó a que se produjera el colapso financiero”. Geithner, si uno lee todo el artículo, no sólo responsabilizaba por la crisis al banco central de los EE.UU., sino a todos los bancos centrales del mundo. Textualmente, dice: “[L]a política monetaria en el mundo fue demasiado expansiva por demasiado tiempo. Y eso produjo un gran boom en el precio de los activos [financieros]”.

Y si demasiado dinero por demasiado tiempo produjo la crisis, Geithner dixit, ¿a quién en su sano juicio se le puede ocurrir que más de lo mismo es la panacea a todos nuestros problemas financieros? Lo que nos conduce a un provocador discurso que Merkel dio semanas después en Berlín y que la revista BusinessWeek extracta magistralmente bajo el título “Merkel da de latigazos a los bancos centrales”. En él, entre otras cosas, lamenta que el Banco Central Europeo haya cedido a las presiones internacionales y haya empezado, al igual que su par en EE.UU., a monetizar deuda privada, ya no sólo deuda pública, y, en un acto inusual en un jefe de Estado —criticar abiertamente, en público, a estos monopolistas del dinero, que tanto daño le han hecho a la economía global—, les pide que pongan fin a sus políticas monetarias no convencionales, de lo contrario, éstas terminarán haciendo “más daño que bien”.

Merkel, Ron Paul y tantos otros entienden algo que el presidente estadounidense James Garfield comprendió hace más de cien años: “Quien controla el volumen del dinero es dueño absoluto de la industria y del comercio”. Lo que era corroborado por Nathan Rothschild, uno de los fundadores de la dinastía bancaria que lleva su nombre, quien con todo desparpajo aseguraba que no importaba quien ocupe el trono inglés, ya que aquél que controla la emisión de dinero, somete al Imperio. “Y yo controlo esa emisión”, revelaba. Sometamos a los Rothschild: auditemos a todos los bancos centrales. Llevemos la luz ahí donde no llega, de una buena vez por todas. Que sea nuestro legado institucional a los que vienen detrás, y se merecen algo mejor a lo que nos dejaron quienes iban por delante.

Charles Philbrook

Crisis hipotecaria: ¿Quién causó el desastre?

"El sector privado nos metió en este desastre y el Gobierno tiene que sacarnos de él".

Esa es la versión del congresista Barney Frank y no parece moverse de ella. Como ha explicado en los últimos días, la presente crisis financiera es producto de dejar al libre mercado sin regulación, de modo que la clase política sólo sería culpable de haber no meter en cintura a los capitalistas. La debacle de Wall Street fue provocada por "malas decisiones que se tomaron por gente del sector privado", decía Frank. El país se encuentra en crisis "gracias a la filosofía conservadora que exige que el mercado sea respetado". Una filosofía que "se remonta a Ronald Reagan, cuando en su discurso de investidura decía, que el Gobierno no era la respuesta a nuestros problemas, sino que era el problema."

En realidad no es eso lo que dijo Reagan. Sus palabras textuales fueron: "En esta crisis actual, el Gobierno no es la solución a nuestro problema; el Gobierno es el problema". Si fuera presidente hoy, diría algo muy parecido.

Porque mientras la crisis hipotecaria que sacude Wall Street tiene su porcentaje de culpables en el sector privado (muchos de los cuales han venido descubriendo últimamente lo penosa que puede ser la disciplina del sector privado), ellos no fueron los que "nos metieron en este desastre". Eslóganes absurdos de Barney Frank al margen, los agentes de crédito hipotecario no se despertaron un día por las buenas decidiendo abandonar los estándares tradicionales de crédito para realizar préstamos desaconsejables a deudores que no cumplían con los requisitos. Se aproximaría más a la verdad decir que despertaron para descubrir que el Gobierno les obligaba y que les exigía hacerlo.

La raíz de esta crisis se remonta a la administración Carter. Fue entonces cuando los funcionarios públicos, empujados por los activistas de extrema izquierda, empezaron a acusar a los agentes de préstamo hipotecario de racismo y de negarse a prestar dinero en barrios deprimidos porque a los negros se les estaban negando hipotecas con una frecuencia mayor que a los blancos de las zonas suburbanas.

