La columna de Carlos Federico Smith: más plata y menos estudiantes de primaria

La realidad es muy sencilla. Mientras que en el 2007 se matricularon 513.805 estudiantes en primaria, el equivalente en el 2017 fue de sólo 443.291. Esto es, un descenso del 16% en dicho lapso.  A la vez, mientras que en 21007 había 57.728 maestros, el número en el 2017 fue de 82.502. Es decir, un aumento del 43%. 

Esas cifras tomadas aisladamente, sin ubicarlas en el debido contexto, nos dicen pocas cosas. Veamos algunos elementos al respecto.  Por una parte, siempre me acuerdo que, cuando hace muchos años estaba en primaria, oía decir que las aulas estaban saturadas y que los maestros mencionaban que la relación alumno maestro era muy alta. Bueno, hagamos una comparación semejante en los años mencionados arriba y vemos que, de un relación de 8.9 alumnos matriculados por maestro, pasamos en el 2017 a una de 5.4. Esto, sin duda, debería alegrarnos, si es que esa relación menor alumnos/maestros se refleja en un mejor rendimiento de nuestra educación. Pero, información que recientemente se ha expuesto, indica que los resultados en la educación de nuestro país siguen siendo flojos. Esto es, más maestros por alumno y más plata por estudiante y los rendimientos no parecen mejorar significativamente

No deseo ser tajante al juzgar las cosas con un señalamiento negativo, pero ciertamente deben dar lugar a una preocupación seria por parte de la ciudadanía.

Para tener una idea del impacto económico de una población en descenso y de una cantidad de dinero, ligada a una producción de la economía, que va a dar a la educación (a todos los niveles de educación pública), exige que las autoridades responsables del buen uso de los recursos de los ciudadano, le expliquen a los ciudadanos la realidad de los resultados de nuestros sistemas educativos y particularmente de la educación primaria. Da la impresión de que se está gastando más y más dinero y los resultados van de mal en peor.

Un análisis interesante lo expone la edición del periódico La Nación del 24 de diciembre, bajo el encabezado “MEP tiene más dinero y maestros pero menos niños: Matrícula escolar cayó en 70.000 alumnos en diez años.”

Es relevante destacar la inquietud de la Contraloría General de la República, que en su Informe Técnico Presupuesto 2018, dice en lo pertinente: “Para el 2016 (noticia ya “vieja” y tal vez desactualizada) la cantidad de estudiantes matriculados en este nivel educativo (preescolar y primaria) fue de 0.5% menos que en el 2015 mientras que el monto del presupuesto por estudiante aumentó un 2.3%, alcanzando ₡1.236.868 anuales.” O sea, la Contraloría vislumbra que, de seguir las cosas, el gasto por estudiante va a seguir creciendo fuertemente. De hecho, a pesar de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) estima que seguirá descendiendo la población en edad entre 0 y 14 años (lo que da una idea de la población en edad escolar), “los docentes y el presupuesto en el MEP continuarán en alza. En el 2018, el Ministerio contratará 2.600 docentes más y su presupuesto crecerá 3.6%, para llegar a los ₡2.66 billones,” informa el medio. Es hora de dar cuentas exactas o el desperdicio ayudará al hundimiento del barco fiscal y a la baja en la calidad de la educación recibida con tanto sacrificio de la ciudadanía.

No estoy inventando resultados acerca de su calidad. El VI Informe del Estado de la Educación expone que “de acuerdo con una serie de pruebas para evaluar conocimientos, los niños en las escuelas se ubican apenas en los niveles más bajos de desempeño en Español, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias,” y no repetiré los resultados conocidos con las pruebas PISA, que no nos enorgullecen. Creo que la esperanza la resume ese informe del Estado de la Educación, al señalar el medio que “justamente, una menor cantidad de niños en las aulas es una oportunidad para mejorar la calidad educativa,” lo cual es, sin duda, deseable, pero debemos tener presentes las manos visibles de los sindicatos, que seguirán buscando tener más  empleados y, por ende, más asociados y, mayores ingresos por sus cuotas, así como que clamarán por nuevos pluses, pues, no sin razón, se imaginan que la plata crece en los árboles.

