La columna de Carlos Federico Smith: un serio problema de financiamiento de la educación pública

Un reciente informe de la Contraloría General de la República señala que, en el 2018, el país dedicó ¢2.6 millones de millones a financiar la educación estatal, monto que equivale al 7.7% del PIB. De esa suma, ¢700 mil millones -casi un 27%- se financió con las recaudaciones de impuestos del gobierno, mientras que, para financiar el 73% restante (¢1.9 millones de millones), se ha acudido al endeudamiento mediante bonos del estado. Esto se indica en un comentario de La Nación del 28 de diciembre (nada de analogías simbólicas con el Día de los Inocentes), bajo el encabezado “Gobierno financia con deuda 73% del gasto en educación.”

El endeudamiento es considerado por un funcionario de la Contraloría como que, en sí, no es un problema, pero, la realidad es que sí es un problema endeudarse a futuro, pues, al final de cuentas, deberá ser cubierto y con intereses, por los contribuyentes. Además, ese endeudamiento tan elevado del estado desplaza recursos que podrían dedicarse a actividades productivas privadas, las que deben generar un rendimiento superior a su costo a fin de cubrir tal endeudamiento. Está en lo correcto ese mismo funcionario en cuanto a que, desde su punto de vista, “el problema es cuando el endeudamiento está ligado a partidas que crecen inercialmente,” como es el conocido caso del financiamiento de la educación pública en un porcentaje del PIB, sin tomar en cuenta los objetivos y los resultados comparativos de los fondos que se dedican a esas actividades.

Además de que esa práctica, en criterio de la Contraloría, “nos puede poner en una situación de poca sostenibilidad financiera,” a lo cual hay que agregar que, ante la elevada demanda actual de recursos prestables que ejerce el estado, eso se refleja en tasas de interés mayores y en plazos menores, lo que impone limitaciones más duras a la consecución de recursos destinados al ministerio de Educación (MEP). Eso se ha visto recientemente con atrasos a desembolsos de Hacienda para los comedores escolares y los programas de becas.
 

En adición, atinadamente la Contraloría señala que se debe tomar en cuenta el hecho de que ha ido bajando la tasa de crecimiento de la población escolar, pues, por ejemplo, el número de niños en escuelas se redujo de 513.805 alumnos en el 2007 a 443.291 en el 2017. El reportaje no indica si es toda la población escolar o bien sólo de la pública, aunque parece ser esto último, pues podría ser que la reducción de la población total escolar no haya sido tanta, sino que aumentara la demanda de escuelas privadas. Pero, esto es muy posible que eso no sea así y que, en general, está declinando con esa fuerza el número de escolares de primaria.

Señala el medio que “en ese mismo período el presupuesto del MEP casi se cuadruplicó al pasar de ¢676.659 millones a ¢2.6 millones de millones (en el 2018), al tiempo que la cantidad de docentes aumentó en 25.000” y se estima que, de seguir igual el crecimiento del financiamiento esperado “alcanzaría los ¢5 millones de millones para el 2030.” Todo esto es una clara advertencia de que es indispensable revisar el gasto y el financiamiento del sistema educativo público.

Pero hay más. A pesar de que se tiene menos estudiantes y, contrariamente, más maestros y más plata gastada o “invertida” en educación pública, el rendimiento de esa “inversión” no ha mejorado. El medio señala tres fuentes de esto. Una es el llamado Informe del Estado de la Educación que señaló, según el artículo referido, que “los escolares ticos se ubican apenas en los niveles más bajos de desempeño en áreas como Español, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias.”
 

Otra fuente es el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (llamadas pruebas PISA), pues, según el medio, “Costa Rica retrocedió [en el 2015] en el rendimiento en Matemáticas, Ciencias y Lectura, con respecto a las pruebas del 2012.”
 

Y, en tercer término, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), indicó, según La Nación, que “el país invierte más en educación que los 35 países miembros de la organización, la cual incluye naciones como Finlandia o Alemania” y que “esa inversión no se refleja en el desempeño de los estudiantes.”
 

