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lunes, 11 de julio de 2016

Tema polémico: el rezago de la política

Vivimos en una época de disrupciones aceleradas. Como nunca antes en la historia de la humanidad, los cambios tecnológicos están impactando prácticamente todos los ámbitos de nuestra existencia; desde el transporte, nuestra salud, la forma en que aprendemos, nos educamos y la manera en que nos comunicamos. Todos los campos de nuestra vida están cambiando vertiginosamente.

En 2001 Raymond Kurzweil, actual director de ingeniería de Google, había teorizado sobre la forma en que la ciencia y la tecnología se convierte en información, se acelera y crece exponencialmente. La denominada «La ley de rendimientos acelerados», planteada por Kurzweil, señala como la tasa de cambio en una amplia variedad de sistemas evolutivos tiende a aumentar exponencialmente, no linealmente, como nuestra propia intuición podría prever.

El planteamiento de los rendimientos acelerados resulta interesante, pero de la misma forma en que las tecnologías están volviendo más potentes a la física, medicina o la biología, los cambios también están generando tendencias contradictorias que tensionan a la sociedad y a las políticas públicas.

Ejemplos de estas contradicciones en nuestras sociedades se reflejan, por ejemplo, en una mayor demanda por participación en la toma de decisiones, pero al mismo tiempo, una creciente presión por reacciones más rápidas en los procesos mismos de toma de decisiones, o una mejor observancia a través de regulaciones, aparejados de procesos más ágiles y fluidos.

Larry Downes había señalado esta creciente dificultad en los procesos de toma de decisiones, cuando en el año 2000 expuso la denominada «La Ley de la Ruptura o Disrupciones», según la cual el acelerado cambio tecnológico está creando una brecha entre su avance y la capacidad de las sociedades para acelerar al mismo ritmo, pero más aún, entre el avance de las tecnologías y las sociedades, con el lento cambio económico. Según la Ley de Ruptura, la brecha de avance es aún más amplia entre la velocidad de cambio tecnológica, de las sociedades y las economías, con la lentísima capacidad de los sistemas políticos para ajustarse a ese cambio.

Así, mientras en la Grecia antigua basaban las prácticas de curación en la magia y la religión, en la actualidad se trabaja en la corrección de errores genéticos dañinos del ADN de las personas, a través de avances tecnológicos, por citar un solo ejemplo. Al mismo tiempo, nuestros sistemas políticos que teóricamente deben regular todos estos avances tecnológicos, funcionan bajo la misma lógica  y con las mismas prácticas desde hace cientos o miles de años. 

Los sistemas políticos y los procesos de toma de decisiones mejoran lentamente, en forma incremental, mientras la tecnología lo hace de manera exponencial.

Todo lo anterior podría parecer demasiado teórico, pero el impacto de la brecha entre la tecnología y la política hoy se traduce en un palpable y realista descontento con la política, la creciente insatisfacción de demandas sociales ante la incapacidad de procesamiento de todos los inputs dentro del sistema político, en el surgimiento de líderes populistas que prometen resolver estas demandas y un sentimiento de desorientación entre los tomadores de decisión.

Quienes hoy operan los sistemas políticos deberían entender esta realidad, para introducir la variable innovación dentro de la política y cambiar la forma en que entendemos su funcionamiento a la luz de los avances del siglo XXI. 

lunes, 8 de febrero de 2016

Tema Polémico: hacia una cultura de la innovación

En su libro, ¡Crear o morir! Andrés Oppenheimer describe a los países latinoamericanos como enormes reservas de talento, con poblaciones con gran potencial creativo e innovador, que sin embargo, no está trascendiendo ni se traduce  con la velocidad necesaria en crecimiento de la economía ni reducción de la pobreza.

Resulta paradójico que aunque tengamos a la generación más preparada y educada de nuestra historia, esta cultura y creatividad no se transforme en muchos emprendimientos dinámicos y negocios lucrativos, al ritmo que otras economías en desarrollo lo están haciendo. Algo falta en la ecuación latinoamericana del desarrollo.

La respuesta es la pobre cultura de la innovación y el débil espíritu emprendedor de nuestra población. 

