La reciente decisión de la Sala Constitucional de avalar la prohibición de ventas de ciertos alimentos y bebidas en las sodas escolares calienta un debate que, por mucho tiempo, en las democracias representativas se ha querido evitar: la existencia de Magistrados, con un altísimo poder político, sin pasar por el tamiz de la elección ni por el control popular de sus decisiones. De ahí que en ASOJOD nos proponemos hacer una reflexión que brindará argumentos para contestar que sí a la pregunta que titula este artículo.
Los magistrados, en tanto actores políticos trascendentales, deberían estar sujetos al control ciudadano, asumir responsabilidad política por sus decisiones que son, más que jurídicas, políticas y rendir cuentas por ellas. Deberían estar sujetos por un pueblo que, a su vez, debería exigir que se le respete como soberano, como conjunto de individuos capaces de tomar las decisiones que más les convengan para su propia vida y que delegan, parcial pero no totalmente, el poder en representantes que administren la res publica.
Uno de los mayores aportes políticos del liberalismo a través de la historia, fue traerse abajo el absolutismo monárquico que pretendía instaurar a los reyes como poseedores de un poder otorgado por dios. Las revoluciones liberales de los siglos XIII a XVIII en Europa y Estados Unidos, permitieron avanzar hacia un sistema donde el rey tenía el poder total a otro donde existía un Parlamento como freno y contrapeso de las competencias regias y/o eclesiásticas (en el caso de las teocracias o de las sociedades altamente dominadas por alguna religión). Parlamento que si bien inicialmente fue conformado por miembros de la burguesía y la nobleza que exigían derechos frente al Rey y buscaban controlar su poder (como en el caso de la Magna Carta Libertatum de 1215), con el tiempo fue conformándose de forma más democrática, hasta alcanzar la representación plenamente popular, al ampliarse los derechos civiles y políticos a prácticamente todos los ciudadanos mayores de edad (por supuesto que en la actualidad todavía persisten algunas restricciones en distintos países que imposibilitan un pleno ejercicio del derecho al voto). Con ello, quienes detentan el poder político pasaron de ser elegidos por dios, luego por algunas castas hasta ser sometidos, actualmente, a la escogencia popular.
Pero ¿por qué eso sucedió solo con el Parlamento (tanto a nivel nacional como al local) y, con la Presidencia en el caso de los regímenes presidencialistas? ¿Por qué no incluyó a los jueces, a los que tienen poder para dictar sentencias vinculantes? Pareciera ser que ese impulso por hacer que cada vez más se democratizara y dispersara el poder, pasando de unas pocas manos a la mayor cantidad de manos posibles, se detuvo en las últimas décadas hasta enterrar el debate de la judicatura, incluso a nivel académico. ¿Por qué ya nadie reflexiona si quiera acerca de este trascendental punto? ¿Por qué hemos dado por sentado que el juez tiene que ser designado y no elegido? ¿Por qué volvemos a creer en la designación de un funcionario por medio de una mente todopoderosa y omnisciente, llámese dios o político? Es como si con la extensión del derecho al voto a casi todos los ciudadanos se hubiese acabado el problema, cuando la realidad demuestra que quedan muchísimas reformas por hacer. Por ello, siguiendo esa tradición liberal y alimentando el debate frente a una especie de nuevo absolutismo jurídico-político en manos de los magistrados, en ASOJOD consideramos que lo lógico y consecuente es someter al magistrado a la elección popular.
En el caso costarricense, los magistrados, especialmente los constitucionales, tienen la máxima cuota de poder en todo el sistema político. Dos frases del ex magistrado Piza Escalante, ilustran lo anterior: "la Constitución dice lo que la Sala dice que dice" y "después de la Sala, solo está dios". O sea, que la última palabra sobre prácticamente todo, el control sobre todas las decisiones que sean susceptibles de pasar por la perspectiva jurídica, lo tienen los magistrados de la Sala Constitucional, quienes no son responsables políticamente por sus decisiones, no rinden cuentas ante nadie ni son sujetos de ningún tipo de control. Siendo así cabe preguntarse, recobrando la frase de Juvenal, ¿quién custodia a estos custodios?.
¿Se justifica que exista un poder político sin control, es decir, un poder absoluto en estos tiempos? El liberalismo, como ya lo hemos dicho, ha combatido históricamente esto y siendo que una de sus máximas es que el poder esté distribuido en la mayor cantidad de manos, que el ciudadano tenga el poder de decisión sobre cada vez más aspectos de su vida, sería lógico pensar que debería impulsar en su agenda, la democratización y el control del poder de los magistrados, llevándolo hasta la máxima acepción que sería permitirle al individuo decidir, como ocurre con Presidente y Diputados, a quién sienta en la silla de poder. Si se ha defendido la elección popular en los otros casos, ¿por qué no en el de los magistrados?
