La columna de Carlos Federico Smith: licencias para trabajar

Me encanta este libro de Friedman, Capitalismo y Libertad, en mucho porque no teme entrarle de lleno al análisis de temas que, reconocidamente, son polémicos, pero sobre todo porque sus posiciones son fundamentadas en el análisis inteligente y sus propuestas son consistentes con su visión liberal. Este el caso del capítulo que lleva por nombre “Licencias para Trabajar”, el cual consiste en una descripción, análisis, crítica y formulación de propuestas, en torno a restricciones estatales a la libertad de trabajar para las personas en los Estados Unidos, aunque rápidamente se darán cuenta de que muchas de esas serias limitaciones también existen en nuestro medio.
La obtención de una licencia o permiso o aprobación administrativa de algún ente, para que una persona pueda realizar cierto tipo de trabajo, es contundente en los que se denominan como colegios profesionales. Mediante ellos se restringe al individuo la posibilidad de ejercer la profesión para la cual han estudiado, profesión que usualmente requiere de estudios universitarios superiores, cuya puesta en práctica no es posible sino hasta que se le haya aprobado el cumplimiento del requisito de membresía en el colegio profesional respectivo. 

En naciones, como por ejemplo los Estados Unidos y no tanto aquí, también tal restricción es frecuente, antes de permitir el desempeño individual en ciertos tipos de ocupaciones, que llamaremos técnicas o administrativas. Ejemplos son los trabajos de albañilería, carpintería, contabilidad, impresión litográfica, compra y venta de bienes raíces, terapia física, electricistas, secretaria legal, guarda privado, etcétera. En el caso de Costa Rica, me permito señalar, como ejemplos, los de compra y venta de propiedades, terapia física, secretarias ejecutivas en algún grado, guardas privados, entre otras ocupaciones. Pero la verdad es que el poder coercitivo en nuestro país no es, ni por asomo, comparable al que se da en los Estados Unidos.

Eso sí, en nuestro país los más poderosos gremios que ejercen restricciones para poder laborar, suelen ser los colegios profesionales, que agrupan a personas formadas en diversas profesiones específicas y en los que su membresía es requisito para que una persona pueda desempeñar ese oficio o profesión de forma privada e incluso para laborar en el estado. Precisamente es en dependencias gubernamentales en donde es mayor el acatamiento obligatorio a ese obstáculo a la libertad de trabajo, en comparación, tal como es de esperarse, con las empresas privadas. Pero, aún en esta última situación, para poder desempeñar adecuadamente algunas labores externas que tienen que ver con actos ante entes gubernamentales, es exigencia para hacerlo que el profesional esté incorporado en el colegio respectivo. 

En Costa Rica una lista no exhaustiva de los colegios profesionales es la siguiente: Abogados y Notarios, Farmacéuticos, Arquitectos, Físicos, Bibliotecarios, Geólogos, Biólogos, Ingenieros, Cirujanos Dentistas, Ingenieros Civiles, Microbiólogos y Químicos Clínicos, Optometristas, Enfermeras, Ingenieros Químicos, Ingenieros Tecnólogos, Periodistas, Ingenieros Topógrafos, Profesionales en Ciencias Económicas, Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Médicos Veterinarios, Profesionales en Informática y Computación, Médicos y Cirujanos, Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales, Psicólogos, Trabajadores Sociales, Químicos, Enfermeras y Contadores Públicos. Deben existir varios otros por ahí y estoy seguro de que hay agrupaciones similares en proceso de formación o de aprobación legislativa.

Por su parte, el grupo magisterial de Costa Rica no está organizado en colegios profesionales, sino en agrupaciones sindicales, pero, para los efectos de estos comentarios, cumplen un objetivo parecido, cual es, tengo entendido y podría estar equivocado, la exclusión laboral de los no miembros. Los tres más importantes sindicatos del sector son la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC). 

La expansión de restricciones al libre ingreso en los mercados laborales ha sido muy notoria. Se debe no sólo a las exigencias de licencias para poder ejercer -como sería un colegiación obligatoria- sino que Friedman destaca que, para los Estados Unidos y todavía en Costa Rica, agrego yo, “en la actualidad, los aranceles, leyes de comercio justo, cuotas de importación, cuotas de producción, restricciones sindicales en torno al trabajo, etcétera, son ejemplos de fenómenos restrictivos similares.” Y agrega algo muy importante: “La característica común a todos estos ejemplos, es que la legislación es impuesta en nombre de un grupo de productores. En el caso de licencias, el grupo de productores es usualmente un oficio (o una profesión). Para los otros ejemplos puede ser un grupo que produce un bien particular, el cual pretende lograr un arancel en su favor, o un grupo de pequeños vendedores, a quienes les gustaría ser protegidos de la competencia de supermercados o tiendas de cadenas “atracadoras”, o un grupo de productores de petróleo o de agricultores o de trabajadores del acero.” (Milton Friedman, Capitalism and Freedom, Chicago: The University of Chicago Press, 1967, p. 139. El paréntesis es mío). 

Asimismo, puede ser de interés de los lectores repetir la aseveración política de Friedman, que él aplicó al proceso de aprobación legislativa de tales restricciones y que, viéndolo bien, suele ser idéntico al de nuestro medio. Escribe: “Entre los argumentos que buscan persuadir a los legisladores para que legalicen una exigencia de licencia o autorización para poder trabajar, la justificación que siempre se brinda es la necesidad de proteger el interés del público. Sin embargo, raramente la presión sobre los legisladores para aprobar esas exigencias de autorizaciones viene de parte de una ciudadanía que habría sido timada o de alguna otra forma abusada por parte de miembros del gremio (o profesión). Por el contrario, le presión inevitablemente proviene de miembros del propio grupo ocupacional (o profesional)”. (Ibídem, p. 140. Los paréntesis son míos).

