La columna de Carlos Federico Smith: freno a la desesperanza

Entre otras cosas, me llaman la atención dos resultados obtenidos a partir de la reciente encuesta de la firma UNIMER. El primero es la creciente tendencia a una mayor abstención del voto ciudadano en las próximas elecciones nacionales. Los datos para julio indican que un 35% de los votantes no votará, en tanto que la cifra correspondiente para enero fue de un 22%. El segundo resultado de la encuesta que concita mi interés es la mayor predisposición de los ciudadanos para que se conforme un partido político nuevo que se oponga a Liberación Nacional, en contraste con una menor preferencia que indica que dicha contienda sea producto de la alianza de los actuales partidos de oposición.

Opino que para el elector el tema crucial implícito es cómo enfrentar el hecho aparente de que el Partido Liberación Nacional saldrá unido y ganador en las próximas elecciones. Sí, tengo muy presente que falta mucho rato para que éstas se lleven a cabo y muchas cosas pueden pasar en ese lapso, pero la encuesta brinda una radiografía de la opinión que a la fecha tiene el ciudadano. Me parece que claramente piensa que Liberación tiene mayores posibilidades de ganar las próximas elecciones y que, relativamente insatisfecho con ello, valora las posibilidades de que los electores puedan enfrentarlo mediante una coalición de los partidos existentes o con la conformación de uno nuevo.

A pesar de sus aparentes discrepancias y pleitos electoreros, la más explícita demostración de que todos esos aspavientes entre partidarios de Liberación Nacional no es más que eso, puros ademanes, es que, a la hora de las cosas y desde ya parecen revelarlo, estarán en el amasiato que ya conocemos. Un episodio de la serie de televisión de los Sopranos, la familia mafiosa de Nueva Jersey, exhibe claramente esa conducta.  En tanto había dudas de quién iba a ser el jefe de la mafia, todos los interesados en posesionarse del cargo se peleaban entre sí (violentamente era el caso). Pero, una vez definido, todos ellos se comportaron como obedientes ovejitas ante el capo de tutti il capi. Tal como ahora lo hacen, hablando horrores de los contrincantes, haciendo movidas para favorecer el momento de su elección, guardando silencios falsos y oportunistas en cuanto a decidir si participan en la contienda, además de que se rasgan las vestiduras en cuanto a la incapacidad y corruptela que ha rodeado esta administración de su propio partido, apenas tengan definido al jefe de turno, todos estarán mansitos a su lado.

Hay que entender bien el fenómeno político: lo único que les interesa es el poder y en la búsqueda de su logro o conservación harán lo que sea necesario. Ante la ciudadanía, algunos de esos políticos señalan ser radicalmente diferentes de los que lideran otros grupos dentro de su partido, de los cuales dicen avergonzarse. Pero, a la hora de las cosas, el instinto de supervivencia y la necesidad de conservar el poder (y de ser parte de él), harán que se unan. La mejor anticipación de esta conducta es una foto publicada hace poquitos días en el periódico La Nación, en donde, en la misma mesa política de la dirigencia partidaria, se ven sentaditos, sonrientes y casi que encariñados, a los precandidatos Arias, Figueres, Araya y Berrocal. El precandidato Álvarez posiblemente estuvo ausente del aquelarre porque no estaba en el país. Juntos y revueltos, mientras que la ciudadanía se angustia a un grado tal, que está dispuesta, en un altísimo porcentaje, a no votar en las próximas elecciones. Con esta conducta del ciudadano votante cuenta Liberación para ser re-electo en el poder.

