Tema polémico: volverán las oscuras golondrinas...a delinquir

Nuestro tema polémico de hoy no tendrá ni la elocuencia ni el romanticismo de los versos del poeta español Gustavo Adolfo Bécquer pero trata sobre lo mismo: golondrinas. Solo que son otras golondrinas, es decir, los reos que ordenó liberar el Presidente Luis Guillermo Solís.

Hace poco más de un mes, el Gobierno de la  República ordenó la excarcelación de casi 400 privados de libertad, alegando que lo hacía para cumplir con diversas sentencias de la Sala Constitucional que exigían respetar los derechos de estas personas, que estaban en condiciones de hacinamiento que ponían en peligro su salud e integridad física.

Poco tiempo después del anuncio, los presos comenzaron a salir, pese a los reclamos de la mayoría de actores políticos y sociales del país. Sin embargo, tan rápido como salieron, empezaron a hacer sus fechorías. Luego de que uno de ellos abusara sexualmente de una joven de 25 años, el mandatario indicó que "una golondrina no hace verano", para defender la excarcelación, alegando que era un caso aislado. 

Pero no resultó ser un caso aislado. Más allá de la forma chabacana, insensible y, por qué no decirlo, irresponsable con la que el mandatario abordó una situación tan delicada (seguramente no habría reaccionado igual si la víctima hubiese sido algun familiar suyo), durante el mes de junio se presentaron otros casos de personas liberadas por su directriz que reincidieron en la comisión de delitos, ya sea venta de drogas, asaltos y robos o, incluso, delitos sexuales contra menores de edad. Pese a todo esto, el Poder Ejecutivo insiste en su cabezonada y sigue excarcelando delincuentes.

Las golondrinas de esta histora, que se parecen más a los pájaros de la célebre obra de Alfred Hitchcock, volvieron a las calles pero para delinquir. Con esto se evidencia el gazapo, la improvisación y la torpeza con la que la Administración Solís Rivera ha manejado la situación de la seguridad. Tantos recursos que año a año se invierten en nuestro país para atacar la delincuencia y la violencia, y ahora se vienen a desperdiciar con la liberación de estos tipejos que solo llevan dolor y temor a las comunidades. 

Solís y su gabinete están más concentrados en los derechos que supuestamente se le están negando a los privados de libertad cuando deberían concentrarse en los derechos de las víctimas, de las personas honestas que han sufrido por los actos de los antisociales. Una cosa es otorgarle un beneficio de excarcelación o de pasar a un régimen semi institucional a alguien cuya sentencia es por un delito menor y otra muy diferente y errada es permitir a violadores, asesinos y asaltantes violentos salir, pues la probabilidad de que estas personas reincidan o busquen a quien los denunció y lo ataquen, es muy alta. 

En ASOJOD consideramos que si el problema es el hacinamiento, la solución no es la liberación, sino que pasa por la construcción de más infraestructura carcerlaria. Es cierto que también hay que trabajar en la prevención y en la generación de condiciones que ofrezcan oportunidades a las personas para que tengan un ingreso honrado, pero eso es un proceso cuyos resultados se verán con el tiempo. La problemática actual exige una respuesta inmediata y la única forma de abordarla es mediante la ampliación de las prisiones. 

Pero acompañando a esto, consideramos que debería variar la forma de ver las cárceles. Hoy son prácticamente escuelas para quienes están adentro, donde aprenden formas más elaboradas de dañar a las personas y donde acumulan más resentimiento y odio que luego descargan contra los inocentes al salir.  Las cárceles deberían convertirse en espacios donde los reos no solo purguen una condena sino donde también trabajen, tanto para mantenerse ocupados y dejar de pensar en nuevas formas de cometer delitos como para que puedan resarcir a la sociedad el daño cometido. 

No nos parece justo que una persona que ha sido víctima de un delito tenga que pagar con sus impuestos la manutención del privado de libertad; este último debería trabajar para cubrir, con lo que genere, los gastos en que debe incurrir el Estado por su encarcelamiento. Además, con esos recursos, también podría pagar a la víctima o a sus familiares por los daños que le ha causado (pues muchas veces los sentenciados son condenados a pagar por la vía civil los daños pero al no tener nada registrado a su nombre, no lo hacen) e, inclusive, podría aportarlos a su propia familia para ayudar con los gastos de un hogar que ha quedado desmenbrado por la errada decisión de uno de sus miembros. 

