La columna de Carlos Federico Smith: un privilegio más

No tenía ni idea de que en la Caja existía un régimen especial de pensiones para sus empleados, adicional al IVM del que formamos parte una mayoría de la población pensionada o que tiene derecho a una pensión futura bajo ese sistema.

Tenía la impresión de que ese régimen adicional (especial) de pensiones existía en instituciones como el ICE o el Banco Nacional (estoy muy seguro de este último), pero, un día de estos, el 12 de agosto, apareció en La Nación la información de que “Pensiones de empleados de CCSS con ‘enorme hueco.’” 
 

Antes de comentar sobre dicho hueco, me permito decirles que nada malo hay que en una entidad de gobierno o privada exista un régimen especial, propio, de los trabajadores de esos entes, siempre y cuando el financiamiento para recibir ese complemento al régimen obligatorio de pensiones -como el tradicional IVM de la Caja- provenga exclusivamente de los beneficiaros de tal régimen. Eso excluye aportes del patrono por ser moralmente incorrectos, pues los presupuestos de la parte patronal, al menos en el caso de los entes públicos, son financiados por impuestos a toda o gran parte de la ciudadanía, la que, por definición, no es beneficiaria de ese régimen especial.
 

Tampoco es correcto decir que ese sistema particular, especial, obtiene financiamiento por parte del estado, pues los fondos que el estado usa para dicho aporte, no son nada más que impuestos a los costarricenses (o por un endeudamiento estatal que será pagado por todos los contribuyentes, o por una inflación que bien sabemos afecta negativamente a las personas).
 

Si se desea tener un régimen especial para el retiro, que sean sus beneficiaros quienes pongan los recursos de sus propios bolsillos, no del resto de ciudadanos pagadores de impuestos.
Dicho esto, veamos ahora en qué consiste, al menos en parte, el problema del régimen especial de los empleados de la Caja y mencionaré si algunas de las soluciones propuestas para resolver el problema, son apropiadas o no.
 

Este régimen especial de la Caja hoy se financia tanto por los trabajadores, como por el patrono (la Caja), lo que significa que es con recursos aportados por los ciudadanos como, también, en última instancia, se financian esas pensiones especiales. Para todos los efectos, hay un traslado claro de recursos desde todos los individuos que pagan impuestos al estado, para que este intermedie dichos fondos en beneficio de unos pocos ciudadanos que laboran en aquella entidad.
 

Señala el medio que un informe elaborado por la Dirección Actuarial y Económica de la Caja, de junio de este año, titulado “Valuación Actuarial del Fondo de Retiro de los Empleados de la CCSS (FRE),” indica que hay un déficit en dicho sistema que “se ubica en un rango de entre ¢760.000 millones y ¢1.2 billones,” lo que no permitirá financiar “al 85% de las promesas hasta ahora devengadas.”
 

Los problemas se detectaron desde el 2018, cuando ese fondo especial de los empleados empezó a usar “los intereses de las inversiones para pagar jubilaciones.” Según ese informe, para el 2021 “el sistema comenzará a comerse su reserva” y para el 2030 esa reserva “se agotará.”
 

El informe citado indica que debe elevarse “el aporte patronal al régimen, desde el actual 2% del costo de la planilla de la Caja, hasta un 3%,” si bien, con este aumento propuesto el fondo seguiría desequilibrado, pues “el equilibrio real se lograría con una contribución del 7.18% sobre el salario de cada trabajador.”
 

Esa propuesta muestra la naturaleza viciada de la propuesta para ese sistema de financiamiento especial de la Caja: que el faltante lo pague el patrón en un 3%; esto es, nosotros, por medio de la Caja, y no, como debería ser, por los beneficiarios del sistema: los propios trabajadores de esa entidad.
 

Asimismo, el informe interno citado propone modificar el monto de la pensión, que iría del equivalente porcentual de entre el 5 y el 15% del salario promedio de los últimos 24 salarios, a ser igual al del IVM de la Caja (que cobija a la mayoría de los mortales de este país), en donde la base aplicable es el promedio de los últimos 240 sueldos.
 

Y ni siquiera todo eso será suficiente, pues, aunque con esas medidas las reservas existirían hasta el 2057, se mantendría “un déficit actuarial de ¢640.000 millones.”

Es de destacar que el informe interno señala que el Fondo Especial de Retiro (FRE) NO TIENE SOLVENCIA ACTUARIAL, advirtiendo el medio y este servidor, que él énfasis se presenta en el informe original citado.
 

Entre el 2009 y el 2018, la tasa anual promedio de crecimiento de pensionados en este régimen especial fue de 6.6%. El beneficio promedio mensual otorgado por ese régimen especial pasó de ¢54.299 en el 2009, a ¢122.196 en el 2018. De las pensiones otorgadas hasta el último año citado, un 7.26% de las pensiones recibía el máximo vigente mensual de ¢324.120 bajo ese régimen especial. Según el medio, estos últimos trabajaron en la Caja “durante 35 años o más y el monto otorgado como pensión representa el 15% del salario de referencia.”
 

