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martes, 5 de febrero de 2019

La columna de Carlos Federico Smith: el desorden salarial en el sector público

La existencia de pluses de manera desproporcionada en una gran cantidad de instituciones estatales, particularmente en comparación con los salarios base, indica un desorden en la política salarial del estado costarricense. Máxime como se comenta en el artículo de La Nación del 21 de diciembre, “24 entidades pagan pluses mayores a un salario base.”
 
Hace poco la Contraloría General de la República hizo un estudio acerca de los pluses en 189 instituciones públicas con sus 260 tipos de sobresueldos y en 24 de ellas, los empleados más que duplican su sueldo, dada la cantidad de pluses o sobresueldos que se pagan. Ese estudio sirve de base al reportaje citado de La Nación.
 
Resulta que, de esos 290 diferentes tipos de pluses, “solo siete están asociados a evaluaciones de desempeño,” si bien casi siempre se pagan a todo el personal de las entidades. Es notable del informe el hecho de que, en 24 entidades, el total de pluses supera al salario básico del empleado.
 
De seguido, se presenta la lista de esos 24 entes y el número de veces en que el pago de pluses supera al salario base (en orden decreciente). Por ejemplo, para la Junta de Protección Social, para entenderla, súmele a cada colón del sueldo base, 1.90 colones en pluses y así en cada caso):
 
1. Junta de Protección Social: 1.90
2. ICT: 1.75
3. RECOPE: 1.70
4. Fuerza y Luz: 1.47
5. Defensoría de los Habitantes: 1.46
6. UCR: 1.40
7. Instituto Costarricense sobre Drogas: 1.36
8. TEC: 1.34
9. Asamblea Legislativa: 1.32
10. Aviación Civil: 1.26
11 y 12. Sistema Áreas de Conservación y Servicio Nacional de Salud Animal: 1.21
13. UNED: 1.20
14. Poder Judicial: 1.17
15, 16 y 17. Procuraduría de la República, Dirección de Servicio Civil e INS: 1.11
18.  Ministerio de Agricultura: 1.08
19. Registro Nacional: 1.07
20. Ministerio de Hacienda: 1.6
21. Comisión de Energía Atómica: 1.05
22 y 23. Oficina de Semillas y Ministerio de la Presidencia: 1.03
24. Ministerio de Planificación: 1.02
 
Se estima que, para este año, el total del pago total de pluses en el presupuesto del gobierno ascenderá a ¢1.1 millones de millones, equivalente al 10% del presupuesto total del gobierno y a un 23% de los impuestos que se espera recaudar en este año.
 
Hay otros datos interesantes provenientes de dicho informe:
 
1. Cuatro entes públicos no otorgan pluses a sus empleados: el Instituto del Café, el Ente Costarricense de Acreditación, la Junta de Pensione del Magisterio y BICSA.
 
2. Algunos beneficios analizados en ciertas entidades equivalen, individualmente, a un 95% del salario base.
 
3. Hay seis instituciones que tienen más de 20 pluses o sobresueldos, destacando, en orden decreciente: (a) Ministerio de Educación (88 pluses), (b) Poder Judicial (25 pluses, (c) INS (24 pluses), (d, e y f) JAPDEVA, Caja de Seguro Social y Ministerio de Seguridad (cada uno con 21 pluses).

4. Las 5 primeras entidades en cuando a gasto en pluses y sus montos en el 2017 son las siguientes: (a) Ministerio de Educación (¢409.444 millones), (b) Caja del Seguro Social (¢352.133 millones), (c) Poder Judicial (¢123.201 millones), (d) UCR (¢77.856 millones y (e) Ministerio de Seguridad (¢41.628 millones).

No hay duda de la falta de uniformidad en los pluses otorgados en diferentes instituciones gubernamentales, además de la ya conocida ausencia de relación de muchos de esos pluses con el desempeño del funcionario.


Jorge Corrales Quesada

martes, 2 de octubre de 2018

La columna de Carlos Federico Smith: el salario único. El caso de la ARESEP

En muchas ocasiones hemos escuchado la idea de que la solución al problema de la estructura salarial en el gobierno, así como el alto costo de la planilla, se resolverían una vez que se eliminaran los diversos pluses y se fijara un salario llamado único. Tengo la impresión que en varias instituciones gubernamentales lo han hecho así, como los casos que me llegan a la mente del Banco de Costa Rica, de la Contraloría General de la República y de la ARESEP. Destaco que una característica del sistema de salario único es la voluntad de aceptarlos para los trabajadores del momento en que se acuerdo, y su vigencia para todo nuevo trabajador que ingrese a la institución (cerca de un tercio de los empleados del BCR está todavía bajo el sistema antiguo de pluses).
 
Al momento no parece haber un estudio sistemático de si la reforma ha tenido un efecto, además de eliminar el sistema basado en pluses en el grado en que lo han aceptado los trabajadores “viejos,” de contención o reducción del peso salarial en los presupuestos de las instituciones que han puesto en marcha el sistema de salario único.
 
De aquí que considero que es sumamente interesante y útil lo que nos presenta la edición de La Nación del 30 de julio, bajo el titular “Salarios en ARESEP crecen en 34% en cinco años: De ¢7.125 a ¢9.572 millones para el 2019,” para ver los efectos del cambio en la política salarial, dado que esa institución desde el 2008 estableció el salario único.
 
El medio señala que en cinco años (del 2014 y el 2019), “el gasto en sueldos para sus 332 empleados habrá aumentado un 34%,” e indica que, entre las causas de ello, “está un aumento en la cantidad de empleados”, en “el mayor pago de remuneraciones corresponde al aumento en la cantidad de plazas, sobre todo el ocurrido en el 2015, cuando se crearon 17,” como lo reconoce la ARESEP. Los salarios, sin incluir las cargas sociales se incrementaron en un 34% en esos 5 años.
 
La comparación que a uno le gustaría tener es cuánto han aumentado los costos salariales, incluyendo pluses, para los cerca de 110 empleados que están bajo el anterior régimen salarial y cuánto para los restantes (aproximadamente 230 empleados bajo salario único), para así comparativamente valorar cuánto es el peso respectivo de cada uno de los sistemas en el total de erogaciones salariales totales de la institución.
 
Esto nos diría, en el caso hipotético de que los salarios únicos crezcan menos que los otros que comprenden pluses, que la reforma, a largo plazo, puede ser la conveniente en un marco de entrarle a los costos de cualquier institución, pero, también, se debe tomar en cuenta otro factor que surge cuando algún ente pretenda hacer la transformación de un sistema de pluses a un sistema de salario único, cual es el punto de partida.  Esto es, si, cuando se instauró el salario único, había montos muy elevados en comparación con los salarios anteriores basados en pluses y, por ello, se tiene un peso mayor de la carga salarial.
 
