La columna de Carlos Federico Smith: impacto del alto costo de nuestra energía

Se espera que en menos de diez años, los Estados Unidos se conviertan en el mayor productor global de gas natural y de petróleo.  Eso se logrará con precios menores que los actualmente existentes.  Como nación, Estados Unidos superará a Arabia Saudita, que actualmente encabeza la lista en cuanto a producción de esos energéticos. Súmele al de Estados Unidos el aumento elevado que de esos productos también se espera en Canadá y en México, si este último decide en serio fortalecer su anquilosado sector energético, con  otro más competitivo y mayor participación privada.  Norte América, como bloque, por muchos años será el gran proveedor mundial de combustibles baratos.

Esta transformación del mercado se reflejará en un declive del poder monopólico de la OPEP, cuyas restricciones usuales de la oferta internacional, orientadas a elevar artificialmente el precio de los combustibles, se verán limitadas por el poder competitivo de la energía proveniente de América del Norte.

Una energía más barata y abundante facilitará la repatriación de inversiones de los Estados Unidos hacia su país de origen. Esa inversión se había alejado, atraída fundamentalmente por una mano de obra más barata en otras naciones y, además, porque en cierto momento el precio de la energía en otras naciones no era tan diferente del costo que tenía en los Estados Unidos. Con esta revolución energética en proceso en los Estados Unidos, a pesar del poco apoyo y casi aversión de Obama hacia esa industria, se abren enormes posibilidades para que la producción industrial de esa nación tenga un renacer, de poder verse fortalecida de nuevo y de estar en capacidad de competir eficientemente en los mercados internacionales.

Mientras tanto, en Costa Rica se observa un crecimiento paulatino del costo de la energía, resultado de un inmovilismo en la inversión potencial que se podría dar en el país, pero también porque el sector energético estatal muestra claras deficiencias económicas, resultado del proteccionismo en que se le ha tenido.  Es lamentable que el cuerpo político legislativo de los últimos tiempos haya hecho todo lo posible, con notorias excepciones, para impedir que el mercado energético nacional pueda mejorar con el impulso productivo que le podría brindar el sector privado.  En esta demora ha sido partícipe el gobierno actual, con su característica ineficiencia, al rechazar legislación que facilitaría el desarrollo del sector y pretender suplirla por otra que conserva el statu quo.  Pero también han sido responsables algunas fracciones legislativas, empeñadas en mantener un populismo que termina por obstaculizar cualquier posibilidad de progreso en el país.  Esa conducta la han observado las fracciones del PAC, del Frente Amplio, parte de la del PUSC, así como una fracturada mitad de la fracción liberacionista.  

De esa forma, en la Asamblea no se ha podido aprobar una nueva legislación que permita aumentar nuestra capacidad de oferta, principalmente logrando los aportes de los sectores privados.  En la Asamblea tan sólo se desea más de lo mismo: que el Estado, en sus diferentes variedades y matices, continúe con el monopolio de hecho de la producción de energía. Esto es, que se prosiga con un modelo energético que a todas luces está haciendo aguas… y no por culpa de un neoliberalismo mítico, al cual el populismo barato, en vez de asumir los resultados de sus propias acciones, escoge achacarle todos los males de este mundo. 

Sabemos cómo es que actúan usualmente los políticos, especialmente en épocas previas a elecciones y ante la acosadora angurria financiera del momento.  Creen en aprobar legislación que medio abra la posibilidad para algunos, casi que escogidos a dedo, de participar en el mercado de generación eléctrica. Consideran que así resuelven el problema de producción de energía, pero sin que se alborote el cotarro ni el coto de caza. Pero en verdad, el nudo gordiano que hay que cortar radica en la actual falta de competencia de privados con el estado, así como entre aquellos, de forma que se facilite el logro de la mayor cantidad posible y más barata de energía, a fin de suplir económicamente las necesidades del país. 

En vez de aprobar una ley moderna sobre el sector energético del país, basada en la competencia y la producción privada, lo que posiblemente se tendrá es un mamotreto más. Con él algunos pocos podrán medrar, pero se impedirá al país disponer del vigor necesario que impone la lucha competitiva, pues quedarán por fuera muchos otros entrantes potenciales. Con esa ley no se tendrá el aumento requerido en nuestra producción doméstica de energía, sino que será tan sólo un parche más a un sistema defectuoso e incapaz de generar lo que el país necesita: más energía y más barata para todos los usuarios y consumidores.

Ante lo expuesto, posiblemente nuestra energía proseguirá siendo costosa y por ello no sólo veremos cómo empresas nacionales migrarán hacia otros países, para beneficiarse de su producción más barata de energía, sino que también observaremos cómo gradualmente disminuirá la inversión extranjera en el país. Ya varias empresas nacionales han trasladado sus operaciones o parte de ella a naciones del área que disponen de energía más barata (no vale la pena mencionarlas, pues bien las conocemos). Pero es indispensable tener presente que la gran fórmula nacional de atracción de capitales internacionales, con base en una mano de obra que fuera tanto relativamente barata como lo suficientemente calificada, no será capaz de compensar el creciente aumento del precio de nuestra energía, así como la fuerte reducción de esos costos en los Estados Unidos y en Norte América, en general. Ya sea que, por las razones expuestas, empresas nacionales se instalen en otros países, como que deje de entrar inversión extranjera al país, un resultado lamentable de ello será la caída en el empleo, así como la reducción de los ingresos familiares de los costarricenses.

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: gestión monopólica, una alerta

Las consultorios contratadas por RECOPE, en cuyos expedientes militan las recomendaciones de altos jerarcas del gobierno chinchillista, junto a cotizaciones ferreteras para un contrato de consultaría en imagen para la refinería china, son una advertencia preclara de lo que ocurrirá con la nueva refinería, excepto que los montos serán planetarios. 

Los combustibles de origen fósil están monopolizados en Costa Rica. Antes, el gestor del monopolio fue RECOPE, propiedad del mismo estado, pero esta en ejecución un contrato irregular que entrega ese monopolio a empresas del Estado Chino. La excusa de crear monopolios estatales, para salvaguardar la soberanía, se ha quedado en el vacío. Pero los conceptos vaciados son algunos más. 

La jerarquía de RECOPE, guiada desde casa presidencial, se involucro en un contrato para construir una refinería de petróleo cuyos niveles de producción, mezcla de productos, suministros y costos,  carecen de sentido y transparencia.

Conceptualmente, una refinería para atender el pequeño mercado local costarricense, es en si misma problemática. No se trata solo de la cantidad de barriles de petróleo procesados, sino de la mezcla de productos que se extraen del petróleo, pues los combustibles demandados por los usuarios son varios y en distintas cantidades cada uno: gasolinas, diesel, combustible de aviación, asfaltos, bunker.

No existe un petróleo, como materia prima, que pueda garantizar, al final de la tubería de refinación, el exacto perfil del consumo. Pero, mas grave aun, ese perfil es dinámico y va cambiando con el tiempo.  El cambio puede y ha sido inducido por precios relativos, por parte del mismo monopolio. Un ejemplo es el precio del diesel, que ha venido acercándose al de las gasolinas. Con estas manipulaciones de precios relativos, RECOPE  ha intentado y logrado modificar la mezcla de consumo, pero a costa de los consumidores, aplicándoles jugadas con los precios. 

Sin embargo, estas jugarretas,  tienen limites y, sobre todo, si se expande la producción, como se planea hacer, con respecto al consumo nacional. Bien puede esperarse que una gestión monopólica al estilo de RECOPE, en la administración de la nueva refinería china, vaya a costar caro a los consumidores. 

Los peligros que asoman en el horizonte incluyen, además de lo anterior, los costos de construcción y consultorios de la refinería, como siempre, descontrolados y sin ninguna transparencia. Pero hay otro referido a costos de oportunidad con respecto al uso de otros combustibles como gas natural, que ha estado tomando importancia en el mundo en los últimos tiempos. Y no es que no tuviera importancia antes, pero en Costa Rica no conviene seguir ignorando los hechos. 

Los planes de refinación de la nueva refinería consideran un esquema de fuentes energéticas congelado en el pasado.

Mario Quirós Lara

Tema polémico: la refinadora china

Como parte de los negocios que montó el Gobierno anterior al romper relaciones diplomáticas con Taiwán y establecerlas con China, tuvimos el "regalo" del Estadio Nacional y la compra de bonos por más de $300 millones, con posiblemente algunas comisiones y premios para los "negociadores" criollos. Pero nos faltó una sorpresita más, que avanza silenciosa pero muy peligrosamente: la refinadora china. 

Como bien saben todos, RECOPE no cumple un rol necesario ni destacado en el imaginario costarricense: no refina y se ha dedicado a convertirse en una simple bodega de almacenaje financiado con recursos públicos y como el único importador autorizado por ley de petróleo y sus derivados. Gracias a su monopolio y a la decisión de sus dirigentes, los costarricenses tenemos el combustible más caro de Centroamérica y uno de los más caros de todo el continente.