Se revela la naturaleza del agrupamiento de intereses que está detrás de esos proyectos de ley, que buscan restringir la competencia en el mercado de trabajo, en contraste con el interés ampliamente disperso, por lo general, de la sociedad. Eso hace que “en ausencia de alguna legislación general que compense esa presión de los grupos de intereses especiales, las agrupaciones de productores invariablemente tendrán capacidad de ejercer una mayor presión sobre la acción legislativa y los poderes que de ella emanan, en comparación con el interés de los consumidores, que es ampliamente difuso y diverso.” (Ibídem, p. 143). Por tanto, sugiere Friedman, “la única manera que puedo vislumbrar para neutralizar a esos grupos de productores, es estableciendo  una presunción general en contra de que el estado emprenda ciertas tareas como esas” de limitar la posibilidad de acceder al trabajo, excepto en casos extraordinarios, en que la carga de la prueba en contrario recae en quienes desean estar fuera de esa presunción general. (Ibídem, p. 144).

Friedman no se desanima, no se amedrenta: está dispuesto a discutir el problema de licencias necesarias para ejercer en el caso de una profesión, que, a primera vista, la gente considera que hay razón para la existencia de, por ejemplo, un colegio profesional, que impida que cualquiera pueda ejercer la medicina. El argumento que para este caso usualmente se esgrime, lo expone Friedman al decir que “El principal argumento relevante para un liberal es la existencia de efectos de vecindad (o externalidades). El ejemplo más simple y más obvio es el del médico “incompetente” quien produce una epidemia… puede discutirse que si el médico trata mal a su paciente, puede provocar una epidemia que cause daños a terceros, quienes no forman parte integral de la transacción. En tal caso es concebible que todos, incluyendo hasta el médico y el paciente, estarían dispuestos a sujetarse a la restricción de que la práctica de la medicina se deje en manos de gente “competente”, a fin de prevenir que tal epidemia ocurra.” (Ibídem, p. 147. El paréntesis es mío).

El problema, señala Friedman, es que el argumento más utilizado en la realidad para justificar licencias profesionales para ejercer, no es el indicado en el párrafo anterior, “sino más bien un argumento algo paternalista, que tiene poco o ningún atractivo. Lo que se dice es que el individuo es incapaz de escoger adecuadamente a su propio sirviente, a su propio médico, o al plomero o al barbero. Para que un hombre escoja inteligentemente a un médico, él tendría que ser un médico. La mayoría de nosotros, se afirma, somos, por tanto, incompetentes y debemos de ser protegidos contra nuestra propia ignorancia.” (Ibídem, p. 147).  

Este tema de la exigencia de una licencia para poder ejercer como médico es directamente encarado por Friedman. Su punto de partida es el esperable: “dicha licencia es la clave para el control que la profesión médica puede ejercer sobre el número de médicos.” (Ibídem, p. 150). En el caso de los Estados Unidos, Friedman señala que ese poder restrictivo tiene su base en el control de la Asociación Médica Americana (American Medical Association –AMA) sobre la admisión de estudiantes y potenciales competidores en las escuelas universitarias de medicina. La AMA determina los patrones que deben seguir tales facultades, entre otras cosas, en cuanto a su política de admisión. En los Estados Unidos, al igual que en Costa Rica, una persona debe tener la licencia para poder ejercer como médico y esa licencia la otorga, en el caso de aquel país, en una primera instancia la facultad universitaria que es aprobada por la AMA, ente que luego refrenda la licencia para ejercer. En nuestro país la licencia la otorga directamente el Colegio de Médicos, independientemente de la escuela de donde provenga el potencial médico.

El resultado en ambos casos es prácticamente el mismo. “El control en la admisión a la escuela de medicina y posteriormente el de la entrega de licencia para trabajar, permite a la profesión limitar la entrada de dos maneras. La obvia es simplemente rechazando a muchos solicitantes. La menos obvia, pero probablemente la más importante, es mediante el establecimiento de estándares para la admisión y la entrega de las licencias para ejercer, que hacen que el ingreso sea tan difícil como para descorazonar a los jóvenes de tratar de seguir dicha carrera.” (Ibídem, p. 151).

“En tiempos normales,” dice Friedman, “la racionalización para la restricción… es que los miembros de la profesión médica quieren elevar lo que ellos consideran son los estándares de la ‘calidad’ de la profesión” (Ibídem, p 153), pero es claro que aquí hay una confusión entre eficiencia técnica y eficiencia económica. El hecho es que, exigir la norma técnica más alta para cualquier producto, por ejemplo, de un teléfono celular, significa usualmente tener un costo muy elevado, lo que hace que muchos consumidores no puedan comprarlo. Si bien se satisface la condición técnica, lo hace tan sólo a un precio muy elevado. Se tendrá eficiencia técnica, pero no económica, pues se restringe la relación servicio/costo que el cliente desearía poder obtener. “El punto de vista de que la gente debe recibir tan sólo el servicio médico ‘óptimo’ siempre conduce hacia una política restrictiva, una política que mantiene reducido el número de médicos,” expresa Friedman. (Ibídem, p. 153).