Claro, lo difícil de la transacción es que, dado que cambiar de un salario con pluses hacia un único de carácter voluntario, posiblemente, para que los trabajadores acepten el cambio, la entidad deba ofrecer un monto mayor al inicio bajo los salarios únicos, que el sustentado en pluses.
 
Según el reporte periodístico, las remuneraciones básicas, que comprenden servicios especiales, suplencias y sueldos para puestos fijos que incluye el salario único, han crecido en un 37% en esos cinco años, pues pasaron de ¢4.505 millones en el 2014 a ¢6.173 millones en el 2019. Por su parte, los pluses crecieron de ¢2.620 millones en el 2014 a ¢3.399 millones en el 2019; esto es, un aumento de 29.7%. Pero, lamentablemente, no nos permiten aseverar con exactitud que el sistema salarial basado en pluses ha crecido menos que el nuevo basado en un salario único, pues aquella cifra de remuneraciones incorpora la parte del salario a la que se adicionan los pluses para conformar el pago a los trabajadores “viejos.”
 
Se necesita una mejor separación de las partidas para saber si el nuevo sistema es más económico o no que el viejo basado en pluses.
 
Pero, como que por todo lado sigue vigente el serio problema de elevados salarios en el sector gubernamental, que en última instancia son sufragados por los ciudadanos. En el caso particular de la ARESEP, provienen de “los cánones que cobra a 70 entidades o empresas de servicio público por las labores de regulación, los cuales, a su vez, se trasladan a las tarifas que pagan los usuarios.”  Esto es, que, si bien el gasto en el costo laboral del sistema de los salarios únicos podría crecer menos que como lo hace el sistema de salarios más pluses, el cambio puede haber significado una suma muy elevada en el costo total laboral de la entidad.
 
Sugiero al medio hacer la comparación debida, así como analizar el impacto habido en el cambio del esquema salarial de la Contraloría y del Banco de Costa Rica, para valorar adecuadamente si se ha traducido en una reducción de costos para la ciudadanía.



Jorge Corrales Quesada

martes, 4 de abril de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: incentivos versus salarios en el Sector Público

Un informe reciente de la Contraloría General de la República, Presupuestos Públicos 2017: Situación y Perspectivas”, contiene información muy interesante en relación con la estructura del gasto en el sector público, en lo referente a las remuneraciones básicas -salarios base más cargas sociales- y los denominados incentivos salariales, que son beneficios adicionales al salario. Estos últimos proliferaron en monto y número a partir de los años 1970 y 1980, constituyendo una larga lista de lo que podría considerarse como “pagos para motivar a los trabajadores”. Según información suplida por el ministerio de planificación, en el 2014 había 47 entidades gubernamentales, cubiertas por el sistema del Servicio Civil, que tenían más de 68 diferentes pluses, aplicados en función de la base salarial. Entre ello, se pueden citar, como ejemplos, las anualidades, pagos por dedicación exclusiva, calificaciones por desempeño, carrera profesional, igualación salarial entre diferentes instituciones, y un largo etcétera.

Resulta de dicho informe de la Contraloría que, para el 2017, por colón pagado como remuneración básica -salario y cargas sociales-, el sector gubernamental estima gastar un colón y diez centavos en incentivos salariales. Esto es, los beneficios superan lo que se podría denominar como salario base más cargas sociales.
El sector público incluye al gobierno central más las instituciones descentralizadas no empresariales -Caja, universidades públicas e IMAS- más las empresas públicas no financieras -RECOPE, ICE, Fuerza y Luz- más las instituciones públicas financieras -Banco Central, bancos comerciales estatales y Banco Popular- y órganos desconcentrados ─como FODESAF, CONAVI y otros.  Se estima que gastará en el 2017 ₡23.857.722 millones, según su presupuesto, de lo cual el 37% corresponde al gobierno central; así, el presupuesto ordinario del gobierno central aprobado que se espera ejecutar en el 2017, asciende a ₡8.939.241 millones.

Las remuneraciones estimadas de sector público aprobadas para el 2017, se elevan a ₡5.881.392 millones. A la vez, dado que el total de recursos públicos aprobados para dicho gasto ascienden a ₡23.857.722 millones, significa que de él las remuneraciones serán un 24.7%. Las remuneraciones significan un aumento de “un 1.2% más que el presupuesto inicial del 2016 y un 4.1% más que el monto aprobado al final del ejercicio”, y, “se observa un gasto que si bien ha perdido dinamismo respecto a años anteriores, continúa siendo uno de los componentes inerciales y de mayor magnitud en la estructura de egresos del sector público,” a menudo citados por políticos como “gastos inflexibles”.

Asimismo, como se indicó, para el 2017 -con base en el presupuesto inicial aprobado para este año- en el sector público la proporción de los incentivos es un 10% superior a las remuneraciones básicas, esto es, 1.1 a 1. (₡2.398.4 millones de pagos por incentivos salariales versus ₡2.181.6 millones de pago de remuneraciones básicas). Esta proporción es aún mayor (de 1.37 a 1) en las instituciones descentralizadas no empresariales, comparado con sector público total, según lo menciona la Contraloría. Pero, tal informe no desglosa el dato de incentivos salariales aprobados para el 2017 para el gobierno central, por lo que no puede citarse cuál es su proporción relativa. No obstante, ese informe señala que “Por grupo institucional, se tiene que los montos más grandes [de remuneraciones como porcentaje del presupuesto inicial aprobado] se destinan en el Gobierno Central y en las IDNE [Instituciones Descentralizadas no Empresariales, como la Caja, las Universidades públicas y el IMAS]”.  

Además, cita la Contraloría, la relación entre incentivos y remuneraciones básicas en RECOPE, la Defensoría de los Habitantes, el ICT, el INS, el Consejo Técnico de Aviación Civil y en el Poder Judicial, sobrepasan a aquel promedio de 1.1 a 1. 

La Contraloría enfatiza la necesidad de evolucionar desde un sistema salarial que ha priorizado a los llamados incentivos, provocando una proliferación y una muy diversa gama de incentivos distintos entre diferentes entes estatales, hacia uno en donde se eliminen e incorporen, si fuere el caso, en un sistema de pago a los trabajadores basado en el llamado salario único.  Cito su razonamiento: “Si bien es cierto no existe un esquema remunerativo que sea aplicable de forma uniforme a todo el sector público... ciertamente la simplicidad y homogeneidad en lo que corresponde se consideran como atributos deseables para promover la transparencia y equidad, al tiempo que favorecen una administración eficiente de los recursos.

