Tema Polémico: La política como el arte de lo cínico

En la campaña política pasada se le vendió a los costarricenses la imagen que la actual Presidente era “firme y honesta”. Desafortunadamente, su administración ha estado plagada de situaciones que ponen en entredicho tal caracterización. Las tres más recientes se refieren al accionar concerniente al informe de la Procuraduría respecto a las famosas cartas de recomendación, a la desaparición sistemática de la “choritrocha”, y al hoyo negro que ha aparecido en la autopista General Cañas.

No nos interesa determinar en este tema polémico el porque de cada una de estas situaciones: corrupción, estupidez, ineficiencia, mal asesoramiento, etc. Sino, las respuestas que el propio Gobierno ha tomado ante dichas situaciones.  Debemos decir, que a pesar de lo grave de dichos acontecimientos, la respuesta del Gobierno ha sido absolutamente nula. En ninguna de ellas se muestra arrepentimiento, preocupación, mea culpa, etc. Todo lo contrario, en cada una de ellas encuentran algún portillo, legal o coyuntural para evadir responsabilidades. El malestar e indignación de la ciudadanía no interesa, ya que este es un Gobierno ciego y sordo, siendo que lo más grave no es que este tipo de cosas sucedan, sino que cuando sucedan el Gobierno no sienta el más mínimo pudor y la más mínima vergüenza. Actitud que debemos aclarar que no sólo se encuentra en la mandataria, sino en todo su equipo de Gobierno especialmente en el Ministro de Comunicación que como todo un sofisma es al que le corresponde la penosa tarea de “maquillar” las tortas.

Sin duda alguna, el gran reto de la oposición de cara a las próximas elecciones es articular una propuesta coherente y sistemática para devolverle a Costa Rica una vida republicana de frenos y contra pesos, de lo contrario la legitimidad del sistema seguiría bajo el preocupante camino que hoy en día recorre.

La Maldición del Poder

A pesar de que en el pasado tuvimos nuestras diferencias, no podemos negar que nos ha alegrado profundamente las nuevas preocupaciones que el filósofo Iván Villalobos ha abordado en sus últimos artículos. En su último artículo expone brillantemente la preocupación popperiana: el problema del poder no pasa por quién lo ostenta, sino por el cómo lo ostenta, es decir, el reto de las sociedades es tener un marco institucional bajo el cual la persona más mala e incompetente haga el menor daño posible. Le agradecemos a Iván por su gentileza en permitirnos publicar su artículo, estamos seguros que todos lo disfrutarán.

Decía el filósofo Karl Popper que las sociedades, más que de personas o líderes ejemplares, están necesitadas de buenas instituciones, pues aun el mejor de los seres humanos puede sucumbir a los vicios del poder. Por el contrario, instituciones que permitan ejercer un control estricto sobre los que las regentan, podrán siempre impedir que ‘malos gobernantes’ causen grandes daños. 

La agudeza de esta apreciación me parece indiscutible pues, entre otras cosas, objetivo fundamental de lo político no debe ser crear “hombres nuevos” –algo que nunca se sabrá a ciencia cierta lo que significa, ni con base en los criterios de quiénes sería llenado ese dudoso ideal –, sino instituciones adecuadas que permitan cerrar la puerta o corregir a tiempo arbitrariedades y abusos. 

Por supuesto que la contraposición que hace Popper entre “individuos” por un lado, e “instituciones” por el otro, resulta cuestionable –lo que no interesa aquí discutir–, pero la idea de que cualquier cuota de poder no puede ser nunca un cheque en blanco para nadie, me parece lo más valioso de su aporte.

La opinión de quienes consideran que es suficiente cambiar el color ideológico de los gobernantes para estar a salvo y dormir a pierna suelta, además de ingenua, resulta peligrosísima. Sabemos que existen personas que deliran con la más pequeña cuota de poder, y no están dispuestas a dejar pasar ninguna oportunidad para hacerse notar o “respetar”. La experiencia cotidiana nos enseña de manera harto frecuente que detrás del discurso de algunos que se presentan como progresistas o “renovadores”, lo que realmente se esconde es un deseo totalitario de poner a otros a bailar a su ritmo, avanzar intereses personales o saldar viejos rencores, más allá de las racionalizaciones retórico-ideológicas con las que suelen venir aderezados. 

No se debe olvidar que el poder no daña solo por su acción, sino también por omisión. Actos omisos, no tan espectaculares o polémicos como acciones abiertamente dirigidas a perjudicar, resultan tanto o más dañinos, pues siempre es fácil lavarse las manos en la pila de la “neutralidad”.

Vigilancia ante el poder. Debemos permanecer siempre vigilantes ante el poder y, sobre todo, no darnos el lujo de volvernos todos locos con el “loco”, pues si no el barco naufraga sin remedio. Las instituciones humanas están lejos de estar a salvo de desmanes y gamonalismos de este tipo, de constituir, por decirlo de algún modo, lugares de cero-impacto-poder. Lo que sí es posible es introducir medidas correctivas y profilácticas al respecto. La más importante de ellas, a mi parecer, es la estricta y limitada periodicidad en los cargos de dirección. La Universidad, por ejemplo, como cualquier otra institución, debe evitar convertirse en nicho para hacer carrera política; es decir, degenerar en feudo para el cultivo de “políticos profesionales”, pues de esta forma se pervierte el sentido mismo de la autonomía, además de no diferenciarse en gran cosa de las corruptelas y argollas de la política “oficial”; por el contrario, cuando esto sucede, la autoridad moral que le asiste como institución social vital, es puesta en entredicho, así como su legitimidad y credibilidad a la hora de criticar las maquinarias político-partidistas y las instituciones de gobierno.

Por ello, la solución a las crisis nunca puede venir de la colocación de un “hombre fuerte”, como acertadamente apuntaba Constantino Urcuyo hace poco en este medio (“Ingenuidad peligrosa”, La Nación, Página Quince, 25/06/2012).

El barco no necesita tanto de un carismático capitán, como de buenos instrumentos de navegación que les permitan a los marineros orientarse de la mejor manera y remontar borrascosas tempestades. Nadie es indispensable ni nadie, por más carisma o “experiencia” que posea, deja de ser un hombre de carne y hueso, falible y tentable.

Nuestra obligación es entonces permanecer vigilantes frente al poder y sus delegados. El que manda debe mandar obedeciendo, como apuntaban los zapatistas, y además por tiempo limitado, habría que agregar.

El poder no es para nada algo inocuo, y al menos en esta galaxia, y hasta nuevo aviso, sigue siendo completamente válido el teorema de Lord Acton. Como el dragón del Apocalipsis, el Poder es la bestia huidiza que se escabulle y sobre la cual hay que ganar constantemente las riendas.

Se trata de una tarea interminable e irrenunciable.

Iván Villalobos Alpizar

Tema polémico: ¿demasiado tarde?

Sin duda la noticia de la semana fue la "inocente" llamada del ex Ministro de la Presidencia y ahora precandidato presidencial Rodrigo Arias, al actual Ministro de Seguridad José María Tijerino. Aduce el flamante exministro que el único objetivo de su llamada era que el señor Tijerino obtuviera información de un expediente penal que se tramitaba en su contra, pero que de ninguna forma se buscaba hacer presión política alguna respecto a la investigación judicial.

Por supuesto, esto no tiene ningún sentido, si don Rodrigo quería saber de que trataba el expediente era tan sencillo como que el mismo autorizara a un abogado de su confianza para que fuera al Ministerio Público a revisar y fotocopiar dicho expediente. Es obvio que esto lo sabe a la perfección el hermano del expresidente Arias, cuya profesión es la de la abogacía.

Para empeorar la situación, el día de ayer aparecen en el periódico La Nación unas declaraciones del actual Fiscal General que deben de preocupar a cualquiera: “En este país se acostumbra eso; es una práctica normal la de mandar mensajitos a través de interpuestas personas”. Estas afirmaciones denotan el erosionamiento del Estado de Derecho, la institucionalidad y separación de poderes, lo cual no nos sorprende, toda vez que resulta evidente que en Costa Rica, desde hace varias décadas, se decidió claudicar en la función primordial de un Estado: ejercer el monopolio de la coacción para lograr la tutela efectiva de los derechos individuales. En cambio, nuestro Estado se ha dedicado a repartir vivienda, educación, salud, pensiones, viagra, radio, televisión, telefonía, energía, agua, puertos, becas, etc. No cabe duda que nuestro Estado se encuentra muy ocupado ejerciendo otras tareas que no le competen con el consecuente deterioro de su responsabilidad principal.

