Jumanji empresarial: socialismo democrático

"El progreso de la democracia consiste en acrecentar realmente la libertad, iniciativa y espontaneidad del individuo"... "La primera condición consiste en la eliminación del dominio oculto de aquellos que, aunque pocos en número, ejercen, sin responsabilidades de ninguna especie, un gran poder económico sobre los muchos, cuyo destino depende de las decisiones de aquellos" (Erich Fromm, El miedo a la libertad).

Resulta evidente que las democracias, en Latinoamérica, no solo han sido incapaces de acabar con este dominio ejercido por las elites estatales y mercantilistas, sino que más bien se han dejado llevar por "la economía de bienes simbólicos" que caracteriza a la socialdemocracia histórica. Desde el socialismo de golpe de tambor de la Venezuela de Chávez,, hasta el mercantilismo y socialismo disimulado de naciones como Brasil, Costa Rica y otras, podemos observar un común denominador: el deseo, por parte de una clase política corrupta, de omitir y censurar, sobre la base de simbolismos, el interés económico legítimo de los individuos.

En definitiva, las producciones simbólicas como métodos de dominación (ejemplos: el estado benefactor, las instituciones sociales, la iglesia, el líder benevolente y solidario, etc.) se erigen desde las clases dominantes, sirviéndose del factor ideológico para mantener y controlar su hegemonía, la cual se funda en intereses particulares enmascarados de bien común. La redistribución de la riqueza, desde las clases trabajadoras hacia los grupos organizados y políticamente conectados, tiene sus raíces en la evolución de Estados burocráticos que viven por y para sí mismos, en complicidad ingenua con quienes ignoran –por voluntad propia– que están sometidos a un poder simbólico casi hipnótico.

El Estado, como institución detentadora del monopolio de la violencia simbólica, se vale de herramientas y medios de manipulación con un alto nivel de sofisticación como los discursos públicos emotivos, las emergencias simbólicas y ficticias, el patriotismo irracional y las asistencias económicas adictivas a grupos estratégicos cuidadosamente seleccionados. A través del lenguaje, principio estructurador y manipulador, el complejo estatal echa mano a los medios de comunicación al alcance de su clientelismo para obtener un acuerdo implícito con las masas, una especie híbrida de "saber" que parece y pretende ser un "no saber".

He aquí la gran tragedia: el esclavo amante de su esclavitud.

Andrés Pozuelo

Tema polémico: 2010, un año que cierra con muchas dudas

Cercanos a concluir el 2010, dejamos un año en el que, en términos generales, el país ha desmejorado, -o al menos no ha avanzado al mismo ritmo que otros países de la región- en los diversos componentes vinculados con el desarrollo económico y social. Cerramos 2010 siendo menos competitivos, más pobres que hace un año y adolesciendo de las mismas trabas institucionales que nos limitan desde hace varios años. Todos los indicadores nacionales e internacionales reflejan esta apreciación.

En materia de competitividad, el Informe Global de Competitividad 2010-2011, elaborado por el Foro Económico Mundial, ubicó a Costa Rica en el puesto 56 entre 139 países, reiterando nuestras falencias en la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria. A pesar que avanzar en el ítem de competitividad (entendido como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país) es apremiante, el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2010 apenas se fija la modesta (por no decir mediocre) meta de “mejorar en al menos 3 puestos la posición del país en el Índice de Competitividad Global.” Si por la víspera se saca el día, en ASOJOD no tenemos buenas expectativas.

Asimismo, la clasificación del Doing Business 2011 nos muestra que Costa Rica se ubicó en el lugar 125 entre 183 economías, presentando un cambio de -4 lugares respecto a la clasificación de 2010, mientras que 2009 el país se había ubicado en el lugar 117 y en 2008 se posicionó en el lugar 115.

Tristemente no somos un referente ni siquiera en el propio patio, pues, si nos comparamos con Latinoamérica y el Caribe observamos que el país se posicionó en el lugar 25 (entre 32 economías) superando solamente a Brasil, Ecuador, Honduras, Bolivia, Suriname, Haití y Venezuela.

Particularmente, al observar los componentes del índice costarricense, notamos que los temas mejor valorados son el registro de propiedad, la obtención de crédito y el comercio transfronterizo. No obstante, de las nueve categorías que componen en índice, el país sólo mejoró levemente en una de ellas con respecto al Informe 2010: la apertura de un negocio que pasó del lugar 119 a 116. Sin embargo, esta es una victoria pírrica para el país, pues en realidad, el leve avance se debe a una desmejora de otros países debajo de Costa Rica, ya que para abrir una empresa en el país sigue demorando los mismos 60 días que se tardan desde 2009, requiriendo además, la misma cantidad de requisitos. Lo anterior se resumen en una frase: somos especialistas en crear trámites y procedimientos que dificultan la creación de un nuevo emprendimiento y, además, pioneros en entorpecer toda forma de desarrollo. Que lo diga el actual Gobierno, que ya avisa que impulsará nuevos impuestos.

Si iniciar un nuevo emprendimiento que favorezca la creación de nuevos empleos en el país es tan difícil, no debe extrañarnos entonces que las cifras de empleo y pobreza sean igualmente negativas. Basta observar la Nueva Encuesta de Hogares de julio del 2010 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos para notar que la tasa de ocupación pasó de 55.4% en el año 2009 a 54.8% en el 2010 y la tasa de desempleo abierto bajó del 8.4% a 7.3% representando un aumento en la población ocupada de 23.106 personas. No obstante esta reducción en la tasa de desempleo no fue suficiente en relación con el crecimiento de la población en edad trabajar (personas de 15 años y más), razón que explica que la tasa de ocupación no creció y, sin embargo, se tenga una disminución en la población desempleada, que se contrajo a 22.762 personas.

En el mismo orden de ideas, los datos provenientes del INEC sostienen lo que el Doing Business nos señalaba: en términos de la posición en el empleo, en el 2010 el país refleja el predominio de la población asalariada, que asimila cerca de tres cuartas partes de los ocupados (76,1%) mientras que los “cuenta propia” y los ”empleadores” representan el 19,2% y el 3,5% respectivamente . en otras palabras.

Todo lo anterior se traduce en una sola cosa: mayor pobreza. En el país hay 1.103.522 personas en pobreza, lo que representa poco más del 24% de los 4.562.087 habitantes, esto es, 274.616 hogares en condiciones de pobreza, para un 21,3% del total de hogares, donde el ingreso por persona en los hogares urbanos es inferior a ¢88.225 y en las rurales a ¢67.750.

El 2010 fue, si duda, un mal año parra Costa Rica. Terminamos estos doce meses con un déficit fiscal cercano al 5.3 por ciento del producto interno bruto (PIB), la cifra más alta en 25 años. Quedan además dos temas: el pago de impuestos, que constituye la segunda desventaja de hacer negocios en Costa Rica, superada solamente por la protección a los inversionistas, donde el país ocupa los últimos lugares a nivel mundial.

De la mejoría sustancial de los indicadores señalados depende el incremento en las inversiones, en la generación de nuevos emprendimientos y la creación de empleos bien remunerados. Establecer iniciativas de desregulación que abarque una variedad de aspectos con el objetivo de mejorar el clima empresarial y el marco institucional resulta entonces imprescindible.

Sin embargo, las señales que da la Administración Chinchilla Miranda no van por esa dirección: más impuestos, más gasto, más endeudamiento, más empleo público, más regulación y más desorden son la tónica de un Gobierno que no tiene, ni por asomo, la intención de facilitar las condiciones para que los individuos generen riqueza. Siendo así, es de esperar que los siguientes años arrojen resultados aún peores y eso representará, muy posiblemente, el gran incentivo para que quienes queremos progresar, debamos buscar espacio en otros países.

Viernes de recomendación

Contra una política económica intervencionista, Ludwing Von Mises plantea una mucho más sencilla: el gobierno debe proteger los derechos de los individuos para que existan condiciones que permitirán a los productores, comerciantes, trabajadores, empresarios, ahorristas y consumidores llegar a sus propios objetivos en paz, en tanto no infrinjan la igual libertad de los demás para hacer lo mismo. El siguiente documento presenta seis conferencias dictadas en Buenos Aires en 1959 donde se esbozan las ideas de Mises sobre el tópico señalado.

Jumanji empresarial: las cuentas del Estado

Las cuentas del Estado son básicamente iguales a las de cualquier ciudadano. Por un lado están los ingresos, el dinero que el Estado quita a los ciudadanos a través de los impuestos y, por otro, los gastos. Si los ingresos son superiores a los gastos, el Estado tiene superávit; si los gastos superan a los ingresos, el Estado incurre en déficit. Hay dos formas de cubrir el déficit público:

1) aumentar los impuestos;

2) emitir deuda (esto es el equivalente a pedir un préstamo para un ciudadano).

El aumento de los impuestos es malo para la economía, ya que parte de la idea de que los ciudadanos conservan en su poder un porcentaje aún menor de sus ingresos y que su capacidad de crear riqueza disminuirá, al perder su capital, el cual ya no estaría disponible para invertir en medios de producción, circunstancia que ha de generar en el futuro mayor desempleo y pobreza.

La emisión de deuda supone captar un dinero del sector privado (ciudadanos, empresas, fondos de inversión, etc.) que podría destinarse a inversiones más productivas y llegar a crear empleo y riqueza, si el Estado no incurriera en déficit. Además la deuda (más los intereses) hay que pagarla tarde o temprano, por lo que la emisión de deuda implica un aumento de los impuestos en el futuro y una serie de anomalías en los mercados financieros, con todos los efectos negativos que esto arrastra.

Todo déficit público, y sus intereses, será pagado indefectiblemente por los ciudadanos. Pero valga la comparación: un individuo cualquiera que no controla su presupuesto deberá hacerse cargo un día de sus propios errores; en cambio, los políticos que cometen actos irresponsables saben que los ciudadanos siempre pagarán por ellos.

Conseguir superávit por la vía de aumentar los impuestos destruye la riqueza y tiene fecha de caducidad, ya que cuanta más riqueza se destruya, menos impuestos podrá recaudar el Estado en el futuro, por mucho que los suba. Llega un momento en que la recaudación disminuye aunque ascienda el tipo de gravamen de los impuestos, ya que la sociedad cada vez tiene menos capacidad de generar riqueza. La carga tributaria está directamente relacionada con la elasticidad económica del país, es decir, que el Estado no recaudará más a no ser que la productividad general aumente considerablemente.

La forma correcta de obtener superávit, y crear más riqueza para el conjunto de la economía, será reducir los gastos en mayor medida de lo que se reducen los ingresos (impuestos).

Pero no lo entiende así el Estado costarricense, ahora empeñado en la fórmula de sacar de un bolsillo para meterlo en otro, sin generar riqueza alguna. Y esta fórmula se halla en la base del paquetazo fiscal que nos receta el gobierno y que no deja de ser una pura y simple redistribución de la riqueza, que iría de los pobres a las elites estatales.