Y continúa, “Esquemas donde los incentivos superan en gran medida el salario base desvirtúan la naturaleza de ambos, pues en la praxis el incentivo se ha convertido en un mecanismo para compensar salarios base bajos, con la particularidad de que al estar conexos entre sí, el aumento de la edad promedio de la planilla y ajustes por costo de vida (o extraordinarios) provocan un crecimiento vegetativo en el largo plazo, que no necesariamente se corresponde con los niveles de productividad o las posibilidades fiscales del país.” 

Ojalá que este llamado a la lógica y la racionalidad que nos hace la Contraloría tenga eco en el país, principalmente en el área política, pues es indispensable proceder a esos ajustes de políticas y así evitar un descalabro como el sucedido recientemente en Grecia.

Jorge Corrales Quesada

martes, 26 de abril de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: el relajo con las políticas salariales en el sector público

Los amigos lectores no dudo que ya están cerca del cansancio por leer acerca del relajo existente en las políticas salariales del estado. Creo que es abrumadora la información que se ha obtenido al respecto y que se ha divulgado prolijamente a los ciudadanos por distintos medios.  Creo que esos ciudadanos ya han de estar más interesados en saber cuáles son las políticas concretas que el gobierno piensa poner en práctica para resolver el caos y las inequidades en el empleo público.  En especial cuando ese mismo gobierno sólo parece considerar que lo único que puede hacer para resolver el problema fiscal, es aumentarles las cargas tributarias a los ciudadanos, a pesar de la consabida promesa del entonces candidato a presidente de la República, quien dijo públicamente que, antes de poner impuestos, le entraría en serio al problema de reducción del gasto gubernamental. Son esas dos razones muy poderosas -terminar con un sistema salarial incoherente y turbio en el estado y reducir el excesivo gasto gubernamental- las que sin duda mueven a los lectores a pensar que un gobierno serio tendría ya programas concretos para resolver el desmadre salarial del sector público.

La respuesta a ese anhelo ciudadano la brinda La Nación en su edición del 23 de febrero, bajo el título “Gobierno carece de planes para atacar caos en salarios: Tres ministerios diagnostican problemas del empleo público, pero no puntualizan salidas.” Se trata de un informe gubernamental de fines del año pasado, titulado Gestión del empleo y remuneraciones en el sector público, en el cual tres ministerios (Planificación, Hacienda y Trabajo) proponen “una hoja de ruta que se queda corta en aspectos como la equidad en el pago de remuneraciones.” Se “diagnosticaron de nuevo el caos de disparidades, pluses y brechas (todo lo cual ya sabemos) en las remuneraciones, pero sin concretar soluciones, más allá de proponer el diálogo y aumentos salariales austeros como medicina.” En dos palabras: la misma paja usual; nada nuevo, innovador, que resuelva los problemas específicos…más de lo mismo de siempre.

El artículo citado da varios ejemplos del desorden y, sí, que aparecen en el informe tri-ministerial de marras: “un gerente de una empresa pública gana un 75% más que uno del Gobierno Central, mientras que la remuneración en una descentralizada es un 33% mayor.” Otro más: “mientras una Secretaria 2 del Poder Judicial gana ₡500.000, en el Poder Ejecutivo gana ₡300.000.” Uno adicional: “el salario de un ministro es de ₡1.3 millones, mientras que el de un magistrado es de ₡2.6 millones.” Sigo: “Un chofer del Poder Ejecutivo gana ₡270.000, mientras que en la Corte ganaría cerca de ₡400.000”. Asimismo: “un profesional 1A. del Ejecutivo gana ₡498.000, en el Congreso ₡561.000 y en el Poder Judicial ₡673.000.” Todos los datos citados están en contenidos en el informe de los tres ministerios arriba citados. Y ya son harto conocidos los privilegios de convenciones colectivas que definen las políticas salariales en diversas dependencias públicas, pues los ejemplos previos tan sólo señalan disparidades del gobierno central con otros entes públicos.

La “explícitamente tácita” respuesta de la ministra de Planificación acerca de qué se ha hecho en torno a estos temas, en realidad fue un nada, un ninguno rotundo.  Cuando se le planteó que el salario único era una posible solución a las diferencias salariales en el gobierno central, afirmó que “el tema no se ha tocado, pues el Ejecutivo mantiene sus dudas,” a pesar de que tal propuesta (de cero pluses) daría lugar a un ahorro y reducción de la inequidad conocida.

Los ciudadanos necesitamos ver para creer: que se dejen de cavilar respuestas destinadas a resolver el caos, antes de que se pretenda la aprobación de nuevos y mayores impuestos. La ministra de Planificación señaló que “su ministerio presentará al presidente… un plan para mejorar el pago de incentivos salariales sobre la base de gestión por resultados”, pero esto, si bien es importante, es apenas una arista del multifacético problema salarial dentro del gobierno. Y no parece estarse haciendo mucho al respecto.  Eso sí, los veremos, con base en cualquier medio remiendo que nos presentarán, pedir nuevos y mayores impuestos en la Asamblea Legislativa.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 10 de agosto de 2015

Tema Polémico: Sindicatos y su desconocimiento absoluto de economía

El tema del salario público se ha vuelto muy de moda en estos días. Colocar estos temas en el debate público nos parece muy bien y un ejercicio muy sano en un país democrático como el nuestro. La evidencia de los abusos en salarios en el sector público (gobierno central, empresas e instituciones autónomas del Estado) hay que agradecérselo al diputado Otto Guevara y luego al diario la Nación. Nos parece muy bien que un diputado finalmente haya tenido la valentía de poner esto en evidencia.
Uno de los aspectos que más nos ha impresionado en ASOJOD de la defensa de los sindicatos a estas acusaciones es el casi total desconocimiento de estas personas sobre conceptos básicos de economía y también sobre el ejercicio del emprendedurismo y el trabajo privado en competencia. Algunos de ellos realmente no saben lo que están hablando pero otros estamos seguros están muy conscientes de su equivocación pero deciden ignorar los hechos.

Un ejemplo muy claro es el tema del salario mínimo. Los sindicatos consideran que la mejor forma de disminuir el desempleo en el país es aumentando el salario mínimo. Sucede que esto no solo no sucedería sino que está más que demostrado que hay una relación inversa entre salario mínimo y empleo. Es muy fácil desear que los empleados ganaran más y en ASOJOD también opinamos lo mismo pero definitivamente subiendo el salario mínimo no es la forma. Que fácil imaginarse que de un día para otro todos las personas ganen por lo menos tres millones de colones al mes. Imagínense, todos seríamos millonarios, que alegría. Suena bien pero los efectos negativos son casi evidentes (aunque algunos no quieren verlos). 