Gran parte de esa desazón ciudadana se origina en la conducta exhibida por los sectores llamados de la oposición, que, después de muchos cuestionamientos, ampliamente conocidos, de varios de sus más destacados líderes, simplemente cree que si cada uno de esos grupos políticos que la compone lanza por separado su candidato presidencial, será suficiente para derrotar a Liberación. Este es en mucho el problema de la oposición: no dispone de líderes que aglutinen a los electores en un porcentaje significativo, tal que permita que se le considere una opción real a Liberación. Si los grupos de la oposición salen cada uno por separado, tengan por seguro que la derrota les abrazará con toda su fuerza. Incluso lograrán que surja una Asamblea Legislativa en donde la suma de sus minorías no será mayor que la de Liberación.  Esto es, podrían hasta perder su mayoría legislativa relativa de la que gozan hoy. Entre tanto, el dilema que encara el elector liberacionista no parece ser el de si votan por su partido, sino más bien por cuál de los precandidatos que hoy se exhiben lo harán. Y ello a pesar del tan cuestionado y mal gobierno actual de su partido.

La angustia de muchos ciudadanos partidarios de un cambio en los Poderes Ejecutivo y Legislativo llega a un grado tal, que indica preferir la conformación de un partido político nuevo, en vez de que surja una coalición de los partidos de la oposición.  Esta idea, que no me disgusta, tan sólo enfrenta una realidad que la hace casi imposible: ¿No se han dado cuenta acaso de lo difícil que es, política y legalmente, conformar un partido nuevo en Costa Rica? No se trata de soplar y hacer botellas y de pronto, ¡zas!, aquí está la tabla de salvación.  No sólo el marco jurídico actual favorece claramente al oligopolio de partidos existentes, sino que un partido político nuevo requiere de un financiamiento, que hoy más bien parece orientarse hacia quien tiene mayores posibilidades de ganar las elecciones y, por ende, repartir favores y protección.

Dado lo expuesto, la oposición tiente ante sí una enorme obligación ante la ciudadanía: en un marco de decencia básico, entendiendo la necesidad de priorizar intereses esenciales y dejar de lado otros (negociar a lo interno), buscar como presentar un candidato que los votantes acepten con algún grado de confianza, como para que vayan a votar por él y la coalición en las próximas elecciones. Esta parece ser la única opción viable en este momento, ante lo que evidencia ser el monopolio del poder político que representa Liberación. Si la oposición no actúa en consonancia, será corresponsable, por una parte, de que Liberación siga gobernando y, por otra, que se estimule el surgimiento de grupos extremos, que, para mal, capitalicen una muy bien fundamentada inconformidad ciudadana. Sonará meloso, pero creo que las buenas personas, los buenos ciudadanos, que creo hacen mayoría en este país, merecemos un mejor destino del que hoy se vislumbra.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: políticas públicas por referéndum

El reciente intento de la Administración Chinchilla Miranda, en contubernio con el Partido Acción Ciudadana. liderado por Ottón Solís, para aumentarnos los impuestos pese a la enorme oposición ciudadana y su casi materialización, de no ser porque la Sala Constitucional se trajo abajo la tramitación del proyecto de Solidaridad Tributaria gracias a la valiente consulta presentada por los Diputados del Movimiento Libertario y de la Unidad Social Cristiana, demuestra que algo no está bien con nuestro ordenamiento jurídico.

El futuro de nuestro bolsillo depende, en estos momentos, de un grupo de Diputados y de una Sala Constitucional que no sabemos hasta cuándo podrán aguantar los embates y presiones. Los fracasos políticos que han azotado a quienes, en los últimos años,  han intentado impulsar un paquete de impuestos han motivado a que ellos mismos vengan hablando de la imperiosa necesidad de reformar el Reglamento Legislativo para impedir a la oposición aplicar los mecanismos necesarios para atrasar o impedir la aprobación de estas inorales iniciativas o de modificar el papel de la Sala Constitucional para que no siga siendo el "Senado costarricense" que vete lo que se produce en Cuesta de Moras. Todo ello para allanar el camino a lo que el Gobierno considera "medidas urgentes e importantes", realizadas a la trocha y mocha (cualquier parecido con la trocha 1856 es mera coincidencia) pero que, a criterio de ellos, deben avanzar sin el "molesto filibusterismo parlamentario que defienda a los ciudadanos de no tener que pagar más impuestos", sin las "infundadas críticas" hacia un Gobierno que pretende, a golpe de tambor, imponer la solidaridad hacia los más ricos, perdón, hacia los más pobres pero con comisión para los más ricos.

