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martes, 16 de agosto de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: la libertad no es gratuita; tiene un costo

Empezaré mi comentario con algo que parecerá obvio: los humanos nos vemos obligados a escoger. La razón surge de la escasez natural de las cosas, de las ideas, de las posibilidades, que una persona encara cuando busca satisfacer sus diversos deseos o necesidades. Si la escasez no existiera, no habría necesidad de escoger entre alternativas, pues, en términos sencillos, habría de todo y sin costo alguno.  La realidad es que los recursos con que se producen las distintas cosas son escasos y ello se traduce en que la producción sea por definición limitada. Exige que tengamos que escoger cuáles de esas de esas necesidades o deseos preferimos satisfacer.  No podemos tener de todo. Siempre habrá que escoger, que optar entre alternativas.

Nos pasamos la vida escogiendo entre opciones.  Dada la limitación de recursos -todos tenemos un presupuesto limitado, no infinito, para gastar- usamos nuestro dinero en aquello que nos satisfaga relativamente más, tanto material como espiritualmente. Si gasto en un libro, no podré gastar esa misma plata en comprarme un lápiz y así con todas las cosas.  En nuestra vida personal debemos elegir cuál es la mejor manera en que podemos usar nuestras habilidades y nuestros esfuerzos. Lo mismo sucede en las empresas, que han de elegir cuál es la mejor forma en que pueden usar el trabajo y la maquinaria para producir. La escogencia es omnipresente.

Al elegir algo, sacrificamos optar por otra alternativa.  Cuando compro aquel libro, estaré sacrificando, o sea, perdiendo el beneficio o satisfacción que me brindaría la alternativa, como, por ejemplo, la de comprar aquel lápiz. Así sucede con todas las cosas en una economía.

Siempre prefiero tener la posibilidad de escoger en comparación con no tenerla.  Imagínese lo que es que usted no pueda -teniendo el dinero para así utilizarlo- comprar algo que desea adquirir.  Pero, también, deseo ser libre de escoger lo que prefiero: que sea yo quien defina lo que deseo adquirir.  Esto no significa que alguien no me puede sugerir o aconsejar acerca de la conveniencia de adquirir algo. Se trata de que dicha adquisición sea hecha por mi voluntad propia, sin que se me obligue a hacerlo. Alguno me dirá: ¿Y si está con una enfermedad terminal y tan sólo hay una medicina que puede adquirir, dejaría de ser libre de escoger, aunque tenga los recursos para comprarla?  Pueden existir restricciones tecnológicas, si bien casi siempre hay sustitutos, pero aun así tengo libertad de abstenerme de compararla.  El punto es que nadie debe imponer su voluntad por encima de la mía para que adquiera algo. Nadie mejor que yo puede saber cuáles cosas prefiero o deseo; unas más que otras. Y ¿qué en el caso de una adicción? Se me ocurre pensar que, en algún momento, esa persona escogió, tomó una decisión, en vez de elegir otra cosa. No hay duda que tener la información adecuada en el momento en que se toma una decisión, puede ser apropiado, aunque obtenerla en muchos casos puede significar incluso un costo alto.

El tema es apasionante y especialmente útil en circunstancias reales como cuando se nos quiere impedir o limitar nuestras posibilidades de escoger libremente. Tengo en mente el tema cuando en una economía surgen prácticas que, de hecho, me impiden escoger.  Tal es el caso de un monopolio, en donde existe un sólo oferente de un bien o servicio que deseo adquirir. Si lo quiero consumir, no tengo otra alternativa que adquirir el que se me ofrece en el mercado.  Por supuesto, que es posible adquirir un bien alternativo en algún otro mercado. Por ejemplo, viajando al exterior y trayéndolo al país, pero es obvio que eso acarrearía enormes costos, no sólo por gastos de viaje, sino posiblemente a causa de elevados impuestos y barreras arancelarias que, de hecho, suelen ser la razón que me impiden adquirirlo en el mercado doméstico, obligándoseme a consumir sólo lo que el monopolista local me ofrece. 

Los monopolios domésticos no pueden del todo impedir que la gente escoja, pero ciertamente no serán muchos los que pueden darse el gusto de pagar tan elevados costos para adquirir aquel producto en un mercado internacional, pues con todas esas restricciones posiblemente me resulta más caro que si se le compra al monopolio nacional. Pero ciertamente estaría en mejor situación si pudiera adquirirlo más barato (y posiblemente de mejor calidad) en el mercado doméstico, en donde existiera competencia, tanto de otros productores domésticos como del exterior. Por eso los monopolios domésticos se suelen oponer al libre comercio internacional: para obligarme a pagar más caro por el artículo producido domésticamente.