Al empresario le dicen tal atrocidad y su reacción inmediata sería una de las siguientes (o una combinación de estas): despedir a cuanta gente sea necesaria hasta que su gasto total en salarios vuelva a su nivel original de modo que su rentabilidad no se vea afectada y esto provocaría un aumento precipitado en el desempleo; irse de inmediato a otro país con condiciones laborales más atractivas y esto nuevamente incrementaría el desempleo; o incrementar los precios de venta para recuperar la rentabilidad por medio del ingreso y esto provocaría una diminución en competitividad y eventual cierre de la empresa que finalmente daría como resultado un incremento en el desempleo. Con cualquiera de las tres consecuencias el resultado es el mismo, un aumento del desempleo. Esto aplica para cualquier aumento en el salario mínimo y su efecto sería más nefasto dependiendo del nivel del aumento. 

La única forma de aumentar salarios sin aumentar desempleo es por los medios naturales del mercado e implica mejorar la calidad del empleo e incrementado la inversión privada en el país generando de esta manera un aumento de la demanda de empleo y, por lo tanto, un aumento de los salaros. Esto solo se puede lograr por medio de más libertades. Es la única forma.

Otro ejemplo clarísimo del total desconocimiento de economía de los sindicatos sobre economía es su oposición  a sistemas de jornadas laborales más flexibles como la famosa jornada cuatro tres que permitiría a los empresarios laborar doce horas cuatro días a la semana en lugar de ocho horas cinco días a la semana. Esto permitiría disminuir costos fijos mejorando la rentabilidad de la empresa, les daría un día libre más a la semana a los trabajadores, se incrementaría la eficiencia energética en las empresas intensivas en maquinaria y otros. 

Es poco creíble que alguien o algún grupo se pongan en contra de esto pues no disminuye de ninguna forma las garantías laborales del trabajador pero los sindicatos están en contra pues alegan que implicaría una disminución en las horas extra. Qué cosa más extraña, los mismos grupos que alegan que los empresarios son explotadores ahora están en contra de leyes que implicarían que el trabajador pueda limitarse a las horas establecidas originalmente en su contrato. Sistemas de jornada de trabajo más flexibles como este permitiría incrementar la rentabilidad de las empresas e incrementaría el ambiente de inversión en el país generando más empleo pero estos grupos retrógrados simple y sencillamente no lo comprenden.

Finalmente, otro ejemplo claro de desconocimiento en economía es el tema de los sobre sueldos y pluses salariales del sector público. El efecto de estos abusos en el déficit fiscal, tasas de interés, competitividad en servicios públicos es más que evidente y lo hemos analizado en muchas ocasiones en nuestro blog así que no entraremos en detalle pero es lamentable que estos grupos sociales no comprendan el daño que le hacen al país con estos abusos. Un nueva ley de empleo público que ponga en el tema de los salarios públicos en niveles más apegados a la realidad es más que necesario.

lunes, 3 de agosto de 2015

Tema polémico: gasto público y salarios

Recientemente el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, señaló que las propuestas de ley sobre empleo público y salario único no representan una prioridad para el gobierno de la República, al tiempo que el presidente Luis Guillermo Solís manifestó que las reformas al régimen de empleo público tendrían un impacto en el largo plazo, de manera tal que sus esfuerzos se centrarían en promover otras opciones cortoplacistas, para tratar de enfrentar el déficit fiscal del país.

La discusión del gasto público y las remuneraciones de los empleados públicos ha tomado nuevas dimensiones, luego de que se diera a conocer a la opinión pública los excesos en varias instituciones autónomas y los despilfarros e ineficiencias en el Gobierno Central, que tienen en serios aprietos a las fianzas públicas, creando además un ambiente de descontento generalizado entre la población.

El tema se las trae pues diferentes fracciones legislativas han marcado el terreno de juego, expresando que no considerarían la aprobación de nuevos tributos, sin señales de austeridad y de recorte de gastos en el Gobierno.

Haría bien Casa Presidencial en apoyar las propuestas de salario único presentadas en la Asamblea Legislativa y buscar un consenso entre la propuesta de los diputados Sandra Piszk y Otto Guevara. Esto no solo permitiría abrir el debate para eliminar las distorsiones en el manejo del recurso humano y las disparidades de ingreso entre funcionarios, sino que dotaría de mayor legitimidad a las intenciones tributarias del presidente Solís.

El balance político no favorece al Ejecutivo si no cambia de postura. Pensar en propuestas como el impuesto de valor agregado y de renta sin dar pasos previos en la reducción del gasto es poner la carreta delante de los bueyes.

Los antecedentes del primer año de la administración Solís dan muestras claras de que el gobierno no rectificará su rumbo. Atrás quedó la mejor oportunidad de plasmar en la realidad las ofertas electorales de austeridad y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, presentando un presupuesto nacional acorde a nuestra realidad fiscal, con recortes en materia de horas extras, anualidades, viajes al exterior, viáticos y eliminando las subejecuciones presupuestarias, tal como lo había planteado el diputado Ottón Solís.

Pensar que las cosas pueden mejorar sin dar un contundente golpe de timón representa un acto de desapego de la realidad, y mientras el país se debate entre contradicciones, nuestra economía se desacelera y perdemos ritmo de competitividad. 

miércoles, 31 de diciembre de 2014

Desde la tribuna: entre sueldos y jefaturas

La información de los últimos días puede llegar a ser una gran contribución a la educación general. Quizás –digo con optimismo-, se trate de aquello de que contra los hechos no valen argumentos.

Ha sido puesto en conocimiento general no solo la exagerada escala de sueldos que hay en la UCR, sino también el hecho de que –a pesar del inmenso aumento de transferencias del presupuesto nacional a las universidades públicas- dicha universidad está en riesgo de colapso por razón de estos festines salariales.

No resisto la tentación de cruzar la información con el hecho de que ha sido revelado en España el descubrimiento de que uno de los asesores estrella de la nueva izquierda (Podemos), vive de discutibles contratos y asesorías en una universidad pública a la que ni siquiera va.  ¡Clarito!  Los presupuestos públicos desviados, utilizados en campaña ideológica política y, como siempre, los aprovechados viviendo de gollerías y privilegios.

También acaba de ser puesto en el tapete público la conformación de la planilla del Ministerio de Agricultura, con un lujoso equipo de cómo 117 jefes … pero sin subalterno.  Como decía el chiste, muchos jefes y pocos indios.

Es claro que en el sector público han vuelto el rótulo para adentro.  Es indudable de que aquel chiste que se hacía de la educación pública, señalándose que los fines de la educación pública eran el fin de año, el fin de mes y el fin de semana, ahora se ha proyectado a la función pública.  Ello por cuanto queda claro que el fin del dinero público no es el servicio público sino otro.

También queda claro que las “ideologías” están defendiendo estos intereses, estas situaciones, estos desequilibrios y estas gollerías.