Lo que sí augura el famoso paquete, y qué duda cabe, es un cuadro de espanto: una menor producción y desempleo en el área de servicios, una mayor saturación de los servicios del Estado, de por sí pésimos, y una fatídica descapitalización global.

No se ve por dónde nos beneficiaremos los costarricenses, salvo que nos hayamos vuelto de pronto masoquistas.

La columna de Carlos Federico Smith: está perdido el caso a favor de la democracia

La antítesis de la visión liberal de la economía es la planificación central, una de sus mayores amenazas, tal como lo conceptualizaron el fascismo y el comunismo -los “primos” ideológicos- durante el siglo XX. En tanto que, bajo la visión liberal, es la libre concurrencia en los mercados la que esencialmente determina las relaciones económicas, en donde intervienen miríadas de decisiones individuales, en los órdenes económicos centralizados es algún grupo de individuo dentro del Estado el que define esas relaciones. Aquí, algún ente gubernamental central -usualmente un muy pequeño grupo- sustituye por las suyas a esas decisiones individuales

La otra amenaza que enfrenta el orden liberal es más sutil: proviene de lo que Sanford Ikeda llama el intervencionismo y que lo define como “la doctrina o sistema basado en el principio del uso limitado de medios políticos para enfrentar los problemas identificados con el capitalismo de laissez-faire". Debido a que el intervencionismo le asigna al gobierno poderes discrecionales para interceder dentro del proceso de mercado que van más allá de un Estado mínimo, difiere del capitalismo de laissez-faire en donde el objetivo primario de un gobierno es la protección de la integridad del sistema de mercado basado en la propiedad privada.” (Sanford Ikeda, Dynamics of the Mixed Economy: Howard a Theory of Interventionism, New York: Routledge, 1997, p. p. 35 y 36.).

No hay duda de que una de las formas más evidentes de esta amenaza intervencionista lo constituye la incorporación de esa prédica constante por redistribuir los ingresos provenientes de los resultados que determina el mercado hacia otra definida por políticas gubernamentales, muy visiblemente mediante el uso de tributos sobre quienes obtienen ingresos más allá de cierto nivel, que se trasladan (asumamos que no hay costo por la intermediación gubernamental) hacia quienes obtienen ingresos inferiores a ese nivel. Una muestra de este intervencionismo es la pretensión politiquera de lograr que esa palabrería repetitiva de que “los ricos paguen como ricos” se haga una realidad (aunque muestren la ignorancia usual de confundir riqueza con ingresos). En resumen, tratan de gravar progresivamente con impuestos a quienes tienen ingresos por encima de cierto monto predeterminado. La otra porción del esquema resdistributivo los políticos lo buscan justificar con un “ayudar a los pobres” (de nuevo confundiendo riqueza con ingresos) que en resumen se traduce en un redireccionamiento de esos gravámenes hacia quienes hipotéticamente poseen ingresos inferiores a cierto nivel.

En todo caso, no parece haber duda de que las políticas redistributivas constituyen un claro caso del intervencionismo gubernamental al cual nos hemos venido refiriendo.

Este propósito redistribucionista suele ser claramente promovido durante los procesos electorales: es en la campañas políticas cuando se suelen presentar propuestas para trasladar recursos provenientes de algunas personas -hipotéticamente de ingresos relativamente más elevados- hacia otras con ingresos relativamente menores. Con base en un principio de votación al que se le considera democrático, en donde cada persona tiene un voto, puede darse un sesgo hacia la profundización del redistribucionismo.

Imaginemos, por un momento, que los electores enfrentan una votación acerca de una propuesta en la cual aquellos que tienen un ingreso superior a un nivel X predefinido, deberán pagar un gravamen de un cierto porcentaje sobre dicho exceso, mientras que aquellos que no alcanzan ese nivel X, quedan exentos del pago del impuesto y que los ingresos recaudados del primer grupo son trasladados (digamos que íntegros) hacia el segundo grupo de votantes. A primera vista los votantes de este segundo grupo votarían a favor de la propuesta, mientras que en contra lo harían los del primer grupo. Como en una democracia se supone que una persona (adulta, nacional) tiene derecho a un voto, si lo ejercieran simplemente se requeriría que el monto X que separa los grupos de ingresos sea lo suficientemente alto como para que una mayoría simple pueda decidir aprobar el proyecto redistributivo. La clave estaría en la definición de ese monto X clave.

¿Conduciría el ejercicio democrático -así simple e hipotéticamente expuesto- a una redistribución tal de los ingresos, que al final de cuentas cada votante terminaría por recibir un monto neto idéntico? En nuestro ejemplo ultra-simplificado, dicho monto universal surgiría cuando se defina un monto X tal que logre una votación en su favor por un voto más que el que en comparación lograría el grupo opuesto. Sabemos que en la realidad, por ejemplo, el Estado (los burócratas, los gobernantes) se quedará con una buena tajada en esa intermediación redistributiva, por lo cual podría evitarse esa igualdad tan socialista, además de que en la política suelen participar muy diversas coaliciones que buscan lograr otros intereses distintos de la redistribución de los ingresos, pero parece que habría una tendencia hacia tal igualación de ingresos netos sobre todo si se amplía el rango de votantes, principalmente de niveles de ingresos relativamente más bajos.

Como yo he considerado por mucho tiempo que la democracia es el mejor sistema posible para cambiar de gobernantes sin que medie el derramamiento de sangre, ¿me debería ahora de entristecer este prospecto redistribucionista de una mayoría votante (conceptualmente la de un simple voto más que el resto de votantes)?

Hay un argumento que me revive la fe: las políticas redistributivas tienen un efecto negativo sobre el crecimiento económico al romper el lazo esencial que hay entre producción e ingresos en una economía. Quienes arriesgan, innovan, crean, los que tienen espíritu empresarial, se dan cuenta de que las políticas redistributivas minan los incentivos que tienen para producir (creo que Obama ya debe haberse dado cuenta de esto). Lamentablemente ello termina afectando el crecimiento de la economía. Los pobres suelen los ser grandes beneficiados del crecimiento económico, como lo puede atestiguar la historia económica de los últimos trescientos años. Por ello prefieren vivir en un sistema político-económico que les brinde oportunidades para progresar y vivir mejor.

Creo que ya los griegos de hoy (entre otros europeos) se han estado dando cuenta plena de cómo el distribucionismo termina provocando pobreza. Habría que esperar que en la cuna de la democracia logren pensar mejor acerca de los efectos que pueden tener sus votos; concretamente, cómo un redistribucionismo demagógico los termina afectando Veo al ejercicio democrático convertido en un proceso de aprendizaje que les permitirá -lamentablemente a plazo- darse cuenta de que la demagogia del distribucionismo es su verdadero enemigo. Ojalá que nosotros no tengamos que aprender la lección sufriéndola en carne propia. Nada más vean lo que está pasando en gran parte de Europa y, en mucho, en los Estados Unidos de hoy.

Se que estas reflexiones son muy burdas; muy primeras, pero vale la pena pensar.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: en Navidad, no sólo los niños reciben regalos

Decía Richard Lamm que "La navidad es una época en que los niños le piden a Papá Noel lo que quieren y los adultos pagan por ello. El déficit del Estado es cuando los adultos le piden al gobierno lo que quieren y los niños pagan por ello".

Esta atinada frase refleja muy bien la realidad que vivimos los costarricenses. La reciente aprobación del Presupuesto de la República -financiado en un 45% con deuda- nos tiene que poner a reflexionar seriamente acerca de lo que se vendrá. Ya el Gobierno avisó que propondrá un nuevo paquetazo de impuestos para "arreglar" las finanzas. Inclusive, uno de esos impuestos ya avanza en el trámite legislativo, como lo es el impuesto a las personas jurídicas, y el otro -aumento del impuesto de ventas- está listo para ingresar.

Con la intención de dotar de recursos a la seguridad ciudadana -una de las promesas de campaña de doña Laura Chinchilla- y con la excusa de que las sociedades anónimas inactivas se utilizan para la evasión fiscal, el Gobierno pretende cazar a todo aquel que tenga una, cobrándole $200 anuales. Y como no es capaz de cobrar lo que ya existe -la evasión fiscal en nuestro país ronda el 70%- ni de revisar adecuadamente la contabilidad de los evasores, el Leviatán decidió, salomónicamente, castigar a todos cobrándoles más. A eso hay que agregarle que el "impuesto estrella" de la Administración Chinchilla Miranda será elevar del 13% al 15% el impuesto sobre las ventas, para tener más recursos y así financiar sus demás ocurrencias. O sea, castigar a los ciudadanos aumentándole los costos de ir al dentista, al peluquero, al mecánico, al abogado, al contador, etc.

De lo anterior se concluye que todos los subsidios, las becas de Avancemos, de las pensiones del Régimen No Contributivo, de los bonos de vivienda, el aumento del empleo público (3 de cada 4 empleos creados en los años 2008 y 2009 fueron estatales) y el elevadísimo gasto público de los últimos años, sintetizado en la burda y llana aplicación de los postulados keynesianos, nos pasarán la factura. Lo que los adultos pidieron, como decía Lamm, lo tendremos que pagar nosotros: los nuevos profesionales que apenas estamos empezando a ganar nuestro sueldo y nuestros futuros hijos, a los que sin duda les tocará cargar con el pesado fardo de la deuda.

A propósito de esto, vale destacar una pequeña curiosidad: desde hace días viene sonando en la radio un campaña ambientalista donde una voz indica que de no cuidad el medio ambiente, en el futuro nuestros hijos preguntarán en qué estábamos pensando entonces. Pues bien, lamentablemente a nadie se le ha ocurrido hacer esa misma pregunta cuando el Gobierno nos quita más dinero para despilfarrarlo.

Ahora que estamos en tiempos navideños, donde muchos gastan todos sus ahorros y su aguinaldo en regalos, y luego tienen que afrontar la cuesta de enero con los bolsillos vacíos, es cuando debemos preguntarnos si el Estado no pasa todo el año en una Navidad, con la diferencia que nos pasa la factura a los tax payers.

Así como algunos propugnan por el "derecho de las futuras generaciones a tener un medio ambiente sano", ¿por qué no lo harán también por el "derecho de las futuras y actuales generaciones a no tener que pagar por una deuda que no desean"?

Viernes de Recomendación

Para el día de hoy les presentamos la obra de Henry Hazlitt llamada La Economía en una Lección. En este escrito se describe lo necesario que alguien debe saber para comprender la economía de los países y el curso que deben seguir.

Flash Legislativo

Otra vez más, los estatistas, intervencionistas, reguladores y colectivistas, vuelven a la carga. La semana anterior, el Plenario Legislativo aprobó -eso sí, con la oposición de la Fracción del Movimiento Libertario- una moción para aplicarle vía rápida, dispensar de trámites y delegar a una Comisión con Potestad Legislativa Plena, el proyecto de ley N° 17.874, de la Liberacionista Viviana Martín, para regular el porteo, eliminándolo como actividad privada y convirtiéndolo en un servicio público, sujeto a permisos y trámites.

