La columna de Carlos Federico Smith: mantenidos por otros

El presidente de la ANDE, don Gilberto Cascante, dijo recientemente en una comparecencia ante una comisión legislativa encargada de analizar el proyecto de empleo público, que “los pluses salariales… muchas veces son la forma de subsistir económicamente.” Por supuesto que todo ser humano debe subsistir económicamente, pero debe hacerlo no viviendo gracias a una imposición obligatoria sobre toda la ciudadanía, quien paga por privilegios, como lo son los pluses, a los que no todos los ciudadanos pueden acceder, sino sólo un grupo concreto, específico. 

La fuente de este comentario es el artículo de La Nación del 2 de octubre titulado “Presidente de ANDE: Pluses salariales son una ‘forma de subsistir.’”

Es cierto que, en sociedad, todos vivimos de todos, pero gracias al esfuerzo de cada uno de nosotros. El mejor ejemplo es que, quien se dedica a una actividad productiva, depende de qué tan bien sirva a sus amos, los consumidores. De no hacerlo así, su empresa fracasará y tendrá pérdidas, conceptualmente no deseables y que, sin duda duelen. Al estar sujeto a la voluntad soberana del consumidor, debe competir por ganarse su buena voluntad para que adquiera lo que él le ofrece y que, presuntamente, satisface las necesidades y deseos de los consumidores. En particular, si cobrara más caro, si es áspero y hasta hostil con sus clientes, y si lo que le ofrece al consumidor es un producto de mala calidad, los consumidores le dejarán con sus chunches (inversiones, tecnología, ideas -fallidas en este caso hipotético- deudas, instalaciones y un largo etcétera de recursos que destinó a una inversión que no le sirvió a sus consumidores). 

Lo esencial del asunto es que esa relación es voluntaria y, para que se dé, ambas partes han de estar ganando, pues, de no hacerlo una de ellas, simplemente no participaría de la relación de compra y venta. Esto es muy distinto al pago que la sociedad hace por medio de pluses al gremio del señor Cascante, pues, para que el trabajador de la educación reciba ese pago, el ciudadano-consumidor es obligado, forzado, por el gobierno, por medio de impuestos, endeudamiento o inflación, a darle parte de sus recursos para pagar esos pluses, que tal vez no lo haría si libremente pudiera hacerlo. (Si estuviera libremente dispuesto a pagarlo, no serían necesarios impuestos obligatorios, sino que lo haría, pues considera que el servicio recibido vale la pena).

La persona debe buscar “subsistir” ´por sí misma y sólo en casos excepcionales otros deben correr obligatoriamente por la cuenta de dicha manutención, como es el caso de menores de edad o de discapacitados o de quienes sufren una tragedia temporal que les impide sobrevivir. Pero un adulto debe, como premisa, buscar cómo lograr que sus servicios sean valorados por el resto de las personas, para que libremente paguen por ellos. El estímulo de vivir mejor (subsistencia o manutención) debe hacer que la persona busque cómo mejorar sus aptitudes y capacidades para servir a terceros, sin obligar a nadie a mantener a nadie (excepto en condiciones extremas), así como a nadie se le debe exigir que practique la caridad por la fuerza (la caridad es voluntaria y no obligada; si fuera esto último, no sería caridad). Entonces, uno se mantendría por su esfuerzo propio no por los de otros.

Tal vez lo que tiene en mente el presidente de ANDE es que los salarios de los maestros son bajos (aunque los pluses no son sólo para ellos, sino también para la burocracia de la educación estatal), pero, en tal caso, lo deseable es que la política salarial se base en lo que la gente está dispuesta a valorar por la educación que reciben sus hijos. Una de las virtudes de la propuesta de un bono educativo (o “voucher” como se le llama en ocasiones) es que así la gente puede reflejar sus preferencias y valoraciones de los servicios que recibirían de maestros (mediante empresas o asociaciones que los contratarían). 

La idea del bono es que el gobierno le daría cierta suma de dinero a los padres por cada hijo, para que sólo sea gastado en su educación en el centro educativo de su elección, en vez de obligarles a ir a escuelas públicas, en donde ellos no son quienes los contratan para poder valorar sus servicios (bajo ese concepto, podrían existir escuelas públicas compitiendo en el mercado con otras por esos bonos educativos).

Esa propuesta, por supuesto, no es aceptable para muchos en el liderazgo sindical, pues simplemente perderían muchos ingresos, pues es posible que ya esos maestros asociados al sindicato no lo sean más, pues ya no se requiere de una presión para obligar al gobierno a pagar ciertos salarios (más pluses), pues, en el nuevo mercado competitivo, quienes definan eso serían los múltiples oferentes y demandantes de servicios educativos, quienes acordarían libremente los pagos.

Además, en dicha comparecencia legislativa, el presidente de ANDE dijo que esos pluses necesarios para complementar los salarios y la subsistencia económica de sus asociados, se han dado “a costa de un aumento desmedido de la carga laboral docente, al tener que atender más estudiantes o tareas complementarias de la función docente.” Pero, según datos estadísticos, la población estudiantil por maestro ha disminuido significativamente en el país en los últimos años, debido al menor crecimiento de la población, además de que el salario se paga no sólo por los servicios de educadores en el aula, sino por “las tareas complementarias.” que forman parte del servicio completo.

También, el presidente de ANDE, dijo que era una “falsa premisa… que los salarios de los empleados son causa del déficit fiscal del país,” pero el déficit es el exceso de gasto público sobre impuestos que recauda el gobierno y, por ello, al ser los salarios de esos empleados (y cualquier otro gasto, ya sea de salarios, de inversiones físicas, etcétera; todo tipo de gasto) parte integral de ese gasto total, dan lugar a que surja el déficit. Un dato importante debe ser parte de esta reflexión: “Entre el 2007 y el 2018, el gasto en remuneraciones (salarios y otros pagos como pluses) del Gobierno Central subió de ¢1.2 miles de millones [el medio cita erradamente ¢1.2 millones] a ¢2.4 miles de millones, lo que equivale a un alza del 100%.”

Para terminar, se ha dicho que, ante el proyecto de ley de empleo público, en una primera instancia parecería que “un 30% de los funcionarios podría ver un aumento de sueldo,” pero el presidente de ANDE agrega que ese “aumento es muy difícil mantenerlo en el tiempo, y el poder adquisitivo futuro se verá afectado.” No obstante, nada dice que los ajustes por inflación al nuevo salario siempre se darían. Eso sí, se deja de lado el efecto expansivo adicional de los pluses sobre los salarios pagados. Los pluses se verían disminuidos, pues, sin duda, son un disparador automático del gasto gubernamental (y de una u otra forma de impuestos, presentes o futuros) al montarse sobre los aumentos en los salarios bases. 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: premiando el ocio

Leí con interés la información de La Nación del 22 de agosto, titulada “Investigación revela alarmantes resultados en educación pública de Costa Rica,” y, conforme pasaba las líneas, más me angustiaba el rumbo que ha tomado este país en cuanto a la calidad de su educación, desazón que ha aumentado al ver que los sindicatos de ANDE y APSE, una vez más, acuden a dejar a sus estudiantes sumidos en la ignorancia, al no enseñarles lo mínimo debido, por estar en huelgas casi constantes.

El problema es que la educación pública del país está en plena declinación, según lo señala el VII Informe Estado de la Educación publicado el 21 de este mes. Según el medio, la educación pública nuestra se caracteriza, entre otras cosas, porque hay “programas de estudios que los docentes se resisten a aplicar, una gran mayoría de escuelas… no imparten (sic) el currículum completo de materias, graves deficiencias en Español y Matemáticas.” Indica que “los resultados en general son desalentadores y no responden a la billonaria inversión que el país hace en esta materia” y que “el único factor que resulta satisfactorio es la cobertura en la preescolar, con el problema de que no está acompañado de una mejor calidad.” El presupuesto del MEP se ha cuadruplicado en los últimos 12 años, pasando de ¢679.659 millones en el 2007 a ¢2.600 millones en el 2019.