Frente a este problema de altos precios, la lógica y la evidencia empírica ordenan que, para solventarlo, se requiere abrir el monopolio de la importación de petróleo y permitir un mercado competitivo que le pueda ofrecer mejores condiciones a los consumidores. Pero no. Ya sabemos que la gran mayoría de políticos costarricenses no creen ni en la lógica ni en la evidencia: sus decisiones se orientan por el simple interés de llenar sus billeteras valiéndose de sus puestos. 

Así pues, se inventaron un "negocio" con China para instalar una refinería en Moín -la zona donde los trabajadores son los más responsables del mundo y nunca van a huelgas para no perder ni un minuto de sus apreciadas labores- con cuatro objetivos: 1) utilizar recursos económicos liberados por la sustitución de importación de combustible por importación de crudo (cualquier parecido con el modelo de sustitución de importaciones de la década de los 60 es mera coincidencia); 2) contar con producto terminado de una calidad mayor al que actualmente se importa, 3) garantizar la seguridad en el suministro de producto y 4) generar una disminución en el precio interno de venta de los combustibles.

Como podrán pensar, estimados lectores, estos cuatro objetivos nunca se van a cumplir. Y lejos de poner como razón para suponer este fracaso la experiencia del pasado, en ASOJOD queremos ofrecer algunos datos que pueden ayudar a entender por qué los costarricenses quedaremos peor si se implementa esta ocurrencia. 

Para echar a andar el negocito, se creó una compañía llamada Soresco, con 50% de capital puesto por el Gobierno de China y el otro 50% por el Gobierno de Costa Rica. Soresco será la encargada de construir el megaproyecto de la refinería y cobrará a RECOPE una cuota por concepto de arrendamiento (que según los estudios técnicos deberá ser de un 5% anual sobre el valor del proyecto), que deberá contemplar el costo del financiamiento más los intereses, el costo por depreciación y la utilidad, que según los cálculos pactados en el contrato suscrito por esta última y CNPC (la compañía petrolera china), será del 16%.

Ahora bien. El costo del financiamiento se las trae, porque según el contrato, se requieren alrededor del $1.500 millones. China pondría $500 millones y le correspondería al estado costarricense poner otros $500 millones. Siendo que RECOPE no tiene recursos para ponerlos, es muy probable que el Gobierno de Costa Rica tenga que solicitar un préstamo internacional y eso significa que todos los costarricenses tendremos que pagarlo en el futuro.

Adicionalmente, RECOPE deberá asumir en su presupuesto, los costos del financiamiento, esto es, la amortización e intereses por los préstamos que incurra, así como  los costos adicionales en la operación de la nueva planta, entre los cuales se deben incluir mano de obra adicional, cuya cantidad estima la empresa que será de 200 funcionarios nuevos. Esto con el inconveniente de que proyectos similares realizados en otras latitudes son intensivos en uso de tecnología y no así en mano de obra. De hecho, se dice que plantas del calibre de la que quiere tener RECOPE no requerirían más de 50 empleados, casi todos de nivel superior, por tratarse de manejo y supervisión de equipos que utilizan tecnología de punta.

El costo del arrendamiento y los costos adicionales para Recope han sido calculados en aproximadamente $ 586 millones anuales, los cuales deben ser absorbidos, de acuerdo con los objetivos del proyecto, por el ahorro en la sustitución en la importación de productos terminados por crudo y que, en términos de costo por barril, representa la cifra de $ 40.83. Esto significa que, para que el proyecto sea factible desde el punto de vista económico, el ahorro que se debe producir entre el costo del barril de producto terminado y el costo del barril de petróleo debería ser mayor $ 40.83 para que los precios internos de venta de los combustibles fuesen menores. Viendo el comportamiento histórico de mediano y largo plazo de las diferencias entre el precio del producto terminado y el crudo, el promedio en el periodo 2002-2011 es de apenas $9. En otras palabras,  con el porcentaje de utilidad pactado, los costos operativos y las constantes fluctuaciones en el precio del crudo, es muy poco probable que los costarricenses paguemos un precio menor por el combustible.

Como puede verse, es claro que los números no calzan con los fantásticos castillos de arena construidos por RECOPE. Esta ocurrencia, en la cual deben abundar las consultorías, las comisiones, los viajes a China y los negocios indirectos (como el alquiler de oficinas en Forum para Soresco, pagado aparentemente con fondos de RECOPE), será en beneficio de unos pocos que están dentro de la "argolla" que negoció con el gigante asiático. Los demás, los ciudadanos comunes y corrientes, los que trabajamos todos los días para ganarnos nuestro dinero honradamente, asumiremos los costos. Esa es la lógica del modelo mercantilista que domina este país y del cual, el PLN es el mayor exponente: privaticemos ganancias y socialicemos pérdidas. 

Costa Rica no requiere una refinería como esta, que le terminará costando millones de dólares a los tax payers actuales y futuros. Para tener una mejor calidad, precios más baratos y un sector más dinámico, con más empleos y oportunidades, lo único que se requiere es abrir el mercado para que todo el que quiera pueda importar combustible y venderlo, con reglas simples y claras, fáciles de cumplir y que le permitan al consumidor ejercer su derecho a escoger libremente el producto que mejor satisfaga sus necesidades. 

La columna de Carlos Federico Smith: un planteamiento energético (Tercera Parte y Final)

Termino mis consideraciones orientadas a ampliar la dotación energética del país, en vez de insistir en el control de la demanda, acción que parece ser la preferida por las autoridades gubernamentales, al menos en el corto plazo. La numeración en este comentario viene de los dos anteriores.

12.- La principal provisión doméstica de energía geotérmica parece ubicarse en zonas de parques nacionales, razón por la cual hay grupos contrarios a un mayor desarrollo. Sin embargo, para así pensar hay varias consideraciones que creo que deberían de tomarse en cuenta.

En primer lugar, no parece ser una actividad que cause fuertes alteraciones al medio. Sus efectos, aún en los parques nacionales, parecen ser de magnitud relativamente pequeña y, por tanto, manejable con una buena administración. Una propuesta para canjear zonas en parques en donde se ubicaría su producción por tierras que hoy no forman parte de ellos, podría ser una opción aceptable. Debemos ser capaces de administrar bien estos proyectos enclavados dentro de los parques nacionales, que brinden energía al país a la vez que se tenga un cuido especial sobre los efectos posibles en el medioambiente. No entiendo cómo no se tiene la capacidad de administrar bien este tipo de desarrollos, pues es frecuente que diversos proyectos energéticos en distintos países se ubiquen en zonas sensibles en cuanto a conservación medioambiental, sin problemas significativos.

En segundo lugar, el costo de este desarrollo energético parece ser relativamente barato, dependiendo de cada caso particular. Así, el proyecto debe tener de antemano una adecuada valoración de costo-beneficio, el cual debe incorporar las variables medioambientales.

En tercer lugar, disponer de una oferta relativamente diversificada y balanceada de fuentes energéticas, que no resulte de subsidios distorsionadores, es deseable, en especial ante fuertes fluctuaciones de precios de algunos de los componentes de esa oferta.

Finalmente, considero que debe permitirse y facilitarse la exploración de fuentes de energía geotérmica ubicadas en zonas fuera de los parques nacionales. En general los proyectos de energía geotérmica deberán estar abiertos al sector privado.

13.- El gas natural es otra fuente interesante de energía cuyo desarrollo podría facilitarse en el país. Hay regiones en donde parece haber fuentes cuyo desarrollo podría ser económicamente factible. Tal es la región del Golfo Dulce en el Pacífico Sur, así como en el Atlántico y en partes de la Zona Norte. Es conveniente incentivar a que la empresa privada pueda desarrollarla y venderla a los consumidores, pues el gas natural parece ser una fuente relativamente barata de energía (como es el caso de Estados Unidos y Europa). Una política de apertura del estado hacia la producción privada de esta actividad estimularía la inversión, el empleo y el crecimiento de la economía nacional y daría una señal clara de que el estado no está empeñado en monopolizar la producción energética del país.

14.- Por supuesto que la existencia de vehículos que utilicen combustibles diferentes a los derivados del petróleo es conveniente, pero que no se origine en subsidios artificiales o políticas de impuestos discriminatorios que hacen que alguna actividad o producto luzca rentable cuando lo es. No conviene manipular costos y precios por políticas estatales. Por ejemplo, es posible que una disminución de los precios del LPG, tal como se sugirió en los comentarios previos, estimularía su uso en vehículos de transporte colectivo, comercial y privado, sin mediar subsidio alguno, sino una mejor ecuación precio/energía que beneficia al usuario.