Sin duda, hay opciones más inteligentes y sensatas que la simple liberación de delincuentes. Hemos ofrecido una y de seguro, la discusión seria y propositiva presentará otras. Lástima que eso es algo que el Gobierno del cambio no parece entender.

La columna de Carlos Federico Smith: nuestro Estado incumple con una función esencial

Al menos en el pensamiento liberal clásico -y dejo de lado las visiones anarquistas o cuasi anarquistas-  se considera que el estado debe desempeñar algunas funciones básicas en una sociedad.  Uno de los más destacados pensadores de tal línea de pensamiento, Adam Smith, enfatizó el papel del estado para la protección de los ciudadanos ante la invasión de fuerzas externas (seguridad externa), así como para prevenir del abuso de alguno de sus ciudadanos sobre los otros (justicia o seguridad interna), al igual que debería de proveer ciertos tipos de obras públicas, tales como puentes o muelles, así como contribuir a la educación pública.  

Escribo lo de Smith para señalar que muchos otros pensadores liberales clásicos han propuesto otras cosas que deben ser pertinencia del estado. Por ejemplo, Friedman abogó por un impuesto negativo al ingreso o por un banco central del estado.  Pero lo crucial, lo común en todos ellos, es que todos le dan prioridad a la libertad de las personas, por lo cual el tema de hasta dónde llega la línea del papel del estado en sociedad, siempre estará presente en el debate que se da dentro del pensamiento liberal clásico. Como tantas cosas en la vida, este es un asunto que no está definitivamente determinado, sino que está vivo, en el pensamiento humano en torno a la forma de organización política que debe de disponer el individuo.

A lo que quiero llegar, es que casi todos los pensadores liberales clásicos consideran que el estado tiene un papel esencial, en cuanto a garantizar a todos los individuos su protección ante la acción de algún otro individuo en sociedad, que le causa o amenaza con causarle daño.  Así, hoy entendemos porqué la seguridad pública, la seguridad de los ciudadanos ante el crimen, ante el daño, está a cargo esencialmente del estado, tanto por medio de su fuerza policial, sino por lo que se conoce como su sistema judicial. Aquellos pensadores consideran que las personas le han dado al estado y a las autoridades judiciales el monopolio de la fuerza, pero buscan que tal fuerza monopolística sea la mínima necesaria, teniendo en mente que el estado no abuse de un poder amplio, ilimitado, sino restringido, pues fácilmente podemos comprobar los costos que derivarían de un estado, que abuse más allá de sus poderes claramente definidos.

Por tal razón, es crucial que los ciudadanos estemos muy atentos al movimiento ciudadano que se ha estado forjando en la zona de San Carlos, según lo indica La Nación del 23 de setiembre, en su comentario titulado “Sancarleños se organizan para frenar la delincuencia: Iniciativa de una empresaria.” Así es, dirigido por una exportadora de piña, doña Ángela López, se ha logrado reunir a un grupo de vecinos profundamente preocupados por la ola de delincuencia en la zona, pero, en especial, por la displicencia con que las autoridades han tratado las diversas denuncias que han hecho los ciudadanos.  Por tal razón, señaló doña Ángela a La Nación, es el momento de que los vecinos hagan valer sus derechos y de actuar unidos contra la delincuencia.  En sus palabras, “los sancarleños son atropellados en su seguridad, por lo cual considera que llegó el momento de actuar en conjunto y de hacer valer sus derechos.” Además, explicó que “los vecinos deben dejar el miedo a un lado e emprender acciones inmediatas para que la Policía y las autoridades judiciales le presten atención al asunto.” 