Las cosas estarían bien si es que ese gasto mayor se reflejara en una educación mejor, en especial al disminuir el indicador número de estudiantes por maestro, pues uno espera que ello se traduzca en una mejor atención del alumno y del proceso de enseñanza, con lo cual mejoraría el conocimiento y el desempeño del alumno.  Pero, las cosas no parecen ser así, sino más bien ir por el camino opuesto.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: la "competencia desleal"

Siempre que hay algún grado de competencia, el “afectado” por ella la llama desleal. Por eso, siempre que aparece una referencia a la “deslealtad”, lo primero que hay que cuestionar es “leales con quién.” Yo me imagino que un empresario que vende un producto tiene que ser “leal” con sus clientes consumidores (leal, según la real academia de la lengua española, es ser “Fidedigno, verídico y fiel, en el trato o en el desempeño de un oficio o cargo.”) O sea, si al consumidor o cliente se le miente, se le es desleal, se le engaña, se le vende cinco con hueco, pues ese empresario, tarde o temprano, verá como sus fieles y leales consumidores desparecerán y optarán algún otro proveedor que les satisfaga, además del poder optar por mejores precio y la calidad, además de un trato leal y correcto.

Creo que una de las mayores fuentes de lealtad hacia el consumidor es, todo lo demás constante, ofrecerle el producto más barato. Por ello, si alguien vende ese bien más barato al consumidor, es muy posible que arraigue más la lealtad mutua entre vendedor y consumidor.

A veces el sentido como se interpreta es cuando hay deslealtad entre competidores, al vender alguno de ellos más barato que el otro y, muy concretamente, si se trata de un acto que riña con leyes internacionalmente acordadas acerca del dumping. Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), “Si una empresa exporta un producto a un precio inferior al que aplica normalmente en el mercado de su propio país, se dice que hace “dumping”.  Pero, esa venta a un precio inferior al normal en el país de origen tiene muchos bemoles, que obviamente hacen que no haya razón para considerarles como impropios legalmente.  Por ejemplo, suponga que una empresa doméstica es muy eficiente y competitiva en producir un bien en su país, pero no lo es en, digamos, el mercado de una nación del extranjero, en donde la competencia existente en ese país le deja fuera de mercado por ser relativamente ineficiente.  Ahora bien, suponga que esa empresa descubre una nueva forma (tecnología, mejor administración, etcétera) que le permite de pronto producir ese bien más barato que anteriormente. No hay razón para reducir el precio en el país en donde lo produce, pues sigue él siendo más barato que cualquier otro competidor, pero, ahora, con la nueva forma de producir sí puede exportar competitivamente al exterior. Esto dará lugar a un “daño” a la o las empresas existentes en aquel país, pues ahora éstas son relativamente más caras y con ello pierden su mercado. 

Según aquella definición de la OMC, en el país del extranjero se alegaría que ahora se está en presencia de una “competencia desleal” y, por tanto, como es lo usual, hay un caso para que en esa nación se pida la aplicación de medidas compensatorias, por el daño que el nuevo competidor más barato les ha ocasionado a los productores ya establecidos. 

Obviamente, el problema no lo constituye el productor extranjero que ahora vende más barato.  De hecho, lo sucedido beneficia a los consumidores del país al cual se exporta el producto más barato. Lo que deben hacer los productores domésticos ante esa nueva competencia desde el exterior, es ver cómo reducen sus costos, mejoran sus tecnologías, etcétera, para tratar de restaurar su competitividad relativa.
 

Un caso reciente, divulgado por La Nación del 5 de diciembre bajo el título “Lecheros salvadoreños acusan a Dos Pinos de competencia desleal,” debe obligarnos a meditar a los costarricenses, por qué, en el mercado doméstico en donde se está vendiendo más cara la leche que al otro país al cual se exporta (que incluso debe tomar en cuenta el costo del transporte), puede ser que la empresa nacional venda más barato en el mercado extranjero, mientras que aquí lo vende más caro.
 

La importancia del libre comercio resalta en estos casos. Puede ser que en El Salvador, por ejemplo, se pagan menos impuestos por la leche que aquí (si tal fuere el caso), con lo cual, comparativamente, el precio final del mismo producto las dos naciones debe diferir o bien podría ser que los consumidores de una nación tienen mayores ingresos y, por tanto, pueden adquirir la leche a un precio más elevado, mientras que en el extranjero, al disponer de menores ingresos, sólo pueden pagar por la leche un precio menor y el exportador en el nuevo país se adapta a ello.
 

