Tema Polémico: Mercado de las Telecomunicaciones

 Parece que fue hace poco que el país se encontraba dividido entre aquellos que decían SI al TLC con Estados Unidos y los que estaban en contra. Uno de los temas más debatidos durante el proceso fue la apertura del mercado de las telecomunicaciones en Costa Rica. Por supuesto esto era de esperarse pues las tecnologías en telecomunicaciones cada vez más forman parte del diario vivir de todos. A nivel mundial, la cantidad de personas con internet y telefonía móvil ha venido creciendo en forma casi exponencial en la última década.

Por supuesto, una mayoría de los costarricenses en el 2007 tenían razones de sobra para votar por un cambio en la forma en que era administrado el mercado de telecomunicaciones. Estando la telefonía celular y el internet en manos de un monopolio único del Estado traía grandes inconvenientes para el desarrollo del país. Basta con solo recordar las enormes filas de gente saliendo de las sucursales del ICE cuando sacaban líneas al mercado o la cantidad de requisitos absurdos para comprender la molestia que sentíamos todos en aquel entonces. 

Claramente el ICE, en calidad de monopolio y al ser una empresa pública con todos los problemas administrativos que eso implica, no pudo cubrir las crecientes demandas del mercado al ritmo acelerado que se necesitaba. Para el 2008, Costa Rica era el último país de Latinoamérica en el ranquin de subscriptores de telefonía celular por cada 100 habitantes. Algo muy similar se puede concluir en el caso del internet; mientras que en el 2008 había un poco más de 30 usuarios de internet por cada 100 habitantes, en los países más desarrollados del mundo esta cifra ascendía a niveles de 80 o 90. 

Suscriptores de líneas celulares por cada 100 habitantes, 2008 

Fuente: Banco Mundial

Los defensores del NO alegaban que el gran beneficio de tener las telecomunicaciones en manos del Estado era que contábamos con las tarifas postpago más bajas de Centroamérica. Lo que nunca nos dijeron fue que la razón de esto era que el gran grueso del mercado de telefonía celular no es la telefonía postpago sino la telefonía prepago. Muestra de esto fue que al salir la telefonía prepago en el país (uno de los resultados beneficiosos de la apertura) el mercado se volcó hacia la misma que ahora tiene más del 70% de cuota y la mayoría de los usuarios pertenecen a clases de bajos recursos. La telefonía prepago le dio la oportunidad a las clases de más bajos recursos del país a contar con teléfono celular y pagar únicamente por los minutos que necesitan.

La entrada de otras empresas al mercado lo que logró fue dinamizarlo. Ahora contamos con un mercado de precios cada vez más competitivos y con cada vez más servicios para el hogar y empresariales. Se estima que los ingresos por la apertura al país alcancen los USD$1000 millones para el año 2016.

Y todo esto es a pesar de Sutel. La Superintendencia de Telecomunicaciones ha demostrado ser un obstáculo en lugar de una ayuda para el mercado. Para lo único que ha servido es para limitar la cantidad de oferentes en el mercado (provocando condiciones de oligopolio), inhabilitar a las empresas a que cobren tarifas baratas, dificultar el desarrollo de nuevos negocios como en el caso de los café internet, prohibir la entrada de empresas pequeñas con sus elevados requisitos y garantías y se las ingenió para atrasar la apertura del mercado de telefonía celular por más de 4 años.  En ASOJOD nos encantaría que SUTEL dejara de existir para empezar a ver más beneficios para todos los consumidores en este mercado tan importante para el desarrollo del país. No se nos ocurre ni un solo beneficio que Sutel le ha brindado al país desde su creación en la Ley General de Telecomunicaciones.

No nos cabe ni la menor duda de que la eliminación del monopolio del ICE en el mercado de telecomunicaciones ha sido muy beneficiosa a pesar de las regulaciones.  Ojalá que se pensara en tomar medidas similares para el resto de los monopolios del Estado.

El ICE: mal de nunca acabar

A pesar de haber llegado a un supuesto acuerdo en casa presidencial, el ICE sigue sin entregar las frecuencias de radio, impidiendo así la entrada de nuevos competidores al mercado de las telecomunicaciones. Es importante recordar que dichas bandas pertenecen al Estado y no a la institución, esta es la desnaturalización de la cosa pública que hemos visto a lo largo de los años, los ejemplos sobran.

Esta actitud merece un fuerte repudio, desgraciadamente no podemos decir que nos encontramos sorprendido. La fruta nunca cae muy lejos del árbol.

Más de lo mismo

Dos noticias de la semana pasada desnudan nuestra cruda realidad que seguirá manteniéndonos en el abismo del subdesarrollo.

Primero que todo da pena ver a un grupo de industriales berreando para que no se firmen más TLCs. La competencia es muy buena en este país, siempre y cuando sea para el sector del vecino.

La segunda noticia se refiere al visto bueno que dio la comisión de asuntos agropecuarios de la Asamblea Legislativa, para perdonar 244 millones de colones en deudas a 216 pescadores.

Esta es la trágica realidad de nuestro Estado, en donde las políticas públicas se construyen al son de los grupos de presión, no importa si estos son grandes industriales o pequeños pescadores. Lo cierto del caso, es que existen personas que quieren vivir a expensas de los demás, que quieren que sus negocios sean asegurados a través de la violencia institucionalizada del Estado y no por medio del esfuerzo individual. Así seguiremos siempre en lo mismo- ¡Que pena!

¡Trabajo!

Se estima que la apertura del sector de telecomunicaciones logre duplicar la cantidad de empleos que existen hoy en día en este sector. Así las cosas, se pasaría de 15mil puestos de trabajo que existen en la actualidad a unos 30mil puestos en el plazo de 5 años.

¿Qué dirán nuestros amigos del NO? ¿Cómo explican esto? ¿Cómo explican que ninguna de sus promesas apocalípticas se haya cumplido? ¿Por qué los gringos no se han llevado el agua aún, por qué la Isla del Coco sigue siendo nuestra, por qué no se modificaron nuestros límites territoriales, dónde está el tan cacareado comercio de órganos o el desecho nuclear que se iba a instaurar en CR?

Aquí en ASOJOD no hemos olvidado todas estas mentiras y cinismo

¡Apertura!

¡Finalmente tenemos apertura en el mercado de las telecomunicaciones! La SUTEL autorizó a 6 empresas para que presten servicios de internet y de telefonía por IP. Esperamos ansiosos que este proceso de apertura culmine y seamos los consumidores quienes decidamos con quien desearmos contratar nuestros servicios de telecomunicaciones y seguros.

Empieza a regir el TLC

En ASOJOD queremos anunciar con alegría una buena noticia: a partir de hoy empieza a regir el TLC con los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Después de muchos años de trabajo duro, negociaciones, esfuerzos, dificultades y hasta procesos electorales que lo definieron, Costa Rica da un buen paso hacia la senda de la libertad comercial con este tratado. Estamos concientes de que falta mucho camino por recorrer y que el aumento de la libertad depende de la capacidad que tengamos cada uno de nosotros como ciudadanos para articular nuestras demandas y nuestros recursos de poder.

Ahora miles de consumidores y productores podrán verse beneficiados por más empleos, productos más baratos, competencia en servicios, mejores precios y más oportunidades para el desarrollo. Esperemos que lo que nuestro gobierno ha logrado con la mano no lo borre con el codo, máxime en esta época de crisis, donde pareciera que las puertas para las ideas estúpidas, irresponsables y populistas se empiezan a abrir.