Por último, existe una preocupación más, que es consustancial a esta problemática: ante una oposición débil, resquebrajada, inoperante y sin rumbo, ¿quién podrá sacar al PLN del poder y evitar que se convierta en una especia de PRI costarricense?. La alternancia en el poder resulta vital para el buen funcionamiento del sistema democrático, pero mientras la oposición siga en este estado deplorable, los costarricenses tenemos muchas razones para estar preocupados, máxime cuando el mensaje que envía el Poder Judicial es claro: aquí, con don Rodrigo, no pasa nada.

Hoy día, en ASOJOD nos preguntamos si será demasiado tarde para recuperar la decencia y la institucionalidad democrática que deben caracterizar al Estado de Derecho. Depende de cada ciudadano hacerse esa pregunta y buscar la respuesta.

Viernes de Recomendación

Para el día de hoy les ofrecemos la conferencia: ¿Importa la aconomía informal? del economista Hernando De Soto. En ella, De Soto argumenta que el costa de la ley en los países latinoamericanos resulta excesivamente oneroso para las clases más pobres de nuestros países, condenándolos así a una vida de miseria.

Viernes de Recomendación

Para este día les queríamos ofrecer el breve escrito: "Cómo ser liberal clásico en América Latina y no morir en el intento", del filósofo argentino Gabriel Zanotti. En dicho documento el profesor Zanotti analiza el entramado institucional (formal e informal) que surgió desde la colonia. El cual ha tendio como resultado provocar un clima en nuestros países que resulta hostil hacia las ideas de la libertad.

¿Uribe al infinito y más allá...?

En este video el analista Andrés Oppenheimer analiza el visto bueno que el congreso de Colombia le dio al presidente Uribe para intertar una nueva reelección.

Uribe cava su propia fosa

Cuando entrevisté al presidente colombiano Alvaro Uribe el año pasado y me salió por la tangente cuando le pregunté cinco veces seguidas si intentaría cambiar la Constitución para presentar su candidatura a un tercer mandato, pensé que el mandatario estaba tratando de ganar tiempo, y mantenerse en el centro de la escena política de su país. Pero después de los acontecimientos de esta semana, ya no estoy tan seguro.

Tras el voto del Senado colombiano del 19 de mayo a favor de un referéndum que podría permitirle a Uribe cambiar la Constitución y legalizar un tercer mandato consecutivo, muchos colombianos bien informados parecen convencidos de que está planeando seriamente postularse para las elecciones del 2010.

¿Están en lo cierto? ¿Terminará Uribe, quien goza de gran popularidad y merece crédito por haber asestado duros golpes a la insurgencia narcoterrorista de Colombia, siguiendo los pasos del presidente venezolano Hugo Chávez y otros autoproclamados ''hombres indispensables'' que socavaron las instituciones de sus países para permanecer indefinidamente en el poder?

Hay varias razones de peso para pensar que sí.

Primero, a Uribe le resultará cada vez mas difícil decirles a sus partidarios que no se presentará, después de alentarlos --tácita o expresamente-- a gastar mucho tiempo y dinero en reunir firmas para el nuevo referéndum. La revista Semana reportó el 2 de diciembre que la campaña por el referéndum costó $900,000.

En segundo lugar, Uribe ha sido el blanco de fuertes críticas por grupos de derechos humanos colombianos e internacionales por supuestamente no haber hecho lo suficiente para impedir violaciones en esa área.

El presidente podría estar temiendo que, si deja el cargo, pueda objeto de acusaciones formales de víctimas de abusos de derechos humanos. Y la reciente condena contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori por violación de derechos humanos podría haber hecho aumentar los temores de Uribe.

En tercer lugar, si alguna vez Uribe temió que Estados Unidos toleraría alguna medida de su parte para cambiar la Constitución y unirse a las filas de los autócratas electos de Latinoamérica, ahora ha recibido un consentimiento tácito de la secretaria de Estado Hillary Clinton.

Durante las audiencias de confirmación, cuando el senador Richard Lugar interrogó a Clinton acerca de la posibilidad de que Uribe se presentara para un tercer período presidencial, la secretaria de Estado respondió por escrito: ``No creo que esté bien que Estados Unidos trate de determinar el resultado de ningún proceso interno democrático en la región''.

Mauricio de Vengoechea, un consultor político que ha trabajado en cuatro campañas electorales en Colombia, me dijo que ``hay demasiados factores que apuntan a que Uribe se va a presentar''.

Pero también hay poderosas razones para creer que, finalmente, Uribe anunciará que no se presentará.

El anuncio realizado esta semana por el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, informando que este fin de semana dejará su cargo para posiblemente lanzar su candidatura presidencial, sugiere que Santos sabe --o cree firmemente-- que Uribe no se postulará.

Santos, un ex ministro de Comercio Exterior que condujo la exitosa guerra de Uribe contra la guerrilla, le dijo al diario El Tiempo que si Uribe se postula, él no lo hará, pero agregó que tiene la ''intuición'' de que Uribe no se presentará.

Asimismo, cada vez mas colombianos se oponen a una tercera presidencia de Uribe. Arguyen que Colombia se convertiría, como Venezuela, en un país donde no rige la ley y donde los presidentes cambian la Constitución a su antojo. Lo que es más, Colombia no correría peligro, porque seguramente un seguidor de Uribe ganaría la Presidencia, afirman.

Finalmente, Uribe podría descartar la idea de presentarse nuevamente como candidato porque la polarización política que ya está provocando su posible postulación podría tornar ingobernable a el país. Tal como ocurrió con Fujimori, con el ex presidente argentino Carlos S. Menem y con muchos otros que se postularon para una tercera presidencia, Uribe podría terminar mal. ¿Por qué no pasar a la historia como el mejor presidente colombiano de la historia reciente?, podría estar preguntándose Uribe.

Mi opinión: Si Uribe nos está manteniendo en la incógnita para permanecer en el centro de la escena y no debilitarse políticamente antes del fin de su segundo mandato, está jugando este juego por demasiado tiempo.

A menos que anuncie ya mismo que no se postulará, su campaña de reelección no declarada habrá despertado tantas expectativas --y reunido tanto dinero-- entre sus seguidores que ya no habrá marcha atrás.

Esa sería una mala noticia. Uribe perdería toda autoridad moral para criticar a Chávez y a otros autócratas que se erigen en ''hombres indispensables'', y que invariablemente terminan destruyendo las instituciones de sus países. No existe tal cosa como un dictador bueno, y Uribe no sería la excepción a la regla.

Andrés Oppenheimer

¿Quién gobierna en Costa Rica?

Cada día se habla más de ingobernabilidad, y, para resolver el problema, se sugieren soluciones que van desde la convocatoria a una Asamblea Constituyente, pasando por la reforma del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, hasta cambios en las leyes que establecen tramitologías innecesarias.

Sin embargo, en mi concepto, el principal obstáculo para agilizar la Administración Pública pasa por reformar la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y la Ley de Control Interno, las cuales otorgan excesivas potestades al órgano contralor en materias ajenas a su competencia constitucional, además de redimensionar las atribuciones de la Sala Constitucional, reformar el régimen del Servicio Civil y poner a los mandos medios en el lugar que les corresponde.

Ente contralor. El ensanchamiento de las competencias de la Contraloría por vía legal, le ha permitido a esta institución, durante los últimos años, no sólo coadministrar, sino incluso cogobernar con las Municipalidades y los distintos Ministerios e instituciones descentralizadas.

Verbigracia, en reiteradas ocasiones le ha indicado al MAG cuál debe ser el contenido de reglamentos técnicos, y en el año 2006 comunicó a la Presidencia de la Asamblea, al Ministro de Ambiente, Energía, Minas y Telecomunicaciones y al Presidente Ejecutivo del ICE, cuál debería ser el contenido de la Ley General de Telecomunicaciones cuyo proyecto de ley se encontraba en esos momentos en preparación. Ver para creer.