La presión para prestar a las minorías (esto es, a deudores con historiales de crédito deficientes) se volvió insufrible. En 1977 el Congreso aprobaba la Ley de Reinversión Comunitaria, que dotaba de poder a los agentes reguladores para castigar a los bancos que "no cumplan las necesidades crediticias" de "vecindarios de renta baja, minoritarios o deprimidos." En 1995, bajo el Presidente Clinton, la ley se hizo aún más severa. Los agentes de crédito respondieron relajando sus estándares de garantía y realizando créditos cada vez menos respaldados. Las dos agencias hipotecarias públicas, Fannie Mae y Freddie Mac, estimularon estos préstamos arriesgados autorizando criterios aún más "flexibles" en virtud de los cuales se podían prestar hipotecas a los deudores más insolventes.

Todo esto se justificaba como medio de elevar el acceso a la propiedad de las casas entre las minorías y los pobres. Las políticas de discriminación positiva se impusieron frente a las prácticas empresariales prudentes. Un manual difundido por el Banco de la Reserva Federal de Boston aconsejaba a los prestamistas pasar por alto el sentido común financiero. "La ausencia de historial crediticio no debe ser visto como un factor negativo", instruían las directrices de la Reserva. Los solicitantes carentes de los ahorros suficientes para pagar la entrada y los costes deben poder depender en su lugar de "donaciones, préstamos o ayudas procedentes de parientes, organizaciones sin ánimo de lucro o agencias municipales". A los agentes de crédito se les indujo hasta a aceptar pagos de la seguridad social y prestaciones por desempleo como "fuentes de ingreso válidas" para cumplir los criterios de una hipoteca. No obedecer podría significar una demanda.

Mientras los precios de vivienda seguían subiendo –y con millones de prestatarios no cualificados sumándose a la demanda– el espejismo de que todo esto era una buena política pública se pudo defender. Pero no se necesita ser un genio financiero para reconocer que llegaría el día de lamentarse. "¿Qué significa que los bancos de Boston empiecen a realizar más préstamos a minorías?" preguntaba yo en esta columna en 1995. "Lo más probable es que con conocimiento de causa estén aprobando préstamos de riesgo para quitarse de encima a los federales y los activistas. . . Cuando la oleada de ejecuciones hipotecarias se extienda por el todo el país, ¿cuál de los banqueros, los políticos y los reguladores que hoy que se felicitan planea asumir la culpa?".

Barney Frank no. Y eso que su huella está presente por todo este fiasco. Una y otra vez Frank insistía en que Fannie Mae y Freddie Mac eran empresas sólidas. Hace cinco años, por ejemplo, cuando la administración Bush proponía una regulación mucho más estricta de las dos hipotecarias, Frank se mostraba inflexible en que "estas dos entidades, Fannie Mae y Freddie Mac, no se enfrentan a ninguna crisis financiera". Cuando la Casa Blanca advertía de "riesgo sistemático para nuestro sistema financiero" a menos que los gigantes hipotecarios fueran controlados, Frank denunciaba que la administración estaba más preocupada por la seguridad financiera que por la vivienda.

Ahora que la burbuja ha explotado y el "riesgo sistemático" es evidente para todo el mundo, Frank afirma veladamente: "El sector privado nos metió en este desastre". Bien, demos puntos al congresista por jeta. Wall Street y los agentes privados de crédito tienen mucho por lo que responder, pero fue Washington y la clase política los que descarrilaron este tren. Si Frank busca un culpable a quién echarle la culpa, podrá encontrar un sospechoso muy probable en el espejo más cercano.

Jeff Jacoby, columnista del Boston Globe.

¿La mano invisible o la pezuña política?

Una de las causas remotas de la crisis hipotecaria en los Estados Unidos fue la excesiva injerencia del gobierno, queriendo corregirle la plana a los mecanismos de libre mercado.

No deja de ser lamentable, y paradójico, que hoy se diga que la crisis hipotecaria en los Estados Unidos demuestra que los mecanismos de libre mercado merecen ser vigilados y corregidos por el Estado y los gobiernos.

Es lamentable porque es un terrible error de juicio. Desde los remotos tiempos de James Carter (ese bondadoso inepto que tanto daño causó a la economía de Estados Unidos y a quien los venezolanos deben agradecer sus malhadados oficios gracias a los cuales Hugo Chávez sigue en el poder), una sarta de políticos estadounidenses, sea desde el Congreso o desde la Casa Blanca o desde sus escritorios en los gobiernos locales, han promovido la bondadosa idea de que los bancos deben prestarle dinero a quienes no pueden ni podrán pagarlo. Son las cosas maravillosas de los políticos: Pueden idear una regulación llena de buenas intenciones (es lindo que un “sin casa”, por ejemplo, pueda tenerla mediante decreto, ¿o no?) sin afrontar las consecuencias.

