La columna de Carlos Federico Smith: zonas francas y empleo en el país

Francamente no he logrado entender las quejas que suelen aparecer en redes acerca de la actividad económica de las zonas francas, quejas que destacan que las empresas ubicadas al amparo de las leyes de zonas francas, no pagan impuestos al país.

De hecho, las empresas que se instalan en las zonas francas “están exoneradas de cancelar el impuesto sobre la renta, a las importaciones, a la propiedad, municipales, ventas a las compras locales de bienes y sobre la repatriación de utilidades,” según indica La Nación en su artículo del 14 de diciembre, titulado “Zona franca aporta el 12% del empleo del sector privado.” 

La razón por la que no pagan esos impuestos se debe a que las firmas de zonas francas producen bienes que, en esencia, se dirigen hacia el mercado internacional, en donde las condiciones de competencia exigen que las empresas no puedan competir si han de pagar esos impuestos, comparadas con otras del resto del mundo que, cuando exportan gozando de circunstancias tributarias como las indicadas en el caso nacional. Se les exime pues la competencia mundial no tiene que pagar gravámenes como esos, lo que les daría una ventaja comparativa frente a empresas ubicadas en el país y con las cuales compiten, y que, alternativamente, tendrían mayores costos por los impuestos citados.

Esa exoneración no se aplica cuando el producto de zona franca se vende en el país, usualmente parte muy pequeña de la producción de esas firmas. En tal caso, lo vendido en el país paga impuestos como si fuera una importación proveniente de una exportación de cualquier otro país del mundo.

Lo que no se suele decir es que, por ejemplo, los sueldos y salarios, así como las cargas sociales a los trabajadores de esas firmas de zonas francas, pagan los mismos impuestos y las mismas tasas que las correspondientes a cualquier otro ciudadano que trabaje en otra parte del país. Algunos datos al respecto provienen del informe Balance de las Zonas Francas: Beneficio Neto del Régimen para Costa Rica (base del artículo de La Nación antes referido): los salarios pagados en el 2018 ascendieron a “$2.147 millones (¢1.300 miles de millones).” Por su parte, las contribuciones a la Caja en ese año “fueron de $508 millones (¢321.552 millones)” y para el INA, “$32 millones (¢19.488 millones). Se ha estimado que, por cada dólar eximido de impuestos, las empresas de zonas francas dan lugar a 6.2 dólares que se quedan en el país.

Por supuesto, los trabajadores no sólo pagan impuestos personales sobre la renta, sino también impuestos de ventas, consumo, marchamos, municipales, toda la parafernalia impositiva con la que nos cargan a nosotros los ciudadanos ordinarios. Todo eso lo ignoran aquellos críticos de las zonas francas que mencioné.

Pero hay más. Es notorio el serio problema de empleo que estamos viviendo los costarricenses, de alrededor de un 12% de la fuerza de trabajo. Lo que debo destacar es que, en muchas ocasiones, cuando uno lee en un medio o escucha en un programa de noticias de televisión, que una empresa en estos días aumenta o genera nuevo empleo, casi que, sin duda, se trata de una empresa de zona franca. Mi hipótesis es que, la única diferencia esencial -o posiblemente la más significativa- que hay entre una empresa que opera fuera de zonas francas (aquí extrañamente llamadas empresas del régimen definitivo), y las firmas de zonas francas, es la exoneración a estas de tales impuestos.

Pienso que, si lo que queremos es que las empresas generen empleo, que haya inversión privada interna, tanto como la externa, que exista mayor demanda de trabajo formal (no el subterráneo que crece cada vez más), es necesario pensar seriamente en revisar el oneroso sistema impositivo a las empresas ubicadas fuera de zonas francas o, mejor aún, que todo el país se convierta, en lo impositivo, lo más cercano posible a una zona franca.

Noten que las 375 empresas de zonas francas aportaron, en el 2018, empleo para un 12% del total del empleo formal del sector privado. Exactamente, 115.161 trabajos directos y 57.411 de empleos indirectos. De ese empleo directo, un 42% fue de mujeres y las empresas de servicios demandaron un 60% de ese empleo directo.

El hecho es que hoy la demanda de trabajo sigue creciendo en zonas francas, mientras que, fuera de ellas, está relativamente estancado. Un gobierno que considere políticas apropiadas para generar empleo para la fuerza de trabajo doméstica, debería adoptar prácticas exitosas para todo el país, como son las de zonas francas.