A pesar que a mediados de este año, los Diputados Libertarios lograron traerse abajo un plan similar, al presentar ante la Sala Constitucional una consulta sobre el expediente N° 16.136, los demás legisladores subsanaron los errores mediante una nueva iniciativa y avanzan decididos a limitar la libertad de empresa, trabajo y comercio en esta actividad.

Para resolver el "caos" nacional con porteadores y taxistas, los de siempre pensaron en lo de siempre: estatizar, fomentar la intervención, darle alas a la burocracia y exigir permisos que, como bien nos ha enseñado la experiencia, sólo sirven para impedirle a la gente trabajar y fomentar la corrupción. Porque cuando se ponen barreras de entrada al mercado, el gran beneficiado es el político, que puede castigar o premiar a los solicitantes de permisos, según su apoyo y trabajo en futuras campañas electorales o en la realización de ciertos "trabajitos" que le permitan mantener o aumentar su poder.

Lamentablemente, en ASOJOD creemos que la suerte está echada. Con mayoría aplastante en la Comisión Legislativa con Potestad Plena, los Diputados del PLN, PAC, PUSC y RC y, con la ayuda de algunos porteadorcillos que se beneficiarán con los permisos, lograrán su cometido: dejar sin empleo a miles de ciudadanos y, de paso, darle una manita a Rodrigo Arias en las elecciones del 2010.

La columna de Carlos Federico Smith: inconsistencia libertaria

Por alguna razón la mayoría de los ticos se considera que pertenecen a la llamada clase media. Si es rico, más allá de lo que poseen las familias de clase media, me imagino que aseveran pertenecer a ella para no darse color ante los que ponen impuestos y si es relativamente más pobre, creo que se puede deber a que hay un deseo de que el progreso que suele implicar la clase media ya se encuentra en sus hogares. Por eso casi siempre responden que pertenecen a la “clase media”. Obviamente los tecnócratas sociólogos, expertos en asuntos de clases, rechazarán mis hipótesis, lo cual no me preocupa, aunque si debo señalar, recordando mis lecturas de Pitirim Sorokin, cuando era joven y estudioso, que en asuntos de clases el análisis caía en una especie de arroz con mango; por ello los conceptos de clases ya no son tan útiles como se creyó hace algún tiempo. Mi familia, que es de clase media, obviamente que se beneficiaría directamente si se aprobara un subsidio que la favoreciera, como el que analizaré a continuación, pero tal práctica extraordinaria iría en contra de mis principios, por lo cual deseo escribir esta nota de hoy.

Tengo enorme aprecio personal por la diputada libertaria Patricia Pérez, por ello me sorprendió -y no de forma agradable- el proyecto de ley que presentó ante la Asamblea Legislativa para lograr que hubiera mayores fondos para que la clase media obtuviera vivienda. Como era de esperar, tan noble propósito encontró amplio eco en el resto de los diputados, quienes, ni lerdos ni perezosos, ya han indicado estar a favor de la propuesta. Muchos de ellos, casi que estoy seguro, lo hacen porque están a favor de “ayudar” a la clase media (ninguno están en contra de la clase media), pero estoy seguro que no han pensado en las implicaciones derivadas de la aprobación de una ley como esta.

Conociendo el conocimiento profesional privada de la diputada Pérez, con gran experiencia en las Mutuales, más bien me extraña que la solución que propone para dotar con casa a las familias de clase media, lo sea mediante un subsidio a los intereses que tendrían que pagar, los cuales, concuerdo con ello, son muy elevados. Estoy seguro de que doña Patricia conoce los numerosos estudios que, a través de los años, han hecho muchos economistas acerca de las razones por las cuales, en nuestro país, el diferencial entre las tasas pasivas que un banco comercial le paga a sus ahorrantes es tan grande con respecto a las tasas activas que le cobra a quienes les presta. De paso recuerdo los innumerables trabajos para la Academia de Centro América, de Edna Camacho, Rodolfo Quirós, Ronulfo Jiménez, Thelmo Vargas, Oswald Céspedes y muchos otros, que bien debe recordar don Patricia.

Si fuera así, Doña Patricia no abogaría por subsidiar intereses para ningún grupo en particular, sino en reducir ese “spread” tan elevado, el cual se origina en la obligación de mantener altas reservas legales, el pago de impuestos locales, los altos gastos operativos de los bancos (estatales), entre otros. En síntesis, más bien debería proponer que legalmente se diera una reducción significativa de esos elevados costos de transacción hoy trasladados a todos quienes piden prestado en los bancos, incluyendo los de clase media que solicitan préstamos para su vivienda.

El problema con estos últimos préstamos más bien parece estar en el plazo tan corto a que se otorgan, lo que contrasta con la situación de, por ejemplo, los Estados Unidos, o Panamá y más recientemente El Salvador. Una propuesta que permitiría que nuestro país tuviera préstamos a plazos tan largos como los citados lo sería mediante la aprobación de un proyecto de ley precisamente acogido por el Movimiento Libertario para su trámite legislativo, como es la dolarización de nuestra economía. Esta posibilitaría ayudar a que la clase media adquiera vivienda en un plazo factible para este tipo de inversiones. En el caso de El Salvador, antes de que se dolarizara, tales préstamos eran de una duración parecida a la actual de Costa Rica; ahora tienen una duración similar a la estándar de Panamá: 30 años.

Finalmente, aprovecho para referirme a una coyuntura actual de la economía costarricense, que la propuesta de la diputada Pérez deja de lado. El déficit actual del sector público puede llegar a un 5% este año y a un 6% en el próximo, principalmente por un exagerado gasto gubernamental.

Históricamente los libertarios han indicado su disposición para introducir algún grado de racionalidad en ese desbocado gasto estatal, pero la propuesta de la diputada Pérez propone todo lo contrario. Más bien aumentaría el gasto gubernamental porque con el presupuesto público es que se financiaría el 50% de los intereses que tienen que pagar las familias de clase media a quienes se les otorguen préstamos bajo la propuesta comentada Esos gastos irían a aumentar el déficit en momentos en que más bien los gobernantes nos dicen que pedirán ante el Congreso en aumento de los impuestos que paga la ciudadanía. Triste papel hacen quienes por años han señalado posiciones contrarías a los subsidios estatales y el excesivo gasto público.

En lo personal tengo un gran aprecio por la diputada Pérez, por lo que aprovecho para recordarle la cita de Aristóteles: “Amicus Plato, sed magis amica veritas” (Soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad).

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: las elecciones municipales

El pasado 5 de diciembre, los resultados de las elecciones municipales dejaron en evidencia que el PLN tiene un clarísimo liderazgo en la intención de voto de los ciudadanos. Con esto no queremos decir que la mayoría de los costarricenses apoyen al PLN, puesto que hay que tomar en consideración que tan solo un 28% del electorado votó. Lo que sí se puede concluir es que los demás partidos no lograron convencer a las personas para que salieran a votar. Esto es preocupante, ya que, por lo visto, no existe una clara oposición en este país capaz de enfrentársele en serio al partido en gobierno. El PAC, el PUSC y el ML no han logrado convencer a las personas para que les den su apoyo.

Algunos dicen que no ha sido un completo fracaso para el PUSC, pues fue el segundo partido en obtener más alcaldías; sin embargo, al analizar con detalle sus triunfos, se puede fácilmente concluir que las personas no votaron por el partido, sino por el candidato. Ejemplos clarísimos de esto son los casos de San Pablo y Belén de Heredia, donde Aracelly Salas y Horacio Alvarado respectivamente, fueron escogidos por su trayectoria y liderazgo en el cantón y no porque el PUSC los apadrinó.

Para el PAC, supuestamente la segunda fuerza política del país, el resultado fue bastante malo. Tan solo 6 alcandías y ninguna en el Gran Área Metropolitana. El discurso socialista de esta agrupación política no ha convencido al electorado y en ASOJOD tenemos la esperanza de que nunca lo logren.

Pero tal vez el fracaso más evidente ha sido el del ML. El partido que más se acercó, en su momento, a nuestras convicciones liberales sigue sin poder explicarle efectivamente a la gente que solo por medio de mayores libertades individuales y menor involucramiento del Estado en las actividades económicas se puede lograr un mayor bienestar para todos. Inclusive, quizá ya ni siquiera tenga la intención de trasmitir ese mensaje al electorado, sino que pretende asemejarse más a los partidos tradicionales. Tal vez por eso, su máximo (o, mejor dicho, único) líder sigue perdiendo popularidad a pasos agigantados y una gran parte de sus miembros han preferido acercarse más a las ideas del PLN y dejar la lucha por la libertad. En la Asamblea Legislativa hay momentos en los que ya no sabemos distinguir a los diputados del ML de los diputados del PLN.

En este escenario, todo parece indicar que el próximo ganador de las elecciones presidenciales será nuevamente el PLN y por goleada. Estamos avisados

Viernes de Recomendación

Para el día de hoy les presentamos el ensayo: "Magia Verbal: la manipulación del lenguaje en el discurso jurídico, político y social" del profesor Minor Salas. En el presente trabajo se muestran los abusos que se comenten con el lenguaje en el campo de las ciencias sociales, abusos que terminan confundiendo el estudio de los fenómenos sociales.

La columna de Carlos Federico Smith: relajo sindical

No puede pasar inadvertida la información suministrada por La Nación del pasado lunes 29 de noviembre acerca de cómo un empleado de JAPDEVA termina ganando más si se incapacita que si labora. El privilegio es claro. Hoy cualquier persona que no sea un trabajador en JAPDEVA, si es incapacitada por la Caja Costarricense de Seguro Social, recibe como compensación un 60% de su salario mensual, aproximadamente. Por el contrario, el privilegiado trabajador de JAPDEVA, gracias a la leonina convención laboral de que disfruta, además de aquel 60% recibe un 40% proveniente de la misma JAPDEVA. El relajo evidente no acaba aquí: durante su periodo de incapacidad, tampoco se le pueden cobrar las cuotas del Fondo de Mutualidad que tienen los trabajadores, además de recibir el aguinaldo completo aún cuando se ausenten de su trabajo.

El incentivo es muy claro: vale más, para efectos de los ingresos que se llevan a la casa, estar incapacitado que trabajando. El resto de trabajadores del país no recibe tal gollería, precisamente para evitar este tipo de práctica nefasta. Adicionalmente, este privilegio a unos cuantos que laboran en JAPDEVA, lo cubre el resto de los costarricenses mediante los impuestos. De acuerdo con la información periodística, “a la fecha, en la institución hay 47 empleados que cumplen un año o más de incapacitados”, agregando, que “los casos más graves son de personal con licencia por enfermedad que están fuera de los puertos desde enero del 2005.”