Entendamos que, cuando se repite el eslogan político “la justicia es un asunto de todos”, debe interpretarse no en cuanto a que cada cual de nosotros decida que impondrá la justicia y que ejercerá institucionalmente, por medio de un cuerpo policial organizado, la labor de proteger a los ciudadanos de los delincuentes que pretendan violar sus derechos y sus propiedades.  Ese “todos” tiene que entenderse en cuanto a que el monopolio de la fuerza, de la coerción, está en manos del estado (por delegación de “todos” nosotros, los ciudadanos) y que, para que aquél no abuse, tales poderes deberán ser explícitamente definidos y delimitados, usualmente en una constitución o un cuerpo legal similar.

Uno espera que esta situación de San Carlos (y, por extensión, de cualquier lado del país) no llegue a que los ciudadanos tomen la justicia en sus manos, al menos en cuanto al castigo para aquellos que violan sus derechos y que siguen impunes en mucho por la inacción de las autoridades policiales del estado, así como del Poder Judicial.  Si el estado no cumple con una de sus funciones esenciales para las cuales existe, no duden que los ciudadanos tomarán la tarea en sus manos, con el riesgo de que ello pueda terminar en una violación de los derechos de otras personas, que es lo que se pretende evitar cuando se le ha otorgado al estado esa función de monopolio de la fuerza.  El problema es que, si cada grupo o persona en sociedad decide ejercer la ley por sí mismo, conducirá posiblemente a una anarquía y a una violencia insoportable e inconveniente.

Lo anterior es relevante, máxime cuando, tal como lo reporta La Nación del 18 de octubre, en su artículo titulado “Hampa ataca zona norte luego de visita de ministro y fiscal: Dos asaltos a negocios este viernes”, como resultado de la acción de los vecinos para organizarse en su lucha contra el hampa violadora de sus derechos y ante un silencio sorprendente de las autoridades estatales encargadas de la seguridad de las personas y de las propiedades, se habían apersonado a la zona norte el ministro de seguridad, señor Gustavo Mata y el subjefe de la Fiscalía, señor Celso Gamboa, a fin de reunirse con los vecinos en torno al asunto expuesto.  Apenas terminada la reunión, se presentaron una vez más los atracos a personas y el robo de bienes. 

Como resultado, “los lugareños están convocando una marcha” para protestar ante los tribunales judiciales.  Si el estado no asume la función que constitucionalmente le obliga, los ciudadanos terminarán tomando la justicia en sus manos y cualquier cosa que se derive de ello será responsabilidad de aquellos que no cumplieron con sus obligaciones. Es increíble que tengamos un estado que se suele meter en cuanta cosa puede de nuestras vidas, pero no lo hace en aquello que, por ley, le corresponde hacer. No se trata de repetir el dicho de “casa de herrero, cuchillo de palo”, sino en enfatizar que se trata del abandono del estado de una de sus funciones esenciales, lo cual le abre espacio para que los individuos, ante tal vacío, decidan ejercer las funciones que el estado deja de hacer y eso nos puede sumir en la anarquía.

Hay que tener presente que la libertad no es ilimitada, sino que la libertad de una persona llega adonde llega la libertad de otra persona. Por ello, “libertad no significa que usted sea libre de robar, amenazar, coaccionar, atacar o asesinar a otro, pues eso violaría la libertad de ellos.” [Eamon Butler, Classical Liberalism: A Premier, Londres, Institute of Economic Affairs, 2015, p. 3 y que puede ser obtenido en http://www.iea.org.uk/sites/default/files/publications/files/Butler-interactive.pdf Por ello es que nuestros ancestros consideraron indispensable que, en un orden civilizado, el estado tenga el monopolio de la coerción, pero fuertemente restringido en el ejercicio del poder. No queremos ni el abuso del estado, ni la vigencia de la anarquía.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: el origen de la delincuencia

Dada la apremiante situación que tiene nuestro país con la delincuencia azotando cada esquina y amenazando a todos los individuos decentes que tratan de vivir en paz, en ASOJOD nos pareció importante hacer una breve reflexión sobre el origen de este problema.