Jorge Corrales Quesada

Jumanji empresarial: politizando la técnica

Es sorprendente que a nadie se le haya ocurrido pensar que las reformas fiscales de este país no pasan porque quienes las impulsan, o bien tienen resentimientos sociales y se emocionan con decir que los ricos tienen que cotizar más, entrándole a una materia tan técnica y árida como es el derecho tributario con el ruido de la demagogia; o bien porque son burócratas con un hacha que afilar, que llevan tantos años en sus puestos y no conocen otra forma de entrarle que no sea reiterando los mismos métodos de siempre para ordeñar más la misma vaca; o bien porque son los políticos quienes llevan la iniciativa cuando en su vida han dado un palazo, ni tienen la menor idea de lo que cuesta producir. Metidos en sus largas carreras políticas, se han acostumbrado a disponen del erario público para resolver sus necesidades personales de carro, gasolina, boletos de avión, cuartos de hoteles, viáticos, etc. Esto sin adentrarnos todavía en lo que lo que son gollerías y lo que es corrupción de la gruesa.

En la actualidad la tasa de impuestos corporativa es del 30% de la producción, lo cual implica que cada empresa trabaja de gratis para el estado durante casi tres meses al año. Las mismas personas físicas, aquellas que trabajan para traer sustento a sus hogares y en última instancia terminan pagando todos los impuestos, porque de una forma u otra les caen en el regazo, le tienen que dedicar casi dos meses y medio de su año a trabajar de gratis para el estado para pagar su 25%. Resaltamos la palabra gratis porque los servicios y obras que reciben a cambio, personas y empresas, no compensan jamás ese esfuerzo.

Recalcamos que esos beneficios de carro y otros que reciben los políticos y los salarios de los burócratas y toda la enorme cantidad de gollerías de las Convenciones Colectivas, provienen exclusivamente de ese dinero que tanto y a tanto riesgo cuesta producir a las empresas y que con tanto esfuerzo y sacrificio le cuesta producir a las personas físicas.

A todo esto hay que agregar la seria situación en que los proponentes de las fallidas (por suerte) reformas fiscales que han intentado imponer a los costarricenses en las últimas cuatro administraciones no miden ni las consecuencias ni el entorno en que quieren imponer unas ideas muy ticas, inventando la rueda que los romanos nos dejaron bien inventada, cuando ya para todo existen antecedentes bien probados.

Por ejemplo, parecen desconocer que para que las empresas e individuos tengan con que pagar sus impuestos, deben producir suficientes ganancias. Y para que esto se de, a las empresas del país (nacionales y extranjeras), que son la columna vertebral de la producción y el empleo, debe dárseles las condiciones idóneas. La recaudación de impuestos mejora sustancialmente cuando la situación nacional y mundial es buena. Cuando no lo es, cargar al sector productivo del país con más gravámenes, sin que éste pueda colocar su producción o sus servicios, es obligarlo a reducir los empleos.

Esto desencadena una serie de cargas sociales que le cuestan muy caro al país y que dejan a la población sin capacidad de adquisición. En los países desarrollados, cuando hay crisis, los gobiernos se sacrifican y buscan formas de proteger e incentivar la producción, no de acabarla de paralizar con más cargas impositivas. Por lo general entre los incentivos incluyen BAJAS de los impuestos, no alzas. (continuará)

Humberto Pacheco A.
Publicado en La República (28/4/2015)

La columna de Carlos Federico Smith: ciertos resultados de políticas de control de precios

Tal como mencioné en mi artículo de la semana pasada, en esta ocasión presentaré algunas experiencias recientes (principalmente lo que sucedió en Chile en la década de los setenta) con el control de precios. Para hacerlo me baso en mi libro Inflación y Control de Precios, que publique en 1984, editado por la Universidad Autónoma de Centro América. Este libro puede ser accesado en el sitio latforum.org, en la sección “Obra escrita de Jorge Corrales”. El ingreso a latforum requiere de registro y es totalmente gratuito.

Para los estudiosos, un análisis profundo del episodio inflacionario de la economía chilena de los años setenta -que  fue un caso ciertamente patológico y revelador de los efectos de los controles de precios- se encuentra Joseph R. Ramos, “Inflación Persistente, Inflación Reprimida e Hiperestanflación. Lecciones de Inflación y Estabilización en Chile,” en Cuadernos de Economía, Año 14, No. 43, diciembre de 1977. No haré un análisis con la profundidad como lo hace Ramos, sino que me referiré a los resultados de las políticas de control de precios y salarios durante el gobierno de Allende para lograr controlar la inflación. Otro excelente trabajo al respecto es el artículo de Patricio Larraín y Patricio Meller, “La Experiencia Socialista-Populista Chilena: La Unidad Popular, 1970-73,” en Cuadernos de Economía, Año 27. No. 82, diciembre de 1990.