Veamos algunos datos: 

En educación preescolar (niños de 4 a 5 años), se mejoró su cobertura al llegar a un 80% mientras que en la década previa era de un 60%. Pero, el informe señala que “Los estudiantes de preescolar… registran bajos niveles en sus habilidades lectoras al iniciar el año, (lo) que se mantiene… al finalizar el curso lectivo.” En dos palabras: no progresaron en su aprendizaje.
 

Hay un desprecio hacia la educación preescolar, pues, a partir de información recabada de profesores universitarios al respecto, “el 49% de (los) docentes (de preescolar) que enseñan tienen (sic) 50 años, en promedio; no tienen contacto diario con las aulas de preescolar debido a que dejaron de impartir lecciones y tienen un puesto en propiedad; el 51% restante tiene 43 años en promedio, son interinos y sí laboran con niños.” En ambos grupos “se encontró poca actualización y participación en las tareas académicas” y son “poco propensos a la investigación y al desarrollo de capacidades innovadoras.”
 

En educción primaria, “93.4% del total de alumnos asisten (sic) a instituciones que no imparten” el currículum completo definido por el Consejo Superior de Educación en 1977. Así, los estudiantes se ver perjudicados al no recibir todas las materias, como también porque “los cambios en los programas de las que sí reciben no se implementan en la clase.” El 45% de 364 maestros que fueron entrevistados no aplica el programa de Español cuya reforma viene desde el 2014, “para incorporar principios que logran un mejor desempeño, basado en descubrimiento de la neurociencia,” y se considera que ese programa es “poco relevante” para enseñar el idioma español. Un “85% no permite interrupciones cuando se lee en voz alta y el 66% no comenta experiencias personales en la lectura.” Según el informe citado, esas acciones “no permiten la lectura dialogada, estrategia… para promover el desarrollo de las habilidades lingüísticas, aclarar conceptos, ampliar conocimiento y enriquecer el vocabulario.”
 

Como se llegó a saber del VII Informe de Estado de la Educación “Al 74% de maestros no les gusta leer,” pues, a partir de “una consulta realizada a maestros de primaria, encargados de enseñar a leer y escribir…”, un “74% manifestó que concibe la lectura como un ejercicio obligatorio, ajeno al gusto y el placer propios de esa experiencia.” ¡Por Dios, no diré nada y sólo recordaré con devoción a mis maestros de primaria -además del esfuerzo de mis padres en su hogar- para enseñarme a leer, con su ejemplo y amor hacia la lectura!
 

En educación secundaria, si bien creció en la cantidad de alumnos (42.383 entre el 2011 y el 2018), ese aumento se dio porque ofertas educativas de menor calidad que la tradicional (como el CINDEA), atraen a los alumnos.
 

“En el 2018, sólo el 75% de los alumnos de tercer ciclo (sétimo, octavo y noveno año) y el 48% de educación diversificada (cuarto y quinto año) está en las aulas en el rango de edad oficial del MEP;” o sea, se está envejeciendo la población de secundaria.
 

El medio indica que un estimado de 53.000 adolescentes, entre 12 y 16 años, está fuera del sistema educativo.
 

En las universidades públicas, el informe encontró que “el porcentaje de personas entre 25 y 34 años que debería contar con educación superior está igual que en 2009 (28%) y, a partir de 2014, viene en caída el número de títulos entregados por año.” Esto ha significado un aumento en la brecha con respecto a los países de OCDE, pues era de 6% a fines de los años noventa y en el 2017 ya es de 16.5%.
 

Es importante destacar que, apenas un 37% de la oferta total de carreras en las universidades, está en las áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.
 

Ante esta situación tan lamentable de nuestra educación, la tristeza o angustia aumenta, al darse cuenta uno del grado de irresponsabilidad de los líderes sindicales del magisterio, quienes, un día sí y el otro también, encuentran razones para lanzarse a huelgas que, entre las cosas que logra, está estimular la ignorancia y el desconocimiento entre estudiantes, quienes tan sólo pasan a ser actor secundario del proceso educativo, primando la conservación de privilegios, más que otra cosa, entre la dirigencia sindical.
 

Pero, ¿cómo la ciudadanía no se va a molestar, con justa razón, cuando en un año, el sindicato de profesores de secundaria APSE ha estado en huelga 107 días y, por su parte, el sindicato de maestros, ANDE, ha pasado 94 días en huelga? Muy cerca de la mitad de lo que efectivamente dura nuestro curso lectivo.
 

Claro, el incentivo obvio es que el costo de irse a una huelga es inexistente -y, tal vez, hasta placentero- para los huelguistas. Sencillamente, con el dinero de los ciudadanos contribuyentes se les paga el mismo salario (con todo y pluses), ya sea que trabajen o no. El estímulo hacia la irresponsabilidad es obvio y, si no se frena este abuso, simplemente seguirán las huelgas, sin importar, como es en el caso aquí descrito, que nuestra educación pública vaya en picada. 

Afortunadamente, decisiones recientes del Congreso parecen haber puesto un alto a este abuso, por lo que esperamos con ansia que esa mayor dedicación que ahora deberá tener el gremio magisterial, se traduzca en una mejora de la educación pública del país. Después de todo, la educación es esencial -no un servicio estratégico, como eufemísticamente se le ha considerado- para que el país tenga un futuro mejor del país y por ello es indispensable que se haga el mejor uso posible de los recursos escasos, lo que incluye la eliminación del desperdicio ante huelgas innecesarias.
 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: reconózcanlo, estamos por encima de ustedes

Tal vez nunca antes me ha dolido tanto escribir un título como este. Sucede al ver la decisión de los magistrados del Poder Judicial en torno a la incluso poca disminución de privilegios o pluses de los empleados públicos, contenida en la ley aprobada en diciembre del año pasado. En ella, a toda la ciudadanía se nos impuso un aumento en impuestos, además de otros nuevos. Pero, ante esa injusticia de impuestos para unos y privilegios para otros, conservo la esperanza de que, de alguna forma, los pueblos terminarán recibiendo la justicia que se merecen. Después de todo, los jueces o magistrados son tan humanos como todos nosotros, y, por tanto, se equivocan. Pero lo lamentable es que, con la conducta que exhibida en este caso, lo que nos dicen es que gozan de autonomías especiales no disponibles para el resto de los siervos de esta sociedad: sólo para ellos y, posiblemente, para otros grupos pequeños privilegiados.

 
El verdadero poder yace en el pueblo, en los ciudadanos y, de alguna forma, haremos que esos empleados públicos, llamados magistrados, sean tratados al igual que todos los demás empleados públicos. Sin privilegios salariales, más allá de los derivados de sus habilidades que pueden ser apreciadas por los mercados, tanto como otras de diversos funcionarios públicos, pero no mediante fueros especiales. Sus salarios, sus prebendas, sus privilegios, sus edificaciones, todo su alrededor público, provienen de la ciudadanía y, por ello, no es concebible que se sientan superiores a los demás ciudadanos, al excluirse, por sí mismos, de medidas destinadas a ordenar las finanzas públicas aplicadas generalmente por ley. 

Bajo una falsa pretensión de autonomía y una división de poderes, asumen que ellos pueden gastar todo lo que les puede venir en gana, eso sí con dineros aportados por la ciudadanía, pretendiendo que cualquier decisión de financiamiento es de su propiedad decidirlo, sin que se les pueda frenar de forma alguna por los contribuyentes que pagan la fiesta, pues no hay más poder en la tierra, tal vez excepto Dios, que pueda formalmente limitarlos en sus privilegios. Autonomía es autonomía para lo que a ellos les parezca.

Nos hablan siempre de igualdad ante la ley, pero la ley la acomodan para recibir un trato que no es igual para todos los funcionarios públicos o a los ciudadanos. Así, hay unos más iguales que otros.

