La columna de Carlos Federico Smith: trámites excesivos y absurdos

Con suma frecuencia uno escucha, ante cierta situación que no le place a alguien, decir que es necesario introducir regulaciones estatales para que no siga sucediendo, no se presente más o que simplemente cambie en el sentido deseado por quien solicita la regulación. Acuden a que el Estado intervenga en múltiples esferas, ambientes y órdenes: tal petición parte de que hay una capacidad especial del Estado, no sólo para interpretar correctamente las cosas (un burócrata diría en un curso universitario, que el Estado interpreta mejor la realidad nacional), sino para que sean tomadas las medidas correctivas requeridas.

Pero lo opuesto suele ser lo contrario: en el Estado no se dispone del conocimiento necesario, que si es factible encontrar en un orden de libertad o de mercado, en donde el conocimiento es distribuido entre muchísimos y, por tanto, la gente se especializa en saber lo que le interesa. El Estado nunca es capaz de saber en detalle lo que los individuos sí pueden saber en un orden en el cual se intercambia el conocimiento, que usualmente se traduce en precios que informan en un mercado. Este tema lo conocemos los liberales como la imposibilidad del cálculo en la economía de decisión centralizada, en contraste con el que surge en una economía descentralizada de mercado.

Pero aún, ante tal incapacidad natural, abundan las peticiones para que el Estado intervenga en cuanta cosa se le puede ocurrir a algunos. Por ello llama la atención lo que dijo la Presidenta Chinchilla en la inauguración de la construcción de viviendas en Nueva Cinchona, zona azotada por un terremoto hace relativamente poco tiempo. Como recordarán, hubo un gran esfuerzo de muchas personas, físicas y jurídicas, que recogieron fondos para que se desarrollara un programa de vivienda para la familias que perdieron sus casas por el terremoto. El caso es que ha pasado más de un año y medio para que con esos recursos principalmente “privados” se pudiera empezar a construirlas. Doña Laura señaló que ello “nos mostró lo absurdos que se pueden volver los procedimientos cuando se desconoce la necesidad de muchos costarricenses.”

Lo sorprendente no es la queja, que mucho la conocemos todos los costarricenses, sino que sea ella quien la formule, cuando lo que más bien podría esperarse de la Presidenta, justificadamente molesta por la actuación burocrática, es una decisión tajante de eliminar esas trabas impuestas por el Estado, del cual una parte primordial es el Poder Ejecutivo que ella preside. ¿Por qué simplemente, en vez de quejarse, no da órdenes a sus subalternos y ad lateres de eliminar o variar significativamente los procedimientos actuales para hacerlos más expeditos? Se me ocurren tres posibles explicaciones de ello, aunque podría haber otras:

1. que no tiene ni la más mínima idea de cómo actuar ante las circunstancias que ella misma expone, con lo cual no nos queda posiblemente nada más que seguir esperando a que se dé cuenta de que ella “gobierna”;

2. que apenas está insinuando sus órdenes a la burocracia, lo cual debía alegrarnos, pero hay que pedirle a doña Laura que no lo exprese tan etéreamente, sino que les ordene empezar a actuar de inmediato en tal sentido , para que conozcan “la necesidad de muchos costarricenses”, pero que también porque tales regulaciones tienen enormes costos para la ciudadanía y:

3. que su queja ante esos procedimientos “absurdos” debe ser tomada como una orden, lo cual nos podría muy contentos, pero al mismo tiempo nos mueve a contar los días para ver resultados concretos. Ya hemos escuchado amplias promesas en tal sentido. Es más, a inicios de su gobierno. anunció que algo primordial sería la eliminación de trabas y obstáculos burocráticos que, en muy diversos sentidos, afectan a toda la población.

Como aún no he visto resultado alguno, por las razones que sean, hoy, arrastrando los pies, me inclino por esta última explicación de la conducta presidencial, pero le ruego al lector que dentro de un tiempo me recuerde si ha habido algo al respecto, para, muy posiblemente, enfrentarme con la realidad: en verdad dentro del Estado lo que importa es ver cómo se regula a las personas, en tanto ello les de poder a los burócratas.