¡Qué tristeza da leer todas estas cosas! Y, si se llegan a aprobar las propuestas para llenar el hueco con nuestros aportes, ¡que Dios nos agarre confesados! No creo que harán una nueva huelga para que sigamos los contribuyentes pagando por este privilegio de una pensión especial, en donde los beneficiarios no aportaron lo suficiente como para recibirla en esos montos. Pero, por lo que se ha visto, no sería nada de extrañar.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: oscuras perspectivas para el régimen de pensiones de la Caja

Ciertamente, tal vez la noticia no es del todo una novedad, pero sirve mucho como recordatorio de lo esperable del régimen de pensiones de la Caja (el llamado IVM), si no se toman medidas indispensables para su conservación, si es que eso es deseable.

La información que sirve de fuente de información se titula “IVM al borde de la crisis por caída en la cantidad de cotizantes,” contenida en La Nación del 3 de abril.

El comportamiento demográfico de Costa Rica es un elemento primordial en esta crisis, pues ha venido disminuyendo el crecimiento relativo de los cotizantes al IVM, a la vez que aumenta mucho (como era esperable) el número de pensionados de ese régimen. Este fenómeno no es exclusivo -no busco justificarlo con aquello de “mal de muchos, consuelo de tontos”- sino que puede ser un error dejar que esa catástrofe simplemente se presente, pues se ocultaría la realidad bajo la alfombra.  Sucede en muchas naciones (con particularidades obvias), como Nicaragua, en donde el gobierno totalitario quiso imponer una solución y provocó un levantamiento popular extenso contra la tiranía en ese país. Asimismo, el régimen de pensiones similar al IVM de Brasil pasa por problemas parecidos, y el gobierno de Bolsonaro, con minoría en el Congreso, hace enormes esfuerzos de diálogo con la oposición, para aplicar dolorosas medidas necesarias para mantener al sistema actual.

No dejo de lado a los Estados Unidos, en cuyo sistema de pensiones tipo IVM hay enormes déficits impagables a mediano. Y de Europa ni se diga… 

Veamos algunos datos esenciales. El primero es que “para el año 2030, sólo habrá 3.9 cotizantes por cada pensionado, con el gran inconveniente de que el mínimo requerido para sostener cada jubilación es de 6 trabajadores.” Según el informe de la Contraloría “Impacto Fiscal del Cambio Demográfico: Retos para una Costa Rica que envejece,” mientras que “en el 2018 la relación fue de 6.5 afiliados por cada jubilado… en el 2030 bajaría a un 3.9 por cada pensionado” y será de un 3.4 en el 2035, según indica el medio. 

Para Ubaldo Carrillo, alto funcionario de la Caja, “si esa relación… baja a menos de 6, tenemos un serio problema,” y que “cuando se analiza el comportamiento del ingreso de esas 6.5 personas (del 2018), nos da apenas para pagar las pensiones” hoy debidas.
 

Alguien diría que eso no importa si aumentaran los ingresos de los, aunque menos, trabajadores cotizantes por cada pensionado. Eso debe tomar en cuenta dos situaciones. Una, que la economía no ha venido creciendo lo suficiente en los últimos años, ni creo que lo hará por mucho tiempo, ante una seria crisis fiscal financiada con más impuestos. Aunque creciera fuertemente en términos reales (que no lo creo), podría suceder que esos aumentos se traduzcan en mayores pensiones reales en el futuro, pero el problema demográfico seguiría vigente: se daría un descenso real en las pensiones futuras.
 

Asimismo, el gobierno podría verse tentado a seguir una política inflacionaria para generar mayor crecimiento de la economía y así generar ingresos nominales mayores que servirían para mantener el régimen de pensiones. Pero, esa inflación significa que, en términos reales, se reducirían las pensiones futuras (además, la inflación afectaría el crecimiento real de la economía, debido a la serie de distorsiones que introduce).
 

Ante los prospectos del IVM, se han señalado tres medidas que coadyuvarían a evitar su quiebra. Una es elevar las contribuciones obligatorias. De hecho, a partir de junio de este año habrá aumentos en las cotizaciones, como parte de un programa de tres años de los tres cotizantes al IVM -el trabajador, el patrono y el estado (aunque este último, en realidad, pasará tales cobros a los contribuyentes).
 

Las otras dos medidas son elevar la edad de retiro (tal vez sin discriminación por sexo), así como bajar el monto de la pensión. También en tal sentido se ha decidido otra en tal, como es que la autorización para retirarse anticipadamente, no rentable para el fisco por el aumento tan alto en la esperanza de vida, cesará a partir del 1 de marzo del 2021.
 