Ni qué decir en materia de ordenación territorial de la zona marítimo-terrestre en que le imparte órdenes a las Municipalidades (que son los órganos constitucional y legalmente competentes al efecto) para anular planes reguladores y concesiones otorgadas a su amparo.

La competencia constitucional de la Contraloría está fijada precisamente por los numerales 183 y 184 de la Constitución, la cual se resume en la facultad del órgano contralor de ejercer “la vigilancia superior de la Hacienda Pública”.

Sin embargo, el órgano contralor, al amparo de su Ley Orgánica y de la Ley de Control Interno, ha extendido su competencia de fiscalización y control respecto de cualesquier tipo de materias, aunque no se refieran a la fiscalización propiamente de los fondos públicos.

En consecuencia, lo que procede es realizar urgentemente una reforma tanto de la Ley Orgánica de la Contraloría como de la Ley de Control Interno a fin de que el órgano contralor se encargue en lo sucesivo, de manera exclusiva, de aquello para lo que fue originalmente creado: ejercer la fiscalización superior de la Hacienda Pública, de manera que se deje de inmiscuir en la administración y gobierno de los demás órganos estatales, como lo hace en la actualidad entrabando todo el accionar el Estado costarricense.

Sala Constitucional. Respecto al entrabamiento que causa el accionar cotidiano de la Sala Constitucional, la situación es más compleja. Desde el punto de vista de reformas a la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sólo cabría hacer dos: eliminar la consulta legislativa de constitucionalidad respecto de los proyectos ordinarios de ley y reformar el numeral 41 para eliminar la suspensión automática de los efectos de los actos impugnados.

El resto de los problemas, como el cambio cotidiano sin ningún criterio técnico del recetario a la CCSS so pretexto de tutelar el derecho a la salud, la anulación de los EIA sin tener conocimientos en materia ambiental, el ordenar a las distintas Municipalidades e instituciones públicas la construcción de obras costosísimas, etc., no se puede solventar mediante reformas legales.

Ello sólo se lograría si los Magistrados tomaren conciencia de que su competencia es estrictamente jurisdiccional y no política, de manera que no se inmiscuyan en asuntos para los que no tienen competencia profesional para opinar con propiedad (verbigracia, medicamentos y estudios de impacto ambiental) o usurpen competencias otorgadas por el ordenamiento a los órganos políticos. Esto es lo que llaman los norteamericanos self restraint ”, que es una virtud ayuna totalmente en el accionar cotidiano de la Sala, que un día sí y otro también invade competencias constitucional y legalmente atribuidas por el ordenamiento a otros órganos estatales.

Reforma de servicio civil. Una tercera línea de reformas abarcaría el Estatuto de Servicio Civil. Este régimen, en la praxis, sólo sirve para otorgarles estabilidad laboral a los malos funcionarios. En consecuencia, se debe reformar para obligar a la recertificación quinquenal de todos los servidores públicos. De esa forma los obligaríamos a estar preparándose conti-nuamente. Quien no supere la recertificación sería dado de baja con responsabilidad patronal.

Además, los aumentos salariales se harían no por antigüedad, sino más bien por resultados. Para ello, se harían evaluaciones individuales de todos los servidores públicos, del rendimiento del departamento al que pertenecen y, en última instancia, de la institución de la que forman parte.

De esa forma, los propios servidores públicos serían los mejores guardianes de la eficiencia de la Administración Pública pues, si su institución no funciona conforme a parámetros y metas objetivas fijadas anualmente, entonces no tendrían derecho a los aumentos salariales anuales, que hoy se otorgan automáticamente.

Finalmente, hay que establecer que las jefaturas son de nombramiento discrecional del respectivo jerarca, para evitar que los mandos medios anquilosados, como ocurre en la actualidad, sean los que realmente manden dentro de las diferentes instituciones públicas.

Es ilógico que el jerarca de una institución no pueda nombrar a personas de su confianza en las jefaturas de los mandos medios. Estos, al tener garantizada su estabilidad laboral, se han convertido en feudos dentro de la propia institución y por ello son quienes realmente mandan en el país.

La respuesta a la pregunta formulada en el título de este artículo es muy simple y cae por su propio peso: la Contraloría General de la República, la Sala Constitucional y los mandos medios son quienes nos gobiernan en la actualidad.

Las reformas legales citadas son más urgentes que modificar la Constitución pues es necesario devolver, a los órganos de elección popular, la capacidad de gobernar sin controles a priori que incidan no sólo sobre su accionar administrativo, sino también sobre su discrecionalidad política.

Sin embargo, parece que lo urgente posterga lo importante en Costa Rica. Posiblemente, la mejor contribución de la presente Asamblea Legislativa al país sería realizar las reformas legales arriba indicadas. Los costarricenses quedaríamos muy agradecidos porque se trataría de reformas de fondo, que harían el aparato estatal más eficiente y opera-tivo.

Además, es hora de devolver el ejercicio real del poder a los órganos representativos, es decir, a los que cada cuatro años elegimos para que nos gobiernen y terminar con la dictadura de órganos que no tienen origen en la voluntad popular.

Rubén Hernández

El poder y el delirio: todos a las balsas

Enrique Krauze es un especialista en caudillos. Krauze es un gran historiador mexicano que ha puesto bajo la lupa a estas peculiares criaturas. ''Hay gente pa'tó'', decía el torero. Pudo darle por las arañas o los escorpiones, pero le dio por los caudillos. Y es bueno que así sea. El caudillismo es una patología endémica en América Latina y entenderla es una manera de tratar de evitarla o, al menos, de aprender a sobrevivirla, aunque hasta ahora no se conoce otra cura que salir corriendo hacia las balsas al primer síntoma de que ha llegado un tipo a salvarnos.

Prácticamente todos los países de este pobre mundillo nuestro latinoamericano han padecido a los caudillos. Son esos tipos palabreros y carismáticos, tuteadores de Dios, que cuando estamos en crisis se encaraman en una tribuna, seducen a las masas, se apoderan de la casa de gobierno, hacen trizas las instituciones, agotan el tesoro, nos endeudan hasta las orejas, se declaran indispensables, se eternizan en el poder y, como no se están quietos, y están llenos de iniciativas extravagantes, agravan hasta la locura todos los problemas que existían antes de la aparición de ellos en un carro de fuego.

En el siglo XX los dos caudillos más emblemáticos y pintorescos de América Latina han sido el argentino Perón y el cubano Fidel Castro. Perón murió en 1973, pero como el peronismo tiene algo de tablero de Ouija, Perón sigue dando guerra por medio de una variopinta descendencia ideológica que incluye gente de rompe y rasga a la derecha de Gengis Khan y a la izquierda de Lenin. Fidel Castro no ha conseguido morirse todavía, pero lo ensaya tesoneramente desde el verano de 2006, cuando se le amotinaron en los intestinos unos divertículos al servicio de la CIA que lo han dejado flaquito y turulato, como esos viejitos locos que uno ve riéndose y hablando solos en todos los pueblos españoles.

Hugo Chávez, en fin, es hijo de Fidel Castro y nieto de Juan Domingo Perón. Enrique Krauze acaba de filiarlo con total precisión en un brillante libro que, desde ya, se convierte en lectura indispensable para todo aquel que se empeñe en la ingrata tarea de tratar de comprender a la América Latina de nuestro tiempo. La obra se llama El poder y el delirio, la publicó Tusquets en España, y es un estudio a fondo de Venezuela y de Hugo Chávez, lo que inevitablemente precipitó a su autor a mezclar la historiografía con el ensayo, el periodismo, la entrevista y el psicoanálisis, porque sólo así, con una mirada poliédrica, como de mosca, se puede abordar de manera inteligible un drama tan complejo e irracional como el venezolano.

El asunto es muy importante. Aunque Hugo Chávez es un personajillo de cuarta categoría, una especie de Idi Amin Dada de Sabaneta, conecta muy bien con una amplia zona de América Latina que pertenece a esa misma liga --la del populismo mágico que compra y vende conciencias con dinero público, hasta que las conciencias y el dinero se acaban--, y a base de petrodólares está creando su imperio ideológico a una sorprendente velocidad. A diferencia de su padre Fidel, que en enero cumplirá cincuenta años al frente del negocio de mandar, en su larga vida de tirano intervencionista sólo pudo colonizar a Nicaragua, y apenas durante una década, Chávez ya cuenta con Bolivia, Ecuador y Nicaragua bis, mientras se afila los dientes ante el probable triunfo del chavismo en El Salvador dentro de pocos meses.