15.- Similar recomendación hago en cuanto a la utilización del ferrocarril, tanto urbano como regional. Su uso debe surgir con fundamento en los resultados de análisis de costo-beneficio, no por la introducción de subsidios que alteran su verdadera rentabilidad. Debe considerarse la concesión de un ferrocarril interoceánico, en donde el estado facilite el uso de los actuales derechos de vía ferroviaria, así como de los que se requerirían bajo nuevas opciones. No deberá subsidiarse el costo de los pasajes de ferrocarril, sino dejar que compita directamente con otras formas de transporte masivo

16.- Debe permitirse la libre competencia en la distribución de gasolina, permitiendo que las empresas distribuidoras utilicen estrategias competitivas que favorezcan al consumidor, así como en lo referente a la propiedad de las gasolineras. La posibilidad de que las bombas de gasolina vendan a precios diferentes debe estimularse, pues la actual política estatal de control de precios y márgenes de los combustibles vendidos en las bombas de gasolina, que lleva a cabo la ARESEP, lo que hace es permitir la consolidación de un cartel que no beneficia a los consumidores. La eliminación del monopolio a la importación de combustibles de RECOPE, permitiría que las gasolineras puedan importarlos, con lo que la mayor concurrencia beneficiaría a los consumidores, pudiendo escoger en cuanto a precio, calidad, ubicación y servicio que recibe, cosas elementales de las cual es hoy no puede disfrutar.

17.- Un tema de candente actualidad, relacionada con la provisión energética del país a largo plazo, es la edificación del proyecto conocido como Diquís, el cual sería llevado a cabo por el ICE supuestamente con el financiamiento de instituciones multilaterales especializadas. Por su magnitud, si bien inferior en extensión a la represa de Arenal, será el proyecto hidroeléctrico más grande del país, con una generación estimada de 650 megavatios, que equivale a aproximadamente la mitad de la capacidad hoy instalada y a la cual también se uniría el proyecto llamado Reventazón, que generaría aproximadamente 300 megavatios adicionales. Diquís sería el proyecto hidroeléctrico más grande de Centroamérica y su mercado, además de Costa Rica, sería el regional, al menos en los primeros años de operación.

Diquís reemplaza al antiguo proyecto Boruca, que si bien produciría más del doble del proyecto Diquís, fue sustituido por el inconveniente de exigir tanto una mayor movilización de personas (2.500 Boruca mientras que Diquís requeriría la de 1.100), como una mayor extensión (12.500 hectáreas Boruca en tanto que Diquís se extendería por 6.800 hectáreas). Se ha mencionado que el costo de la electricidad producida por la represa de Diquís será uno de los más bajos del ICE ($0.07 el kilowatt/hora), pero deben esperarse las cifras finales, en especial a la luz de proyectos alternativos (por ejemplo, compararlo con el costo equivalente de proyecto Boruca, entre otros). Esto significa que los estudios de factibilidad económica deberán estar debidamente listos y publicitados antes de iniciar su construcción. Enfatizo la trascendencia que tienen dichos costos, tanto para los consumidores nacionales de energía, los potenciales compradores internacionales, como para las finanzas del ICE y, en general, del país. Se ha mencionado que las obras se iniciarán en el 2012 y concluirán en el 2018, por lo cual es crucial que se hagan del conocimiento de la ciudadanía estos y otros aspectos del proyecto que deben formar parte de los estudios de costo-beneficio.

Llevar a cabo los primeros estudios en el sitio para el desarrollo de este proyecto ha dado lugar a conflictos en torno al desalojo de personas y la disposición de tierras que serían necesarios para poder realizarlo. Los afectados principales parecen ser miembros de grupos indígenas, quienes deberán ser debidamente compensados por los daños que el proyecto les podría ocasionar. Las negociaciones con los indígenas (y residentes del área, en general, que serían afectados) tendrán que contemplar el pleno respeto a los derechos humanos y a la propiedad de la cual hoy disfrutan, incluso derivada de una simple y respetable tradición.

Sin embargo, hay dos elementos derivados de la discusión de los problemas que me han preocupado y que, si no se tienen presentes, podrían afectar los acuerdos necesarios.

Uno es la petición que se suele hacer para que el proyecto pague una especie de “peaje”, al ubicarse en una zona específica del país para servir a todos los costarricenses. Una compensación por los daños derivados del proyecto a las personas y propiedad de la región involucrada es condición sine que non el arreglo se ha de llevar a cabo, el cual debe considerar la reposición de los asentamientos en condiciones mejores que las actuales. Pero tal “impuesto a la exportación de energía” desde esa zona al resto del país es inaceptable, al partir de un principio básico de unidad territorial. ¿Se imaginan el desorden socio-económico que surgiría si, por ejemplo, Caldera exigiera el pago de un impuesto por dar entrada y salida a mercancías de todo el país? Asimismo, Moín podría requerir algo similar. Los vecinos de Alajuela podrían pedir una compensación por el uso que todos los costarricenses y extranjeros hacen del Aeropuerto Juan Santamaría. ¿Qué les parece si la ciudad de San José introduce un gravamen por cada documento que emitan sus oficinas allí ubicadas por cada transacción que solicitan los ciudadanos de fuera de la ciudad? ¿O que los vecinos de Montes de Oca exijamos un pago a cada costarricense no residente del cantón por hacer uso de la instalaciones de la UCR o simplemente cobrar una tarifa por circular entre San José y Cartago pasando por el cantón? La integridad territorial de la nación debe ser un principio a mantener, pues el país es uno y no diferentes naciones (ni siquiera una confederación de estados). El “chantaje” en estos casos es inaceptable desde su pretensión inicial. Una cosa es la compensación por eventuales perjuicios legítimos y otra imponer un gravamen que se cobra a toda la ciudadanía por hacer uso de un producto proveniente de la región citada. (Piense el desastre que sería si cada comunidad cobrara un impuesto por cada bien que se produce dentro de ella y que es “exportado” al resto del país).

Un segundo tema, que puede ser objeto de polémica, es el domicilio nacional de los miembros a quienes debe retribuirse por daños que les causaría el proyecto. Si son extranjeros con propiedades o residentes actuales de territorios afectados por el proyecto, su compensación es legítimamente posible, pero no lo debe ser si se trata de residentes en el extranjero quienes buscan lograr un resarcimiento en donde no lo hay. Por ello, las autoridades negociadores deberán ser muy claros en cuanto a quienes serían las personas y grupos indígenas con quienes se forjarían los acuerdos necesarios, a fin de impedir que haya reclamaciones improcedentes por afectaciones inexistentes.

Finalmente, considero que el proyecto debe estar abierto a la participación activa del sector privado como propietario o inversionista. No se vale que el país se endeude por medio del ICE y que todos los costarricenses luego tengamos que pagar impuestos para cancelar dicha deuda. La fuente de recuperación de los recursos deberá ser en todo momento el resultado de la operación del proyecto, de manera que los pagos de la deuda estén incorporados en los costos de venta del producto (esto es, además de los costos de producir la energía, incorporar los derivados del endeudamiento), los cuales serían cobrados a todos los usuarios, tanto nacionales como extranjeros. Hay diversas formas por las cuales el sector privado nacional podría participar en este tipo de proyectos, sin que la única opción sea la de una producción eléctrica nacional monopolizada por una entidad estatal. A fin de señalar la importancia de la apertura al sector privado que debe darse en el país, vale la pena mencionar que a la fecha, tan sólo en la provincia de Chiriquí, Panamá, hay 37 plantas hidroeléctricas en proceso de construcción, en mucho para exportar energía a Costa Rica. Debemos quitar los obstáculos que faciliten el aporte empresarial privado nacional a la oferta de electricidad en el país.

18.- Para concluir esta serie de tres comentarios sobre asuntos energéticos, considero apropiado referirme a la medida reinstalada de limitar la circulación de vehículos por el centro de San José, la cual se realiza una vez a la semana, según horario y placa del vehículo. Las autoridades han dicho que es un esfuerzo para restringir la demanda de combustibles, ante el alza internacional de su precio. Pero este propósito públicamente afirmado también tiene visos de haberse convertido en una fuente apreciable de recursos para las autoridades gubernamentales, quienes los aprovechan para dirigirlos hacia sus propios objetivos institucionales, loables o no. Así, autoridades nacionales del tránsito y del transporte han indicado públicamente que es necesario que las cortes aceleren su fallo en cuanto a objeciones legales planteadas por ciudadanos acerca de la pertinencia del cobro de ciertas multas y, ene especial, de los procedimientos aplicados y aplicables. Con dicha petición la las autoridades judiciales, las del tránsito esperan obtener recursos que usarían en actividades propias del interés de sus entes estatales. Pero esto, simple y llanamente, es sólo una forma de lograr plata por medio multas, cuyo objetivo debería de ser la disuasión de conductas anti-sociales y no llegar a convertirse en una fuente de financiación de los presupuestos operativos gubernamentales.

En todo caso, la intención expresada públicamente por las autoridades con la medida bajo comentario es restringir la demanda y a ello paso a referirme, empezando por indicar que no es una forma razonable para lograr el objetivo anunciado y que mejor sería que el costo (el precio) mayor que tiene que pagar el ciudadano por el aumento internacional de los precios de los combustibles, sea el que defina su demanda. Procedo a indicar las razones de mi criterio.