Quedan dos opciones para dar algún grado de alivio a la sustentabilidad del IVM. Una, antes mencionada, que es lograr un crecimiento real de la economía, pero, soy franco, y reitero mis dudas de que el gobierno actual lo logre, en especial cuando, prosigue el camino de más impuestos y no el de reducir significativamente el exagerado gasto del gobierno y, por el contrario, introduce desincentivos para la producción: un estado cada vez mayor, que crece sacrificando el uso de recursos que deberían estar disponibles para la actividad productiva privada.
 

Y, la segunda opción, es que no siga creciendo una masa laboral informal que no cotiza al IVM formal. En esa economía subterránea en la que, para efectos del IVM, los trabajadores no cotizan, ha crecido mucho, según las estadísticas de los últimos años. Si se pretendiera una mayor coerción -esto es, obligarlos a cotizar a los que laboran en la economía subterránea- tal vez no se logre nada positivo, sino lo contrario, pues esa economía informal existe por los altos costos impuestos por el estado sobre la producción y uno de esos costos está ligado a la planilla formal, entre ellos el del pago del IVM.
 

¿Hará algo el gobierno para inducir que esa economía abandone la informalidad y acuda a la formalidad? Francamente lo dudo mucho, pues no sólo el paquete tributario que hoy está en marcha significará mayores costos para la operación formal, estimulando así que más personas ingresen a la informalidad, sino que tampoco me imagino a este gobierno reduciendo impuestos.
 

Entre las propuestas por solventar al régimen del IVM se menciona un manejo más frugal en la propia Caja Costarricense de Seguro Social e incluso mejores posibilidades de realizar inversiones que sean más rentables (lo que incluso podría reducir la adquisición de documentos de préstamos del propio gobierno).
 

Las cosas se vislumbran difíciles para el IVM y para muchos ciudadanos que dependen de su pensión. Creo que sería peor dejar que el IVM se acabe sin que existan mejores alternativas (me imagino que como las Suiza o de Chile, de cuentas privadas de pensiones). Por eso, los ciudadanos debemos ser conscientes de la situación y, en particular, del cambio demográfico “aplastante,” así como que, si el gobierno no cambia sus políticas económicas hacia el logro de un crecimiento, la situación sólo empeorará con mayor rapidez: quedarse tan sólo mirando lo que pasa y ver cómo se va extinguiendo el sistema del IVM, sólo augura un resultado oscuro

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: que el que viene atrás pague la cuenta

La frase del título, en mi opinión, resume la situación ante la propuesta hecha recientemente para arreglar el faltante actuarial en el régimen del IVM de la Caja de Seguro Social. “Patear la bola hacia adelante” puede ser un titular alternativo. Lo cierto es que el serio problema estructural de nuestro régimen de pensiones de la Caja no se ha resuelto, sino que se le han aplicado parches porosos para aliviar el mal. 

Hay cosas básicas que se deben tener presentes acerca de nuestro régimen de IVM. El primero, -esto en sencillo- es que quienes, como grupo, actualmente cotizan al régimen se supone que generan lo suficiente como para mantener, como grupo, a los pensionados del futuro. La pensión no depende de cuanto haya aportado el eventual beneficiado, sino de cuánto están aportando otros al momento de su retiro. No hay un ligamen entre cuánto puso usted para su pensión y cuánto recibe. Se supone que es una especie de “solidaridad” intergeneracional. 

En segundo lugar, factores claves inciden en la posibilidad de que no se presenten faltantes en los desembolsos por pensiones futuras. Por ejemplo, si la población deja de crecer gradualmente al ritmo que venía –le suelen llamar envejecimiento de las sociedades, como lo que se está dando en muchos países europeos- posiblemente los que, en ese momento en el futuro se pensionen, serán muchos, comparados con los mucho menos que en ese momento estén en edad productiva para aportar para tales pensiones.

Otro ejemplo de este segundo aspecto: que una nación sea muy exitosa, como creo que es el caso de nuestro país, pues la población vive cada vez más años.  A esto se le llama aumento en la esperanza de vida al nacer. Se relaciona en cuanto a que, al llegar el momento de pensionarse -a una edad determinada-, esa persona vivirá pensionada muchos años más de lo que viviría en el momento en que se definieron los aportes para las pensiones. Obviamente, significaba que las personas no vivirían tanto tiempo recibiendo una pensión, contrario de lo que sucede al aumentar la esperanza de vida.

Estos dos factores son parte crucial en la estructura del régimen de pensiones del IVM (y de todo aquel en donde lo que uno recibe de pensión no depende de lo que uno haya aportado, sino de lo que contribuirán generaciones que le sigan).