¿A dónde irá a parar este fenómeno? Descartarlo porque es una cosa disparatada no parece sensato. Mussolini y Hitler, bien mirados, eran también un par de payasos intoxicados con las más absurdas teorías y eso no les impidió seducir a las muchedumbres y organizar el peor matadero de la historia. Hay países, hasta ahora, que parecen inmunes al chavismo (Chile, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Colombia, tal vez México, en general los que el embajador norteamericano Manuel Rocha llama ``América Uno''), pero el resto del continente puede sucumbir a esta enfermedad y arruinar con ello a un par de generaciones tontilocas. Francamente, no es mucho lo que puede hacerse. Por lo pronto, sentarse a leer cuidadosamente El poder y el delirio, cruzar los dedos de que no nos toque, e ir fabricando una balsa, que fue lo que se le ocurrió al avispado Noé cuando se olió que iba a comenzar a llover.

Carlos Alberto Montaner

Argentina: El gobiernos está protegiendo tus ahorros

En varias oportunidades sufrí situaciones de inseguridad complicadas. La mas grave fue cuando un malhechor a punta de pistola me exigió dinero. Alguien me iluminó y le dije "tranqui, hoy laburé para vos, la que tengo es tuya". El ladrón se tranquilizó tomó su botín y se marchó. Gracias a Dios sigo vivo y cuento esta película.

Mientras la Presidenta Cristina Kirchner anunciaba la pulverización del sistema de capitalización privado, la incautación de las cuentas individuales y la nacionalización compulsiva del sistema previsional, me acordé de aquel malhechor que me robó el dinero.

Una diferencia no menor hay entre aquel hecho de inseguridad física y éste de inseguridad jurídica. El ladrón privado sabía que yo le estaba mintiendo. Sabía perfectamente que no lo esperaba ni me había esforzado para él. Yo también sabía que él sabía. El contrato era bien claro. Se trataba de un robo.

El gobierno no fue tan sincero como aquel ladrón. No se animaron a decir lo que estaban haciendo.

Al mejor estilo orwelliano modificaron la acepción de una palabra para ocultar la verdadera intención. Hablaron de "rescate de los fondos privados personales que se devaluaban en manos de las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilación Privados)".

Todo el Gran Buenos Aires (Reino de la inseguridad) , no conoce un ladrón que le diga a su víctima: "quedate tranquilo te robo el auto y así te evito el gasto en mantenimiento, patentes, combustibles, seguros, etc en realidad te estoy rescatando".

La estrategia del gobierno es imponer en el debate que se trata de un tema "previsional". Que en realidad las AFJP administraban mal los fondos de los cotizantes y ante esa falla, el estado aparece como salvador.

En rigor la discusión es plenamente fiscal. El estado necesitaba dinero para cubrir el déficit fiscal que está a la vuelta de la esquina. El 2008, era hasta el 21 de octubre, el año donde los intentos de voracidad fiscal fracasaban uno tras otro. En julio el revés del aumento de las retenciones móviles, en agosto el intento fallido de "insertarse" en el mercado de crédito internacional a través del pago al Club de París y la oferta a los Hold Outs.

Argentina tiene vencimientos de deuda pública del orden de los $ 18.000 millones promedio para los próximos tres años en un contexto de caída vertiginosa del superávit fiscal producto del enfriamiento de la economía, la baja de precios de los commodities y la caída del impuesto inflacionario.

De hecho los 35.000 millones de pesos de superávit en 2007 que eran explicados por retenciones y el impuesto al cheque este año será menor y el próximo menor aún.

Los fondos privados incautados con esta medida ascienden a un stock de 95.000 millones de pesos y a un flujo de 14.000 millones de pesos anuales más el ahorro en intereses y capital por los 55.000 millones de pesos en títulos públicos que serán "transferidos" al Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social).

Los argentinos conocemos bien la película. Los fondos serán licuados y el Anses más temprano que tarde volverá a su histórica condición deficitaria. Las futuras administraciones tendrán un sinfín de excusas para librarse de la la culpa de los magros a haberes futuros.

Todos los controles prometidos son letra muerta. "Comisiones bicamerales", "La oposición en el Anses", "publicidad de los actos", "Comisión de sindicalistas, industriales y políticos notables" son parte del humor trágico argentino.

El dato relevante para los argentinos es saber quién es la próxima víctima y cuál es el próximo botín. ¿Los seguros de retiro?, ¿los prepagos médicos?, ¿los depósitos bancarios?, ¿los plazos fijos?, ¿las cajas de seguridad?, ¿las tenencias accionarias?, ¿las recaudaciones de los recitales de Mercedes Sosa y Madonna?, ¿la venta de entradas del próximo superclásico?, ¿la recaudación de monedas de las líneas de colectivo?, ¿las recaudaciones de la obra Evita financiada por el Estado de la Presidencia de Buenos Aires?,

Cuando el estado es voraz y no hay límites, incluso lo que parece ridículo es altamente probable.

No extraño a aquel ladrón, pero ciertamente fue mucho más sincero. Estaba afanando, lo dijo, afanó y se fue (Obviamente no lo agarraron).

Gustavo Lazzari

¿Podremos algún día ser del “Primer Mundo”?

En el libro “Guía para un excelente gobierno… y para un ciudadano menos indolente”, publicado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR, se aporta sólida evidencia jurídica, política, histórica, administrativa y técnica, de por qué Costa Rica no es un país desarrollado.

En efecto, en pobreza, ambiente, educación, salud y agricultura, en turismo e industria, en infraestructura, seguridad ciudadana, en planificación, etc., las estadísticas y tantos analistas proporcionan alarmantes “indicadores deficitarios”, pero el libro les otorga una novedosa relevancia pasándolos por el prisma de las macrocausas, o causas de origen, de tales fenómenos; y, más aun viéndolos como fenómenos interdependientes y no individuales.

Análisis deficiente. El libro –que también podría intitularse “…de dónde viene y cómo superar nuestro sempiterno nadadito de perro”– devela cómo durante más de treinta años (en coincidencia en mucho sentido con el análisis de Julio Rodríguez aquí el 8/9 anterior), ha habido una sistemática omisión de ciertas pautas superiores jurídicas y conceptuales, un hecho que explica el por qué de tantos análisis unilaterales sobre problemas nacionales y políticas mal diseñadas y peor ejecutadas que no resuelven ninguno de aquellos, aun con el enorme gasto disponible y la evidente buena fe de sus propulsores.

Si el lector desea realmente saber quiénes son unipersonalmente responsables del subdesarrollo nacional, y quiénes y cómo “podremos ayudarnos” de manera calificada haciendo lo necesario para enmendar, desde ya, esas irresponsabilidades y resolver mucho mejor todo problema nacional, el libro identifica a los actores y “órganos” responsables e indica cómo lograr ese cambio, sin esperar una Constituyente.

El libro demuestra cómo las actitudes y comportamientos diarios del costarricense tienen como contrapartida real su desapego para con el régimen de derecho que todos, cuando conviene, dicen respetar. Se señala un problema grave en la enseñanza misma de muchas ciencias sociales en las universidades, pues es común ver cómo se extrapolan los análisis de afamados autores europeos y norteamericanos, y de sus corifeos latinoamericanos, como si fueran análisis y propuestas sobre Costa Rica, lo que lleva a que los estudiantes no aprenden a investigar nuestros fenómenos en su complejidad real, jurídica, institucional y sustantiva, sino a repetir frases célebres que denotan erudición académica. Así llegan a importantes puestos públicos y políticos.