Pues, ¿cómo no iba a ser así? Todo el incentivo diseñado para los privilegiados trabajadores de JAPDEVA está para lograr incapacitarse y con ello poder “ganar más”. Lo que el periódico no dice (en esta ocasión) es que muchos dirigentes del Sindicato de JADEVA se han acogido a tales incapacidades, hecho que ha sido públicamente denunciado. La Caja dice aún estar en proceso de investigación de estas denuncias, pero ya lleva muchos meses sin decirnos qué resultó de la investigación. Producto de mi malicia indígena o del escepticismo que ya ha hecho callo sobre el accionar del Estado, no me queda más que dudar acerca de un deseo de la Caja de aclarar las cosas y señalar las responsabilidades de aquellos médicos que otorgaron las incapacidades que ya llevan muchos, pero muchos, meses. Casualmente, muchas de esas incapacidades son de dirigentes del Sindicato de JAPDEVA.

Para agregar mayor malestar a la conciencia de los ciudadanos, quienes somos los que pagamos todo este tipo de desmadres, el dirigente napoleoncillo de JAPDEVA, Ronaldo Blear, al quejarse acerca de la información que sobre este privilegio difundió el actual Gerente de JAPDEVA, don Allan Hidalgo, sentenció que los días de don Allan “están contados en JAPDEVA” y lanzó el reto ante la ciudadanía de que irá “a defender los derechos de los trabajadores” y que no va “a permitir más que se esté ensuciando el nombre de los trabajadores”. No sólo el Secretario General del Sindicato de JAPDEVA nos golpea con una clara amenaza, sino que aprovecha para hacerse el ofendido tan sólo porque el Gerente de JAPDEVA denunció el privilegio ante la ciudadanía. Se necesita tener una cara de barro para todavía querer cobrarnos por medio de la amenaza, aunada al simple desaguisado que el Sindicato ha impuesto a todo el país.

Es hora de que la ciudadanía despierte y recupere el sentido de decencia elemental extirpado por la convención de JAPDEVA. Esta denuncia no debe pasar inadvertida. Si se siente mal por este abuso, reaccione. Si lo hace por escrito, mándele una copiecita a la Sala Constitucional, que tal vez la tendrá presente la próxima vez que tenga que pronunciarse sobre privilegios arrancados a toda la ciudadanía costarricense.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: ¿real? politik?

Vivimos en una época en donde las personas se jactan de su pragmatismo, de obtener resultados, de ocuparse de los fines y no de los medios. Esta escala valorativa se aprecia en su máximo esplendor en las relaciones internacionales a través de la Realpolitik. De lo que no se han percatado estos incautos es que no existe tal dilema entre valores y practicidad; todo lo contrario, esta es precisamente la función de los valores. El conflicto con Nicaragua es el fiel reflejo de cómo la Realpolitk al largo plazo no paga. Veamos:

Tenemos una política de relaciones internacionales absolutamente complaciente, timorata y cínica que, para algunos, es simplemente pragmática, esto es, que se ajusta a la necesidad y realidad de los tiempos. Así, hemos ingenuamente creído que nuestro silencio, cómplice e indiferente a las obscenas burlas a la institucionalidad de otros gobiernos en sus propios países, en nada han de preocuparnos o interesarnos. Este es el verdadero problema.

No se vale vanagloriarse de ser un país con una tradición demócrata, mientras se tienen relaciones con China o se permite el ingreso al seno de la OEA de la dictadura más añeja y podrida de la historia de Hispanoamérica, o mientras nuestros gobernantes durante las cumbres internacionales le hacen la corte a una serie de personajes políticos, cuyo único objetivo es acabar con el Estado de Derecho y perpetuarse en el poder. Esto no es una tradición democrática, es una tradición en el servilismo, la hipocresía y en el penoso oficio de tener dos caras.

Que no se nos olvide que la existencia de caricaturas como Ortega es gracias a toda esta impudicia que ha gobernado las relaciones internacionales de los últimos años, impudicia de la cual hemos sido partícipes y cómplices. Ojalá que este episodio nos sirva de lección.

Viernes de recomendación

Para este Viernes de recomendación, en ASOJOD queremos ofrecerles el texto de James Buchanan titulado "¿Qué deberían hacer los economistas?", donde el autor sugiere un interesantísimo enfoque de cómo debería desarrollarse esa disciplina: en lugar de concentrarse en el problema de la escasez, debería enfocarse en el intercambio.

Jumanji empresarial: los estafadores de la industria local

Con cierto aire folklórico, una corriente emotiva se ha terminado convirtiendo en una cuasi ideología. Movimientos que se ufanan de su nacionalismo, de preservar las tradiciones y fortalecer la historia doméstica se han encargado de servir de plataforma a una de las mayores estafas de este tiempo.

Un grupo de pillos, de rufianes oportunistas, se abusan del sentido de pertenencia que cualquier territorio genera a su alrededor. Ellos han exacerbado el sentido de lo local para transformar esa visión en algo así como una escala de valores que les resulta más que funcional a sus intereses económicos.

Han logrado construir una fantasía con cierta verosimilitud que solo cabe en la mente de los incautos y desprevenidos. Es que se trata de una casta de aprovechadores profesionales que han convencido a propios y extraños de que proteger la industria local implica salvaguardar el bien común, que la política debe generar espacios para favorecer a los de adentro y evitar que los de afuera hagan de las suyas.

Se ocupan de promover normas que favorezcan el compre local, las industrias del lugar. Dicen que debemos cuidar todo lo de adentro, para despotricar contra lo foráneo, induciendo a simplificaciones que hacen que lo propio sea bueno, y lo de afuera sea malo. Solo buscan protección, privilegios, prebendas, favores públicos, que hagan que sus emprendimientos sean viables, que haga rentables segmentos que no lo son.

Han construido un razonamiento que parece sostenible. Quieren que la industria local florezca, para mantener los puestos de trabajo y la actividad económica del lugar se revitalice dando oportunidades a los de adentro. Suena romántico y convocante.

Pero lo que no aclaran es quienes pagarán esa “fiesta”, quienes sostendrán su circo inmoral. Pretenden protecciones porque son ineficientes, porque quieren desarrollar actividades que no pueden sobrevivir sin subsidios, sin privilegios, sin apoyo estatal, ventajas impositivas o castigos vía barreras para los que vienen de afuera. Se trata, según ellos, de impedir que la competencia foránea ingrese al mercado local, destruyendo la industria del lugar y provocando perdidas de empleo.

Aspiran a tener protección, ganar dinero sin tomar riesgos, que el Estado les garantice rentabilidad para hacer un negocio seguro, que no dependa de los vaivenes del mercado. Lo que no quieren es competir, desean un monopolio apoyado desde el Estado y con una gran mística periférica que haga que la gente los avale, que la política los sostenga.

Tampoco hablan de las consecuencias de su pseudo ideología. Aspiran a que alguien los subsidie, que financie las ineficacias de su negocio, su aventura empresarial, socializando las perdidas y privatizando sus ganancias.

La sociedad se obliga a pagarles sus deficiencias, vía impuestos, endeudamiento o cualquier retorcido método que posibilite la transferencia desde el sector privado, de los que trabajan para ganarse su salario, de los que desempeñan su oficio, hacia los que parasitan desde las oficinas públicas imponiendo regulaciones o desde los sectores prebendarios, promoviendo ventajas que solo le resultan convenientes a ellos mismos. Saben lo que hacen, se escudarán en la sensiblería de los puestos de trabajo, de favorecer lo propio, y de ayudar al crecimiento local. Todos argumentos que apuntan al corazón, a la emotividad, pero pocas veces a la razón.

Para que sus empresas ineficientes sean viables, la sociedad toda deberá aportar la diferencia y hasta la ganancia. Esos recursos no pueden tener otro origen que cada individuo, que resignará su propio consumo, el que hubiera elegido en libertad, para destinar esos dineros al “estafador” y los supuestos ideales románticos que defiende.

Pero no se agota allí la historia, no se trata solo de las exenciones impositivas, los regímenes privilegiados, las subvenciones otorgadas, sino también del cúmulo de regulaciones que lo favorecerán para impedir que sus competidores ingresen al mercado. Todas esas reglas “hechas a la medida”, evitarán que quienes pueden ofrecer un mejor producto, más barato, en mejores condiciones, no lo consigan. Para ello, lobby mediante, el “protegido” empresario local, conseguirá que las normas castiguen económicamente a quienes insistan en ofrecer sus productos desde afuera. Le impondrá barreras arancelarias que impidan la competencia, restricciones formales que hagan que sus intentos no estén contemplados por las reglas domesticas. Todo tipo de escollo sirve al loable fin que intentarán defender con uñas y dientes.

Pero los consumidores locales tendrán que abonar un precio más alto por un servicio por el que optan acorralados por las reglas artificiales obtenidas bajo el amparo de la influencia del “afortunado”. Para abonar ese sobreprecio del proveedor local, los clientes del lugar tendrán que privarse de consumir otros bienes, reduciendo su capacidad de compra. El fin justifica los medios dirá la caterva de aduladores que rodea al privilegiado y sus “convenientes” aliados. Para ellos no tiene mucha importancia que el consumidor local pague más, después de todo se trata de ayudar a los empresarios locales, fortalecer el mercado interno y preservar el empleo de los lugareños.

Lo que nuevamente no dirán es que el dinero que el consumidor local utilizó para pagar el sobreprecio de esta prebenda, solo puede explicarse al privarse del consumo de otro bien. Es en esa otra actividad, en ese otro sector, donde el cliente local no podrá poner voluntariamente su dinero y por lo tanto habrá hecho desaparecer sin intención a otra actividad, en este caso sin protección.

Los genuinos empresarios locales, esos que no gozan del calor del poder, serán los primeros perjudicados. Ellos y sus empleados, que son los que realmente perderán puestos de trabajo pero sin tanta trascendencia, de modo progresivo, casi en silencio. Es que los “privilegiados de siempre” saben invertir su tiempo en hacer lobby, en traficar influencias, en convencer políticos y aportar argumentos al debate social, para ponerse a la gente de su lado.

Los verdaderos emprendedores, los que pelean cotidianamente en el mercado sin protección alguna, más que la de prestar el mejor servicio, ofrecer el mejor producto, al precio más bajo posible, con el menor margen que pueda darle viabilidad a su negocio y lidiando con los competidores a diario, ellos, no tendrán defensores en la lucha. Al contrario, pagarán el costo de este engendro, con menos empleos, con una inferior ganancia, en una verdadera competencia desleal, desde otros sectores de la economía.

En economía no se puede hacer magia. Las soluciones las provee un marco normativo transparente, donde los empresarios toman riesgos, se dedican a hacer lo que saben hacer, y subsisten solo si son elegidos por sus clientes todos los días, con claros incentivos perdurables en el tiempo, esos que solo provee el mercado, para ofrecer el mejor producto, al menor precio, desde la óptica de quien lo consume.

Cuando las empresas, ya no toman riesgos, e invierten tiempo en recorrer pasillos de oficinas públicas, la ciudadanía toda habrá perdido, porque pagará la nueva parodia con sus propios ingresos, abonando en el mercado local precios irreales.

Si no entendemos que detrás de cada idea retorcida de estas que pretenden cuidar lo propio, existen mas problemas que soluciones, más daños que beneficios, y sobre todo perversos intereses parciales que solo desean alimentar sus propias ineficiencias frente a la incapacidad de superar a sus competidores, estaremos transitando un camino sin retorno, ese que nos proponen los estafadores de la industria local.