O sea, no es tanto un asunto de cuánta plata se dedica a la educación pública, como que existe un serio problema estructural de la calidad de los resultados de esa inversión. Por tanto, creo que está muy desorientada en su apreciación doña Ivannia García, jefa de despacho de MIDEPLAN, quien indica que, con los aumentos de impuestos y mejora en la recaudación -todo derivado del paquete tributario recién aprobado- “van a hacer que la carga tributaria aumente y con el tiempo vamos a ir teniendo ingresos sanos y vamos a ir reduciendo el porcentaje del presupuesto que se destina vía endeudamiento,” pues no se trata de echar más plata “sana,” no proveniente de “deuda,” para asegurarse que mejore nuestro sistema educativo estatal. Más plata no parece resolver la baja calidad de la educación pública: cada año se destinan más y más recursos a ella y los resultados no mejoran.
 

Es hora de cuestionar el actual sistema educativo estatal, tal vez buscando imitar a los suecos -sistema que muchos admiran- país en donde a los padres de familia se les da dinero del gobierno (el equivalente del que hoy aportamos todos nosotros y que lo gasta el MEP) para que los usen en pagar el costo de la educación en escuelas privadas o públicas, según a aquellos les parezca. La introducción de competencia que esa propuesta genera, crearía un enorme incentivo para que las escuelas reduzcan gastos y mejoren las técnicas de enseñanza, pues deben demostrar buenos resultados; de no ser así, el consumidor (los ciudadanos padres de familia y sus hijos) cambiarían de centro educativo.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: la realidad ante las pensiones de la Caja

Trataré de no ser muy complicado en un tema que tiene ribetes de serlo, como es el caso del principal sistema de pensiones del país, el IVM de la Caja de Seguro Social.
 

Para empezar, empiezo por explicar que el actual IVM es un sistema de pensiones llamado de reparto, lo que quiere decir que la pensión que terminará recibiendo la persona no depende de sus propias contribuciones al sistema, sino de los aportes de otros. Esto es, lo que hoy algunos están recibiendo por pensiones es cubierto por el aporte que hoy están haciendo trabajadores, empresas y ciudadanos, en general, por medio del estado. Eso es igual a como en el pasado también lo hicieron los actuales pensionados, que aportaron por muchos años para sufragar las pensiones de los pensionados de aquel entonces.
 

De ello surgen varios problemas, entre otros, que aparecen mencionados en un artículo de La Nación del 17 de diciembre del 2018, titulado “CCSS evalúa reducir monto de nuevas pensiones por vejez.” Me referiré a algunos de esos problemas.
 

Cuando se instauró el sistema de pensiones del IVM, la esperanza de vida de las personas en el país podría andar por ahí de los 55 años, más o menos. (Note que estos datos que menciono son aproximados y obtenidos de diversas fuentes: su exactitud no es un obstáculo para para explicar la idea). Conceptualmente, en ese sistema el trabajador aportaba más o menos durante 30 años de su trabajo y se pensionaba, si era hombre, a los 60 años y, si era mujer, a una menor edad, lo cual, de hecho, es discriminatorio. En todo caso, se consideraba que el trabajador viviría poco tiempo como pensionado, dada la baja esperanza de vida de ese entonces.
 

Afortunadamente, la sociedad costarricense se ha beneficiado mucho con el avance de la medicina y el cuidado de la salud: hoy un hombre esperaría vivir en unos 78 años y una mujer 83, dando una esperanza de vida promedio del costarricense de alrededor de 81 años. Y, dado que la edad promedio para pensionarse en el IVM en la actualidad es de 65 años para los hombres y de 60 las mujeres, eso significaría que hoy los hombres esperarían vivir 13 años como pensionados y las mujeres 23 años (de nuevo, sigue la discriminación contra el hombre, pues vive menos años como pensionado y, más bien, cotiza por más años de vida laboral). En todo caso, hombre o mujer, conforme pasa el tiempo los costarricenses viven más años como pensionados.
 

Este efecto demográfico ha significado que, en diversas ocasiones de existencia del IVM. se haya tenido que aumentar la edad laboral (años de cotizaciones) y la edad para pensionarse, a fin de enfrentar pensiones más duraderas.
 