Dos hechos me estimulan para describir los efectos del control de precios cuando se usa para frenar una inflación.  El primero, es que he observado propuestas de esa naturaleza como resultado de comparaciones de precios de un mismo bien entre Costa Rica y alguna otra nación. Como habrán leído en mi comentario de la semana anterior, un simple cotejo de precios puede inducir a muchos errores de interpretación, debido a que son muy diversos los factores que pueden explicar ese diferencial de precios. La segunda razón es porque me temo que, si en Costa Rica el manejo económico que lleva el actual gobierno concluye cediendo en su último flanco de defensa de la estabilidad, cual es el manejo monetario prudente, nos veremos sin duda involucrados en un episodio inflacionario. En tal momento habrá planteamientos, usualmente de políticos, pero no en exclusivo, para controlar los precios a fin de refrenar la inflación. Hago esta especie de curación en salud, pues temo que el paciente podría enfermarse gravemente, si en el país no se mantiene una conducción monetaria prudente. 

Empiezo dando una breve explicación de lo que usualmente sucede cuando se fija el precio de un bien o servicio por parte del estado, en un monto inferior al que se determina en el mercado. Con frecuencia, lo que se informa al ciudadano de parte del estado como explicación de su política de fijar un precio máximo, es que el precio de un producto en el mercado es injustificadamente alto para los consumidores. O sea, el argumento usual empleado por el gobierno para justificar la fijación de precios máximos es la protección del interés de los consumidores. Incluso se alega  que así se protege al consumidor de la explotación de vendedores o de prácticas monopolizadoras de parte de estos o simplemente que es una medida para paliar una inflación. Lo suelen aseverar los gobernantes, buscando engañarnos con que el origen de la inflación radica en las más diversas causas, excepto por un exceso de emisión monetaria de su propio banco central.

Sin embargo, la fijación de un precio máximo tiene otras consecuencias distintas de las esperadas -hay consecuencias no previstas. Los políticos la justifican diciéndonos que, con su propuesta, los consumidores podrán obtener la misma cantidad que antes, y hasta más, del bien cuyo precio se ha controlado, presuntamente gracias a la fijación de un precio menor que el que existía en el mercado. Pero es falso, tal como veremos.

Un resultado de la fijación de un precio inferior al de equilibrio en el mercado, es que provoca una disminución de la cantidad ofrecida del producto. La razón es sencilla: el precio es el ingreso que recibe el productor-vendedor por unidad vendida. Con la instauración del control del precio del producto, el ingreso es menor que antes. Ante esto, disminuirá la cantidad que ofrece del bien, porque, dados los costos de producción, recibe ahora un beneficio menor. El incentivo conduce a reducir su producción, pues normalmente un productor-vendedor encara costos crecientes, que se elevan conforme aumenta la producción. Es por ello que, para producir más de un bien, requiere de un precio mayor para cubrir esos costos que van aumentando conforme se produce más. Si el estado fija un precio (el ingreso del productor-vendedor) inferior al previo que le permitía cubrir costos y obtener utilidades, disminuyen sus ingresos y eso provocará que reduzca la producción a fin de tener un costo menor por unidad y con ello tratar de conservar su utilidad por unidad. La característica de la oferta es que, a un precio menor, el productor-vendedor disminuye lo que está dispuesto a suministrar en ese mercado.

Normalmente la medida de un precio tope hace que se incremente la cantidad demandada del producto en el mercado. El simple sentido común y la observación nos muestran que, cuando algo le cuesta menos al consumidor, tenderá a comprar más del producto que antes. El precio del bien constituye un obstáculo para el consumidor. Si el precio es “alto”, el consumidor se ve desmotivado para adquirir el producto y, si percibe que es “bajo”, se ve estimulado para comprarlo.  Si el estado fija el precio por debajo del de equilibrio, ante los ojos del consumidor es más barato -hay un obstáculo menor para adquirirlo- lo cual lo incentivará para aumentar la cantidad demandada del bien.

Observe que, con la introducción de un precio máximo o tope por parte del estado, se presentan simultáneamente dos fenómenos contrapuestos en el mercado: por una parte, a ese precio menor los productores-vendedores desearán suministrar una cantidad inferior  del producto y, por la otra, los consumidores desearán adquirir más de ese producto, al observar que su precio se ha reducido. Esa acción contrapuesta simultánea da lugar a un fenómeno que denomino escasez artificial: la fijación de precios por el estado logra que artificialmente haya, al nuevo precio menor, un exceso de la cantidad demanda (que aumentó) sobre la cantidad ofrecida (que disminuyó). A ese precio artificialmente menor fijado por el estado, se provoca una demanda-exceso.

