Tema polémico: el peligro de la impunidad

Un principio básico del sistema republicano es el imperio de la ley, como un elemento cosustancial a la igualdad ante la ley. Esto significa que la norma está por encima de todos, que no hace distinción de clase social, credo, orientación política o algún otro factor y que se aplica, para bien o para mal, sin excepción. A la par de este principio se encuentra el de seguridad jurídica, otra cara de la misma moneda, que implica la necesidad del ciudadano de saber a qué atenerse, es decir, tener la certeza o seguridad de que las acciones tienen consecuencias, positivas o negativas.

En el caso de los delitos, estos principios jurídicos nos indican que las personas deben tener claro que ciertas acciones o conductas tienen sanciones y que, de cometerlas, se enfrentarán implacablemente a la justicia. El funcionamiento adecuado del sistema para procesar dichas conductas contribuye enormemente a la creación de una cultura social de respeto por los derechos individuales y permite la tranquilidad de los ciudadanos para que puedan desarrollar sus vidas sin temor.

No obstante, cuando los delitos no son sancionados debidamente y se genera un ambiente de impunidad, la sensación de las personas aumenta al mismo tiempo que lo hace su molestia hacia el sistema, al que poco a poco van despreciando y dan paso a privilegiar regímenes de mano dura que, tarde o temprano, terminan por imponerse autoritariamente y destruyen las libertades. No en vano decía Benjamin Franklin que "aquellos que renuncian a una libertad esencial para comprar un poco de seguridad momentánea, no merecen ni libertad ni seguridad". No en vano la historia nos ha demostrado con infinitos ejemplos la validez de esta premisa. 

Recientemente, hemos presenciado en nuestro país una serie de actos violentos -robos y homicidios- o de escándalos por corrupción o arbitrariedad, especialmente en las altas esferas del poder,  que de una u otra forma no terminan en condena, a veces por la incapacidad del Ministerio Público para presentar la acusación, las pruebas y los testimonios para demostrar, cuando es posible y amerita, la responabilidad de los acusados y permitir a los Tribunales, luego del debido proceso, determinar las sanciones correspondientes.

Tal situación enciende las luces de alarma. Al respecto, el Informe del Latinobarómetro 2013 indica que

"Entre los países que han disminuido el apoyo a la democracia llama la atención Costa Rica que comienza a mediados de los años ‘80 como una de los países más democráticos de la región. Disminuye de 74% en 2009 a 53% en 2013. Costa Rica presenta en 2013 una diferencia de 16 puntos con respecto al promedio 1995- 2013, siendo el país de la región que ha perdido más apoyo a la democracia. Al mismo tiempo ha aumentado el apoyo a la frase “En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático” de 7% en 1996 a 17% en 2013. En total, las actitudes autoritarias aumentan 8 puntos por sobre el promedio 1995-2013".  

Los datos son claros.  Cada vez más gente molesta con un sistema político incapaz de satisfacer sus demandas, entre ellas, las de seguridad y tranquilidad, pierde su aprecio por la forma en la que se hacen las cosas y acepta la posibilidad de un líder autoritario que "resuelva" la problemática. En buena parte, esa sensación  de desgaste e impotencia contribuyó, entre otros factores, a un incremento sustancial de apoyo hacia el partido Frente Amplio, cuyas propuestas son claramente comunistas, dirigidas a crear un Estado omnipresente y omnipudiente que se encargue de todo, sustituyendo a los individuos en el manejo de sus propias vidas y pisoteando su libertad, para convertirlos en simples autómatas que viven por y para el "ogro filantrópico", como lo llamara Octavio Paz, quien a propósito escribió en su momento que "el Estado del siglo XX se ha revelado como una fuerza más poderosa que las de los antiguos imperios y como un amo más terrible que los viejos tiranos y déspotas. Un amo sin rostro, desalmado y que obra no como un demonio sino como una máquina".  

Evidentemente no se trata de culpar por culpar a cualquier acusado y de comenzar una cacería de brujas que someta a la ordalía judicial a quienquiera que sea acusado. Estamos hablando de satisfacer la demanda de justicia por los medios republicanos propios de un Estado de Derecho, con tribunales de justicia que respeten los derechos de todas las partes involucradas en los procesos y garanticen el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales. 

Logrando eso, junto con otras tareas impostergables que hemos mencionado con regularidad en ASOJOD, podremos conseguir que las personas recuperen su tranquilidad, que se sientan representadas y protegidas por un sistema que no permitirá que se vulneren sus derechos individuales y que, ante todo, se encuentra dispuesto a hacer valer esos principios que mencionamos al inicio, cerrando las puertas a ese caldo de cultivo del totalitarismo, del autoritarismo estatal que solo desgracia trae a los pueblos. 

Tema polémico: la quimera del imperio de la ley

Uno de los elementos más importantes del sistema republicano actual es el imperio de la ley. Como concepto y figura, nació con las revoluciones europeas de siglos atrás que intentaron controlar el poder regio. Surgieron como parte del régimen de sujeciones que los ciudadanos rebeldes exigieron al monarca,para evitar los regímenes normativos de aplicación selectiva que caracterizaban a las sociedades de ese entonces.

Su objetivo era simple: que todos los individuos, sin excepción y sin importar su casta, posición o poder, estuvieran cubiertos por la ley. Es decir, que no hubiese nadie excento de ella, nadie que pudiera alegar estar por encima de la norma, una norma objetiva e imparcial que le permitiera a las personas saber a qué atenerse -ahí entra en escena el hermano siamés de ese concepto: la seguridad jurídica- y actuar en consecuencia.