No nos debemos confundir. Aunque en América Latina, y particularmente en Costa Rica, el grueso del parque empresarial está conformado por micro, pequeñas y medianas empresas, la mayoría de estos emprendedores han tomado el riesgo y han decidido emprender más como una vía de escape ante la falta de oportunidades laborales, que como una oportunidad de negocios basado en el deseo de innovar y crear valor.


En Costa Rica, la Encuesta Nacional de Hogares Productores (Enhopro) del 2014 señalaba que si bien en el país existen cerca de 340 mil emprendedores, 63,2% de ellos tuvo razones de necesidad para iniciar su propia empresa. 

Estamos hablando de dos paradigmas muy diferentes entre los emprendimientos dinámicos o transformadores que tienen un impacto considerable sobre la capacidad de generar empleo y aumentos en la productividad, y quienes emprenden porque no tienen otra opción para vivir.

No se trata de restar el mérito de quienes inician una empresa para encontrar una forma de vida, pero la apuesta debe ser por aquellos emprendedores creativos que generan alto valor agregado a la economía. La clave está en crear una cultura que estimule la innovación productiva, dándole significancia y un protagonismo mucho mayor al emprendedor capaz de visualizar nuevas demandas y encontrar aplicaciones de mercado a nuevas tecnologías.

Y es que para que una economía crezca se debe mejorar el clima de negocios y los factores clave de la competitividad, la calidad de la educación y exportar productos de mayor valor agregado, pero para que esto suceda, necesitamos antes mejorar la percepción que nuestras sociedades tienen sobre el emprendedurismo. Siguiendo a Oppenheimer, nuestro país debe aprender a estimular y glorificar al emprendedor y al innovador.

¿Cómo podríamos tener al próximo Steve Jobs o al siguiente Elon Musk, cuando en nuestra sociedad se glorifica al futbolista, la modelo o el cantante, mientras se desconoce al innovador?

La promoción de una cultura de la innovación y el emprendedurismo, que genere un clima colectivo a favor de la creatividad y elogie a los innovadores es el paso previo, que desafortunadamente nos hemos dado, para ascender en la escalera del desarrollo hacia una economía basada en el conocimiento.

Oppenheimer nos recuerda que “de poco sirven los estímulos gubernamentales, ni la producción masiva de ingenieros, ni mucho menos los parques tecnológicos, sin una cultura de la innovación”. Alentar una cultura que convierta al innovador en un héroe es la clave para mejorar o reafirmar las percepciones acerca de nuestras propias capacidades como sociedad.

En julio del año pasado El Financiero mostraba los datos de una encuesta según la cual la mayoría de los jóvenes costarricenses aspiran a ser empleados públicos. Nada peor para una economía que necesita de jóvenes con deseos de emprender.


Esto refleja la imperiosa necesidad de promover una cultura que no penalice el fracaso, que interiorice la capacidad de tolerar el riesgo, que promueva jóvenes motivados para enfrentar dificultades, resolver problemas y trazarse objetivos ambiciosos. Como país necesitamos dar pasos concretos para promover una cultura de la innovación.

lunes, 23 de noviembre de 2015

Tema polémico: una agencia de innovación nacional.

El aparato productivo doméstico está compuesto en un gran porcentaje por microempresarios, pero muchos de estos emprendimientos no crecen lo suficiente para trascender y mueren durante sus primeros años (80% de emprendimientos dejan de existir en los primeros tres años).

Este amplio sector de nuestra industria enfrenta desafíos estructurales de competitividad, pero sin duda, uno de los lastres que arrastra tiene que ver con una burocracia dispersa de actores de apoyo a la PYME que funcionan como islas, cada uno con un diseño institucional y procesos de ejecución entrabados.

Según datos del propio Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), hoy Costa Rica posee más 100 programas de apoyo a la PYME. Todo un entramado institucional de apoyo a las Pequeñas y Medianas empresas duplicando esfuerzos y atendiendo las mismas fases del ciclo de vida de estas empresas.