Habrá dos grupos que no van a obtener la misma cantidad del producto, en comparación a la que podían disponer antes de la fijación de precios. Por una parte, quienes, al ver disminuido el precio, quisieron aumentar la cantidad demanda del producto, pero, a ese precio menor, no encuentran la cantidad que esperaban obtener del producto. Los denomino los “compradores ilusionados, pero frustrados”, pues, entusiasmados con la reducción gubernamental artificiosa del precio, creyeron poder comprar más del producto, pero no lo encontraron disponible en el mercado en la cantidad esperada: quedaron desengañados. Por otra parte, están los consumidores que antes podían adquirir una cantidad dada al precio de equilibrio, pero, al imponerse el precio tope o máximo, encontrarán en el mercado un nivel de producción inferior al que previamente disponían. A estos consumidores los llamo “compradores excluidos”. Esto es, marginados porque se les negó la posibilidad de encontrar la misma cantidad de producción que antes de la imposición del control del precio. Los compradores excluidos y los frustrados tan sólo encontrarán, a ese precio menor, un descenso de la cantidad que se ofrece en el mercado, al nuevo precio menor fijado por ley.

En los mercados los acontecimientos que ocasionan tal control de precios tienen una mayor profundidad y detalle de lo expuesto por el simple análisis económico abstracto que acabo de formular. Por ello, la descripción de detalles de lo que fue el control de precios durante la experiencia chilena allá por los años setentas, permitirá comprender mejor el impacto que esa política tiene sobre la vida diaria de los ciudadanos. El caso chileno ha sido muy bien estudiado y expuesto, como para permitirnos hacer una amplia explicación de los efectos que tiene una política de control de precios.
Aquél exceso de demanda sobre la oferta que antes comenté, da lugar a que surjan los mercados negros. La razón es simple: al ocasionarse un descenso en la producción por el control de precios, esa menor cantidad en el mercado tiene ahora un precio mayor. Recuerden que la demanda nos indica una relación entre precios y cantidades, de manera que, a menor precio, mayor cantidad demandada. O, lo que es lo mismo, si disminuye la cantidad de producción que hay en un mercado, habrá demandantes dispuestos a pagar un precio mayor por esa cantidad menor del producto en el mercado. Los  productores-vendedores están dispuesto a vender esa cantidad menor de producción sólo a un precio mayor que el fijado por ley y habrá consumidores que, por esa misma cantidad menor de producción en el mercado, están dispuestos a pagar por ella un precio mayor que el legalmente impuesto por el estado.

Refiriéndose a la situación chilena en 1972, narra Joseph Ramos que “el resultado (del control de precios) fue que floreció el mercado negro y los precios no controlados se dispararon. La esencia de un negocio rentable en esta inflación reprimida (reprimida porque no se dejaba que los precios subieran, sino que el estado les ponía un tope) era el arbitraje (comprar donde fuera más barato y venderlo adonde fuera más caro) y no la producción; o sea, comprar más bienes (monedas duras) a precios oficiales que los que se vendían a precios oficiales. El desabastecimiento apareció por todas partes en la medida que la gente prefería cualquier bien a una moneda crecientemente devaluada (ya que el dinero estaba perdiendo valor como un medio de cambio). Por ésta, entre otras razones, la disciplina de los trabajadores declinó dado que los incentivos monetarios, aunque más importantes, eran cada vez menos útiles. El pago en especies floreció. Se instituyó el racionamiento tanto formal como informal. Bastaba ver que un producto se estaba vendiendo en cantidades restringidas para que cada persona, lo necesitara o no, lo comprara antes de que desapareciera. El racionamiento llevó a escaseces, y las escaseces a más racionamiento.” (Citado en Jorge Corrales Quesada, Inflación y Control de Precios, San José, Costa Rica: Universidad Autónoma de Centro América, 1984, p.p. 106-107. Los paréntesis en la cita son míos a fin de aclarar los conceptos.)