Tema Polémico: imprudencia legislativa en inconstitucionalidad del procedimiento de la reforma de la Ley de propiedad intelectual e indigenismo

El día de hoy en ASOJOD queremos comentar una cuestión acaecida recientemente: la declaración de inconstitucionalidad del procedimiento de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual relacionada con el TLC. Aunque estamos conscientes de que la sentencia íntegra de la Sala Constitucional no ha sido divulgada aún por la Sala Constitucional, tenemos suficiente información para expresar nuestra opinión sobre dos temas relacionados con esta: la imprudencia legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el indigenismo que se ha logrado introducir en nuestro ordenamiento jurídico.

Respecto al primer punto, es claro que los diputados del PLN, ayudados por su sus acólitos del PUSC, han actuado de manera imprudente y soberbia a la hora de tomar decisiones en la Asamblea Legislativa, especialmente respecto a temas procedimentales. Desde el referéndum del CAFTA, el PLUSC intentó monopolizar (con algún grado de éxito) la posición del Sí, dejando por fuera individuos que hubieran ayudado en gran medida a promover la causa, sólo por ser "de oposición".

En el caso de marras, varios de los partidos opositores (Movimiento Libertario, Partido Acción Ciudadana y Frente Amplio) advirtieron en su momento que al incluir una reforma a la Ley de biodiversidad, sería necesario consultar a la población indígena del país. No obstante, esta advertencia fue tildada de "show mediático" por parte del PLUSC. En ese sentido, como bien apuntaron esos diputados, la resolución de la Sala era totalmente previsible y hasta evitable. Por eso nos parece sorprendente que con tal certeza, el PLUSC hiciera caso omiso y se aventurara con sus procedimientos. En fin, sólo nos queda esperar que el partido de gobierno logre corregir el desastre que causó por su soberbia e imprudencia a la hora de tomar decisiones y comprenda que en un régimen democrático, y especialmente en un cuerpo colegiado, las decisiones no se toman con la terquedad del capricho, sino a partir de negociaciones y consultas a otros sectores y grupos.

Respecto al segundo tema, el del indigenismo, queremos enfatizar en nuestro más vehemente rechazo, como ya lo habíamos hecho en un artículo anterior, al demostrar los efectos negativos de esta corriente. Con "indigenismo" no nos referimos a la cultura propia de los pueblos precolombinos, sino a la idea -de moda en los últimos tiempos- de que los pueblos indígenas son "la cultura original o nativa" y que por lo tanto tienen derecho a que ésta sea preservada secula seculorum a expensas de todos como parte de una expiación eterna de los atropellos cometidos en la Conquista. Opinamos que instrumentos como el Convenio 169 de la OIT son viva expresión de este tipo de mentalidad y que no deberían formar parte de nuestro ordenamiento jurídico.

Como bien nos dicen Montaner, Apuleyo Mendoza y Vargas Llosa en “El regreso del idiota”, el indigenismo no solo termina siendo una manera de sacarle recursos a los “blancos” del resto de la sociedad, sino que además termina convirtiéndose en una manera de convertir una discriminación histórica en un acto de revancha contra las únicas ideas que pueden permitirle tanto a los indígenas como a los individuos pobres de la sociedad el mejoramiento de sus condiciones de vida.

Como cualquier ciudadano, los indígenas tienen el derecho de opinar sobre cualquier tema. pero no creemos que por el sólo hecho de ser indígenas deban ser especialmente consultados, máxime cuando es claro que la decisión no va a cambiar independientemente de la consulta que se les haga. Lo que la Ley de biodiversidad y el Convenio 169 exigen son formalismos vacíos para "quedar bien" con los grupos que hace 500 años fueron maltratados por individuos provenientes del otro lado del océano.

En conclusión, nuestra reacción respecto a la resolución de la Sala se divide en dos vertientes. Por un lado, no es posible que el partido de gobierno ponga en juego el futuro del país sólo porque no desean escuchar a la oposición (que muchas veces puede tener la razón), pero tampoco consideramos razonable el requerimiento de consultar a la población indígena.

Tema polémico: la apertura del ICE

Durante la semana anterior, en el Consejo de Gobierno se sancionó la Ley de Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como parte de la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA). Ante eso, en ASOJOD queremos celebrar dicha decisión y a la vez, hacer algunos comentarios.

En primer lugar, con dicha ley se pone fin al monopolio en telecomunicaciones que existía en Costa Rica y, como bien apuntó el Presidente Oscar Arias, al hecho de que el nuestro sea el único país del continente americano en que dicha situación existía. A partir de ahora, se elimina uno de los obstáculos jurídicos más importantes para que nuevas empresas vengan a Costa Rica a competir con el ICE en el ofrecimiento de servicios tanto de telefonía celular como de internet.

Sin embargo, nunca faltan alarmistas enemigos de la libertad como el altruista Semanario Universidad, que ya preconiza que dicho sector quedaría en manos de un oligopolio privado. No entendemos cómo el Semanario ya obtuvo tan brillante conclusión, que pareciera más digna de las artes de Nostradamus que de la investigación seria y responsable. Lo cierto del caso es que el periódico advierte que Telefónica y América Móvil (antigua Telmex) mantienen regímenes de competencia falsos, de forma tal que se ponen de acuerdo para controlar el mercado. Es más, alega que "en círculos empresariales se afirma que en vez de competir libremente (Telefónica y América Móvil) se ponen de acuerdo para repartirse el mercado". Es claro que la rumorología hace su aparición, pues desconocemos quiénes conforman esos círculos empresariales que el diario usa de referencia, dado que sabemos que no se trata de los afiliados a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), en tanto ellos mismos se han pronunciado abiertamente a favor de la apertura del ICE y no sólo en telefonía e internet, sino también en generación de energía.

Semanario también afirma que, con la apertura, el ICE perdería cerca del 66% de su mercado. Desconocemos la veracidad y seriedad de los estudios que cita dicho diario, pero en caso de ser cierto, tal situación deja claro que 66% de los clientes del ICE están insatisfechos con sus servicios, por lo cual escogerían a otra empresa. Este es precisamente el punto medular de este artículo: con la apertura y la consecuente participación de otras empresas en el sector, los usuarios tendremos más opciones para escoger y cambiarnos de operador en caso de estar insatisfechos.

No obstante, hay algo bastante curioso. De acuerdo con el rotativo "si bien el mercado de Costa Rica es pequeño, en comparación con otros países latinoamericanos, resulta muy atractivo por ser sumamente dinámico...". Si, en efecto, lo que dice Semanario es cierto, esa misma dinamicidad y atractivo del mercado reduciría potencialmente el peligro de la formación de cárteles corporativos, pues otras empresas como AT&T, Millicom (misma que inclusive menciona dicho periódico), y otras, estarían deseosas de competir en Costa Rica.

Resulta irónico que Semanario haga uso de la misma táctica que criticó al grupo del Sí al TLC durante el pasado referéndum, la del miedo, para empezar a generar resistencias a la apertura. Basta con observar las hecatombes pronosticadas respecto al futuro de la telefonía, la electricidad y el internet o la "información" aportada sobre los nexos de los distintos empresarios (satanizados dicho sea de paso) con personalidades políticas y económicas costarricenses. El viejo truco de deslegitimar porque "A es amigo de B, primo de C, suegro de D o ex compañero de kinder de E" nos hace recordar algo más cercano a las falacias ad hominem que al periodismo investigativo, para usar con este último calificativo las palabras de Alberto Cortés, reconocido opositor al TLC.