En la crítica que Friedman hace a la AMA, formula una pregunta muy apropiada: ¿Poner requisitos para obtener una licencia médica para poder ejercer, eleva efectivamente los estándares de competencia? Se responde a sí mismo que no, pues, en primer lugar, “siempre que se bloquea la entrada a un área, usted establece un incentivo para esquivarlo y, por supuesto, la medicina no lo es la excepción”, citando como ejemplos a la osteopatía y la quiropráctica y yo agregaría a la homeopatía. (Ibídem, p. 155). Otro caso interesante al cual se refiere Friedman es al de la investigación y experimentación médica. Dice: “Los avances en cualquier ciencia o campo a menudo surgen de uno entre una gran cantidad de ‘loquitos y charlatanes’, quienes no tienen estatus en sus profesiones. En la medicina, en las actuales circunstancias, es muy difícil involucrare en la investigación o experimentación, a menos que usted sea un miembro de esa profesión… tender a conformarse con la ortodoxia prevalente es algo que seguramente reducirá la cantidad de experimentación que hay en proceso y, por lo tanto, reduce la tasa de crecimiento.” (Ibídem, p. 157).

Friedman resume así su posición acerca de la exigencia de licencias para poder trabajar y particularmente en el campo médico: “Cuando todos aquellos efectos son tomados en cuenta, me siento persuadido de que la exigencia de licencias para ejercer ha reducido tanto la cantidad como la calidad de la práctica médica; que ha disminuido las oportunidades disponibles para la gente a la que le gustaría ser médico, forzándolos a proseguir ocupaciones que ellos consideran menos atrayentes; que ha obligado al público a pagar más por servicios médicos menos satisfactorios y que ha retardado el desarrollo tecnológico, tanto en la propia medicina, como en su organización práctica. Concluyo en que la exigencia de licencias para ejercer, debe eliminarse como un requisito para la práctica de la medicina.” (Ibídem, p. 158).

Al final de este capítulo, Friedman hace una reiteración que podría responder a la inquietud de alguien preocupado en que, de seguirse sus propuestas para liberar el mercado de servicios médicos, no sería posible para una persona disponer de evidencia acerca de la calidad de los servicios médicos. Eso tampoco se logra con el actual requisito de obtener una licencia para ejercer, pues induce, como se discutió anteriormente, a que en el mercado se obtengan servicios de menor calidad. Según Friedman, “la imposibilidad para cualquier individuo o grupo pequeño de concebir todas las posibilidades, mucho menos la de evaluar sus méritos, es el gran argumento en contra de la planificación central del gobierno y en contra de arreglos como los monopolios profesionales, que limitan las posibilidades de experimentación. Por su parte, el gran argumento en favor del mercado es su tolerancia hacia la diversidad; su habilidad para utilizar un rango amplio de la capacidad y conocimiento especializados. Eso convierte a grupos especiales en impotentes para impedir la experimentación y permite a los consumidores y no a los productores decidir cuál servirá mejor a los clientes.” (Ibídem, p. p. 159-160).

He hecho referencias al tema de las restricciones impuestas por los colegios profesionales en Costa Rica para impedir la libre entrada de las personas para el ejercicio de las profesiones que presuntamente regulan. Así que aprovecho para exponer algunas pocas ideas propias -no muy alejadas de la totalidad de las sugerencias de Friedman- que, eso sí, tal vez son más apropiadas para las circunstancias de la situación costarricense. Para que se cure en salud cualquier mal pensado, no, reitero, no soy ni he sido miembro de ningún colegio profesional establecido en el país. Siempre me he negado a serlo, a pesar de diversas invitaciones, que no vienen al caso especificarlas, que me han sido hechas a lo largo de mi vida, para formar parte del colegio profesional de economistas.

En este capítulo, Friedman señala a la Asociación Médica Americana como un factor esencial en la restricción de la libertad de los individuos para trabajar en el campo de la medicina. Enfatiza que una razón por la cual lo puede hacer tan eficientemente, es su control sobre las facultades de medicina en cuanto a la aceptación de estudiantes. La que no acepta la política de la AMA, no puede operar como escuela de medicina. 

El caso es distinto en Costa Rica, pues hay relativa libertad para crear facultades universitarias en el campo médico. Ciertamente esa libertad no es la deseable, pues indirectamente el Colegio de Médicos incide en determinar la “calidad” y requisitos que deben cumplir esas facultades, además de que los profesores imprescindibles deben ser miembros de dicho Colegio y, por tanto, tienen un interés lógico en restringir la competencia. Asimismo el freno de la burocracia estatal para permitir la instalación de una escuela de medicina en el país, constituye una real pesadilla. En síntesis, en Costa Rica tampoco es fácil crear una escuela de medicina nueva, que tenga independencia, por lo menos indirecta, del Colegio de Médicos.

Por su parte, un estudiante proveniente de una universidad extranjera (al igual que el de la universidad costarricense) tiene que hacer exámenes ante el Colegio de Médicos para obtener su incorporación, exámenes que, como es de esperar, son realizados por ese mismo Colegio. En resumen, el Colegio de Médicos de Costa Rica tal vez no tenga tanto poder restrictivo como lo tiene la AMA, pero, sin duda, posee la suficiente influencia como para controlar la competencia potencial en el mercado laboral de esa profesión. 