Pero hay uno muy importante que puede tener relevancia en este caso: que los aranceles en el país de origen sean mucho mayores, permitiendo así que, en dicha nación, exista una menor competencia y, así, el productor doméstico puede cargar un precio más elevado a sus consumidores. Por el contrario, por hipótesis, en el otro país los aranceles de importación son más bajos y por tal razón hay una mayor competencia en dicho mercado, la cual obliga que, para poder ingresar a ese mercado, se tenga que reducir los precios a los que vende sus productos en esa nación.
 

Este caso hipotético y muchos otros, nos indican que el llamado “dumping” debe ser algo diferente al hecho de que, mientras en el país de origen el producto que se vende es más caro, en aquel adonde se exporta es más barato. Por tanto, es difícil a priori juzgar si el caso calificaría -obviamente en detalles que no consigna debidamente la definición de la OMC antes expuesta- como para permitir que el país “perjudicado” pueda imponer restricciones a  la importación mediante medidas, como, por ejemplo, aranceles compensatorios y otras, que restrinjan la entrada a ese país del producto más barato.
 

Hay varias consideraciones adicionales que quiero hacer. Una trata de si se perjudica al país con esa competencia “desleal.” Lo crucial es que, con ella, los consumidores salvadoreños se estarían beneficiando, pues pueden adquirir un producto que les permita satisfacer sus necesidades a un precio menor. Eso no sólo les permitiría consumir más de ese mismo bien, sino que, al reducirse se precio, también queda disponible más dinero para comprar otras cosas que supuestamente son deseadas o necesitadas por los consumidores salvadoreños. Se trata, obviamente, de seres de carne y hueso, claramente identificables, no de una afectación a algo denominado “país,” que no es un ser concreto usuario final del bien. Por ello, se puede hablar de “afectación” a las industrias que ahora no pueden vender más caro, pero al mismo tiempo hay otros que son favorecidos con ella, los consumidores, que ahora disponen del producto más barato.
 

¿Y de qué nos puede servir a nosotros los costarricenses este caso en particular? Bueno, alguien podría proponer que se obligue a vender la leche aquí al precio más bajo (incluso ahorrándose, entre otros, el costo de transporte), al igual que como se vende en El Salvador. Pero en esa propuesta hay un error de fondo. El precio que se podría lograr con tal rebaja regulada no va a poder ser más barato que el que surgiría si se abriera el mercado a la competencia internacional; esto es, sin aranceles a la importación, lo que nos permitiría conseguir el bien al precio más bajo posible (quien quita que se hasta de leche proveniente de El Salvador).
 

Ante esto, alguien diría que, aún en este caso, hay muchos productores internacionales que harían dumping con su producción en nuestro país y que aquellos posiblemente son subsidiados por los gobiernos de sus naciones.  La gran pregunta es si, aún en tal caso, imaginando incluso esa leche nos la vendieran sin costo alguno, de a gratis, debería de impedirse que se nos haga tal rebaja o regalo: siento que los consumidores -la totalidad de los costarricenses somos consumidores- estaríamos cometiendo un error, al rechazar de tal forma a una donación de la riqueza de los extranjeros que ellos nos hacen, al vendernos su en tales condiciones de subsidio, si es que lo hay.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: Opciones para la libertad

El día de hoy queremos invitarlos al debate de candidatos a Diputados por la provincia de San José que organizan nuestros amigos de la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE). La actividad contará con la participación  de Marta Blanco Cordero, candidata por el Partido Liberal Progresista, Danilo Cubero Corrales, candidato por el Partido Movimiento Libertario y Laura Fernández Delgado, candidata por el Partido Alianza Demócrata Cristiana. 

En ese debate, podrán conocer las propuestas de los tres partidos que más se acercan, con sus respectivos matices, a las ideas de la libertad que defendemos en ASOJOD. Por supuesto, habrá diferencias en el abordaje de ciertos temas y se habrán dado situaciones en el pasado que nos generan cierta reticencia, pero lo cierto es que excepto estas, las demás opciones están muy alejadas de lo que queremos. 