¡Claro!  Saldrán a la palestra a defender la soberanía alimentaria, la autarquía, la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y mil eufemismos, pretextos o engaños más, que no son sino una excusa para ordeñar los presupuestos públicos, para obtener rentas de los demás y para comerse a todos.  ¡Eso sí!, disfrazando la maniobra de “servicio público esencial”, del apostolado de la agricultura y la enseñanza (en los casos reseñados) y otros engaños parecidos.

Federico Malavassi Calvo

miércoles, 25 de junio de 2014

Desde la tribuna: rebajo del gasto público

Ha llegado el anuncio que tanto se esperaba.  El Ejecutivo informa que rebajará el gasto público en un 20%. Igual que en la vieja película de Richard Fleischer, con  Charlton Heston como protagonista  (Soylent Green, 1973) hemos llegado a entender qué significa su nombre en español:  “Cuando el destino nos alcance”.  ¡No hay más allá!

Obligatoriamente hay que racionalizar el gasto público, los presupuestos públicos y el desempeño público. No es fácil y es una operación muy complicada. Antaño se  ha ponderado y felicitado la subejecución presupuestaria.  Sin embargo, el tema no es tan fácil ni es, en términos absolutos, motivo de encomio.

El Estado tiene tareas encomendadas y de las que no puede ser eximido con un simple giro.  Ha sido constituido para hacer factible la sociedad (es en muchas concepciones sinónimo del Derecho).  Tiene un costo que debe justificar:  tribunales, seguridad, infraestructura pública administración básica de bienes y servicios públicos.  Asimismo, tiene asignadas algunas tareas importantes, tales como salud pública, educación pública y otras tareas centrales.   No ejecutarlas, diferir  sus acciones en el tiempo o desviarse de ellas es algo grave.  Sobre todo cuando tiene el dinero para hacerlo. 

Recaudar impuestos y no gastarlos bien es jurídicamente grave, políticamente inaceptable y una grave falta política.  Por ello, la subejecución  per se no puede ser meritoria.  Por ejemplo, cuando en la Administración Pacheco aparece superávit, no puede decirse que fue un caso de mérito sino de incapacidad, incompetencia e inutilidad.  Se retrasaron obras importantes, se abandonó la gestión necesaria, se desperdició el recurso recaudado y la aparente buena situación no fue más que un espejismo.  No se avanzó en campos importantes, teniendo el recurso para hacerlo. 

Diferente es cuando la Administración focaliza su acción, escoge las opciones más racionales, gasta con tino e inteligencia y satisface adecuadamente sus deberes, logrando además un resultado positivo en las finanzas públicas.

Hay otras Administraciones Públicas que han hecho, igualmente, ahorros inútiles y han pospuesto gastos necesarios e importantes, causando serios daños a la población y encareciendo la gestión pública.

Se ha dicho reiteradamente que “presupuestar es gobernar”.  Sin embargo, una y otra vez la Asamblea declina su función de control y fiscalización del gasto público, desviándose a veces en la militancia y activismo legislativo y otras, peor aún, en aumentar el gasto público y distribuir irresponsablemente dineros que corresponden a actividades básicas o que, simplemente, el Estado ni siquiera tiene.

Ahora el destino nos alcanzó, tenemos una Administración de signo estatista que tiene que vérselas para disminuir el gasto público en un 20%.  ¿Lo hará con el gasto superfluo o con el necesario?  ¿Reconocerá que la planilla pública es insostenible o simplemente se dedicará al pago de salarios y obligaciones de la deuda sin que se asigne algún gasto a los servicios e infraestructura?  ¿Seguirá el gasto público dedicado a la empleomanía y la perpetuación de las gollerías y privilegios o se centrará en lo útil y lo constitucionalmente adecuado?

Federico Malavassi Calvo

miércoles, 2 de abril de 2014

Desde la tribuna: el problema fiscal

Dice el Ministro de Hacienda que:   “Yo no me lo imaginaba tan difícil”. Y es que el asunto es un verdadero desastre.  No alcanza la plata, hay exceso de gastos y ni siquiera un paquete tributario arregla el problema.

Los principales disparadores del gasto son los salarios y las transferencias.  No hay vuelta de hoja. La Sala Constitucional ha determinado que los salarios de los empleados públicos son un dato público. A no dudarlo, tal resolución podría constituirse en la mejor y más útil herramienta contra el gasto público.

No obstante, queda el otro lado de la terrible pinza opresora:  las transferencias. Entre transferencias y salarios se encuentra la difícil historia que el Ministro de Hacienda, don Edgar Ayales, jamás se imaginó. 

El tema de los salarios fue muy fácil de provocar, ahora muy difícil de corregir.  Pasa por “derechos adquiridos”, Sala Constitucional, sindicatos, demagogia, clientelismo y “voluntad política”.

El tema de las transferencias no se queda atrás, pero hay que sumarle Universidades públicas y otros grupos políticos defendiendo un modelo de gasto en el que han invertido mucho tiempo y conspiración. Estos grupos e intereses se han concitado con partidos políticos para tomar la vía del paquete tributario y del crecimiento del Estado.  Han arruinado la acción pública costarricense ordeñando miserablemente los recursos públicos.  De paso, se han llevado entre las patas al sector productivo, al sector privado y la economía de los hogares más humildes.  Han comprometido seriamente el desarrollo nacional.

Son los mismos que señalan al neoliberalismo como causante de la desigualdad y la postración económica:  las pavas tirándole a las escopetas.  

Dicen que un problema empieza a resolverse cuando se plantea bien.  Sin embargo, el primer paso es aceptarlo.  Si no se acepta que se va por una vía incorrecta, jamás se detendrá el camino y menos se iniciarán las acciones correctivas (devolverse y tomar el buen camino).  

Por eso este asunto es tan difícil de resolver.  Hay grupos interesados en seguir ordeñando el erario público, han grupos interesados en seguir usufructuando el modelo de Estado y seguir obteniendo rentas a costa de los demás, hay políticos interesados en mantener el status quo, hay demagogia y clientelismo.  ¡Muy difícil resolver el problema así!

Federico Malavassi Calvo

lunes, 17 de octubre de 2011

Tema polémico: la doble cara de Sandra Pizk


La ministra de Trabajo doña Sandra Pisck presentó la semana pasada el programa EMPLEATE, una iniciativa público-privada para disminuir el desempleo en los jóvenes. Casi al mismo tiempo, el Ministerio de Trabajo presentó la primera rendición de cuentas de la Campaña Nacional de Salarios que analiza el grado de cumplimiento del sector privado al nefasto salario mínimo con el objetivo de obligar a las empresas a respetar esta legislación.