Cuando esto es así y la mayoría de las fuerzas políticas del país coinciden en que se necesitan esos cambios, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que algo anda muy muy pero muy mal. Actualmente, nuestra defensa ante estos parásitos que quieren vivir a costa de nuestros impuestos, sin trabajar y moralizándonos con que es nuestra obligación regalar el fruto de nuestras labores contra nuestra voluntad, como si fuera el tributo a la benevolencia estatal, es casi nula. Dependemos, como dijimos con anterioridad, de un pequeño grupo de Diputados y de una Sala Constitucional que no son infalibles, que están sujetos a presiones, amenazas u ofrecimientos para que depongan sus armas y, en cualquier momento, nos sueltan la tabla que nos mantiene a flote. 

Por eso, como mecanismo de protección a nuestros bolsillos, los ciudadanos reclamamos el derecho a votar por si queremos o no pagar más al Gobierno. Recientemente, la Diputada del Movimiento Libertario, Marielos Alfaro Murillo, escuchó ese clamor popular y presentó el expediente N° 18.304, reforma de los artículos 105 y 123 de la Constitución Política para garantizar la acción ciudadana en la toma de decisiones, que procura eliminar la prohibición que actualmente pesa sobre varios temas para ser objeto de referéndum o consulta popular, como lo son la materia tributaria, fiscal, monetaria, endeudamiento y empréstitos internacionales. 

En ASOJOD por supuesto que celebramos esta maravillosa iniciativa. Desde la perspectiva hayekiana, siempre hemos defendido la idea de que los ciudadanos conocen mejor que los gobernantes, cuáles son sus problemas y soluciones y que, por cuanto la información se encuentra dispersa y desconcentrada, lo óptimo es que sea cada individuo el que tome las decisiones que le atañen.

Sin duda, la mejor forma de defender el sistema republicano cuando han desparacido o han sido minimizados los mecanismos de pesos y contrapesos institucionales, es la acción de los ciudadanos para controlar al poder. Los tiempos actuales, como lo demuestran los constantes episodios en distintos países con el movimiento de los indignados, evidencian que se exige un cambio en la forma de tomar decisiones públicas. Ya no es simplemente una delegación en los representados que, una vez en sus sillas, escogen lo que les parezca. Es algo más avanzado, más serio: se trata de un cambio hacia una democracia participativa, donde los individuos delegan ciertas decisiones en sus representantes pero conservan para sí otras de trascendental importancia que, por su naturaleza, no pueden ser entregadas a unos pocos. 

Por eso, en ASOJOD clamamos por los referéndums como mecanismos de participación política para los individuos, quienes decidirán, respecto a cada tema, la forma en que deben orientarse las políticas públicas. Es un juego muy similar al de la oferta y la demanda del mercado: las propuestas que mejor satisfagan los intereses de los ciudadanos, serán las aprobadas. Las que no lo logren, serán rechazadas. Si, como los populistas del Gobierno siempre dicen, los costarricenses son muy solidarios y les nace pagar impuestos para ayudar a los más necesitados, un referéndum en materia tributaria podrá ser la forma de comprobación de esa hipótesis. Si, por el contrario, como presumimos, los ciudadanos no quieren pagar más impuestos, lo harán ver en su votación, como repudio contra la forma en que los gobernantes manejan los recursos públicos y como sentencia obligatoria para un giro de timón hacia una Administración Pública más eficiente y responsable.

Lo importante es saber que el argumento de que el costarricense "de a pie" no está preparado ni informado para tomar esas decisiones es inaceptable, pues ese mismo costarricense es el que hoy tiene la suficiente preparación, información y madurez para elegir una papeleta partidaria en las elecciones. Debemos entender que, pese a todo, el ciudadano siempre tendrá mejor información y mayor capacidad para decidir sobre los temas y problemas que le atañen que la que pueda poseer el político y el burócrata, encerrado en cuatro paredes y basado en premisas falsas.