Fue por mayoría de votos de los magistrados de la Corte Plena (14 votos a favor, 7 abstenciones y no señala la información de La Nación del 19 de agosto, “Poder Judicial se eximió de las medidas de ahorro de la ley fiscal,” si alguno votó negativamente), que decidieron, en sesión del 18 de marzo, su excepción ante medidas fiscales adoptadas en diciembre pasado por el Poder Legislativo, para paliar la grave situación fiscal en que nos encontrábamos, nos encontramos y, en parte, al ver cosas como estas, seguiremos encontrándonos. Siempre para desgracia de los ciudadanos menos poderosos.

A los más de 14.000 empleados judiciales no se les aplicará, así se decidió por la Corte Suprema, una serie de medidas aplicables sobre los pluses en el sector público. Veamos en qué casos su tratamiento sigue siendo preferencial para “los de adentro”:

1. Anualidades. Con la reforma fiscal, como medida para evitar el enorme crecimiento de esta partida, ese plus se sustituye por un monto fijo y no variable o porcentual, como era antes. Con la reforma, la nueva base es un monto fijo, equivalente al 1.94% del salario base en enero del 2018 para profesionales y de un 2.54% para los no profesionales. La Corte decidió que a sus empleados se les seguiría pagando porcentualmente, igual que antes de la reforma.

2. Dedicación exclusiva. El Poder Judicial conservará lo que estaba previamente para los empleados ya existentes: 65% para licenciados y 20% para bachilleres con contratos antiguos de dedicación; 25% para licenciados y 10% para bachilleres con nuevos contratos, y, para los nuevos, la dedicación exclusiva para licenciados no será superior al 25% del salario base y el 10% para bachilleres. La Corte sí aplicará el máximo del 25% del salario base para licenciados y del 10% para bachilleres, pero sólo para los nuevos.

3. Incentivos como porcentaje del salario. Además de las anualidades, la reforma señaló que se pagarían como una suma fija anual, en vez de porcentual. El Poder Judicial decidió que los antiguos empleados lo seguirán recibiendo como porcentaje, y que los nuevos lo harán con un monto nominal. Entre esos pluses pagados como porcentaje, el medio cita a los siguientes: “entre un 11% y un 22.37% del salario para el plus llamado índice de competitividad salarial.” De ellos, los jueces y los miembros del Consejo Superior reciben los porcentajes mayores (hasta un 22.37%) y los magistrados un 22.75%. También, se paga un plus que oscila entre un 10% y un 30% llamado “reconocimiento por el ejercicio de la función judicial”, sólo por ser empleados judiciales. Asimismo, jueces y defensores públicos en puestos de coordinadores reciben uno que oscila entre 5% y 10% del salario base.

4. Cesantía. La reforma fiscal señala que será de 8 años, con un máximo del 12% si media convención colectiva o algo similar. El Poder Judicial seguirá pagando a los empleados viejos el 12% y un 8% a los nuevos, sin mediar convención colectiva.

Uno se desilusiona, tal vez porque antes vio como ejemplar el comportamiento de los jueces superiores (confirmado anteriormente por magistrados ejemplares). Pero esa desobediencia, legislación en beneficio propio, conservación de privilegios, una pretendida falsa idea de autonomía, como una independencia total para hacer lo que les da la gana, logran, ante todo, que los jueces, cuya misión es ser justos, no lo demuestren cuando tratan de mantener privilegios propios injustos. Esa pérdida en el respeto social hacia los magistrados no sé adónde nos llevará, pero los pueblos terminan reaccionando ante la injusticia, y más cuando, por naturaleza, quienes deben ser justos, no lo son.

Jorge Corrales Quesada

Lo s incentivos tienen efectos

Como noticia, el fenómeno que señala La Nación en su comentario del 8 de julio, “¢55.000 millones en ayuda social van a personas sin necesidades,” no es algo nuevo. Lo que sí es noticia es que, a pesar de esfuerzos reales o sólo simbólicos para poner orden en esa situación, las cosas no han variado mucho.
 

Ya en el 2015, el Estado de la Nación había informado de “personas de clase media y clase alta que recibían ayuda social”, así como también eran conocidos casos de gente que recibió bonos de vivienda sin cumplir con los requisitos o que una vez obtenidas los dueños las han alquilado y se han ido a vivir a otras. Tampoco han faltado cuchicheos acerca de gente que recibe tres o cuatro ayudas de diferentes entes estatales, para superar supuestas condiciones de pobreza. Pero, ahora con este informa que de nuevo hace el Estado de la Nación, basado en estadísticas del INEC conocidas como la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), para el lapso 2016-2018, se valora, con datos, la magnitud -en lo posible- de fondos de programas de bienestar que van a dar a personas que bien se pueden mantener por sí mismas.
 

Incluso quien fuera ministro de Trabajo, Carlos Alvarado, tomó medidas ante el primer informe citado del Estado de la Nación, lo que, según La Nación, logró disminuir el porcentaje de filtraciones (eufemismo empleado para señalar a personas que, sin tener los requisitos usuales de pobreza, reciben fondos de beneficencia estatal, que, vale la pena recalcar, no son sino fondos aportados por los ciudadanos contribuyentes) “de 29.6% a 22.3% entre el 2014 y el 2015.” Pero, para los años siguientes, indica el medio, el porcentaje de filtraciones se mantiene prácticamente similar.” (Me trajo a la memoria una persona amiga que le dio el voto al gobierno actual, porque en campaña le dijeron que le darían “una casita”. Por supuesto que no le han cumplido, pero habría que ver si las promesas de campaña se han traducido en una realidad).
 

En este último informe del Estado de la Nación, se indica que, de los ¢55.000 millones, ¢30.000 van a dar a esos infiltrados o colados en el IMAS (que creo es el ente más grande de subsidios de ese tipo, como alimentos, vivienda y educación) y ¢25.000 millones del Régimen no Contributivo de la Caja, según señaló una persona que conoce mucho de estos asuntos, el economista don Juan Diego Trejos.
 

Todavía más es que un 18.4% de quienes reciben ayudas son familias que “no la necesitan, porque sus ingresos son mayores” que los requeridos para recibirla, así como que 34.000 hogares que las reciben no son pobres y 1.050 hogares tienen ingresos superiores al millón de colones al mes y que con todo y eso reciben esos aportes estatales. Este tipo de fenómeno de infiltración o “colazón” también se presenta en el Fondo Nacional de Becas (FONABE) y los CEN-CINAI.  

A su vez, el informe indica que hay tanto como “270.000 hogares en condiciones de pobreza (que) no son atendidos por el IMAS.”

El estado, indica el medio, tiene un proceso de control llamado Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), que reune toda “la información socioeconómica del 80% de la población costarricense,” aunque el medio indica que “no hay garantía de que el SINIRUBE se ponga en práctica en todas las sedes que otorgan ayudas a los segmentos más vulnerables del país y esto facilita que las filtraciones persistan.”

Lamentablemente, la filtración sucede hasta en “las mejores familias.” Por ejemplo, existe en países muy desarrollados como los Estados Unidos, pero es de esperar que la ayuda estimule a que haya quienes la prefieren a la opción de trabajar (eso en el marco de un desempleo elevado) o bien trabajan subterráneamente y complementan sus ingresos familiares con esos programas asistenciales. Los incentivos conducen a que sea la búsqueda de subsidios, necesario o no según la situación de pobreza, en vez de procurarse recursos mediante el esfuerzo propio.
 

El artículo es omiso en cuanto al origen de esas familias que reciben ayuda social. No es con afán chauvinista, pero, bien podría ser que la facilidad con que se logra esa ayuda, su monto y su diversidad de razones para recibirla, se conviertan en factor que atrae personas de otras naciones, principalmente vecinas, dada su situación peor en sus naciones de origen.
 