Tomando por punto de partida esta cita del economista Joseph Ramos (quien no es precisamente un economista de la derecha chilena), es interesante referirse a su observación de que, cuando se controla el precio de un producto, el resto tiende a subir. La explicación radica en que el dinero que ya no se puede gastar en el bien cuyo precio es controlado, por haber disminuido la cantidad ofrecida en el mercado, se desvía hacia un gasto en otros bienes, que así aumentan de precio. Por ello, uno de los efectos que se observó con la política de fijación de precios en Chile fue que cambiaron los precios relativos, subiendo comparativamente el precio de los bienes no regulados, con respecto al precio de los bienes regulados.  Un sistema de mercado se rige por los precios relativos, por lo que, al encarecerse relativamente el bien no regulado, tiende a aumentar la cantidad ofrecida de ese producto y lo contrario sucede con el bien regulado que bajó de precio relativamente. Es decir, se da una reasignación de recursos en la economía; el estado y su política de control del precio de ciertos bienes provocó que se produjera menos de ellos -contrario a lo que supuestamente buscaba el gobierno, que se supone que es que hubiera más de ese bien- y una mayor producción de los bienes no regulados, que ahora comandan un precio mayor.

“Este proceso (de la imposición de precios tope o máximos) provocó el acaparamiento y el negocio fácil, pues resultó ser muy rentable adquirir los artículos a los precios oficiales (más bajos) y venderlos en el mercado negro a los precios no oficiales (más elevados). Y, por más que se puso en acción el aparato represivo del Estado en la labor de control, lo único que hizo fue aumentar el riesgo de la operación. Se provocó así un aumento del diferencial entre el precio oficial menor y el precio mayor en el mercado negro, con el consiguiente efecto sobre las posibilidades de consumo de la población.” (Jorge Corrales, Inflación y Control de Precios, Op. Cit., p, 107).

Ello me hace recordar dos cosas. Le primera, cuando en Costa Rica era un “muy buen negocio” comprar en los antiguos estancos del Consejo Nacional de Producción aquellos productos con precios subsidiados por el estado, como era el caso de los granos básicos, para luego venderlos en los mercados negros a precios mayores que el tope oficial. En segundo lugar, que hoy en Venezuela es posible observar (en la televisión, por ejemplo) largas colas de ciudadanos tratando de adquirir los diversos bienes artificialmente escasos por la política de control de precios impuesta por el gobierno bolivariano. A pesar de intentos gubernamentales de restringir tales compras, como usando registros o tarjetas, los consumidores se las agencian para comprarlos (tal vez compartiendo ganancias futuras pagando sobornos a los encargados del control o duplicando los permisos para adquirir tales bienes), en una cantidad mayor que la necesaria para su uso y venderlos en los mercados negros a precios mayores que los oficiales. O simplemente, cuando los ciudadanos, como dice Ramos en el caso de Chile, bastaba que vieran “que un producto se estaba vendiendo en cantidades restringidas para que cada persona, lo necesitara o no, lo comprara antes de que desapareciera” o, sencillamente, antes de que tuviera que acudir al mercado negro pagando un precio mayor por un producto que tal vez escasearía aún más.

He escuchado la aseveración –en cierto sentido, desconsoladora- de que, en aquellos momentos, en Chile los ancianos ganaron mayor aprecio en los hogares en donde tal vez no se les tenía en tan alta estima. Los viejitos, ya retirados de sus trabajos y que estaban “por allí” en las casas, resultaron ser muy útiles, pues tenían “todo el tiempo” para hacer las largas colas en los establecimientos que vendían productos que escaseaban en el mercado por el control de precios. Esto, que no suena muy bonito, se puede ver, en un caso tal vez no tan deshumanizado como el que acabo de describir, en las largas colas en Venezuela, en donde ha surgido una nueva profesión, cual es la de cuidador de campos. Alguien hace toda la fila; se le paga por ello y, cuando va a ingresar, le cede su lugar a quien le pagó por hacer la cola. (En Costa Rica hemos visto casos similares en las matrículas de estudiantes, en oficinas de Migración o de Registro de Armas y en ciertos conciertos musicales: las limitaciones de cupo o de acceso hacen que, en cierto momento, la demanda supere a la oferta y, como no hay pago de por medio para disponer del bien o del servicio, surgen grandes filas y habrá quien esté dispuesto a hacerlas, pero cobrando por ello).

El control de precios dio lugar a otra consecuencia no prevista por sus proponentes. Ante la escasez de productos, muchos trabajadores prefirieron que sus salarios no fueran pagados en una moneda oficial que perdía valor constantemente o que tuvieran que perder tiempo en filas para ver si podían obtener los bienes que necesitaban pagando en efectivo. Optaron porque se les pagara en especie, en bienes, una forma de moneda dura, en vez del peso oficial que no facilitaba adquirir esos productos. Me hizo recordar aquellos antiguos estancos privados en ciertas fincas del país, en donde a los obreros de hecho se les pagaba su salario en especie; esto es, en derechos o libretas o boletas de café, para ser consumidos en los estancos de los patronos. 