En primer lugar, no es totalmente seguro que la restricción practicada dé lugar a una disminución del gasto en combustible, por varias razones. Ante la limitación para circular por el área central de San José, quien deba dirigirse de una parte de la ciudad a otra, atravesándola, ahora lo hará circulando alrededor del área restringida; esto es, movilizándose por calles aledañas. Si mis clases de geometría elemental no las he olvidado del todo, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta (permítanme darle flexibilidad al ejemplo: asumir que el área de circulación es plana y no curva como la tierra, lo cual es aceptable dadas las distancias relativamente cortas de las que estoy hablando), por lo cual el desvío obligado significa una distancia mayor que la previa y, todo lo demás constante, se refleja en un gasto mayor de combustible. Se me dirá que posiblemente eso sea cierto, pero que el ahorro está en el día en el cual el vehículo no puede circular, pero lo cierto es que circula, pero por una distancia mayor. En caso de que el usuario lo dejara guardado y tomara un taxi, me imagino que su gasto de combustible sería posiblemente igual a si circulara en su vehículo propio, además de que incurre en un costo por el servicio de transporte, el cual previamente no tenía que pagar. Esto es, no hay ahorro de gasolina y se tiene un costo mayor.

En segundo término, se ha señalado que también hay un ahorro en el tiempo de traslado por el centro de San José. Ello es cierto, pero también los vehículos que ahora circulan por las calles aledañas causan presas en esas zonas, que incluso probablemente no están diseñadas para un flujo de tránsito más elevado que el usual. Es decir, se usan caminos menos aptos para transitar, lo cual significa una mayor lentitud en la movilización. Por tanto, es dudoso que haya tal ahorro en el tiempo de movilización de quienes se trasladan .

En tercera instancia, la restricción tiene un efecto negativo sobre la producción. Alguien dirá que es pequeño, pero no deja de ser significativo, en especial en momentos de dificultades económicas como los actuales. En la actividad económica de un país (o de una ciudad) hay todo un orden que no es planificado por ningún ente centralizado, pues no es capaz de ello, como lo podría pretender algún burócrata, sino que resulta de la libre interacción de los individuos. Sin embargo, con medidas como las analizadas dicho orden espontáneo se ve alterado. La amplia actividad de intercambio comercial requiere de suministros adecuados continuos, tanto en para el ingreso de los insumos como para la salida de los productos. Todo esto es afectado por la medida limitante citada. Quienes se dirigen a sus trabajos, impedidos de atravesar ciudad y obligados que a desvíos, se ven afectados, lo cual encarece la prestación de sus servicios, así como su productividad. Esto no sucede tan sólo con obreros fabriles, como alguien podría pensar, sino también con todo tipo de profesionales, quienes se ven afectados al no poder prestar su labor al momento en que se les requiere, todo causa de las limitaciones impuestas en el tránsito. No voy a cansarlos con la muy diversa gama de actividades humanas que se ven alteradas con la restricción y el grave efecto que tiene sobre la producción, pero sí es importante destacar que tiene un impacto negativo en el empleo, al “encarecerse” la prestación de los servicios laborales.

En cuarto lugar, la propuesta restrictiva del tránsito parece ser una solución oportunista ante el mal sistema vial del centro de San José, el cual requiere ser mejorado Para opinar de esta manera me fundamento en que, cuando se objetó en el pasado que la restricción basada en el alza al precio internacional del petróleo era indebida, las autoridades usaron como un argumento adicional para aquella limitación, que en el centro de la ciudad se estaban realizando obras viales que creaban una gran congestión y que, por ende, la medida era oportuna y deseable. Esto último podría ser cierto, pero, entonces, la restricción vehicular debería de practicarse tan sólo en aquellos sectores en donde se llevaban a cabo obras viales y no en toda la ciudad capital.

Hay medidas, además de la mencionada acerca del ferrocarril interurbano, que podrían economizar efectivamente combustible, sin que implique restricciones a la libre circulación de los vehículos como la impuesta. Por ejemplo, proceder adecuada y correctamente a la renovación del transporte urbano de buses. Las llamadas interlíneas son una buena idea, pero en un primer intento de ponerlas en práctica en el pasado reciente, hubo fuertes razones legales para detener su inicio. Que las cosas se hagan bien y correctamente desde un principio es indispensable para que se restaure la confianza de los ciudadanos en sus autoridades de transporte. Asimismo, se requiere que dichas rutas nuevas estén sujetas, en lo máximo posible, a las fuerzas de la competencia. No hay razón para que los nuevos servicios públicos de transporte sean brindados por oferentes únicos sin tener frente a otros proveedores que les traigan competencia. Ello redundaría en beneficio de los usuarios, quienes escogerían al que mejor les sirva. ¿Qué es necesario algún grado de coordinación posiblemente gubernamental de dichas rutas? Podría ser, pero eso no requiere que haya un único dueño (incluso bajo la figura de consorcio que no es sino varios empresarios asociados para dicha empresa de una forma particular) el que opere en una ruta o sección particular, sino que el objetivo mayor sea brindar el marco más competitivo posible en la provisión de esos servicios

Asimismo, una posibilidad, que podría traducirse en un ahorro de combustible y una menor congestión vial, es la de permitir que existan los llamados taxis colectivos, los cuales pueden recoger y descargar diversos clientes y no uno sólo a lo largo de algunas rutas preestablecidas. En muchas ciudades del mundo (recuerdo a la Ciudad de México) hay tal forma de servicio público. Esta es una forma en la que se puede traer mayor competencia a los proveedores de transporte colectivo. No entiendo las razones por las cuales dicha idea no puede llevarse a cabo, excepto que el interés verdadero de las autoridades políticas yace en mantener las posiciones monopólicas de los actuales proveedores de los servicios. Con tanto taxi con problemas de volumen de negocios, con tantas personas que desearían poner a trabajar un vehículo como taxi para así tener algún empleo remunerado y decente, con tanta desocupación como en la actualidad, ¿por qué no pensar en esta idea que en esencia significaría un beneficio tanto a aquellos como a los consumidores? Nada más piensen en quién se beneficia y a quién se le trae competencia…

En quinto término, creo que es necesario, dado la limitada estructura actual de nuestras calles del centro urbano de San José, que durante el día por ellas no circulen camiones pesados que se dedican a la carga y descarga de mercancías. En muchas ciudades grandes, con serios grados de dificultad física para que se pueda lograr un flujo expedito de vehículos, la circulación de tales camiones pesados se permite sólo en horas de la noche, cuando el flujo urbano se reduce de manera significativa. Mientras las calles de San José tengan la estrechez que hoy tienen, el costo social impuesto por vehículos dedicados a esa forma de transporte probablemente es muy elevado, al originar presas innecesarias que provocan un consumo excesivo de combustibles a terceras partes. No soy amigo de las restricciones y limitaciones a la libertad de las personas, pero esta medida me parece aceptable para la generalidad de quienes deben transitar por el centro de la ciudad de San José, incluso por quienes podrían verse afectados por ella, quienes a su vez son aquejados por terceros que circulan cargando y descargando mercancías durante el día.

En sexto y último lugar, deseo destacar mi creencia en que la decisión de restringir el libre tránsito en el área central de San José debido al alza en los precios internacionales del petróleo, como la han justificado las autoridades correspondientes, constituye un precedente a todas luces inconveniente. Con ella no sólo se restringe el derecho a la libre movilización que tiene el ciudadano, sino que también se afecta el derecho a la propiedad y al uso legal que puede hacer de ella, así como el derecho al trabajo, pues provoca un aumento en el costo de accesar a los sitios de trabajo. Pero sobre todo la juzgo inconveniente porque no parece ir acorde con la lógica. La base del argumento para la restricción es, repito, según las autoridades, el alza en el precio del petróleo y sus derivados, que son elementos importantes en el consumo de las personas y de la sociedad como un todo. Si tal es la justificación de las autoridades para limitar la libertad de las personas, entonces, ¿por qué no restringirles el consumo de pan si, por ejemplo, aumenta el precio del trigo en los mercados internacionales? Después de todo, también es un gasto importante en los hogares y en la economía nacional. O, por ejemplo, ¿por qué no limitar el consumo personal de medicinas si experimentaran un aumento en sus precios internacionales? ¿Restringiría la Caja el consumo de medicinas que le da a los asegurados? ¿Acaso los ejemplos citados no son similares al que fundamenta la restricción que se hace a la libre circulación de vehículos? Usted puede poner muchísimos ejemplos de bienes y servicios importados que conceptualmente podrían sufrir aumentos en los precios internacionales, y que podrían ser usados como base para justificar la limitación de la libertad para escoger, para consumir, para usar sus bienes en la forma en que le plazca sin que signifique que está causando un daño a terceros, caso en que sería responsablemente directo de tales daños. Por ello digo que el precedente expuesto es nefasto, al abrir puertas de todo tipo a posibles acciones de burócratas, quienes creen que limitando los derechos y libertades de las personas, es como los seres humanos podemos ser más felices, resolver nuestro problemas y mejorar nuestras vidas.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: un planteamiento energético (Primera Parte)

Vuelve el perro arrepentido… nos decía Chespirito en alguno de sus episodios. Vuelve el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) con las mismas propuestas de siempre al reanudarse otro episodio de aumento en los precios internacionales de petróleo por las razones que sea. La razón de ello me parece que se debe a que en los órganos estatales se suele sobreestimar su capacidad para resolver problemas acerca de los cuales es poco lo que puede hacer o nada o tal vez para aparentar que se hace algo al respecto.