No deja de ser importante recordar que toda esa ayuda proviene de los contribuyentes y que ese uso de fondos para esos fines deja al país sin posibilidad de dedicarlos a otras cosas que los ciudadanos podrían considerar como mejores, ya sea mediante la acción personal de cada uno o para la provisión de bienes públicos por el estado. De esto casi no se habla en el país.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: sigue la lucha en defensa de los privilegios

Era esperable que, desde distintos flancos, se desatara una férrea oposición a cualquier intención de reducir las llamadas pensiones de privilegios, pues diversos entes y personas buscan pretextos para que se mantenga la transferencia de recursos de todos los costarricenses para sufragar pensiones de privilegio, para las que nunca se contribuyó lo suficiente.
 

Es así como La Nación, en un comentario publicado el 9 de marzo y titulado “Sindicalistas y un exmagistrado impugnan reforma a pensiones,” nos describe algunas de las acciones legales que concretamente se han planteado para cambiar el régimen de pensiones del Poder Judicial, aprobado a fines del año pasado. Debe tenerse presente que en la actualidad el déficit financiero del régimen de ese Poder para que cumpla con todos sus compromisos, se estima en ¢5.3 billones.
 

Se trata de impugnaciones de 7 dirigentes sindicales de la Asociación Sindical de empleados judiciales (ANEJUD), de la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (ANPROJUD), del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJUD), de la Asociación de Investigadores en Criminalística y Afines (ANIC), de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder Judicial (ASOJUPEN), del Sindicato de la Judicatura (SINDIJUD) y de la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) (espero que sean todos, pues me cansé de mencionar a tantos, pues más bien se parece al monstruo mitológica La Hidra de Lerna, poseedora de múltiples cabezas en un mismo cuerpo), además de un exmagistrado de la Sala IV. (E incluya, además, en el paquete de impugnaciones a “un funcionario del sistema jurídico y el presidente de una cooperativa judicial.”
 

Cada uno de ellos apela distintas partes de la decisión legislativa citada y muchas son comunes, por lo cual me referiré, en general, a qué artículos de ella se impugnan:
 

1. La reducción de la pensión desde el 100% de los últimos 24 salarios a un 82% de los últimos 20 años de salarios. Además, porque se elevó la edad de retiro a 65 años en vez de 62 como era antes y porque se cambió de 30 a 35 años los requeridos como mínimo para poder pensionarse. (Artículo 224)
 

2. Anteriormente menores de 60 años podían acogerse a una pensión anticipada, ahora es de 60 años para las mujeres y 62 para los hombres (la impugnación no es por esa clara discriminación, sino en general).  Además, pues se aumentó de 10 a 20 años el número de años requeridos para acogerse a esa pensión anticipada. (Artículos 224bis y 226)
 

3. Porque se cambió la forma de cálculo de la pensión por incapacidad. (Artículo 227)
 

4. Por el aumento en la cotización del trabajador, que pasó del 11% al 13%, a la vez que se conservó el aporte estatal de 1.24% (igual que el del IVM de la Caja) y el del Poder Judicial como patrono de un 14.36%. (Artículo 236)
 

5. Dado que la reforma introdujo las llamadas “contribuciones solidarias”, graduadas entre un 35% y un 55%, cuando la pensión sobrepasa los ¢4 millones mensuales. (Artículo 236bis)
 

6. Contra un transitorio de la nueva ley, que da 18 meses a partir de su promulgación, para que los funcionarios del Poder Judicial se pensionen con las condiciones (de privilegio) del régimen anterior. (Transitorio VI)
 

Se presentan muchas variaciones sobre los mismos temas, pero debo destacar algo que simplemente como argumento es pobre, cual es la opinión de un accionante, representante de SITRAJUD, en torno a la nueva legislación que eleva a 20 años los que debe laborar un empleado de la Corte para poder jubilarse, quien dijo que “dicho cambio deja en indefensión a los familiares de los funcionarios que fallezcan antes de llegar a ese punto.” Sin palabras…
 

El hecho es que siguen peleando por sus privilegios y, dado que conocen los intríngulis judiciales, cabe ver si quienes votan ante las impugnaciones judiciales tienen un interés o beneficio directo o indirecto en ellas: si no son juez y parte, como decimos los de a pie. Tristemente entre el gremio judicial, al menos en los sindicatos organizados a lo interno de ese Poder, parece primar el interés de seguir recibiendo pensiones de lujo para las cuales no contribuyeron personalmente lo suficiente y que ahora son sufragadas por toda la ciudadanía mediante el presupuesto gubernamental.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: Las platas de algunos sindicatos

Un comentario reciente publicado en La Nación del 19 de enero del 2019, titulado “Sindicatos del MEP reciben ¢12.000 millones cada año,” ha dado un lugar a un debate interesante entre ciertos líderes sindicales y periodistas de ese medio, que, sin duda, es del interés del ciudadano.

Según el comentario original, a partir sólo de datos provenientes del Ministerio de Educación Pública (MEP), los asociados a los sindicatos de ese gremio, la ANDE, el APSE y el SEC, que ascienden a 98.691 registrados (según el MEP allí laboran 86.000 personas y la diferencia es explicable pues un empleado pueda asociarse a más de un sindicato), aportan anualmente ¢12.132 millones a esos gremios. Este aporte es de alrededor de un 1% de los salarios (completos, no sólo del pago básico, sino que incorpora los pluses en dicho porcentaje, lo que da lugar a un incentivo a los sindicatos por conservar y expandir esos pluses, al ser fuente importante de recursos). Además, “el ingreso promedio de los educadores (observen que es el promedio, pues sin duda hay unos que son menores y otros más altos) es de ¢1 millón al mes; o sea, en promedio, cada uno aporta alrededor de ¢10.000. 

Según el medio, con información proveniente del MEP, la ANDE es el sindicato más grande, con 35.904 afiliados, que aportan anualmente ¢4.777 millones; esto es, el 39% del total.  Le sigue la APSE con 35.199 asociados, que hacen un aporte anual de ¢4.258 millones, equivalentes a un 35% del total. Y tercero está el SEC, que tiene 26.605 socios, con un aporte anual de ¢2.963 millones, que significa un 24% del total.

Los beneficios recibidos por los afiliados son muy diversos, destacando, al menos en ANDE, la asesoría legal, centros de recreo, ser nombrados en instituciones en las que ANDE tiene representación, recibir educación sindical, obtener equipos ortopédicos, ayuda por fallecimientos de familiares, así como por robo o desastres naturales, además de gastos obvios del gremio, como administración, mantenimiento de edificios, mobiliario y equipo, honorarios profesionales, y una extensa gama de actividades.” La ANDE señaló que los presupuestos son debidamente aprobados y a sus asociados se les informa anualmente de los resultados de tipo contable, financiero y de logro de objetivos.

La APSE señaló en un comunicado posterior que “la naturaleza de los recursos financieros que recibe APSE es privada” y que “no se trata de fondos públicos ni de recursos girados por el MEP, ni por ningún otro ente estatal” y que son enteramente voluntarios en función de la “libertad de asociación.” Y que no está obligada a “rendir cuentas públicas sobre sus estados financieros, ni de divulgar esta información ante los medios de comunicación.” Y que lo hace “en el seno de su Asamblea General” ante sus asociados.

Me encanta esa defensa de la libertad de asociación y de la privacidad de las acciones, que ojalá se extendiera a todas las personas, cuando ellas tienen que declarar con todo detalle cuando deben pagar impuestos. Es cierto que se trata de organizaciones voluntarias de personas, pero, puede mediar un interés público en conocer los orígenes y uso de los recursos, tal como está obligada una empresa que cotiza en la bolsa a informar detalladamente a los accionistas de todos sus ingresos y gastos. Después de todo, en el caso de los sindicatos, los dineros provienen en última instancia de fondos públicos y el gobierno es el encargado de recaudar los fondos para esas asociaciones. 

Dado lo anterior, me surgen dudas acerca de lo apropiado de la opinión de la dirigencia de la APSE, pues en ciertos momentos de su acción pública suelen actuar afectando derechos de las personas, como no recibir una educación por la cual pagan o no interrumpir el libre tránsito privado por una huelga sindical. Tal vez, para mayor transparencia, deberían mostrar los estados financieros del gremio ante la ciudadanía, para que valore el uso final que se le da a los recursos que paga por impuestos. Creo que estamos ante un caso interesante de derechos de los individuos que el estado debe proteger -incluso cuando hay conflicto entre, por ejemplo, el derecho a la asociación, por un lado, y el derecho al libre tránsito y a la paz, en general.