En ASOJOD no podemos comprender por qué a algunos grupos y personas les incomoda tanto la libertad para escoger. La postura ética de quienes atacan esa libertad no es otra más que la altruista, es decir, aquella que pretende hacer de unos seres humanos los medios para que otros alcancen sus fines. Podrán decirnos "si el ICE desaparece, mucha gente de escasos recursos o de zonas rurales quedará sin acceso a servicios de telefonía", pero a eso nosotros respondemos, sin ningún problema, que no estamos dispuestos a sacrificar a unos (los que necesitan buenos servicios de telecomunicaciones para estudiar, trabajar, producir) para darle algo a otra persona, indistintamente de su posición socioeconómica.

Algunas personas creen que los que se van a ver beneficiados con la apertura en telecomunicaciones son los "grandes y poderosos empresarios". En realidad, no sólo los grandes empresarios van a obtener beneficios, sino también miles de personas como pequeños y medianos empresarios, estudiantes, trabajadores, etc. cuyas labores necesitan buenos servicios de telefonía o internet. También se beneficiarán muchas personas que vayan a ser empleadas, directa o indirectamente, por esas nuevas compañías. ¿O es que acaso Telefónica o América Móvil no necesitarán ingenieros, secretarias, abogados, oficinistas, técnicos, guardas de seguridad, conductores, bodegueros, publicistas, médicos de empresa, personal de limpieza, suplidores de equipo, diseñadores de software, etc?

Indistintamente de su trabajo, si una persona es cliente de los servicios de telefonía celular o internet, podrá ahorrar, gracias a la competencia, mucho tiempo en filas y trámites. Podrá trabajar de forma más cómoda, con mejor cobertura, mejores precios y mejores sistemas. En otras palabras, los consumidores (que somos la gran mayoría) podremos obtener mejores servicios, mejor calidad y mejores precios. Pero lo más importante, podremos obtener la libertad y nos empoderaremos para decidir sobre lo que nos compete: la forma en que se usa nuestro dinero.

En Vela

La Nación publicó, el sábado pasado, esta noticia: “Textilera de Poás (Confecciones BorKar) recorta planilla por TLC lento”. El propietario esperó que se despejara el panorama del TLC antes o después del referendo. Ahora, dada la necesidad de una prórroga, no puede esperar más, pues, ante la incertidumbre, “varios contratos se retiraron”.

Los beneficios de la Cuenca del Caribe vencen en octubre, pero los importadores de EE. UU. no van a aguardar hasta que los diputados ticos, con sus salarios bien asegurados, decidan. El empresario, Michael Borg, manifestó: “Con mi equipo de trabajadores puedo retar a cualquier empresario en el mundo, máxime que el TLC mejora los beneficios arancelarios”. Sin embargo, ni él ni sus trabajadores pueden luchar contra el tiempo ni contra la realidad del comercio. Ciertos diputados ticos, bañados en mezquindad e ideología, sí pueden hacerlo. Son patriotas. Deben sentirse, otra vez, muy felices.

Esta empresa ya perdió contratos por $1,2 millones en uniformes y trajes enteros. Pero ¿qué es esta suma ante el júbilo político e ideológico de los especialistas en fabricar mociones por millares, en no integrar el quórum, en enviar cartas, en apilar actas con largas peroratas y en dañar al país? Xinia Quesada, trabajadora de esta empresa, dijo: “Es terrible porque también despidieron a mi esposo, y nosotros tenemos dos hijos. Uno queda como en las nubes con esa noticia”.

El trabajo es el punto primordial de una agenda social. Es un imperativo de derechos humanos, de justicia y, como tal, de hondura moral. ¿Qué pensarán, ahora, los dueños de la moral política, los adalides del “sector social”, aterrados por el uso de la gasolina, por los viajes de sus diputados al exterior o por el servicio de bocas y vino, el 1.° de mayo en la Asamblea Legislativa? ¿Qué dirán los estrategas, los asesores entre bambalinas y los azuzadores externos de estos partidos? El tiempo y la realidad le han dado la razón a Andrea Morales, tan vilipendiada. El país y la conciencia prevalecen sobre el interés político y electoral. Si no, ¿para qué la política? Conviene leer a la periodista Giannina Segnini, el jueves pasado. “Haced lo que digo, no lo que hago”.

Una trabajadora de Poás dijo: “Yo pido al PAC que se ponga la mano en el corazón y no nos deje sin trabajo”. Por cierto, invitados los diputados del PAC a visitar la empresa, declinaron el ofrecimiento. La misma lamentación cabe para todos aquellos diputados, de cualquier partido, color y pelambre, que identifican la curul con el chantaje, los favores personales, la demagogia y la paranoia ideológica. Sus aberraciones las pagamos todos… los que trabajamos.

Dictamen de la Procuradoría

Para todos los interesados en el tema respecto a los asuntos legales del TLC así como sus plazos, les ofrecemos la Opinión Jurídica no vinculante de la Procuradoría. La misma es sumamente extensa por eso pasamo a continuación a transcribir únicamente sus conclusiones.

CONCLUSIONES:

De conformidad con lo antes expuesto, es opinión no vinculante de la Procuraduría General de la República, que:

1-.La entrada en vigor de un tratado internacional determina el momento a partir del cual el instrumento adquiere eficacia jurídica y por lo tanto fuerza obligatoria. Es por ello que una vez puesto en vigencia el tratado, los Estados tienen el deber de cumplir las obligaciones pactadas íntegramente y de buena fe.

2-.El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC) contiene disposiciones expresas con respecto a su entrada en vigor, artículo 22.5. Es requisito previo para la puesta en vigencia del Tratado que los Estados Parte hayan cumplido con los procedimientos jurídicos aplicables.

3-.Por procedimientos jurídicos aplicables debe entenderse aquellos previstos constitucionalmente para que el Estado otorgue su consentimiento válido y eficaz de obligarse por el tratado.

4-.En el caso costarricense, los procedimientos jurídicos aplicables consisten en la aprobación legislativa del tratado y su posterior ratificación.

5-.La ratificación de un tratado es normalmente un acto discrecional del Poder Ejecutivo. No obstante, aprobado un tratado por referéndum el Poder Ejecutivo está obligado a ratificarlo. La ratificación es requisito indispensable para la entrada en vigor del Tratado.

6-.Dicha entrada en vigor se rige por el texto original del artículo 22.5 del Tratado. La Enmienda firmada por Estados Unidos y El Salvador el 10 de marzo de 2006 no forma parte del Tratado aprobado por Costa Rica, por lo que no es aplicable.

7-.De acuerdo con el artículo 22.5 del Tratado y en virtud de que este entró en vigor el 1 de marzo de 2006, la ratificación debe intervenir antes del 1 de marzo de 2008, fecha límite para la notificación según lo dispuesto en el artículo 22.5.2 del Tratado, salvo que, conforme los términos de este, los Estados Partes acuerden que Costa Rica ratifique el Tratado en una fecha posterior.

8-.Ratificado el Tratado, éste entrará en vigencia 90 días después, según su artículo 22.5.2.

9-.El efecto propio de la entrada en vigor del Tratado es el de obligar a Costa Rica a respetar plenamente y en su totalidad las disposiciones del Tratado. Lo que implica el respeto de las obligaciones y derechos que de él derivan.

10-.Forma parte del contenido del Tratado, la obligación del Estado costarricense de aprobar determinadas leyes, a efecto de dar cumplimiento a los compromisos contraídos.