Cultura colonial. En el libro develamos igualmente cómo nuestra cultura política de origen colonial todavía nos domina en lo que es el manejo de instituciones y procesos públicos sin la preparación especializada rigurosa –o sea, realista de lo público nuestro, no de lo público anglosajón; en las muchas microanalíticas y simplistas discusiones sobre reformas políticas, electorales e institucionales; en la formulación de programas electorales por los partidos políticos y promulgación de nuevas leyes, que dan la espalda al modelo-país y a unas pocas normas en la Constitución así como a unas pocas leyes superiores, que precisamente sí permiten en conjunto el “excelente gobierno”; en no querer enfrentar nadie las verdaderas causas de la corrupción que nos acogota, incluida la creación por los partidos mayoritarios de cotos de caza en las instituciones (piénsese, a manera de ejemplo, en los varios funcionarios públicos de carrera que aparecen de repente como legisladores, cosa imposible en Europa o en Estados Unidos); en no entender que los procesos de contratación administrativa, administración financiera, empleo, tecnologías digitales y de otra índole, son apenas eslabones de procesos político-administrativos mayores de dirección, planificación, control y evaluación, cuyo manejo eficaz exige una rigurosa formación –que tampoco se está dando en el país– más allá de la que actualmente recibe el especialista en esos campos parciales, más cuando se incorporan a este escenario los ámbitos sectorial y regional del desarrollo nacional.

El libro, por su lado, incorpora pruebas de cómo el marco normativo-conceptual sustentado por el autor funciona en condiciones apropiadas, presentando experiencias positivas habidas en el país en los últimos 34 años que demuestran que “sí se puede”.

Dos grandes y francas advertencias: una, el libro argumenta con contundencia que no por ignorar tantos costarricenses los fenómenos reales analizados en él, éstos, entonces, no tienen consecuencias en el desarrollo real del país; por otro lado, su contenido crítico –pero también propositivo– es un espejo, y apuesto a que todo lector que lo lea con objetividad no podrá seguir siendo el mismo “tipo” de ciudadano.

Si no lo digo yo como su autor, ¿quién más podría hacerlo con tanta convicción, fundamento y… optimismo?

Johnny Meoño

Obama y el cambio

Ted Sorensen, uno de los ideólogos del gobierno de John F. Kennedy, dijo que tal vez la elección de un presidente católico en 1960 era más difícil que la de un afroamericano en 2008. Puede ser. Hasta esa fecha todos los ocupantes de la Casa Blanca habían sido protestantes. Pero la sociedad americana, por su propia dinámica interna, cambió en la dirección en la que se ha movido incesantemente desde su fundación a fines del XVIII: la apertura y asimilación progresiva de todos los grupos étnicos, de todas las tendencias culturales y de las diversas minorías. Como parece que sucede en el Universo, Estados Unidos es una sociedad en perpetua y acelerada expansión.

Lo explicó muy bien el premio Nobel Douglass North en un ensayo reciente: Estados Unidos, sin proponérselo, inventó para el mundo lo que llama la ''sociedad de acceso abierto'' basada en la competencia y la subordinación a la ley. La combinación de esos dos elementos ha generado, por una punta, la renovación permanente de la élite dirigente en el terreno político, y, por la otra, el mayor desarrollo tecnológico y científico que ha conocido la especie. Este fenómeno, a su vez, ha producido una cantidad increíble de riquezas. Tras el ejemplo norteamericano hoy existen, al menos, dos docenas de países de ''acceso abierto''. Exactamente los más prósperos y estables del planeta.

Si esta perspectiva es correcta, el senador Obama no viene a traer el cambio: él es el producto de los cambios. En apenas medio siglo, los afroamericanos han pasado de luchar gallardamente por un puesto en la parte delantera del autobús a luchar por la conquista del despacho presidencial en la Casa Blanca. Pero este modo de entender a Estados Unidos también define el verdadero sentido de la presidencia norteamericana: la principal función del jefe del Estado no es guiar a los americanos en una dirección elegida por él o por los líderes de su partido, sino perfeccionar las instituciones y facilitar los mecanismos que hacen posible que las personas compitan en un clima justo para que el conjunto de la sociedad evolucione como consecuencia del resultado de las decisiones que libremente toman todos los días millones de personas. Eso es lo que ha hecho grande a Estados Unidos.

Esto se entiende mal en el exterior. Leo que los españoles votarían abrumadoramente por Obama si pudieran participar en las elecciones norteamericanas. Y esa misma fue la impresión que me llevé tras recorrer recientemente varios países latinoamericanos: prefieren a Obama. ¿Por qué? Por las malas razones: porque la imagen de Estados Unidos que prevalece en el mundo es muy negativa. Sin matizar, sin detenerse a comparar, ven al país como una potencia imperial manejada por las grandes corporaciones económicas, que atropella militarmente a los más débiles, consume una parte sustancial de las riquezas del planeta, ensucia la atmósfera y los océanos sin la menor conciencia, margina a los pobres dentro de sus fronteras --al extremo de negarles cuidados médicos--, y provoca graves turbulencias financieras internacionales con su irresponsabilidad en el manejo de sus gastos internos. O sea: exactamente la imagen que proyectan Michael Moore en sus sesgados documentales y una buena parte del establishment académico norteamericano en sus clases y publicaciones universitarias.

Para el mundo, esto es lo que Obama va a cambiar. Hay una relación directamente proporcional entre el grado internacional de obamismo y la mala percepción de Estados Unidos. Mientras peor es la imagen que se tiene del país, más confianza se posee en que el joven senador afroamericano eliminará esas conductas reprobables que le atribuyen a Estados Unidos. Cuando Obama dice que va a cambiar el país (aunque no haya definido qué va a cambiar y cómo), fuera de las fronteras americanas se le percibe como un revolucionario que, finalmente, terminará con los abusos de la CIA y el Fondo Monetario, retirará a las tropas acantonadas en el extranjero, someterá al orden a las multinacionales, cuidará del medio ambiente al costo que sea y gobernará para los pobres.

Entonces, ¿qué ocurrirá, realmente, si Obama llega a la Casa Blanca? Prácticamente nada de lo que sueñan los simpatizantes de Obama en el exterior. Como tampoco el católico Kennedy introdujo un cambio fundamental en la vida americana en los 1,000 días que gobernó al país. La inercia de la sociedad de acceso abierto se irá imponiendo. La competencia y el funcionamiento de las instituciones guiarán a la sociedad en la dirección que aleatoriamente vaya desplegándose. Contrario a la premisa retórica de Kennedy, lo importante, lo revolucionario, no es lo que Obama pueda hacer por su país, sino lo que su país ha podido hacer por Obama en un periodo relativamente breve. Eso es lo admirable.

Carlos Alberto Montaner

Ecuador sin brújula

El presidente ecuatoriano Rafael Correa va cuesta abajo. Según la última investigación (Cedatos-Gallup), sólo el 41% apoyaría el extravagante texto constitucional que sus partidarios van forjando lentamente en el pueblo de Montecristi. Necesita el 50% para que se apruebe. Ha dicho que, si fracasa, abandonará la política. No ha aclarado si volverá a enseñar en la universidad, donde no dejó una huella memorable, o si se dedicará a cantar y tocar la guitarra, actividades que practica con más talento que Abdalá Bucaram, otro músico que pasó por el Palacio de Carondelet, al que derrocaron acusándolo de loco, poco después de que perpetrara un CD de rock and roll con la complicidad de un conjunto uruguayo llamado Los Iracundos. El CD era una prueba irrefutable de los cargos que le imputaron.

Parece que la constitución que están redactando los patricios ecuatorianos es un adefesio socialista cargado con la noble intención de hacer justicia social y lograr la felicidad espiritual y corporal de las personas, incluida la delicada región inguinal. Hace pocas fechas, una señora se empeñaba en consagrar los derechos de las mujeres, sin olvidar el de disfrutar de los placeres sexuales. Nunca supe si se aprobó su propuesta, pero a mí, francamente, me pareció razonable. Una de mis heroínas predilectas es Mary Wollstonecraft, quien planteó eso mismo en Inglaterra a fines del siglo XVIII. Alguna vez, hasta pensé en novelar su interesante vida. Toda dama frígida merece una pensión del Estado por su injustificado sufrimiento.

Pero hay más locuras, como explica, azorado, el analista Walter Spurrier. Uno de los aportes de las etnias indígenas al texto constitucional que se prepara consiste en que la economía se guíe por el principio del sumak kawsay, una ancestral filosofía del desarrollo que entiende que el ''buen vivir'' radica en la convivencia armoniosa con la naturaleza, lo que necesariamente excluye el progreso y el consumismo, dos depredadoras actitudes que destruyen el hábitat en el planeta. ¿Como sustentan esa dulce visión precolombina de la sociedad los ilustres legisladores ecuatorianos en nuestros días? Muy fácil: en el pensamiento de los filósofos radicales europeos Iván Illich y Serge Latouche. Lo revolucionario no es crecer, sino decrecer. Involucionar. Huir de la demencia occidental. Una tontería, por cierto, que hace ya muchas décadas también formuló Gandhi cuando defendió el regreso a la rueca y el abandono de la búsqueda del progreso como objetivos para la nación que se proponía fundar.