La inversión es de ¢5.000 para público general pero los asociados de ANFE que estén al día en el pago de sus cuotas, ingresan gratis. El pago puede realizarlo mediante depósito a la cuenta cliente 15100010012208242 del Banco Nacional a nombre de Asociación Nacional de Fomento Económico, cédula jurídica 3-002-045006. Favor enviar el comprobante a Olga Sánchez al correo guita61@hotmail.com y confirmar su participación. 

Recuerden que el precio de la libertad es la eterna vigilancia.

La columna de Carlos Federico Smith: otra irresponsabilidad del MEP

La pregunta obvia es ¿qué está pasando administrativamente con el Ministerio de Educación Pública (MEP)?  Con anterioridad nos referimos al uso desagradable de recursos obtenidos con un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que no se ha destinado oportunamente a construir las obras propuestas. Ahora resulta, según informa La Nación del 2 de diciembre, en un comentario que lleva por título, que un “Grave error del MEP deja en el limbo 23 colegios: Traspasó centros completos en vez de una porción para construir canchas.”

Una inquietud adicional aparece en el panorama del fideicomiso que el MEP hizo para que el Banco Nacional administrara aquellos mismos fondos del citado préstamo del BID. Según tal fideicomiso, el MEP debía traspasar las partes de terreno en donde se construirían 23 canchas deportivas en igual número de centros educativos, pero, no lo hizo de la forma correcta, pues no sólo traspasó tales tierras sino que también hizo el traspaso incluyendo instalaciones ya existentes, todo por un lapso de 20 años. Así, el nuevo dueño registral de todos esos bienes es el Banco Nacional a través de su fideicomiso con el MEP. El valor estimado del traspaso (en lo que se pudo medir) supera los ₡5.760 millones.

El argumento que esbozó el MEP para hacerlo así es que, en palabras de su viceministro de administración, todo se traspasó porque “segregarlo (y traspasar sólo los terrenos para las canchas) conllevaría una gestión adicional por parte de las juntas” administrativas de educación, entes que dependen en alto grado del MEP en cuanto a sus políticas y presupuestos. Se trata de gastos por “contrataciones de profesionales externos, lo cual representa tiempo y costos para culminar el proceso de segregación.” Informa el medio que la Contraloría, que para esos asunto hizo el informe DFOE-SOC-IF-13-2017, rechaza tal argumento y dice que “El MEP no valoró alternativas o modalidades que permitieran proporcionar mayor seguridad en cuanto a la protección y conservación del patrimonio público.”

¿Cuál es el problema con esto?   En realidad hay dos directos: uno que, con ello, el mantenimiento obligado que se debe dar a esas propiedades completas está en un limbo, pues no existe la responsabilidad del MEP, ni tampoco del Fideicomiso del Banco Nacional, para así hacerlo. La Contraloría exige que ello se defina formalmente entre esas dos partes. El segundo es que, señala esta última entidad, si se llegaran a cobrar impuestos municipales por esos terrenos, el Fideicomiso del Banco Nacional debería efectuar su pago, tomando los recursos del fondo original del préstamo del BID por $167.5 millones para construir 103 obras. El problema es que, como comentamos anteriormente, se estima ya hay un faltante de entre $57.8 millones y $67.2 millones para construir todas aquellas obras, pues 55 de ellas se llevan un monto de $157.8, quedando muy poco para las 48 restantes que requieren de esos fondos. Estos recursos tendría el MEP que conseguirlos, posiblemente provenientes de su propio presupuesto. Lo paradójico es que el aporte del MEP a las juntas de educación para que haga obras como esas, se redujo en un 45%, entre 2017 y lo presupuestado para el 2018.

Por tales razones, la Contraloría le pidió a la ministra del MEP que tramite a la mayor brevedad las exoneraciones tributarias ante los municipios donde se ubican las diversas obras cedidas al fideicomiso con el BN. Por supuesto, además de que consiga los fondos para suplir el faltante antes indicado, de entre $57.8 y $67.2. ¿Podemos acaso los ciudadanos contribuyentes a aspirar porque haya un buen manejo de los recursos públicos?

