La columna de Carlos Federico Smith: ¿por qué se tienen que brincar a la Contraloría?

La información que La Nación publica el 17 de junio, bajo el rótulo “CONAVI contrató agencia de la ONU para apurar obras viales: Intermediario cobra $5 millones por gestionar diseño y construcción de proyectos,” tiene la virtud de sacar a la luz un problema que me ha interesado desde hace varios años y que tiene que ver con el sistema de apelaciones existente en la Contraloría General de la República.

La razón por la cual el gobierno actual elude el proceso de apelaciones de la Contraloría, creo que la expone debidamente la directora de la Unidad Ejecutora del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), quien afirma, según el periódico, que “la UNOPS [Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos], al ser un intermediario, tiene la potestad de adquirir servicios sin pasar por los controles estatales,” y, en palabras de esa funcionaria de CONAVI, “Ellos [UNOPS] aplican sus propias normas de contratación que tienen los mismos principios de la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a divulgación, transparencia, oportunidad de participación, pero no pasan por la Contraloría.”

La anterior exclusión de la Contraloría la confirma en mayor detalle el señor Sergio Mazzucchelli, gerente de UNOPS en Costa Rica, ante la pregunta del periodista de “¿Cuáles fueron las condiciones con las que entraron a trabajar con el gobierno? Señala que “Una vez que acordamos con el Gobierno llevar adelante esto, nosotros llevamos adelante la licitación; si hay apelaciones las resolvemos nosotros mismos y esas apelaciones no detienen los procesos. Por lo tanto, los plazos que proponemos para hacer las cosas se cumplen.” He aquí el meollo del asunto: el tema esencialmente surge por los atrasos que experimentan las apelaciones en el proceso actual que tienen en la Contraloría General de la República. Por eso surge esta decisión de no “pasar por los controles estatales” que define la Ley de Contratación Administrativa vigente, como dijo la funcionaria de CONAVI.

Debo indicar que se nota que, de parte de la Contraloría, ha existido cierto grado de avance en cuanto a solucionar el problema expuesto, tal como lo refleja el refrendo que aquella entidad accedió otorgar, el 22 de agosto del 2014, al contrato por $3.3 millones entre CONAVI y la UNOPS, para “gestionar los diseños y la construcción de las estructuras sobre el río Virilla en la ruta 32, la radial a Lindora y el puente sobre el río Pirro, en la entrada de Heredia,” así como en otro refrendo que la Contraloría otorgó el 18 de marzo del 2014 para un contrato adicional por $1.7 millones de dólares entre CONAVI y la UNOPS, “para los trámites relacionados con los pasos a desnivel” en diferentes rotondas de la vía de Circunvalación.

Hace ya buen tiempo, el 5 y el 7 de junio del 2002, escribí sendos artículos en La Nación, titulados respectivamente “Los Costos de las Apelaciones” y “Contratación Administrativa”, con el propósito de agilizar el lento proceso de resolución que experimentaban las apelaciones ante la Contraloría, para que se otorgaran los contratos en el sector público.  En sencillo, propuse que, quien apelaba y perdía dicha apelación ante la Contraloría, pagaría un porcentaje del valor del contrato como compensación por la decisión de apelar. De esta manera, se desincentivaba lo que he llamado el “juego de las apelaciones”, mediante el cual, dado que el costo de presentarlas es esencialmente mínimo, se estimulaba hacerlo con cualquier resolución adversa de un contrato con el gobierno. Esta facilidad para apelar implica un enorme costo para la sociedad, mediante el uso de estrategias que expuse en mi comentario “Los Costos de las Apelaciones”, que cito a continuación.

El primer costo es que las apelaciones “retrasan la ejecución de obras o gastos públicos, hechos que originan un elevado costo financiero”; el segundo es que “facilita la colusión en contra del proceso competitivo que se supone debe regir la contratación en el Estado”, pues permite excluir del cartel a competidores díscolos, así como también impide la entrada de nuevos competidores y permite al ganador posponer la vigencia del contrato cuando no cuenta con los recursos necesarios para empezar a cumplir. El tercer costo es que “las apelaciones que se dan en ciertos sectores objeto de un cambio tecnológico significativo (como, por ejemplo, en computación) tienen el efecto de que el Estado no puede obtener la tecnología de punta que inicialmente pretendió lograr”. El cuarto es que, como hay una “posibilidad de que las apelaciones no constituyan solo un medio de lograr un grado de control sobre la actuación de la administración, sino más bien una forma adicional mediante la cual los oferentes pueden jugar con los costos, [eso] hace que también se distorsionen otras partes esenciales de los mecanismos de licitación”. Finalmente, un quinto costo para la sociedad es que “la adjudicación final de las licitaciones por apelaciones injustificadas puede poner en juego aspectos vitales de la forma de vida que hemos escogido los costarricenses, tal es el caso de apelaciones a licitaciones de medicinas y equipos de salud en el caso de nuestros sistemas hospitalarios y de seguridad social.”

Ante todos esos costos, propuse en mis comentarios del 2002 una reforma que aligeraría los procesos de apelaciones y que, por ende, lograría apurar las obras públicas licitadas. Esta es precisamente la razón por la que ahora el estado está acudiendo a negociar con un organismo externo a la legalidad formal en el país (UNOPS), a fin de poder aliviar en algo aquellos costos expuestos, derivados de un procedimiento engorroso vigente en la legislación que ampara a la Contraloría, incluso permitiendo contrataciones de manera directa.  Sin embargo, el statu quo interno y externo de la Contraloría rechazó la propuesta, ni siquiera fue acogida por algún legislador interesado en el tema. Es por eso que hoy tenemos que incurrir en ese costo adicional concreto que se debe pagar a la agencia de las Naciones Unidos, de un promedio aproximado del 4% del valor del proyecto que administraría. No dudo que el beneficio posiblemente sea superior a ese costo; pero hay formas más económicas que la expuesta, que permiten arreglar la maraña y el atolladero actuales que tan costosos le salen a la sociedad como un todo. Esa reforma haría un poco más eficiente a un estado ineficiente.