Hay otro problema más que debemos tener en cuenta y es el tamaño de la población que aporta cada año al IVM, con respecto a la población que se pensiona cada año. Recuerden que la población trabajadora actual paga las pensiones de los pensionados ya existentes y que los primeros recibirán su pensión con el aporte de las generaciones que en ese momento estarán trabajando.
 

Leía hace poco, en un artículo sobre la situación actual en Francia (“Arde París”) que una de las serias inquietudes de los franceses era el futuro de sus pensiones -allá, igual que aquí, hay un sistema de reparto, Dado que, como cada generación paga por la pensión de la generación previa, se supone que ese país debería tener “como mínimo, una tasa de nacimientos con un nivel de reemplazo de 2.1 hijos por cada mujer.” Pero al momento, ese número necesario para su reproducción en Francia “está acercándose a 1.88,” a lo que se une que en ese país los costos altos de sus programas de bienestar hacen que la población de muchos hogares, “reduce la voluntad de… tener más de dos hijos. Simplemente no pueden mantenerlos.” Pensemos si no está pasando algo igual en el país como lo indican los datos de cada vez menos hijos por familia y que las parejas se casan a mayor edad que antes.
 

El nivel de reemplazo de nuestro país fue de 1.67 en el 2017, “bastante por debajo de los 2.10 del nivel de reemplazo,” según señaló el destacado estudioso de la demografía nacional, don Luis Rosero Bixby, de la Universidad de Costa Rica. En dos palabras, no se está sosteniendo el reemplazo intergeneracional necesario para la sostenibilidad del sistema de pensiones del IVM.
 

Esto va acorde con lo que señala el medio citado acerca de un estudio actuarial del fondo de reservas del IVM: en el 2032 “comenzará a consumir sus reservas, pues sus ingresos son insuficientes para pagar las pensiones, y que se agotará en el 2038.” Aunque a algunos les podría parecer que “falta mucho rato para que se agote,” sería un grave error no actuar ahora, a tiempo, como bien lo podría explicar cualquier actuario. Se deben tomar ya medidas, si se quiere que continúe el actual régimen de repartición de la Caja y sin que haya daños sumamente graves.
 

Entre las soluciones que la Caja está considerando están las siguientes: (1) reducir el monto de la pensión por vejez, que hoy es del 60% del salario promedio de referencia, a uno del 55%, para pensiones del futuro; (2) hoy la pensión más baja no puede ser menor al 50% del salario mínimo y se propone reducirla al 40%, para los pensionados futuros y (3) que la cotización de las tres partes (trabajador, empleado y estado) ya definida para que aumente del 10.16% actual  a un 10.66 en el 2020, se adelante para el 2019.
 

No obstante, la información que presenta el medio es confusa, pues, según un cuadro adjunto a dicha publicación, se señala que, como se explicó en el punto 3 arriba, el aumento en la cotización tripartita pasaría de un 10.16% a un 10.66% en el 2019 en vez del 2020. Pero, por otra parte, en el texto señala lo siguiente: “Con el cambio, los trabajadores cotizarán 3.84% en vez del 2.84% actual; los patronos, 5.25% en vez de 5.08%; y el Estado, 1.41% del 1.24%.” Si sumamos esos tres partícipes de la contribución tripartita actual, nos da un 9.16% (y en el cuadro se lee que se sube del 10.16% actual), lo que la elevaría a un 10.50% (1% más del aporte del trabajador; un 0.17% del patrono y otro 0.17% del Estado) en el 2020.
 

Este es un breve resumen de algunos de los problemas que encara en el futuro el actual sistema de pensiones del IVM. Sólo digo que la realidad es inevitable y que, tal como están las cosas, el sistema de pensiones actual es inviable a cierto plazo y que, si se desea conservarlo, son inevitables reformas como las señaladas y pronto.



Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: da vergüenza

Uno de los sistemas de pensiones de lujo es el llamado de exdiputados (por supuesto, no de todos los que han sido diputados, pues, por ejemplo, los hay quienes reciben sus pensiones del IVM de la Caja), pues no han cotizado lo suficiente para recibir los montos que bajo aquel esquema se les pagan y que se cargan al presupuesto nacional; esto es, provienen de aportes tributarios que los ciudadanos hacemos para el gasto del gobierno. 