El mayor contraste entre el mercado de profesionales médicos en los Estados Unidos y el de Costa Rica, es que, si bien en ambos hay un monopolio o control de la oferta de profesionales, en Costa Rica hay también un monopsonio (o un alto grado de poder monopsonista) de parte del casi único demandante de servicios médicos, como es la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Por ello, me parece que, mejor que un análisis como el de Friedman de un monopolio de la oferta (definido por la AMA), mas no de la demanda, en Costa Rica es más apropiado valorar el caso conocido como de un “monopolio bilateral”. Esto es, monopolio de la oferta y monopolio de la demanda (técnicamente sería un monopolio bilateral, conformado por un monopsonio; o sea, un único comprador, y un monopolio; esto es, un único vendedor). El monopolio de la oferta de médicos elevará el precio al consumidor por encima del valor de mercado y el monopsonio reducirá el precio que se paga por los diferentes oferentes de servicios profesionales médicos. El precio final, en este caso, es siempre indeterminado y el resultado dependerá de ambas fuerzas negociadoras en cuanto a precio y cantidad.
Se ha considerado que, si bien cada cual es en sí altamente ineficiente, cuando se combinan, mejora la eficiencia. Ello porque el poder de control del monopolista es compensado en algo por el monopsonista, pero, a diferencia de un mercado competitivo, en donde hay numerosos vendedores y compradores, en este caso hay un solo comprador (la CCSS) y un solo vendedor (el Colegio de Médicos). Por ello se ha considerado por algunos economistas, que, si bien es cierto que el monopolio bilateral no es perfecto y es ineficiente, resulta ser mejor que una situación caracterizada o sólo por el monopolio o sólo por el monopsonio. La clave está en el balance que se logre en las negociaciones. 

No puedo decir qué grado de balance hay en el mercado de los profesionales de la medicina en Costa Rica, pero me parece que la lucha de ambos grupos suele ser la norma en la consecución de cuál resultado sea el más favorable para sus intereses particulares. Claro que, si uno asume que la CCSS está controlada por agremiados del Colegio de Médicos, es de esperar que el factor restrictivo del monopolista prime por encima de la fuerza restrictiva en el pago que efectúa el monopsonista. En mi opinión -intuitiva si se quiere- esta circunstancia parece primar en el actual momento en Costa Rica, en donde, sin embargo, por situaciones de dificultades económicas de la CCSS, es de esperar que venga un aumento de la fuerza ejercida por el monopsonista. No debo dejar de omitir que, en ese tira y encoje en que entran el monopolista y el monopsonista, un gran perjudicado suele ser el usuario o consumidor, quien muchas veces observa como los servicios que demanda no se le prestan o quedan a la merced de la resolución del conflicto entre ambas partes, el Colegio de Médicos y la Caja. 

Sin embargo, los mercados funcionan, aunque sea en una pequeña economía como la nuestra: en los últimos tiempos se ha visto un crecimiento importante de hospitales privados (demandantes de servicios médicos), que, no lo dudo, ya está incidiendo en aliviar la presión monopsónica actual de la CCSS y que lo logrará en el largo plazo.

Estos comentarios no significan que la política conveniente sea dejar a dicho colegio profesional en la situación actual (tanto el de Médicos como el Colegio de Microbiólogos, pues este último está en una situación similar al primero, tanto en lo que se refiere a un monopolio bilateral, sino también en lo que concierne con la sensibilidad que en la ciudadanía tiene el tema de una correcta prestación de servicios de salud). 

Mi sugerencia es que, como la restricción al acceso de muchos profesionales a los mercados laborales, lo determina un colegio profesional autorizado por ley de la Asamblea Legislativa, entonces, que se permita que, con un número mínimo de quince miembros (o diez o veinte, lo que quiero resaltar es que no se necesita que sean muchos asociados como razón para impedir que lleguen a existir), se autorice la formación de diversos colegios profesionales de un gremio particular, a fin de promover una competencia mayor y efectiva entre ellos. Se favorecería la posibilidad de que los interesados en laborar en los mercados profesionales lo puedan hacer más fácilmente y que, a la vez, por medio de la reputación que van adquiriendo cada uno de estos colegios que compiten entre sí, el consumidor pueda obtener la información necesaria acerca de las diversas calidades que ofrecen los miembros de los distintos colegios.

Me imagino, por ejemplo, que -y lo que sigue es aplicable a cualquier tipo de colegio profesional con base en lo expuesto en el párrafo previo- podría existir un Colegio de Médicos en cada provincia o en cada región o lo que fuere. Eso sí, compitiendo entre ellos, y teniendo presente que desearán aumentar el número de sus asociados, sin que puedan o deban imponer trabas indebidas a las escuelas universitarias de medicina, ni tampoco que para ejercer sea requisito obligatorio el ser miembros de un único colegio profesional. Al desaparecer la colegiatura obligatoria en un solo colegio, podría cumplirse con otros objetivos que se consideren convenientes, como opinar en grupo sobre temas del interés de la profesión, reunirse a compartir temas relacionados con su profesión, promover el avance del conocimiento del gremio, entre muchas otras cosas.

Por supuesto, todos esos colegios estarán inhibidos de fijar precios mínimos que pueden cobrar sus asociados por sus servicios profesionales. Alguien podría decirme que básicamente está de acuerdo con lo propuesto, pero que, en el caso particular de médicos y microbiólogos, al continuar rigiendo el poder del monopsonista (la CCSS) -lo cual puede ser cierto- convendría mantener el estado de cosas. Aun así, creo que los acontecimientos actuales relacionados con el sistema de seguridad social de Costa Rica, apuntan hacia un crecimiento del servicio médico privado y a una redefinición de un sobre-extendido, desfinanciado y casi incontrolado ámbito de cobertura de la CCSS.

Lo oportuno, como siempre, es dejar que la competencia favorezca a los consumidores y evitar que la coacción, ya sea de un monopolio o un oligopolio, siga ocasionando costos indebidos en la sociedad. Puede ser que vendrá una transformación importante en el campo de la medicina en el país y particularmente en lo laboral,  pero entre tanto no hay razón alguna para continuar limitando la libertad de los consumidores para elegir lo que prefieren en cuanto a calidad y precio. Eso deberá definirse muy pronto y por ello es útil tener en mente los consejos del profesor Friedman en su libro Capitalismo y Libertad. El problema comentado no ha sido fácil de tratar, pero es aún más difícil pretender soslayarlo, como si no existiera con todo y los elevados costos que recaen sobre los ciudadanos.