Nada más una nota adicional. La Nación del 18 de junio tiene un comentario titulado “CCSS evalúa ceder torre médica a ONU: Plan de ampliación del Calderón Guardia,” que, al igual que ya lo hizo el MOPT, por medio de CONAVE, se contrataría a la UNOPS para evitar los atrasos en la Contraloría con las apelaciones. ¿Será este una secuencia que conduce a la extinción de todo este proceso actualmente centralizado, en lo que considero es un sistema ineficiente dentro de la Contraloría General de la República? Quedan advertidos…

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: entre sueldos y jefaturas

La información de los últimos días puede llegar a ser una gran contribución a la educación general. Quizás –digo con optimismo-, se trate de aquello de que contra los hechos no valen argumentos.

Ha sido puesto en conocimiento general no solo la exagerada escala de sueldos que hay en la UCR, sino también el hecho de que –a pesar del inmenso aumento de transferencias del presupuesto nacional a las universidades públicas- dicha universidad está en riesgo de colapso por razón de estos festines salariales.

No resisto la tentación de cruzar la información con el hecho de que ha sido revelado en España el descubrimiento de que uno de los asesores estrella de la nueva izquierda (Podemos), vive de discutibles contratos y asesorías en una universidad pública a la que ni siquiera va.  ¡Clarito!  Los presupuestos públicos desviados, utilizados en campaña ideológica política y, como siempre, los aprovechados viviendo de gollerías y privilegios.

También acaba de ser puesto en el tapete público la conformación de la planilla del Ministerio de Agricultura, con un lujoso equipo de cómo 117 jefes … pero sin subalterno.  Como decía el chiste, muchos jefes y pocos indios.

Es claro que en el sector público han vuelto el rótulo para adentro.  Es indudable de que aquel chiste que se hacía de la educación pública, señalándose que los fines de la educación pública eran el fin de año, el fin de mes y el fin de semana, ahora se ha proyectado a la función pública.  Ello por cuanto queda claro que el fin del dinero público no es el servicio público sino otro.

También queda claro que las “ideologías” están defendiendo estos intereses, estas situaciones, estos desequilibrios y estas gollerías.

¡Claro!  Saldrán a la palestra a defender la soberanía alimentaria, la autarquía, la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y mil eufemismos, pretextos o engaños más, que no son sino una excusa para ordeñar los presupuestos públicos, para obtener rentas de los demás y para comerse a todos.  ¡Eso sí!, disfrazando la maniobra de “servicio público esencial”, del apostolado de la agricultura y la enseñanza (en los casos reseñados) y otros engaños parecidos.

Federico Malavassi Calvo

Tema polémico: candidaturas con salario

Hace poco tiempo, el frustrado candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana, Rodolfo Hernández, puso sobre el tapete la idea de que a los postulantes debería pagárseles un salario para permitir una verdadera democratización electoral, pues con el sistema actual, solo las personas de mucho dinero pueden darse el lujo de dejar sus ocupaciones y dedicarse a una campaña sin recibir una remuneración. Por supuesto que con ese planteamiento, ardió Troya. Los comentarios críticos hacia esa idea y los calificativos de oportunismo y enriquecimiento a costa de los tax payers no se hicieron esperar y la propuesta no quedó más que en el baúl de los recuerdos. ¡Por dicha!

No obstante, nos preocupa que si bien compartimos el repudio a esa idea, la oposición se centre únicamente en cuanto a candidatos presidenciales, cuando la realidad es que los postulantes a otros puestos de elección popular están desangrando al erario público sin que nadie diga nada, ni se inmute, como pasa con algunos Diputados que se convierten en candidatos presidenciales o con funcionarios del Gobierno Central, instituciones autónomas o Municipalidades que participan como candidatos a la Presidencia, Diputados, Regidores o Alcaldes, sin tener que renunciar a sus cargos y sus salarios mientras están en campaña.

Si bien los artículos 109 y 132 de la Constitución Política establencen claramente quiénes NO podrán ser Diputados ni Presidentes respectivamente y el numeral 146 del Código Electoral dispone que los funcionarios públicos tienen prohibición para dedicarse a trabajos o discusiones de carácter político-electoral durante las horas laborales y usar su cargo para beneficiar a un partido político. Solamente el Presidente, los Vicepresidentes, los Ministros y Viceministros, el Contralor y Subcontralor, el Defensor y Defensor Adjunto, el Procurador General y el Procurador General Adjunto, los Presidentes Ejecutivos y miembros de Juntas Directivas de instituciones autónomas, gerentes y subgerentes de instituciones autónomas y entes públicos estatales, los policías, agentes del OIJ, empleados del Tribunal Supremo de Elecciones, Magistrados y funcionarios del Poder Judicial que administren justicia, no podrán participar en ninguna actividad de carácter político-electoral ni hacer ostentación pública de preferencia partidaria.

Es claro entonces que salvo para la lista cerrada de funcionarios mencionados, la prohibición aplica para los funcionarios públicos solamente durante horas laborales. Es decir, durante el resto del día no hay ningún impedimento para dedicarse a actividades político-electorales. Ahora bien, resuelto ese problema caemos en otro: ¿qué pasa con el sueldo de esos funcionarios, aún cuando participen en horarios distintos al laboral? Vamos a omitir la discusión cuando se trata de funcionarios que colaboran en las campañas, simpatizantes, participantes indirectos en el proceso electoral para concentrarnos exclusivamente en los que postulan su nombre como candidatos.

El artículo 33, inciso 5) del Decreto Ejecutivo Nº 21 del 14 de diciembre de 1954, "Reglamento del Estatuto del Servicio Civil y sus reformas" establece que se puede otorgar una licencia sin goce de salario de

"(...) Cuatro años, a instancia de cualquier institución del Estado, o de otra Dependencia del Poder Ejecutivo, o cuando se trate del cónyuge de un funcionario nombrado en el Servicio Exterior; o en los casos de los funcionarios nombrados en otros cargos públicos. El plazo anterior podrá ampliarse hasta por un período igual, cuando subsistan las causas que motivaron la licencia original".

Si bien pareciera ser muy claro que el funcionario con puesto en propiedad que decide postularse a un cargo de elección popular tendrá una licencia sin goce de salario durante el tiempo que dure el nombramiento en caso de obtenerlo, no es igualmente claro cuando se trate solo de candidaturas. Es decir, con el vacío normativo, perfectamente ese funcionario, independiemente del resultado final de la elección, podría estar recibiendo remuneración con fondos públicos durante la campaña y la licencia sin goce de salario sólo le aplica en caso de asumir el nuevo cargo. 