11-.El Tratado estableció fechas dentro de las cuales debían entrar en vigencia algunas de las leyes que Costa Rica debía aprobar. Los términos así estipulados han vencido, salvo lo dispuesto en la Sección H. III.2 del Capítulo 12 para los servicios de seguros obligatorio de vehículos y seguros contra riesgos del trabajo.

12-.La aprobación y promulgación de estas leyes no es necesaria para la entrada en vigor del Tratado pero sí condiciona su eficacia plena. Es por ello que, conforme el principio de pacta sunt servanda, el Estado costarricense está en la obligación de legislar en forma inmediata para dar plena observancia al Tratado.

13-.Consecuentemente, a partir de la entrada en vigor del Tratado, la omisión o ausencia de aprobación de dichas leyes implica un incumplimiento de las obligaciones derivadas del Tratado y por ende, es susceptible de comprometer la responsabilidad del Estado costarricense.

14-.Con el fin de evitar cualquier discusión sobre esa responsabilidad de Costa Rica en el plano internacional y con fundamento en los principios de pacta sunt servanda y de buena fe, lo procedente es aprobar las leyes a que Costa Rica se ha comprometido, con anterioridad o concomitantemente a la entrada en vigencia del Tratado.

Adoctrinamiento universitario

El pasado viernes 15 de febrero fue mi graduación como bachiller en Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica. Asistí al acto no de buena gana, pues ese tipo de actividades no son de mi particular agrado.

En el programa había un espacio para que Monserrat Sagot, representante del Consejo Universitario, y Carlos Villalobos, Vicerrector de Vida Estudiantil, dirigieran unas palabras a los graduandos y graduandas allí presentes, mismas que, imaginé, versarían sobre los temas políticamente correctos que se tocan en una actividad de ese tipo: compromiso para con la comunidad, solidaridad, responsabilidad, contribución a la construcción de una mejor patria y un mejor futuro y demás sandeces. Iba predispuesto a oir ese tipo de cosas, por lo cual no tenía muchas ganas de asistir, pero no tenía opción: mi libertad fue totalmente coartada cuando en Registro nos informaron que si no asistíamos no se nos entregaba el título.

No obstante, todo lo anterior no es lo que me motiva a escribir este artículo. Lo hago a causa de las inoportunas, imprudentes y dogmáticas palabras de estas dos autoridades universitarias. La señora Sagot, además de lo predecible, dijo que "hace dos días se aprobó un proyecto de ley que atenta contra el modelo de desarrollo solidario en telecomunicaciones y contra la soberanía de Costa Rica" refiriéndose a la Ley General de Telecomunicaciones (aprobada en primer debate). Invitó a los graduandos y graduandas no sólo a "informarse sobre la realidad política del país, sino también a luchar activamente contra el mal que representa el modelo neoliberal". Reclamó también que las autoridades gubernamentales no quisieron escuchar las contribuciones "científicas y analíticas" de la UCR en el debate del TLC, entre las que destacó el tristemente célebre documento de Roces de constitucionalidad del TLC.

Aquí quiero tocar varios puntos: 1) una acto de graduación no es el lugar ni el momento oportuno para exponer lo que Sagot dijo; 2) la representante del Consejo Universitario falta a la verdad cuando alega que los aportes de la UCR fueron científicos y analíticos, pues los estudiantes que estabamos a favor del TLC en dicho centro de estudios tuvimos la oportunidad de presenciar cursos, profesores y conferencias totalmente parcializadas a favor del grupo del NO, con reducidos espacios para que la gente del Sí pudiera expresarse. Incluso, algunos fuimos víctimas de amenazas (como la que publicamos en este blog) y las autoridades correspondientes dejaron pasar la denuncia (vaya paradoja, aquí si aplican la máxima lassez faire, lassez passer); 3) el llamado a luchar contra un modelo específico puede prestarse para malas interpretaciones (presumiendo la inocencia de las palabras de Sagot) que flaco favor le hacen a la paz y estabilidad que Costa Rica necesita en esta coyuntura, pues muchos de esos mensajes han sido tomados por grupos de estudiantes como una justificación institucional del vandalismo; 4) el documento de "Roces de Constitucionalidad" fue brillantemente despedazado por un grupo de juristas, entre los que se encontraban Rubén Hernández, Alan Thompson, Fabián Volio y otros, demostrándo no sólo el desconocimiento en materia constitucional de muchos de los asesores de Rectoría, sino la manipulación de información por parte de la Universidad de Costa Rica para sostener sus hipótesis.

Luego, el señor Villalobos, viendo que las declaraciones de Sagot habían generado extrañeza (probablemente haya visto mi gesto de enojo y desaprobación pues yo estaba en las primeras filas) trató de enfriar el tema, pero no tuvo suerte. Mencionó que "en este momento, en el país hay dos fuerzas: la que ve en el mercado el motor del desarrollo y la que cree en la solidaridad, la justicia y la paz social". Luego, expresó que "en estos momentos, la tesis promercado había ganado la primera batalla de esta gran lucha en que se encuentra el país". Su comentario fue totalmente separado de la realidad, por varias razones: 1) no existen tan sólo dos fuerzas, sino multiplicidad de ellas, aunque en la Universidad pretendar utilizar el enfoque reduccionista del maniqueísmo cada vez que puedan; 2) las declaraciones de este señor presuponen que los promercado no pretenden la justicia, la solidaridad ni la paz social. A este respecto, cabe aclarar que entre los promercado, el señor Villalobos agrupa gran cantidad de individuos y grupos que, en la mayoría de las ocasiones, no tienen nada más en común que estar de acuerdo con el TLC. Por mi parte y de parte de alguna gente que conozco y que es cercana a mi pensamiento, vale aclararle al Vicerrector que muchos promercado sí creemos en la solidaridad pero como una escogencia voluntaria, en la paz social como sinónimo de reducción de conflictos para una adecuada cooperación entre individuos y grupos; y en la justicia, aunque llenemos de contenido, de manera diferente a otras personas, dicho concepto. Por último, cuando el vicerrector menciona las palabras lucha y batalla, resulta paradójico respecto a la pretensión de paz social antes expuesta, pues esos conceptos tienen un contenido que hace referencia a cosas específicas y que no coadyuvan a bajar el tono de los enfrentamientos entre individuos y grupos.

Como se puede observar, parece que algunos académicos, absortos en su torre de babel, no pueden creer que la ciudadanía haya sido capaz de decidir a favor de más y mejores oportunidades de producción, consumo, empleo y empresarialidad y no a favor de las tesis bizantinas de precio y comercio justo y justicia social, dicho sea de paso, inteligibles sólo para sus defensores. Resulta verdaderamente repugnante ver que las universidades públicas (UCR, UNA y TEC) hayan perdido la noción de lo que la palabra Universidad significa: universalidad de pensamientos, posiciones, investigación científica, seria y contrastable con los datos que arroja la realidad, actitud crítica, etc. y haya cambiado esos valores por dogmatismo, arrogancia, pretensión de conocimiento, parcialidazación y panfletarismo.

Durante todo el proceso del referéndum y aún en la actualidad, esos centros siguen patrocinando, de una u otra manera, la intolerancia, el irrespeto a la voluntad de los electores y la estrategia de adoctrinamiento hacia los estudiantes, principalmente cuando ingresan a la Universidad y se topan con esa monstruosidad llamada Estudios Generales, donde muchos nos topamos con profetas más que con profesores. El famoso Jerry Espinoza es un ejemplo de ello. En fin, resulta lamentable que las universidades hayan abandonado el sapere aude para dar paso a la Revolución académica que busca implantar el Estado ideal gestado en la torre de babel.