Este es un ejemplo clarísimo de la doble moral de algunos políticos. El salario mínimo para lo único que ha servido, en este y en todos los países, ha sido para aumentar el desempleo y fomentar la actividad informal en la economía. Al verse obligadas las empresas y empleadores independientes a cumplir con un mínimo de salario, se ven obligados a contratar menos personal y limitar el tamaño de su empresa pues de otra forma el negocio dejaría de ser rentable. Otros lo que han hecho es emplear a las personas informalmente para todas aquellas labores cuyo valor agregado o la cantidad de horas de trabajo requeridas no llega a ese límite arbitrario impuesto que le llaman salario mínimo.

El trabajo es como un contrato que se pacta entre un patrono y un empleado donde el empleado se compromete a realizar una tarea a cambio de un salario o remuneración. Si las condiciones no fueran aceptables para una de ambas partes entonces el contrato no se realizaría. El nivel de esa remuneración depende del tiempo y valor agregado que el empleado le dedicaría a esa labor. El salario mínimo en supuesta defensa del trabajador lo que hace es obligar al empleador a no contratar al empleado en aquellas labores de poco valor agregado aunque éste esté felizmente dispuesto a realizarlas por ese monto. Al final salen ambas partes perdedoras pero aún más el empleado pues no puede conseguir trabajo. Y los empleadores que finalmente aceptan contratar a empleados con esto niveles de salario aunque su trabajo no lo amerite lo que hacen es aumentar los precios castigando al mercado o en última instancia cerrar la empresa porque lo márgenes de ganancia no son adecuados. El Estado no tiene ni debe involucrarse en este contrato.

¿Y quiénes son los que más sufren con esto? Pues las clases de más bajos recursos, menor educación o menor experiencia laboral. Los jóvenes son de los grupos de edad más impactados con esta nefasta medida. El mismo informe que presentó la semana pasada el Ministerio de Trabajo lo demuestra. Este informe indica que el 26.3% de las personas que trabajan en el sector privado lo hacen por debajo del salario mínimo. Además, indica que es más frecuente entre sectores vulnerables de la población como los adolescentes, los adultos mayores y quienes tienen poca educación. Entonces, si el Gobierno desea iniciar una cacería de brujas en el sector privado para que se respete el salario mínimo, los jóvenes serán de los más afectados.

Por un lado doña Sandra quiere disminuir el desempleo del sector joven pero al mismo tiempo aplica medidas que para lo único que sirven es para aumentar este desempleo. En su discurso durante la presentación del programa EMPLEATE, la señora ministra dice: “Son la población típicamente excluida. La que vive en las comunidades vulnerables y, la que está en verdadero riesgo social”. Ella dice conocer las necesidades de los jóvenes y dice estar comprometida con la causa de disminuir el desempleo, sin embargo, sus acciones dicen todo lo contrario. Esta doble cara de la ministra es común no solo en ella sino en muchos otros integrantes de este gobierno.

jueves, 26 de mayo de 2011

Jumanji empresarial: salarios, desempleo e inflación


Nuestro sistema económico (la economía de mercado o capitalismo) es un sistema de supremacía del consumidor. El consumidor es soberano, según un lema popular “siempre tiene la razón”. Los empresarios tienen la necesidad de ofrecer lo que piden los consumidores y deben vender sus productos a precios que puedan y estén dispuestos a pagar los consumidores. Una operación empresarial resulta un fracaso manifiesto si los resultados de las ventas no reembolsan al empresario todo lo que ha gastado en producir el artículo. Así que los consumidores al comprar a un precio concreto determinan asimismo los salarios a pagar a los que se dedican a estas actividades.

1. Los salarios pagados en último término por los consumidores
De esto se deduce que un empresario no puede pagar más a un empelado que el equivalente en valor del trabajo de este último, de acuerdo con el juicio del público comprador, añada a la mercancía. (Esta es la razón por la que una estrella de cine gana más que la mujer de la limpieza). Si paga más, no recuperaría sus desembolsos de los compradores, sufriría pérdidas y acabaría en bancarrota. Al pagar salarios, el empresario actúa como un mandatario de los consumidores, por decirlo así. Recae sobre los consumidores la incidencia de los pagos de salarios. Como la inmensa mayoría de los bienes producidos los compran y consumen personas que reciben a su vez salarios, es evidente que al gastar sus ganancias los propios asalariados y empleados son los principales determinadores del nivel de compensación que obtendrás ellos y gente como ellos.
2. ¿Qué hace que suban los salarios?

Los compradores no pagan por los trabajos y esfuerzos que realiza el trabajador ni por la cantidad de tiempo que emplea en trabajar. Pagan por los productos. Cuanto mejores sean las herramientas que usa el trabajador en su empleo, más puede realizar en una hora, por consiguiente mayor será su remuneración. Lo que hace que suban los salarios y hace más satisfactorias las condiciones de vida de los asalariados es la mejora en el equipo tecnológico. Los salarios estadounidenses son más alto que en otros países porque el capital invertido por cabeza de trabajador es mayor y las fábricas están por tanto en disposición de utilizar las herramientas y máquinas más eficientes. Lo que se llama el modo de vida americano es el resultado del hecho de que Estados Unidos ha puesto menos obstáculos al ahorro y la acumulación de capital que otras naciones.

El retraso económico de países como la India consiste precisamente en el hecho de que sus políticas dificultan tanto la acumulación de capital doméstico como la inversión de capital extranjero. Como falta el capital requerido, las empresas indias no pueden emplear suficientes cantidades de equipamiento moderno y por tanto producen mucho menos por hora laboral y solo pueden permitirse pagar salarios que, comparados con el salario estadounidense, parecen sorprendentemente bajos.

Solo hay un camino que lleve a la mejora en el nivel de vida de las masas asalariadas, a saber, el aumento en la cantidad de capital invertido. Todos los demás métodos, por muy populares que sean, no solo son inútiles, sino que en realidad perjudican al bienestar de aquéllos a quienes supuestamente benefician.

3. ¿Qué causa el desempleo?
La pregunta fundamental es: ¿es posible aumentar los salarios para todos los dispuestos a trabajar por encima del nivel que habrían obtenido en un mercado laboral no intervenido?

La opinión pública cree que la mejora en las condiciones de los asalariados es un logro de los sindicatos y de distintas medidas legislativas. Atribuye al sindicalismo y la legislación por el aumento de los salarios, el acortamiento de la jornada laboral, la desaparición del trabajo infantil y muchos otros cambios. La prevalencia de estas creencias ha hecho popular al sindicalismo y es responsable de las tendencias en legislación laboral en las últimas décadas. Como la gente cree que debe al sindicalismo su alto nivel de vida, perdonan la violencia, coacción e intimidación por parte de los trabajadores sindicalizados y es indiferente al recorte de la libertad personal propio de las cláusulas de reserva para sindicatos. Mientras estas mentiras prevalezcan en la mente de los votantes, en inútil esperar un alejamiento decidido de las políticas que se consideran erróneamente como progresistas.