Lo anterior se desprende de la lectura del Dictamen Nº 078 del 14 de marzo de 2008 de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Resolución Nº Nº 2689-E8-2009 del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). A este respecto, dice el TSE en la citada resolución sobre el cuestionamiento de si debe o no renunciar Johnny Araya al cargo de Alcalde Municipal de San José para postularse a la Presidencia de la República: 

"Acerca del caso concreto importa precisar, primeramente, que la legalidad de la licencia sin goce de salario extendida por el Concejo Municipal de San José al señor Johnny Araya Monge es un asunto de índole administrativa que escapa a las competencias de la jurisdicción electoral y que compete dilucidar en otras instancias como lo son la propia Corporación Municipal, conforme a la autonomía política y administrativa que le concede la Constitución Política, la Procuraduría de la Ética Pública, en el campo de sus atribuciones, o la propia jurisdicción contencioso-administrativa. 

(...)

En la inteligencia señalada, teniéndose en cuenta que el otorgamiento de la licencia en cuestión es un acto administrativo ajeno a las potestades de este Tribunal, cuya invalidez no ha sido declarada, resulta improcedente la cancelación de la credencial contra el señor Johnny Araya Monge, Alcalde Municipal de San José. Cabe resaltar que la licencia otorgada al señor Araya Monge se origina en un acuerdo del Concejo Municipal de San José, razón por la cual es la actuación del Concejo la que los recurrentes invocan. Por esta razón, también resulta innecesario ordenar la apertura de un procedimiento administrativo de cancelación de credenciales ante la Inspección Electoral de este Tribunal, dado que la licencia concedida cobija la inasistencia a labores del Alcalde Municipal.

En otras palabras, si bien el presupuesto de inasistencia a las labores por más de ocho días constituye uno de los motivos de cancelación de la credencial de un alcalde, es lo cierto que en la especie se ampara en una licencia otorgada por el Concejo Municipal y ese acto administrativo no ha sido declarado inválido; declaratoria eventual que, en todo caso, podría acarrear responsabilidad para quienes otorgaron el permiso pero no para quien lo solicitó, máxime si tomamos en cuenta que lo fue sin goce salarial.” (el resaltado no es del original).

(...)

Así las cosas, quienes se desempeñen como alcaldes, al tener tan solo prohibición relativa de intervenir en actividades políticas de los partidos políticos y no estar en la lista de funcionarios con incompatibilidad para aspirar a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, no tienen la obligación de renunciar a la alcaldía para postularse a dichos cargos.

Ante ello, resulta jurídicamente posible que un alcalde municipal se postule para Presidente de la República y continúe desempeñando el cargo municipal. Sin embargo, tendrá que abstenerse de participar en actividades o discusiones de carácter político-electoral cuando se encuentre en horas laborales o en el desempeño de su puesto, estándole vedado utilizar su cargo para beneficiar a la agrupación política de su simpatía o sus propias aspiraciones personales. Por tanto,

Se interpreta que los alcaldes municipales no están en la obligación de renunciar a su cargo para postularse como candidatos a la Presidencia de la República. Sin embargo, tendrán que abstenerse de participar en actividades o discusiones de carácter político-electoral cuando se encuentren en horas laborales o en el desempeño de su puesto, estándoles vedado valerse de su cargo para beneficiar a la agrupación política de su simpatía o sus propias aspiraciones personales".

En este orden de ideas, es dable pensar que, en virtud del principio de igualdad ante la ley, si el Alcalde no está obligado a renunciar a su puesto para postularse a Presidente de la República, entonces cualquier otro funcionario que decida ser candidato a Diputado, Regidor o Alcalde, tampoco debería estar obligado, excepto que específicamente así lo establezca una ley, como en los casos señalados en los que están debidamente establecidas las prohibiciones e incompatibilidades para la postulación. 

Ahora bien, ¿cuál es el problema?  El problema se da en dos dimensiones: la primera, si un funcionario público con su puesto en propiedad decide postularse a un cargo de elección popular, podría percibir su remuneración sin impedimentos -exponiéndose eso sí a la denuncia moral cuando sus contrincantes lo descubran-. Si gana, utilizó ese dinero para su campaña, teniendo una ventaja indebida frente a estos, si es que ellos no son también funcionarios públicos. Si pierde, regresa a su puesto, a seguir devengando un slaario. En cualquier caso, independientemente del resultado de la elección, ese candidato asumirá de forma privada todos los beneficios -exposición mediática, poder, un puesto y nuevos ingresos en caso de ganar- y socializará las pérdidas -si le alcanzan los votos a su partido para redimirlos en bonos de contribución estatal a las campañas-, pues todos los ciudadanos terminaremos pagando su aventura, sea con su salario o sea con la deuda política. 

La segunda es el posible conflicto de intereses que podría presentarse cuando un funcionario público pasa a ocupar un puesto, por ejemplo, de Diputado. Reiterados ejemplos existen en nuestra realidad política con empleados del ICE, CCSS o de las Universidades Estatales, apenas por citar algunas, que llegan a Cuesta de Mora y participan en el proceso decisional de proyectos de ley relacionados con las instituciones a las que pertenecen, generando beneficios para estas o, incluso, para ellos. Muchos tratan de calmar las suspicacias retirándose de la votación de las iniciativas, pero olvidan que, en virtud de su cargo, ejercen el papel de lobbystas, impulsando iniciativas, negociando e incluso amenazando a otros legisladores con bloquear proyectos de su interés si no apoyan la otra, haciendo de ese retiro un mero formalismo. 

Así, han logrado privilegios con fondos de pensiones, reconocimientos de derechos laborales, exoneraciones, tratamientos diferenciados para los funcionarios de su institución o bloqueando reformas necesarias que la burocracia interna rechaza, como en el caso de la apertura en el mercado de energía que cuenta con la oposición de Diputados que hace casi cuatro años, vestían la camiseta del ICE. Sin duda, ese puesto les da privilegios para legislar en beneficio propio, sin tener que enfrentar eventuales procesos judiciales pues no aparecieron el día de la votación y con eso salvan cualquier responsabilidad. 