Jorge Corrales Quesada

Liberalismo Aplicado: La creación de empleos y la política gubernamental

Antes de la Gran Depresión en los treinta, la noción de que el gobierno debe hacerse responsable por generar empleos hubiera parecido absurda. Sin embargo, hoy en día escuchamos frecuentemente a los aspirantes de políticos declarar que su objetivo económico número uno es incrementar el empleo.

La justificación intelectual para ajustar las políticas presupuestaria y monetaria del gobierno hacia afinar la economía (y, en particular, hacia generar más empleo) fue provista por John Maynard Keynes (1936) en La Teoría General del Empleo, Interés y Dinero. Este libro, que sirve de punto de referencia, sentó las bases para la doctrina económica que dominó las políticas macroeconómicas por varias décadas después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, desde mediados de los treinta, la visión dominante de los tomadores de decisiones económicas había sido la de que el mercado fracasa en generar oportunidades de empleo adecuadas. En esta visión subyace el apoyo a los programas gubernamentales para "crear empleos."

Me recuerdo de la historia que un empresario me contó hace unos pocos años. Mientras realizaba una gira en China, se topó con un grupo de aproximadamente 100 trabajadores que construían una represa de tierra con palas. El comerciante le comentó a una autoridad local que, con una máquina removedora de tierra, un solo trabajador podría construir la represa en una tarde. La curiosa respuesta del oficial fue, "Sí, pero imagínese todo el desempleo que eso crearía." "Oh", dijo el empresario, "yo pensé que Ustedes estaban construyendo una represa. Si son trabajos lo que Ustedes quieren crear, entonces ¡quíteles las palas y deles cucharas!"

En la última década de este siglo, esa manera de pensar sobre el papel del gobierno—que viene de la época de la Depresión—está desapareciendo. En el siglo XXI, generar empleos ya no es visto como el principal objetivo de la política gubernamental; promover un ambiente de creación de la riqueza sí lo será.


Generar Empleo Versus Crear Riqueza

El trabajo es el medio necesario de alcanzar riqueza: para ser consumidores, debemos también ser productores. Cualquiera que sean las buenas intenciones, cuando el gobierno se aparta de su enfoque de crear riqueza y pretende generar empleo, inevitablemente amenaza con disminuir el nivel de vida. Una política gubernamental exitosa que aumente la riqueza debería simultáneamente reducir la carga de trabajo que pesa sobre la fuerza laboral. Eso no significa que la gente necesitará compartir trabajos, tomar trabajos mal pagados o convertirse en desempleados. La creación de riqueza ocurre conforme el componente "muscular" del empleo disminuye y el componente "cerebral" aumenta.

El historial laboral de los países industrializados en el último siglo es claro. En Estados Unidos, por ejemplo, la semana laboral promedio se ha reducido en más de un 40% en los últimos 100 años. Entre los beneficios de la acumulación de riqueza se encuentra el aumento en el ocio que ésta puede costear. Países sumamente pobres se caracterizan típicamente por gente que trabaja desde la madrugada. Hacerlo de otra manera sería desastroso. Cuando uno encuentra naciones empobrecidas con altas tasas de desempleo, uno también encuentra sistemas político-económicos que desincentivan ampliamente la creación y acumulación de la riqueza.

La distinción entre crear riqueza y generar "empleo" puede ser ilustrada por una economía que ha sufrido un desastre natural catastrófico. Una característica bien conocida de la economía de mercado es que en las postrimerías de un desastre, como un huracán o terremoto, el empleo y la producción tienden a aumentar. Una conclusión podría ser que la economía de mercado rutinariamente acumula servicios laborales sin uso que son agradecidamente llamados al servicio por las nuevas demandas de construir casas, carreteras, y todas las otras inversiones que fueron dañadas o destruidas. Pero es claro que la sociedad no está mejor porque la gente está trabajando jornadas más arduas y largas. Una conclusión más razonada es que estos desastres naturales son destructores de riqueza—y generadores de empleo en el sentido que los dueños de casas y empresarios deben ahora esforzarse más para recuperarse de sus pérdidas. Dudo que éste sea el tipo de programa de "generación de empleos" que los votantes tenían en mente cuando depositaron su voto, aunque sospecho que muchos programas gubernamentales "de empleo" operan muy parecido a los programas de reconstrucción post-desastre.


El Gobierno y la Preservación de Empleos

Dada la importancia que los políticos usualmente le asignan a la tarea de generar empleo para la gente, es sorprendente descubrir lo poco que saben sobre la naturaleza de la generación de empleos en una economía de mercado. Estudios del historial estadounidense no muestran ningún factor identificable y sistemático relacionado con región, salarios, tamaño del empleador, intensidad del capital y de la energía, o competencia externa que sea responsable por una parte significativa de los tipos o números de trabajos creados o destruidos en una economía.

Ya que los tomadores de decisiones no cuentan con un panorama claro de hacia dónde van a ser dirigidas las energías empresariales en el futuro, es imposible para ellos predecir dónde debería tomar lugar la creación de empleos. Por ejemplo, hace dos o tres años, ¿quién hubiera predicho, ni que decir planeado, que una cantidad rápidamente creciente de gente estaría diseñando sitios de Internet? No es sorprendente, entonces, que las políticas gubernamentales que pretenden dirigir el flujo de los talentos empresariales en un esfuerzo por promover "buenos" empleos, y presumiblemente desincentivar trabajos "malos", tendrá efectos inciertos y potencialmente negativos en la prosperidad económica.