Para mantener la legitimidad del sistema político y garantizar la supremacía de los derechos individuales, Cota Rica debe convertirse en un ejemplo de consulta popular. Primero, en lo más imporntante: impuestos, gasto público y endeudamiento, por ser aspectos que afectan directamente el bolsillo de cada persona y sobre lo cual, tiene derecho a decidir. Luego, avanzando hacia otros temas hasta alcanzar un nivel tal donde la mayoría de las decisiones no las tomen los burócratas sentados en un escritorio, sino los propios ciudadanos. Por supuesto, esto implica otros cambios en el ordenamiento jurídico, relacionados con el sistema electoral, dirigidos a permitir la elección en listas abiertas y desbloqueadas, las postulaciones independientes, la revocatoria de mandato en todos los niveles y otros temas que, en otro momento, abordaremos con más detalle en ASOJOD.

Como primer espacio para ahondar en estos tópico, aprovechamos este tema polémico para invitarlos al evento que organiza la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE) para el próximo 31 de mayo a partir de las 6:15 pm en sus instalaciones. Allí, con pizzas y refrescos gratuitos para los participantes, estaremos analizando el tema del referéndum sobre impuestos. Esperamos poder conversar con ustedes, en vivo y a todo color, sobre ello.

Tema polémico: ¿demasiado tarde?

Sin duda la noticia de la semana fue la "inocente" llamada del ex Ministro de la Presidencia y ahora precandidato presidencial Rodrigo Arias, al actual Ministro de Seguridad José María Tijerino. Aduce el flamante exministro que el único objetivo de su llamada era que el señor Tijerino obtuviera información de un expediente penal que se tramitaba en su contra, pero que de ninguna forma se buscaba hacer presión política alguna respecto a la investigación judicial.

Por supuesto, esto no tiene ningún sentido, si don Rodrigo quería saber de que trataba el expediente era tan sencillo como que el mismo autorizara a un abogado de su confianza para que fuera al Ministerio Público a revisar y fotocopiar dicho expediente. Es obvio que esto lo sabe a la perfección el hermano del expresidente Arias, cuya profesión es la de la abogacía.

Para empeorar la situación, el día de ayer aparecen en el periódico La Nación unas declaraciones del actual Fiscal General que deben de preocupar a cualquiera: “En este país se acostumbra eso; es una práctica normal la de mandar mensajitos a través de interpuestas personas”. Estas afirmaciones denotan el erosionamiento del Estado de Derecho, la institucionalidad y separación de poderes, lo cual no nos sorprende, toda vez que resulta evidente que en Costa Rica, desde hace varias décadas, se decidió claudicar en la función primordial de un Estado: ejercer el monopolio de la coacción para lograr la tutela efectiva de los derechos individuales. En cambio, nuestro Estado se ha dedicado a repartir vivienda, educación, salud, pensiones, viagra, radio, televisión, telefonía, energía, agua, puertos, becas, etc. No cabe duda que nuestro Estado se encuentra muy ocupado ejerciendo otras tareas que no le competen con el consecuente deterioro de su responsabilidad principal.

Por último, existe una preocupación más, que es consustancial a esta problemática: ante una oposición débil, resquebrajada, inoperante y sin rumbo, ¿quién podrá sacar al PLN del poder y evitar que se convierta en una especia de PRI costarricense?. La alternancia en el poder resulta vital para el buen funcionamiento del sistema democrático, pero mientras la oposición siga en este estado deplorable, los costarricenses tenemos muchas razones para estar preocupados, máxime cuando el mensaje que envía el Poder Judicial es claro: aquí, con don Rodrigo, no pasa nada.

Hoy día, en ASOJOD nos preguntamos si será demasiado tarde para recuperar la decencia y la institucionalidad democrática que deben caracterizar al Estado de Derecho. Depende de cada ciudadano hacerse esa pregunta y buscar la respuesta.