En resumen, opino que los dineros aportados por las personas privadas (empleados públicos) son decisiones privadas y, por tanto, no es exigible que informen públicamente la procedencia de esos fondos. Al mismo tiempo, me parece que los sindicatos podrían elevar en cierto grado su actual desprestigio, haciendo públicos esos estados, no obligadamente, sino para que la ciudadanía se dé cuenta de que no hay nada indebido o ilegal en la procedencia y uso de esos fondos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: política salarial y de incentivos en la Caja (Parte I)

La Nación publicó sendos artículos sobre este tema, uno titulado “CCSS paga medio billón de colones en incentivos: Diputados, directivos y Gobiernos crearon pluses en últimos 50 años,” en su edición del 27 de julio, y, el segundo, bajo el título “4 gobiernos inflaron pluses a médicos en asocio con gremios: Acuerdos por presiones sindicales cuestan hoy ¢200.000 millones anuales a la CCSS,” que apareció el 6 de agosto pasado. Ambos artículos sirven de base para mi comentario al respecto.
 

Para entender el problema, explicaré grosso modo un tema de economía, cual es el llamado “monopolio bilateral,” que significa que, en la relación comercial, existe tan sólo un demandante de, por ejemplo, un servicio (un monopolio del lado de la demanda) y un solo oferente de ese servicio (un monopolio del lado de la oferta). En este caso, a diferencia del usual análisis competitivo, no se llega a un acuerdo “estable” en el precio, sino que será una posición intermedia resultante de la fuerza relativa de cada uno de ellos, en donde el monopolista (único oferente) no logrará su precio óptimo, ni tampoco el monopsonista (único demandante), estará en su posición óptima. Complejidades técnicas aparte, significa que el monopolista ni el monopsonista se salen con la suya de lograr, el primero, el precio mayor por la venta del servicio, ni, el segundo, el precio menor que puedan pagar por ese servicio, sino uno que esté entre esos dos extremos.
 

Para mi análisis, se podría considerar a la Caja, en cierto momento histórico, como un único demandante de los servicios de los médicos y dada esa condición presunta de monopsonista (único comprador), su posición óptima es lograr pagar el mínimo posible a los médicos que contrata. Por otra parte, los médicos se organizan en un sindicato (monopolista) para lograr que se les pague el máximo posible por sus servicios, superior al salario del mercado competitivo.
 

Hay dos condiciones aquí que tomar en cuenta: la primera y fundamental, es que haya algún impedimento para la entrada o salida de los participantes en el mercado y eso usualmente se logra tan sólo si el gobierno, con su regulación, permite que el poder monopólico de una o de ambas partes pueda ejercerse. Bueno, la Caja en cierto momento fue el único contratista de los servicios de salud institucionales, antes que otros hospitales privados surgieran demandando servicios de médicos y así se ha ido rompiendo el poder de la Caja, de pagarles menos a los médicos que lo que sería el salario de mercado (la única “medio salida” que había era el ejercicio privado de la medicina en despachos privados, usualmente en horarios después del trabajo en la Caja, pues siempre era prominente trabajar en hospitales: esto puede haberse convertido en un aliciente para el surgimiento de los llamados “biombos”).
 

Por el lado del monopolio del servicio ejercido mediante el o los “Colegios de Médicos” y otros entes sindicales, se ha mantenido el poder para lograr que los salarios pagados sean mayores que los que podrían obtener en un mercado competitivo por sus servicios. De hecho, la regulación gubernamental no permite que alguien que sea médico pueda ejercer como tal y esa pertenencia es requisito para trabajar en los hospitales del gobierno (así como en los privados) y, ante todo, fija los costos o precios mínimos por servicios médicos.
 

Una segunda característica importante es que es posible observar, en ciertos momentos de crisis de la economía, cómo se instauran ciertas políticas -no dudo que bien intencionadas- de aumentos de salarios permanentes (y lo de permanentes es clave) en la estructura salarial, a fin de evitar un empobrecimiento del gremio médico causado por esa crisis. El problema es que, una vez pasada la crisis, se han instaurado mecanismos que, automáticamente, siguen aumentando el pago por esos salarios a médicos y otro personal, mucho más allá de, digamos, la inflación o de cambios en los mercados de esos servicios. Dos ejemplos son los grandes incrementos en ciertos pluses otorgados como compensación, uno ante la crisis de 1982, en la administración Carazo, práctica que se continuó en la administración Monge, y otro que se dio en el 2008, posiblemente como parte del llamado Plan Escudo, que se otorgó tanto a profesionales de la medicina, como a personal administrativo. El problema con estos ajustes a un grupo profesional, es que internamente fue factor de presión para que expandirlo en distintos grados hacia otros sectores laborales dentro de la Caja.
 

En el marco de esa lucha de poderes (del monopolio bilateral), ante la entrada de nuevos demandantes de servicios profesionales médicos -hospitales privados- el poder del monopolio de la Caja se ha ido erosionando y dando lugar a un mayor espacio de poder a los gremios sindicales para imponer un precio (salario) más alto en la Caja.
 

Veamos algunos detalles de los principales acuerdos en los últimos 50 años acerca del origen de la decisión, ya sea la aprobación de una ley, un acuerdo de la Junta Directiva de la Caja, una decisión del Gobierno o acuerdos directos con los sindicatos, que se tradujeron en 24 incentivos o pluses. (Obviamente esto es sólo una formalidad porque, por ejemplo, no me van a decir que los gremios sindicalizados no han hecho presión ante el Poder Legislativo, para que se aprueben diversas leyes en favor de sus asociados).
 

Pero, antes de esa descripción, es necesario señalar que hoy la Caja “prevé gastar más de ¢475.000 millones en pluses” y que “hay beneficios para todo tipo de funcionarios; médicos, enfermeros, ingenieros, abogados y administrativos entre otros,” según lo señala el medio arriba citado.

APROBACIÓN DE LEYES POR LOS DIPUTADOS:
 

Se trata de 10 casos que significan “más de la mitad del costo de los beneficios, con ¢264.000 millones.” O sea, cualquier pretensión de reforma requeriría la aprobación de una reforma esencial de ley, tal que corrija las anteriores. La ley más costosa es la Ley de Incentivos Médicos, creada en 1982, “que le cuesta a la Caja unos ¢152.000 millones anuales.”
 

Entre los pluses comprendidos en esta Ley están las anualidades a profesionales de ciencias médicas (5.5% del salario por cada año laborado), carrera hospitalaria (11% del salario), administrativa (11% del salario) y dedicación exclusiva (no se informa qué porcentaje del salario), un incentivo por consulta externa (un 3% por cada hora después de la quinta) y un incentivo a quienes trabajan en áreas rurales (oscilando entre un 10% y un 14% del salario, dependiendo de la zona). En 1985, asumo que, basada en esa Ley de 1982, la Autoridad Presupuestaria creó una bonificación adicional para los profesionales en ciencias médicas, del 15% sobre el salario base.
 

En 1989 se aprobó la Ley del Estatuto de Servicios de Enfermería, que otorgó a los enfermeros una anualidad del 3.5% y un complemento salarial de un 15% sobre el salario base.
 

En 1990, aquellos porcentajes de pluses aumentaron: 16% en la carrera administrativa y la carrera hospitalaria, el de consulta externa hasta un 21% del salario base, el incentivo de zona rural ascendió a un rango entre 17 y 21%, y se elevó el llamado asignación de vivienda de un 10% a un 15%.
 

En el 2004, mediante aprobación legislativa se amplió la Ley de Incentivos Médicos a otros profesionales de las ciencias médicas, y se definió una anualidad del 3.5% para los enfermeros, así como un incentivo de un 55% por dedicación exclusiva a estos últimos.

