En los últimos tiempos, nuestro país ha avanzado en el insensato rumbo de prohibir la explotación de las riquezas naturales que tiene. Luego del escándalo con Crucitas, donde un grupo de ambientalistas retrógrados hizo huelga frente a Casa Presidencial y que un
Tribunal contencioso-administrativo fallara contra esa empresa y su actividad, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que impide la minería a cielo abierto, impulsada tanto por el Frente Amplio como por el endeble, cobarde y poco sesudo Poder Ejecutivo.
Recientemente, la posibilidad de que una empresa exigiera, en virtud de acuerdos comerciales previamente incorporados al ordenamiento jurídico, la oportunidad de conseguir una concesión para desarrollar la exploración y explotación petrolera en Costa Rica, asustó a más de un ambientalista. No faltaron las voces de odio, pasión y con tufo colectivista, que se levantaron contra tal propuesta. "Costa Rica es un país verde", "No a la ambición capitalista", "Sí a la vida" fueron algunas de las consignas que se escucharon. Y por supuesto, la torpe Administración Chinchilla Miranda, ha comenzado a reaccionar. Doña Laura salió a los medios diciendo que Costa Rica era un país que quería avanzar hacia el conservacionismo, la carbono neutralidad y un sinnúmero de paparruchadas, por lo que se posicionaba contra el petróleo. Los idiotas, por supuesto, aplaudieron felices.
Estas personas, incluyendo una gran cantidad de políticos, no se dan cuenta de que sus propuestas conservacionistas causan un gran daño. Creen que la tierra hay que mantenerla cual vergel inmaculado, que no se puede tocar ni la pata de una hormiga, ni el musgo de las piedras. Piensan que así, el mundo será un mejor lugar para vivir. Piensan -si el término les es aplicable- que impidiendo que un país explote sus propios recursos, se puede lograr el desarrollo.
Estas personas son, en su mayoría, no solo proteccionistas del ambiente, sino también en el campo ambiental. Sus consignas son las del "comercio justo" y otras barbaridades sustentadas en la errónea creencia de que hay que evitar que la producción local compita con la externa, de forma que justifican los aranceles altos como mecanismo de fortalecimiento de la industria interna. Claman por obligar a los costarricenses a pagar considerables sobreprecios en el arroz, el azúcar y otros productos, con la tonta excusa de que así se garantiza la seguridad alimentaria. Ven a la importación como algo negativo, como si adquirir bienes y servicios de diferentes características y a precios más accesibles fuera un pecado que hay que erradicar a punta de trabas y aranceles.
Lo curioso es que, entratándose del petróleo, sus premisas cambian. Ya no piensan en el desarrollo de una "industria interna" sino que están a favor de la importación. Desean que los costarricenses tengamos que adquirir un petróleo caro y nos niegan la posibilidad de explorar si en nuestro subsuelo, existe esa sustancia, condenándonos a seguir manteniendo a una institución tan ineficiente e injustificable como RECOPE.
Un país que se niegue, a sí mismo, la posibilidad de investigar si posee recursos naturales y explotarlos para su beneficio, no puede tener un buen futuro. Un Gobierno que cree que hay que impedir que los individuos inviertan, desarrollen proyectos productivos, busquen hacer más eficientes los procesos, generen empleo y riqueza, no puede ser un buen Gobierno.
Costa Rica necesita abandonar las premisas pasionales, las ideas de que la naturaleza no se puede tocar y avanzar hacia esquemas donde las personas puedan utilizar los recursos naturales, de acuerdo con reglas claras y que, sobre todo, contemplen los derechos de propiedad. Porque sólo así se podrá lograr que los eventuales riesgos de una actividad económica sean interiorizados por sus propietarios, sin trasladárselos al resto de los ciudadanos.
Quizá si fuera posible la exploración y explotación tanto de petróleo como de cualquier otro recurso natural abundante, nos quitaríamos de encima estupideces como la restricción vehícular.
Tribunal contencioso-administrativo fallara contra esa empresa y su actividad, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que impide la minería a cielo abierto, impulsada tanto por el Frente Amplio como por el endeble, cobarde y poco sesudo Poder Ejecutivo.
Recientemente, la posibilidad de que una empresa exigiera, en virtud de acuerdos comerciales previamente incorporados al ordenamiento jurídico, la oportunidad de conseguir una concesión para desarrollar la exploración y explotación petrolera en Costa Rica, asustó a más de un ambientalista. No faltaron las voces de odio, pasión y con tufo colectivista, que se levantaron contra tal propuesta. "Costa Rica es un país verde", "No a la ambición capitalista", "Sí a la vida" fueron algunas de las consignas que se escucharon. Y por supuesto, la torpe Administración Chinchilla Miranda, ha comenzado a reaccionar. Doña Laura salió a los medios diciendo que Costa Rica era un país que quería avanzar hacia el conservacionismo, la carbono neutralidad y un sinnúmero de paparruchadas, por lo que se posicionaba contra el petróleo. Los idiotas, por supuesto, aplaudieron felices.
Estas personas, incluyendo una gran cantidad de políticos, no se dan cuenta de que sus propuestas conservacionistas causan un gran daño. Creen que la tierra hay que mantenerla cual vergel inmaculado, que no se puede tocar ni la pata de una hormiga, ni el musgo de las piedras. Piensan que así, el mundo será un mejor lugar para vivir. Piensan -si el término les es aplicable- que impidiendo que un país explote sus propios recursos, se puede lograr el desarrollo.
Estas personas son, en su mayoría, no solo proteccionistas del ambiente, sino también en el campo ambiental. Sus consignas son las del "comercio justo" y otras barbaridades sustentadas en la errónea creencia de que hay que evitar que la producción local compita con la externa, de forma que justifican los aranceles altos como mecanismo de fortalecimiento de la industria interna. Claman por obligar a los costarricenses a pagar considerables sobreprecios en el arroz, el azúcar y otros productos, con la tonta excusa de que así se garantiza la seguridad alimentaria. Ven a la importación como algo negativo, como si adquirir bienes y servicios de diferentes características y a precios más accesibles fuera un pecado que hay que erradicar a punta de trabas y aranceles.
Lo curioso es que, entratándose del petróleo, sus premisas cambian. Ya no piensan en el desarrollo de una "industria interna" sino que están a favor de la importación. Desean que los costarricenses tengamos que adquirir un petróleo caro y nos niegan la posibilidad de explorar si en nuestro subsuelo, existe esa sustancia, condenándonos a seguir manteniendo a una institución tan ineficiente e injustificable como RECOPE.
Un país que se niegue, a sí mismo, la posibilidad de investigar si posee recursos naturales y explotarlos para su beneficio, no puede tener un buen futuro. Un Gobierno que cree que hay que impedir que los individuos inviertan, desarrollen proyectos productivos, busquen hacer más eficientes los procesos, generen empleo y riqueza, no puede ser un buen Gobierno.
Costa Rica necesita abandonar las premisas pasionales, las ideas de que la naturaleza no se puede tocar y avanzar hacia esquemas donde las personas puedan utilizar los recursos naturales, de acuerdo con reglas claras y que, sobre todo, contemplen los derechos de propiedad. Porque sólo así se podrá lograr que los eventuales riesgos de una actividad económica sean interiorizados por sus propietarios, sin trasladárselos al resto de los ciudadanos.
Quizá si fuera posible la exploración y explotación tanto de petróleo como de cualquier otro recurso natural abundante, nos quitaríamos de encima estupideces como la restricción vehícular.