Alberto Medina Méndez

La columna de Carlos Federico Smith: par de gastos ejemplares

Hay gente que se especializa en decir que “no es posible reducir el gasto estatal”. En realidad no es sino una excusa para promover el crecimiento de la burocracia gubernamental. En esta ocasión no haré un recuento de posibles reducciones del gasto público. Si hay alguien interesado en ello podría leer el artículo de don Carlos Federico Smith en el Boletín de ANFE del mes de noviembre, el cual se espera salga a la luz en una semana.

Pero hay ocasiones, como ésta, en que me cuesta refrenarme en mis propósitos de reducir el gasto público. Hoy daré dos ejemplos que me han molestado, tal vez por ser de reciente factura y que aún no se han consolidado en el ego estatista de la ciudadanía como para excusar su existencia. Prueba de esta última afirmación mía es formular la pregunta de si alguien recuerda cuál fue la última reducción de gasto significativa en el Estado costarricense o si puede traer a colación el cierre de alguna institución gubernamental una vez que fue creada en, digamos, estos últimos diez años. Me quedaré esperando una respuesta y si fuera afirmativa, al menos eso a mi me alegraría, aunque se me desmienta.

En días recientes en distintos medios (prensa y televisión) apareció la noticia de una propuesta para subsidiar o garantizar un auxilio a los toreros aficionados que participen en nuestras corridas criollas. Yo, como aficionado, no logré entender cómo es posible que se vaya a subsidiar alguien quien voluntariamente se lanza a un ruedo dizque torear. Me imagino que quienes así lo hacen son conscientes de que se arriesgan al hacerlo y que no hay razón alguna para que Juan Pérez en Machorcado de Güelta de Jorco tenga que pagar impuestos para subsidiar a ese osado torero. Se que es muy fácil pedir fondos públicos y algo más difícil el que se otorguen, pero en asuntos de gasto estatal es fácil observar la mayor diversidad imaginable, resultado de presiones políticas que ejercen algunos grupos específicos o bien de la actitud de políticos de usar el gasto estatal para lograr atraerse votantes. No sería nada raro ver que la Asamblea Legislativa apruebe una ley para subsidiar a los toreros improvisados, pero tendría que apurarla, pues las Fiestas de Fin de Año ya están a la puerta y es la hora de dispensar favores con platas ajenas que pertenecen a la ciudadanía.

Más triste es lo sucedido con una oleada de anuncios reciente de Acueductos y Alcantarillados; “anunciadera” en televisión que cuesta toda una bicoca. En parte por la naturaleza inclemente, así como por haber la Municipalidad de Escazú otorgado tierra hace varios años a gente relativamente pobre para que allí construyeran sus casitas en Calle Lajas (o Río Lajas), las recientes inundaciones hicieron que esa pobre gente se quedara en la calle, sin casa en donde morar. Pero también hubo pérdidas al destruirse sistemas para el suministro de agua, entre otros daños graves.

Me interesa este aspecto del suministro de aguas: el país ha incurrido en grandes pérdidas financieras por los temporales y con los recursos tan limitados de que se dispone, no es posible que, de la noche a la mañana, se recuperen todos los daños. Uno esperaría que el gobierno fuera especialmente frugal en estas circunstancias y que hiciera todos los esfuerzos posibles para redirigir los escasos fondos hacia la reposición de los daños. Obligado a cumplir con su deber de restablecer el servicio de agua, Acueductos y Alcantarillados paga un costoso programa de anuncios en diversos medios para decirnos a los ticos que ha cumplido con su deber. Esa era su obligación y blasonar con tal actuación es una muestra de una gran insensibilidad e irresponsabilidad que debería ser políticamente castigada. El montón de plata que Acueductos y Alcantarillados desperdicia hubiera sido mejor empleada si la dedicara a reparar los enormes daños. Eso se lo agradecerían los ciudadanos. El tema es que como no son fondos de alguien, sino públicos, los jerarcas de esa entidad estatal no tienen reparo en gastarlos, aunque sea en su autobombo.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: maniqueísmo puro

Después de la tan esperada sentencia del caso Crucitas, las distintas manifestaciones no se hicieron esperar. Entre quienes celebraban el histórico fallo parecía repetirse una consigna: los jueces le habían devuelto la confianza, credibilidad y fe al sistema judicial, virtudes todas ellas que si no estaban perdidas al menos en el mejor de los casos se encontraban en cuidados intensivos. ¿Pero, es esto cierto, es acaso esta una lectura apropiada? No. Lo cierto es que muchos de los impúdicos que pronunciaron dichas declaraciones no tienen ni la menor idea en que consistían las excepciones de forma y fondo que fueron rechazadas, el mérito de los autos o el objeto del proceso.

Así que una pregunta incómoda salta a la vista: ¿Cómo se puede valorar de forma positiva o negativa la labor de los jueces sino se tienen elementos o conocimientos para realizar dicho juicio? Por supuesto que no existe manera racional alguna para avalar dicho proceder. Lo cierto es, que lo que les devolvió la confianza –incluso la esperanza dijeron algunos- fue que el veredicto resultara a su favor, en realidad lo que verdaderamente importaba es el fallo, su fundamentación no interesa ya que ni siquiera se entiende. ¡Cinismo puro!

Pero entonces, ¿cómo pueden estar tan seguros de que el Tribunal obró correctamente? Pues dicha seguridad proviene de su particular cosmovisión de entender el mundo. Estas personas creen a priori que la única forma en que un proyecto como Crucitas pueda darse en el país es a partir de la mala fe, deshonestidad y corrupción. Menos se les puede ocurrir pensar que una empresa transnacional con ganancias obscenas –si es que tal cosa existe- y que para colmo de males tenga la poca vergüenza de dedicarse a la pecaminosa industria minera, pueda tener derecho o interés legítimo alguno. En estas mentes tal cosa resulta imposible de concebir. Así, lo que proporciona el sentido y la legitimidad al fallo, es simple y llanamente su visión maniquea y binaria de ver el mundo: ellos como los buenos y todos los que se le opongan, como los malos

Mientras esta forma de ver el mundo siga siendo la predominante en el país, estamos condenados a repetir nuestros errores de siempre.

Viernes de recomendación

José Ortega y Gasset (1883-1955), fue un filósofo y ensayista español, pero sobre todo, fue un gran defensor del individuo y, a lo largo de su vida intelectual, llegó a desarrollar, como lo señala Vargas Llosa, un discurso político inequívocamente liberal. El siguiente documento titulado "Rescate liberal de Ortega y Gasset" pone en evidencia esa faceta ideológica del brillante pensador.

Jumanji empresarial: regulación sin Estado (Parte II)

Problemas de los mercados regulados

A los grupos de presión les interesa la promulgación de regulaciones, tal y como se ha explicado más arriba. Por su parte, los reguladores no pagan los costes derivados de sus acciones, los mercados regulados. En consecuencia, los mercados regulados presentan determinadas características, algunas de las cuales presentamos a continuación.

Tendencia a la expansión de los organismos reguladores. El ansia de construir imperios es una ambición compartida por todo tipo de organizaciones, pero conseguirlo en un mercado competitivo depende en buena medida de la resistencia que opongan los adversarios. Sin embargo, no existe ningún método infalible para evaluar de forma objetiva qué cantidad de regulación resulta beneficiosa. Por eso resulta muy difícil controlar la acción de las instituciones reguladoras, y el aumento en la regulación se nutre de la discrepancia entre los costes soportados por los reguladores y los costes totales de la acción reguladora (ver Apartados 3 y 4). Como son los demás los que pagan casi todos los costes, los organismos reguladores no tienen motivo alguno para reducir esos costes. Muy al contrario, tienden a favorecer situaciones en las que se coarta y obstaculiza la innovación tecnológica. En el campo de la salud y la seguridad, por ejemplo, lo que desean por encima de todo es demostrar que han hecho todo lo que es técnicamente posible para evitar que se les eche la culpa de los posibles accidentes. Recurrir a un análisis coste/beneficio carece de utilidad, porque los costes y los beneficios son todos futuribles, es decir inciertos y de evaluación estrictamente subjetiva. Por regla general, el interés de los reguladores les llevará a exagerar los beneficios, subestimar los costes y sobrestimar la demanda de regulaciones.

Regulación a favor de algunas empresas. En algunos casos, determinadas empresas ya consolidadas en un sector se muestran favorables a la regulación, porque es una forma de evitar posibles competidores al aumentar los costes de acceso al mercado. Sabemos que en EEUU, a finales del siglo XIX, los mismos productores estaban a favor de la introducción de medidas reguladoras. Tal y como se deduce de otros estudios, la Ley Federal de 1938 que estableció un salario mínimo proviene en realidad de la voluntad de los políticos y los trabajadores textiles de Massachusetts para obstaculizar la competencia de la industria textil de los Estados sureños, con sueldos más bajos. Más recientemente, se ha comprobado que por regla general las grandes empresas oponen menos resistencia que las pequeñas a imposiciones como la del salario mínimo. La consecuencia de todo ello es que en los mercados regulados suele desaparecer la competencia, con lo que los consumidores soportan precios más altos y peores servicios.

Reguladores captados por las empresas. Una vez establecida la regulación, el regulador ha de confiar en la información que le suministran las empresas del sector en cuestión (se produce por tanto una situación de "asimetría informativa"), por lo que, al menos en parte, depende de la empresa sujeta a regulación. Más aún, es muy posible que el regulador se lance a pensar en una futura carrera profesional en el sector regulado, y hay un largo historial de reguladores que acaban encontrando trabajo en sectores sobre los cuales tuvieron poder o responsabilidad reguladora. Se producirá una situación de "captación" o "seducción reguladora", por así decirlo, cuando el regulador se solidariza con los productores y actúa en interés de estos últimos. O tal vez se dé el caso de un regulador seducido o captado por otro tipo de grupos de presión (por ejemplo, grupos "medioambientales"). Siempre que los reguladores actúan en interés de los productores o de otros grupos de presión, son los consumidores los que acaban pagando el precio.

Los políticos adoran las regulaciones. La popularidad de las regulaciones se debe a que dan la impresión de que se está "haciendo algo" ante un problema determinado. Los medios de comunicación y los programas informativos, con frecuencia presionados por grupos de interés, se aferran a los accidentes, a las posibles situaciones de emergencia y a errores humanos de toda índole. Invocan el principio de precaución y exigen todo tipo de medidas, aun cuando suele haber escasa certeza científica acerca de lo que suele ser relevante en esos casos y acerca de las actuaciones necesarias. Un ejemplo reciente son las medidas draconianas adoptadas en el Reino Unido para combatir el supuesto riesgo de la BSE (enfermedad de las vacas locas) en relación con la enfermedad de Creutzfeld-Jakob en los seres humanos. En términos generales, la respuesta política a hechos como éste suele consistir en abrir una investigación, promulgar más regulaciones e incluso crear un nuevo organismo regulador. El estado tiene plena conciencia de que este tipo de reacción impulsiva beneficia muy poco a la gente, por no decir nada. En realidad, se actúa para responder a las demandas de medidas suscitadas por la asimetría en la información (predominio de las malas noticias).
Costes elevados y consecuencias perversas
El auge de la regulación tiene poco que ver con cualquier consideración sobre el interés general. Es la niña mimada de los grandes grupos de presión, de los reguladores y de los políticos. Y como los costes que origina son dispersos, los consumidores que los pagan no tienen suficientes motivos para oponerse a ella.