Las medidas propuestas por el MINAET apenas se ve en apuros por los aumentos internacionales en el precio del petróleo, se dirigen más que todo a tratar de disminuir la demanda; esto es, afectando la voluntad de los consumidores y poco a lograr un aumento deseable de la oferta energética. Mi idea es brindar algunas ideas dirigidas hacia el incremento de la oferta de energía, las cuales, si bien ya se han expresado anteriormente, han pasado al baúl de los desprecios que en este Gobierno (y algunos anteriores) se suele brindar a ideas alternativas a las producidas por los staffs oficiales. En todo son sugerencias que tal vez pudieran ser útiles para asegurar una mejor provisión de energía a las personas.

1) Es hora de que Costa Rica reactive la exploración petrolera. Las dos razones principales esgrimidas contra tal prospecto es el posible daño ambiental que se puede provocar y la corrupción que suele acompañar a los gobiernos de países productores de petróleo. Otra razón esgrimida contra el desarrollo petrolero es que no resulte ser una operación rentable, pero el primer paso está en averiguar si en el territorio nacional se dispone de reservas de petróleo que podrían definir el inicio de una operación que sea potencialmente rentable.

2) Acerca de este tema debo formular varias consideraciones. Primera, no es cierto que en sí la operación petrolera constituya un riesgo tan alto como para que la operación no se deba llevar a cabo. Hay infinidad de lugares en el mundo en donde se extrae petróleo y no ha dado lugar a problemas ambientales significativos. Cito ejemplos: en medio de la ciudad de Los Ángeles, California, en las cercanías de las ciudades de Tulsa, Oklahoma y de Houston, Texas, así como en las proximidades de Edmonton, en Alberta, Canadá, entre muchos otros sitios.

Asimismo, la exploración petrolera offshore ha provocado muchas críticas ante posibles daños medioambientales graves, pero no es algo que suceda con frecuencia tal como para que se suspenda la prospección petrolera. En la vida no hay actividad humana que no implique algún grado de riesgos y, por tanto, lo apropiado es prepararse adecuadamente ante ellos. La extracción offshore es una actividad sujeta a riesgos y el hecho es que en el mundo hay una miríada de pozos petroleros de este tipo, diseminados por todo el orbe. Los daños al ambiente que se han sufrido han sido relativamente pocos, lo cual parece ser la mejor muestra de que los costos suelen ser superados por los beneficios incluyendo el costo potencial de daños medioambientales. No significa, por tanto, que no se deban tomar las medidas de seguridad apropiadas, lo cual suele ser una práctica común en las operaciones petroleras. Sólo que la solución posible no está en prohibir o no llevar a cabo la actividad correspondiente, sino asegurarse por los riesgos que pueda tener.

3) La mayoría de los daños ambientales debido a la actividad petrolera suelen suceder en el trasiego de los combustibles, más que en el sitio de producción petrolera. El viaje de barcos trayendo petróleo a Costa Rica constituye posiblemente un riesgo mayor de daño ambiental que la producción petrolera en sí. Es más, la existencia de un oleoducto en Panamá, en donde barcos traen petróleo desde Alaska, lo desembarcan en aquel país y lo reembarcan hacia la costa Este de los Estados Unidos (en donde suelen estar sus refinerías petroleras), constituyen un riesgo ambiental significativo para el país, pues los barcos pasan muy cerca de las costas costarricenses, tanto al desembarcar en Panamá como al partir de ese país hacia el este de los Estados Unidos. Se puede aseverar que, sin extracción petrolera en territorio nacional, ya corremos algún grado de riesgo medioambiental por el trasiego petrolero en Panamá. No se puede impedir que esa actividad extraterritorial se lleve a cabo, por lo cual se debe mantener una fuerte vigilancia y cuido de todo este trasiego, a fin de que eventuales responsabilidades sean cubiertas.

4) Razones geopolíticas, enlazadas con aspectos económicos, parecen indicar que la decisión de no extraer petróleo en territorio nacional, principalmente en la zona del Atlántico norte del país, no es conveniente. El conflicto actual entre Costa Rica y Nicaragua sobre la Isla Calero tiene, entre otros elementos, importancia, tal como lo expuso un medio de prensa, en cuanto a definir el mar territorial de Costa Rica, en donde presuntamente se encuentran yacimientos petrolíferos. Nicaragua es sabido que tiene una política abierta para la exploración y explotación de petróleo.

De hallarse petróleo en dichas zonas y de serlo en condiciones económicamente rentables, no hay más que un paso para que empresas empiecen a extraer y trasegar petróleo en Nicaragua, sacándolo desde ese país en un manto lo suficientemente amplio como para cubrir petróleo que se encuentra en territorio nacional, en especial nuestro mar, lo que no haría necesario, dado que el Gobierno de Costa Rica no ha estado dispuesto a permitir la extracción petrolera en su territorio, que las empresas se instalan físicamente en este país. Unos se la comen y a otros les duele la panza, pero sería por nuestra obcecación y decisión propia como país.

5) Debe aumentarse la provisión energética proveniente de nuestros ríos. Esto podría lograrse con la aprobación de un proyecto de ley que presentó la Administración anterior y que aún no es objeto de decisión por parte de la Asamblea Legislativa actual. Lo sorprendente es que esta nueva Administración, siendo del mismo partido político que la anterior, decidió presentar un proyecto alternativo que conserva muchas de las restricciones anteriores que limitaban la provisión privada de energía y que mantiene el dirigismo y control estatal que tanto daño ocasionan a cualquier esfuerzo por aumentar la oferta privada de energía.

La limitación vigente es tan absurda que se han dado casos de que empresas nacionales se han ido a Panamá a construir plantas productoras de energía al no dárseles permiso para hacerlo en el país. Pero, ¡qué sorpresa!, desde allá exportan electricidad a Costa Rica y a un costo mayor que el que se tendría si hubieran podido operar en el país. ¡Todo por nuestra decisión absurda de impedirles trabajar en Costa Rica! En Panamá las empresas privadas productoras de electricidad no tienen restricciones y limitaciones a lo que pueden producir, al contrario de lo que sucede en este país y que en mucho conserva el nuevo proyecto de ley presentado por este gobierno. Por tanto, la Asamblea Legislativa debe aprobar el proyecto de ley sobre generación eléctrica privada que se presentó durante la administración anterior,

6) Debe abrirse campo para que cualquier persona o empresa privada pueda dedicarse a producir energía, siempre y cuando se respeten las leyes normalmente aceptadas, lo cual debe tomar en cuenta los impactos no compensados sobre el medio ambiente. Las llamadas nuevas fuentes de energía renovable deben ser incentivadas no impidiendo que puedan operar y no introduciendo limitaciones a lo que pueden hacer. Sin embargo, no debe dársele subsidios a la producción porque ello alteraría cualquier rentabilidad comparativa con otras fuentes energética.

Muchas veces en las posiciones gubernamentales se deja de lado un principio económico muy sabido: el papel de los llamados costos comparativos. Esto quiere decir, aplicado a estos casos, que es físicamente posible producir cualquier forma de energía sí se le da un subsidio tal que la operación resulte ser privadamente más rentable que socialmente. Se podría dar un subsidio -y sólo como ejemplo- para producir costosos paneles solares que, al contrario de hoy, lo convierta en una actividad rentable en comparación con otras fuentes opcionales de energía. La diferencia está por los recursos que la sociedad a través del subsidio le ha dado al productor, pero el hecho es que los recursos empleados en producir energía por este medio darían un rendimiento mayor si fueran invertidos en alguna otra actividad alternativa.

Voy a dar un ejemplo de la idea que solía exponer a mis alumnos. Les decía que era posible producir un excelente café en Florida. Hubo quienes, para empezar, sabían de la mala calidad de tierras para producir café en Florida, poro cual murmuraban que su profesor había enloquecido. Pero todo lo que tuve que hacer fue empezar por aplicar subsidios para mostrar como sí era posible obtener físicamente una ventaja comparativa mas no una ventaja económicamente comparativa si se trataba de producir café en Florida.