APROBACIÓN POR ACTOS DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA:
 

Se trata de 9 beneficios otorgados mediante decisiones de la Junta Directiva del ente.
 

En 1985 aprobó un pago a los ingenieros por disponibilidad (20% del salario).
 

En 1992 autorizó un incentivo de rotación que, supongo, es “por la adaptación biológica de laborar en los turnos de la tarde y de la noche, aún si ese salario es eventual” (no sé si es un porcentaje sobre los salarios).
 

En 1997 se dio la aprobación de la Junta Directiva de un pago por disponibilidad administrativa para 1.200 funcionarios y también aprobó un pago por zonaje a empleados administrativos.
 

En el 2002 autorizó un plus a los abogados de la Dirección Jurídica de la Caja y en el 2003, uno llamado viático fijo (que no se a qué se refiere).
 

En el 2009 la Junta adoptó una anualidad para los empleados administrativos que oscila entre un 2 y un 3% del salario por año laborado. Eso tiene un costo para la Caja de ¢78.500 millones en el presupuesto del 2018.
 

En el 2010 aprobó un plus llamado auxilio económico con un presupuesto de ¢3.8 miles de millones en el 2018 y es para trabajadores hospitalarios a los cuales la Caja no les puede dar alimentación (no hay información del costo del plus para aquellos a los que sí se les da alimentación).
 

Asimismo, el periódico señala que no dispone de la fecha de aprobación de un pago por disponibilidad médica, que en el presupuesto del 2018 significa una partida de casi ¢22 mil millones.

APROBACIÓN POR DECISIÓN DEL GOBIERNO:
 

Se refiere a 3 beneficios que fueron decididos por actos del gobierno de la República.
 

En 1989, de acuerdo con el medio, por un acto del gobierno se otorgó un plus a los informáticos (me parece que es de un 25% sobre el salario).
 

En 1994, el gobierno decidió la creación del llamado salario escolar, el cual es aplicado a todos los trabajadores del sector público, no sólo a los de la Caja.
 

Y, en el 2012, el gobierno definió un plus llamado “carrera profesional” para todos los profesionales del sector público, que, en conjunto con los dos anteriores, se traduce en un monto de ¢93.000 millones en el presupuesto de la Caja del 2018.

APROBACIÓN POR ACUERDOS ADMINISTRATIVOS CON EL SINDICATO CORRESPONDIENTE:
 

Hubo dos beneficios que derivaron de la acción directa de sindicatos con la administración. Uno de ellos fue un pago adicional al salario por riesgo en hospitales psiquiátricos (una partida que en el presupuesto de este año se eleva a ¢844 millones).
 

Y el segundo fue en el 2010 por “tecnologías médicas,” cuyo detalle no se indica, excepto que en el presupuesto del 2018 asciende a casi ¢6 mil millones.
 

En la segunda parte de este comentario, daré mis opiniones en torno al problema estructural serio que exhibe la Caja del Seguro Social en cuanto a su política salarial.
 

* La segunda parte de este comentario se publicará mañana

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: voracidad sindical

En estos momentos se está renegociando la convención colectiva entre las autoridades de la Universidad de Costa Rica y el sindicato de esa entidad, el SINDEU. El convenio había sido denunciado por ambas partes, poco antes de vencer el 3 de marzo.  

De acuerdo con lo que informa La Nación acerca de las propuestas que se han planteado, según su artículo del 24 de febrero, titulado “Sindicato de UCR exige más cesantía y asuetos: Gremio no está dispuesto a negociar a la baja la convención colectiva,” el sindicato más bien aprovecha la oportunidad de esta renegociación para aumentar sus gollerías, las cuales son pagadas por todos los ciudadanos.

Actualmente la convención colectiva -la que las dos partes quieren cambiar- significa una erogación anual de ₡42.000 millones al año, para beneficio de los 9.357 funcionarios de la UCR.  Esto es, se trata de un promedio de ₡4.488.618 al año para cada uno de sus trabajadores.

Las autoridades de la UCR quieren introducir reformas que posiblemente ahorrarían unos ₡8.000 millones, con lo cual la convención, si se aprobara en los términos que proponen, significaría una erogación de ₡32.000 millones anuales, lo que se traduciría en un promedio por trabajador de ₡3.355.353 por año. Para lograr esta reducción, las autoridades de la UCR proponen reducir las anualidades, que pasarían de un 5.5% anual, a un escala que oscilaría, de acuerdo con los años de servicios prestados, entre un 5.5% para los de menos años hasta un 1% para los más antiguos.

Asimismo, las autoridades proponen que el ajuste salarial a la base sea en función de la inflación acumulada del semestre previo -debe ser que, en la práctica, el ajuste a la base es semestral- y no en la inflación proyectada, como es en la actualidad. Además, proponen que el número de horas sindicales que hoy da la UCR, que es de 15 tiempos completos, disminuya a 10, lo cual sigue siendo más que lo que se da en RECOPE, el INS, JAPDEVA y la UNA. De estas tres propuestas, la única realmente significativa, es la de disminuir las anualidades.

Pero, el monstruo insaciable, el SINDEU, a sabiendas de la suma multimillonaria que recibe la UCR de parte del Fondo Especial para la Educación Superior, que en el 2017 ascenderá a la suma de ₡478.570 millones y para la UCR va el 57.71% de esa suma; o sea ₡276.183 millones, provenientes de todos los ciudadanos, sabe de dónde pegarse y aprovecha la renegociación de la convención colectiva para tragar aún mucho más.

Veamos las principales propuestas del sindicato:

(1) En lo que tiene que ver con las vacaciones del personal, que aumente, para los que trabajen entre 1 y 5 años, de 16 días hábiles a 20; para los que tienen de 6 a 10 años de trabajar, que pase de 23 días hábiles a 25 y para los que tiene más de 10 años, que permanezca igual, en 30 días hábiles.

(2) Quiere que el asueto concedido graciosamente por la administración este fin de año recién pasado, sea definitivamente institucionalizado -esto es, que haya un asueto del 26 al 31 de diciembre.  

(3) En lo referente a las anualidades, el SINDEU no acepta su disminución, sino que se mantenga el privilegio obtenido desde el 2009, del 5.5% de aumento anual.

(4) En cuanto a la cesantía, que se aumente desde 15 años a 20 años. (Para el resto de trabajadores privados en el país es de 8 años).

(5) Que del costo de los materiales por servicios de odontología, que en la actualidad la UCR les cobra en su totalidad, proponen que sólo paguen el 50%.

(6) En cuanto a incapacidades, el acuerdo vigente señala que la UCR paga un subsidio equivalente al salario completo en los primeros tres días y, para un período más largo, rige la reglamentación de la Caja, que es de un 50%.  Piden que este último sea del 100% y pagado por la UCR.  

(7) En cuanto a licencia de maternidad con goce de salario, actualmente se dan cuatro meses, pero el SINDEU quiere que se otorguen 15 días más y, sorprendentemente, la UCR que sean 35 días más. 

No hay duda que el SINDEU es insaciable y que la UCR quiere una reforma a medias de la convención colectiva. Por supuesto, todo este desenfreno es pagado por la ciudadanía, por medio de impuestos, inflación o una mayor deuda estatal.
 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: abusos en la Convención Colectiva del CNP

Cada rato sale a la luz pública un nuevo listado de abusos contenidos en convenciones laborales del sector público.  Hace poco el medio electrónico Crhoy.com del 5 de abril de este año, publicó un artículo titulado “CNP festina recursos públicos con privilegios a empleados: Convención colectiva incluye normas abusivas,” en donde desnuda algunas de las cláusulas contenidas en la convención colectiva de ese imperecedero ente público, pesar de que hace muy poca cosa.