Lejos de atender y centrar esfuerzos en aquellos emprendimientos innovadores y dinámicos de base tecnológica, estos programas se han enfocado en emprendimientos de subsistencia, a través de políticas asistencialistas que lejos de propulsar un motor del desarrollo y encadenar emprendimientos, han creado una clientela de microempresarios que no generan impacto en la economía.

Así, hoy el MEIC es un ministerio sin peso ni capacidad para ejecutar muchas de sus obligaciones. Lo mismo sucede con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) es un elefante blanco con enorme cantidad de instituciones y programas, pero sin agilidad para ejecutarlos. Dentro de estas instituciones rectoras del ecosistema de apoyo a la PYME se encuentra COMEX, junto a PROCOMER y CINDE, quienes conforman una realidad diferente: una triada estratégica con una gobernanza distinta, recursos ligeros y mecanismos de ejecución rápida, pero además, con una población receptora de sus servicios pequeña en comparación a la que tienen las otras instituciones.

En medio de este escenario de institucionalidad complejo se ha diseñado una propuesta que está por ingresar a la corriente legislativa: el Proyecto de Ley de Creación de la Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado.

Según la propuesta que se conoce, esta Agencia plantea una nueva arquitectura institucional, con una nueva forma de operar y un nuevo modelo de atención que le dé escalamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. La legislación no plantea más burocracia ni demanda nuevos recursos al erario público. La idea esbozada, al contrario, busca fusionar los programas existentes y trasladar los recursos bajo una misma sombrilla.

De esta forma, si la iniciativa llega a funcionar, entidades como el CONICIT se unirían a los recursos del Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, Los recursos del Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (PRONAMYPE) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a los que se unirían los recursos  del 15% de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de cada año, del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Aún es muy temprano para llegar a cualquier tipo de conclusión, pero una propuesta que ordene el ecosistema institucional de apoyo a la PYME, bajo un marco legal similar al de PROCOMER, con las mismas facilidades legales: no aplica la ley de contratación administrativa como tal sino sus principios, no funcionaría bajo el Régimen del Servicio Civil, tiene un régimen de contratación privado y un sistema de transparencia explícito, que además asigna un tope a su gasto administrativo de no más de un 6% del total de las fuentes de financiamiento, merece al menos el beneficio de la duda. 

Si algo se demanda de la Administración Pública es coherencia, sentido de urgencia, capacidad de gestión y conciencia de la importancia de la relación simbiótica que debe existir entre el Estado, el sector Privado y Academia en el diseño de políticas públicas.

Probablemente el mayor reto que enfrenta el proyecto de ley sea su viabilidad política, debido al traslado de recursos de diferentes instituciones como el Banco Popular, o la Unidad PYME del INA, así como el despido, reubicación o movilidad de funcionarios.

Es previsible el rechazo de estos actores a cualquier cambio de su statu quo, sin embargo, debemos saludar un debate que busque poner orden sobre un enjambre de instituciones y programas cuyo impacto actualmente es casi nulo. 

viernes, 2 de octubre de 2015

Viernes de recomendación


Ambos indicadores muestran nuestras debilidades y fortalezas, reflejando el lugar que ocupamos en el mundo al comparar casi la totalidad de las economías que lo conforman. A la vez, el IIG y el ICG representan valiosos instrumentos para la definición de las políticas públicas.

En términos generales la lectura de ambos instrumentos nos dice lo que sabemos y vivimos desde hace varios años: el país está estancado.

En el último quinquenio el país se ha mantenido entre los 50 países más innovadores – con la excepción del IIG 2013, cuando el país se ubicó 39 del mundo. Al mismo tiempo, el ICG nos muestra que en los últimos 9 años el país ha variado entre el puesto 52 y el  68, pero no hemos logrado dar el salto en nuestros indicadores de competitividad hacia posiciones de liderazgo. Parafraseando a don Eduardo Lizano, en los últimos años hemos vivido en un nadadito de perro en materia de innovación y competitividad.