Pobres ecuatorianos. Ecuador es una nación preciosa, potencialmente riquísima, ocupada por una clase dirigente tenazmente empeñada en agravar los problemas que padece la sociedad. Si la nueva constitución ''social y solidaria'' es aprobada, seguramente la promulgarán en el Congreso Nacional ante el enorme mural de Oswaldo Guayasamín, un exitoso pintor expresionista de filiación comunista que trató de exterminar al imperialismo yanqui acaparando todos los dólares que se ponían a su alcance. El mural se titula, precisamente, Historia de la constitución del Ecuador, y en él se denuncia, entre otros horrores, a la malvada CIA, culpable, por supuesto, de todos los males que aquejan al país.

Cuando el profesor Rafael Correa fue elegido presidente, dos de los argumentos que se esgrimieron a su favor fueron su buena formación universitaria y su condición de católico practicante. El señor Correa había hecho estudios postgraduados en la Universidad de Lovaina (Bélgica), una antigua y prestigiosa universidad católica, y luego había obtenido un doctorado en una institución norteamericana de Illinois. El señor Correa sabía de economía. Lo que nadie se preocupó en averiguar es cuáles eran sus ideas sobre la naturaleza humana, la libertad, la tolerancia, el pluralismo, la democracia, la historia, la justicia, o la dignidad del otro, sin percatarse de que los conocimientos, distorsionadamente integrados en una estructura de valores disparatada, administrados con una dosis enorme de arrogancia y falta de sensatez, pueden dar lugar a las conductas más perjudiciales.

¿En qué va a parar este nuevo sainete latinoamericano?

Obviamente, en otra frustración de la que no parece haber escape: si el presidente Correa tiene éxito y aprueban la constitución, ese texto será la partida de bautismo de un despropósito que empobrecerá sustancialmente a los ecuatorianos durante el tiempo que se dediquen a tratar de ponerla en práctica. Si no lo tiene y la rechazan, dentro de un par de años (o antes) saldrá de la presidencia sin pena ni gloria escoltado por la perplejidad y el desconcierto de sus compatriotas. Es lo que les ocurre a los pueblos cuando han perdido la brújula. Así está Ecuador desde hace años.

Carlos Alberto Montaner

Bolivia ante un momento crucial

Según el presidente boliviano Evo Morales, el país más pobre de Sudamérica está amenazado por un movimiento oligárquico respaldado por Estados Unidos en el departamento de Santa Cruz, que desea separarse del resto de la nación a través de un referéndum autonómico que se realizará este domingo.

Contrariamente a lo que me aseguró el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, en una entrevista el miércoles, Morales y sus aliados en la región dicen que si Costas logra que el estatuto autonómico de Santa Cruz gane la votación por una mayoría abrumadora --algunas encuestas sugieren que puede ganar por un 70 por ciento--, lo mismo ocurrirá en los referéndums autonómicos previstos para junio en los departamentos de Beni, Pando y Tarija, y que las regiones más ricas del país acabarán por independizarse.

El presidente venezolano Hugo Chávez presidió la semana pasada una cumbre de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba realizada en Caracas, destinada a alertar al mundo sobre un supuesto plan "del imperio'' para dividir a Bolivia. La dictadura cubana, a su vez, dijo en una declaración oficial que Bolivia está amenazada con la "desestabilización'' impulsada por "los planes separatistas de la oligarquía''.

El miércoles le pregunté al prefecto de Santa Cruz en una entrevista telefónica si realmente está buscando la independencia de su provincia, o de la región conocida como la "media luna'' de Bolivia.

"Es absolutamente falso'', me dijo Costas. "Es la misma vieja historia que el gobierno central nos ha estado repitiendo desde hace más de 100 años. Todo lo que queremos es mayor independencia política, económica y administrativa, como ocurre en España''.

Contrariamente a lo que afirma Morales, una mayor autonomía regional contribuirá a mantener unida a Bolivia, dijo Costas. Si España no hubiera admitido las autonomías regionales, el país podría haber terminado como la antigua Yugoslavia, agregó.

Juan Carlos Urenda, un abogado graduado de Harvard que asesora a Costas y es considerado por muchos como el ideólogo del movimiento autonomista santacruceño, me dijo en otra entrevista que el gobierno de Morales está usando su acusación de separatismo para desacreditar a quienes apoyan una mayor descentralización del país.

"Bolivia es uno de los pocos países del mundo que en la actualidad sólo tiene dos niveles de gobierno: el gobierno nacional, y el gobierno municipal. Y de lo que se trata aquí es de crear un gobierno intermedio, como en el 98 por ciento de los países del mundo'', señaló.

Santa Cruz afirma que contribuye con $600 millones anuales a las arcas nacionales, pero que solamente recibe anualmente $150 millones del gobierno central. El departamento busca un mayor control de sus recursos, sin dejar de hacer aportes al gobierno central, dicen los autonomistas.

¿Planean crear sus propias fuerzas armadas, tal como dice el gobierno de Morales?, le pregunté a Urenda.

"Eso es falso'', respondió. "Lo que establece el estatuto autonómico es una institución policial en concordancia con la policía nacional, para algunas tareas específicas, como el control de carreteras, para garantizar el libre tránsito cuando hay bloqueos''.

¿No es anticonstitucional el referéndum autonómico, como dice el gobierno?, le pregunté.

Urenda señaló que es el gobierno de Morales quien transgredió la Constitución, porque en un referéndum vinculante realizado el 2 de julio del 2006, Santa Cruz votó a favor de incluir su autonomía en la nueva Constitución, pero Morales ignoró ese voto y aprobó una reforma constitucional que sólo otorga autonomía a las comunidades indígenas y municipalidades que apoyan al gobierno central.

Además de esa movida para quitarle todo poder a los departamentos liderados por la oposición, Morales aprobó las reformas constitucionales por la fuerza, rodeando con fuerzas progubernamentales el edificio donde se realizó la votación en Sucre e impidiendo que los opositores ingresaran a la sala de votación, afirman los partidarios de la autonomía.

Mi opinión: ambos bandos --el gobierno de Morales y las regiones que buscan una mayor autonomía-- tienen razón en que la otra parte ha violado las leyes. Morales ha hecho aprobar, mediante la fuerza, una reforma constitucional destinada a crear un estado socialista autoritario controlado por una mayoría étnica, y a quitar todo poder a los prefectos de oposición. Y los prefectos están burlando las leyes electorales del gobierno para garantizar sus derechos, y su supervivencia política.

Es difícil predecir lo que pueda ocurrir después del referéndum del domingo, pero resulta claro que Morales está intentando cooptar las instituciones democráticas con su reforma constitucional, siguiendo el modelo de Chávez. Sólo que no tiene el petróleo de Chávez, y la cosa se le ha hecho más difícil.

Dudo que el 70 por ciento de la población de Santa Cruz pueda ser calificada de oligarquía. Morales tendrá que decidir si reprime al pueblo de Santa Cruz, algo que seguramente provocará derramamiento de sangre, o si incluye autonomías regionales como las de España en su Constitución. Ojalá que opte por esta última alternativa.

Andrés Oppenheimer

Viernes de Recomendación

En esta ocasión les ofrecemos el ensayo: Instituciones, ideología y desempeño económico por Douglas North ganador del premio Novel de Economía. En este ensayo explica North la importancia que tienen tanto las instituciones formales como informales para el desarrollo económico y la creación de mercados competitivos.

Siete hermanas golpeadas

Las grandes compañías petroleras no son muy queridas en América Latina. En Venezuela, el señor Hugo Chávez la ha emprendido contra Exxon-Mobil. Ha decidido castigarla porque la empresa norteamericana se ha querellado contra su gobierno en los tribunales internacionales por incumplimiento o ruptura de contrato. Para Chávez el ejercicio de un derecho ante la violación de unos acuerdos es una afrenta a la nación y a la revolución bolivariana. Tampoco se sabe por qué el pobre Bush acabó pagando los platos rotos. Chávez volvió a insultarlo por el fallo de los tribunales británicos. Cada vez que Chávez está aburrido, la emprende contra el presidente americano. Solo lo deja descansar cuando se entretiene injuriando al colombiano Álvaro Uribe.