En ASOJOD hemos manifestado nuestra fuerte oposición al financiamiento público de los partidos políticos y por supuesto al pago de salarios para los candidatos a ocupar cualquier puesto de elección popular. Y en esta ocasión, también hacemos público nuestro repudio a la posibilidad de que funcionarios públicos, sean de elección popular o con puestos en propiedad, puedan recibir su salario mientras se dedican a una campaña. Si alguien quiere ocupar un cargo, perfecto, que lo haga al amparo de los derechos constitucionales que le asisten. Pero que asuma el costo y el riesgo de hacerlo, que renuncie al puesto público que desempeña. No se vale que se valgan de los recursos de todos los tax payers para participar como candidtatos en una campaña electoral mientras reciben una remuneración pagada con nuestros recursos para, en caso de ganar, llegar a ocupar un nuevo puesto mientras deja "congelado" el propio y desde el cual puede operar en su propio favor para, terminado el mandato, regresar a disfrutar los privilegios que se granjeó.

La columna de Carlos Federico Smith: sigue el aguacero de plata pública

Al comentario de la semana pasada en el sitio de ASOJOD lo titulé “Gastos Innecesarios del Gobierno”. Simplemente debería haber llamado a este nuevo comentario “Una Versión Ampliada o una Segunda Parte”, pero me parece mejor enfatizar que el gasto gubernamental desaforado está en plena vigencia.
Tan sólo en el transcurso de una semana, han surgido nuevos ejemplos de tales dispendios, a los cuales me referiré:

Primero. El Consejo Nacional de Producción es una entidad gubernamental que muchos no entendemos cómo es que sigue abierta, si lo único que parece hacer bien es gastar nuestros recursos escasos. Resulta que ahora decidió incentivar a sus numerosos directores, regalándoles teléfonos celulares del tipo IPhone5, que sabemos son de los más caros en el mercado. ¿Será para que esos funcionarios se entretengan en algo durante sus horas laborales, dado que en el CNP casi no se hace nada? Las oportunidades de entretenimiento que permite el IPhone 5 son enormes, de manera que, ¡a jugar se ha dicho! 

Segundo. Los sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad ya han anunciado un paro de labores para el próximo lunes 29 de abril.  Protestarán contra la decisión legalmente tomada hace más de cuatro años, de que el ICE adaptara sus equipos para que nuestros números telefónicos conservaran su portabilidad. Esto, en sencillo, lo que hace es facilitar a los consumidores el traslado del número actual que se tenga, si es que se desea tener otro proveedor del servicio telefónico.  Con esto los mayores beneficiados seríamos los usuarios, quienes así tendremos mejores posibilidades para elegir libremente la empresa telefónica que nos dé la gana. Elección que, obviamente, deberá ser totalmente voluntaria.  El costo que el ICE quiere imponernos al impedir la portabilidad, es que sigamos siendo sus clientes cautivos. Pero, debemos ser libres para escoger: Al que quiera seguir con un teléfono del ICE, pues que así lo haga; para quien quiera cambiar hacia otro operador, que no se le imponga el costo (por la acción del ICE), de verse obligado a cambiar un número telefónico, que tal vez ha usado por años.

Tercero. Se firmó un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos de educadores costarricenses (SEC) y el de trabajadores de los comedores escolares y afines (SITRACOME), que constituye la primera convención colectiva que se aplica en el sector educativo del país.  Esto abre las puertas para que otros importantes grupos laborales sindicalizados de dicho sector, tales como maestros y profesores, busquen a futuro lograr que los acuerdos laborales hoy existentes sean convenciones colectivas.  También esta forma de negociación entre el estado y los trabajadores, podrá ser pretendida por otros gremios laborales en el sector público. Se supone que acuerdos laborales como éste le dan mayor firmeza a las relaciones entre las partes; en este caso, el gobierno y el SEC/SITRACOME.
Se estima que esta convención colectiva le costará al país, en un plazo de unos tres años, aproximadamente ¢5.700 millones, que obviamente contribuyen a ampliar el ya enorme déficit del sector público.

Si bien el acuerdo incluye la decisión de que un 2.8% del presupuesto del Ministerio de Educación (unos ¢1.585 millones en este año) se dedique a infraestructura educativa y a su mantenimiento, lo cual ya estaba incorporado en los presupuestos del Ministerio de Educación, hay un claro aumento neto de gastos en otros rubros. Se estima que se crearán 600 plazas nuevas de cocineras para las escuelas, por un monto estimado de ¢2.600 millones. Se complace así al SITRACOME. Pero, además, habrá 345 nuevas plazas para oficinistas, con un costo de ¢1.560 millones, y un gasto adicional de ¢1.500 millones para ayudar a financiar actividades de arte, deporte y ferias educativas. Con esto se complace al SEC.
Además, la convención concede una ampliación de la licencia de paternidad, que se otorga a los asociados al nacer algún hijo, pasando a un mes el actual de quince días con goce de sueldo. Obviamente pronto habrá peticiones sindicales similares en todo el sector público.

Que el lector medite acerca de la conveniencia de estos montos de gasto estatal, dada la situación tan seria de las finanzas gubernamentales. Me parece que, lo que el gobierno pretende con esto, es desarrollar argumentos que justifiquen una pronta propuesta para aumentar los impuestos, además de complacer a grupos laborales en vista de las próximas elecciones.

Cuarto. Para el 2013 el presupuesto gubernamental destinado a la publicidad y propaganda de la Presidenta, asciende a ¢1.100 millones; superior en un 66% al del 2012 y el doble del año 2011. Ahora resulta que se añadirán otros ¢160 millones para esos fines. ¿Acaso se perdió el buen juicio en el ámbito de las autoridades fiscales? No se han dado cuenta de que, entre más han venido gastando en la imagen presidencial, mayor ha sido la caída en los indicadores de aprobación del gobierno. Como esa plata no es producida por los gobernantes, sino que viene de los ciudadanos, quienes trabajan para entregárselo mediante impuestos y tasas al gobierno, es que da cólera ver todo este desperdicio fatuo.

Quinto. Acaba de ser nombrado un nuevo Viceministro de Gobernación.  Lo interesante es que se da cuando un tribunal ordenó la restitución de la Directora de Migración, licenciada Kattia Rodríguez. Doña Kattia había sido destituida por pérdida de confianza de los jerarcas de ese ministerio. Por ello, pa’ joderla, como dice el pueblo, al regresar ella a su puesto, le ponen a alguien por encima para anularla.  Vieja y conocida táctica de esos señores del poder. Claro, esto no va a ser de a gratis, pues tendremos que pagarlo. El nuevo Vice va a requerir de nuevo personal, de algún lado habrá de salir su sueldo (de nuestros bolsillos) y tendrá acceso a una serie de beneficios, de todos conocidos, derivados de su nuevo cargo. Me imagino que la plata no va a faltar para estos políticos, pues posiblemente saldrá de los recursos que, por un impuesto a las sociedades anónimas, estaban destinados a la seguridad ciudadana.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: ¿quién gana con la postulación a la OMC?