Asimismo, otro elemento básico es la tasa que se paga en vida laboral -ya sea tanto por la persona, como por la empresa o por todos nosotros por medio del estado- para la pensión de la Caja.   Usualmente se calcula tomando en cuenta los beneficios establecidos, la edad promedio esperada de años de pensión, cuántos meses de cotización, el costo administrativo del sistema, la edad de la pensión, qué porcentaje del salario se recibe como pensión, traslado del beneficio a descendientes del pensionado, pensiones mínimas y topes, entre otros. Esa tasa, que supuestamente permitiría generar los recursos suficientes, también queda sujeta a los cambios de aquellas variables que cité en párrafos previos. 

También, no debemos olvidar que lo que en cierto momento se consideró era la población beneficiaria cubierta por el régimen de pensiones de la Caja, no fue algo inmutable. Por ejemplo, políticamente se decidió otorgar -si es bueno o malo o es la forma apropiada de hacerlo es otro tema- una pensión a mucha gente pobre, que tal vez nunca había aportado al régimen de pensiones y que ahora reciben una especie de transferencia de toda la sociedad hacia ellos, transferencia que es cargada al IVM.

Este no es un trabajo académico exhaustivo de nuestro régimen de pensiones de la Caja, sino que lo que trato es explicar, lo más claro que me es posible, que un sistema que puede ser diseñado financieramente viable para un momento histórico dado, al darse cambios importantes en variables como las citadas anteriormente, exigen que el sistema se replantee en cuanto a si tendrá los recursos suficientes para enfrentar las nuevas obligaciones con los pensionados del futuro.

Para una transformación impostergable, se estableció una “mesa de diálogo” que supliera a la Junta Directiva de la Caja con propuestas de reformas para lograr esa estabilidad financiera. Bueno, ya se han llegado a conocer las propuestas, entre las cuales se destacan (la fuente de información es La Nación del 7 de noviembre en su artículo “Mesa de diálogo propone 33 remiendos en el IVM: 

Recomendaciones para salvarlo del colapso no tocan ni edad ni cuotas.”):
 

1.- Un aumento proporcional de las cuotas, de forma que cada 3 años aumentará en 0.5% (en proporción entre trabajadores, patronos y estado) hasta llegar a un 12.6% en el 2029.
 

2.- Aprobar ley que traslada del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) al IVM recursos por ₡60.000 millones.
 

3.- Aprobar una ley para trasladar ₡25.000 millones del aporte de los trabajadores al Banco Popular (un 0.25% de los salarios) al IVM.
 

4.- Actualmente si el trabajador ha cotizado 240 cuotas y sigue laborando, aumenta su pensión al posponerla. Ahora eso será aplicable sólo después de 300 cuotas.
 

5. Aumentar el rendimiento real del fondo de inversión de las pensiones a un 4.8%.
Quiero hacer un comentario general y luego otros específicos a cada una de estas medidas sugeridas.  

El general es que con la propuesta brindada se sigue encareciendo el costo de la mano de obra formal en la economía, lo que incidirá aún más en una creciente economía subterránea -informal- y, por ende, se abarata relativamente el uso del capital, con lo que, en vez de usarse más el factor relativamente abundante en la economía -el trabajo- se usará más el relativamente más escaso, el capital. Pensemos en el efecto negativo que tendrá en el nivel de empleo. 

En cuanto a aumentar los aportes proporcionales tripartitos un 0.5% cada tres años, lo cierto es que será un tema permanente en la presión de los diferentes grupos involucrados y, entre tanto, en vez de hacer un ajuste debido posiblemente mayor, se escogió el camino de la gradualidad, con lo cual el dolor simplemente ser pospone y que tal vez luego será mayor. (Eso se sí se complace a grupos interesados en que se mantenga el status quo del régimen de pensiones o que la cuenta no la paguen los beneficiados sino la generalidad de los costarricenses).

El traslado de fondos de FODESAF y del Banco Popular al IVM, simplemente es abrir un hueco en otras partes, en donde las presiones políticas probablemente incidirán para crear nuevas cargas que repongan los recursos así trasladados. Premiar la antigüedad con base en un número mayor de cuotas no me parece descabellado.
 

Y, en cuanto al crecimiento real esperado de los fondos de pensión del régimen, me parece que es una claro señal de que no se ha buscado, hasta el momento, el mayor rendimiento posible, tal vez por ineficiencias administrativas, pero lo importante es si es viable obtener ese rendimiento y ojalá mayores, en donde el mercado lo permite. (De paso, las propuestas de la mesa espero que introduzcan propuestas para mejorar la eficiencia del rendimiento del fondo de pensiones).