Los bancos, ya se sabe, no son entidades altruistas, pero sí son lo suficientemente astutos como para ponerle buena cara al mal tiempo de las voluntariosas regulaciones de los políticos, ajustarse a ellas, y hasta sacarles provecho. Resumiendo: Gracias a la ingeniería financiera, así como a la liberalidad de la Reserva Federal en asuntos de dinero (usted sabe, el miedo a la recesión), idearon mecanismos ingeniosos para cumplir con la ordenanza y seguir haciendo negocio. El artilugio es, para simplificar, jugar a que el señor Brown podrá pagar lo que no puede pagar, gracias a que hemos acordado que una casa que a duras penas vale 30 valdrá 100 mediante la generosidad de las calificadoras de valores y trataremos de que Brown haga como que paga, facilitándole una segunda hipoteca por 200 dando como garantía la primera. Todos contentos: los bancos, el señor Brown, los bondadosos políticos, los incautos que compraron “vehículos estructurados de inversión” donde quedaron agazapadas las hipotecas defectuosas.

Así empezó todo, con una impertinente intervención de los gobiernos tratando de que los mercados no funcionasen como pueden y saben funcionar.

Al final la burbuja estalla y ¿a quién culpan los políticos? Pues a los mercados que ellos mismos no dejaron funcionar.

Ricardo Medina

La economía según Washington

¿Cuánto tendría que regalar el Gobierno a cada ciudadano para evitar una recesión? Esta es una pregunta imposible de contestar porque contiene una conclusión falsa y cuando los argumentos políticos tienen conclusiones falsas, se instrumentan políticas equivocadas.

Para revertir la caída de la actividad económica hay que primero entender sus verdaderas causas. El Gobierno y la Reserva Federal han diagnosticado mal el problema y recetan una medicina equivocada: el "paquete de estímulo".

El problema inicial, que condujo al desastre de las hipotecas de alto riesgo, fue causado por la Reserva Federal. Después de la recesión de 2001, engendrada por la exagerada restricción del crédito por parte de la Reserva Federal, Greenspan —entonces presidente del banco central— sobrerreaccionó dándole préstamos al sector bancario a tasas de interés inferiores a la inflación. Y como era de esperarse, los requisitos para otorgar un crédito bajaron. Otro problema fue el aumento del precio de la energía, en parte causado por restricciones artificiales impuestas por burócratas y políticos. Los mismos políticos llevan años diciendo que tenemos que ser energéticamente independientes, luego se comportan como lacayos de los ecologistas.

El resultado es que no se ha permitido la construcción de nuevas refinerías ni tampoco extraer petróleo en las costas ni en las reservas de Alaska. No se permite la construcción de nuevas presas. Se restringe la minería del carbón y la construcción de nuevas plantas de energía nuclear. De modo que, gran sorpresa, se disparó el precio de la energía y se depende cada día más de la importación, mientras que las empresas petroleras de Estados Unidos son menos competitivas globalmente.

El tercer problema ha sido la excesiva y destructiva regulación financiera que ha causado se disparen los costes contables y las transacciones de la bolsa, perjudicando especialmente a las empresas. Esos costes y regulaciones adicionales han logrado que muchas empresas hagan sus primeras emisiones de acciones en ciudades como Londres y que otras muden sus sedes al exterior.

Aquí a las compañías se les obligada ahora a tener directores "externos" que pueden no saber nada sobre el negocio ni mejorar el rendimiento. Y recientemente la oficina antimonopolio del Departamento de Justicia demostró de nuevo su ignorancia empresarial al proponer que las bolsas de venta de acciones, de mercancías y materias primas no puedan poseer cámaras de compensación, lo cual es fundamental para ellas. Es como decirle a un fabricante de automóviles que no puede incluir el motor cuando venda un auto y obligar al consumidor a buscar el motor en otro sitio. Esas tonterías que demuestran la ignorancia de los políticos y burócratas están afectando la economía de Estados Unidos.

Otro problema es el aumento del gasto gubernamental como porcentaje del producto interno bruto. La mayoría de los programas gubernamentales están mal gestionados y los pocos que lo están bien suelen ser contraproducentes, por lo que se malgasta mucho dinero. El tamaño del Estado es mucho mayor de lo necesario, por lo que cada gasto adicional hace daño a la economía nacional.

Para revivir la economía, tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo deben dar marcha atrás en las políticas que causaron el daño, en lugar de empeorar la situación. Pero, lamentablemente, Washington seguirá haciendo lo mismo y favoreciendo a grupos de interés que contribuyen a las campañas electorales de quienes votan por seguir estorbando las actividades productivas de la gente.

Richard W. Rahn