Hay quienes dicen que la causa de la delincuencia es la falta de oportunidades, la pobreza, la misería, todo lo cual hace que las personas tengan que robar para poder sobrevivir. Son quienes afirman que la delincuencia es un producto social y tienen el descaro de responsabilizarnos a todos los demás por lo que una persona hace. Ven al delincuente como una víctima de la sociedad, como el resultado de privaciones y exclusiones, por lo cual no hay que castigarlo, sino rehabilitarlo. Pretenden afirmar que existe una relación entre pobreza y delincuencia, pero esto no explicaría por qué hay personas de estratos socioeconómicos altos que delinquen (los delitos de “cuello blanco”, los fraudes registrales, la corrupción política, los desfalcos a fondos públicos, entre otros), ni tampoco se sostiene cuando se revisan los datos de pobreza y delincuencia. Como dice Pirie, “no existe una relación lineal mecánica entre pobreza y violencia. Las naciones y los individuos más pobres no siempre son los más propensos al crimen. En América Central, los países más seguros son el más rico, Costa Rica, y el más pobre, Nicaragua. La de Costa Rica fue la tasa más baja (6,2), y la de El Salvador, la más elevada (43,4)” .

Lo mismo sostiene el informe “Crime and Development in Central America” del Observatorio de Tendencias Delictivas y Operaciones de Sistemas de Justicia Penal de las Naciones Unidas, donde se expresa que “las naciones más pobres y la gente más pobre, no son necesariamente los más propensos al crimen. De acuerdo a las estadísticas, uno de los países más seguros en Centroamérica es el más pobre (Nicaragua). Entonces, el desempleo o la “situación económica”, aunque podrían estar arraigados en la mentalidad pública como causas del delito, tienen una relación muy circunstancial” .

No obstante, como esa creencia pareciera estar fuertemente arraigada en la mentalidad de los tomadores de decisiones, nuestro sistema penal ha sido llevado en esa dirección. De acuerdo con el I Informe Estado de la Región, “el Código Procesal Penal, de 1998, aumentó las garantías del debido proceso a favor de las personas indiciadas y, ese mismo año, una reforma al Código Penal generó las condiciones que llevaron a la desjudicialización de ciertos delitos. Esta situación ha motivado una creciente controversia y frecuentes demandas públicas, a las que las autoridades judiciales (Corte Suprema y Ministerio Público) han respondido con nuevos procedimientos” . Así las cosas, viendo al criminal como una víctima y siendo muy flexibles con él, los diferentes Gobiernos han alcahueteado las conductas negativas.

Este tipo de ideas soslayan una cuestión elemental: la acción delictiva es el resultado de una decisión individual, facilitada por un marco jurídico e institucional excesivamente tolerante, que prácticamente garantiza la impunidad. En un contexto como el costarricense, donde la tónica ha sido que unos obtengan ganancias a través de otros, el individuo ―sin importar su condición socioeconómica― ha comenzado a interiorizar la posibilidad de obtener aquello que necesita mediante la fuerza, sea robándolo, sea exigiéndoselo al Estado como si fuera un derecho o sea aliándose con políticos corruptos para obtener favores, acciones que tienen el común denominador de perjudicar a terceros.

Justamente allí es donde, para ASOJOD, se origina la actitud delictiva de las personas: de su propia voluntad. No hay nada de eso de que a alguien lo empujan a cometer delitos ni que roban para alimentar a una pobre familia a punto de morir de inanición. Lo que tenemos es una cultura que ha premiado la actitud parasitaria, donde se ha enseñado a las personas que siempre habrá alguien que pague sus cuentas, que necesidad es equivalente a derecho, que está bien ver a los otros como animales de sacrificio, como medios para cumplir sus fines.

Es esa perversión moral que las personas han individualizado gracias a un sistema que le incentiva conductas de tal naturaleza y cuyos horizontes culturales han sido fijados a ese nivel, la que motiva a los individuos a delinquir. Y, tras de eso, son premiados con la lástima, el "pobrecito", el discurso de la "segunda oportunidad", la tolerancia y alcahuetería extremas que terminan por impedir que se les castigue con rigurosidad y que nos tiene realmente mal.

Si queremos acabar con la inseguridad ciudadana es necesario cambiar los horizontes culturales y las premisas morales que llevan a las personas a creer que está bien vivir a costa de los demás y que solo basta pedirle a alguien y esperar que todo le sea entregado. De lo contrario, nos estaremos autoengañando al creer que más policías y más recursos van a evitar que nos roben.

