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martes, 17 de noviembre de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: escándalos en la vía

Uno está durmiendo y le despierta el ruido externo, con frecuencia después de las doce de la noche y hasta tal vez las cinco de la mañana, debido a los rugidos de motores -fast and furious- provocados por un montón de escandalosos seudo-corredores de carros y motos, quienes, en lugar de hacerlo en lugares permitidos, lo hacen en las calles cercanas de donde duermen los tranquilos ciudadanos y, sin dudarlo, han de poner en riesgo a los ciudadanos que, por la razón que sea, andan tranquilos por las calles de la ciudad a esas horas de la noche. Esa, dirán los disminuidos Fangios, es la única posibilidad que tienen en la actualidad como justificación para correr, pero lo que reflejan es que no les importa la vida de terceros a quienes los meten en tales riesgos al satisfacer sus caprichos.
 
Ya sabemos que las autoridades han fracasado en un alto grado en detener los piques, pero también es cierto que las leyes como están les impiden sancionar tanto a vehículos como a motos que andan sonando los motores en todo momento.  No es sólo ya en las noches, cuando los picones, los que nos despiertan y nos alarman, salen a correr, sino también en las calles durante el día, cuando salen disparados en los cambios de luz de los semáforos, haciendo gala de sus motores arreglados y ruidosos. 

Uno esperaría que existiera limitantes a ese ruido, pero no es así. Un estado ineficiente se caracteriza, entre otras cosas, por tener leyes malas en lo que es debido.  Eso lo informa La Nación del 23 de octubre, en su artículo “Vehículos ruidosos seguirán en carretera por débil sanción: Nuevo reglamento no obliga a dueños de automotores a arreglar desperfectos.” Nuestra legislación de tránsito, tan resobada y recalentada que fue cuando se hizo, da muestra de goteras por todo lado, empezando que esos ruidos no son usualmente “por desperfectos” como lo indica el medio, sino resultado de costosos “arreglos” que les practican precisamente para que hagan buena bulla.
 
No soy un histérico quien cree que deben existir leyes para todo, pero creo que la convivencia urbana sí requiere de cierto ordenamiento mínimo.  Si un vehículo hace un ruido ensordecedor -definido esto técnicamente- debe ser multado para incentivar que, si quiere hacer ruido, lo haga en un área apropiada para ello, como lo eran antes La Guácima y similares, pero no afectando al resto de ciudadanos que esperan cierta moderación sónica en la ciudad  y en sus afueras.  Si existieran multas, los ostentosos tratarán de revertir o moderar los arreglos que le han hecho a los motores de sus vehículos para que hagan más escándalo.

La libertad tiene un precio; no lo dudo. Pero también hay casos claros en que el abuso de alguien afecta a otras personas.  No estoy proponiendo un silencio de cementerios, sino, creo, algo razonable, cual es moderar los decibeles permisibles para los motores de vehículos. Ello sería factible determinarlo en el examen anual de RITEVE (si no es que falsean el motor para que pase examen), al igual que mediante la revisión de ruidos por parte de los agentes de tránsito. Me imagino que muchos ciudadanos, precisamente no afectos a la bondad de la acción del estado, considerarían que sí es necesario que haya reglas en cuanto a este exceso. 


Jorge Corrales Quesada

martes, 13 de septiembre de 2011

La columna de Carlos Federico Smith: un comentario con exceso de velocidad


Tiene que ver con la reciente instalación de cámaras en ciertas vías de tránsito para controlar la velocidad con que en ellas circulan algunos vehículos. Ya anteriormente me había referido a mi preocupación de si las vías en donde se iba a instalar tal control estaban no sólo lo suficientemente bien marcadas como para que el conductor responsable pudiera saber cuáles eran las velocidades máximas permitidas, cosa que a la fecha aún falta mucho por hacer, sino que también mencioné sobre algunas contradicciones en ciertas indicaciones de velocidades máximas hoy existentes, que podrían provocar frenazos súbitos y peligrosos de los conductores, al tratar de no exponerse a tan elevadas multas controladas por las nuevas cámaras. Creo que acerca de esto se hecho algo más.

No me opongo a la existencia de estas cámaras que miden la transgresión a la velocidad máxima permitida por ley en algún tramo de las vías. Es cierto que se ha observado un abuso en esto que pone en grave peligro principalmente a terceros inocentes. Creo que las cámaras son un uso apropiado de la tecnología para que haya cierto control de un límite, que se supone es el civilizadamente aceptado en las reglas normales de tránsito vehicular, pero esto me conduce a otros terrenos.

El primero es que desde ya hace demasiado tiempo existe una prohibición para transitar cierto día de la semana en el área central de San José. Esa prohibición, aprobada por las máximas autoridades legales de este país ̶ y Santa Palabra, es razón suficiente para no decir nada más ̶ se puso en marcha como una reacción de los burócratas ante el alza internacional de los precios de los combustibles, lo que, se dijo en ese momento, exigía que se introdujeran reglas de ahorro ̶ algo cuyo resultados en verdad nunca han sido fehacientemente demostrados por esas mismas autoridades ̶ mediante una limitación a la libertad de circulación de las personas (aunque la Sala IV trate de dorarme la píldora).

Ahora bien, se supone que las cámaras de control de la velocidad, que pronto llegarán ser más de 400 según nos lo han anunciado las autoridades, estarán muchas de ellas instaladas para registrar velocidades superiores a la máxima establecida para ciertos lugares, de alrededor de 60 kilómetros por hora. Pero, según tengo entendido, la mayoría de los vehículos, principalmente los relativamente más modernos, han sido diseñados para lograr su mayor eficiencia en el uso del combustible a velocidades superiores a esos 60 kilómetros por hora y creo que no mayores a los 90 kilómetros por hora (ojalá alguien me corrija si estoy equivocado). De ser así, significaría que si los ciudadanos, temerosos de las multas tan elevadas y detectadas ahora con esas modernas cámaras, deciden reducir su velocidad a menos del óptimo, daría lugar a un aumento posiblemente significativo del consumo nacional de combustibles, con lo cual el objetivo de ahorro de gasto por la restricción a la libre circulación en el área central de San José, va a quedar hecho añicos. Por ello, creo que es hora de que esa prohibición a la circulación sea anulada.

No termino sin señalar que las cámaras bien podrían convertirse en la tabla de salvación del Ministro de Hacienda en cuanto a solucionarle el problema del déficit provocado por el excesivo gasto del Estado. Si más o menos cada multa por exceso de velocidad es de ¢400.000 y como, según algunos datos publicados, se han agarrado a alrededor de 2000 infractores diarios, significa, a grosso modo, que se van a recaudar casi $5 millones al mes, ante lo cual don Fernando Herrero tendrá tan sólo que implorarle a Tatica Dios que los costarricenses sigan impertérritos corriendo como locos (2.000 diarios), que la Sala Cuarta rechace todas las apelaciones por los partes que sin duda le van a llegar y que las cámaras, al revés de los semáforos inteligentes, de los cuales ya ningún burócrata nos habla responsabilizándose por ellos, esta vez si funcionen bien todo el tiempo. Con ello podrá olvidarse del paquetazo de impuestos y mandar a la porra el pacto con Otón.

Jorge Corrales Quesada