Un primer mito que debemos superar al leer ambos indicadores es creer que estamos bien al ubicarnos en los primeros lugares de América Latina. Si bien el país es tercero en innovación (por detrás de Chile y Barbados) y competitividad (por detrás de Chile y Panamá) debemos considerar que nuestra región se caracteriza por ser poco competitiva y poco innovadora. Lo cierto es que ningún país de la América Latina se ubica dentro del top 25 de los países más innovadores del mundo, al tiempo que la mayorías de los vecinos latinoamericanos se ubican entre la posición 50 a la 100 en materia de competitividad, con la excepción de Chile, que se encuentra en el lugar 35 entre las 141 economías contempladas.

La realidad es que nuestro país no compite con países como Bolivia, Venezuela, los países del triángulo norte centroamericano, Argentina o Haití. Desde hace muchas décadas nuestro barrio dejó de ser el latinoamericano. Una aproximación más realista en materia de innovación nos debería comparar con países de renta media alta como la nuestra ($13,341 según el IIG 2015 o $10,083 según el ICG2015-2016). En este caso estamos en el grupo de países junto a Hungría, Vietnam, Bielorrusia, Tailandia y Malasia; mientras que cuando comparamos factores de competitividad similares a los nuestros debemos mirarnos contra Turquía, Panamá, Sudáfrica, Filipinas, Bulgaria, Rumania, India, Vietnam o México.

Así, cuando un inversionista piensa en Costa Rica como destino, no nos compara con América Latina directamente, sino que se pregunta cómo está Costa Rica en relación con estos países. La verdad es que si Costa Rica fuese un país de Europa, se ubicaría junto a las economías de Europa del centro o Sudeste; si fuésemos asiáticos estaríamos junto a economías del Sudeste.

Lo cierto es que Costa Rica es una economía en transición llena de contrastes. Somos un país que superó los requerimientos básicos de competitividad, pero no hemos logrados superar del todo aquellos factores de eficiencia que nos impiden ser una economía basada en la sofisticación y la innovación. Somos un país que ha logrado cumplir con tareas complejas que nos han permitido atraer inversión en alta tecnología por ejemplo, pero no hemos logrado superar problemas tan básicos y rudimentarios como la infraestructura vial. Ocupamos el lugar 20 en el mundo cuando nos referimos a la capacidad de nuestras empresas de absorber conocimientos de la IED que llega al país, según el IIG 2015, pero ocupamos el puesto 115 cuando hablamos de la calidad de nuestras carreteras, de acuerdo con el ICG 2015-2016.

Un segundo mito que debemos superar al contrastar los datos del IIG y del ICG es la autocomplacencia nostálgica. Para muchos en este país, como decía Jorge Manrique, cualquier tiempo pasado fue mejor.

Para dar el salto que deseamos hacia puestos de liderazgo no podemos seguir pensando que Costa Rica será más competitiva e innovadora gracias a los avances en salud y educación básica, la solidez de nuestras institucionales democráticas o las conquistas sociales y laborales. Estos son requerimientos básicos, pero no son suficientes para catapultarnos hacia el desarrollo. Para convertirnos en una economía del conocimiento y dar el salto hacia el pilar de la sofisticación y la innovación no podemos conducir con la vista puesta en el retrovisor.

Todos los caminos apuntan a un mismo problema: la ineficiencia de la administración pública y el exceso de burocracia. Al observar nuestros principales males de nuestra competitividad e innovación encontramos un denominador común: nuestra mala gobernanza.

Nuestro principal dolor de cabeza competitiva se llama burocracia gubernamental, despilfarro del gasto público (118 en el ICG), así como la pésima protección al inversionista (138 de 140 economías en el ICG y 141 de 141 economías en el IIG).

Los datos del IIG y el ICG nos reiteran que el gobierno lejos de se un facilitador, entraba cualquier emprendimiento productivo, tal como se observa en el indicador Facilidad para iniciar un negocio (96 en el IIG) o el tiempo y los procedimientos para iniciar un negocio (104 en el ICG). Somos una economía que además, no garantiza reglas claras para cualquier inversionista que arriesgue su capital en el país. Sumado a lo anterior, somos una economía que dificulta el acceso al crédito como pocos en el mundo. El IIG nos ubica 80 en el mundo en cuanto a la facilidad de acceder a crédito, mientras que el ICG nos posiciona en el lugar 117 y 112 cuando nos referimos a la disponibilidad de capital de riesgo. Finalmente, vivimos un entorno macroeconómico que se ha caracterizado por un PIB real estancado entorno al 4%y un creciente déficit fiscal. Es así como en la medición del ICG el país ocupa el puesto 124 cuando nos referimos al equilibro en el presupuesto del gobierno.