Las políticas de empleo dirigidas por el gobierno engendran grupos de presión que inevitablemente disminuyen la eficiencia de los mercados en asignar los escasos recursos. Estas políticas tienden a persistir más allá de cualquier punto deseable e inhiben un antecedente necesario a la generación de trabajos: la destrucción de trabajos. En Estados Unidos, los sectores e industrias que cuentan con las tasas más altas de trabajos generados son generalmente los que poseen la mayor cantidad de trabajos destruidos. Igualmente, los países con las tasas más altas de generación de empleos también tienden a tener las tasas más altas de destrucción de empleos (Davis, Haltiwanger, y Schuh 1996: Tabla 3.1).

En las economías modernas, ¿podemos concebir alguna generación de puestos de trabajo que no sea precedida por la destrucción de otros puestos menos eficientes, y por lo tanto menos prósperos? De hecho, ¿podemos concebir algún avance importante que no haga obsoleto alguna otra forma menos eficiente de producir las cosas?

Yo pertenezco a la generación que todavía puede operar una regla de cálculo—sin que pueda precisar claramente con qué propósito. Pero esta tecnología ha sido necesariamente suplantada por la invención de las calculadoras electrónicas, e incluso hoy en día las computadoras personales de miniatura están haciendo obsoletas a las calculadoras. Esta es la naturaleza del progreso—hacer obsoleta a la tecnología antigua. La innovación es el proceso de "destruir creativamente" el orden preexistente.[1]

Dada su visión imperfecta, los programas de empleo gubernamentales son casi en todas partes políticas de protección de empleos, los cuales por extensión tienden a inhibir la creación de nueva tecnología que aumente la riqueza. Los estancados mercados laborales de Europa son un resultado directo de las leyes y regulaciones laborales diseñadas para proteger los trabajos existentes, aún bajo el costo social de desincentivar la formación de capital nuevo y, por lo tanto, de la creación de riqueza.


Fronteras, Prosperidad y Libertad de Capital

Los dos lados de una frontera política ilustran lo que un gobierno puede y no puede lograr. Quizás la interrogante crítica de un tomador de decisiones económicas es por qué la prosperidad económica varía tan ampliamente a lo largo de una frontera imaginaria. ¿Cuál es la importancia económica de las fronteras que separan a la prosperidad de un lado y a la pobreza del otro?

En términos más simples, sólo pueden haber dos razones para que existan diferentes niveles en el ingreso per capita: 1) diferentes niveles de recursos ó 2) diferencias en la asignación de los recursos, ya sea sobre cómo son empleados los recursos o cuántos de los recursos son empleados. Además, estas dos fuentes de prosperidad económica son interdependientes: la forma cómo una nación decide asignar sus recursos determinará últimamente cuántos recursos tiene que asignar.

Las fronteras usualmente marcan diferentes grados de fertilidad del capital—los incentivos que promueven la propagación del nuevo capital que le permite a las regiones ricas alcanzar y mantener niveles de vida altos. El mundo industrializado no fue dotado de todos los recursos que posee; la mayoría fueron creados por el esfuerzo empresarial dentro de un sistema político-económico adecuado. El esfuerzo empresarial no es manufacturado por ingenieros sociales, sino que echa raíces naturales en una superficie económica libre de contaminaciones de intervención política.


El Papel del Gobierno en la Economía

El papel del gobierno en la economía fue establecido hace una década en el maravilloso ensayo La Pobreza de las Naciones escrito por el difunto economista Karl Brunner en 1985. Una persona en una economía puede utilizar los recursos únicamente en uno de cuatro esfuerzos básicos posibles: puede producir, comerciar, influir el proceso político para redirigir una mayor cantidad de recursos en beneficio propio, o protegerse contra los esfuerzos redistribucionistas de otros.

En los primeros dos usos—producción y comercio—el bienestar total generado por la economía aumenta. En el lenguaje de los economistas, estas actividades representan una suma positiva (una situación gana-gana). Sin embargo, los dos últimos esfuerzos—redirigir el flujo de los recursos y protegerse contra los esfuerzos de otros que buscan distribuir la riqueza—son un juego suma cero, o incluso, uno de suma negativa. No añaden ningún valor, desperdician tiempo y esfuerzo, y por lo tanto generan un nivel de vida más bajo para la gente conforme los recursos son desviados de la producción y el comercio. Las instituciones gubernamentales—leyes, reglas, regulaciones, y el sistema judicial—influencian las decisiones privadas de asignar recursos entre estos usos.

La influencia del gobierno como ente distribuidor de la riqueza es bien conocida. La distribución de la riqueza gubernamental mediante impuestos explícitos o implícitos disminuye el incentivo para generar y acumular riqueza, y por lo tanto reduce el poder productivo potencial del sistema económico. Pero los gobiernos también pueden promover la producción y el comercio, ya que son los que asignan y protegen los derechos de propiedad, y hacen cumplir los contratos privados. Estas son actividades que aumentan la riqueza y que ayudan a que la capacidad productiva de una economía florezca. Por lo tanto, los gobiernos tienen dos modos contradictorios y coexistentes: "el modo protector" y "el modo distributivo."

Dichos modos sugieren por qué los límites arbitrarios a lo largo de las fronteras políticas generalmente muestran prosperidad divergente. Las mismas son las fronteras de una autoridad gubernamental y, como tales, marcan los diferentes grados de los modos protector y distributivo.