¿Qué tal si por barco trasladábamos una buena tierra desde Los Santos y cubríamos la cal calcinada por el sol de Florida? Dicho y hecho, ¿pero quién la cultivaría que supiera de café? Muy sencillo: organizamos cuadrillas de buenos peones cafetaleros desde Naranjo (hoy día los podemos llevar desde Matagalpa) y los enviamos a Florida. ¿Qué mucho sol y mucha lluvia? Ponemos los sembradíos en viveros y con goteo. Lo que sea necesario para lograr una buena producción de café. Tan sólo se requiere que se tenga los recursos, plata para adquirirlos y ponerlos a producir tan buen café en Florida.

Un alumno inteligente entendió el problema al preguntarme, ¿Profesor, sí, pero a qué costo? Se sacó un diez. Se dio cuenta que era posible producir café en Florida, pero que era muy costoso en comparación con producirlo en Costa Rica.

Se puede obtener energía de mucha fuentes, pero ¿a qué costo? Esa es la pregunta clave. Si se da el subsidio adecuado, se puede reducir artificialmente ese costo para hacerlas competitivas con otras fuentes energéticas, asumamos que tradicionales. Esa no es la solución. Es discutible la conveniencia de dar subsidios a la investigación, por ejemplo, pero muy claro el efecto negativo de darlos directamente a la producción. Espero que de esta manera se abra una ventana para la discusión en torno a fuentes energéticas alternativas.

Jorge Corrales Quesada

El petróleo y la política

Si le proponen hacer una apuesta sobre el precio del petróleo dentro de 10 años, ¿apostaría usted por un aumento o por la caída del precio? Algunos argumentan que se está acabando el petróleo fácil de extraer, por lo que el precio seguirá subiendo. Otros aseguran que el alto precio actual provocará una inundación de nuevas fuentes petroleras, por lo que los precios caerán, siempre y cuando los políticos en Washington no sigan con su marcha fúnebre sobre la energía y el medio ambiente.

El argumento sobre la caída de los precios petroleros es que existen cientos de años de reservas petroleras, al nivel actual y al proyectado aumento del consumo, si incluimos las reservas de petróleo pesado. En países como Arabia Saudí e Irak queda mucho petróleo barato por producir (a $15 o menos el barril), pero no en cantidad suficiente para suplir toda la demanda mundial. Por eso se está produciendo más petróleo en aguas profundas que es más costoso, como también el petróleo pesado proveniente de arenas bituminosas.

El monto de las reservas petroleras se mide en función del costo. Hay más de 1.300 millones de barriles de reservas de petróleo convencional, concentradas principalmente en el Medio Oriente. Las mayores reservas de petróleo pesado están en la faja del Orinoco en Venezuela, que se estiman en 1.200 millones de barriles, cuya producción costaría menos de $50 el barril.

De las arenas petroleras de la provincia de Alberta en Canadá se está actualmente extrayendo petróleo, a un costo de unos $45 y esas reservas se estiman en 1.800 millones de barriles. El total de las reservas mundiales de petróleo bituminoso de esquisto, una roca negra azulada, se estiman en 3.300 millones de barriles, de los cuales 70% están en Estados Unidos, principalmente en Colorado, Utah y Wyoming.

La empresa Shell informó el año pasado haber desarrollado una técnica para extraer petróleo de esquisto a un costo de alrededor de $35 por barril. Estados Unidos también tiene las mayores reservas de carbón, suficiente para suplir la demanda por varios siglos. El carbón se puede convertir en petróleo (como lo comprobaron los alemanes y sudafricanos hace años) y el costo estimado de conversión en la actualidad es de unos $35 el barril.

Entonces, ¿no parece muy raro que el precio actual del petróleo sea más del doble del costo de producir lo que ahora se consume y de lo que necesitaremos en el futuro? La razón del exagerado precio es que la oferta ha sido artificialmente restringida por los gobiernos. El 88% de las reservas de petróleo convencional pertenece a gobiernos y esos gobiernos invierten cantidades insuficientes en nueva producción. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha restringido las perforaciones costa afuera, en tierra firme y la conversión del carbón.

Algunos políticos dicen que tomaría años aumentar la producción en este país. Mentira. Nuevos pozos se pueden taladrar a un promedio de mil pies diarios, por lo que la elaboración de un pozo promedio tarda apenas una semana y estaría produciendo en pocos meses. Las perforaciones submarinas tardan más, pero lo que toma más tiempo son los permisos gubernamentales.

Los políticos que dicen que no se puede aumentar rápidamente la producción petrolera son los mismos que proponen fuentes alternas de energía, tales como molinos de viento y energía solar, sin tomar en cuenta que eso sí tomará mucho más tiempo.

Felizmente, la gente comienza a comprender que está pagando por la gasolina el doble de lo necesario y que el ambiente no se está beneficiando en nada por ello. Energía barata y un ambiente limpio no se logran con fuentes diferentes de energía, sino con políticos diferentes.

Richard W. Rahn

La inquisición verde

Cuando se trata del calentamiento global, abundan las historias de terror extremas. Por ejemplo, Al Gore, se ha hecho muy conocido por decir que un enorme aumento del nivel del mar (20 pies) inundaría las principales ciudades del mundo.

Jim Hansen, asesor científico de Gore y perteneciente a la NASA, incluso superó a su asesorado. Sugiere que habrá aumentos del nivel del mar de 24 metros (80 pies), y que un aumento de seis metros ocurrirá en este siglo. Poco sorprende que su colega ambientalista Bill McKibben declare que "estamos en una carrera desbocada para ahogar a gran parte del planeta y gran parte del resto de la creación".

Considerando todas las advertencias, hay una verdad ligeramente inconveniente: a lo largo de los últimos dos años, el nivel global del mar no ha aumentado. De hecho, ha disminuido ligeramente. Desde 1992, los satélites que orbitan el planeta han medido el nivel global del mar cada 10 días con un increíble nivel de precisión: 3,4 milímetros (0.2 pulgadas). A lo largo de 2 años, los niveles del mar han bajado, y todos estos datos están disponibles en sealevel.colorado.edu.

Esto no significa que el calentamiento global no sea cierto. A medida que emitimos más CO2, con el tiempo la temperatura aumentará moderadamente, haciendo que el mar se caliente y expanda un poco. Eso es lo que nos dice el panel de las Naciones Unidas sobre el cambio climático; los mejores modelos indican un aumento del nivel del mar en este siglo de 18 a 59 centímetros (7 a 24 pulgadas), y la estimación más común es de 30 centímetros (un pie). No se trata de algo aterrorizante ni particularmente amenazante: 30 centímetros es lo que el mar aumentó en los últimos 150 años.

En pocas palabras, se nos está haciendo creer historias muy exageradas. Proclamar que el mar aumentará seis pies este siglo está en contradicción con miles de científicos de la ONU, y exige que el nivel del mar acelere su aumento en cerca de 40 veces de lo que es hoy en día. Imagínense cómo hablarían los alarmistas del cambio climático si realmente viéramos un aumento en el nivel del mar.

Cada vez más los alarmistas plantean que no se nos debería permitir escuchar esos hechos. En junio, Hansen proclamó que las personas que propagan "desinformación" acerca del calentamiento global -directores ejecutivos de corporaciones, políticos, de hecho cualquiera que no siga la estrecha definición de Hansen sobre lo que es la verdad- deberían literalmente ser juzgados por crímenes contra la humanidad.

Es deprimente ver a un científico -incluso a uno politizado- llamar a que se haga una inquisición moderna. Parece inexcusable un intento así de descarado por tratar de limitar la libertad científica y coartar la libre expresión.

Sin embargo, es tal vez el síntoma de un problema mayor. Es difícil mantener el pánico sobre el cambio climático si la realidad diverge de las predicciones alarmistas más que nunca antes: la temperatura global no ha aumentado en los últimos diez años, ha disminuido notablemente en el último año y medio, y los estudios indican que es posible que no vuelva a aumentar sino hasta a mediados de la próxima década. Con una recesión global en ciernes y los altos precios del petróleo y los alimentos socavando los estándares de vida de la clase media occidental, se está haciendo cada vez más difícil vender la solución de recortes de emisiones de carbono de alto coste que propone el ineficiente estilo del tratado de Kyoto.

Un enfoque mucho más sólido que el de Kyoto y su sucesor sería invertir más en investigación y en el desarrollo de tecnologías que no generen emisiones de carbono, lo cual es una manera más barata y eficaz de verdaderamente solucionar el problema climático.

Hansen no es único que intenta culpar a otros de las dificultades de vender su mensaje. El principal ambientalista de Canadá, David Suzuki, declaró este año que los "políticos que sean cómplices del cambio climático deberían ir a la cárcel". El activista Mark Lynas piensa en "tribunales penales internacionales" al estilo de Nuremberg contra quienes se atrevan a cuestionar el dogma climático. Claramente, este artículo me pone en riesgo de ser víctima de Hansen y compañía.

Sin embargo, el problema real del planeta no es una serie de hechos inconvenientes, sino el hecho de que hemos evitado emprender soluciones de sentido común y, en lugar de ello, hemos adoptado políticas erradas y alarmistas.