Resulta que esos exdiputados, herederos y otros, han planteado diversos recursos ante la Sala Constitucional, básicamente para que se les restablezca un privilegio por el que cada año dichas pensiones aumentaban en un 30%. Dicho plus se creó durante la administración Monge Álvarez, en noviembre de 1985, con una reforma a la Ley de Pensiones de Hacienda, pero, en 1992, ante una evidente injusticia de ese aumento anual automático descomunal y desproporcionado, mediante la Ley de creación del Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional, se quitó esa prebenda y se determinó que ellas aumentaran conformes con la inflación anual. 

Pero, con el cuento de que ese era un derecho adquirido en 1993, la Sala IV lo restituyó (derecho no; privilegio sí. No es un derecho pues no todos los tenemos, y sí un privilegio, pues beneficia a unos pocos a cargo de todos los ciudadanos contribuyentes). Con posterioridad, a esas pensiones se les puso un tope igual al salario de los diputados, que hoy asciende a ¢4 millones, y rige sólo para algunos exdiputados. No obstante, en el 2016 se eliminó el privilegio del aumento del 30% anual y en este momento se plantea la legalidad de esa decisión ante la Sala IV. A la fecha, hay 31 acciones de ex diputados vivos y 3 fallecidos, para que se restaure ese privilegio.

No me interesan los nombres de las 51 personas que presentaron sus casos ante la Sala IV, que van desde exdiputados (34), herederos (3) y otras personas (14), mencionadas en el artículo de La Nación del 3 de diciembre, titulado “Exdiputados reclaman alza del 30% anual en pensiones.” Pero, hay cosas que valen la pena reseñar:

1. Proceden de muchos (10) partidos políticos (vigentes y desaparecidos): el mayor número de diputados vivos proviene de Liberación Nacional, con 13 exdiputados; le siguen 6 de la Coalición Unidad; 3 del partido Unidad; 2 de Unificación Nacional; 2 del Republicano Nacional y 1 de cada uno de los siguientes partidos: Demócrata, Demócrata Cristiano, Unificación Nacional, Unidad Socialcristiana y Renovación Democrática. Los hay de todos colores…
 

De esos, el que tiene la mayor pensión bruta asciende a ¢8.1 millones al mes y neta -o sea, después de impuestos- de ¢3.6 millones y quien tiene la menor pensión bruta es de ¢3.4 y ¢2.2 millones de la neta. De ellos, la gran mayoría (77%) tiene una pensión bruta superior a ¢7.5 millones y una neta superior a ¢2.2 millones.
 

2. Además de esos exdiputados accionantes, hay otras personas (17), entre ellas 3 herederos (viudas o hijos) y otras 14 “cuya relación [ese] medio no pudo precisar” y de los cuales 5 ya han fallecido.
 

3. De aquellos 31 diputados, a 6 se les aplica el tope de ¢2.7 millones, por lo que sus pensiones netas se verían determinadas por ese tope.
 

4- El total del pago de las pensiones brutas de esos exdiputados asciende a ¢230 millones brutos cada mes y a un total mensual neto de ¢104 millones. 

Si se restituyera el privilegio del aumento anual del 30% a las pensiones de los exdiputados que presentaron recursos ante la Sala Constitucional, en el curso de 5 años la pensión bruta mayor actual de ¢8.1 millones al mes se elevaría a ¢30 millones.
 

Además de la petición de restaurar el crecimiento anual del 30%, como parte de los diversos recursos legales, se pide la abolición de la contribución solidaria para las pensiones superiores a ¢2.7 millones, contribución que oscila entre un 25% y un 75% del exceso sobre esa suma. También, se pide eliminar el impuesto del 9% a esas pensiones de lujo y la posibilidad establecida de que ese impuesto aumente hasta un 16%, volviendo así a un 7%. Y se oponen a que la pensión se herede tan sólo a los hijos de ex beneficiarios que tengan 65 o más años.

La pregunta de siempre es si esos los actuales beneficiarios de esas pensiones de lujo cotizaron lo suficiente para recibir las pensiones, pues incluso las netas hoy vigentes son muy superiores, si se comparan con la máxima de la Caja del Seguro Social cuyo tope es de ¢1.44 millones al mes.
 