Sin embargo esta doctrina equivoca todo aspecto de la realidad económica. La altura de los salarios al que todos los dispuestos a trabajar pueden emplearse depende de la productividad marginal del trabajo. Cuanto más capital (siendo todo lo demás igual) se invierta, más subirán los salarios en el mercado de mano de obra, es decir, en el mercado laboral no manipulado por el gobierno y los sindicatos. A este nivel salarial, todos los que quieran trabajar puede obtener un trabajo. Así que en un mercado laboral libre prevalece una tendencia hacia el pleno empleo. De hecho, la política de dejar que el libre mercado determine el nivel de los salarios es la única política de pleno empleo razonable y de éxito. Si los niveles salariales, ya sea por presión sindical o por decreto del gobierno, se sitúan por encima de este nivel, se desarrolla un desempleo duradero de una parte de la fuerza laboral potencial.

4. La expansión del crédito no sustituye al capital
Estas opiniones se ven rechazadas apasionadamente por los dirigentes de los sindicatos y sus seguidores entre los políticos y los pretendidos intelectuales. La panacea que recomiendan para luchar contra el desempleo es la expansión del crédito y la inflación, llamada eufemísticamente “un política de dinero fácil”.

Como se ha apuntado antes, un añadido a las existencias disponibles de capital previamente acumuladas hace posible una mayor mejora del equipamiento tecnológico de las industrias, aumentando así la productividad marginal del trabajo y consecuentemente también los niveles salariales. Pero la expansión del crédito, ya se efectúe emitiendo billetes adicionales u otorgando créditos adicionales en cuentas corrientes, no añade nada a la riqueza de la nación en bienes de capital. Simplemente crea la ilusión de un aumento en la cantidad de fondos disponibles para una expansión de la producción. Como pueden obtener un crédito más barato, la gente cree erróneamente que la riqueza del país ha aumentado y por tanto ciertos proyectos que no podían ejecutarse antes ahora son viables. Al iniciar estos proyectos se potencia la demanda de mano de obra y de materiales en bruto y se hace que aumenten los salarios y los precios de las materias primas. Se enciende un auge artificial.

Bajo las condiciones de este auge, los salarios nominales que antes de la expansión de crédito eran demasiado altos para el estado del mercado y por tanto creaban desempleo por parte de la mano de obra potencial ya no son demasiado altos y los desempleados pueden volver a conseguir trabajo. Sin embargo esto ocurre solo porque bajo las nuevas condiciones monetarias y crediticias están aumentando o, lo que es lo mismo expresado en otros términos, cae el poder adquisitivo de la unidad monetaria. Luego la misma cantidad de salario nominal, es decir, de salario expresado en términos de dinero, significa menos en salarios reales, es decir, en términos de productos que se pueden comprar con la unidad monetaria. La inflación puede acabar con el desempleo solo recortando los salarios reales de los asalariados. Pero entonces los sindicatos piden un nuevo aumento en los salarios para mantener el ritmo respecto del coste de la vida y volvemos a donde estábamos, es decir, a una situación en la que el desempleo a largo plazo solo puede evitarse con una mayor expansión del crédito.

Eso es lo que ocurrió en este país, igual que en muchos otros en los últimos años. Los sindicatos, apoyados por el gobierno, obligaron a las empresas a acordar tipos salariales que estaban por encimas de los tipos potenciales, es decir, los tipos que el público estaba dispuesto a reintegrar a los empresarios comprando sus productos. Esto habría ocasionado inevitablemente un aumento en las cifras de desempleo. Pero las políticas públicas trataron de impedir la aparición de un desempleo importante mediante la expansión del crédito, es decir, la inflación. El resultado fue un aumento en los precios, demandas renovadas de salarios mayores y una reiterada expansión del crédito, en resumen, una inflación prolongada.

5. La inflación no puede continuar eternamente
Pero al final las autoridades se asustan. Saben que la inflación no puede continuar eternamente. Si no detenemos a tiempo la perniciosa política de aumentar la cantidad de dinero y medios fiduciarios, el sistema monetario nacional de derrumba por entero. El poder adquisitivo de la unidad monetaria se hunde hasta un punto en que a todos los efectos prácticos no es mayor que cero. Esto ocurrió una y otra vez, en este país con los continentales en 1781, en Francia en 1796, en Alemania en 1923. Nunca es demasiado pronto para una nación para darse cuenta de que la inflación no puede considerarse como una forma de vida y que es imperativo volver a políticas monetarias sólidas. Al reconocer estos hechos la administración y las autoridades de la Reserva Federal abandonar hace algún tiempo la política de expansión progresiva del crédito.

No corresponde a este breve artículo ocuparse de todas las consecuencias que produce terminar con las medidas inflacionistas. Solo tenemos que establecer el hecho de que la vuelta a la estabilidad monetaria no genera una crisis. Solo expone las malas inversiones y otros errores que se realizaron bajo la alucinación de la prosperidad ilusoria creada por el dinero fácil. La gente se hace consciente de los fallos cometidos y, ya no cegados por el espectro del crédito barato, empiezan a reajustar sus actividades al estado real de la oferta de factores materiales de producción. Es este ajuste (indudablemente doloroso, pero inevitable) el que constituye la depresión.

6. La política de los sindicatos
Una de las características desagradables de este proceso de descartar quimeras y volver a una evaluación sensata de la realidad afecta al nivel salarial. Bajo el impacto de la política progresista de inflación, la burocracia sindical adquirió la costumbre de reclamar a intervalos regulares aumentos saláriales y las empresas, después de alguna falsa resistencia, la aceptaron. Como consecuencia, estos niveles serían en ese momento demasiado altos para el nivel del mercado y habrían producido una enorme cantidad de desempleo. Pero la incesante inflación progresiva los cubriría rápidamente. Luego los sindicatos reclamarían de nuevo más aumentos y así sucesivamente.

7. El argumento del poder adquisitivo
No importa qué tipo de justificación aporten los sindicatos y sus esbirros a favor de sus afirmaciones. Los efectos inevitables de obligar a los empresarios a remunerar el trabajo realizado a niveles más altos de los que los consumidores estén dispuestos a devolverles comprando los productos son siempre los mismos: el aumento en la cifra del desempleo.

En la presente encrucijada, los sindicatos tratan de recuperar la vieja fábula mil veces refutada del poder adquisitivo. Declaran que poner más dinero en manos de los asalariados (aumentando los salarios, aumentando las prestaciones a los desempleados y empezando nuevas obras públicas) permitiría a los trabajadores gastar más y estimular así los negocios y sacar a la economía de recesión llevándola a la prosperidad. Es el falaz argumento a favor de la inflación de hacer felices a todos imprimiendo billetes. Por supuesto, si la cantidad de medios circulantes aumenta, aquellos a cuyos bolsillos llega la nueva riqueza ficticia (ya sean trabajadores, granjeros o cualquier otro tipo de gente) aumentará su gasto. Pero es precisamente este aumento en el gasto el que inevitablemente produce una tendencia general de todos los precios a subir o, lo que es lo mismo expresado de una forma diferente, una caída en la poder adquisitivo de la unidad monetaria. Así que la ayuda que una acción inflacionista podría dar a los asalariados es solo de corta duración. Para perpetuarla, tendríamos que recurrir una y otra vez a nuevas medidas inflacionistas. Esta claro que esto lleva al desastre.