Piénsese en uno de los pasos más importantes que se ha emprendido para responder al cambio climático. Adoptados por pánico, los biocombustibles se suponía que iban a reducir las emisiones de CO2. Hansen los describió como parte de "un futuro más brillante para el planeta". Sin embargo, usar los biocombustibles para combatir el cambio climático debe haber sido una de las peores "soluciones" a un reto global de los últimos tiempos.

En esencia, los biocombustibles sacan alimentos de las bocas de las personas y los ponen en los automóviles. Los cereales que se necesitan para llenar de etanol una SUV son suficientes para alimentar a un africano un año entero. El 30 por ciento de la producción de maíz de ese año de E.U. se destinará a los vehículos estadounidenses, lo cual sólo es posible gracias a subsidios que llegarán en el mundo a 15 mil millones de dólares sólo este año.

Puesto que la mayor demanda de biocombustibles hace que disminuyan los bosques ricos en carbono, un estudio realizado en 20008 por Science demostró que el efecto neto de usarlos no es reducir las emisiones de CO2, sino 'duplicarlas'. El apuro por usar biocombustibles también ha contribuido a aumentar los precios de los alimentos, lo que ha hecho que cerca de 30 millones de personas adicionales hayan caído en la hambruna.

Debido al pánico ante el cambio climático, nuestros intentos por mitigarlo han causado un desastre sin paliativos. Derrocharemos cientos de miles de millones de dólares, agravaremos el cambio climático y aumentaremos dramáticamente el hambre en el mundo.

Tenemos que poner punto final a que se nos aterrorice tan fácilmente, debemos dejar de aplicar políticas estúpidas y es hora de que comencemos a invertir en investigación y desarrollo (I y D) inteligentes. Deben terminar las acusaciones de "crímenes contra la humanidad". De hecho, el mayor crimen es el del alarmista que cierra las mentes a las mejores maneras de responder al cambio climático.

Bjorn Lomborg

¿Especuladores ambiciosos?

¿Se ha dado cuenta que sin los especuladores, la mayoría de los alimentos, y otros productos costarían muchísimo más? Muchos miembros del Congreso han estado buscando al malo de la película que está causando el aumento en el precio de la gasolina (parecen no tener espejos). Un gran número, no exclusivamente pero sobretodo demócratas, han decidido que los especuladores, o al menos los “especuladores (ansiosos) ávidos” son los malos de la película.

Muchos miembros del congreso establecen soluciones a cosas que ni ellos entienden y causan problemas donde no hay o empeoran algún problema real, lo cual explica la actual subida de los precios de la gasolina. Hay mercados “de futuro” en productos agrícolas, metalúrgicos y energéticos. En un mercado de futuro, es posible comprar o vender cosas para entregar en una fecha posterior. La razón por la que los mercados de futuro se han desarrollado formalmente hace un par de años y por la que son tan importantes en la economía mundial, es porque han hecho posible que productores y consumidores puedan compensar el riesgo de los cambios de precio con quienes están dispuestos a tomarlos.

Asuma que usted es un agricultor y estima que este año puede producir maíz por $5 por saco, y que al momento el maíz se está vendiendo por $7 el saco. Con una utilidad de $2 por saco, el maíz es el producto más rentable que usted puede producir, así que usted podría planear una ampliación en sus plantaciones de maíz. Usted teme, como es normal, que otros productores como usted también siembren más maíz. Pero este maíz adicional podría causar que el precio baje, especialmente si el Congreso sabiamente reduce el tonto mandato que este pasó sobre el etanol basado en el maíz. Si el precio cae a $3 por saco, usted quebrará.

Afortunadamente existen los mercados de futuro, los cuales hacen posible que los agricultores vendan parte sus terrenos de cultivo para entregar luego (por ejemplo, en septiembre cuando se está cosechando hoy) con los precios actuales, los cuales son altos. Esto los protegerá de una gran caída de precios conocida como “reducción”. Por otro lado, están las compañías de cereal de desayuno quienes temerán que el precio del maíz continúe subiendo, pues de esta manera no serán capaces de comprarlo a ese precio para sus consumidores, así que querrán protegerse a sí mismos estableciendo como precio fijo el precio actual del maíz conocido como un “alargamiento”. Ambos, el agricultor y las compañías de cereales están “asegurando sus apuestas” sobre el futuro precio del maíz. Existen muchos especuladores del mercado, los cuales proveen liquidez al mercado y llenan el vacío si los números de las apuestas “alargadas” o cortas no coinciden.

Los mismos principios se sostienen para el petróleo. Si usted es un pequeño productor de petróleo y sabe que perfora un pozo caro pero que posiblemente producirá poco, el petróleo tendrá que ser vendido a un precio mayor que $60 en los mercados de futuro de petróleo para que este sea rentable. Así, si usted puede vender parte de lo que esperaba producir a un precio mayor de $60 en los mercados de futuro, será más probable que sea rentable, y por ende, usted querrá tomar el riesgo de la costosa inversión que significa extender su producción.

Por otro lado, asuma que usted es el gerente del sistema municipal de los buses de una ciudad. Usted debe proveer al consejo de la ciudad el estimado de los costos de diesel para el próximo año para que este pueda asignar adecuadamente el presupuesto de la ciudad. Si hay un aumento inesperado en el precio del diesel, no tendrá suficiente para todos los buses y tendrá que acortar el servicio de buses. Esto molestará a los ciudadanos, a los miembros del consejo y hasta pondría en riesgo su empleo. Afortunadamente usted puede hacer una apuesta “alargada” en los mercados de futuro del diesel, protegiendo la ciudad en caso de que el precio del diesel suba, protegiendo su empleo y a los ciudadanos usuarios del sistema de buses.

Así como el ejemplo del maíz, los especuladores de petróleo, algunos de los cuales tienen que “alargar” y otros que “acortar”, proveen la liquidez y el desajuste necesario entre varios apostadores.

La consigna política actual es: “los especuladores hacen subir el precio del petróleo”. Pero piense en ello durante un momento. Si el precio del petróleo está siendo manejado por encima del mercado definiendo el precio donde la oferta iguala a la demanda, la demanda caerá y los especuladores se quedarían estancados con abundantes e inesperadas reservas de petróleo. Mantener le petróleo en tanques y en barcos es costoso, y los especuladores no podrán cubrir estos costos por mucho tiempo, así que los precios caerán. Algunos en el Congreso quieren reducir las actividades de los especuladores aumentando las regulaciones. Esto sólo llevará al mercado de energía hacia otros países, afectando negativamente a los EE.UU. y no hará nada para reducir el precio del petróleo.

El precio del petróleo está más alto de lo estuviera en un mercado totalmente libre, privado y global, porque las compañías estatales de petróleo de otros países poseen el 88% de las reservas que se conocen y muchas de ellas son parte del cartel de la OPEP. La producción de petróleo que podría darse en EE.UU. y en otros lugares por empresas privadas ha sido prohibida por el gobierno. Los especuladores no son el problema; ellos son parte de la solución al reducir el riesgo para los productores, las refinerías, y otros participantes en el mercado petrolero. Esta reducción de riesgos resulta en mucho más producción de petróleo u otro combustible, alimentos, y metales donde existen los mercados de futuro.

Richard W. Rahn

Petróleo y geopolítica

Debemos admitirlo: somos en general de memoria corta. Ante el acentuado aumento de los precios del petróleo comienza a cundir el pánico entre los analistas, que no recuerdan crisis anteriores. También en los años setenta y ochenta del pasado siglo se estremeció el mercado petrolero y los pronósticos geopolíticos eran aún más sombríos. Sin embargo, el mundo occidental, capitalista y democrático no hizo sino fortalecerse. Estoy convencido que ocurrirá lo mismo como resultado de las actuales sacudidas.

¿Qué pasó después de la guerra de 1973 en el Medio Oriente y de la cruel confrontación entre Irán e Irak? Cabe resaltar dos hechos. En primer lugar, una enorme masa de dinero fluyó hacia los países productores de petróleo, todos los cuales, sin excepción, preservan sus rasgos de sociedades atrasadas y dependientes de un solo producto para sobrevivir y prosperar. En segundo lugar, las naciones capitalistas avanzadas del norte de América y Europa aprendieron a ser más eficientes en el consumo de energía derivada del petróleo, intensificaron su avance tecnológico y multiplicaron la riqueza generada por el trabajo y la innovación.

El oro negro sigue contaminando a los países que le poseen, países gobernados por monarquías reaccionarias (Arabia Saudita), satrapías orientales (Libia), o autocracias militarizadas y retrógradas (Rusia, Venezuela y Nigeria, entre otras). El dinero fácil continúa llenando sus tesorerías y los bolsillos de sus gobernantes, pero se trata de sociedades desiguales y estériles que carecen de las capacidades para superar con éxito los retos de la modernidad. En particular, los países de la OPEP no podrían solventar una caída de precios en el corto o mediano plazo sin experimentar severas turbulencias sociales.