Jorge Corrales

Tema Polémico: vivienda ¿digna?

En los últimos días se ha anunciado que un grupo de precaristas marchará hasta la Presidencia de la República para exigir vivienda digna. Este tipo de acciones no pueden más que causarnos tremenda molestia, pues en ASOJOD creemos que el mayor acto de perversión del ser humano es exigir algo que no merece, mucho menos cuando dicho acto implica quitarle a unos para darle a otros.

Sea cual sea la razón por la que una persona vive en la miseria, no hay justificación para obligar a otros a hacerse cargo de aquella existencia. El Estado benefactor, que no es otra cosa que la ficción por la cual, parafraseando a Bastiat, unos quieren vivir a expensas de otros, hace uso de las exacciones para desarrollar medidas populistas, donde la consigna es cambiar prebendas por apoyos políticos. De hecho, desde 1953 hasta la fecha, en todas las campañas electorales en Costa Rica el tema de vivienda y tierra ha estado presente, lo cual refleja la forma en que el tema se ha institucionalizado.

Algunos dirán que es necesario dotar de oportunidades a todos; otros consideran que es moral y virtuoso sacrificarse a los demás y unos son del criterio de que ayudar a los pobres evita el crimen. En el primer caso, en ASOJOD hemos enfatizado en los perjuicios que generan las políticas de igualdad de oportunidades; en cuanto al segundo, consideramos que, como bien apuntaba Hayek, “no hay virtud sin voluntad”, lo que quiere decir que el acto de ayudar es un ejercicio pleno de la libertad y tiene que nacer por decisión propia, no por coacción estatal. Y finalmente, el último argumento lo que justificaría es una sociedad de chantaje, donde hay que darle a unos para evitar agresiones, al mejor estilo de la mafia en Chicago durante los años 20 y 30.

Cuando las ayudas surgen por la fuerza, el Estado se convierte en un ladrón. Y además, fomenta las actitudes que provocan la pobreza: ¿para qué trabajar, para qué estudiar, para qué esforzarse si el Estado me va a regalar lo que necesito? Por el contrario, al que sí se esfuerza y se arriesga por sacar adelante actividades productivas, cada vez se le ponen más obstáculos: se le obliga a pedir permisos, tener licencias, sacar patentes, pagar impuestos, etc. Esto demuestra que el Estado no puede repartir riqueza, sino que terminan repartiendo pobreza.

Esta semana en que un grupo de precaristas viene ya no a mendigar sino a exigir vivienda digna, los funcionarios deberían ponerse a meditar. Si ceden esta vez, luego ¿qué vendrán a exigir? ¿Carro digno? ¿Viajes dignos al extranjero? ¿Maestrías dignas? ¿Ropa digna?

Si estas personas desean vivienda digna, que empiecen por procurársela ellos mismos. Las cosas no se exigen, se ganan honradamente. Si trabajando duro no pueden acceder a una vivienda digna, entonces los interesados deberían buscar apoyos privados para obtenerla por medio de acciones de caridad. La caridad, como la que ha originado grandes instituciones (Cruz Roja, cooperación para ayudar luego de catástrofes naturales, etc.) ha sido y es un excelente medio por el que se puede canalizar la colaboración con los que menos tienen, en tanto se basa en el principio de voluntad para actuar. Y si resultara imposible solucionar el problema de vivienda por medio de estas iniciativas privadas, será lamentable, pero ello nunca justificaría que el Estado le robe a unos para darle a otros.

Costa Rica no será el país más lleno de oportunidades del mundo (ni el más libre del mundo), pero en este país, quien quiere trabajar puede hacerlo, quien no quiere pasar hambre no tiene por qué hacerlo, quien quiere sacar adelante una familia decente, tiene los mecanismos y quien quiere vivienda digna la puede llegar a tener con esfuerzo propio.