Tan sólo pido sabiduría a la Sala Constitucional para que definitivamente termine con esta injusticia, que se ha venido cargando, y aún se carga, sobre las espaldas de todos los ciudadanos contribuyentes.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: ¿Qué será de JAPDEVA?

Casi que me imagino a JAPDEVA con un futuro similar a lo sucedido con el Consejo Nacional de Producción (CNP): dejó de tener funciones y, lo que es lógico, que se hubiera cerrado no se hizo, sino que se le buscó “algo” por hacer. Se inventó que, obligatoriamente, los entes estatales que compraran alimentos lo hicieran mediante un intermediario, el CNP, con lo cual la burocracia innecesaria siguió diz que laborando.

JAPDEVA va por el mismo camino. Resulta que, como parte de la concesión que se le otorgó a la empresa portuaria APM Terminals, esa firma le debe girar a JAPDEVA un 7.5% de los ingresos brutos de su operación y se estima que, tan sólo en primer año, asciendería a $20 millones y que, durante la concesión que dura 30 años, JAPDEVA recibiría casi $1.000 millones. Se supone que esos montos se reinvertirían (palabra mágica, pues bajo ella se suele meter todo tipo de gastos gubernamentales, no sólo de inversión sino los corrientes) en “el desarrollo de la provincia de Limón.”

La información proviene del artículo titulado “Gobierno manejará fondo para Limón por inacción de JAPDEVA,” que aparece en La Nación del 6 de diciembre. Al firmarse la concesión hace seis años, se decidió que JAPDEVA establecería un fideicomiso para su manejo y la formulación del plan de inversión en proyectos con esos recursos. Hasta la fecha, ni uno ni el otro.

Pero, hay más. Al entrar a operar el nuevo puerto de Moín, el gobierno desde hace unos tres meses buscó trasladar a 600 trabajadores de JAPDEVA, pues su labor ya no sería necesaria, hacia otras instituciones públicas (por qué no a actividades privadas, mediando el debido pago por cesación de trabajo), con lo que, conceptualmente, se mantendría invariable la planilla gubernamental total. Los empleados actuales de JAPDEVA son 1.230 y, al momento, sólo 90; o sea, un 15% de los que se pretendía movilizar (un 7% de la planilla total de JAPDEVA), acepté el traslado. Lo crucial es que no haya un exceso de empleo en JAPDEVA, más allá del necesario para seguir haciendo lo que hará ante la entrada del nuevo puerto. Los gastos de una burocracia en exceso recaen sobre las espaldas de los ciudadanos contribuyentes. La empleomanía no es gratuita, tiene un costo para la sociedad.

Todavía hay más. Supuestamente, para modernizar al antiguo muelle de JAPDEVA se invirtieron $16 millones en dos grúas pórticas traídas de China (ojalá no nos vaya a ir igual con el tren eléctrico del Valle Central), que se instalaron en agosto del 2017, pero sufrieron daños eléctricos que las paralizaron hasta febrero del 2018 y, poco después, en junio de ese año, una de las nuevas grúas se varó por seis meses, por lo que hasta hace poco volvió a operar. Lo interesante es que “para adquirir el equipo portuario, JAPDEVA consumió los fondos que dejó presupuestado el gobierno de Laura Chinchilla, para liquidar a 900 trabajadores del muelle estatal, a raíz de la pérdida de carga.” O sea, JAPDEVA se gastó los fondos reservados para pagar las prestaciones a los trabajadores, cuyo trabajo ya no más se necesitaría.

De paso, estas dos nuevas grúas operan a menos del 50% del rendimiento esperado al ser compradas. Obviamente, de una u otra forma, seremos los ciudadanos quienes pagaremos todo eso. Y, como dato, ahora que están de modas las pérdidas, en el 2017 JAPDEVA tuvo pérdidas por ¢4.134 millones, lo que no es nada de extrañar, pues ya por cinco años consecutivos no había obtenido ganancias (supongo que, al tener pérdidas, tampoco ha pagado impuestos sobre la renta). Pero, en apariencias, JAPDEVA seguirá operando con todo el personal de antes. No duden de que habrá mayores pérdidas para la sociedad.

Jorge Corrales Quesada