La única novedad en el ámbito geopolítico, a decir verdad, es el programa nuclear iraní, cuyo futuro sigue en duda y que probablemente traerá más desgracias que beneficios al sufrido pueblo de esa nación. ¿Cuánta de esa tecnología es resultado del esfuerzo de las universidades y otros institutos científicos de Irán y qué parte ha sido comprada e importada? ¿Qué utilidad tendrá semejante proyecto en la mejora de la existencia cotidiana de la población? No demasiada, me atrevería a apostar.

El choque sicológico y económico de los elevados precios de hoy tendrá efectos saludables sobre el capitalismo y conducirá a cambios significativos tanto en materia tecnológica como de conducta social. Ya es hora que las naciones avanzadas del globo reduzcan su dependencia de Estados y gobiernos atrasados e irresponsables como los que conforman la OPEP, y minimicen el dañino flujo de petrodólares hacia naciones que despilfarran el dinero o lo utilizan para desestabilizar el sistema internacional, como lo hizo Libia en su momento y ahora lo hacen Irán y Venezuela. Lejos de ser un factor negativo, los altos precios del petróleo son una bendición a mediano y largo plazo para las grandes democracias occidentales, y de manera especial para Estados Unidos.

Los opulentos, desinformados e ingenuos electorados occidentales llevan a cabo su aprendizaje político a través de sus bolsillos, y el precio de la gasolina les obligará a dejar de lado los inmensos automóviles e insaciables motores que les hipnotizan y que se traducen en millones de dólares para los jeques árabes y tiranuelos como Putin y Chávez. La transición a una existencia con menos petróleo será difícil, pero no será mortal, y abrirá las puertas a una nueva etapa del capitalismo y la democracia, que vislumbro con optimismo. En cambio, a los petro-Estados les aguarda sin remedio el conocido abismo de una dependencia todavía más profunda y degradante.

Aníbal Romero

Delirio chavista

Nuevamente Hugo Chávez demuestra el estado de paranoia en que ha sumido a Venezuela, pues ve invasiones y tramas militares por todas partes: primero con Colombia y ahora con el reciente fallo de una corte a favor de Exxon-Mobil que obliga a Petróleos de Venezuela (PDVSA) a congelar más de $12.000 millones por la nacionalización de un proyecto de crudo. Respecto a este último caso, no sería de extrañar que la Exxon-Mobil tenga razón, pues la nota común de los gobiernos como los de Chávez es la violación sistemática a los derechos de propiedad y al imperio de la ley, aunque el teniente coronel despotrique diciendo que es una estratagema del "imperio" para derrocar al democrático y pacífico gobierno revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela.

Tampoco es de extrañar la amenaza lanzada por Chávez luego de conocerse el fallo (no hay que soslayar sus inicios como matón de ejército), advirtiendo que si el "acoso" continúa, entonces dejará de venderle petróleo a los Estados Unidos. Con esto, Chávez deja claro que no toma en cuenta la opinión de los ciudadanos, condición indispensable de todo régimen que se haga llamar democrático, pues dispone de Venezuela como su feudo. Y de paso decide por sus aliados, pues en la amenaza incluye a sus "aliados" Ecuador, Rusia e Irán.

Ante tal delirio de persecución, el segundón de Chávez, Daniel Ortega, salió en defensa de su ídolo intelectual diciendo que si el gobierno venezolano cae, se acabarán todos los programas sociales, educativos y de infraestructura que ése régimen despliega entre todos sus aliados latinoamericanos. En ASOJOD siempre nos hemos preguntado si Ortega conocerá el término dignidad, pues cada vez que Chávez dice algo, Ortega sale a ladrar en su favor, actitud que no pareciera adecuada para un mandatario. Pero lo más irracional de todo no es el espaldarazo ideológico de Ortega, sino la actitud de Chávez: negarse, eventualmente, a vender petróleo a su principal comprador. En caso de que se congelen las ventas, el problema para el régimen venezolano no sería qué hacer con el sobrante de petróleo sino qué hacer con el faltante de dinero, pues para nadie es un secreto que Chávez ha desahucido todas las otras ramas del sector productivo venezolano para dar impulso al petróleo. Así las cosas, la ecuación es fácil: si no puede vendérselo a su principal comprador, la economía de Venezuela, indefectiblemente, colapsará.

Se trataría de un evidente error de cálculo político-económico del teniente coronel, lo cual revelara su estrabismo mental. Error derivado de una extrema estupidez que sólo en su mente podría tener cabida: la gestación de una gran conspiración para derrocarlo, que lo lleva a desconfiar de todo el que se le acerque. Dicen que ese es último paso antes de la caída de todo megalomaniáco. Hitler, Stalin, Idi Amin y otros tantos son claros ejemplos de lo anterior. Por dicha, para suerte de la democracia, la libertad y la decencia, casi siempre este tipo de megalomaniácos terminan muertos.

Etanol, la nueva religión

Los devotos de los biocombustibles aseguran que éstos cambiarán el mapa político mundial, liberarán a los países pobres de su dependencia de los países ricos, reducirán el calentamiento global y la contaminación ambiental, atraerán inversiones a los países en desarrollo, crearán empleos para los pobres, restringirán el terrorismo, ahorrarán divisas, traerán una mayor democracia global, en fin, solucionarán todos los problemas imaginables. La fe en los biocombustibles es la nueva religión mundial, una mezcla de estatismo de izquierda y derecha (de Lula a Bush), ecologismo, nacionalismo y la vieja teoría de la dependencia. Solo se precisa de buenas políticas públicas, dicen. No es cierto; sin subsidio estatal, todo se derrumba.

Los vehículos que funcionan con etanol o biodiesel consumen no solo etanol y biodiesel sino también el aporte obligatorio de los contribuyentes, incluso de los muy pobres y de los ciudadanos de a pié, quienes con gran esfuerzo pagan sus impuestos. La industria de los biocombustibles, para despegar, necesita del subsidio estatal. Una vez que crezca y se consolide, y que el precio del petróleo haya aumentado lo suficiente, entonces el etanol supuestamente no necesitará más subsidios ni la protección del gobierno. Pero en EE.UU. hay industrias, como la del acero, que después de 100 años siguen siendo subsidiadas.

Se habla tanto de los biocombustibles que mucha gente está convencida que representan una verdadera solución al creciente costo del petróleo, un combustible que los creyentes aseguran se está acabando rápidamente. Pero, ¿qué ocurrirá si las reservas de petróleo no disminuyen y los precios no se disparan? En ese caso, el gobierno se verá forzado a eliminar los subsidios al etanol, agricultores e industriales abandonarán su producción y se habrá perdido toda la inversión realizada en el sector. Y, lo que es peor, el subsidio realizado con los impuestos de la gente se habrá derrochado inútilmente.

La apuesta a los biocombustibles es un juego de alto riesgo que los burócratas, viendo a corto plazo y alentados por grupos interesados, realizan no con patrimonio propio, sino con el esfuerzo y ahorros de la gente. El fracasado programa Pro-Alcohol en Brasil dilapidó 9.000 millones de dólares en subsidios. El petróleo, pese a los ecologistas de izquierda, está lejos de acabarse. Las proyecciones de precios del petróleo para el 2030 indican que estará en el orden de 59 dólares por barril (EIA 2007). Y en la medida que suben los precios del petróleo también subirán los precios del etanol y biodiesel, dado el alto consumo energético requerido en la producción de biocombustibles.

La realidad es que las reservas globales de carbón, petróleo bituminoso y petróleo común son abundantes. El proceso que transforma carbón en petróleo se tornará rentable si el precio del petróleo se mantiene por encima de 50 dólares por barril. Existen reservas de carbón para 500 años de uso de petróleo. El futuro parece brillante.

Los biocombustibles, además, originan graves problemas ecológicos, al igual que otras fuentes renovables como el sol, viento e hidroeléctricas. Para generar 1.000 MW de electricidad, típico de una central nuclear, se requieren unas 600.000 hectáreas de cultivos de caña o maíz. Para generar la energía eléctrica que produce la central Itaipú mediante biocombustibles habría que cultivar más del doble de todo el territorio de Paraguay. Estudios recientes demuestran que los países pobres que en buena medida aún cocinan con leña, carbón o bosta de vaca, pueden ocasionar más daño que el CO2 proveniente de los vehículos de países desarrollados.

Un informe de las Naciones Unidas indica que el uso de maíz y caña de azúcar para producir biocombustibles puede ocasionar grandes hambrunas y miles de muertos. En Brasil, grandes superficies utilizadas para cultivos de subsistencia han sido reasignadas a biocombustibles y en muchos países el precio de los alimentos se ha incrementado.

Sí, esta nueva religión del etanol es altamente peligrosa para el bienestar mundial.

Por Porfirio Cristaldo Ayala
Tomado del Instituto CATO