Alejandro Barrantes

Descomunal engaño sindical

El sindicalismo del ICE ha disparado su ultimo cartucho en contra de la aprobación legislativa del proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, con la publicación de un anuncio en el que se pronostica el alza de tarifas en telefonía fija convencional como consecuencia irremediable de la entrada en vigencia de esa ley. La tesis que sustentan es una total falacia, cuyo único objetivo es confundir y engañar a los lectores.

Sostienen que la tarifa básica en telefonía fija residencial, hoy en ¢1.850 ($3,70) al mes, con derecho a 160 minutos de uso, sufrirá un aumento de ¢3.300 a consecuencia de la obligatoriedad de eliminar los subsidios que manda la nueva ley. Los sindicalistas consideran como subsidio los ingresos extras que el ICE percibe por los minutos de servicio en excedente respecto a los 160 minutos incluidos en la tarifa básica. Según estadísticas publicadas por la Aresep, las líneas comerciales representan el 20% del total y las residenciales, el 80%; y el cargo promedio mensual por línea telefónica es de unos ¢5.175 ($ 10,35). El cargo promedio por línea resulta de dividir el ingreso total por la facturación de los servicios en telefonía fija convencional, estimado en $11,4 millones mensuales, entre el número total de líneas facturadas, que rondan 1,1 millones. Los sindicalistas consideran dolosamente al cargo promedio por línea, como el costo de operación mínimo para cada línea.

Si no paga, no disfruta. Del estudio de las tarifas de telefonía fija aprobadas por la Aresep se deduce que no existe ningún subsidio entre usuarios para el servicio de telefonía fija convencional, pues todos pagamos la misma tarifa básica residencial de ¢11,56 minuto por los primeros 160 minutos (¢13,44 minuto las líneas comerciales) y de ¢ 4,10 el minuto a tarifa plena u horario diurno, y de ¢2 el minuto en horas nocturnas y fin de semana. Y el que no paga lo consumido, sin contemplación ni solidaridad que valga, simplemente no disfruta del servicio por desconexión automática a partir del segundo día de mora.

La tarifa básica que todos pagamos por el servicio garantiza al ICE suficientes ingresos para cubrir el costo mínimo de operación de toda la plataforma de telefonía fija, aun cuando el consumo de todos sus abonados fuese nulo. Hasta en esa extrema situación, equivalente a un boicot nacional del servicio, el ICE percibiría la suma de ¢1.850 x 880.000 + ¢2.150 x 220.000)/500 > $ 4,2 millones por mes, $ 50,4 millones por año, monto suficiente para pagar la planilla de 4.200 empleados con salarios promedio de $1.000 cada uno. Los ingresos totales por telefonía fija hoy ya superan los $150 millones por año y seguirán creciendo proporcional- mente con el mayor ingreso per cápita y con el crecimiento de la economía.

Incomprensible aberración. No obstante, todavía se mantiene una aberración tarifaria incomprensible que perjudica seriamente el ingreso del ICE, y por lo tanto podría incidir en el futuro en un deterioro en la calidad del servicio. La tarifa básica cobra los primeros 160 minutos a razón de ¢11,56 el minuto, mientras que el excedente a solo ¢4 y ¢2. En todas partes del mundo, el excedente se cobra igual o superior o ligeramente inferior, pero no tan barato.

Es muy probable que ante un aumento de costos y salarios, el ICE se vea obligado a solicitar un incremento en la tarifa del consumo en exceso: de ¢4 a algo superior, pero ello no implicará una modificación a la tarifa básica como insisten engañosamente los sindicalistas. No hay manera alguna de que las tarifas básicas residenciales o comerciales tengan que ser aumentadas por la eliminación de los famosos “supuestos subsidios” o por efectos de la competencia; primero, porque nadie subsidia a nadie según las tarifas vigentes en telefonía fija y, segundo, porque toda la telefonía fija convencional seguirá siendo una concesión en monopolio para el ICE, con todo y TLC, apertura y Ley de Telecomunicaciones.

Ricardo Trujillo

Acto de Valentía

En ASOJOD queríamos reconocer la valiente decisión de Andrea Morales de conformar quorum. El PAC debería dejarse ya de los eufemismos y decir la verdad, la cual es que no tienen ningún interés en mejorar la agenda de implementación sino en que la misma no sea aprobada.

En ASOJOD esperamos que en las elecciones del 2010 el PAC quede de una vez por todas sepultado, lo que si sabemos es que ya no podrán seguir utilizando su discurso democrático y de política no tradicional.

Mociones a la Agenda de Implementación

Acá tenemos unos cuantos ejemplos de la cantidad de mociones propuestas por el PAC a las leyes de la Agenda de Implementación del TLC. Podrán, asimismo, ver lo absurdo de ellas:

Expediente 16.397 Ley de Fortalecimiento de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones.
Artículos del proyecto: 59.
Total de mociones presentadas: 1991.
Total de fotocopias para ese proyecto: 52.239

Expediente 16.398 Ley General de Telecomunicaciones
Artículos del proyecto: 84
Total de mociones presentadas: 2018
Total de fotocopias para ese proyecto: 52.188

Expediente 16.327 Ley de Protección a la Obtenciones Vegetales
Artículos del proyecto: 54
Total de mociones presentadas: 1829
Total de fotocopias para ese proyecto: 26.397

Total de mociones presentadas para los tres proyecto: 5838
Total de fotocopias para los tres proyectos: 130.824

a) Ejemplo de mocion presentada por el PAC, pliego 8054 del expediente 16.397:

Cambiar:

"El regulador general y el regulador general adjunto tendrán dedicación exclusiva"

Por:

"El regulador general y el regulador general adjunto deberán acogerse al régimen de dedicación exclusiva"

b) Moción del diputado Rosales (PAC) del expediente 16.397, folio 8070.

Cambiar:

"El Regulador General, el Regulador General Adjunto, el Auditor y los demás miembros de la Junta Directiva, cesarán en sus cargos por cualquiera de las siguientes causas:

...

d) Negligencia o falta grave, debidamente comprobada, contra el ordenamiento jurídico en el cumplimiento de los deberes de su cargo."

Por:

"El Regulador General, el Regulador General Adjunto, el Auditor y los demás miembros de la Junta Directiva, cesarán en sus cargos por cualquiera de las siguientes causas:

...

d) Negligencia o falta grave, debidamente comprobada, contra el ordenamiento jurídico RELACIONADO en el cumplimiento de los deberes de su cargo."

c) Esta otra de Olivier Pérez (PAC) expediente 16.397, folio 8091.

Cambiar:

"Son deberes y atribuciones del Regulador General:

(...)

8. Suscribir los contratos de concesión para los servicios públicos que así lo requieran."

Por:

"Son deberes y atribuciones del Regulador General:

(...)

8. Suscribir los contratos de concesión para LA PRESTACIÓN DE los servicios públicos que así lo requieran."

Ya habíamos escuchado toda la perorata de Ottón Solís en cuanto a que las mociones que se presentarían serían responsables con el fin de remediar los proyectos, pero con ejemplos como estos se puede apreciar perfectamente la mala fe del PAC en cuanto a sus actuaciones. Queda claro que dichas mociones tienen como único fin impedir la entrada en vigencia del TLC, irrespetando el mandato popular. En ASOJOD esperamos que este partido desaparezca para el 2010, toda vez que Costa Rica requiere avanzar y esa tarea resulta imposible con partidos como este, que no proponen nada.