Tema polémico: ¿descubrir el rostro a los delincuentes?

El Tema polémico de hoy queremos dedicarlo a la medida propuesta de mostrar el rostro de los “delincuentes” en los medios cuando son detenidos por la policía. En ASOJOD estamos muy conscientes de la preocupación que existe en la ciudadanía a causa del incremento en la delincuencia rampante de los últimos años y que es necesario modificar procedimientos y leyes para que verdaderamente el delincuente pague las consecuencias de sus actos. Sin duda, consideramos que es responsabilidad del Gobierno, tomar las medidas necesarias para que las personas puedan caminar por las calles y dormir tranquilamente sin el temor de que les quiten su propiedad o inclusive la vida, sin embargo tenemos nuestro propio criterio respecto al punto de "descubrirle" la cara a los sospechosos.

Desde hace varios meses, Otto Guevara ha dicho que una de las medidas que quiere poner en práctica si llega a ser presidente es la permitir que los medios de comunicación muestren el rosto de las personas que atrapa la policía durante el proceso de detención. Este anuncio ha sido de mucho agrado para una muy buena parte de las población costarricense y le ha sumado muchos votos a don Otto, sin embargo, en ASOJOD creemos que esta medida atenta contra los derechos de las personas, fomenta la persecución política y es muy contraproducente para el proceso judicial.

Esta medida es una clara violación al principio de inocencia que dice que todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Cuando la policía entra a una vivienda a detener a una persona es porque un juez así lo ha permitido, dado que hay evidencias suficientes para considerar a esa persona como sospechosa del crimen, sin embargo, esto no quiere decir que esa persona sea culpable. Una simple declaración de alguien puede ser suficiente para que la policía detenga a una persona y esta declaración bien podría no tener bases sólidas. Luego del debido proceso se puede concluir que esa persona es inocente pero, si su rostro fue enseñado anticipadamente, el daño a su reputación y su familia es algo que el Estado no puede enmendarle con facilidad, aún pagando indemnizaciones.

Otra gran consecuencia de esta medida es que puede poner en riesgo el debido proceso. Una de las herramientas más utilizadas y efectivas para resolver un crimen es el uso de testigos que, al ver el rostro de la persona, pueden hacer declaraciones sólidas y contundentes. Al mostrar la cara de la persona por los medios, se pone en riesgo el uso de testigos durante el proceso porque el posible delincuente no solo pudo haber sido visto en el lugar de los hechos dado que su identidad fue revelada por medios masivos de comunicación. Imagínese una confusión en la que un supuesto testigo cree reconocer al delincuente pero está viciado porque observó el rostro en algún otro lugar.

El problema de la inseguridad ciudadana no es simplemente un tema de percepción como dice nuestro presidente Oscar Arias. Es un problema real que aqueja a todos los costarricenses y creemos que hay que aplicar mano dura contra la delincuencia, sin embargo, no debemos caer en el extremo de contrariar las disposiciones procesales ni de poner en peligro el juicio para encarcelar a los amigos de lo ajeno. Consideramos que la etapa de investigación es y debe seguir siendo privada, para evitar apelaciones, prejuicios y violaciones al Estado de Derecho y que la única fase pública debe ser el juicio.

Ahora bien, coincidimos en la propuesta del ML respecto a publicar un registro de delincuentes, una vez condenados, pues los costarricenses tenemos derecho a saber quiénes tienen una condena en firma o quienes la han purgado, a fin de tomar las precauciones del caso. Los padres tienen derecho a saber si los maestros que educan a sus hijos son personas decentes y correctas o, si por el contrario, son violadores o pedófilos. Igualmente, el transeúnte tiene derecho a conocer a los carteristas, cadenistas, "chapulines" y demás delincuentes callejeros para estar pendientes cuando caminan en la vía pública. Asimismo, todos los ciudadanos deben tener acceso, por ejemplo vía electrónica en la página web del Poder Judicial, a ese archivo delincuencial para saber a qué atenerse cuando se relaciona con otras personas.