El control de precios suele distorsionar la forma tradicional normal en que funcionan los mercados.  En muchas ocasiones fue posible obtener el producto escaso si se gozaba de buenas relaciones con los distribuidores, si se tenía amistad o lo que fuere. El pago en efectivo al precio fijado por el estado no resulta ser suficiente para asegurarse la obtención del producto, sino que suelen, por ejemplo, introducirse prácticas inusuales como, por ejemplo, compras asociadas.  Esto es, que para poder obtener el producto con precio controlado, debe adquirirse adicionalmente otro producto diferente y que tal vez el consumidor no necesita o el cual tiene un sobreprecio. O puede requerirse un pago adelantado (abono) y esperar cierto tiempo a que “llegue” el producto (la ganancia para el vendedor radica en el adelanto de dinero, que le permite financiar su negocio o no tener que pagar intereses por fondos que debe pedir prestados). La cantidad de variaciones que sobre este mismo tema que puede ser imaginada, es enorme, pero creo que la idea ha quedado clara.

En un viaje a Chile posterior a la salida de Allende, pude hablar con un empresario vendedor de telas para trajes de hombre, quien me contó que, en la época de la crisis que hemos venido comentando, él mantenía abierto su negocio en horas altas de la noche y de la madrugada para poder vender las cosas a un precio mayor al oficial y el cual los clientes estaban dispuestos a pagar para poder conseguir las telas. Durante el día, el negocio se mantenía cerrado la mayor parte del tiempo. Los mercados operaban libre y eficientemente a deshoras.

El formato como se vendía un producto dependía de si su precio estaba controlado.  Por ejemplo, si la libra de arroz tenía su precio fijado por ley, entonces sólo se vendía, a precio de mercado, en paquetes de un kilo, en tanto el estado sacaba nueva legislación de control que incorporara al arroz vendido en paquetes de a kilo.  Pero, de inmediato, al aparecer el nuevo control, aparecía la venta de arroz en paquetes de media libra o bien a granel y así en una secuencia de diversas presentaciones del producto que se pudieran vender a precios de mercado y lejos del control que el estado imponía.
Hasta aquí no llega el desorden. Digamos que, por ejemplo, había un jabón en polvo simple y sencillo y el estado venía y fijaba su precio en los distintos tamaños de bolsas en que se vendía. Casi de inmediato, aparecía ese mismo jabón con algún nuevo ingrediente -digamos que triclorín- de manera que el nuevo jabón se podía vender al precio de mercado. Y si el estado también controlaba este último precio, aparecía vendiéndose uno que contenía “triclorín mejorado”, cuyo precio era libre y aún no fijado por ley. Me imagino que terminaban vendiendo un jabón kosher con clorofila y con la bendición apostólica y romana… vaya usted a saber…

El hecho es que con aquella política todo el mercado se distorsionó. También la calidad de los productos. Dejó de haber “baratas” y promociones. Si el producto salía dañado o fuera del tiempo de vida aceptable (para perecederos), no existían devoluciones. Lo que conocemos como comprar con “libreta”, como aún suele suceder en ciertas pulperías, también existía en Chile, pero con el control de precios ese sistema tendió a desaparecer. “En síntesis, el sistema de abastecimiento cotidiano sufrió un colapso que impulsó elevados costos a la colectividad chilena.” (Jorge Corrales, Op. Cit., p. 108)

Quiero agregar dos comentarios adicionales. Llegó un momento en que el gobierno chileno de Allende, ante el descalabro de la economía, con el plan Matus-Millas, en agosto de 1972, decidió liberar parcialmente el control de precios y el resultado inmediato no se hizo esperar: la inflación reprimida repuntó fuertemente. “Durante el segundo semestre de 1972 una aceleración de la ya alta inflación (nivel de tres dígitos en base anual) coexistió con la escasez generalizada y la proliferación del mercado negro. Dos mercados segmentados de bienes con dos sistemas diferentes de precios prevalecieron en la economía: el oficial y el negro. El diferencial entre ambos llegó a ser tan alto como cinco a diez veces para una gran variedad de productos.  La explicación oficial de las autoridades económicas de la U. P. (Unión Popular, nombre del partido del gobierno) para el gran incremento de la escasez y el mercado negro era la siguiente: La escasez y el mercado negro se debían a la acción contrarrevolucionaria  de los grupos reaccionarios y los ‘enemigos del Pueblo’; ‘el mercado negro es la síntesis de la acción antipatriótica de los conservadores’; ‘es una mentira imputar los problemas actuales del consumo a malas políticas del Gobierno (ver Banco Central, Boletín Mensual, enero de 1973).” (Felipe Larraín y Patricio Meller, “La Experiencia Socialista-Populista Chilena: La Unidad Popular, 1970-1973,” en Cuadernos de Economía, Año 27, No. 82, diciembre de 1990, p. 345).