En Ecuador ocurre más o menos lo mismo. Los enfrentamientos más pintorescos (aunque no los únicos) del gobierno del popular presidente Correa son contra Chevron. Ignorando varios fallos judiciales anteriores, y con la complicidad de voraces abogados norteamericanos, siempre dispuestos a litigar con razón o sin ella si el demandado posee un cofre jugoso, el Gobierno de Quito, unido a ciertas inefables ONG verdes, pretende, demagógicamente, que la compañía abone miles de millones de dólares como compensación por unos supuestos daños ecológicos a los que ya les hizo frente hace años, y a los que Petroecuador, el gran responsable, ignora olímpicamente.

En realidad, es fácil golpear a las petroleras. Tienen mala prensa. Cada vez que un motorista debe llenar el tanque del auto suele maldecirlas. ¿A tres dólares el galón?, ¿mucho más en Europa? La reacción es de odio eterno, sin advertir que quienes menos ganan son las estaciones de gasolina: apenas unos centavos. Ante la duda, la culpa es de las petroleras. Las han acusado, a veces con razón, de ser peligrosamente poderosas, de abusar de la condición de monopolio, de elevar artificialmente los precios, de desatar guerras, y de envenenar el medioambiente. Casi todos los Gobiernos, incluido el norteamericano, de alguna manera se han enfrentado a ellas.

América Latina. Tal vez esto era parcialmente cierto hace unas cuantas décadas, pero aquellas famosas “Siete hermanas”: Standard Oil, Royal Dutch Shell, British Petroleum, Texaco, Chevron, Exxon, Mobil, ya no son lo que eran. Si en una época acaparaban el 80% de la producción y las reservas de petróleo y de gas del planeta, hoy andan por menos del 10% y son solo una sombra de lo que fueron. Han sido reemplazadas por otras siete hermanas, en este caso empresas estatales, a las que hay que imputarles el astronómico precio del petróleo y otras calamidades adyacentes. De acuerdo con el Financial Times , estas son las nuevas villanas: Saudi ARAMCO (Arabia saudita), Gazprom (Rusia), CNPC (China), NIOC (Irán), PDVSA (Venezuela), Petrobrás (Brasil) y Petronas (Malasia).

No tiene sentido preguntarse por qué hay tan pocas inversiones internacionales en América Latina. Lo sorprendente es que continúen fluyendo, aunque sea a cuentagotas, pese al incumplimiento de los acuerdos y a la poca seriedad del poder judicial en casi todo el ámbito latinoamericano. Me lo dijo un importante banquero español, cuyo nombre, naturalmente, no puedo mencionar: “hemos perdido diez años preciosos en América Latina luchando contra la arbitrariedad”. Y luego agregó, con cierta melancolía: “no tiene sentido hacer negocios fuera del Primer Mundo. Lo que ganas en una década lo pierdes en una semana cuando un gobernante tramposo te cambia las reglas del juego”.

Las inversiones extranjeras, además de ser una fuente de trabajo, son el gran vehículo para la transmisión de tecnología y, en nuestros días, para multiplicar la productividad con técnicas modernas de gerencia, y hasta para aumentar eso que en el pasado llamaban “conciencia social”. Se ha abierto paso una nueva visión moral de las relaciones entre la sociedad y el aparato productivo, y las grandes empresas asumen como parte de su tarea lo que llaman “responsabilidad social corporativa”. No es verdad que la única obligación de los empresarios y de sus ejecutivos es procurar beneficios. La pobreza, las enfermedades, la calidad de la educación y el cuidado de la naturaleza también les conciernen a las empresas serias, no solo por razones de índole ética, sino porque es más fácil y rentable hacer negocios en un ambiente saludable y próspero que en medio de un paisaje de violencia, niños harapientos y casuchas de tabla y zinc. Pero nada de esto parece importar en casi toda América Latina. Por eso, cada año que pasa somos un poco más insignificantes.

Carlos Alberto Montaner

Nicaragua hace agua

Es en verdad escalofriante la historia de este país centroamericano que viene sufriendo todo tipo de peripecias debido a los patéticos gobernantes que los nicaragüenses han debido padecer una y otra vez como una maldición imposible de revertir. Claro que, como en tantos otros casos, estas desgracias no son casualidad sino que se deben al descuido de la educación al efecto de comprender y defender los principios de una sociedad abierta.

Durante cuarenta años han soportado estoicamente los desmanes del somocismo, luego la entrega de Carter al férreo control de la guerrilla sandinista, mas adelante la corrupción e ineptitud de gobernantes como José Arnoldo Alemán del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), una grotesca ironía que en nada se asemeja a un partido republicano ni mucho menos liberal y, de mas está decir, tampoco constitucional.

El totalitario y prepotente Daniel Ortega volvió al gobierno con el 37% de los votos en noviembre de 2006 merced a las maniobras del mencionado Alemán con el compromiso de no denunciar sus saqueos y multimillonarias transferencias de recursos malhabidos. El desgobierno anterior del propio Ortega fue financiado por los soviéticos, ahora lo es por los iraníes y por el estridente bolivariano del Orinoco.

Resulta en verdad una afrenta al buen gusto y al decoro mas rudimentario el que la idea mas reciente que propone la oposición sea la de una amnistía general para ex gobernantes al efecto de que Ortega no siga amenazando con denuncias y así neutralizar a sus oponentes políticos.

Todos los indicadores en Nicaragua revelan problemas graves: un país devastado en su economía y diezmado en el cuadro institucional en el que su gobernante sigue despotricando contra el “capitalismo salvaje” mientras insiste con insuperable terquedad en las recetas del socialismo mas cavernario y que conduce a situaciones desesperantes para la gente necesitada. Promete tan poco ambiciosas y faltas de ingenio como que todos los agricultores tendrán una vaca, un cerdo y semillas suficientes, como si por arte de magia pudiera aumentarse la producción destruyendo todos los incentivos posibles y ahuyentando las inversiones.

También le promete a su par venezolano ayuda en granos, leche y carne que curiosamente escasean en el país de los petrodólares. Pero es que las bravuconadas de Ortega no se podrán cumplir porque Nicaragua también está con problemas alimentarios: debe importar 350 millones de dólares solo en concepto de arroz, maíz y frijoles, lo cual significa cerca de una cuarta parte de las importaciones totales.

Por otra parte, el orteguismo ha promulgado una disposición por la que se imponen los Consejos de Poder Ciudadano que son copia fiel de los Comités de Defensa de la Revolución en Cuba (“aquel circo sin pan” como escribió Cabrera Infante) para reforzar la delación, el espionaje y así desvirtuar y contrarrestar toda posible oposición, al tiempo que se intensifica el adoctrinamiento totalitario y el ejercicio de la milicia revolucionaria. En este contexto (a confesión de parte, relevo de prueba) es que Ortega acaba de llamar “mi querido hermano” al terrorista, asesino y secuestrador de las FARC, Antonio Marín Marín, luego rebautizado Manuel Marulanda Vélez, conocido como Tirofijo.

En otro orden de cosas, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha declarado que en Nicaragua la libertad de prensa presenta un panorama de “incertidumbre y tiempos difíciles”, principalmente debido a las múltiples presiones ejercidas a periodistas y a raíz de la negativa gubernamental de discutir la ley de acceso ciudadano a la información pública. Asimismo, preocupa la permanente intromisión e interferencia en la circulación de noticias y en otras áreas de gobierno por parte de Rosario Murillo, la mujer de Ortega (que, dicho sea de paso, lleva el mismo nombre que una de las mujeres de Rubén Darío).

En el año que acaba de finalizar la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN) protestó reiteradamente por las agresiones y la inseguridad de los periodistas. Incluso manifestaron con un simbólico ataúd con la leyenda “no hay país ni sociedad libre sin libertad de expresión y de prensa”. Entre muchas otras quejas, los periodistas nicaragüenses destacan el manejo arbitrario y discriminatorio de la propaganda oficial que administra la antes mencionada primera dama.