En el libro Crear o Morir, Andrés Oppenheimer nos dice que: "la prosperidad de los países depende cada vez menos de los recursos naturales y cada vez más de los sistemas educativos, sus científicos y sus innovadores". Costa Rica entendió esto hace años cuando decidió basar su desarrollo no a partir de la explotación de sus recursos naturales, sino a partir de las oportunidades del progreso basado en la educación de su capital humano.

Este es el trapito de dominguear costarricense, que sin embargo se ve desafiado por la creciente desarticulación entre la oferta educativa y la demanda de los sectores productivos. Nos lo dice el IIG al ubicarnos en el puesto 95, cuando hablamos del porcentaje de graduados en ciencias e ingeniería y nos llama la atención el ICG al posicionarnos 55 en relación a la calidad educativa en matemática y ciencias.


Hace más de 125 años Costa Rica se definió gracias a una visión educativa. Hoy ese gran salto histórico se queda corto en comparación a los retos que enfrentamos. Nos corresponde ahora dar un nuevo salto para superar factores de eficiencia y productividad, y convertirnos en un país líder en competitividad, basado en la innovación y la sofisticación. 

lunes, 31 de agosto de 2015

Tema polémico: la tecnología no espera.

Recientemente la compañía Tesla anunció la producción de “Powerwall”, una batería capaz de almacenar energía renovable para un hogar durante varios días, recargando su energía con paneles solares.

Powerwall no solo se trata de un dispositivo de almacenamiento de energía. Esta tecnología podría abolir la dependencia de los hogares de las compañías eléctricas tradicionales, eliminando la necesidad de estar atados a las propias compañías eléctricas. Suena ambicioso, pero en palabras del CEO de Tesla, Elon Musk, la batería podría desempeñar "un papel similar a la forma en que teléfonos móviles han sustituido a teléfonos fijos".

Los sistemas de almacenamiento de energía es una de las doce tecnologías “económicamente disruptivas”, con la capacidad de cambiar radicalmente  el status quo, transformando la forma de trabajar y vivir, señaladas por el McKinsey Global Institute.

Otra de las doce tecnologías del índice creado por Instituto McKinsey es la impresora 3D, con las que es posible crear cualquier objeto desde casa, a través de una fabricación directa de archivos digitales. Cuando esta tecnología de fabricación aditiva se popularice  y su precio sea accesible para nuestra economía, cualquier hogar será una potencial fábrica de todo tipo de dispositivos.


Estas disrupciones, como otras en el mercado de trabajo, en las empresas y en la economía en general no están reinventando las estructuras tradicionales, sino que están marcando su fin. Con ellas no se están rescribiendo las reglas del juego: el jugo mismo está cambiando.

La naturaleza de quien opera con el poder es tratar de obtener más poder, regulando tantas actividades humanas como le sea posible. En El Leviatán, Hobbes veía “como una inclinación general de toda la humanidad un deseo perpetuo e incansable de adquirir poder tras poder”. 

Así, la primera reacción de nuestros políticos y las estructuras clientelistas a su amparo cuando enfrentan una tecnología con el potencial de restar poder a las instituciones que han creado, es prohibir su diseminación y sancionar  su uso.


Al igual que hoy sucede con UBER, quienes se sienten afectados por el avance tecnológico intentan regular o prohibir su avance. Recientemente Jaime Ordoñez se refirió a esta actitud, a partir del tema de UBER, señalando que en el país: “Hay una enfermedad que atosiga a muchos: el reglamentismo. Creer que la tutela del Estado y sus permisos debe cubrir todo el ámbito de lo social.”

Sin embargo, estas tecnologías exponenciales con características están desbordando de manera cada vez más constante y evidente, las estructuras normativas que pretenden regularlas. La velocidad de reacción de nuestras instituciones políticas nunca ha sido uno de los puntos fuertes.