Por supuesto, no faltará quien considere contraproducente una elección popular de magistrados y argumente que es peligroso dejar a la "gradería de sol" tomar esa decisión por su desconocimiento o porque es fácilmente manipulable o que se trata de puestos calificados que no pueden estar abiertos a que participe cualquier persona. Pero la primer premisa implicaría tener la misma posición contra la elección popular que ya hace esa "gradería de sol" para Presidente, Diputados, Alcaldes, Concejales y demás puestos. Además, sería presumir que el ciudadano no tiene capacidad de discernimiento, que no puede tomar decisiones, que no sabe qué es lo que más le conviene para su propia vida y que no puede ejercitar su libertad. Sería darle razón al argumento de los estatistas de tratar al ciudadano como un eterno infante, negándole la oportunidad de hacer sus propias escogencias y reforzaría aquella nefasta creencia de que "siempre habrá alguien mejor capacitado para tomar decisiones por nosotros". El temor a la manipulación no tiene sentido, porque de existir, aplica para la elección de los puestos que ya son sometidos a votación y jamás justifica que se le niegue el poder decisional a los ciudadanos en esos casos. Al menos nunca hemos escuchado a alguien decir que debería eliminarse la elección popular de Presidente y Diputados porque los medios de comunicación, los partidos políticos y otros manipulan la intención de voto con promesas falsas y engaños.
En el mismo orden de ideas, alegar que son puestos "clave" que requieren selectividad en la participación es un aspecto operativo y no aborda el problema de fondo. Aún permitiendo la elección de magistrados, podría perfectamente establecerse requisitos para la postulación, como ya existe en otros casos (vgr. para ser Presidente de la República se requiere ser mayor de 35 años y para ser Diputado, mayor de 21). Otros aspectos operativos, como la forma de elección, la periodicidad y demás, podrían ser discutidos como elementos subsidiarios -propuesta que podríamos abordar a futuro y extendiéndola a los jueces de todas las demás jurisdicciones, pues hoy nos centramos en la Constitucional-, pero no invalidan el asunto de fondo: quitarle el poder de decisión a las élites políticas y partidarias que hoy nombran y mantienen a los magistrados para dárselo a la ciudadanía.
Someter a los magistrados a la elección popular, pese a los riesgos y temores que puedan surgir, tiene enormes ventajas. En el escenario actual su nombramiento y permanencia depende de la lealtad y utilidad del magistrado al partido político que tenga mayoría. Siendo que, para no continuar en su puesto cuando se vence el nombramiento, se requiere mínimo 38 votos en contra de su renovación de mandato, basta con que el partido cuyos votos impidan alcanzar la regla de toma de decisiones, proteja al candidato. ¿Cómo conseguir esto? El hecho de que algunos actuales magistrados tengan 20 o más años en sus puestos demuestra que siendo leales a los intereses de ese partido, votando afirmativamente sus propuestas -a pesar que en algunos casos se voten en contra, más por dar la apariencia de imparcialidad que por convicción jurídica-, se les puede mantener contentos.
Sobre este punto podría decirse que variando el mecanismo, se resuelve el problema. Es decir, que se invierta el procedimiento y se requiera el voto afirmativo de 38 Diputados para nombrar o mantener a un magistrado. No obstante, esto sigue dejando el poder de decisión en cúpulas partidarias y en legisladores que, como nos ha demostrado la realidad, están muy alejados de representar la voluntad popular y responden a sus propios intereses de corto o mediano plazo. Igual los magistrados seguirían siendo responsables ante los Diputados y no ante los ciudadanos que, como bien sabemos, muchas veces ni siquiera son escuchados o atendidos por sus representantes políticos.
En cambio, al permitir la elección directa de magistrados, el ciudadano podría castigarlos o premiarlos políticamente por sus decisiones. Fallos tan polémicos en los últimos años como el de fecundación in vitro, porteo, impuestos, fumado, Crucitas, reelección presidencial y otros, perfectamente podrían haber generado que los votantes, conformes o disconformes con la posición asumida por los magistrados, los premien o castiguen en la próxima elección. Además, se abre la puerta importantísima para el cambio pacífico del poder, de forma que esos magistrados que llevan anquilosados en una Corte, muchas veces viendo las cosas desde una torre de babel. y con posiciones fijas en algunos temas, puedan dar lugar a otros jueces con perspectivas diferentes que actualicen la interpretación del derecho. Monopolizar el poder nunca es bueno; ya lo había dicho George Bernard Shaw cuando señaló que "los políticos y los pañales han de cambiarse a menudo y por los mismos motivos". Lo mismo aplica a los magistrados.