Ambos papeles pueden influenciar negativamente el panorama económico de una nación: muy poco poder protector o demasiado esfuerzo distributivo inhibe la creación y retención de riqueza y retarda las fuerzas equilibrantes que intentan proveer un nivel de vida comparable al de los países vecinos.

Ahora que ya no existen los alambrados muros de concreto que separaban a las economías de Europa Occidental y Oriental, podemos esperar ver una disminución en la brecha de riqueza que existe entre las dos regiones. Sin embargo, hasta que una infraestructura legislativa y judicial que aumente el modo protector del gobierno haya sido construida en los países del antiguo bloque comunista, la brecha en el bienestar económico no será cerrada.

Una precondición necesaria para la acumulación de capital es la protección de los derechos de propiedad. Los países que logran los progresos más rápidos en adoptar las prácticas legales, financieras y de contabilidad de Occidente pasarán a disfrutar una nueva era de prosperidad para sus economías. De igual forma, hasta que el modo distributivo de muchas de las economías de Europa Occidental sean sustancialmente reducidos, el estancamiento en sus niveles de vida muy probablemente persistirá.

La habilidad de los gobiernos de influenciar la creación de riqueza ha sido documentada en un estudio reciente producido por un consorcio de institutos de investigación en Canadá, México y Estados Unidos (Gwartney, Lawson, y Block 1996). El estudio pretendía medir, de una forma metodológica, el grado de libertad económica en cada uno de los países estudiados. La conclusión a la que se llegó luego de examinar más de 100 países a lo largo de un lapso de 20 años fue que los gobiernos con un fuerte compromiso con la libertad económica—incluyendo la libertad de intercambio y la protección de la propiedad privada—tendían a tener un crecimiento más rápido y a ser más ricos. No había país con una calificación de libertad económica persistentemente alta que fracasara en alcanzar un nivel de ingreso alto. Además, todos los 17 países donde las calificaciones de libertad económica habían mejorado gozaban de tasas de crecimiento positivas y generalmente fuertes, mientras que los países donde la libertad económica había declinado registraron disminuciones en los índices de riqueza per capita.


Un Papel de Creación de la Riqueza para la Política Monetaria

Existe la presunción de que la política monetaria en las democracias industriales tiene dos objetivos: 1) promover la estabilidad de los precios y 2) promover el crecimiento del empleo. Aunque muchos sostienen que ambos objetivos están en conflicto, yo estoy en desacuerdo. Es falso concluir que existe un canje entre estabilidad de precios y la creación de puestos de trabajo. Tal percepción presenta a los proponentes de un sistema monetario estable como si se opusieran a la creación de empleos. Por el contrario, al proteger el poder adquisitivo del dinero de un país—y por lo tanto proteger los derechos de propiedad de las empresas privadas que utilizan el dinero provisto públicamente—el banco central promueve la creación y acumulación de riqueza.

La alternativa—permitir que el poder adquisitivo del estándar monetario de un país se deteriore conforme pasa el tiempo—desvía los recursos de actividades que generan riqueza hacia esfuerzos para proteger la riqueza existente de los estragos de la inflación y las devaluaciones de la moneda. Si los efectos distributivos se hacen lo suficientemente grandes—es decir, si la inflación es extremadamente alta—la gente abandonará el estándar monetario doméstico y lo reemplazará con uno que es fijado fuera del país.

Por ejemplo, la proporción de la moneda estadounidense que la gente posee fuera del país ha estado aumentando rápidamente, de tal forma que hoy en día más de dos tercios está en manos de residentes no estadounidenses. En los ochenta, Latinoamérica poseía el grueso de la moneda estadounidense nueva, ya que en esta región el dólar es comúnmente utilizado para llevar a cabo transacciones ordinarias y de bienes raíces. Desde la caída del Muro de Berlín a finales de 1989, los flujos monetarios en Europa del Este y las antiguas repúblicas soviéticas han crecido enormemente conforme el dólar es más aceptado como medio de intercambio en estas economías de mercado emergentes. De hecho, en 1994, las transferencias de moneda estadounidense hacia Rusia representaron más del 50% de todos los movimientos monetarios externos. En 1995 se reportó que los embarques brutos de moneda estadounidense a Rusia eran de hasta $100 millones por día comercial (Porter y Judson 1995).

La razón a favor de un sistema monetario competitivo en Rusia está clara: Para ganar ingresos producto del señoraje, el banco central ruso imprime rublos rápidamente, desvalorizando a la moneda doméstica. Entonces, el impuesto inflacionario implícito sobre las transacciones de rublos proveyeron el incentivo para que los ciudadanos rusos utilicen una moneda más estable—el dólar estadounidense.

Cuando vemos al dinero como un bien público que facilita la operación de los mercados, empezamos a ver que un estándar monetario estable no tiene que oponerse a la creación de puestos de trabajo, sino que favorece la creación de riqueza. Este es el entendimiento alcanzado en una amplia variedad de economías de mercado alrededor del mundo. En años recientes, muchas naciones han adoptado como único objetivo del banco central alcanzar una inflación baja o de cero. En gran medida, dichos gobiernos se han desencantado con el papel de la autoridad monetaria de afinar y ajustar la economía. En casi todos los ejemplos, las consecuencias no deseadas de las desacertadas "políticas de estabilización contracíclica" de corto plazo consistieron en la inestabilidad del poder adquisitivo del dinero, el empeoramiento de las fluctuaciones en la actividad comercial, y la erosión de la riqueza.