En “El Fin del Poder” Moisés Naín advierte que: “las innovaciones disruptivas no han llegado aún a la política, el gobierno y la participación ciudadana. Pero llegarán. Por todo esto no es descabellado pronosticar que veremos transformaciones inevitables en la forma en que la humanidad se organiza para sobrevivir y progresar”.

Estamos viendo sólo la punta del iceberg, pero para los políticos tradicionales no entender lo que está sucediendo puede tener un precio muy alto. Los desarrollos tecnológicos no se detendrán, esperando a que las instituciones se reinventen. Estos simplemente avanzan hacia sistemas cada vez más auto-organizados.

jueves, 7 de marzo de 2013

Jumanji empresarial: alharaca sobre los transgénicos

Toda la alharaca alrededor de los transgénicos nos debe llevar a una juiciosa reflexión sobre las verdaderas raíces de conflicto que genera un tema científico, que como otros, tendría que entusiasmarnos y estimular nuestra participación en la búsqueda y hallazgo de nuevas formas de dominar la naturaleza para beneficio de la humanidad.

Así como el descubrimiento del microchip no nos ha convertido en monstruos, pero sí nos ha hecho más prósperos, de idéntica manera el dominio de la genética vegetal y animal nos ayudará a aumentar el nivel de bienestar del género humano. Lo que necesitamos es más libertad para experimentar y más confianza en que el ingenio y la ética humana nos llevarán por el camino correcto, como hasta ahora lo han hecho.

Pero, ¿qué es lo que hace que las fricciones ideológicas contaminen el ambiente científico, tanto en este como en muchos y variados temas? La respuesta es más vieja que las mismas ideologías: miedo al monopolio del conocimiento y aversión al concepto de ganancia empresarial.

En lo que respecta al monopolio del conocimiento y de las ideas, la solución está en hacer un relevamiento completo de las leyes de propiedad intelectual que promueven la monopolización del conocimiento a favor de grupos económicos con capital, y que tienen acceso a las fuentes de investigación subsidiadas por los gobiernos (universidades e institutos). Es necesario desmitificar las razones para otorgar patentes sobre ideas e invenciones que, de todas formas, se dan en un ambiente de cooperación económica, donde el escenario heurístico es el propio mercado. Ningún descubrimiento o invención surgen de un vacío, sino que siempre son parte de la inercia misma de la destrucción creativa, tarea de la que se encargan muchos creadores independientes al actuar en resonancia espontánea dentro del mercado. De modo que argumentar que alguien tiene un derecho exclusivo para lucrar con la explotación comercial de una idea –por la simple razón de que posee un registro legal arbitrariamente asignado–, no tiene ninguna lógica económica.

La aversión al concepto de ganancia empresarial es un aspecto que requiere de análisis, tanto psicológico como sociológico. La ganancia, además de ser un incentivo para la inversión, constituye un precio por el capital invertido y arroja una señal de mercado importantísima. Pero, por razones de dialéctica ideológica histórica, el concepto de ganancia se ha convertido en un arma de doble filo para la argumentación a favor de la actividad empresarial, que es la base de la conquista y el aumento de la prosperidad de la civilización en general.

Sin un incentivo para transformar el capital, el empresario simplemente no se activa, y por consiguiente la sociedad se ve privada de los beneficios innovadores de estos agentes dinámicos de la economía. Pero estos incentivos deben ser espontáneos y no perversos (por intervención estatal), para que realmente el valor que se agregue en el mercado sea real y no ilusorio.

En la naturaleza todo es transgénico, dado que desde los inicios de la vida celular, la naturaleza no ha discriminado a la hora de experimentar con combinaciones genéticas, seleccionando aquellas que más se adaptan a las condiciones ambientales. La diferencia es que ahora los seres humanos tenemos el conocimiento para hacerlo mejor y más eficientemente.

Así qué no tiene sentido que incorporemos miedos infundados en esta ecuación heurística, por razones ideológicas obsoletas.

Andrés Pozuelo Arce