Lo cierto es que se han dejado intocadas importantes áreas del IVM. Me refiero a la edad de retiro, que se contrapone al hecho de que los costarricenses vivimos cada vez más años, así como al monto de pensión, que obviamente no va a acorde con los aportes personales, sino los que puede brindar el sistema, que incluso castiga a quienes aportan más de lo requerido para las pensiones que se reciben. Tampoco se toma en cuenta los porcentajes que aportan los diversos sectores, trabajadores, empresas y estado.  Sabemos que el estado lo somos todos y es con nuestro aporte, por medio de impuestos, como se financia el estado, para hacer esos pagos.
 

En síntesis: no hay un “arreglo” al problema con el sistema de pensiones del IVM. Sólo se ha aplicado un cataplasma para seguir pateando la bola, para que sean las próximas generaciones las que deban pagar la cuenta verdadera. Mi consejo: que cada trabajador haga lo posible por tener su propio sistema de pensiones voluntarias -por poquito que sea- pues, a cómo está la situación, si no se arregla en serio no habrá pensiones. De paso, se ha dicho que ahora, con las medidas sugeridas, el régimen es estable hasta el 2038. Estoy seguro de que muchos de nosotros y también posiblemente los responsables de haber diseñado esas propuestas, no estaremos vivos para dar la cara cuando las generaciones futuras tengan que pagar las holguras de las actuales y que digan que les cargó el costo de las jaranas de quienes disfrutaron en el pasado pensiones, para las cuales no contribuyeron lo suficiente.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: ¿por qué tantos no aportan a la pensión del IVM?

Por dos razones muy sencillas: unos, porque no quieren y, otros, porque no pueden.  Expondré el porqué de ello, dado que el artículo de La Nación del 15 de marzo, titulado “590.000 personas evaden aporte a pensión del IVM: CCSS las señala como no pobres, profesionales e independientes”, llamó mi atención, al calificarlo como una “evasión” y así lo considera Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja, al señalar que hay una obligación de contribuir a la Caja.

Eso puede ser cierto. No me importa cuál sea el nombre, pues igual se llamó evasor a quien, en ciertos países -como en los Estados Unidos antes de 1973- no aceptaba la conscripción militar obligatoria y prefirió irse a vivir a otro país (usualmente a Canadá), antes que prestar el servicio militar obligadamente.  También hay quienes han huido de sus países, al hacerse insoportables los impuestos –caso reciente el de Francia: muchos franceses salieron de su país por los altos impuestos cargados por el entonces nuevo gobierno de Hollande, tanto que después los rebajó. Ante esto, lo básico es entender ¿por qué hay tantas personas que no aportan al sistema obligatorio de pensiones en el país?

Es posible que, algunos, tal vez profesionales de altos ingresos o personas con riqueza elevada o conexiones internacionales amplias, pueden optar por el beneficio de un sistema de pensiones que les dé más, debiendo aportar menos recursos a éste o bien porque los montos que deben dar localmente no brindan el rendimiento esperado. Prefieren invertirlos en alguna otra actividad que daría una pensión mayor -para cuando sea necesaria- o que cueste menos (por ejemplo, los invierte en algo productivo o en educación o en valores financieros más rentables). Para impedirlo, el estado -la Caja- hace obligatorio aportar: para no darle oportunidad a nadie de escoger su propia forma de tener los recursos necesarios, para cubrir sus necesidades como ancianos.

Igual, otros prefieren no asegurarse en un fondo de pensiones, ya sea porque no les da la gana o porque consideran que lo que el estado les ofrece -en diversas modalidades como la Caja u otros regímenes de pensiones- no es garantía, en su opinión, de que cumplirá con lo ofrecido: considera que los fondos no se manejarán de la mejor manera, llegando a ser insuficientes para cubrir las eventuales pensiones prometidas.

Los que he definido son quienes, en mi opinión, pueden desear no aportar a un régimen de pensiones específicos, pero hay otros -tal vez de mayor relevancia- quienes, aun cuando lo quisieran, no pueden hacerlo por diversas razones, siendo la pobreza una de ellas. En este último caso, lo que tendrían que aportar al régimen de pensión, casi que significaría una ruina aún mayor en sus hogares.

En el periódico se expone que hay 832.000 personas, que no contribuyen al IVM de la Caja. De ellas, hay 85.000 en condiciones de pobreza extrema y 157.000 en pobreza no extrema (pero pobres), ascendiendo el monto no pagado por este grupo a ₡14.000 millones en el 2016. Las restantes 590.000 “califican como no pobres y que son profesionales liberales o trabajadores independientes,” en donde “el 75% de ellos recibe ingresos y se encuentra en plena etapa productiva, pues tiene menos de 50 años de edad.” Este grupo dejó de pagar ₡122.000 millones al IVM en el 2016. En total, 832.000 personas dejaron de pagar ₡137.000 millones en dicho año.