Pero veamos algunas de ellas, que me parece apropiado resumirlas en tres temas:

(1) PRIVILEGIOS PARA EL SINDICATO DEL CNP

El CNP otorgará el salario a tiempo completo del Secretario General y el del Adjunto para que se dediquen exclusivamente a labores sindicales. También, brinda de manera discrecional a miembros de la Junta Directiva del Sindicato, de seccional o delegados para actividades sindicales, hasta el equivalente de un total de 15 meses al año. Además, permite la asistencia a cursos y congresos sindicales por un monto total equivalente a 45 meses al año. Igualmente, paga el salario y las cargas sociales para una secretaria del sindicato. El sindicato puede usar las impresoras y fotocopiadores del CNP y éste se encarga de distribuir la correspondencia de aquel. Se otorga el servicio de transporte en un vehículo liviano y una oficina con mobiliario y equipo para la sede del sindicato y dependencias que tienen seccionales.

(2) PRIVILEGIOS A EMPLEADOS

Se da permiso a los empleados hasta por 5 días hábiles para su matrimonio, fallecimiento de uno de los padres, cónyuge, compañera e hijos y 2 días hábiles por la muerte de padres políticos, hermanos o abuelos, así como 5 días hábiles por el matrimonio o nacimiento de un hijo. Similarmente, se otorga permiso al comprobarse enfermedad de un padre, cónyuge, compañero o hijo. Se otorga permiso con salario hasta por 3 meses y por una sola vez “cuando así lo soliciten los trabajadores en virtud de causa o causas que a él le interesen, siempre que sea factible su rápida sustitución. Este plazo podrá ser prorrogado hasta por tres períodos iguales a juicio de la administración.” Casi que para cualquier cosa que al empleado le interese y que al superior le parezca se debe aprobar... Increíble.  También, se otorga un pago del 3% mínimo y automático por antigüedad. Se da asesoría jurídica excepcional de parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos del CNP, para empleados que lo pida “por razones especiales”.  Todo se convierte en especial y en “la excepción”... El CNP financiará una fiesta para hijos de trabajadores organizada por el CNP en conjunto con el sindicato. 

(3) VIVIENDA PARA SUS TRABAJADORES

En cuanto a vivienda para los trabajadores del CNP, destinará y traspasará terrenos urbanizables propios a un Fondo de Vivienda, en acuerdo con el sindicato. Saldos por la venta de otros terrenos urbanizables, se prestarán a los trabajadores por 30 años al 7% de intereses y con un máximo de ₡25 millones, para vivienda. Asimismo, podría dar planos, obras de infraestructura y otras ayudas para vivienda, al costo y a plazos e intereses razonables.

Lo interesante de todo esto es que los costos de todos estos privilegios y “apoyos” son pagados por los ciudadanos; todo incorporado, sin duda, dentro de los presupuestos públicos del CNP. Y ello para una entidad que sirve como ejemplo de que, en el estado, una vez que se crea una entidad, aún cuando deje de hacer aquello para lo que se le creó, jamás deja de existir: son eternas y obviamente usando recursos de los ciudadanos, que podrían ser empleados en mejores cosas,

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: la nueva convención de RECOPE

En el marco de una revelación constante y profunda de una serie de privilegios que se cobijan bajo el manto de una convención colectiva, que hacen del gremio laboral de RECOPE uno de los más beneficiados con todo tipo de gollerías, de cosas que ni siquiera están disponibles -comparativamente- para otros sindicatos de diversas dependencias del estado en donde hay convenciones colectivas, creí que la convención de RECOPE iba a ser objeto de una profunda revisión de parte de su patrono, el estado costarricense.  Ilusionó pensar que negociaría la eliminación de una serie de privilegios y abusos de dicha convención, pues creí que estaríamos bien y firmemente representados en nuestros intereses, pues en última instancia somos nosotros quienes pagamos las cuentas de la convención. 

Bueno, ya se hizo conocer en qué terminó la nueva convención colectiva de RECOPE que regiría para el período 2016-2019. Fue anunciada con bombos y platillos, principalmente por los representantes del estado, así como por los administradores actuales de RECOPE. Por tanto, requiere que se analice cómo quedan los privilegios existentes, a ver si se logró cumplir con éxito la tarea que los ciudadanos aspiramos que se lograra: una eliminación de ellos.

Esto es crucial, en especial cuando la Sala Constitucional le ha dado manga ancha a RECOPE para tener todo tipo de privilegios, según un fallo suyo reciente, de manera que se obliga a la ARESEP –organismo que define los precios de los combustibles que nos vende obligadamente el monopolio- a simplemente cargarlos a esos precios: formal y oficialmente seremos los ciudadanos los que pagaremos esos privilegios y por tal razón es bueno saber cuáles son ahora las prebendas vigentes.

La Nación del 12 de julio en un escrito titulado “Rige modesto recorte en convención de RECOPE”, señala que el ahorro de la nueva convención en el primer año, será de tan sólo un 6% del costo de la convención que se tenía para el 2015. A todas luces, la rebaja es casi cualquier cosa: ciertamente muy alejada de la aspiración ciudadana de poner orden en la sarta de privilegios que otorgaba la convención laboral de RECOPE.

Empecemos por señalar cuáles fueron los ahorros con la nueva convención:

1.-Ya no se pagará por la fiesta navideña de los empleados, que ascendía a ₡6.2 millones.
 

2.- El aporte de RECOPE al Fondo de Ahorro y Préstamo de los trabajadores se reduce de un 10% a un 8%., que significaría una reducción de ₡717 millones. El subsidio que RECOPE le da a dicho Fondo para asuntos administrativos (un 10% anual), se reducirá gradualmente hasta eliminarlo del todo.
 

3.- El aporte patronal para la compra de útiles escolares, que en el 2015 fue de ₡5,6 millones, será ahora de ₡3 millones; o sea hay un ahorro de ₡2.6 millones.
 

4.- Se elimina la póliza de protección sobre aportes de trabajadores a su Fondo de Ahorro (no hay datos del monto que se ahorraría por esta partida).
 

5.- El número de días que se autorizaba para capacitación sindical internacional se redujo en un 65% (no se dispone de información de cuántos días era antes y de cuánto se gastó en el 2015 en dicha partida).
 

6.- Se redujo a la mitad el número de días con licencia para capacitaciones y congresos cooperativos, así como para congresos nacionales (no se presenta información de cuántos días era antes y de cuánto se gasté en el 2015 en esas partidas).
 

7.- El aporte de la institución para cursos sindicales se redujo en un 35% (no se brinda información de cuánto se gastó en el 2015 en dicha partida).
 

8.- Se redujo el aporte de RECOPE para que sus empleados participen en cursos de cooperativas en un 65% (no se tiene de información de cuánto se gastó en el 2015 en dicho rubro).
 

9.- Se elimina la licencia de dos días para los trabajadores por el matrimonio de hijos (no hay información de cuánto se gastó por ello en el 2015).
 

10.- Se elimina la licencia de 5 días cuando el trabajador cambia de vivienda (no se presentan datos de cuánto se gastó por ello en el 2015).
 

11.- Se elimina el aporte de RECOPE de ₡39.000 cuando el trabajador se casa (tampoco hay información de cuánto se gastó por esa partida en el 2015).
 

12.- Se elimina el aporte de RECOPE de ₡28.000 por el nacimiento de un hijo del trabajador (no hay información de cuánto se gastó por tal razón en el 2015).
 

De acuerdo con las autoridades de RECOPE, la renegociación de la convención colectiva significará un ahorro de ₡5.048 millones en tres años, desglosados de la siguiente manera: ₡1.362 millones en el primer año de vigencia de la nueva convención; ₡1.571 millones en el segundo año de vigencia de la nueva convención y de ₡2.115 millones en el tercero y último año de vigencia de la nueva convención.
 

La “gran reducción” de privilegios de RECOPE en el primer año de la nueva convención colectiva asciende a un “enorme” 6% del total gastado como resultado de la convención colectiva en el 2015, que ascendió a ₡22.720 millones.
 

