La columna de Carlos Federico Smith: es indispensable una reforma presupuestaria

En días recientes, el periódico La Nación publicó dos comentarios acerca de entidades públicas que mantienen dineros en inversiones financieras, en vez de dedicarlos a las obras para los que se presupuestaron. Uno es “’U’ públicas guardan ¢150.000 millones en títulos e inversiones,” de fecha 6 de noviembre, y el otro, del 8 de noviembre, se titula “BAHNVI tiene sin uso ¢88.000 millones de proyectos varados.” 

Asimismo, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), al igual que lo hizo el BAHNVI en ese segundo comentario, publicó un campo pagado en dicho medio los días 7 y 8 de noviembre, bajo el título “Las universidades públicas NO ‘guardan’ recursos, los utilizan en el cumplimiento de sus objetivos.”

Debo señalar que los tres comentarios referidos exponen argumentaciones que creo son válidas, lo cual hace difícil asumir una posición tajante en una u otra dirección.

En esencia, el primero de los artículos de La Nación señala que muchos fondos presupuestados (en esos casos, pero no dudo que igual pasa en muchos otras en entidades gubernamentales) se conservan invertidos en entes bancarios -ganando intereses. Esos fondos podían haber sido suficientes, sin necesidad de presionar al gobierno (incluso mediante marchas de estudiantes) exigiendo la restitución de la porción de fondos del FEES que fue previamente se les había recortado (transferencia de fondos públicos a las universidades estatales). Así pudiendo hacer lo que señalan se les había impedido realizar en proyectos de “sedes regionales, admisión y programas de becas.” En palabras del diputado, señor Wagner Jiménez, eran “dineros ociosos,” que se podían usar para cubrir esas necesidades, en donde, si bien luego se demostró que nunca estuvieron en peligro, el gobierno cedió a dicha presión. 

Ante una situación fiscal difícil como la que vivimos todos los ciudadanos, me parece que hay una preocupación válida porque fondos públicos destinados a ciertos proyectos previamente aprobados, en un monto de ¢151.648 millones de presupuestos previos, se mantuvieran ganando intereses al colocarse en “instrumentos de inversión del Sistema Bancario Nacional o puestos de bolsa,” en “bonos del Gobierno, fondos de inversión, certificados a corto o a largo plazo; inversiones o títulos.”

CONARE señaló al respecto varias cosas que se deben considerar: que muchos de esos fondos están colocados a menos de un año, “lo que evidencia que son utilizados en la operación normal de las instituciones” (me imagino que, lo que nos quieren decir es que un 97% de esos fondos “ociosos”, se gastará normalmente dentro de un año), y que el 3% restante, “está asociado a proyectos que por su naturaleza o procesos de contratación trascienden este período…” O sea, que en realidad aquel 97% será gastado antes de un año y que el restante 3% es entendible que, por su naturaleza, será en proyectos o inversiones que toman más de un año.

Similarmente, en el caso del BANHVI, esos fondos de ¢88.000 millones acumulados (algunos pueden tener “hasta 12 años engavetados”), no se han invertido en soluciones de vivienda, que, en criterio del diputado, señor Pedro Muñoz, “significa 8.500 para la población necesitada, que no se han construido.” En este caso, me parece que es mucho el tiempo que el BAHNVI ha tenido esos fondos y no los ha usado, a pesar de que, a diferencia de las universidades públicas, esa “plata está depositada en la Caja Única del Estado, una cuenta en el Banco Central de Costa Rica” y “no genera” rendimientos o intereses para el BAHNVI. Parece haber desorden y mala planificación, pero no con el fin de obtener otros fondos adicionales por intereses en las colocaciones en el sector financiero comercial.

Si bien el primer artículo acerca de las universidades públicas no indica la evolución en el tiempo de esos fondos mencionados, sí se hace en el caso del BAHNVI, cuando se indica que, en el lapso del 2007 al 2018, pasó de ¢2.760 millones a ¢21.745 millones. 

Al igual que en el caso de las universidades públicas, cuyos recursos no ejecutados son resultado de negociaciones del FEES (para el 2020 serán ¢512.781 millones), en el caso del BAHNVI el estado tienen una obligación de darle fondos de FODESAF -el llamado FUSOVI- que son de, aproximadamente, ¢110.000 millones al año.

En este caso, el gerente del BAHNVI, señor Carlos Castro, indicó que esos fondos no están ociosos (como se señaló antes, sin generar intereses), sino que “En realidad están reservados o comprometidos de alguna manera.” En particular, que los proyectos de vivienda suelen requerir más de un año.

Este asunto presupuestario debería arreglarse, dejando que esos excedentes o bien no permanezcan sin usar o que se convierten en una fuente adicional de recursos por intereses, en exceso de lo ya cubierto con los presupuestos anuales propiamente.