Aun así, los costes de la regulación son considerables. Como ya se ha explicado, es posible evaluar algunos de estos costes, por ejemplo los que figuran en las partidas de los presupuestos del Estado, o los costes de cumplimiento de las normas que pagan los afectados por la regulación. Pero los costes invisibles son con diferencia los más elevados. Consisten en precios más altos y menor calidad para los consumidores; en la tendencia a favorecer los intereses de determinadas empresas; y, lo que es tal vez más importante, en desincentivar la iniciativa empresarial, la innovación y por tanto el desarrollo tecnológico y organizativo. Unas reglas rígidas, incapaces por naturaleza de tener en cuenta el futuro desarrollo de la tecnología, obstaculizan cualquier innovación, ya sea en cuanto al producto en sí o a su comercialización. En consecuencia, se bloquean los avances y la vida de la gente no progresa ni mejora como podría haberlo hecho en otro caso.

La regulación estatal actúa en muchas ocasiones como un elefante en una cacharrería. Por el motivo que sea, un proceso o una situación concentran la atención del público. Se aprueba una regulación basada en los conocimientos y la tecnología del momento. Por mucho que los burócratas y funcionarios (ver Apartado 7) aspiren a un estándar de calidad alto, al poco tiempo los conocimientos se han multiplicado, se producen avances tecnológicos y aparecen nuevas formas, mejores y más fáciles, de hacer las cosas. Pues bien, la introducción de esas valiosas novedades se verá obstaculizada por una regulación encaminada, en principio, a mejorar la situación. Hasta que los burócratas o los políticos no vuelvan a plantearse el asunto, la regulación seguirá sin reflejar todos los cambios que se han producido. Por otro lado, los cambios en la regulación que se impone a los mercados se producirán en pequeñas dosis mientras que los que afectan a la tecnología o a los conocimientos avanzan a una rapidez vertiginosa.

Así pues, la regulación estatal se basa en principios inciertos y aboca a dificultades prácticas. No es lícito afirmar, como suelen hacer los partidarios de la intervención estatal, que a largo plazo ésta resulta beneficiosa y consigue su objetivo de satisfacer un concepto tan poco objetivo como el del "interés general". No sólo los costes de la regulación tienden a ser muy elevados, sino que casi con toda seguridad la regulación obstaculizará cualquier solución rentable de los problemas que esa misma regulación pretendía resolver. Con el tiempo, el prolijo entramado de regulaciones será un obstáculo para que se produzca cualquier avance en la satisfacción de los deseos de la gente, incluida la demanda de servicios de salud, seguridad, o protección medio ambiental. Los fallos a la hora de satisfacer las demandas de los consumidores aparecen sobre todo en sectores donde no hay libertad de elección, es decir en aquellos que están intervenidos por el Estado, como la educación, la sanidad y el transporte, donde prevalecen los intereses de monopolios que no tienen ningún interés en defender su prestigio.

Más aún, la regulación estatal suele tener resultados perversos. Hasta hace poco, el Reino Unido estaba sujeto a controles en el mercado inmobiliario que dificultaban el alquiler de viviendas y locales comerciales; las restricciones salariales echaban a perder multitud de vocaciones, capacidades profesionales y oportunidades de empleo; y los precios intervenidos incrementaban las presiones inflacionistas que querían aliviar. El medio ambiente es uno de los sectores en los que más presiones hay en pro de la regulación estatal. Pues bien, en el medio ambiente los efectos perversos de la regulación han alcanzado proporciones espectaculares. La antigua Unión Soviética y los países del Este son los mejores ejemplos de los desastrosos efectos en el medio ambiente que producen las medidas más extremas de regulación, como son las derivadas de la planificación centralizada. El sector eléctrico nacionalizado de Inglaterra y de Gales, obligado por el estado a recurrir al carbón y a la energía nuclear, es un ejemplo más de cómo la intervención estatal es causa directa de una excesiva contaminación, así como de una reducción en la seguridad del suministro.22

No siempre las consecuencias de la regulación son tan graves como en estos casos. Pero sí es frecuente que el ingenio humano, puesto a prueba por las regulaciones, obtenga resultados inesperados. Un reciente estudio expone algunos de los efectos de una regulación norteamericana de los años 70 según la cual los pijamas para niños debían estar fabricados en materiales resistentes al fuego.23 En la práctica, esta regulación impedía el uso del algodón, pero como los padres querían para sus hijos ropa de algodón, que es mucho más cómoda, los fabricantes inventaron nuevos nombres, como "conjuntos de algodón peinado", para designar los pijamas de toda la vida. En 1996, y demostrada la inutilidad de la regulación, se permitió la ropa de algodón. Pero la nueva regulación obliga a que la ropa sea lo más ajustada posible para evitar los riesgos de quemaduras, con lo que los padres han acabado comprando tallas más grandes. Resulta difícil evaluar la cantidad de recursos desperdiciados en este tipo de juegos en los que los reguladores se dedican a regular, los regulados a sortear las reglas, los reguladores a promulgar nuevas regulaciones, y así sucesivamente.

Regulación sin Estado
Por muy extendida que esté la idea de que los mercados "se equivocan", lo cierto es que en la práctica los objetivos que persigue cualquier regulación se alcanzan sobre todo gracias a la interacción cotidiana de consumidores y productores. Los individuos, ya sea como productores o como consumidores, demandan servicios de salud y seguridad, protección en el trabajo y protección del medio ambiente. A medida que aumenta el nivel de vida y se van cubriendo las necesidades básicas de los consumidores, estas demandas aumentan a un ritmo superior al de los ingresos. Este efecto puede observarse durante un período de tiempo en un país determinado, o comparando países con distintos niveles de vida en un momento dado. En consecuencia, los productores actuales o futuros deberían estar interesados en satisfacer estas demandas. Es una forma de tener éxito y conseguir prestigio.

Desde un punto de vista más amplio, las alternativas voluntarias a la regulación estatal permiten el funcionamiento de los mercados, asegurando la existencia de remedios legales o de otra índole para quienes se ven perjudicados por las acciones de otros. También abren la posibilidad de formas de protección rentables y compatibles con el mercado, como los seguros, la puesta en vigor voluntaria de estándares e incluso de establecimiento de estándares propios. Sin duda el resultado será imperfecto, pero también lo son todas las soluciones imaginables.

En ausencia de regulación estatal, el suministro de los bienes que este tipo de regulación intenta garantizar depende de las demandas de los consumidores. Los consumidores compran un artículo por sus características y su marca, no sólo por el artículo en sí. Por lo tanto, las empresas compiten para proteger y aumentar su prestigio, produciendo bienes que ofrecen las características que exigen los consumidores (lo que incluye la seguridad del producto, los beneficios que ofrece para la salud y los efectos benéficos o no agresivos para el medio ambiente). El prestigio de una empresa es, potencialmente, su mejor activo, y en condiciones de libre competencia, las empresas son las primeras interesadas en defender y aumentar su prestigio respondiendo a las necesidades y a las demandas de los consumidores, así como en distinguir su propio producto del de los demás, con la consiguiente creación de una marca. Las empresas también compiten a la hora de ofrecer buenos salarios y condiciones de trabajo adecuadas a sus empleados, porque quieren defender el prestigio que da tener a los mejores trabajadores.

Siempre que lo crean conveniente, las empresas se asociarán para ofrecer estándares de calidad para sus productos y procedimientos de certificación destinados a captar la confianza de los consumidores. Surgirán oportunidades rentables para la creación de servicios independientes y privados de normalización y certificación, por lo que surgirán nuevas empresas y nuevos servicios. Otras empresas ofrecerán servicios de información al consumidor. El auge de Internet permite prever un aumento de las oportunidades para los consumidores, gracias a los llamados "infomediarios", que ayudarán a los consumidores a reducir los costes de búsqueda y selección de un producto en un entorno complejo.

En esta situación, es probable que se recurra con mucha mayor amplitud que hoy en día a los seguros privados. Por ejemplo, la gente se protegerá a sí misma asegurándose contra eventualidades tales como el desempleo, la enfermedad o la vejez, y también se protegerá contra posibles defectos en los bienes y servicios que adquieren. Estas protecciones están ya incluidas en muchas hipotecas y en contratos de venta a plazos, así como en compras realizadas con tarjeta de crédito.

Cambiar los incentivos de los reguladores
Una forma de reducir la cantidad de regulación y de limitar sus efectos adversos que no provoca demasiadas alteraciones en el régimen existente es cambiar los incentivos de los reguladores con el fin de frenar su tendencia a construir imperios y a oponerse a otro tipo de regulaciones. A este respecto, se ha conseguido cierto éxito en la regulación de los suministros públicos básicos en el Reino Unido al imponer a los reguladores la obligación de fomentar o facilitar la competencia. En el momento en el que se aplicaron estas imposiciones, no se comprendió la amplitud de su significado, a pesar de que se sabía que transformar un sector industrial y hacerlo pasar del monopolio a la competencia requería este tipo de medidas. Sin embargo estos incentivos se han extendido más de lo previsto. No sólo han permitido a los reguladores tomar la iniciativa a la hora de fomentar la apertura de los mercados, sino que han cambiado la naturaleza de los incentivos. Los reguladores son conscientes de que una de las formas más importantes por las que se juzgará su comportamiento (por ejemplo, cuando se estudie la renovación de su mandato) es conocer hasta dónde han llegado a la hora de fomentar la competencia en el mercado que controlan. Por lo tanto, si se acepta que la competencia es la mejor forma de salvaguardar los intereses de los consumidores, al ofrecerles más opciones, se deduce que los reguladores de los suministros básicos en el Reino Unido tenderán a actuar en la mayor medida posible en interés de los consumidores. La "titularidad de los derechos" de los productores no ha supuesto un problema tan importante en el sector británico de los suministros como lo ha sido en EEUU.

Además, el fomento de la competencia significa que a medida que ésta se va desarrollando en los mercados de suministros básicos, disminuye la necesidad de regular. La deducción lógica es que la regulación sólo cubre áreas de "monopolio natural" en estado puro (como por ejemplo las redes de cableado, las tuberías y las vías). En otras palabras, existe un mecanismo dentro del régimen de regulación de los suministros básicos en el Reino Unido que impone una coacción a la regulación y que con el tiempo hará que se vaya reduciendo el tamaño de los organismos dedicados a esta tarea.