Pero, aquí no termina la cosa: también viene una nueva “conquista social”; un nuevo “derecho adquirido” para la convención colectiva que regirá en el período 2016-2019. Se establece “un aumento salarial de entre 3% y 5% para los trabajadores no profesionales de RECOPE”, que conforman el 74% de la planilla de 1.740 empleados. RECOPE estima que dicho aumento significará tan sólo ₡250 millones más para cada año, pero no hay suficiente información del efecto de ese aumento en los salarios sobre el total de remuneraciones, que incluyen las cargas sociales ligadas, entre otros privilegios, a los salarios de los empleados.
 

Si le sirve de consuelo, lean lo que al respecto comentó Carlos Alvarado, ministro de Trabajo y Seguridad Social: “Revertir una tendencia de tantos años en sólo dos no es sencillo.” Claro que no es sencillo, especialmente cuando se vive en la tiranía del estatus quo. Lo “sencillo” de todo esto es que el enorme privilegio restante para los próximos tres años (casi un 95% del costo de la convención colectiva del 2015) simplemente será trasladado a los consumidores.  Estos se quejan, es cierto, pero poco más hacen para que se frene el abuso.  Así que, a seguir aguantando el fabuloso costo de la convención colectiva de RECOPE…
 

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: crónicas de Tiquicia

Como en Narnia. Así nos nos sentimos a veces con lo que pasa en nuestro país, pues pareciera más la obra de ficción, imaginada en la mente de un creativo escritor que la realidad cotidiana que enfrentamos. Quizá Gabriel García Márquez había planteado, en su Macondo, una dimensión paralela e increíble donde las cosas más sorprendentes ocurrían con toda normalidad, sin pensar que poco después, en este pequeño rincón del mundo, se iba a materializar. 

El último capítulo de esta saga llamada Costa Rica es el anuncio de huelga que hicieron los sindicatos para mañana, a fin de proteger sus privilegios y gollerías, financiadas a costa de los impuestos de miles de ciudadanos a los que dicen "defender", sobre la cual, el Presidente Solís Rivera ha asumido una posición bastante complaciente. 

No puede ser que, una vez más, un grupo de holgazanes paralice el país y perjudique a miles de personas que quieren trabajar para tener un mejor presente y futuro. Y menos puede ser que el Gobierno trate con tanta benevolencia a una banda de esbirros, por miedo a lo que sus potenciales aliados políticos puedan hacer. Su acción se limitó a llamarlos a negociar y cuando las gestiones fracasaron, simplemente Solís se lavó las manos diciendo "que cada palo aguante su vela", como si con tal frase advirtiera que tomará acciones.

En realidad, el Presidente no tiene voluntad para ejercer su mandato con seriedad y responsabilidad. Su frase de campaña "con Costa Rica no se juega" no ha sido más que una triste parodia en este año y medio de gestión, ya que a los ticos nos han bailado y vacilado una y otra vez sin que pase nada. A nadie han destituido, nadie ha mostrado vergüenza y presentado su renuncia, nadie ha asumido el costo político ni ha sido procesado.

Aunque hemos visto con beneplácito la incipiente organización ciudadana en la anterior marcha contra RECOPE, falta mucho más por hacer. Todavía hay muchos que no se dan cuenta de que tienen el poder para exigir a los políticos impulsar los cambios necesarios para frenar este abuso y, más bien, siguen legitimando en las urnas a los que mienten y llevan el país hacia el despeñadero.

 

En ASOJOD creemos que mañana debería ser un día que marque el inicio del cambio, que las personas que están cansadas de ser rehenes de unos cuantos gamberros institucionales alzen la voz y exijan cambios.Es nuestra oportunidad de devolver a esta sociedad a la senda de la decencia, de la ética y de la responsabilidad. Está en nuestras manos aprovecharla o dejarla pasar.

Tema Polémico: Sindicatos y su desconocimiento absoluto de economía

El tema del salario público se ha vuelto muy de moda en estos días. Colocar estos temas en el debate público nos parece muy bien y un ejercicio muy sano en un país democrático como el nuestro. La evidencia de los abusos en salarios en el sector público (gobierno central, empresas e instituciones autónomas del Estado) hay que agradecérselo al diputado Otto Guevara y luego al diario la Nación. Nos parece muy bien que un diputado finalmente haya tenido la valentía de poner esto en evidencia.

Uno de los aspectos que más nos ha impresionado en ASOJOD de la defensa de los sindicatos a estas acusaciones es el casi total desconocimiento de estas personas sobre conceptos básicos de economía y también sobre el ejercicio del emprendedurismo y el trabajo privado en competencia. Algunos de ellos realmente no saben lo que están hablando pero otros estamos seguros están muy conscientes de su equivocación pero deciden ignorar los hechos.

Un ejemplo muy claro es el tema del salario mínimo. Los sindicatos consideran que la mejor forma de disminuir el desempleo en el país es aumentando el salario mínimo. Sucede que esto no solo no sucedería sino que está más que demostrado que hay una relación inversa entre salario mínimo y empleo. Es muy fácil desear que los empleados ganaran más y en ASOJOD también opinamos lo mismo pero definitivamente subiendo el salario mínimo no es la forma. Que fácil imaginarse que de un día para otro todos las personas ganen por lo menos tres millones de colones al mes. Imagínense, todos seríamos millonarios, que alegría. Suena bien pero los efectos negativos son casi evidentes (aunque algunos no quieren verlos). 

Al empresario le dicen tal atrocidad y su reacción inmediata sería una de las siguientes (o una combinación de estas): despedir a cuanta gente sea necesaria hasta que su gasto total en salarios vuelva a su nivel original de modo que su rentabilidad no se vea afectada y esto provocaría un aumento precipitado en el desempleo; irse de inmediato a otro país con condiciones laborales más atractivas y esto nuevamente incrementaría el desempleo; o incrementar los precios de venta para recuperar la rentabilidad por medio del ingreso y esto provocaría una diminución en competitividad y eventual cierre de la empresa que finalmente daría como resultado un incremento en el desempleo. Con cualquiera de las tres consecuencias el resultado es el mismo, un aumento del desempleo. Esto aplica para cualquier aumento en el salario mínimo y su efecto sería más nefasto dependiendo del nivel del aumento. 

La única forma de aumentar salarios sin aumentar desempleo es por los medios naturales del mercado e implica mejorar la calidad del empleo e incrementado la inversión privada en el país generando de esta manera un aumento de la demanda de empleo y, por lo tanto, un aumento de los salaros. Esto solo se puede lograr por medio de más libertades. Es la única forma.

Otro ejemplo clarísimo del total desconocimiento de economía de los sindicatos sobre economía es su oposición  a sistemas de jornadas laborales más flexibles como la famosa jornada cuatro tres que permitiría a los empresarios laborar doce horas cuatro días a la semana en lugar de ocho horas cinco días a la semana. Esto permitiría disminuir costos fijos mejorando la rentabilidad de la empresa, les daría un día libre más a la semana a los trabajadores, se incrementaría la eficiencia energética en las empresas intensivas en maquinaria y otros. 

Es poco creíble que alguien o algún grupo se pongan en contra de esto pues no disminuye de ninguna forma las garantías laborales del trabajador pero los sindicatos están en contra pues alegan que implicaría una disminución en las horas extra. Qué cosa más extraña, los mismos grupos que alegan que los empresarios son explotadores ahora están en contra de leyes que implicarían que el trabajador pueda limitarse a las horas establecidas originalmente en su contrato. Sistemas de jornada de trabajo más flexibles como este permitiría incrementar la rentabilidad de las empresas e incrementaría el ambiente de inversión en el país generando más empleo pero estos grupos retrógrados simple y sencillamente no lo comprenden.

Finalmente, otro ejemplo claro de desconocimiento en economía es el tema de los sobre sueldos y pluses salariales del sector público. El efecto de estos abusos en el déficit fiscal, tasas de interés, competitividad en servicios públicos es más que evidente y lo hemos analizado en muchas ocasiones en nuestro blog así que no entraremos en detalle pero es lamentable que estos grupos sociales no comprendan el daño que le hacen al país con estos abusos. Un nueva ley de empleo público que ponga en el tema de los salarios públicos en niveles más apegados a la realidad es más que necesario.