S.O.S: sálvese quien pueda

Desgraciadamente el día de ayer se dio una lamentable noticia. El oficial del OIJ Randall Mauricio López Garita, se convirtió en una víctima más del hampa. Desafortunadamente se está volviendo costumbre la muerte de nuestros agentes de seguridad, que todos los días salen valientemente a cumplir su trabajo de protegernos.

Esta situación es absolutamente inaceptable, este país no puede seguir en manos del hampa. Nuestras fuerzas policiales requieren de todo el apoyo del gobierno: más y mejores armas -no es posible que los delincuentes anden con AK-47 y nuestros pobres policías con armas que parecen de juguetes-, mejores salarios, profesionalización de los cuerpos policiales, seguros de vida de primera calidad, así como seguros de lesiones, y por último se debe reformar el Código Penal para que agregar como causal de homicidio calificado el homicidio que se realice en contra de un oficial en el cumplimiento de sus labores. Es vital que recobremos la seguridad, no es posible que tengamos miedo hasta dentro de nuestras propias casas.

Tema polémico: el Estado incentiva la delincuencia

Definitivamente, a lo largo de los últimos años, la delincuencia ha sido una de las principales preocupaciones que le roba el sueño a los costarricenses. Todos los días nos vemos sometidos a tomar una serie de precauciones para evitar encontrarnos con algún amigo de lo ajeno, con el agravante de vivir en una verdadera incentidumbre, en un azar sobre nuestra llegada a casa sanos y salvos, pues en cualquier momento, podemos sufrir un ataque por parte de una de estas sabandijas.

En ASOJOD hemos sido enfáticos en que la única función legítima del Estado es la protección de los derechos individuales, por lo que deseamos dedicar este Tema polémico analizar qué tan bien realiza el ogro filantrópico esta importante tarea.

Para realizar este análisis, utilizaremos las herramientas de la praxeología, según la cual, el delincuente, cada vez que comete una ilegalidad, realiza una acción humana, esto es, elige volitiva y libremente robar sobre no robar; prefiere quebrantar el orden social que apegarse a las normas de convivencia. Esto implica que el delincuente, para lograr sus fechorías, debe tomar en cuenta una serie de variables, debe elegir medios para alcanzar sus fines, debe tomar riesgos, etc. La pregunta del millón de dólares que queremos lanzar en este Tema polémico, es: ¿qué papel desempeña el Estado en todo este juego de valoraciones que realiza el ladrón? O lo que es lo mismo, ¿incentiva el Estado estas conductas antisociales o mas bien las desincentiva?

En ASOJOD consideramos que, efectivamente, las incentiva, por varias razones. En primer lugar, las corrientes dominantes de la psicología y la sociología parten de la premisa de que el individuo no es responsable de sus acciones, sino que la sociedad misma lo ha empujado a cometer fechorías, ya sea porque le ha negado las oportunidades de progresar, por la mala distribución de riqueza o por los "valores individualistas imperantes". En ese sentido, estas concepciones consideran, prejuiciosamente, que el pobre es potencialmente un delincuente y que comete ilícitos por su condición. O sea, excluye el hecho de que la persona, libre y voluntariamente, decide cometer actos contrarios a la ley y a los principios básicos de convivencia humana.

Pues bien, esta visión sobre la causalidad del hecho antijurídico es el resultado de las políticas públicas de los políticos de siempre. ¿Por qué? Muy fácil. Cuando los políticos redistribucionistas desarollan programas como el bono de vivienda, el seguro social, la educación gratuita, los subsidios y demás medidas inspiradas en la "solidaridad" de los ricos para con los pobres, envían una señal clara a los ciudadanos: no se preocupen por asumir la responsabilidad de su vida, pues yo Estado lo haré por ustedes. Así pues, y a manera de ejemplo, cuando una persona tiene 5 o 6 hijos, a pesar de no poder mantenerlos, no se preocupa porque sabe que tiene asegurada una pensión, becas escolares, atención médica gratuita y demás alcahueterías. Con esto, los individuos se van acostumbrando a que ellos no deben hacer nada por ganarse las cosas, sino que los demás tienen la obligación de dárselas, es decir, se incentiva la idea de una lista infinita de derechos y nada de responsabilidades.