Por ello, creemos que abriendo esta posibilidad, podríamos avanzar en ese arduo pero necesario camino de devolverle al ciudadano el poder, quitándoselo a castas y grupos específicos para hacer que las políticas públicas cada vez tengan menor impacto negativo sobre los individuos y su libertad sea menos constreñida.
Los magistrados, en tanto actores políticos trascendentales, deberían estar sujetos al control ciudadano, asumir responsabilidad política por sus decisiones que son, más que jurídicas, políticas y rendir cuentas por ellas. Deberían estar sujetos por un pueblo que, a su vez, debería exigir que se le respete como soberano, como conjunto de individuos capaces de tomar las decisiones que más les convengan para su propia vida y que delegan, parcial pero no totalmente, el poder en representantes que administren la res publica.
Uno de los mayores aportes políticos del liberalismo a través de la historia, fue traerse abajo el absolutismo monárquico que pretendía instaurar a los reyes como poseedores de un poder otorgado por dios. Las revoluciones liberales de los siglos XIII a XVIII en Europa y Estados Unidos, permitieron avanzar hacia un sistema donde el rey tenía el poder total a otro donde existía un Parlamento como freno y contrapeso de las competencias regias y/o eclesiásticas (en el caso de las teocracias o de las sociedades altamente dominadas por alguna religión). Parlamento que si bien inicialmente fue conformado por miembros de la burguesía y la nobleza que exigían derechos frente al Rey y buscaban controlar su poder (como en el caso de la Magna Carta Libertatum de 1215), con el tiempo fue conformándose de forma más democrática, hasta alcanzar la representación plenamente popular, al ampliarse los derechos civiles y políticos a prácticamente todos los ciudadanos mayores de edad (por supuesto que en la actualidad todavía persisten algunas restricciones en distintos países que imposibilitan un pleno ejercicio del derecho al voto). Con ello, quienes detentan el poder político pasaron de ser elegidos por dios, luego por algunas castas hasta ser sometidos, actualmente, a la escogencia popular.
Pero ¿por qué eso sucedió solo con el Parlamento (tanto a nivel nacional como al local) y, con la Presidencia en el caso de los regímenes presidencialistas? ¿Por qué no incluyó a los jueces, a los que tienen poder para dictar sentencias vinculantes? Pareciera ser que ese impulso por hacer que cada vez más se democratizara y dispersara el poder, pasando de unas pocas manos a la mayor cantidad de manos posibles, se detuvo en las últimas décadas hasta enterrar el debate de la judicatura, incluso a nivel académico. ¿Por qué ya nadie reflexiona si quiera acerca de este trascendental punto? ¿Por qué hemos dado por sentado que el juez tiene que ser designado y no elegido? ¿Por qué volvemos a creer en la designación de un funcionario por medio de una mente todopoderosa y omnisciente, llámese dios o político? Es como si con la extensión del derecho al voto a casi todos los ciudadanos se hubiese acabado el problema, cuando la realidad demuestra que quedan muchísimas reformas por hacer. Por ello, siguiendo esa tradición liberal y alimentando el debate frente a una especie de nuevo absolutismo jurídico-político en manos de los magistrados, en ASOJOD consideramos que lo lógico y consecuente es someter al magistrado a la elección popular.
En el caso costarricense, los magistrados, especialmente los constitucionales, tienen la máxima cuota de poder en todo el sistema político. Dos frases del ex magistrado Piza Escalante, ilustran lo anterior: "la Constitución dice lo que la Sala dice que dice" y "después de la Sala, solo está dios". O sea, que la última palabra sobre prácticamente todo, el control sobre todas las decisiones que sean susceptibles de pasar por la perspectiva jurídica, lo tienen los magistrados de la Sala Constitucional, quienes no son responsables políticamente por sus decisiones, no rinden cuentas ante nadie ni son sujetos de ningún tipo de control. Siendo así cabe preguntarse, recobrando la frase de Juvenal, ¿quién custodia a estos custodios?.
¿Se justifica que exista un poder político sin control, es decir, un poder absoluto en estos tiempos? El liberalismo, como ya lo hemos dicho, ha combatido históricamente esto y siendo que una de sus máximas es que el poder esté distribuido en la mayor cantidad de manos, que el ciudadano tenga el poder de decisión sobre cada vez más aspectos de su vida, sería lógico pensar que debería impulsar en su agenda, la democratización y el control del poder de los magistrados, llevándolo hasta la máxima acepción que sería permitirle al individuo decidir, como ocurre con Presidente y Diputados, a quién sienta en la silla de poder. Si se ha defendido la elección popular en los otros casos, ¿por qué no en el de los magistrados?