Para nadie es un secreto que, desde hace varios meses, la Administración Chinchilla Miranda viene haciendo un esfuerzo por promocionar la candidatura de la Ministra de Comercio Exterior, Anabelle González Campadabal, para dirigir la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

Sobre su postulación, diversos personajes políticos -entre ellos algunos de la oposición- han señalado que sería un gran éxito para el país que doña Anabelle lograra obtener el puesto, pues una costarricense dirigiendo tan renombrado organismo pondría muy en alto a Costa Rica y podría gestionar, desde allí, diversos acercamientos con inversionistas y defender las posiciones comerciales de la nación. 

Por supuesto que en ASOJOD no compartimos esa tesis. La única ganadora en ese caso es doña Anabelle, quien probablemente pasará a devengar un muy alto salario, tener privilegios diplomáticos y engrosar su currículum. Quizá algunos allegados tendrán beneficios producto de su recomendación o de sus contactos para aspirar a puestos u obtener consultorías, pero los ciudadanos comunes y corrientes no veremos una sola ganancia de esto. Lo que sí podemos recibir son muchos perjuicios, como nos tienen acostumbrados nuestros gobiernos, que privatizan las ganancias y socializan las pérdidas.

En días pasados, se anunció que el Ministerio de Comercio Exterior no ha revelado la cantidad de dinero gastada en la promoción de tal candidatura, a contrapelo de lo que la propia Sala Constitucional ha señalado sobre la publicidad de dichos fondos. ¿Cuánto dinero de nuestros bolsillos, pagados con impuestos que nos roban el producto de nuestro trabajo, se habrá destinado para que una funcionara obtenga un mejor trabajo? ¿Cuántos viajes, hospedajes, fees para organismos internacionales, comitivas, almuerzos y viáticos estamos pagando para que una o unos pocos la pasen muy bien?

¿Qué estarán pensando aquellos que defienden la postulación como algo de interés público y de provecho para el país? ¿Cuántos otros funcionarios utilizan recursos públicos y tiempo laboral para promocionar candidaturas personales o familiares para puestos políticos, tan solo por seguir pegados de la teta estatal?

No dudamos que doña Anabelle tenga méritos y formación para aspirar a puestos importantes, sea en el sector público o en el privado. Lo que atacamos es la creencia de que su candidatura -una motivación personal disfrazada como interés público- pueda traernos algún fruto positivo a los costarricenses. 

Por ello, invitamos a la ciudadanía para que esté muy atenta frente a quienes, con pompa y fanfarria, con sofismas y manipulaciones, quieren meternos gato por liebre y hacernos creer que sus intereses particulares son intereses compartidos por todos los demás. Dejemos de creernos ese absurdo cuento. 

La columna de Carlos Federico Smith: ¡fueTeté!

En las declaraciones, de casi todos los que han acudido ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para estudiar el caso de la llamada Trocha, niegan haber tenido algo que ver con tan malogrado proyecto, del que ver se derivaron claros actos de corrupción. Tan sólo cuatro funcionarios públicos, quienes laboraban en el CONAVI, algunos en niveles intermedios, han aceptado sus responsabilidades y sólo dos de ellos guardan actualmente prisión preventiva, por orden de jueces. Por sus deposiciones, casi que el resto de los comparecientes más bien esperaba ser felicitado por sus actuaciones.

Esa es hasta hoy la triste realidad de los hechos en la comisión legislativa mencionada, ante la flagrante corrupción sucedida en ese proyecto.  Nadie de los altos funcionarios gubernamentales comparecientes, quienes tuvieron responsabilidades por la decisión de llevarla a cabo, formular su planificación técnica, ejecutar y supervisar su construcción, ordenar destruir el medio ambiente, decidir acerca de qué actividades se deberían llevar a cabo en dicho proyecto, indicar cuáles obras concretas se deberían realizar y en qué forma y, ante todo, vigilar que las cosas se hicieran correctamente, de acuerdo con nuestras leyes, ha dado la cara asumiendo las responsabilidades del caso. Casi que uno esperaría saber quién fue el que tomó la decisión fundamental de llevarla a cabo y que asuma a plenitud la responsabilidad derivada de esa decisión.   

Como ni siquiera hay asomos de que alguien nos diga que asume la plena responsabilidad política derivada del descalabro, a los ciudadanos, con cuyos impuestos se proveyeron los recursos que fueron objeto del asalto, no nos queda más que elucubrar acerca de quién o quiénes son los responsables de esa torta.  Unos, como yo, pueden pensar que, entonces, fue Teté. Otro que el hombre invisible de H. G. Wells. Alguien más creería que fue la Sombra (esto para los muy viejitos). Para quienes están muy perdidos, podrían juzgar, por aquello del desperdicio y atolondramiento navideño, que fue el Amigo Invisible. Tal vez alguien pensaría que fue aquel hombre invisible, irresponsable, que abandonó a la mujer que embarazó. Cualquiera puede haber sido, menos los que no aceptaron responsabilidad alguna ante la Asamblea, si bien, tal vez, tendrán que hacerlo ante la justicia.  Es mucho en lo que dependemos de la acción de la Fiscalía General de la República. Que Dios la ilumine, pues ya sabemos al monstruo que se enfrenta. 

Mientras tanto, nos anuncian que pronto se reanudarán los trabajos a medio palo en la Trocha. Se me revuelve el estómago, pero lo que es lo más notorio del momento, cual es la recontratación de la empresa que estaba encargada de la vigilancia en la primera etapa fallida, no lo voy a juzgar en este momento. Repugna, como si no existieran otras empresas que se pudieran encargar de tan delicada función, sin que se haya puesto en duda la eficacia de una tarea de vigilancia previa. 

Pero ha pasado desapercibida la declaratoria presidencial de que, quienes se oponen a la Trocha, son unos traidores a la Patria. Casi que me dan ganas de oponerme a ella, tal vez por lo sucedido con nuestros recursos escasos y con el juego politiquero en que se nos ha querido involucrar. Pero no lo voy a hacer, a fin de no distraerme en mi esfuerzo, porque salgan a la luz los responsables del robo de fondos públicos más grande y reciente de nuestro país.  El símbolo de la justicia podrá estar vendado. Pero no es un significado de que las cosas se deban tapar, sino para que la justicia sea imparcial. Nada más. Pero que se lleve a cabo.