Si bien este principio ha ocupado páginas interesantísimas de la teoría política, de la teoría del Estado, del derecho y otras ramas del estudio del poder, lo cierto es que cada día que pasa, en algunas latitudes, parece existir apenas en las páginas de los libros y no en la realidad política de las sociedades.

En el caso de nuestro país, donde constantemente las personas se ufanan al decir que se trata de un régimen republicano, el pisotón que le dan al imperio de la ley es pan de cada día. Podríamos poner millones de ejemplos para ilustra cómo el Estado, a través de los políticos de turno pero también por medio de la propia institucionalidad, violenta ese elemental principio. Pero nos bastan unos pocos casos para darle a entender nuestro punto a los lectores.

Se trata de hechos recientes que todavía quedan en la retina de los ciudadanos. El inciso 3) del artículo 140 constitucional dispone que corresponde al Poder Ejecutivo "sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por exacto cumplimiento". A pesar de la claridad en la norma, ese órgano no la cumple como debería. El artículo 6 de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos de la República impide expresamente el financiamiento de gasto corriente con endeudamiento a la hora de diseñar y aprobar el Presupuesto de la República. Empero, en los últimos 20 años, los respectivos Ministros de Hacienda se han empeñado en desconocer la norma y enviar a la Asamblea Legislativa un proyecto presupuestario que incumple esa disposición y los propios Diputados, mondos y lirondos, lo aprueban.

Otro caso es el de las famosas autonomías institucionales. Quizá una de las entidades que más ha abusado de ese principio de resguardo ha sido la Universidad de Costa Rica. El ingreso de la Fuerza Pública hace unos dos años al campus universitario para arrestar a un sospechoso generó una gran polémica, por cuanto se alegó que se violentó la "soberanía" universitaria por entrar sin pedir permiso. Escribimos "soberanía" en lugar de autonomía, porque con esos argumentos más pareciera que la UCR es un Estado independiente (República Bolivariana de Montes de Oca dirían algunos) con su propio ordenamiento jurídico, presunción que toma más fuerza cuando los propios funcionarios de la institución se han dejado decir, a la luz de la aplicación de la Ley contra el exceso de trámites en la Administración Pública y sus reformas, que esas disposiciones no aplican en las oficinas de la UCR, por cuanto los documentos requeridos allí tienen sustento en los reglamentos internos (aún cuando sea pedir documentos a los usuarios que la misma UCR emite).

Finalmente, dos casos recientes relacionados con el Poder Judicial nos dejan mucho que desear. El primero viene ocurriendo desde el 2010, con motivo del contrato que ese órgano tiene con la empresa Indra Sistemas S.A. para el rediseño de procesos y mejora de funcionesl del Ministerio Público y de la Defensa Pública y, dentro del cual, el esposo de una Magistrada funciona como Director del Proyecto, mismo que en dos años apenas ha entregado el cronograma de trabajo pero ya ha recibido pagos por casi $200.000. La Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa investigó este caso y determinó que, a pesar de los incumplimientos contractuales y la mala calidad de los productos, la Corte Suprema de Justicia no ha querido suspender su relación con esa empresa. Por el contrario, a punta de prórrogas y "comprensiones" se le ha permitido continuar, a pesar de la sospecha del favorecimiento por tratarse del cónyuge de una Magistrada.

Algo similar publican los medios de comunicación este fin de semana, cuando el Poder Judicial vuelve a dar mucho que pensar al "perdonar" al hijo de un Magistrado que trabaja en la Inspección Judicial por el aparente cobro indebido de viáticos y permisos de trabajo, a pesar que los informes de investigación recomiendan su despido. ¿Qué puede el ciudadano pensar cuando un funcionario del órgano que, supuestamente, debe velar por la probidad dentro del Poder Judicial es encontrado responsable precisamente de faltas al deber de probidad y no es despedido? Más aún, ¿qué pensar cuando ese funcionario es hijo de un Magistrado que, aunque digan que no conocía del caso, tiene relación con todos los subalternos de la institución y es público y notorio su poder?

En definitiva, Costa Rica cada día da muestras de tener diferentes regímenes normativos según se trate del nombre del implicado. Si es un "Juan Pérez", uno puede tener casi la certeza de que, ante la falta, vendrá el castigo. Pero si su nombre está relacionado con el poder, es pariente, amigo, protegido o miembro de las "castas benditas" de nuestro país, los expedientes desaparecerán, los errores que anulen el proceso surgirán, las justificaciones y defensas de los propios órganos encargados de investigar aparecerán.

Mientras esto siga así, nuestro país no puede aspirar a mejorar. Porque nuestro subdesarrollo no es causado por la falta de recursos naturales, ni por la falta de formación de nuestros trabajadores, ni por la ausencia de líderes visionarios, sino por la pobreza moral de nuestra gente, pero especialmente de aquellos que se sirven del poder estatal para favorecer a sus allegados o a sí mismos, para protegerse ante los errores o las corruptelas, para vivir a costa de otros y, desde su Olimpo, divertirse viendo como pasamos los demás nuestras penurias terrenales.

En el tanto sigan esas prácticas, donde unos se cobijan con excepciones y privilegios, con prebendas y abusos, mientras otros si deben cumplir con el ordenamiento jurídico, el imperio de la ley será una quimera.