Dado que la población económicamente activa del país o fuerza de trabajo al IV trimestre del 2016 ascendió a 2.28.989 personas, los 832.000 que dejaron de contribuir, equivalen al 36.5% de ese total. Para el gerente financiero de la Caja, “hay mucho trabajador independiente de baja capacidad productiva”, que uno pensaría son parte importante de la economía informal subterránea, a la vez que “hay un crecimiento de empresas y actividades económicas informales que se resisten a contribuir, principalmente en sectores como la agricultura, la construcción y el comercio,” las cuales posiblemente también forman parte de esa economía informal, subterránea. 

La Dirección General de Estadísticas y Censos define al empleo informal como el total de empleos que cumplen las siguientes características, según la posición en el trabajo de la persona: i) Personas asalariadas no inscritas en la seguridad social a través de sus patrones, ii) Ayudantes no remunerados, iii) Trabajadores por cuenta propia y empleadores que tienen empresas no constituidas en sociedad (no inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad y no llevan una contabilidad formal). Es posible considerar que mucho de la falta de pago al IVM, proviene de esos sectores informales o subterráneos de la economía.

Una razón de peso por la cual muchas actividades productivas -individuos o empresas- realizan sus actividades desde la informalidad o subterraneidad, es porque así no se incurre en el costo de cumplir con los onerosos requisitos de las actividades productivas formales. Hay gastos formales desde que se empieza algún negocio, tales como permisos, patentes, requisitos de construcción y de horas laborales, llevar libros de registros, tener contabilidad formal, constitución legal de la entidad, etcétera, pero, también, el pago de impuestos de ventas, a las utilidades, a la propiedad, específicos, entre otros y -relevante para este comentario- el pago de impuestos al salario o a la planilla, por cargas o beneficios sociales, además de salarios mínimos. 

De acuerdo con la Dirección General de Estadísticas y Censos, en el IV trimestre del 2016, la población informal del país ascendió a 922.000 personas, lo cual significó un 44.7% de la población ocupada.

Aquellos factores citados constituyen costos que deben ser cubiertos por la actividad productiva y, si así se diera, posiblemente la actividad productiva no sería rentable. Inciden en una demanda de trabajo menor. Ante ello, muchos oferentes no encuentran empleo. al aumentarse su costo por esas cargas. De aquí que, es posible que acepten laborar ganando “un salario informal,” en donde no hay tales cargas adicionales sobre su costo, pues la alternativa es no tener empleo del todo.

Llama la atención que, entre algunas de las soluciones propuestas ante la insuficiencia de recursos para asegurar la rentabilidad a largo plazo del régimen de pensiones del IVM, se encuentren las de elevar las cuotas patronales o laborales, disminuir el porcentaje del salario que se pagaría como pensión e incluso que se tenga que laborar más años pagando contribuciones -elevar la edad de retiro- todos los cuales encarecen aún más el costo de la formalidad y, por tanto, inducen a que en la economía aumente la actividad productiva informal. Esas soluciones propuestas aumentan el costo de operar en la formalidad: el incentivo es claro para que aumente la informalidad. Al estimular esas medidas una mayor informalidad de las personas y empresas, hará que probablemente sea mayor la cantidad de trabajadores de la población económicamente activa del país, que no contribuirá con el régimen de IVM de la Caja. Tristemente, pero es lo económicamente esperado.

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: CCSS ¿quo vadis?

La noticia es inefable:  La Caja Costarricense de Seguro Social atrasa estudio clave acerca de la salud financiera del IVM (pensiones). ¿Quién es el responsable de tal desatino?

¿Quién asumirá la responsabilidad de los daños ocasionados con tal atraso? 

Desde que en 1978 se aprobó la Ley General de la Administración Pública, se instituyó la figura de la responsabilidad de la Administración Pública y, en lo específico, la responsabilidad personal del funcionario público  (en los ámbitos civil, administrativo y penal).  ¿Será menester demandar para que en la vía contencioso-administrativa se determine quién debe asumir la responsabilidad?

La sociedad costarricense sufre el drama de regímenes de pensiones con cargo al presupuesto que ahogan la economía pública y promueven la desigualdad y el abuso (privilegios inaceptables).

Ahora, además, de conformidad con la Supervisión de Pensiones, se otea un horizonte nada halagüeño para el régimen común, a cargo de la CCSS.  Desde hace rato se vienen apuntando las falencias del conocido IVM (régimen de invalidez, vejez y muerte de la CCSS).    Los administradores de la seguridad social se deshacen en afirmaciones de que todo está bien y no hay porqué alarmarse pero … llegada la hora alguien toma la decisión de no hacer el necesario estudio económico.