Así las cosas, si el individuo se considera exento de responsabilidades, creerá que tiene derecho obtener las cosas sin trabajar por ello, viendo el robo como una forma fácil de adquirirlas. Y si, grandes masas de la población avalan no sólo los programas, sino también, la conducta de ese individuo, este se sentirá que no cometió un error; por el contrario, se sentirá legitimado para ejecutar sus actos y jamás creerá estar obligado a cumplir con sus responsabilidades y deberes, siendo uno de ellos el respeto a la propiedad privada.

Pero esto no es todo. Resulta que, como el individuo cometió un delito, los demás deben responder subsidiariamente. ¿Cómo? De dos formas: primero, financiando programas para "generar oportunidades", en el sentido antes descrito; segundo, y como si eso no fuera poco, debe pagar cientos de cosas si el delincuente es apresado, cosa que, de por sí, es complicada, dada la alcahuetería con que opera nuestro sistema penal: atención médica si la necesita, defensor público si no puede costeárselo, ropa, jabón, comida, luz y agua y demás elementos que necesite el malhechor en su estancia en prisión. De hecho, hace algún tiempo, en un reportaje en Canal 7, se calculó que el costo diario promedio de un individuo en prisión era mayor a ¢3.000. O sea, esta es la cifra que los tax payers pagamos para que un individuo tenga todos esos beneficios sin haber hecho algo para merecerlos o, planteado de otra forma, eso es lo que terminamos aportando para "premiar" la fechoría.

Sólo pónganse a pensar si a usted, individuo honesto y trabajador, le dan cama, agua, comida y TV por hacer nada dentro de una habitación. ¿Verdad que no? Usted tiene que salir a trabajar para ganar el dinero que le permitirá adquirir esos beneficios, pues de lo contrario, no los tendrá. Entonces, es claro que se está premiando al criminal a costillas del inocente.

En ASOJOD no podemos tolerar que unos vivan costa de otros, que los utilicen como medios para alcanzar sus fines. Somos defensores del credo de las ganancias merecidas, por lo cual, las personas deben recibir aquello que han generado. Por ello, nos oponemos tanto a los programas sociales antes descritos, como a la charlatanería de mantener, darle atención médica, educación y defensa pública y, en general,ofrecerle una temporada de relajación y disfrute al criminal durante su estancia en prisión.

Por tanto, consideramos que, si el individuo cometió un delito, debe asumir todas las consecuencias de sus actos. Y si es encarcelado, debe procurar por sí mismo o mediante la ayuda voluntaria de otros, la forma de mantenerse en prisión. Rechazamos que sea deber de los inocentes hacerse cargo de un individuo que, expresamente, ha violentado los principios básicos de convivencia y se ha erigido como su enemigo.

Incentivos y delincuencia

Hace más de treinta años, concretamente el 29 de octubre de 1975, escribí en esta sección, que entonces se llamaba (y coincidía con) la página 15, un artículo que titulé El ladrón como aventajado profesional . En él mencioné algunas circunstancias que operaban como incentivos perversos a favor de los ladrones. Inicié el artículo destacando que, sobre el fenómeno del robo creciente, “por mucho tiempo nos conformamos con explicaciones sicológicas y sociológicas: el ladrón –entre otros delincuentes-– es un inadaptado social. Hoy la realidad nos muestra que esa no es toda la explicación, ni siquiera la más importante. El ladrón de nuestros días –como quizá el de todos los tiempos– es un profesional. El robar es un oficio, por feo que pueda sonar al oído ingenuo. Para entrar en él, como en cualquier otro, el candidato evalúa todos sus pros y todos sus contras. Dependiendo del resultado neto que obtenga, decide hacer carrera en él, temporal o permanentemente”. Y, agregaría hoy, estos cálculos los hacen no solo ticos sino, crecientemente, hasta extranjeros que encuentran que en Costa Rica robar y hasta matar “es un vacilón”.

