La junta directiva o, mejor, comando político, como se le llama, de los profesores de segunda enseñanza (APSE) anunció ayer lo único que saben hacer: declarar una huelga, revestida, por supuesto, de “un pliego de peticiones” o documento chantaje, cuyo secreto es la imposibilidad de cumplir. Por años han demostrado una singular pericia en esta materia, cuyo único requisito es la decisión de causar daño, esencia de su oxidada ideología.
La huelga se proclama, en esta oportunidad, 9 días después de iniciado el curso lectivo. La razón es de alcance universal: la recesión y, por ella y con ella, el despido de empleados en la empresa privada. Para quienes no tienen idea del papel de la empresa privada en la economía, aunque viven en gran parte del pago de los impuestos de empresarios y trabajadores, cualquier pretexto es posible para no dar clases. Para estos acuerdos no hace falta estudiar ni conocer los valores éticos o cívicos. Es suficiente un odio entrañable contra la democracia, contra la empresa, contra la educación pública. Estos dirigentes son los educadores y los modelos de los jóvenes de Costa Rica.
Estemos, pues, preparados para una serie de declaratorias de huelga a lo largo del año. La impunidad los ampara. El ladrón de carros se expone a sufrir la dureza de la cárcel. Al ladrón del tiempo lectivo de estudiantes y padres de familia, esto es, de lo más entrañable de nuestra cultura, nada le pasa. Se echará a dormir y a ver tele el día de la huelga para retirar el salario, sin rubor, a fin de mes. Los educadores responsables darán clases sin temor a la persecución de sus dirigentes.
Razones para huelgas futuras: la insuficiencia de psiquiatras en Costa Rica, la muerte en Bolivia del Che Guevara, el mal estado de salud de Fidel Castro, las inundaciones de octubre y la probabilidad de algún terremoto en nuestro país, los privilegios discriminatorios de Hugo Chávez para otras agrupaciones de profesores en América Latina, los exámenes de evaluación, la exigencia del bachillerato, la obligación de saber leer y escribir para cursar la segunda enseñanza, la campaña imperialista a favor del estudio del inglés, el uso de Internet y la tecnología capitalista, toda forma de raciocinio contraria a los cánones de la revolución bolivariana, la prohibición de heredar el cargo de directores de APSE a los hijos de los actuales líderes, la lectura de libros conforme a las normas de la Real Academia Española –eurocéntrica y antiindigenista–, cualquier tradición o norma que signifique esfuerzo o elevación personal, y, en fin, todo motivo inspirado en el respeto a los demás.
La escuela de la violencia juvenil en todo su esplendor…
Julio Rodríguez
El sindicalismo del ICE ha disparado su ultimo cartucho en contra de la aprobación legislativa del proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, con la publicación de un anuncio en el que se pronostica el alza de tarifas en telefonía fija convencional como consecuencia irremediable de la entrada en vigencia de esa ley. La tesis que sustentan es una total falacia, cuyo único objetivo es confundir y engañar a los lectores.
Sostienen que la tarifa básica en telefonía fija residencial, hoy en ¢1.850 ($3,70) al mes, con derecho a 160 minutos de uso, sufrirá un aumento de ¢3.300 a consecuencia de la obligatoriedad de eliminar los subsidios que manda la nueva ley. Los sindicalistas consideran como subsidio los ingresos extras que el ICE percibe por los minutos de servicio en excedente respecto a los 160 minutos incluidos en la tarifa básica. Según estadísticas publicadas por la Aresep, las líneas comerciales representan el 20% del total y las residenciales, el 80%; y el cargo promedio mensual por línea telefónica es de unos ¢5.175 ($ 10,35). El cargo promedio por línea resulta de dividir el ingreso total por la facturación de los servicios en telefonía fija convencional, estimado en $11,4 millones mensuales, entre el número total de líneas facturadas, que rondan 1,1 millones. Los sindicalistas consideran dolosamente al cargo promedio por línea, como el costo de operación mínimo para cada línea.
Si no paga, no disfruta. Del estudio de las tarifas de telefonía fija aprobadas por la Aresep se deduce que no existe ningún subsidio entre usuarios para el servicio de telefonía fija convencional, pues todos pagamos la misma tarifa básica residencial de ¢11,56 minuto por los primeros 160 minutos (¢13,44 minuto las líneas comerciales) y de ¢ 4,10 el minuto a tarifa plena u horario diurno, y de ¢2 el minuto en horas nocturnas y fin de semana. Y el que no paga lo consumido, sin contemplación ni solidaridad que valga, simplemente no disfruta del servicio por desconexión automática a partir del segundo día de mora.
La tarifa básica que todos pagamos por el servicio garantiza al ICE suficientes ingresos para cubrir el costo mínimo de operación de toda la plataforma de telefonía fija, aun cuando el consumo de todos sus abonados fuese nulo. Hasta en esa extrema situación, equivalente a un boicot nacional del servicio, el ICE percibiría la suma de ¢1.850 x 880.000 + ¢2.150 x 220.000)/500 > $ 4,2 millones por mes, $ 50,4 millones por año, monto suficiente para pagar la planilla de 4.200 empleados con salarios promedio de $1.000 cada uno. Los ingresos totales por telefonía fija hoy ya superan los $150 millones por año y seguirán creciendo proporcional- mente con el mayor ingreso per cápita y con el crecimiento de la economía.
Incomprensible aberración. No obstante, todavía se mantiene una aberración tarifaria incomprensible que perjudica seriamente el ingreso del ICE, y por lo tanto podría incidir en el futuro en un deterioro en la calidad del servicio. La tarifa básica cobra los primeros 160 minutos a razón de ¢11,56 el minuto, mientras que el excedente a solo ¢4 y ¢2. En todas partes del mundo, el excedente se cobra igual o superior o ligeramente inferior, pero no tan barato.
Es muy probable que ante un aumento de costos y salarios, el ICE se vea obligado a solicitar un incremento en la tarifa del consumo en exceso: de ¢4 a algo superior, pero ello no implicará una modificación a la tarifa básica como insisten engañosamente los sindicalistas. No hay manera alguna de que las tarifas básicas residenciales o comerciales tengan que ser aumentadas por la eliminación de los famosos “supuestos subsidios” o por efectos de la competencia; primero, porque nadie subsidia a nadie según las tarifas vigentes en telefonía fija y, segundo, porque toda la telefonía fija convencional seguirá siendo una concesión en monopolio para el ICE, con todo y TLC, apertura y Ley de Telecomunicaciones.
Ricardo Trujillo