No se debe olvidar que el IVM ha ido deteriorándose por causas diversas:  administración e inflación, sumadas a otras cuestiones (que el estudio podría determinar), ponen en peligro el futuro de las pensiones. No hay que olvidar, además, que el IVM también recibe una significativa contribución estatal (además de su contribución como patrono, el Estado debe aportar una tercera parte de los dineros).   Es innegable que es de interés público determinar situación exacta del IVM y ahora resulta que la Administración de la CCSS retrasa tal estudio.  ¡No hay excusa ni justificación válida!  Tal retraso es doloso y pone en riesgo el régimen y las pensiones de la mayoría de los costarricenses.

¿Qué se quiere esconder?  ¿Habrá que ir a los tribunales contencioso-administrativos a dilucidar la situación y las responsabilidades?  ¿Estarán los tribunales en actitud de reconocer la responsabilidad de la administración y la personal de los administradores responsables?

Debemos recordar que el IVM fue concebido como un régimen de capitalización (los aportes se invertirían para generar ingresos) y que los trucos de algunos, la inflación y la administración han terminado convirtiéndole en un régimen de puro reparto.  ¿Hay futuro para las pensiones de la CCSS?  ¿Cuánto nos va a costar sanear el régimen?  ¿Cuáles son las soluciones más racionales y justas?

¡Qué vaina no poder determinar acciones eficaces si la propia Administración de la CCSS retrasa los estudios requeridos!

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: la reforma de nuestros regímenes de pensiones

Tal vez ésta sea una buena ocasión para formular algunas ideas o sugerencias para hacer más equitativos los regímenes de pensiones de nuestro país. El sistema de pensiones suizo podría servir como base para la evolución necesaria del nuestro. Aquel consta, según he podido saber, de tres pilares: El llamado AVS es el primero y es las pensiones básicas estatales de pensión y viudez. El segundo pilar es las pensiones ocupacionales (llamado PP) y el tercero, las pensiones privadas. Una característica esencial del sistema suizo es que siempre ha estado sujeto a un proceso de mejoramiento con base en reformas frecuentes, las cuales se han sometido a un referendo aprobatorio por parte de la ciudadanía de esa nación.

Bajo el primer pilar (AVS), en lo fundamental, las cuotas son obligatorias para todos los mayores de 20 años, que estén trabajando en lo propio o con terceros, o bien que se hayan desempleados. Como los beneficios de este pilar son relativamente modestos, las tasas sobre los ingresos son bajas (8.4% a la fecha) y es pagada a medias entre el trabajador y el patrono. Las pensiones para los hombres se dan a partir de los 65 años y 64 para las mujeres, en cuanto que hayan cotizado por al menos un año. La pensión que se reciba dependerá del promedio de los ingresos y del número de años cotizados. Si no se ha cotizado durante esos 45 años (o 44), la pensión lo será en su parte proporcional. Este pilar se caracteriza por una contribución de más o menos el 10% del salario bruto. A este pilar el gobierno suizo le da un aporte sustancial, de aproximadamente un 20% del fondo total requerido. Quienes no trabajen pagarán, con un tope, de acuerdo con los activos personales que posean. La pensión máxima bajo este pilar es el doble de la pensión mínima que se defina y equivalen a aproximadamente un 20% y un 40%, respectivamente, del promedio de los ingresos. Como podrán observar las pensiones no difieren mucho entre los extremos. Aquellos que con su pensión están por debajo de la línea de pobreza, tienen acceso a ingresos complementarios públicos mediante una comprobación de pruebas de carencia de medios.

En cuanto al segundo pilar (PP), lo más destacable es que opera dentro de las empresas, en donde los empleados que tienen ingresos anuales entre 25.320 y 15.960 francos suizos están obligados a contribuir a dicho plan. La gestión la lleva a cabo un fondo de pensiones de la empresa, un fondo estatal o uno privado y las contribuciones oscilan entre un 9% y un 20% del salario bruto. Las contribuciones aumentan conforme aumente la edad del trabajador. Y las pensiones de los hombres podrán recibirse después de los 65 años y 63 las mujeres. Las pensiones se definen a partir de lo contribuido y de los intereses generados. La pensión plena se recibe si ha habido una contribución constante desde los 25 años hasta la fecha de la jubilación.
Este segundo pilar es sumamente flexible y hay casi total libertad entre las partes para definir los niveles de beneficios y las contribuciones de allí requeridas. Generalmente están orientadas al logro de un capital-objetivo, lo cual se define según ciertas regulaciones gubernamentales, pero en mucho por acuerdo entre las partes (patronos y trabajadores). Con base en ese capital se asume un rendimiento esperado que da lugar a las pensiones esperadas. Lo que genera este pilar, junto con el anterior, ha permitido una tasa de remplazo; esto es, la pensión como porción del ingreso pre-retiro del beneficiario, de entre un 60% a un 70%. Esto es, hay una enorme interrelación entre la operación del segundo pilar y la del primer pilar.