Mi segundo comentario es que estoy casi seguro de que algo similar puede estar sucediendo actualmente en Venezuela, a pesar de que el gobierno de ese país había podido suplir parte de la escasez artificial de bienes en mucho provocado por el control de precios y por la poca disponibilidad de divisas para que el sector privado pudiera importar insumos y bienes finales.  La situación se ha agudizado por la fuerte caída del precio internacional del petróleo -en casi más de un 50% y que constituye el 96% de los ingresos de divisas de Venezuela (del gobierno, puesto que el dueño del petróleo es él). 

La existencia de fuerte escasez en productos de consumo masivo, como lácteos, harina para arepas, papel higiénico, entre muchos otros, y la presencia de largas filas de consumidores para adquirir casi todo tipo de productos a los precios oficiales en mercados suplidos por el estado, me inclinan a pensar que la situación que hoy enfrentan los consumidores venezolanos es muy parecida a la que sufrieron los consumidores chilenos allá por los años 1972-1973. A la caída de Allende a finales de 1973, Chile batía el record mundial de inflación. Como indica el economista Sergio de Castro, “La inflación medida, subestimada debido a que la gran mayoría de los artículos incluidos en el Índice de Precios a Nivel de Consumidor estaban sujetos a control de precios, llegó al 50% en 1973. Sin embargo, la tasa real, de acuerdo con estudios de instituciones académicas, era de cerca de 1.000%. El Índice de Precios al por Mayor, por otra parte, aumentó en 1.147%.” (Sergio de Castro Spikula, “Inflation and Financial Discipline in Chile, en Juan Carlos Méndez, editor, Chilean Economic Policy, Santiago: Budget Directorate, 1979, p. 276.)

Hoy día la inflación en Venezuela se acerca a un 65%, pero se espera un crecimiento mayor en el resto del 2015, en el marco de un control de precios que cada día se amplía más. Por lo tanto, es de esperar que las distorsiones de los mercados cuyos precios fueron controlados por el estado chileno, termine reproduciéndose en la economía venezolana.

Los controles de precios han existido en numerosas ocasiones en la historia de la humanidad, desde hace más de 4.000 años. Estas experiencias han variado desde la pena de muerte para los violadores del control en época de Diocleciano, tanto como en la de Hitler, “más siempre… han concluido en estruendosos fracasos con resultados nefastos para la sociedad, como son el surgimiento de mercados negros, reducción de la producción, escasez de la oferta, filas y colas en los sitios de venta, racionamiento, ulteriormente precios más elevados, enriquecimiento de algunos pocos, disturbios políticos y sociales, especulación, aumento de la burocracia y, especialmente, la posposición de la decisión de efectivamente aplicar medidas que sí conducen a la disminución de la inflación.

Al observar cómo a través de la historia han fracasado los intentos de detener la inflación por medio de controles de precios y de salarios, surge la inquietud de por qué los pueblos y los gobiernos continúan, aún en nuestros días, acudiendo a esos esquemas destinados a provocar el descalabro total de las economías.” 

Esto lo escribí en 1984 en mi libro que he mencioné anteriormente (p. 109) y me temo que aún guardo mi inquietud, al observar propuestas en la actualidad para que el estado introduzca el control de precios.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: lo que el Estado podría hacer de cara a la crisis

A propósito de la crisis financiera y del resurgimiento de las ideas keynesianas como propuestas para "solucionarla", en ASOJOD queremos ofrecer en este Tema Polémico unas ideas respecto al papel del Estado en situaciones como esta.

En repetidas ocasiones, hemos expresado que, a nuestro parecer, el Estado debería limitarse a la seguridad y a la construcción de cierta infraestructura vial. No obstante, somos concientes de que es sumamente difícil que, de la noche a la mañana, se de el cambio de paradigma y se eliminen todas las intervenciones ilegítimas del Leviatán. Sin embargo, situaciones como esta crisis, producida por el mal accionar del Estado, abren oportunidades para hacer el cambio gradual hacia un orden político de una sociedad libre.