Solo para poner un ejemplo en este tema crucial de la libertad de prensa, una iniciativa de importancia sería, en lugar de reclamar por no recibir suficiente publicidad oficial, proponer la eliminación de la respectiva oficina estatal y en lugar de rechazar las concesiones arbitrarias de radio y televisión proponer la privatización de las ondas electomagnéticas al efecto de contar con una verdadera libertad de expresión, reduciendo sustancialmente chantajes y presiones innobles. Hoy esto puede parecer alejado de las posibilidades actuales pero resulta m´s fértil y mucho más digno que pelear por migajas que graciosamente otorga el soberano.

Hay que tener sumo cuidado con estos personajes como Ortega, Morales, Chávez y Correa porque no sólo instalan un régimen de democracia tramposa al no respetar los derechos de las minorías, sino que pretenden perpetuarse en el cargo. En este último sentido debe tenerse muy presente lo que dice Robin Williams en una de las producciones cinematográficas en las que actúa: “los políticos son como los pañales, hay que cambiarlos frecuentemente y por los mismos motivos”.

Alberto Benegas Lynch

Acto de Valentía

En ASOJOD queríamos reconocer la valiente decisión de Andrea Morales de conformar quorum. El PAC debería dejarse ya de los eufemismos y decir la verdad, la cual es que no tienen ningún interés en mejorar la agenda de implementación sino en que la misma no sea aprobada.

En ASOJOD esperamos que en las elecciones del 2010 el PAC quede de una vez por todas sepultado, lo que si sabemos es que ya no podrán seguir utilizando su discurso democrático y de política no tradicional.

Libertad o democracia

El neosocialismo inaugurado por Hugo Chávez y Fidel Castro en América Latina no habría sido tan nefasto para los pueblos si se apoyara en la democracia liberal vigente en el mundo durante los últimos 150 años, en lugar de una “democracia mayoritaria” con poderes ilimitados, una suerte de “régimen popular” como el fantasma que se extiende por nuestro continente, desde Nicaragua a Tierra del Fuego. No es fácil encontrar por ello otra solución al temerario populismo predominante y que día a día gana impulso con los grupos de presión, si no es fortaleciendo la libertad, el derecho a la vida y la búsqueda de la felicidad, valores tradicionales del liberalismo clásico.

En Venezuela, la seudo democracia mantiene una tramposa “legitimidad moral” que le permite burlarse de las instituciones democráticas venezolanas y de la región, manejar abusivamente los fondos públicos y recursos naturales del país, dilapidar los ingresos del petróleo en medio de la miseria, extender la corrupción de un extremo al otro del gobierno y exigir a la legislatura poderes extraordinarios como la reelección indefinida. Pero ni Chávez ni sus secuaces lograrán legitimidad democrática por ser electos cabecillas de los “40 ladrones”, en un Estado corrupto hasta los tuétanos.

Los abusos de una tiranía que comienza no son diferentes a los abusos de un dictador en ciernes como Chávez, que desconoce los valores de la libertad. Solo en un gobierno estrictamente limitado por la vigencia de los derechos individuales se puede decir que hay libertad. Es inútil insistir que pueblos sometidos –como Irak, Irán, Venezuela o Bolivia– voten en elecciones limpias y transparentes, como pretende EEUU, para comprometerlos a seguir una conducta democrática.

Ninguna elección puede revertir o legitimar una represión, como creen algunos demócratas. Antes es preciso valorizar la libertad individual.

El neosocialismo ha vuelto a pervertir la función del gobierno, como la socialdemocracia anteriormente. Esta función no es simplemente la de hacer cumplir la “voluntad del pueblo”. Su función primigenia en toda República requiere proteger los derechos individuales a la vida, libertad y propiedad, no a destruirlos. Esta es la razón por la que se crean los mismos. Por eso, cuando los gobiernos no cumplen sus funciones, las personas pueden destituirlos y cambiarlos por otros que protejan los derechos individuales.

Una legislatura que para satisfacer los deseos de una mayoría ocasional decide expropiar o confiscar los derechos de propiedad de una o más personas para cumplir su “función social”, en lugar de proteger a las personas, atropella sus derechos inalienables y cae en el populismo y los abusos, como está ocurriendo con la reforma agraria de Chávez y su área de influencia ideológica. Lo mismo sucede cuando los gobernantes dilapidan los ingresos del petróleo, energía eléctrica u otros recursos naturales para subsidiar a partidarios políticos y financiar campañas electorales en otras latitudes.

En todas partes, muchos demócratas han quedado atrapados con esta maldición del neosocialismo. Pretenden legitimar todos sus resultados electorales y no pueden darle la espalda a elecciones ya realizadas supuestamente en condiciones relativamente libres. Gracias a ello, terroristas, asesinos, guerrilleros, narcos, todos se valen del sistema seudo democrático para comprometer a las potencias occidentales con establecer treguas, ayuda militar, ayuda externa.

América Latina no es un continente de libertad. No tiene una tradición libertaria. Estamos muy habituados a confundir libertad individual con democracia y a reconocer como legítimos gobernantes a caudillos, déspotas y corruptos. Si nuestro mundo latinoamericano alguna vez logra desembarazarse de las tiranías populistas, será preciso restablecer la sagrada tradición del liberalismo clásico y su defensa irrestricta de la vida, la libertad y la propiedad.

Porfirio Cristaldo Ayala

Institucionalidad y desarrollo

¿Por qué los emigrantes generan más divisas en sus países de destino que en sus países de origen? ¿Por qué un emigrante boliviano no puede generar en su país las ganancias que logra en España? ¿Es que acaso era flojo en Bolivia y de repente le nació una valentía inusitada y un amor al trabajo al arribar a España? Dudo que este sea el caso, el emigrante, es tan trabajador en su país de origen como en su país de residencia, y sin embargo por alguna razón gana mucho más en su país de residencia.

Es por tanto menester estudiar este fenómeno para entender las condiciones que impiden países subdesarrollados generar suficientes trabajos con adecuada remuneración.

Este ejercicio requiere un análisis comparativo entre los países que generan migración (Latinoamérica, África, Turquía, etc.) y los que captan la migración (básicamente Unidos y Europa occidental).

¿Qué tienen Estados Unidos y Europa para ser tan atractivos a los emigrantes? La respuesta es libertad, democracia, respeto a las leyes e institucionalidad, es decir, tienen un sistema liberal. Estos son los países que menos restringen el libre mercado y dan mayor libertad al individuo. Son países democráticos, donde se cumplen los derechos civiles mucho mejor de lo que se cumplen en los países generadores de emigrantes. Son estables; España, por ejemplo, es una monarquía parlamentaria desde 1978, Francia es una república desde la II guerra mundial y Estados Unidos desde su independencia en 1776 nunca ha tenido un golpe de estado y mantiene básicamente la misma constitución desde 1787. Son países donde se cumple la ley: en Estados Unidos, si uno no paga la renta, el dueño puede expulsar al inquilino en cuestión de días, sin la necesidad de un engorroso juicio que puede durar años y dinerales como sucede en Bolivia. Son países con instituciones sólidas, con baja corrupción, con reglas de juego claras y estables. Estas son las condiciones que hacen que estos países crezcan y atraigan emigrantes de otras latitudes.

Por otro lado ¿qué características tienen los países que generan la migración? Inestabilidad política, corrupción, amor loco por el estatismo, leyes y reglas de juego que varían de forma caprichosa, trámites engorrosos y eternos, irrespeto a los derechos civiles, restricciones al individuo, a la prensa y al mercado.

Ante esta comprobación, lo prudente ¡lo lógico! sería que imiten a aquellos países exitosos. Los tigres asiáticos han seguido ese camino y están experimentando un crecimiento asombroso e incluso la misma China se mueve en dirección al libre mercado con excelentes resultados. ¿Y sin embargo qué hace Latinoamérica?... Se empecina en sus defectos, toma la dirección diametralmente opuesta y revive sistemas que no pasan ni el dictamen de la historia ni del sentido común. Mira hacia una Cuba en la que no quiere vivir nadie, ni siquiera los mismos cubanos, vuelve al estatismo que logró que los ochentas sea denominada “la década perdida” y no se escapa de ese caudillismo y populismo idiota cuyo final predecible es la repetición de la historia, de una historia que no vale la pena repetir.

Javier Paz