Absurda oposición legislativa

Mientras en Costa Rica los diputados Merino y la bancada del PAC se las ingenian para ahogar en cientos de mociones el proyecto en discusión legislativa para dotarnos de nuestra primera Ley General en Telecomunicaciones, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones –UIT– desde Ginebra, Suiza, en respuesta a las exigencias del mercado mundial, ha reasignado el uso de algunas bandas del espectro radioeléctrico, para facilitar y promover el uso de la telefonía móvil de tercera generación.

Apertura de banda. Los miembros de la UIT, incluyendo a Costa Rica, en una reciente convención mundial (WRC07), coincidieron en reasignar la banda del radioespectro desde los 689 MHz hasta los 862 MHz, frecuencias con excelentes características para la transmisión a grandes distancias, anteriormente asignadas a canales de TV por UHF y buscapersonas, para los muy solicitados servicios de telefonía móvil mas navegación por Internet a velocidades desde los 64 Kbps hasta los 2 Mbps, conocida también como la telefonía de tercera generación. Esta reasignación de bandas para los servicios de 3G, adicionales a los TDMA y GSM existentes, representa un incremento en capacidad suficiente como para permitir la transmisión de 30 portadoras de tecnología W-CDMA con ancho de banda de 5 MHz cada una, a través de 15 operadores en competencia, cada uno utilizando dos portadoras. Solo en Estados Unidos, la FCC ha sacado a subasta para este mes de enero 1.099 licencias de operación en esa banda. Se trata, sin duda, de una gran apertura del radioespectro que viene a dar al traste con los sueños de acaparamiento indefinido de frecuencias que muchos operadores hubiesen deseado mantener en usufructo para siempre. Se trata de una verdadera optimización del radioespectro, que permitirá mayor grado de libertad en escogencia para los abonados de todo el planeta, y que, sin duda, reducirá drásticamente los costos actuales del servicio.

Otra Costa Rica. Los diputados que todavía se oponen a la apertura en telecomunicaciones, y en general al cambio del estatismo económico a ultranza por un mercado de capitales mixtos en la prestación de servicios públicos, son cada vez menos. Estamos por presenciar un desplazamiento paula- tino de los votos legislativos hacia el grupo mayoritario del G-38, a medida se acerca el nuevo periodo electoral. La Costa Rica posreferendo es totalmente otra, y sus exigencias están mucho más orientadas al desarrollo y consolidación de un modelo social basado en el esfuerzo productivo individual, familiar y empresarial, que en la defensa a muerte del caduco modelo de la redistribución de la riqueza por la sola vía de los servicios públicos. Ya muy pocos costarricenses están dispuestos a morir luchando en la ultima trinchera en defensa de un modelo de redistribución económica seriamente deteriorado y apenas consistente en la devolución de migajas de muy bajo valor, como el supuesto subsidio de la tarifa básica de la telefonía fija y la solidaridad con las zonas rurales a través de teléfonos públicos.

Las demandas de seguridad social para este siglo XXI se están actualizando y modernizando. El periodo electoral que ya se aproxima abrirá ciertamente la posibilidad de replantear y redefinir las nuevas prioridades de solidaridad social que demandarán los ciudadanos de esa nueva Costa Rica que ya se encuentra en febril construcción.

Ricardo Trujillo

Mociones a la Agenda de Implementación

El último informe del Latinobarómetro 2007 detalla que en Costa Rica la confianza ciudadana en los partidos políticos alcanza apenas el 15%. Siendo el Congreso el espacio donde la ciudadanía puede valorar de forma constante la actuación de los partidos, es totalmente comprensible la desvalorización de que es objeto esta institución, por considerarla más un circo mediático donde hay mucha discusión y poca acción, que una instancia de representación política de las personas. Precisamente a esa situación contribuido la actuación del PAC con la estrategia de poner cientos de mociones a los proyectos de la Agenda Complementaria. No critico tanto el hecho de que el PAC utilice esa estrategia sino que siga llamándose a sí mismo un partido patriótico y respetuoso de la soberanía popular sin el más mínimo empacho.

En un inicio, el PAC entró a la escena política nacional como el partido de la ética en la función pública, para luego demostrar que era pura demagogia: dos diputadas cometieron actos éticamente cuestionables y otro diputado inquisidor acusa a diestra y siniestra sin lograr nunca nada concreto. ¿Acusaciones infundadas? ¿Paranoia política? Pero también se presentaba el PAC como el verdadero y legítimo intérprete del pueblo, el cual le susurraba al oido su divina voluntad: rechazar el TLC por ser una herramienta del injusto, inhumano y voraz capitalismo salvaje.

Sin embargo, el referéndum del pasado 7 de octubre reveló que la mayoría de la población costarricense sí quería el TLC. Después de meses de arduo trabajo, quienes estabamos con el Sí respiramos tranquilos, con la satisfacción de una meta lograda. ¿Qué pasó ese día? ¿El PAC había interpretado mal el mensaje del pueblo? No, para el PAC, el pueblo se había equivocado. O más concretamente, se había dejado engañar y manipular por el "fraude mediático". Así pues, el lema que adoptó desde entonces el PAC fue que si la realidad no se adapta a lo que ellos dicen, peor para ella. Blandiendo el argumento místico de conocer la voluntad del soberano (nada diferente al agustinismo político de siglos atrás), el PAC decidió salvar a Costa Rica de sí misma interponiendo centenares de mociones para que el TLC no pudiera ser implementado.

¿Quiénes se creen los diputados del PAC? Ahora don Ottón Solís da clases de Comercio Internacional (sin ni siquiera haber comprendido los conceptos más básicos del comercio) y gana en dólares; ahora doña Elizabeth Fonseca deja ver que, para ella y su fracción, la voluntad ciudadana no interesa sino se apega a los intereses y propuestas de su partido; ahora el G-38, para Rafael Madrigal, montó un "show" llevando las mociones en carretillos a una rueda de prensa. Definitivamente la realidad ha de estar equivocada y el PAC sigue siendo el partido de la ética en Costa Rica y, ergo, los datos del Latinobarómetro 2007 y la percepción ciudadana de los partidos son erróneos.

La mayoría de los costarricenses queremos el TLC y le dimos a los diputados el mandato de aprobarlo. Y lógicamente que para tener TLC son necesarias las leyes de la Agenda de Implementación. Una cosa implica la otra. Pero el PAC cree que no, que los costarricenses decidimos por una cosa pero no por la otra. Precisamente este tipo de conducta coadyuba a que se profundice el descrédito de los partidos políticos, del Congreso y, en general, de la política. La política es un arte, pero gracias al PAC, los costarricenses refuerzan su prejucio respecto a ella como el arte del engaño. Por eso, por favor, señores del PAC, no vilipendien más a la política que es tan bella y necesaria; se los ruega un politólogo. Permítanle a los costarricenses volver a confiar en el Congreso, en los partidos y en la política, porque la continua desconfianza en ellos genera, de una u otra forma, desconfianza en la democracia. Y cuando eso pasa, el advenimiento de los totalitarismos está a la vuelta de la esquina.

Alejandro Barrantes Requeno

Referéndum sobre UPOV

En días pasados, salió a la luz pública la noticia de que un grupo de ambientalistas comenzarían a recolectar firmas para llevar a referéndum el convenio de obtenciones vegetales que está dentro de la agenda de implementación del TLC. En ASOJOD rechazamos categóricamente ese planteamiento: la ciudadanía costarricense ya decidió la suerte del TLC; lo aprobó y, como indicó Alberto Trejos en su momento, es obvio que para que el TLC entre en vigencia se necesitan todas esas leyes de la Agenda. Hay cosas que se sobreentienden pero que, lamentablemente, algunos inescrupulosos y desvergonzados desean obviar.