Creo que el ciudadano se ha dado cuenta gradual -y ello me ha motivado a escribir este comentario- de que ciertas actividades que le son ofrecidas en condiciones monopólicas o en arreglos de naturaleza similar (como los carteles y oligopolios), no son su mejor opción, pues desea tener alternativas que le brinden la posibilidad de escoger a precios y características preferidas que les sean más baratas o de mejor calidad. Creo que esa es la razón por la cual la ciudadanía considera deseable tener un mayor número de oferentes de combustibles en el país, en contraste con la obligación hoy impuesta de adquirir obligatoriamente los combustibles de RECOPE. Asimismo, el deseo de los consumidores de tener opciones ante el servicio monopólico de un gremio de taxistas, se ha reflejado en el enorme éxito de un competidor nuevo en el mercado, como es el llamado Über, al igual que sucedería con cualquier otro que pueda entrar a competir en el mercado con un sistema similar.

Hay una realidad en la economía y es que monopolios como esos existen porque el estado nos los impone a los consumidores. Igual lo pretendió en el pasado con la telefonía, la educación universitaria y la banca comercial, para dar algunos ejemplos.  Los usuarios y consumidores hemos logrado que en el mercado no estemos prisioneros de un cartel o de un monopolio protegido por el estado, sino que se abrieran las puertas para nuevas alternativas preferidas por los consumidores. Para quienes no les gustaron las nuevas opciones, siempre está la posibilidad de consumir tales bienes o servicios de los antiguos proveedores monopólicos, hoy sujetos a competencia.  Hoy nadie se ve obligado a adquirir la telefonía Kolby, del ICE estatal. Si adquiere ese servicio, es porque así lo prefiere. Similarmente, hoy a nadie se le obliga a usar los servicios del Banco de Costa Rica o del Banco Nacional si así lo prefiere. Actualmente uno no está obligado a acudir a estudiar en la Universidad de Costa Rica -monopolio que hasta hace poco más de 40 años nos era obligatorio, si queríamos estudiar en el país. Hoy lo hará libremente si lo prefiere y logra ser admitido.

Es necesario tomar en cuenta lo siguiente: desde que hay competencia en el país, creo que ha mejorado el servicio del antiguo cartel de bancos estatales, así como los previamente monopolizados de telefonía por parte del ICE. No comento por falta de información acerca de la calidad de la Universidad de Costa Rica, pues considero que mantiene la de antes, aun enfrentando competencia.

Pero bien sabemos del enorme crecimiento de transferencias de recursos (subsidios) de parte del estado -que en realidad son recursos de los ciudadanos utilizados así por el estado- para poder decir que es lo que puede haber permitido la permanencia de su calidad. Eso que cada cual lo valore como le parezca. Eso sí, la competencia en todas estas áreas ha aumentado la satisfacción de los consumidores, quienes ahora pueden escoger entre diversas opciones y, si no le gustan las nuevas, pueden quedarse con la vieja. Esa entrada de competencia, rompiendo monopolios, ha logrado que en mucho se reduzcan los costos previos y se mejoren los productos o servicios que ahora puede adquirir.

La lucha en contra del monopolio, que restringe nuestra libertad para escoger, nunca es fácil: la competencia no es gratuita. A ello es a lo que principalmente deseo referirme. Esa batalla es dura, porque, para empezar, el monopolio es, por definición, la existencia de un solo suplidor. Tal como con los casos de sus parientes institucionales restrictivos de nuestras posibilidades de escoger libremente, el oligopolio -unos pocos oferentes- o el cartel, organizado este último gracias al claro apoyo del estado, significan que siempre uno o pocos oferentes se quedarán con las enormes ganancias derivadas de la menor producción dedicada a satisfacer los deseos y necesidades de los consumidores. Así aumentan el costo en el mercado; el sobreprecio de más que paga cada consumidor, que individualmente puede ser alto para cada uno, siempre será inferior al monto total que quedará en manos del oferente único o de los pocos. 

La tajada cobrada de más por el monopolio o similares, en pedacitos de mayor o menor tamaño a cada consumidor individualmente, siempre será una minúscula parte del total, que queda en manos del monopolio o de entes monopolísticos similares. Esto se ha documentado claramente en el caso del arroz en el país, en donde el enorme total que va a dar a unos cinco productores protegidos, constituye una inmensidad, en comparación con el poco más –aunque ese poco es importante en el gasto personal o familiar- que paga cada consumidor cuando adquiere un kilo de ese producto. Piensen también en el caso del azúcar nacional o de los lácteos.