Tema polémico: las elecciones municipales

El pasado 5 de diciembre, los resultados de las elecciones municipales dejaron en evidencia que el PLN tiene un clarísimo liderazgo en la intención de voto de los ciudadanos. Con esto no queremos decir que la mayoría de los costarricenses apoyen al PLN, puesto que hay que tomar en consideración que tan solo un 28% del electorado votó. Lo que sí se puede concluir es que los demás partidos no lograron convencer a las personas para que salieran a votar. Esto es preocupante, ya que, por lo visto, no existe una clara oposición en este país capaz de enfrentársele en serio al partido en gobierno. El PAC, el PUSC y el ML no han logrado convencer a las personas para que les den su apoyo.

Algunos dicen que no ha sido un completo fracaso para el PUSC, pues fue el segundo partido en obtener más alcaldías; sin embargo, al analizar con detalle sus triunfos, se puede fácilmente concluir que las personas no votaron por el partido, sino por el candidato. Ejemplos clarísimos de esto son los casos de San Pablo y Belén de Heredia, donde Aracelly Salas y Horacio Alvarado respectivamente, fueron escogidos por su trayectoria y liderazgo en el cantón y no porque el PUSC los apadrinó.

Para el PAC, supuestamente la segunda fuerza política del país, el resultado fue bastante malo. Tan solo 6 alcandías y ninguna en el Gran Área Metropolitana. El discurso socialista de esta agrupación política no ha convencido al electorado y en ASOJOD tenemos la esperanza de que nunca lo logren.

Pero tal vez el fracaso más evidente ha sido el del ML. El partido que más se acercó, en su momento, a nuestras convicciones liberales sigue sin poder explicarle efectivamente a la gente que solo por medio de mayores libertades individuales y menor involucramiento del Estado en las actividades económicas se puede lograr un mayor bienestar para todos. Inclusive, quizá ya ni siquiera tenga la intención de trasmitir ese mensaje al electorado, sino que pretende asemejarse más a los partidos tradicionales. Tal vez por eso, su máximo (o, mejor dicho, único) líder sigue perdiendo popularidad a pasos agigantados y una gran parte de sus miembros han preferido acercarse más a las ideas del PLN y dejar la lucha por la libertad. En la Asamblea Legislativa hay momentos en los que ya no sabemos distinguir a los diputados del ML de los diputados del PLN.

En este escenario, todo parece indicar que el próximo ganador de las elecciones presidenciales será nuevamente el PLN y por goleada. Estamos avisados

En vela

Si Churchill, cuya biografía cautiva al presidente Arias, estuviera vivo y este le pidiera un consejo, de seguro le regalaría cinco. Primero: “Es en las crisis donde los gobernantes dan la talla”. Segundo: “Piense antes de hablar”. Tercero: “No se canse nunca de la crítica, esencia de la democracia. Más bien, tema la falta de crítica y las zalamerías ajenas”. Cuarto: “Cuidado con el poder, pues este atonta”. Quinto: “No busque pretextos ni se queje. Gobierne, inspire, dirija. ¿No fue para ello que buscó la reelección y pidió los votos al pueblo?”.

El contorno financiero mundial amenaza ruina; en América Latina la insensatez suplanta la responsabilidad, y en Costa Rica el gobernante ha perdido el sentido de la realidad. Sus últimas declaraciones causan estupor: un premio Nobel de la Paz, que justifica, en Latinoamérica, las maniobras “militares” conjuntas de Rusia, invasora de Georgia, y de Hugo Chávez, una amenaza creciente para la paz y la estabilidad política; que ataca a EE. UU., al que, horas después, debe suplicarle otra prórroga del TLC…

Un gobernante que dice “que no lo dejan gobernar”, cuando lo cierto es que se le ha apoyado sin reservas en los proyectos beneficiosos para el país, entorpecidos, eso sí, por la maraña legal y la “tramitología”, la que prometió, por cierto, reducir, para concluir que “está cansado” de las críticas y rematar: “Estoy cansado de intentar gobernar en un país que cree que la crítica a toda costa nos hace más libres, cuando en realidad nos hace más ingobernables”.