La evidencia del efecto negativo de la inflación sobre la creación de la riqueza es incompleta, pero existen pocas dudas de que dicho efecto es cada día más reconocido. Por ejemplo, un estudio reciente del Bank of England reportó que un aumento del 10% en la inflación promedio reduce la tasa de crecimiento del ingreso per capita real en cerca de un cuarto de un punto porcentual y disminuye la proporción de inversión con respecto al PIB (Barro 1995). Estos resultados implican que a largo plazo la inflación puede tener un efecto significativo en el nivel de vida de un país. Esta conclusión es consistente con el trabajo realizado por economistas de la Reserva Federal quienes concluyeron que existe "una correlación negativa entre la inflación y el crecimiento de la productividad durante el período posterior a la Guerra de Corea en Estados Unidos" (Rudebusch y Wilcox 1994).

Los economistas debatirán los detalles sobre cuál es la mejor manera de implementar un objetivo de estabilidad de precios para los bancos centrales. De hecho, dichos debates han tomado lugar en Estados Unidos durante muchos años, así como alrededor del mundo. Pero hay un elemento esencial de este objetivo: los gobiernos deben abandonar la noción de que los inestables sistemas de pago inflacionarios representan estrategias de creación de riqueza (y de empleos) útiles. El historial en este punto es claro. Para alcanzar el mayor nivel de vida, el banco central debe proveer los mejores incentivos para la creación y acumulación de la riqueza. Eso, sobre todo lo demás, significa que debe proveer un sistema monetario estable.

Jerry L. Jordan

Tema polémico: los derechos laborales

Para este Tema polémico, hemos decidido escoger los derechos laborales. Ya hemos discutido especificamente el salario minimo y el aguinaldo, sin embargo, nos parece pertinente hacer una critica general al Derecho laboral, por considerarla una como una forma más de mercantilismo, especificamente otorgado a los individuos con empleo. Es común escuchar que los derechos laborales son "una conquista de la clase trabajadora" o "una medida que protege a los trabajadores de la explotacion", empero en ASOJOD hacemos una crítica a este tipo de medidas analizando los efectos no vistos de este tipo de medidas. Ya hemos recomendado en el pasado el ensayo "Lo que se ve y lo que no se ve" de Frederic Bastiat, en donde podemos claramentne ver que las medidas tomadas por el Estado no sólo tienen efectos evidentes o explícitos, sino efectos no visto o implícitos. El Derecho laboral no es la excepción, por lo que haremos un crítica a su existencia desde el punto de vista economico.

Otra forma de mercantilismo

El Derecho laboral es una rama del Derecho cuyo objeto son las medidas adoptadas por el Estado, estableciendo requisitos mínimos irrenunciables para los trabajadores en todo contrato de trabajo. Como expondremos en la siguente seccion, no creemos que estos mínimos sean éticamente sostenibles, pero aún asumiendo que lo fueran, estas medidas tienen varios efectos indeseados que rara vez son comentados.

En ASOJOD sostenemos una teoría subjetiva del valor, cuyo desarrollo es atribuido preincipalmente a Carl Menger. Esta teoría sostiene que los bienes o servicios no valen por el trabajo que requieren para ser producidos u otorgados, sino por las valoraciones individuales de quienes los adquieren de manera voluntaria según sus escalas de valores individuales. El Derecho laboral parte de una teoria del valor-trabajo, es decir, los bienes o servicios valen por el trabajo que requieren y no dependen de la valoracion subjetiva de sus adquirentes. Esta última teoría sirve como fundamento para el concepto de explotación, ya que si aceptamos que el valor es algo objetivo, el dueño de los medios de producción estaría extrayendo el valor de la producción de los trabajadores sólo por ser el dueño de tales medios. Esta "extracción de plusvalía" sería la diferencia entre el valor del servicio o bien producido y el salario del trabajador o trabajadores involucrados. En otra palabras, las ganancias de todo empresario serían una extraccion de plusvalía de sus trabjadores y por lo tanto una explotacion de estos. Por el contrario, si aceptamos una teoría del valor subjetivo, el concepto mismo de explotación no tendría sentido, ya que los bienes o servicios producidos valdrían dependiendo de las valoraciones individuales de sus adquirentes.

En consecuencia, al susciribirnos a una teoría subjetiva del valor, necesariamente debemos concluir que el Derecho laboral es una forma más de mercantilismo que "protege" de manera discriminatoria e injustificada a quienes tienen empleo pero condena a la informalidad o al desempledo a quienes nadie desea cubrirles todos los "beneficios" laborales. Partiendo de una teoría del valor subjetivo, es necesario aceptar que cada individuo puede determinar de manera libre el valor de su tiempo. Al negar esta premisa, el Derecho laboral otorga ciertas prebendas: salario mínimo, aguinaldo, cargas sociales, etc. que son irrenunciables. La consecuencia de la existencia de estos mínimos es muy simples: quien no esté dispuesto a otorgarlos tendrá la opción de no contratar o de contratar de manera informal a sus trabajdores. Hernando de Soto explica de manera clara en su libro "El otro sendero" el papel de la informalidad en el Peruúprecisamente por el gran costo de la legalidad.

Con base en lo anterior, podemos decir que el Derecho laboral, si bien "protege" a los trabajadores, lo hace a costa de los desempleados y de quienes desean cambiar de trabajo. Gracias a la exitencia de este tipo de mínimos, quienes no trabajan o quienes desean cambiar de trabajo de manera mucho mas flexible, se encuentran impedidos para hacerlo aún cuando haya alguien dispuesto a pagarles un salario que ellos deseen aceptar. Por lo tanto, el Derecho laboral es simple y llanamente otra forma de mecantilismo que ofrece beneficios no a un grupo de empresarios, sino al grupo de individuos con empleo.