Partidos políticos, grupos sociales y cualquier persona deben tener total libertad para contratar propaganda en los medios de comunicación, siempre y cuando cada cual lo haga con su dinero y con total transparencia, ¡no con el dinero de los contribuyentes!
Una reforma electoral en un país democrático y libre no puede restringir la libertad de cada cual para difundir mensajes de contenido político, incluso mensajes poco comedidos o contundentes –"Fulano es un peligro para México" o "Zutano es un tonto con balcones a la calle"–, siempre y cuando la contratación de dicha propaganda se haga en condiciones de libre mercado y auténtica competencia, con total transparencia, y no se haga con dinero público, que proviene del bolsillo de los contribuyentes.
Una reforma electoral en un país democrático y libre no puede coartar la libertad de expresión de nadie decretando discrecionalmente qué mensajes son correctos a juicio de algún pacato consejo de notables. Un país democrático y libre tiene leyes claras sobre la difamación y la calumnia –incluso se suele castigar ésta última penalmente– que están hechas, precisamente, para que todo mensaje que no sea calumnia, difamación o incitación al delito jamás sea censurado.
La discusión sobre la reforma electoral está totalmente fuera de foco y lastrada por intereses torpes. Ni los medios tienen derecho a ser beneficiarios graciosos de miles de millones de pesos de recursos públicos –por propaganda política o gubernamental pagada con recursos de los contribuyentes–, ni los partidos políticos ni nadie tiene derecho a regular la libertad de expresión de los demás.
Por Ricardo Medina
Tomado de AIPE