En este párrafo, pregonado el Día de la Independencia nacional, don Óscar Arias ha incurrido no en un error, sino en un sacrilegio. La ausencia de crítica es la sustancia de una dictadura, como es el caldo de una sociedad inculta. Por el contrario, la crítica es consustancial con la democracia, como lo es con la libertad, la ciencia y el progreso humano. Don Óscar debe, más bien, sentirse orgulloso de nuestro pueblo, convencido, a diferencia de él, de “que la crítica a toda costa nos hace libres” y no debe repetir jamás, por respeto a nuestra historia, que “en realidad la crítica nos hace más ingobernables”. Algo anda mal en don Óscar para que haya llegado a estos extremos, tan graves, en el plano democrático, como aceptar el secretismo con China, país sin crítica y gobernable...

La crítica no cansa a ningún gobernante democrático. Solo cansa a quienes la temen. No se exponga don Óscar a esta conclusión. Churchill le diría: “Si está cansado, descanse”, pero, mejor, ordene sus ideas, cuidado con ciertos amigos y cortesanos, y entienda que el único cansancio peligroso es el del pueblo, que vale cualquier sacrificio.

Julio Rodríguez

La dolencia crónica del PAC

Como segunda fuerza política del país, el Partido Acción Ciudadana (PAC) debería analizar con frío realismo y meticulosa autocrítica lo que implican dos recientes resoluciones de la Sala Constitucional. Porque ambas representan serios retos para la agrupación, tanto en su capacidad de incidencia presente como en sus aspiraciones de gobierno futuro.

En ambos casos la Sala no actuó de oficio, sino como respuesta a consultas promovidas, principalmente, por los diputados del PAC. Si estos lo hicieron, fue porque creían que tenían razón, podían ganar y, al hacerlo, impulsar las estrategias del partido. Al perder, el golpe es real, y su impacto, indudable.

Ciertamente, como dijo Ottón Solís en un reciente artículo, que la Sala IV califique de constitucional el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, no implica, necesariamente, que sea favorable para el país. Porque sus defectos, por ejemplo podrían ser de orden político, económico o social.

Claro desmentido. Sin embargo, es un hecho que esa resolución destruyó el principal argumento que el PAC y otras agrupaciones enarbolaban contra el tratado: que violentaba nuestro ordenamiento jurídico y la naturaleza del Estado.

También es un hecho que, sin esa base, se derrumba el castillo de naipes de otros falsos males atribuidos al TLC, como violar la soberanía, conspirar contra el ambiente, perjudicar la salud o afectar nuestra territorialidad, puntas de lanza del PAC y otros sectores adversos al tratado.

Porque si esos y muchos otros principios, presuntamente en riesgo, están garantizados por nuestra Constitución, y si los magistrados dijeron que el Tratado no la contradice, quiere decir que el TLC tampoco los afecta.

Pero la Sala IV fue más allá en su voto de mayoría 2007-09469 y, explícitamente, dijo que el texto del convenio no perjudica los derechos a la salud, al acceso a las telecomunicaciones, a la protección del ambiente, al agua, los recursos naturales y las garantías laborales. Además, aclaró que tampoco permite expresamente el comercio de armas prohibidas por nuestro ordenamiento jurídico.

Pretender, entonces, que el fallo no constituye un serio golpe contra la esencia argumental del “no” y contra el PAC es, para decir lo menos, una ingenuidad, que revela una preocupante incapacidad de reflexión.

Honda repercusión. Esa resolución, del martes 3 de julio, es la que ha tenido un impacto público más inmediato, porque el TLC se ha convertido en un inevitable talismán de nuestra vida pública, y acapara un exceso de miradas. Pero la otra decisión, anunciada al día siguiente, puede tener implicaciones más permanentes para el PAC como principal fuerza de oposición.

Al avalar el uso de la llamada “vía rápida” para agilizar la votación de proyectos legislativos, incluidos los tratados internacionales, la Sala Constitucional desarmó una de las principales estrategias legislativas que, hasta ahora, había venido aplicando el PAC (como los Libertarios en el anterior cuatrienio), aunque lo haya negado públicamente: obstaculizar el trámite de proyectos clave que adversa y, así, evitar las votaciones legislativas.