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: la justicia pierde una batalla

La sentencia de sobreseimiento, en favor de un señor exministro Rodrigo Arias, implicado en el manejo de fondos donados al Estado costarricense por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), corresponde a una batalla que ha perdido la justicia. Si no lo hubiese detenido una apelación, el tribunal, integrado por una sola persona,   hubiera cerrado el caso, con setenta candados, para que nunca pueda reabrirse, aunque estén pendientes acciones para conseguir  documentos que el BCIE se niega a entregar y mantiene en las tinieblas, fuera del alcance de la justicia.  

Algunos piensan que conviene esperar a que se logren extraer los documentos faltantes, entre ellos el señor Procurador de la Etica. Cerrar el caso, en estas circunstancias,  conviene al señor exministro y hoy precandidato, pero nunca a la justicia: pues ganó, donde ésta perdió. Es imposible obtener más claridad acerca de la gravedad y profundidad, del problema político que vive Costa Rica.

La fiscalía arrancó mal el caso, en medio de una maraña  de llamadas telefónicas y desconvocatorias a citaciones y, finalmente, pidió al tribunal desestimar la causa, mientras  las pruebas  esperadas, desde los archivos del BCIE, lograban conseguirse. El tribunal decidió que valía más la tranquilidad del exministro imputado, que esperar algo del BCIE.  A lo mejor, el tribunal es capaz de recordar el futuro. Así, oliéndose la tostada y apartando  la vara de la justicia, la sentencia anuncia y reitera un buen futuro para el abuso. Consecuente con su desganado impulso al caso, el señor fiscal general ha manifestado que no hay ningún interés en apelar la resolución judicial, olfateando, seguramente, lo mismo que el tribunal.  Como dice el refrán,  oliva y olivo y aceituno, todo es uno.

Esta sentencia es aún más intrigante, porque sanciona a quienes se les impidió obtener pruebas, en vez de, a quienes lo  impidieron   Aún en su desgano, la fiscalía solicitó tiempo para buscar pruebas que podrían estar en documentación retenida por el BCIE pero, el tribunal, no se inmutó. La Procuraduría de la Etica, estimó que, la fiscalía ni siquiera debió suspender el proceso, sino insistir y  profundizar su actividad para obtener esa documentación y proveer el proceso de prueba necesaria pero, el tribunal, no se inmutó. Aún la Sala Constitucional no resuelve una acción de inconstitucionalidad para declarar inconstitucional la loza sepulcral bajo la que esconde, el BCIE, la documentación completa relacionada con estos fondos, pero el tribunal, tampoco se inmutó.  Al final, el juzgado, en una batalla perdida por la justicia, propone cerrar por siempre el caso;  hacer inútil cualquier insistencia ante el BCIE;  desarticular la acción de inconstitucionalidad presentada para evitar el uso del BCIE como un escondite y, finalmente, sanciona a quienes insistieron en denunciar e investigar. 

Y bien, la sentencia es un hecho. Pero, no se puede concluir, de lo que es…lo que debe ser.  Por más publicidad  y arrogancia que se despliegue en torno al hecho, nunca podrá deducirse que así debió ser o que así debe ser. La justicia no puede perder la guerra, en una batalla. 

Mario Quirós Lara

Diputada viajera

La Nación informa que la Diputada ambientalista Maureen Ballesteros ha utilizado al menos en 28 ocasiones desde febrero del 2007 a octubre del 2010, las avionetas de la fuerza pública. Incluso en el supuesto en que dichos viajes fueran de trabajo, resulta injusto que los diputados oficialistas puedan disponer bienes del Poder Ejecutivo para llevar a cabo sus labores. No deben existir desigualdades de ese tipo entre diputados de gobierno y de oposición.

Ya la Contraloría también esta detrás de este caso, sólo queda esperar en que culmina esta y las otras investigaciones.

¡Intolerable!

La flamante diputa liberacionista Maureen Ballestero fue descubierta utilizando una avioneta de la fuerza pública, con fines electorales. Resulta que la vicepresidente del Congreso utilizó dichos bienes públicos con el objetivo de participar de una actividad electoral del PLN en la provincia de Guanacaste.

Esta situación es un verdadero abuso pues, de ninguna forma, los bienes y fondos de la Administración deben de estar al servicio de propósitos electorales. Esto resulta un verdadero acto de corrupción y demuestra la total y escandalosa desfachatez que tienen nuestros gobernantes. El Estado costarricense no es un botín político por más que muchos politiquerillos lo deseen.

Resulta que doña Maureen dice que sólo pasó a saludar a sus compañeros, pero que la avioneta en verdad la utilizó para ir a recoger un pasaporte que había olvidado. Aunque esto fuera cierto, ¿qué le hace pensar a la diputada Ballestero que los costarricenses deben pagar sus desafortunados olvidos para que ella pueda irse de viaje.? Algunos no tienen nada de vergüenza.

Tema polémico: la relación Costa Rica-China

La semana pasada vino a Costa Rica el Presidente de China, Hu Jintao. En relación con esto, en ASOJOD queremos comentar varios asuntos que vemos con mucha preocupación: los temas del dinero proveniente de ese país, la fiscalización de esos fondos, el TLC con esa nación y la política exterior costarricense.

Dinero chino: una tentación.

En primer lugar, es importante señalar que la Administración Arias está intentando cumplir sus promesas de campaña a partir de fondos prestados o regalados. Esto crea un problema de evaluación para el votante, pues no sabe si China o la Administración Arias es la responsable de la satisfacción de algunas de sus "demandas" y, por consiguiente, ignora si debe o no premiar al PLN en las siguientes elecciones.

Además, el boom de fondos chinos a disposición del gobierno de Costa Rica crea otros dos problemas importantes: por un lado, genera lo que podría llamarse una "ficción presupuestaria", pues hace creer a los tomadores y ejecutores de decisiones que hay mucho dinero disponible para gastar, y cuando eso pasa, la mente de muchos populistas empieza a sacar cálculos acerca de la relación entre las políticas públicas y la consecución de votos. Por el otro lado, al haber más dinero disponible, se aumenta el tamaño del Leviatán, en tanto se le dota de más recursos para que intervenga en la economía, distorsione las decisiones individuales y genere incentivos perversos para que algunos evadan sus responsabilidades.