Es cierto que el sector de los suministros básicos presenta algunas características especiales, como el poder que ejercen en el mercado los nuevos propietarios inmediatamente después de la privatización, por lo que las medidas obligatorias de defensa de la competencia son indispensables. Sin embargo, la idea de imponer una medida que obligue a los reguladores a actuar en interés de los consumidores y que haga poco atractivo su afán de expansión puede aplicarse a muchos otros mercados que siguen regulados y no sólo en el Reino Unido. Por ejemplo, una imposición que fomente la competencia podría incluirse en las responsabilidades de los reguladores financieros para impedir que se vuelvan excesivamente poderosos y frenar así sus ansias expansionistas. Contribuiría a evitar que se intensificara la regulación que tiende a producirse en los sistemas reguladores que no están controlados y que asfixian el mercado. Se podrían aplicar imposiciones similares en otros sectores regulados.

Formas voluntarias de regulación
Es muy útil estudiar algunos casos en los que la regulación ha surgido de forma natural, en vez de venir impuesta por los gobiernos, con el fin de saber si estos casos tienen aplicaciones más amplias.

Procedimientos de conformidad y establecimiento de estándares de calidad. Hay que distinguir claramente entre el establecimiento de estándares de calidad y los procedimientos de conformidad y control (por ejemplo, la inspección, los tests y la certificación) que se utilizan una vez que se han alcanzado los estándares. La intervención de terceras partes independientes en los procedimientos de conformidad y en el establecimiento de estándares de calidad tiene una larga historia. En ausencia de una regulación estatal, ambos procedimientos se producen a través de una acción voluntaria, tal y como demuestran los siguientes ejemplos.

El caso de Underwriters Laboratories. En EEUU, Underwriters Laboratories (UL) es una organización privada sin ánimo de lucro que otorga certificaciones de seguridad independientes en sectores tan diversos como los aparatos eléctricos, los accesorios del automóvil, los aparatos médicos, los sistemas de alarma o los productos químicos. No sólo realiza tests y emite certificados, sino que también establece estándares de calidad después de realizar un proceso de análisis transparente y profundo. A pesar de que han surgido otras entidades, esta organización se ha convertido en los últimos cien años en la entidad más importante en su campo. Su prestigio es tal, que los vendedores minoristas se resisten a vender productos que no lleven una certificación de UL, o de uno de sus competidores, a pesar de que no existe una obligación legal de ofrecer esta certificación. Aunque la certificación sólo se refiere a la seguridad, si el producto no lo obtiene, su comercialización será extremadamente difícil. El sistema voluntario funciona muy bien porque los estándares de calidad son perfectamente reconocibles. Por eso los fabricantes y los minoristas tienen un poderosísimo incentivo para cumplir con ellos.

En lo que se refiere a la eficacia y a la capacidad de respuesta del mercado, UL se sitúa en una posición muy diferente de la de un organismo estatal. Opera en un mercado competitivo (cuenta con doce competidores y el acceso al mercado está abierto) por lo que tiene suficientes incentivos para controlar sus costes y adaptarse a las circunstancias. Además, todos los gastos que conlleva establecer los estándares de calidad y de conformidad tienen que estar dentro de un margen aceptable para sus clientes. Por lo tanto, se evita la tendencia a una regulación excesiva que suele producirse cuando la entidad reguladora sólo soporta una pequeña fracción de los gastos de sus propias actividades.

El éxito de UL y del programa "Kite Mark" de la British Standards Institution, demuestra las ventajas de la acción voluntaria sobre la regulación estatal obligatoria. El propio interés de las compañías les incita a obtener la certificación del regulador y la entidad reguladora tiene mayores incentivos que un organismo regulador estatal.

El Mar del Norte. La seguridad de las plataformas en alta mar es un asunto especialmente complicado. Sin embargo (o quizás debido a su complejidad), el gobierno quiere involucrarse cada vez menos en la letra pequeña de la regulación sobre seguridad.

Después del trágico accidente que se produjo en 1988 en la instalación Alpha de la plataforma petrolífera Occidental's Piper en el que murieron 167 personas, y tras la investigación realizada por Lord Cullen, se sustituyó el régimen de seguridad demasiado riguroso que regía en el momento del accidente y que, evidentemente, había resultado totalmente ineficaz. A partir de ese momento no se establecerían condiciones detalladas para cada plataforma en alta mar; por el contrario, se dejaba a los empresarios y a los propietarios libertad para formular sus propios planes de seguridad (los llamados "expedientes de seguridad") que deberían contar con la aceptación del Departamento de Seguridad e Higiene (HSE). Los empresarios y los propietarios podrían escoger entre seis entidades autorizadas de certificación para realizar los estudios de sus instalaciones.

En 1996, el gobierno británico introdujo (concediendo un periodo transitorio de dos años) una nueva forma de comprobación. Al empresario o al propietario de una plataforma petrolífera no se le exime de elaborar un expediente que debe aceptar el HSE, pero no está obligado a dirigirse a una de las seis entidades de certificación existentes para realizar los expedientes de seguridad de la plataforma. De esta forma, el empresario o el propietario identifica él mismo las llamadas "situaciones de peligro extremo" y contrata a un "profesional independiente y competente" (por ejemplo, una compañía eléctrica o un especialista en pozos artesianos). De esta forma, los propietarios y los empresarios establecen sus propios estándares de calidad, a través de los servicios de un profesional que tan sólo ha de ajustarse a las definiciones del HSE de las palabras "independencia" y "competencia".

Autorregulación del alcohol en el Reino Unido. En el Reino Unido, los proveedores de bebidas alcohólicas actúan dentro de un marco de licencias y de regulación que establece el estado. Pero, dentro de este marco, ha surgido un sistema de regulación voluntaria, sobre todo gracias a Portman Group (una entidad financiada por el sector de bebidas y cuyo objetivo es impedir el abuso del alcohol y fomentar el "consumo responsable"). Las campañas de educación del consumidor que se pueden ver en la televisión y en otros medios de comunicación, algunas de ellas patrocinadas por la industria de las bebidas, han contribuido a reducir el número de fallecidos o heridos graves en accidentes de tráfico relacionados con la bebida en el Reino Unido más que en el mayoría de los países. Las cifras han pasado de 1.800 anuales en 1980 a menos de 600 en la actualidad. Otros países que se han decantado por medidas reguladoras estatales han visto cómo las cifras descendían a menor ritmo. Por ejemplo, EEUU ha aumentado a veintiún años la edad mínima para comprar alcohol; Australia ha introducido pruebas de alcohol aleatorias a gran escala; y en los países escandinavos, se imponen cuantiosas multas y se dictan sentencias de cárcel.

Para hacer frente al problema del consumo de alcohol por parte de los menores, Portman Group creó en 1990 una tarjeta que certificaba la edad, llamada "Proof of Age", para ayudar tanto a los vendedores minoristas (responsables de cumplir la ley que prohíbe vender bebidas alcohólicas a los menores de 18 años) como a los compradores legítimos que no tenían un pasaporte u otra identificación que probara su edad.

Otra iniciativa de Portman Group está dirigida a reducir la confusión que se generó con el lanzamiento de las "alcopops" (bebidas alcohólicas que se presentan como refrescos sin alcohol). En abril de 1996 se introdujo un Código Deontológico sobre Denominación, Empaquetado y Comercialización de Bebidas Alcohólicas, que se revisó en 1997, y cuyo objetivo es evitar la confusión entre bebidas alcohólicas y no alcohólicas, así como impedir que se asocie el consumo de bebidas alcohólicas con comportamientos antisociales. Además, Portman Group ofrece un servicio de asesoramiento a los fabricantes. De esta forma, las compañías pueden obtener una orientación previa para saber si los productos que quieren lanzar se adaptan al Código en cuestión.

Otros casos de regulación voluntaria
Se podrían dar más ejemplos de regulación voluntaria que funcionan con éxito, y también áreas en las que podrían sustituir con ventaja a la regulación estatal. Tal y como se indica en un estudio norteamericano, "la regulación se suele identificar con el estado o con el gobierno federal, pero es un concepto erróneo. Hoy en día existe un gran número de entidades privadas que regulan un segmento considerable de la actividad del mercado sin la intervención del estado".

Hay un sinfín de modelos. En algunos casos, el estado proporciona un marco de regulación y las compañías del sector crean una organización de autorregulación que da contenido a ese marco, evitando de esta forma los inconvenientes de unas leyes estatales demasiado inflexibles y restrictivas. El caso de Portman Group es un ejemplo de este modelo.

En otros casos, un sector industrial es responsable en gran medida de sus propias actividades pero tienen que darse ciertas condiciones legales en la inspección (por ejemplo, con la mediación de un "profesional competente"). La seguridad en las plataformas petrolíferas del Mar del Norte es uno de los ejemplos que ilustra este caso.

Hay otros ejemplos (como el de Underwriters Laboratories) en los que la regulación está totalmente en manos del sector privado. Ha surgido un sistema de regulación natural como respuesta a las demandas de productores y consumidores. Entidades independientes proporcionan al mercado estándares de calidad, así como procedimientos de conformidad (tests, certificaciones, etc.).

La gran ventaja de los sistemas que han surgido de forma natural es que evitan gran parte de las dificultades prácticas que tiene la regulación estatal y de los que ya se ha hablado en este artículo. Dado que para las entidades privadas de regulación los costes de regulación no son externos, se evita la tendencia a la sobrerregulación que se produce en los sistemas estatales. Además, este sistema se adapta con más facilidad a las circunstancias cambiantes. Tal y como se explica en el Apartado 8, uno de los costes más importantes de la regulación estatal (además de los costes "invisibles") es el freno que impone a la iniciativa empresarial y a la innovación, fruto de la rigidez de las leyes dictadas por la regulación estatal.

La mayor flexibilidad de los sistemas privados supone una ventaja considerable. Además habrá que reconocer a los mercados su capacidad para crear incentivos que propicien comportamientos seguros y prudentes. Por ejemplo, hace poco, uno de los autores de este artículo tuvo que suscribir un seguro de automóvil en el que el primer conductor era su hijo adolescente. El agente de seguros le pidió una fotocopia de las últimas notas escolares de su hijo. Al comprobar que eran excelentes le ofreció un jugoso descuento. También se puede obtener un descuento adicional si el asegurado realiza un curso completo de educación vial. El agente envía una fotocopia de las notas y el certificado de haber realizado el curso, junto con el resto de la documentación, a la compañía de seguros: el descuento por tener buenas notas es ligeramente superior al del curso. Es evidente que el mercado está haciendo un tipo de distinciones sutiles que las entidades reguladoras son incapaces de tener en cuenta.

Por último, vale la pena considerar lo que ocurriría si se privatizara el sistema de concesión del permiso de conducir en el Reino Unido. En este momento, se concede a un joven de 17 años un permiso que es válido durante 53 años, es decir, hasta que cumple 70. No tiene que hacer nada más, ni asistir a ningún cursillo de adaptación, y los escasos incentivos al buen comportamiento consisten en pequeños descuentos anuales en su póliza de seguros si no tiene siniestros. Si el sistema recayera en manos privadas, y por qué no en las de las compañías de seguros, asistiríamos con toda seguridad a muchas novedades, y surgiría un gran número de cursillos de adaptación. Además es inconcebible que el sector privado otorgara un permiso por más de 50 años.