Mientras que en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo la crisis pretende enfrentarse con más intervención estatal y expansión del gasto público, en ASOJOD queremos proponer una respuesta que implique menos despilfarro de dinero público y, a la vez, tienda a ese cambio gradual del que venimos hablando. Se trata de que el Estado funcione como una especie de transmisor de información, sin necesidad de interferir en el funcionamiento del mercado.

El sistema de Banca de Desarrollo, propuesto a la Asamblea Legislativa en el 2007 y aprobado un año después contiene dos elementos como ejes centrales: un componente financiero y uno no financiero. En cuanto al primero, en ASOJOD tenemos serias reservas: el ejemplo de los bancos estadounidenses financiando a personas que no son sujeto de crédito derivó en una de las mayores crisis en este ramo, y no queremos que, por impulsar algunas propuestas productivas, en Costa Rica se cometa el mismo error, máxime cuando no es posible determinar a priori cuál será el porcentaje de éxito de cada y en cuánto tiempo se reintegrará el crédito.

Sin embargo, el componente no financiero tiene algo que nos llama la atención. Se trata de una serie de profesionales estatales (que de por sí ya están ahí pero que no tienen funciones) a disposición de los grupos de productores para que los capacite y asesore en cuanto a sus actividades, fundamentalmente en el encadenamiento productivo. De ahí que en ASOJOD consideremos que esta podría ser una buena manera en que el Estado ayude a los individuos, pues les brinda información que ellos quizá no podrían obtener o tardarían mucho tiempo en hacerlo.

El proyecto PROMES que desarrolla la AECID en conjunto con la EARTH es un buen ejemplo: se trata de la conjunción de esfuerzos públicos y privados, de forma tal que la organización ofrece capacitación, orientación, asesoría y acompañamiento técnico para los productores de las regiones Huetar-Norte y Huetar-Atlántica. Así, le ayuda a los productores a conocer mejor los aspectos geomorfolóficos de sus áreas de producción, les brinda información para acceder a mercados, tanto a nivel local como nacional, los conecta con redes de inversionistas y compradores y colabora en la conformación de cadenas productivas, especialmente aquellas que implican una reconversión en los métodos.

Como se puede observar, se trata de la máxima de enseñar a pescar en lugar de regalar pescados, pues la idea es que sean los propios individuos quienes desarrollen el trabajo, sólo que orientados por personas que pueden acceder a mayor y mejor información. Precisamente, eso nos lleva a la idea central de este Tema Polémico: el Estado puede funcionar como un centro de comunicación, de forma tal que reciba información de parte de los demandantes y se la traslade a los oferentes y viceversa, sea esto en el área comercial, industrial, agrícola, turística o demás servicios.

Por ejemplo, instituciones como el INEC o proyectos como el Estado de la Nación poseen información sociodemográfica y económica muy importante para el desarrollo de investigaciones científicas. Otras como el MEIC mantienen programas de seguimiento y comparación de precios que permiten, tanto a los académicos como a los productores, tener un insumo para formular nuevas estrategias. En el tema financiero, perfectamente, el Estado podría servir como un puente, un canal de comunicación entre inversores y productores, de forma tal que los contacte y los segundos puedan acceder al crédito privado. En cuanto a acceso de mercados, COMEX y PROCOMER pueden fortalecer su trabajo en cuanto a identificar potenciales clientes y desarrollar manuales de procedimientos para facilitar la exportación de bienes y servicios. El Poder Ejecutivo puede ayudar a las personas eliminando unilateralmente los aranceles y negociando más Tratados de Libre Comercio, todos cuanto sea posible. En síntesis, la idea no es crear más puestos de trabajo en el sector público, sino simplemente utilizar los que ya existen pero que están en las oficinas sin ejecutar funciones claras.

Si bien es cierto que estos programas, al igual que los vouchers escolares, implican la intervención del Estado, no queremos que se preste a confusión respecto a nuestra posición filosófica y axiológica. No patrocinamos ni defendemos que el Estado redistribuya los ingresos de unos para pagar las oportunidades de otros, pero somos concientes que la larga tradición de estatismo, redistribucionismo y colectivismo de América Latina (y buena parte del mundo) no es algo que se pueda destruir con la celeridad que nosotros deseáramos. Hay limitaciones jurídicas (Ley General de Administración Pública) y políticas (costos políticos y electorales de recortar el personal público), por lo que es necesario hacer las cosas poco a poco. Por ello, estos esquemas de política pública al menos reducen considerable y gradualmente esa intervención, dando mayores espacios de autonomía, decisión y empoderamiento a los individuos para asumir el curso de sus vidas.