¿Quién fiscaliza?

El segundo tema que abordamos es el de la fiscalización. Si, como sucedió con el caso de las consultorías del BCIE, los fondos son privados (donaciones), significa entonces que la Contraloría no puede ejercer fiscalización sobre ellos. Por supuesto puede decirse que entonces la fiscalización recae sobre el donante, en la forma y términos que este proponga. Sin embargo, queda la duda respecto a si China tendría interés en vigilar el buen uso de ese dinero, o si estableció mecanismos para su control, por lo que entonces la preocupación se enfoca hacia la pregunta de si puede o no el Gobierno costarricense hacer uso discrecional de ese dinero, sea para pagar salarios, cumplir promesas de campaña o lo que mejor crea conveniente.

Sobre este mismo asunto, si no está clara la fiscalización ¿cómo evitar que este dinero sea aprovechado por personas corruptas? Los casos relacionados con el préstamo finlandés así como la experiencia en otras latitudes no dejan un buen sabor de boca a este respecto, pues para nadie es un secreto que muchas veces la cooperación internacional ha servido para engrosar las cuentas de algunos políticos corruptos, como el continente africano muy bien lo ejemplifica.

Ahora, siempre en el tema de los fondos públicos, si por el bien de la discusión decimos que el dinero chino no es público y que, como donante, China establece mecanismos de control y que el Gobierno costarricense tienen autorización para gastar como mejor le parezca ese dinero, queda todavía una interrogante: ¿a dónde está el dinero que el Estado costarricense recauda? ¿Está guardado, gastado, generando intereses? Porque si bien los fondos chinos vendrían a servir para satisfacer necesidades de gasto que tiene el Estado costarricense, la recaudación de impuestos no ha cesado. Entonces ¿dónde queda la necesidad de racionalizar el gasto y de tener disciplina fiscal y orden financiero, si el Estado puede pedir subsidios vía donaciones y préstamos? ¿Para qué el engorroso camino de calibrar y recaudar impuestos si está la sempiterna generosidad del gigante asiático?

A lo anterior podemos sumarle una implicación política bastante seria. Si no está claro el control sobre el gasto de ese dinero donado o prestado ¿cuál es el papel que desempeña la oposición (PAC, PUSC y ML)? Si seguimos a Pasquino y Massari, comprenderemos que la oposición tiene como papeles fundamentales en un régimen democrático, la crítica, el control y la alternativa al oficialismo, pero si las herramientas jurídicas la atan de manos ¿cómo podemos esperar su buen funcionamiento? Este tipo de prácticas, evidentemente, flaco favor le hacen a la institucionalidad, al Estado de derecho y a la democracia costarricense.

¿Quién da más?

El tercer punto que deseamosa traer a colación es el de la política exterior costarricense a este respecto. Ya en ASOJOD habíamos hablado sobre el caso de las relaciones diplomáticas con China y habíamos expresado nuestro malestar, en tanto se trata de un país cuyas políticas internas no concuerdan con el lineamiento definido por Costa Rica: democracia, derechos humanos, defensa de la libertad, paz.

Y como si la imagen de contradicción que está dando nuestro país al entablar relaciones diplomáticas con ese país no fuera suficiente, todavía venderse al mejor postor nos deja como la concubina del sistema internacional. Para muestra un botón: Costa Rica había recibido de Taiwán la friolera de $59,5 millones regalados entre 2000 y 2005 y $341 millones prestados en condiciones favorables para el mismo periodo. Pero luego, China empezó los coqueteos y Costa Rica se vendió a un mejor postor: ese país le ha dado al nuestro, en poco más de un año de tener relaciones, la suma de $430 millones y siguen contando, pues hay más promesas pendientes, en especial una línea de crédito que el Banco de Desarrollo de China dará a los bancos costarricenses como forma de "paliar" (¿?) las consecuencias de la actual crisis financiera internacional.

¿Que nos dice eso? Que la Administración Arias está aplicando muy bien la frase que don Oscar citó en uno de sus discursos: "nunca hay viento favorable para quien no sabe hacia donde va". Como es evidente, el Gobierno está adaptando las velas del barco que el capitán prometió dirigir, aunque las modificaciones sean contradictorias y dejen mal parado al país en la escena internacional. ¿Qué pasará ahora? Si los talibanes dan más de $430 millones, nos asociaremos con ellos? ¿Si Hugo Chávez sobrepasa la cantidad "mágica" se implantará una sucursal de la revolución bolivariana en Costa Rica?

TLC: una oportunidad

No todo es negativo respecto a la relación con China, pues al menos existe la posibilidad de negociar un TLC con ese país, aunque seguimos sosteniendo que no es necesario establecer lazos diplomáticos para iniciar relaciones comerciales. Sin embargo, este TLC nos parece que es una gran oportunidad para los costarricenses, pues tendremos la posibilidad de obtener productos a precios más cómodos y así satisfacer nuestras necesidades de consumo, así como la opción de explorar nuevos nichos de mercado y colocar bienes y servicios en un mercado gigante, lo cual se traduciría en más empleos y más beneficios para los costarricenses.

Sin embargo, los antecedentes inmediatos respecto a TLC's no son muy halagueños en nuestro país. Acabamos de salir de cuatro años discutiendo uno y ya, con dos en camino (UE y China), los enemigos del libre comercio no han descansado ni un momento. Por ahí ronda la sombra del proteccionismo y el mantenimiento de subsidios. Algunos empresarios podrían pedir ser excluidos, y con la excusa de no poder competir con los volúmenes de producción y precios baratos de los chinos, seguirán sometiendo al consumidor a aceptar sus malos bienes o servicios. No obstante, si se justifica el miedo a productos baratos de China, también se deberá justificar el miedo a tecnología que reduce precios o aumente calidad o al comercio con otros países, en suma, el miedo al progreso y al cambio. También podrían surgir algunos mercantilistas que pretendan usar al Estado costarricense para finaciar sus exportaciones y llegar al mercado chino. Esperemos que esto no pase y que los proteccionistas locales no acaben con tan buena oportunidad tanto para los consumidores como para los verdaderos empresarios que no tienen miedo a competir.