8. Los aumentos salariales como tales no son inflacionistas S
e han dicho muchas tonterías acerca de estas cosas. Alguna gente afirma que los aumentos salariales son “inflacionistas”. Pero no son en sí mismos inflacionistas. Nada inflacionista, salvo la inflación, es decir, un aumento en al cantidad de dinero en circulación y crédito susceptible de cheque (dinero de talonario). Y bajo las condiciones presentes nadie, salvo el gobierno, puede hacer que aparezca la inflación. Lo que los sindicatos pueden generar obligando a los empresarios a aceptar niveles salariales más altos que los niveles potenciales del mercado no es inflación , no significa precios más altos en los productos, sino el desempleo de una parte de la gente dispuesta a trabajar. La inflación es una política a la que recurre el gobierno con el fin de impedir el desempleo a gran escala que de otra forma producirían los aumentos salariales de los sindicatos.

9. El dilema de las políticas actuales
El dilema que este país (y no menos muchos otros países) tiene que afrontar es muy serio. El método extremadamente popular de que aumentar los salarios por encima del nivel que habría establecido un mercado laboral no intervenido produciría un catastrófico desempleo masivo si la expansión del crédito inflacionista no lo evitara. Pero la inflación no solo tiene efectos sociales muy perniciosos. No puede continuar eternamente sin generar la destrucción completa de todo el sistema monetario.

La opinión pública, completamente bajo el influjo de las falsas doctrinas de los sindicatos, simpatiza más o menos con la demanda de los líderes sindicales de un aumento considerable en los salarios. Tal y como son hoy las condiciones, los sindicatos tienen el poder de hacer que los empleados se sometan a sus dictados. Pueden convocar huelgas y, sin restricción por parte de las autoridades, recurrir con impunidad a la violencia contra quienes deseen trabajar. Conocen el hecho de que la mejora de las condiciones salariales aumentará el número de desempleados. El único remedio que sugieren es mayor financiación para subsidios de desempleo y una mayor oferta de crédito, es decir, inflación. El gobierno, atendiendo dócilmente a una opinión pública desorientada y preocupado por el resultado de la próxima campaña electoral, ya ha empezado desgraciadamente a anula sus intentos de volver a una política monetaria sólida. Así que nos vemos de nuevo enredados en los perniciosos métodos de intervenir en la oferta de dinero.

Continuamos con la inflación que con ritmo acelerado hace que se encoja el poder adquisitivo del dólar. ¿Dónde acabará? Es la pregunta que nunca se hacen Mr. Reuther y todos los demás. Solo una ignorancia supina puede reclamar las políticas adoptadas por las autocalificadas políticas progresistas “pro-empleo”. El asalariado, como cualquier otro ciudadano, tiene un serio interés en la preservación del poder adquisitivo del dólar. Si, gracias a su sindicato, los ganancias mensuales están por encima del tipo de mercado, pronto descubrirá que el movimiento al alza de los precios no solo le priva de las ventajas que esperaba, sino que asimismo hace que el valor de sus ahorros, de su póliza de seguro y de sus derechos de pensión disminuyen. Y lo que es peor, puede perder su empleo y no encontrar otro.

10. La falta de sinceridad en la lucha contra la inflación
Todos los partidos políticos y grupos de presión afirman que se oponen a la inflación. Pero lo que quieren decir realmente es que no les gustan las inevitables consecuencias de la inflación, como el aumento en el coste de la vida. Realmente favorecen todas las políticas que necesariamente producen un aumento en la cantidad de medios en circulación. No solo reclaman una política de dinero fácil para hacer posible la eterna potenciación salarial de los sindicatos, sino asimismo más gasto público y (al mismo tiempo) una rebaja de impuestos a través del aumento de las desgravaciones.

Engañada por el falso concepto marxista de los conflictos irreconciliables entre los intereses de las clases sociales, la gente supone que los intereses de las clases propietarias se oponen a las reclamaciones sindicales de salarios más altos. En realidad, a los asalariados no les interesa menos una vuelta a un dinero sólido que a otros grupos o clases. Se han dicho muchas cosas en los últimos meses acerca de los daños que los funcionarios defraudadores han infligido a la sindicalización. Pero el daño producido a los trabajadores por la excesiva alza salarial de los sindicatos es mucho más perjudicial.

Sería una exageración pretender que las tácticas de los sindicatos sean la única amenaza a la estabilidad económica y a una política económica razonable. Los asalariados no son el único grupo de presión cuyas reclamaciones amenazan hoy la estabilidad de nuestro sistema monetario. Pero son los más poderosos e influyentes de estos grupos y la responsabilidad principal reside en ellos.

11. La importancia de unas políticas monetarias sólidas
El capitalismo ha mejorado el nivel de vida de los asalariados a un nivel sin precedentes. La familia media estadounidense disfruta hoy de comodidades que, solo hace cien años, ni siquiera los más ricos potentados podían soñar. Todo este bienestar está condicionado por el aumento en ahorros y capital acumulado: sin estos fondos que permiten a las empresas hacer un uso práctico del progreso científico y tecnológico, el trabajador estadounidense no produciría más y mejores cosas por hora de trabajo que los culíes asiático, no ganaría más y, como ellos, viviría estrechamente al borde del hambre. Todas las medidas que (como nuestro sistema de impuestos a la renta y las sociedades) se dirigen a impedir una mayor acumulación de capital o incluso a disminuir dicho capital son por tanto en la práctica anti-trabajo y antisociales.

Solo debe hacerse una observación más acerca de este asunto del ahorro y la formación de capital. La mejora del bienestar producida por el capitalismo hizo posible que el hombre común ahorrara y se convirtiera modestamente en un capitalista. Una parte considerable del capital trabajando en la empresa estadounidense se corresponde con los ahorros de las masas. Millones de asalariados poseen depósitos de ahorro, bonos y pólizas de seguros. Todos estos derechos son pagables en dólares y su valor depende de la solidez del dinero de la nación. Preservar el poder adquisitivo del dólar es también desde este punto de vista un interés vital para las masas. Con el fin de alcanzar este fin, no basta con imprimir los billetes con la noble máxima In God We Trust. Debemos adoptar una política apropiada.

Ludwig von Mises
Mises Daily en español