Como lo habíamos señalado tiempo atrás en nuestro artículo Democracia en pañales, algunos insatisfechos por el resultado en las urnas, deciden realizar "segundas vueltas electorales" en todo momento. Se trata de gente que irrespeta la decisión del soberano tan sólo porque no se acomoda a sus expectativas: primero fue en las elecciones nacionales, ahora en el referéndum. En aquel artículo también pronosticamos que el mecanismo de referéndum sería utilizado muy luego por cualquier grupo como parte de una estrategia política. Y los ambientalistas nos están dando la razón.

El problema con esta cuasi-religión verde es que pretenden mantener incólume el medio ambiente. Se oponen a cualquier cosa que vaya más allá de pisar el césped, aún cuando esto sea necesario para el desarrollo. Y lo paradójico es que son de los primeros en reclamar sobre la pobreza en los países. Como apunta el dicho popular, "ni prestan el hacha ni pican leña", a lo que hay que agregar que se sientan encima del palo. Ya lo han demostrado los tipejos de Greenpeace, quienes se amarran a árboles en lugar de trabajar para producir riqueza.

Los grupos verdes en Costa Rica que hoy promueven la recolección de firmas tienen un dilema por resolver en cuanto a la jerarquía de sus fines. Es el gran debate planteado: ¿buscan proteger el medio ambiente o buscar aumentar su poder político como grupo de interés? Más específicamente, ¿les preocupa la posibilidad de patentar nuevas obtenciones vegetales o lo que quieren es, simple y llanamente, impedir que entre en vigencia el TLC?

Por medio de la abducción, en ASOJOD consideramos que la prioridad de los verdes es traerse abajo el TLC. ¿Qué es la abducción? Es un razonamiento inductivo donde se parte de una relación de implicación en donde, dado el consecuente, se parte de una regla de experiencia para determinar la causalidad. De ese modo, la conclusión no se deriva directamente de las premisas, como en la deducción, sino que se saca por la regla de la experiencia. En ese sentido, utilizando la experiencia de los movimientos revolucionarios del colectivismo y del misticismo, podemos concluir que en ellos siempre se ha dado un traslape de fines. Si persisten las dudas, invitamos a revisar lo ocurrido con los experimentos marxistas-leninistas, donde el fin último era la eliminación de clases y el resultado fue la sustitución de una clase opresora por otra. Basta con saber que la mayoría de los miembros del bloque verde en Costa Rica han coqueteado o siguen en un affair con el anarquismo, el marxismo, el trostkismo, el luxemburguismo, etc.; en fin, forman parte de la variada fauna colectivista, por lo que es de esperar que los vicios de unos se le contagien a los otros.

¿Cómo resolverán esta paradoja los ambientalistas? En ASOJOD proponemos un referéndum para que ellos definan su fin principal. Mientras, nos conformamos con denunciar este acto de terrorismo político-jurídico con el que ellos pretenden hacer un nuevo desplante al soberano que ha tomado ya una decisión sobre el TLC.

Apertura telefónica y mito

A pesar de los reiterados augurios apocalípticos, magistralmente configurados y diseminados por la dirigencia del sindicalismo, Costa Rica no comió cuento y votó decididamente a favor del TLC.

En dicho tratado, ya aprobado, Costa Rica se compromete a una apertura de su mercado en telecomunicaciones, es decir, a permitir la inversión privada junto a la estatal existente, para la operación y prestación de servicios en ese sector de la economía.

Lógicamente, no podrá haber apertura exitosa si no se aprueba el marco legal que la permita, regule, controle y proteja. Ese proyecto de ley, cuyo objetivo primordial está claramente definido en sus artículos 2 y 3, se encuentra listo para discusión y aprobación en primer debate en el plenario de la Asamblea Legislativa. La bancada del PAC y dos partidos minoritarios están decididos a retrasar su aprobación mediante la introducción de mociones al texto aprobado por la comisión que lo estudió y dictaminó hace varios meses.

Soluciones modernas. El texto actual del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones ha incorporado soluciones modernas para las múltiples preocupaciones de carácter social que se han esgrimido, y en especial, el respeto a los principios de solidaridad y universalidad que han caracterizado la prestación de esos servicios durante medio siglo por medio del ICE. Incorpora nuevos derechos para los abonados de acuerdo con la exigencia constitucional para un trato equitativo, transparente y no discriminatorio de parte de los futuros operadores a sus clientes. Adicionalmente, crea un fondo de solidaridad financiado por los ingresos de los operadores para garantizar los servicios en aquellas áreas no rentables, pero cuya cobertura es una necesidad social.

¿Qué pretenden mejorar o cambiar las mociones del PAC? Todavía existe la errónea creencia de que solo el Estado y sus instituciones pueden servir apropiadamente a los sectores de escasos recursos. Crasa equivocación. Con las actuales tecnologías, el servicio de la telefonía celular se brinda con mayor rentabilidad en las zonas de mayor densidad poblacional con respecto a las áreas menos pobladas. Prueba de ello es que El Salvador, con la mayor densidad poblacional de Latinoamérica, cuenta con el más alto índice de penetración en telefonía celular de la región: casi un 72%, más del doble de la nuestra. Y esa cobertura beneficia precisamente a los pobladores de más bajos ingresos.

Se puede más. Si el ICE no ha utilizado el sistema de prepago ni mejorado su comercialización ni colocado sus torres en las zonas de más tráfico y población para beneficio de los habitantes de más escasos recursos, no implica que los operadores privados no lo puedan hacer. Todo lo contrario, la incursión de operadores privados en abierta competencia es la mejor garantía para que el actual servicio de la telefonía móvil beneficie al 100% de nuestra población, y en especial a los sectores de más bajos ingresos y rurales.

El servicio ampliamente difundido y de fácil, rápida y baja adquisición, con tarifas similares y hasta inferiores a las nuestras, que ya gozan los pobladores de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, es la mejor prueba de lo socialmente beneficiosa que puede llegar a ser la apertura de las telecomunicaciones.

Mocionar para, simplemente, atrasar una ley de tan suma urgencia puede salirle tan caro al PAC como un tiro por la culata.

Por Ricardo Trujillo

¿Ahora sí deciden?

Después de presenciar los intentos de diputados de diversas fracciones por debilitar al INS, permitiendo a las cooperativas y bancos públicos actuar en el mercado de seguros bajo condiciones privilegiadas y, después de presenciar la defensa casi unánime de una moción que pretendía la apertura de la telefonía fija, supongo que no deberían sorprenderme las pretensiones de ampliar la legislación de propiedad intelectual más allá del TLC; es decir, más allá de lo que aprobamos en el referéndum.

No es que los diputados por sí no tengan la potestad de legislar más allá de los acuerdos asumidos con el CAFTA. Lo que considero absolutamente reprochable es hacerlo después de que se tuviera que recurrir al referéndum para obligar a la adopción de una posición que los mismos diputados debían tomar desde hacía muchos meses, en ejercicio de sus obligaciones. El haber esperado a que el SÍ ganara para aprovechar la coyuntura y aprobar la normativa de implementación, exige al legislador un marco de acción en respeto de la voluntad popular de quienes acudimos a las urnas. Se trata no de un límite jurídico sino de un límite ético.