En tal sentido, los recursos acumulados, que en el caso del BANHVI no generan intereses, pueden servir razonablemente para cubrir las necesidades de ciertos proyectos o compras que no se realizan en el curso del año (igual que aquel 3% que indicaron las universidades públicas), pues están a su disposición en el momento en que se requieran (eso sí, debe haber una vigilancia estrecha de que esas posposiciones no sean por ineficiencia en su uso). Pero, en cuanto a gastos anuales comprometidos y que se usarán en el curso del año (aquel 97% que señalan las universidades públicas), esos fondos no se desembolsarían, sino según un calendario previamente negociado entre Hacienda y las universidades públicas, que aseguren, por ejemplo, su desembolso un trimestre antes de lo efectivamente a ser usado. Creo que así se frenaría en algún grado esa posibilidad actual de pedir prestado más de lo necesario, pues ya hay recursos que ya se mantienen provenientes de partidas presupuestarias de períodos previos que no se utilizaron. Así, esos fondos permanecerían, como es actualmente en el BAHNVI, en el estado sin tener que desembolsarlos sino cuando son efectivamente necesarios.  

La Asamblea Legislativa tiene ante sí una tarea imprescindible de reformar la práctica de desembolsos de los fondos que el estado entrega mediante contribuciones o leyes especiales a ciertos organismos estatales, así como de los momentos en que debe practicar el desembolso de los fondos aprobados para ser ejecutados en el presupuesto anual.

Tal vez las ideas expresadas sean útiles, particularmente en estos momentos fiscales tan difíciles.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: el arte y la cultura no deben ser financiadas por el Estado

En las últimas semanas se ha desatado un debate respecto a los recortes al Presupuesto Nacional -bastante laxos e insignificantes a nuestro modo de ver-  y las posibles consecuencias que algunos sectores estiman, recurriendo a las tácticas del miedo que tanto criticaron antaño. El capítulo más reciente lo escribieron los "artistas" que marcharon hacia la Asamblea Legislativa reclamando contra los recortes en el área de cultura, manifestación que finalizó con actos vandálicos que dañaron los muros del Congreso y cuya reparación costará unos 3 millones de colones que saldrá de los bolsillos de todos los costarricenses.

Este reprobable comportamiento, propio de pachucos que no tienen ningún empacho en torcer la realidad y el lenguaje haciéndose llamar "artistas" cuando no son otra cosa que salvajes, debe hacernos reflexionar. En momentos como estos, con un déficit fiscal superior al 6% del Producto Interno Bruto y con un panorama financiero muy perturbador en el corto y mediano plazo, hay que entender que los recursos son escasos y deben destinarse a lo estrictamente prioritario: seguridad, infraestructura y administración de justicia. 

Es vital que los costarricenses comprendamos de una buena vez que no podemos seguir sosteniendo el nivel de gasto público que hemos tenido en los últimos años y que es urgente hacer reformas tendientes a racionalizarlo si no queremos enfrentar consecuencias muy graves en el futuro. Los elevados niveles de evasión fiscal evidencian que no estamos dispuestos a pagar por el monstruo estatal y este momento histórico por el que transitamos es el propicio para generar ese cambio hacia un aparato mucho más pequeño, respetuoso de los derechos de propiedad y que verdaderamente permita que el mercado genere riqueza.

Hay que ser claros y contundentes: el arte y la cultura no deben ser financiados por el Estado; deben ser financiados de forma privada, a través del talento y la capacidad de quienes lo ejecutan para atraer la atención y el dinero de los consumidores. Si no son lo suficientemente buenos, no deben obligar a los costarricenses a pagar por sus fallos. Exigir recursos públicos para su actividad es imponernos a todos los demás lo que ellos consideran arte y cultura, cuando muchos estimamos la mayoría de la oferta como vulgaridad, pachuquismo y chabacanería de mal gusto.

Pero más que eso, se torna vital que los propios artistas, aquellos que están ligados al arte y la cultura, se den cuenta que deberían ser los primeros en exigir que el Estado saque sus garras del sector. Aceptar financiamiento público para las expresiones artísticas es tolerar una mordaza que limitará su libertad para denunciar, para cuestionar y criticar, pues si quieren seguir recibiendo el dinero, tendrán que guardar silencio ante los abusos y desaguisados.  

Los artistas costarricenses han olvidado el papel histórico de su trabajo como catalizador de la transformación política a través de la denuncia, de la sátira y de la exposición y han empeñado su creatividad al capricho estatal que los financia, siendo cómplices del desastre de sociedad que tenemos. La cultura es libertad; pero en Costa Rica, se ha puesto al servicio del Leviatán, de ese monstruo que cercena libertades y derechos día a día. 

Todos los tax payers debemos resistirnos a que sigan vaciando nuestros bolsillos para financiar cuanta ocurrencia surja, cuanta manifestación de "cultura oficial" nos impone el Estado. Pero especialmente los artistas deben recuperar la independencia de criterio para poder expresarse libremente. Solo así podrán florecer verdaderamente.