El pasado jueves, por 38 votos, la Asamblea reformó su Reglamento para introducir esa figura, con lo cual se allanó el último obstáculo para que entre en vigencia.

A partir de estos dos reveses, lo más lógico y conveniente sería que el PAC repensara seriamente sus estrategias y decidiera, de una vez por todas, hacer una oposición verdaderamente responsable, que implica, sobre todo, hacer de la negociación política un ejercicio de seriedad, no un teatro de consignas.

Sin señales. Hasta ahora, sin embargo, no ha dado ninguna señal en este sentido. Al contrario, ha insistido en que se suspenda hasta el referendo la votación de cualquier proyecto que el partido considere relacionado con el TLC; de lo contrario, ha amenazado con mayor entorpecimiento legislativo.

Además, su función de control político cada vez se centra menos en el cuestionamiento consciente, serio y bien fundamentado del actuar gubernamental, y cada vez se reduce más al intento de desacreditar, con ligereza y escasa base, a funcionarios e instituciones.

La sospecha y la suspicacia, a veces en grado tan artificial que luce patológico, han recrudecido como recurso político preferido. Basta con leer los títulos de los incesantes boletines que divulga la fracción legislativa del PAC, para documentar esta destructiva tendencia.

La “operación embarre” contra el canciller Bruno Stagno, de la que ha sido protagonista el diputado Alberto Salom, es uno de los más lamentables ejemplos. No solo carece de real fundamento y tiene matices de vendeta por parte del legislador; más grave aún, al sustentarse en buena medida en insinuaciones y acusaciones lanzadas por el Gobierno de Taiwán con motivo del establecimiento de relaciones con China, Salom ha actuado objetivamente como si fuera (aunque, obviamente, no lo es) un instrumento de Taipéi. Curiosa prioridad para un legislador que, por su talento, podría ocupar mejor su tiempo e imagen.

Y, como colofón a este andar errático y riesgoso, el PAC no se ha distanciado suficientemente de quienes, desde el “no” contra el TLC, pretenden desconocer nuestra institucionalidad democrática.

Pareciera que su enfermedad es tan crónica que ni siquiera ha reparado en ella.

Gran responsabilidad. Si el PAC fuera un grupo menor, de carácter testimonial, no tendría mayor relevancia que todo lo anterior ocurra. Sin embargo, es el segundo partido nacional; durante dos elecciones consecutivas ha logrado ser punto de confluencia de importantes sectores del país, y se ha convertido en el referente democrático de la población desafecta, algo fundamental para nuestra estabilidad.

Cuando a todo lo anterior sumamos que, a excepción de Liberación Nacional, los demás partidos parecen estancados o en retroceso, se podrá aquilatar claramente la gran oportunidad, pero también responsabilidad, del PAC.

En este momento, es la única alternativa electoral frente al PLN; por ende, puede acariciar la idea de llegar alguna vez al poder. Sin embargo, su conducta revela una aguda insuficiencia en su capacidad propositiva, una falta de verdadero sentido de dirección, una intransigencia paralizante y una ausencia de marco conceptual que, eventualmente, oriente las decisiones de sus heterogéneos componentes.

Todo esto lo ha empujado, peligrosamente, a ser un partido de “contra”, volcado hacia las poses y actitudes, sin verdadero perfil para gobernar, y con una capacidad de triunfo directamente proporcional a la frustración del electorado con otras fuerzas políticas, no a su convicción sobre lo que propone el PAC.

¿Cambiará de actitud y de rumbo con el remezón de las dos resoluciones de la Sala IV? Que hasta ahora no haya dado ninguna muestra en ese sentido, no implica que sea incapaz de hacerlo oportunamente. Sin embargo, cada vez el tiempo es menor. Quizá el referendo (no importa cuál sea su resultado) sirva también como el punto de quiebre para un replanteamiento más profundo de la agrupación.

Eduardo Ulibarri, tomado del periódico La Nación