Sanciones y propiedad intelectual. La Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N.° 8029) se promulgó, según el ADPIC, para implementar los acuerdos asumidos ante la OMC sobre medidas eficaces contra las acciones infractoras de la propiedad intelectual, para la tipificación de nuevas conductas y la fijación de disposiciones obligatorias en cuanto a los procedi- mientos, las pruebas y las providencias judiciales (cautelares, definitivas y en frontera). Del artículo 15.11 del TLC es poco lo que el país debe reformar respecto a lo que ya tenemos.

En cuanto a sanciones, la ley actual establece penas de 1 a 3 años de cárcel para los delitos de propiedad intelectual. El TLC señala en el artículo 15.11.26 que “cada Parte garantizará sanciones que incluyan penas privativas de libertad o sanciones disuasorias, o ambas, suficientemente disuasorias de futuras infracciones”. Es decir, que el aumento de la pena de prisión hasta 6 años que se pretende con el proyecto de Ley N.º 16117, no se deriva del TLC. Al contrario, el CAFTA permite fijar sanciones disuasorias e incluso sustitutivas a las penas privativas de libertad.

Si bien la misma Sala Constitucional ha manifestado la constitucionalidad de la represión penal por violación de la propiedad intelectual (Voto N.º 1065-95), las penas privativas de libertad no resarcen a la víctima de este delito, no protegen las obras y han demostrado no tener el efecto disuasor que en el fondo se persigue.

Monto de la sanción. El proyecto de ley consigna parámetros para la cuantificación del castigo por violaciones a la propiedad intelectual. Dichos parámetros no pueden ser medidos como penas disuasorias, sino que responden a un mecanismo para garantizar a la víctima una compensación pecuniaria por el daño moral y patrimonial sufrido. Si bien este extremo tampoco se regula en el CAFTA, en este caso no resulta excesivo en el tanto se trata de facilitar al juez los montos mínimos y máximos para fijar daños y perjuicios.

Si bien los empresarios costarricenses se han opuesto, lo cierto es que, a hoy, los daños y perjuicios en esta materia los fija el juez con criterios menos rigurosos, lo que tradicionalmente ha impedido un verdadero resarcimiento pecuniario a favor del titular de la obra o de la víctima, pues culturalmente no se valora el daño que produce este tipo de delitos. Si a esto agregamos que la persecución penal ha sido infructuosa por la política del Fiscal General de dejarla en manos privadas, la reforma quedará solo en el papel, sin que este tipo de delitos encuentren solución real.

Política criminal y propiedad. La oposición a estas normas se debe a la falta de una política criminal en la materia que hubiese permitido crear conciencia de la importancia de este delito, no solo en la población, sino también en el Poder Judicial, que debe destinar recursos para la persecución penal y la aplicación de medidas cautelares. Debe consolidarse un marco institucional y una conciencia social sólida sobre los efectos nocivos que causan estos delitos en perjuicio de la academia, de los artistas, de la cultura nacional y de la economía local. Si la población toma conciencia de este problema, el remedio penal será sustituido por métodos preventivos y reparadores del daño. Debe existir una política criminal que nazca en la conciencia social de la existencia y efectos del delito, pues el aumento de penas no va a suplir los demás remedios disuasorios que deben ser reforzados e institucionalizados. De tal forma, no resulta oportuno ir más allá del TLC aumentando las penas privativas de libertad, y nuevamente queda en evidencia que debemos adecuar las normas a nuestra realidad social.

Defendimos con vehemencia el Tratado con la conciencia de que el país necesita un cambio cualitativo para insertarse en el comercio internacional procurando un acceso efectivo y justo a los mercados. Pero nuestro voto fue por el tratado y una agenda de implementación ajustada exclusivamente a los compromisos asumidos por el país en el TLC. Tan reprochable es impedir que la voluntad del pueblo se haga efectiva, obstaculizando la aprobación de la agenda de implementación, como reprochable es que se utilice nuestro voto para adoptar normas que exceden abiertamente los resultados de la negociación comercial.

Por Alejandra Castro

Enjoy Capitalism

El día de ayer visité las instalaciones de la EARTH, la Escuela Agrícola de la Región del Trópico Húmedo, en Guácimo, como parte del curso Gobierno Local de la carrera de Ciencias Políticas. En la EARTH los estudiantes recibimos una charla acerca de los programas que esta institución desarrolla en conjunto con las comunidades cercanas en áreas como Desarrollo Agrícola, Desarrollo Agropecuario y otros. Luego, nos llevaron a visitar dos proyectos que se estaban implementando: uno de turismo rural y otro agropecuario, bastante exitosos.

Todo el mundo sabe que en este país la gente es muy dada a satanizar a la iniciativa privada por considerarla egoista, explotadora, insensible, capitalista a ultranza, etc., mientras que lo que provenga del Estado es maravilloso, por lo que legitiman que se nos quite parte de nuestro salario, vía impuestos y "contribuciones" forzosas, para ayudar a los que menos tienen. Y dentro de los que menos tienen siempre sitúan a los pequeños campesinos. Recuerdo a uno de los dirigentes de UPA-Nacional, en los debates que el TSE organizó respecto al TLC con Estados Unidos, diciendo que el pequeño productor iba a desaparecer porque ni los bancos daban créditos a tasas accesibles ni el Estado podía subsidiarlos porque el TLC así lo establecía. Una vez más, la realidad no sólo abofetea, sino que pisotea los argumentos de estos apocalípticos profetas del No, quienes auguraban las desgracias absolutas una vez que se terminara de contar el último voto del referéndum, si es que el resultado era la aprobación del TLC: bancos como el Banco Nacional y el BAC-San José están dandole crédito a los pequeños empresarios agropecuarios de Guácimo, Siquirres y Pococí luego de que la EARTH, una universidad privada (y privada de verdad no como los colegios católicos subvencionados que se hacen llamar privados)dona, lea bien, el trabajo de sus expertos y estudiantes en asesoramiento para que los lugareños puedan montar su empresa. En los casos de turismo rural y agropecuario que menciono, los productores dicen que les ha ido muy bien en su primer año de existencia. El primero ha producido cerca de 4 millones de colones por los servicios que brinda (alimentación, hospedaje, tour en jardin botánico, venta de gas metano producido por un biogestor) y el otro vende a grandes empresas cerca de 5 mil pollos "orgánicos" por mes, así como carne de res y cerdo para empresas relacionadas con embutidos.

No es el bienechor Estado el que necesita imprimir más billetes para regalárselo a los pequeños productores, sino que es la iniciativa privada la que está desarrollando programas para colaborar con el Desarrollo Local. Y lo hace por medio de concursos de emprendedurismo, de modo que el proyecto mejor elaborado recibe todo el apoyo logístico y profesional de la EARTH para salir adelante, enseñándoles cosas como manejo de recursos (los créditos bancarios a tasas de mercado), mercadeo, etc. Y la EARTH no es la única organización privada que hace eso. En ASOJOD ya hemos venido dando claros ejemplos de empresas como Wallmart, Intel, etc., que desarrollan programas que colaboran con el desarrollo de las comunidades en donde se instalan. Y no por medio de transferencias directas de dinero, sino por medio de asesoramiento y fomento del emprendedurismo como premio a las buenas ideas. Y estoy seguro que la tendencia se mantendrá, e inclusive aumentará, una vez que las empresas extranjeras se instalen en Costa Rica gracias al TLC.

Enjoy capitalism!! El lado bueno de la vida, como dice el slogan de Coca Cola.

Alejandro Barrantes Requeno