Por supuesto, no faltará quien considere contraproducente una elección popular de magistrados y argumente que es peligroso dejar a la "gradería de sol" tomar esa decisión por su desconocimiento o porque es fácilmente manipulable o que se trata de puestos calificados que no pueden estar abiertos a que participe cualquier persona. Pero la primer premisa implicaría tener la misma posición contra la elección popular que ya hace esa "gradería de sol" para Presidente, Diputados, Alcaldes, Concejales y demás puestos. Además, sería presumir que el ciudadano no tiene capacidad de discernimiento, que no puede tomar decisiones, que no sabe qué es lo que más le conviene para su propia vida y que no puede ejercitar su libertad. Sería darle razón al argumento de los estatistas de tratar al ciudadano como un eterno infante, negándole la oportunidad de hacer sus propias escogencias y reforzaría aquella nefasta creencia de que "siempre habrá alguien mejor capacitado para tomar decisiones por nosotros". El temor a la manipulación no tiene sentido, porque de existir, aplica para la elección de los puestos que ya son sometidos a votación y jamás justifica que se le niegue el poder decisional a los ciudadanos en esos casos. Al menos nunca hemos escuchado a alguien decir que debería eliminarse la elección popular de Presidente y Diputados porque los medios de comunicación, los partidos políticos y otros manipulan la intención de voto con promesas falsas y engaños.
En el mismo orden de ideas, alegar que son puestos "clave" que requieren selectividad en la participación es un aspecto operativo y no aborda el problema de fondo. Aún permitiendo la elección de magistrados, podría perfectamente establecerse requisitos para la postulación, como ya existe en otros casos (vgr. para ser Presidente de la República se requiere ser mayor de 35 años y para ser Diputado, mayor de 21). Otros aspectos operativos, como la forma de elección, la periodicidad y demás, podrían ser discutidos como elementos subsidiarios -propuesta que podríamos abordar a futuro y extendiéndola a los jueces de todas las demás jurisdicciones, pues hoy nos centramos en la Constitucional-, pero no invalidan el asunto de fondo: quitarle el poder de decisión a las élites políticas y partidarias que hoy nombran y mantienen a los magistrados para dárselo a la ciudadanía.
Someter a los magistrados a la elección popular, pese a los riesgos y temores que puedan surgir, tiene enormes ventajas. En el escenario actual su nombramiento y permanencia depende de la lealtad y utilidad del magistrado al partido político que tenga mayoría. Siendo que, para no continuar en su puesto cuando se vence el nombramiento, se requiere mínimo 38 votos en contra de su renovación de mandato, basta con que el partido cuyos votos impidan alcanzar la regla de toma de decisiones, proteja al candidato. ¿Cómo conseguir esto? El hecho de que algunos actuales magistrados tengan 20 o más años en sus puestos demuestra que siendo leales a los intereses de ese partido, votando afirmativamente sus propuestas -a pesar que en algunos casos se voten en contra, más por dar la apariencia de imparcialidad que por convicción jurídica-, se les puede mantener contentos.
Sobre este punto podría decirse que variando el mecanismo, se resuelve el problema. Es decir, que se invierta el procedimiento y se requiera el voto afirmativo de 38 Diputados para nombrar o mantener a un magistrado. No obstante, esto sigue dejando el poder de decisión en cúpulas partidarias y en legisladores que, como nos ha demostrado la realidad, están muy alejados de representar la voluntad popular y responden a sus propios intereses de corto o mediano plazo. Igual los magistrados seguirían siendo responsables ante los Diputados y no ante los ciudadanos que, como bien sabemos, muchas veces ni siquiera son escuchados o atendidos por sus representantes políticos.
En cambio, al permitir la elección directa de magistrados, el ciudadano podría castigarlos o premiarlos políticamente por sus decisiones. Fallos tan polémicos en los últimos años como el de fecundación in vitro, porteo, impuestos, fumado, Crucitas, reelección presidencial y otros, perfectamente podrían haber generado que los votantes, conformes o disconformes con la posición asumida por los magistrados, los premien o castiguen en la próxima elección. Además, se abre la puerta importantísima para el cambio pacífico del poder, de forma que esos magistrados que llevan anquilosados en una Corte, muchas veces viendo las cosas desde una torre de babel. y con posiciones fijas en algunos temas, puedan dar lugar a otros jueces con perspectivas diferentes que actualicen la interpretación del derecho. Monopolizar el poder nunca es bueno; ya lo había dicho George Bernard Shaw cuando señaló que "los políticos y los pañales han de cambiarse a menudo y por los mismos motivos". Lo mismo aplica a los magistrados.
Por ello, creemos que abriendo esta posibilidad, podríamos avanzar en ese arduo pero necesario camino de devolverle al ciudadano el poder, quitándoselo a castas y grupos específicos para hacer que las políticas públicas cada vez tengan menor impacto negativo sobre los individuos y su libertad sea menos constreñida.