El llamado tercer pilar son las pensiones privadas –totalmente voluntarias- que cada quien puede escoger. Hay beneficios tributarios para los trabajadores bajo esos planes: las contribuciones son deducibles del impuesto sobre la renta y sólo pagan impuestos cuando se cobran, pero los intereses generados no pagan impuestos.

Francamente no sé qué hasta qué grado podría adoptarse un sistema como el suizo para Costa Rica, pero, aparte de parecer mucho mejor que los de otros países, como el nuestro, sí me atrevo a señalar que se podrían dar los siguientes pasos para buscar algún grado de mayor equidad en nuestros actuales diversos sistemas. La reciente exhibición ante los ojos del público de las pensiones tan dispares y evidentemente desproporcionadas bajo los sistemas conocidos como de privilegio; esto es, aquellos dependientes del presupuesto gubernamental y que son diferentes de los de la Caja Costarricense de Seguro Social, se ha constituido en el principal impulsor de la reforma necesaria.

No debe considerarse como una pensión de privilegio aquella que recibe un ciudadano que haya contribuido lo suficiente durante su vida laboral. Ese monto dependerá de lo que la persona haya aportado al sistema más los intereses que con esos recursos logra el administrador del fondo de pensiones. Será considerada como una pensión de privilegio aquella que se le paga a alguna persona que no haya contribuido lo suficiente ni generado los intereses correspondientes, como para cubrir su pensión. Usualmente ese descubrimiento o insuficiencia diferencial es pagado por toda la ciudadanía, por la vía de los presupuestos gubernamentales. Es cierto que algunos de esos regímenes, al momento, no han presentado problemas de insuficiencia, pero actuarialmente bien podrían estarlos sufriendo ya y con certeza en un futuro no muy lejano. Desde hace buen tiempo la Superintendencia de Pensiones ya lo ha señalado y es poco lo que en el país se ha hecho para garantizar la solvencia de los sistemas de pensiones, de manera que eventualmente no se tenga que recurrir a fondos públicos para cubrir el faltante.

Son notorias las pensiones “abusivas” o de “privilegio” en ciertos sistemas, como el del Magisterio, el del Poder Judicial, el de los Diputados, el de los Expresidentes, el de Hacienda –lo que aún queda de él- entre otros menores, las cuales deben ser readecuadas. Una posibilidad es que se cobre un tributo elevado gradual a las pensiones definitivamente altas, de manera que el neto percibido sea más cercano a lo que se puede considerar como deseable, pero su naturaleza casi confiscatoria podría ser cuestionada exitosamente en los tribunales. También es urgente que, desde ya, se congelen todas las nuevas pensiones de privilegio que se presenten ante las administraciones correspondientes, tal como aparentemente ha venido haciéndolo el sistema de pensiones del magisterio. Esa política muy posiblemente también podría requerir de reformas legales pertinentes, pero es indispensable proceder en ese sentido en las instancias legislativas, y no dejarlo a la posible interpretación de las autoridades judiciales, como ha venido sucediendo afortunadamente, pero no se sabe por cuánto tiempo más.

Otro punto importante es la queja que han esbozado algunos en contra de la “herencia” de las pensiones, ya sea al esposo o esposa o a los hijos menores de 18 años, cuando fallece el beneficiario principal de las pensiones. Obviamente que, en el caso de los regímenes de privilegio, también la medida restrictiva debe aplicarse en los términos que se han venido sugiriendo, pero no me parece que se deba aplicar en el caso de aquellos regímenes de pensiones que no poseen privilegios, al contrario de aquellas otras pensiones. Me parece que la fundamentación histórica de ese tratamiento se origina en que el beneficiario de la pensión es el responsable principal de la generación de ingresos en los hogares. Por ello, se busca la prevención de la sanidad económica de la unidad familiar en caso de la desaparición del pensionado.

Estos son algunos comentarios iniciales y tentativos que uno esperaría podrían ser útiles en lo que parece será un tema que los ciudadanos tendremos que encarar en los próximos meses. No creo que ni los gloriosos triunfos del momento de nuestra selección, ni el mantra de que en Costa Rica “no hay escándalo que dure tres días”, constituyen un óbice para que los ciudadanos no tengamos presente el notorio abuso con nuestros recursos públicos, que significan esos regímenes de pensiones de privilegio. Lo que se requiere, de inmediato, es evolucionar hacia sistemas más justos, auto-sostenibles y en donde la pensión esté íntimamente relacionada con los aportes que el ciudadano ha llevado a cabo durante su vida laboral productiva. Es lo indispensable para poder asegurar un sistema justo de pensiones para las generaciones que vienen detrás de nosotros, así como para evitar que funcionarios públicos continúen con esa gollería totalmente inequitativa e injusta, pues son ellos los principales beneficiarios de nuestro actualmente desordenado sistema de pensiones.

Jorge Corrales Quesada