El TLC con China sería muy provechoso si en realidad es libre comercio, es decir, nada de favoritismos, proteccionismos, tasas, cuotas, permisos, privilegios, etc. Y vemos con buenos ojos que China no esté condicionando la firma del TLC a la ratificación de acuerdos de la OIT, OMC, etc, lo cual es una buena forma de respetar la soberanía costarricense. Pero más que soberanía nacional, lo que en ASOJOD reivindicamos es la soberanía del consumidor: es decir, que se nos permita a cada uno de nosotros tomar las decisiones respecto a precio, calidad, cantidad, etc. Si algunos empresarios (como la Cámara de Industrias) salen diciendo que es necesario impedir la entrada de algunos productos chinos, por diversas razones, entonces ¿qué seguirá después? ¿la Cámara de Industrias protegiéndonos de leer ciertos libros o visitar algunos lugares?

En ASOJOD hemos querido presentar todos estos puntos para la reflexión, esperando que motiven el análisis crítico respecto a las relaciones con China y enfatizando en algunos aspectos legales, políticos, financieros y comerciales que nos parecen importantes a la hora de analizar tal nexo.

Carta pública a Roberto Gallardo

El día de hoy, hemos visto con pesar y asombro un artículo del Ministro de Planificación, Roberto Gallardo, titulado "Mejor un debate informado", el cual nos parece un aberrante compendio de inconsistencias y cinismo.

Dice don Roberto que "don Jorge y sus compañeros libertarios se han opuesto fervorosamente al aumento de la carga tributaria, no es posible pagar mejores salarios en la administración pública". Primer horror: Gallardo pretende ahora trasladar la responsabilidad de los problemas financieros de la Administración Pública a quienes se oponen a más impuestos y no quiere ver (por ignorancia o mala fe) que la verdadera razón de ser de estos problemas radica en el mal manejo y la peor aún ejecución de fondos del sector público costarricense. De hecho, resulta curioso que don Roberto soslaye la información publicada hace poco tiempo donde se consigna que dicho sector cerró el primer cuatrimestre del 2008 con un superávit de ¢131.000 millones. Le preguntamos don Roberto: ¿para qué aprobar más impuestos si hay tanto dinero sobrando? Conociendo los constantes problemas de ejecución presupuestaria del sector público, ¿para qué quiere dotarlos de más fondos? El recurso de buscar chivos expiatorios para tratar de salvar el pellejo, nos parece, no sólo un recurso de política partidaria tradicional (¿dónde queda el cambio del UPC don Roberto?) sino una de las formas más bajas de evadir la responsabilidad y seriedad en la gestión política, nociones tan difundidas por los profesores de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. ¿Qué pasó don Roberto? ¿Dónde quedaron aquellos tiempos?

Gallardo también argumenta que "cuando se quiera contar sobre todo con la experiencia y el conocimiento especializado, se deba acudir a consultores. Es lo mismo que hacen las empresas o instituciones que contratan a don Jorge como consultor, sin que haya nada ilegal o inmoral en ello". Segundo error: no confunda lo público con lo privado don Roberto: las empresas de las que ud habla, si son privadas, pueden contratar a cualquier consultor y pagarle lo que las partes acuerden sin que haya, como ud bien dice, nada ilegal ni inmoral. Pero le recordamos que lo mismo no aplica para el sector público: si en la empresa privada el dinero es de los accionistas, en el sector público el dinero pertenece a los pax tayers, en una dimensión temporal inmediata -cuando se trata de dinero proveniente de impuestos- o en una dimensión temporal de largo plazo -cuando se trata de préstamos, empréstitos, etc. que solicita el sector público, pero que deberán pagar los contribuyentes-.

En ese sentido, si el Gobierno quiere contar con la experiencia y el conocimiento especializado, eso está muy bien. Pero si lo quiere hacer por medio del pago de consultorías, debe hacerlo apegado no sólo a la legalidad formal, sino a los principios de racionalidad y proporcionalidad. Más especificamente, sabemos que cada gasto que haga el sector público debe ser fiscalizado y debe existir una rendición de cuentas. Por eso, le preguntamos don Roberto: ¿cuáles son los informes de rendición de cuentas sobre el uso de esos fondos? ¿Dónde están las justificaciones de cada uno de los gastos, los motivos y fines que dejan claro por qué y para qué eran necesarios esos fondos?

"Segundo, los fondos de cooperación internacional no se utilizan sin control, porque, para que los organismos donantes otorguen estas ayudas, se suscriben convenios en los que se establece claramente el destino que se le dará a esos recursos". Tercer error don Roberto: si bien estamos de acuerdo que existen estrategias de evaluación y seguimiento de ejecución de los proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación internacional, sabemos que no siempre eso es así. Si no, le recordamos el caso de Taiwán, que donó dinero para, aparentemente, la construcción de viviendas y se usó para otra cosa. ¿Y el principio de legalidad, don Roberto? ¿Y la fiscalización taiwanesa? ¿Y la responsabilidad ética y política de los encargados de administrar ese dinero? ¿Se usó ese dinero para lo que decía el convenio? Hasta donde sabemos, estos recursos taiwaneses entran en la categoría que ud denomina como "donación de dineros" a partir del pronunciamiento de la Procuraduría.

Puede o no haber un "uso solapado de fondos públicos al margen de la ley", pero esa no es la cuestión. El problema está en que hay que preguntarse si es necesario usar los fondos provenientes de cooperación internacional, especialmente los que son producto de préstamos, habiendo dinero de sobra en el presupuesto nacional (superávit). Asimismo, cabe preguntarse si muchas de las consultorías pagadas, no ahora, sino a lo largo de muchos años, se justifican. ¿Necesita de verdad el gobierno a tantos profesionales para diseñar políticas públicas que pocas veces abandonan el papel y se materializan? ¿Necesita tantos profesionales para implementar una política pública que, puede variar y en efecto, muchas veces lo hace, por criterios político-partidarios? ¿Necesita el gobierno profesionales en evaluación de políticas públicas cuyos informes son (y lo decimos por conocimiento de casos particulares) archivados y olvidados, sin que haya procesos de responsabilidad civil, penal o admistrativa contra funcionarios que incumplieron sus labores?

Don Roberto, ud sabe que uno de los fundadores de ASOJOD fue su alumno y que siempre ha discrepado con sus posiciones. Pero si en algo siempre coincidió con ud era en la ética dentro de la política y en la búsqueda de las soluciones reales a los problemas. Por favor, no decepcione a aquellos que creemos en la Ciencia Política y en la ética con una defensa a ultranza de algo que sabemos no es correcto.