 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: como si sobrara la plata

Realmente irrita lo que La Nación informa en su edición del 22 de noviembre, bajo el encabezado “MEP deja perder dinero destinado a construcción de centros educativos: Contraloría revela ineficiente inversión de préstamo del BID.” De acuerdo con un informe reciente de la Contraloría, “El pago de dichas comisiones (castigos por inmovilización de fondos)” por un monto de casi mil millones de colones, “se ha realizado con recursos del préstamo de Fideicomiso que están disponibles para la construcción de las 103 obras de infraestructura.”
 

Tratemos de entender el asunto. Primero el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo al país (al MEP) por la suma de $167.5 millones en noviembre del 2012 y el contrato se firmó a fines de enero del 2014. En marzo del 2103 se había aprobado el fideicomiso BID-MEP-Banco Nacional de Costa Rica en ese monto. Con el fideicomiso, el Banco Nacional administra esa plata y el MEP supervisa los proyectos.
 

Pasa el tiempo y esos fondos casi no se han utilizado en construir las obras para los que estaban destinados.  Así, a fines de noviembre de aquel préstamo sólo se habían desembolsado $25.9 millones con un monto pendiente por desembolsar de $141.6 millones. Pero, por ese no desembolso de fondos hay que pagarle al BID por el atraso en la ejecución y consiguiente desembolso de los recursos, la suma de $2.8 millones; aproximadamente ₡1.000 millones, plata que incluso salió de esos fondos que se habrían usado en la construcción de nuevos centros educativos. O sea, se está pagando un montón de plata por no hacer las obras.  El BID cobra por el no desembolso una comisión especial, porque tiene separados esos recursos y, por tanto, no los puede usar durante ese tiempo en préstamos a otros países o proyectos.
 

Dice el medio que, “según la Contraloría, al 30 de junio se había ejecutado un 9.12% (₡8.739 millones) del total de recursos.” En la actualidad de los 103 proyectos incluidos en dicho préstamo, sólo dos se han concluido, el liceo de Mata de Plátano y el rural de San Isidro de León Cortés, ambos en la provincia de San José, en tanto que se inició la construcción de la escuela Finca La Caja, en La Carpio, en la misma provincia. Los dos primeros centros educativos no tienen aún todo el mobiliario ni su manual de mantenimiento preventivo. O sea, aún no han sido entregados: un cero% terminado y entregado, de lo incluido en el proyecto total y todo esto en cinco años.

Según el informe referido de la Contraloría, “se determinó un atraso de dos años en la utilización de los fondos transferidos por el BID en el período 2014-2016.” A su vez, el MEP responsabiliza al Banco Nacional porque en dos años no constituyó la unidad ejecutora que se encargaría del proyecto, por lo que, en el decir del MEP, “no podían comenzar.” Una vez más observamos el típico pingpong de responsabilidades entre diferentes entes estatales.
 

Pero, el problema se ha empeorado, porque, de acuerdo con la Contraloría, “el dinero del fideicomiso no alcanzará para levantar todas las obras previstas,” en un estimado que oscila entre $57.8 y $67.2 millones de faltante de lo estimado en el financiamiento. Ante ello, dice el MEP que usará recursos propios de su Dirección de Infraestructura (DIEE), pero, esa fuente de fondos se vislumbra difícil de disponer, pues el presupuesto de las Juntas de Educación en áreas de mantenimiento y construcción de obras, se verá reducido en un 45% en el 2018.
 

Además, el fideicomiso BID-MEP-Banco Nacional vence en julio del 2018, pero la Contraloría dice que, para dicha fecha, sólo se podría -tal vez y ciertamente cada soy más escéptico acerca de la capacidad de hacer obras de parte del gobierno- entregar “sólo 25 de las 101 obras pendientes.” Sin duda que se va a requerir la ampliación del contrato con el BID, que, en palabras de la Contraloría “implica que el nuevo plazo otorgado para la ejecución de todas las obras será el 3 de julio de 2020.”
 

Ya se dan cuenta ustedes de por qué suelo encabezar muchos de mis comentarios bajo la muletilla “El Estado Ineficiente,” que actúa como si la plata sobrara en la economía. Obviamente, todos esos fondos los terminamos pagando todos los ciudadanos, pero más duele al tener que pagar por no usarla en el tiempo debido y ser dejada en un banco, por la ineficiencia del estado. Y, por supuesto, eso lo pagaremos con más impuestos.

Jorge Corrales Quesada