Conclusiones
Un estudio americano sobre regulación terminaba así: "... Hay todo un mundo de regulación privada que ha sido ignorada por los reguladores, los miembros del Congreso, el presidente y los periodistas". Lo mismo se puede decir del Reino Unido, a pesar de que en ambos países la regulación privada está aplastada por la regulación estatal. Pero de todas formas debería estudiarse la magnitud de la regulación privada y sus efectos: en el Reino Unido sería una buena tarea para la Better Regulation Task Force y el nuevo departamento llamado Regulatory Impact Unit, ya que la regulación voluntaria parece tener ventajas insustituibles sobre la estatal. Con mucha frecuencia, la regulación estatal no parece ser efectiva a la hora de alcanzar los objetivos que ella misma establece. Los costes para su cumplimiento suelen ser elevados y por consiguiente la iniciativa empresarial se debilita. Podría compararse con un enorme y costoso martillo que no acierta a clavar un clavo relativamente pequeño. Podríamos hacer cuatro recomendaciones, que van de la menos a la más radical:

o Imponer a otros reguladores contratados por el estado la obligación de fomentar la competencia que ahora se aplica a los reguladores de los suministros básicos (o una imposición que tuviera un impacto similar) con el fin de frenar las tendencias expansionistas de las entidades reguladoras;

o Transferir el control y los procedimientos de conformidad (inspección, tests y certificación), siempre que sea posible, de los reguladores estatales al sector privado. Por ejemplo, la obligatoriedad de recurrir a los servicios de un "profesional competente" (como en el caso de las plataformas del Mar del Norte) podría sustituir a las leyes de obligado cumplimiento. De esta forma, el estado exige la regulación pero no establece estándares pormenorizados ni se implica directamente en los procedimientos de conformidad;

o Permitir que las compañías privadas establezcan estándares de calidad (que pueden rivalizar con los que establecen los reguladores estatales); y/ o hacer que el cumplimiento con los estándares establecidos por las entidades privadas sea voluntario, de tal forma que la regulación privada siga manteniendo su carácter no coercitivo. Los fabricantes deciden si se acogen o no a ciertos estándares en particular, y si eso contribuye a mejorar su prestigio. Uno de los factores más importantes en las decisiones de compra de los consumidores sería valorar la importancia de ciertos estándares de calidad.

Estas recomendaciones deberían interesar a los gobiernos de muchos países, que están preocupados por los efectos de la regulación y que han sabido reconocer sus peligros. El coste de la regulación estatal es tan elevado que es esta razón suficiente para sustituir una gran parte de sus actividades por la regulación voluntaria con el fin de mejorar los resultados económicos. Además, muchos de los problemas que intenta resolver la regulación estatal se abordarían mejor por medios voluntarios. Ya sea para mejorar las condiciones sanitarias o de seguridad, conservar el medio ambiente, establecer condiciones de trabajo propicias, fomentar un código ético en la venta de productos financieros, o abordar otros problemas que conciernen a la regulación estatal, hay poderosas razones para argumentar que deberíamos decantarnos por la regulación voluntaria.

John Blundell y Colin Robinson

Flash Legislativo

En ASOJOD hemos sido duros con los Diputados, tanto del periodo constitucional anterior como los del actual. En muchas ocasiones, hemos criticado con dureza las tonterías cometidas y hemos explicado cómo ellas afectan la libertad y el desarrollo del país.

Una de ellas fue el sonado intento de aumento salarial. Si bien somos concientes que los sueldos de los legisladores no son los apropiados y que el respeto y la investidura se han perdido con el pasar de los años, insistimos en que no era prudente el momento de plantearlo. Una crisis internacional y, particularmente, un cuantioso déficit del sector público no se los salta cualquiera y un aumento de ese calibre, sin duda, habría complicado más la situación y abierto las puertas para la voracidad fiscal, con el pretexto de generar más impuestos para tener mayor presupuesto. En definitiva, no era el momento de plantearlo, aunque creemos que, cuando sea oportuno, el debate debe darse.

Sin embargo, gracias a la presión popular, los legisladores decidieron dar marcha atrás. Y por dicha que lo hicieron: el pasado jueves, enterraron definitivamente el proyecto de ley en cuestión y se acabó, por el momento, esta novela. Ellos aprendieron la lección de la forma más dura: con toda la protesta popular en su contra y con un costo político importante, pero que, como todo en este país, probablemente no vaya más allá que en el momento.

La columna de Carlos Federico Smith: una de las funciones del Estado

Adam Smith es uno de los más importante pensadores del liberalismo clásico. Suelo leerlo pues siempre de él derivo grandes enseñanzas. Lo que experimentamos actualmente en nuestras relaciones con la vecina Nicaragua, me animó a releer parte de su libro La Riqueza de las Naciones, en la sección en donde expone lo que considera son las funciones esenciales del Soberano: o sea, la República o el Estado. Dice Adam Smith:

"La primera obligación del Soberano, que es la de proteger a la sociedad de la invasión y violencia de otras sociedades independientes, no puede desempeñarse por otro medio que el de la fuerza militar.” (La Riqueza de las Naciones, Tomo III, Libro V, Cap. 1, Parte 1, San José: Universidad Autónoma de Centro América, 1986, p. 5).

Y agrega luego,

“Cuando una nación fía enteramente su defensa a una milicia, se encuentra en todo tiempo expuesta a ser vencida y conquistada por cualquier otra bárbara nación que pueda habitar en sus fronteras… Ahora bien, como un ejército de esta especie no lo puede mantener sino una nación civilizada y culta, pudiendo solo él defenderla de las invasiones enemigas, no existe otro medio de conservar o perpetuar la propia cultura y civilización que el de sostener un ejército de tal naturaleza.” (Op. Cit., p. p. 20-21).

Además de esa función del estado, Smith señala otras dos. Una de ella es:

“proteger a cada individuo de las injusticias y opresiones de cualquier otro miembro de la sociedad, o sea establecer una recta administración de justicia…” (Op. Cit., p. 23),

en tanto que la tercera obligación es:

“erigir y mantener aquellos públicos establecimientos y obras públicas, que aunque ventajosos en sumo grado a toda sociedad, son no obstante de tal naturaleza que la utilidad nunca podría recompensar su coste a un individuo o a un corto número de ellos, y que por lo mismo no debe esperarse se aventurasen a erigirlos ni a mantenerlos.” (Op. Cit., p. 36).

En el ideario liberal no hay en realidad un límite definitivo a la cantidad de funciones que puede desempeñar el Estado; de hecho hay pensadores liberales, como Hayek, Friedman o Epstein, quienes adicionan otras labores, pero lo característico de todos ellos es que suelen ser relativamente pocas y por ello se dice que son proponentes de lo que se considera como un estado mínimo.

La posición de Costa Rica en torno a su defensa ante la amenaza externa es relativamente reciente: la posición formalmente expuesta durante la Administración Monge Alvarez tiene si acaso cerca de 30 años. Es una ilusión pensar que es una posición que va más allá de la liberal clásica expuesta por Adam Smith. No se trata de eliminar esa función al Estado, sino que, de alguna forma, la obligación del estado costarricense de defendernos ante el enemigo externo fue trasladada hacia organismos o acuerdos internacionales, en mucho por la decisión de abolir el ejército tomada por José Figueres a finales de los años cuarenta.

El Estado costarricense, en lo referente a su obligación de defender a los ciudadanos de los enemigos externos, dejó de lado lo que se denomina el principio de jurisdicción territorial, mediante el cual los fallos de los jueces se enmarcan en la generalidad institucional del Estado. Por ello acude a organismos supranacionales o acuerdos internacionales que garanticen tal defensa, en vez de asumirla por sí mismo. En sencillo, nuestra defensa ya no depende de nosotros mismos sino de un conjunto de instituciones externas al país.

Hasta el momento, esa política ha tenido un buen resultado, si se tiene presente que tener un ejército para tal defensa no suele ser muy barato y los recursos así liberados pueden dedicarse a otras actividades que la sociedad costarricense pueda considerar más apropiadas, como educación y medicina pública. Hasta hoy, cuando el país ha sido objeto de amenazas significativas de parte de otra nación, ha existido una reacción apropiada de tales entidades internaciones que han garantizado la integridad del ciudadano costarricense ente la invasión del exterior.

El problema con tal política puede radicar en la precariedad de sustentar tal obligación básica del Estado en organismos que bien pueden ser incapaces de reaccionar de forma que garantice la seguridad del costarricense. Por ejemplo, es notorio que los Estados Unidos, nación que solía ser clara defensora de la integridad de naciones amigas, hoy no muestra tal disposición, tal vez abrumado por la enorme carga que impone sobre su país la amenaza del terrorismo internacional, en especial en estos momentos económicos difíciles, y muy posiblemente por la desaparición de un mundo bipolar, que se caracterizaba por la existencia de un orden liberal enfrentado al comunismo, hoy casi desaparecido de la faz de la Tierra.

Pero también debe tenerse presente que no siempre esas entidades alheñen defensa del agredido o del agraviado. Por ejemplo, en el orden judicial internacional se ha podido observar cómo dictadores como Pinochet o los militares argentinos de la Guerra Sucia han sido debidamente enfrentados a las coartes, pero también lo han experimentado personas como Ariel Sharon o Donald Rumsfeld, que si bien son polémicos, están lejos de ser tiranos. Pero, por aún. Aún si dejo de lado lo sucedido en Ruanda ante los ojos torvos de cierto organismos, ¿acaso vio usted un proceso internacional contra Yasser Arafat, quien hasta fue homenajeado por algún ex diputado y una ex diputada en nuestra Asamblea?; asimismo, ¿se ha enfrentado a algún tribunal internacional el dictador de 50 años, para dar cuentas del sufrimiento y daño practicado a su pueblo, como lo es Fidel Castro?, y acaso se ha acercado el brazo de la justicia a ese asesino de su pueblo en Africa como es el tirano Mugabe?

En cuanto al tema de nuestra defensa ante la agresión externa podríamos mirar hacia una nación que por muchos siglos no ha sido objeto “de invasión y violencia de otras sociedades independientes”, como escribió Smith, a la vez que se caracteriza por su profunda democracia, el respeto a los derechos humanos y la plena vigencia de la libertad. Se trata de Suiza (tal vez se le pegue a la que se ha llamado la “Suiza de América“), la cual posee un poderoso ejército que nunca ha participado en guerra alguna contra nadie y menos contra sus propios ciudadanos a los cuales sirve. Vale la pena pensar -enfatizo, pensar- en una posibilidad similar para Costa Rica, mediante la cual dependeríamos de nosotros mismos, manteniendo nuestra posición de paz hacia el mundo y teniendo la capacidad de defendernos a quien intente invadirnos o ejercer violencia contra nosotros.

Jorge Corrales Quesada