Hace 30 años… “El peso de los pros y el de los contras no solo depende de ciertas preferencias individuales en cuando al riesgo y reconocimiento social, sino que está fuertemente influido por fuerzas externas al individuo y por ello es de esperar que, cuando las cosas se mueven en un cierto sentido, haya razón para que las tasas de robo se muevan en una dirección determinada.

En una Costa Rica inflacionaria, de impuestos a la orden del día y de limitaciones y penas económicas al juego que la sociedad considera limpio, no es de extrañar que comience a tener ventaja el juego sucio (...) Es obvio que una manera de anular la ventaja relativa antes mencionada es incrementando las desventajas asociadas con la conducta antisocial. Esto se puede lograr aumentando las penas a quienes a tal cosa se dedican. También aumentando la eficacia de identificación de delincuentes.

Pero, a juzgar por las noticias últimas, en esto, en vez de progresar, empeoramos día con día. Los autores de delitos permanecen inadvertidos y –con algo que pasa de sonrisa a risa y a cólera– se nos dice desde las más altas esferas públicas que estamos en manos del hampa. Eso todos los desprotegidos consumidores lo sabemos; lo que nos duele un poco es que tan claramente lo digan, pues nos quitan la última esperanza de estar equivocados. Se nos da a renglón seguido la excusa tradicional: el órgano de protección pública necesita más recursos. Nunca parece suficientemente importante el problema de si con los mismos recursos actuales podríamos hacer mejor labor”.

“¿Se tiene idea de la eficacia de la labor , por ejemplo, del servicio de radiopatrullas? Son ellas –en lo que a disminución de robos se refiere– más eficientes que actuar sobre el mercado secundario de productos robados, que todo el mundo, incluyendo a las propias autoridades, sabe donde queda?”. ¿Cuál sería el efecto, sobre la tasa de bajonazos y robos de vehículos, de un programa de visitas intermitentes y sistemáticas a las ventas de repuestos usados de carros, y a talleres de refacción, para conocer el origen de sus inventarios? ¿Cuál sobre el roble de cable eléctrico en obras públicas si se hace lo mismo con las fundiciones?

Deterioro. El artículo termina señalando cómo el Gobierno, por decidir llevar a cabo labores irrelevantes, que los privados pueden perfectamente realizar (como es que el Ministerio de Economía, y no asociaciones de consumidores, investigue y publique listas de precios de los televisores), abandona otras que sí le son propias, como son los servicios de seguridad ciudadana y asegurarse de que las escuelas públicas cuenten con pupitres, pizarras, tiza y equipos.

Pues bien, esta materia de (in)seguridad ciudadana en nuestro país se deterioró en los últimos treinta años. Hoy el robo no es el único temor. El temor es que, por robar un celular o unos tenis viejos, los ladrones no tienen ya reparo en matar a sus legítimos dueños –es decir, a cualquiera de nosotros–. El problema es que los tribunales nunca parecen recibir suficiente evidencia como para detener y procesar a delincuentes. Hampones capturados una y otra vez (puede que hasta ocho veces en un año) son soltados para que sigan con sus fechorías en sus cotos de caza y para que, con su ejemplo, reafirmen en otros, usualmente jóvenes que dudaban, lo rentable que es una actividad que prácticamente solo obtiene ingresos fáciles, no incurre en costos y es tax free .

Como escribí hace treinta y resto de años, la ventaja del delincuente profesional se vería reducida si se aumenta la probabilidad de que se le identifique y capture. Y si, una vez condenado, la pena es alta, significativamente más alta que el daño causado a su prójimo. De estas variables, la que más contribuye a modificar su conducta es la elevación de la pena. Sigamos en esto la probada enseñanza de la industria del seguro: el móvil que llama a tomar una póliza no es la pérdida esperada, o promedio, sino la gravedad del daño si el riesgo se materializa.

Conviene, por tanto, modernizar la legislación en este sentido. Y procede hacerlo antes de que la gente de buena voluntad decida emigrar o –peor– tomar la ley en sus manos, acogiendo con alegría un sistema de linchamientos públicos, en la plaza del pueblo, dirigido contra toda persona sospechosa. ¡Pobrecitos los feos!

Thelmo Vargas