Tan enorme ganancia hace que los privilegiados dediquen recursos a proteger su feudo, que ofrezcan apoyo político al gobierno que les protege de la competencia, sin mencionar otras cosas, pues lo que tiene que invertir el protegido en su “búsqueda de rentas”, usualmente no es mucho en comparación con el pedazote total que logran extraer con el sobreprecio a los consumidores.  Creo que vamos entendiendo parte de las razones por las que Costa Rica es tan cara para sus consumidores.

De un libro de Milton y Rose Friedman, Tyranny of the Status Quo (La Tiranía del Estado de las Cosas), escrito en 1983, extraigo la conclusión para esta parte de mi comentario: “Cualquier medida que afecte significativamente a un grupo concentrado -ya sea para favorecerlo o desfavorecerlo- tiende a tener efectos sustanciales, ocurren rápidamente y son altamente visibles sobre miembros individuales de esos grupos. Los efectos de esas mismas medidas sobre los miembros individuales de un grupo difuso -de nuevo para favorecerlo o desfavorecerlo- tienden a ser triviales [de poca monta], ocurren más lentamente y son menos visibles. Una reacción rápida y concentrada es la fuente más importante de la fuerza de los grupos de interés especiales en una democracia.” (P. 6). De esta manera podemos entender por qué cuesta tanto lograr ciertos cambios en nuestra economía.

Esa es la realidad: los consumidores estamos sujetos a la tiranía del status quo, tal como lo enfrentamos en estos momentos en que luchamos por tener mayores opciones entre las cuales escoger. Conscientes de esa realidad es que debemos fortalecer nuestros esfuerzos cívicos en favor de tener una mayor libertad para escoger. La libertad no es algo gratis; obtenerla significa un costo que incluso a veces es muy elevado.  No fue ni fácil ni barato poder alejarse de la tiranía de los faraones egipcios;  tampoco lo fue el levantamiento de los barones ingleses en contra del tirano rey Juan Sin Tierra, hasta que lograron aprobar sus derechos mediante la firma de la Carta Magna. Y aún más difícil y onerosa lo fue la lucha contra el nazismo y el comunismo en el siglo XX.  La libertad nunca nos ha caído del cielo, sino que ha sido lograda por el esfuerzo de personas deseosas de ejercer su autodeterminación. Que puedan escoger libremente de acuerdo con sus preferencias individuales, que sus elecciones no sean impuestas por un estado o por un grupo de privilegiados protegidos por ese mismo estado, sino que sean el resultado de su propia conciencia y voluntad.
 

Jorge Corrales Quesada
  

miércoles, 17 de diciembre de 2014

Desde la tribuna: déjennos algo

El repaso a de fin de año de lo acaecido en nuestro país nos deja complicados, tristes y con la idea de que somos vilmente despojados de nuestros derechos y libertades.

El año de ha sido pésimo para la economía costarricense. Ello repercute en consecuencias directas, pues implica menos puestos de trabajo, gran presión fiscal para quitarnos lo nuestro (ingresos, dinero, ahorro y posibilidades de usar lo que ha sido bien ganado), mayor peso y volumen de una maquinaria estatal  que ha demostrado fehacientemente ser muy inútil y descaradamente chambona, menos estímulos para que haya inversión y, por supuesto, futuro lleno de nubarrones.

Si consideramos algunas determinantes acciones públicas, entonces el panorama pinta peor.  Se enterró la posibilidad de más aprovechamiento de la geotermia como productora de energía, se hizo de lado el proyecto de ley de contingencia eléctrica,  se retiraron vetos consolidados y se han pospuesto vías urgentes y necesarias para mejorar la situación del país y, para colmo de males, se ha tramitado un presupuesto exageradamente deficitario y por las vías más impropias para su aprobación. Además, los regímenes de pensiones, todos y especialmente los privilegiados, se sumen en problemas y complicaciones, con más presión sobre las finanzas públicas. 

Ante tan desequilibrado horizonte, sería justo que nos dejaran algo, la posibilidad de no tener que depender de los odiosos monopolios y vías públicas que nos complican. La posibilidad de generar nuestra propia energía, tener nuestros propios seguros, usar nuestro dinero para hacer vías, no tener que comprarle a Recope y tener la posibilidad de tener nuestro dinero para educar a nuestros hijos.

Hay una parte de la sociedad que, vía inconstitucional, se ha apropiado de todo y a través de monopolios, privilegios, gollerías, pensiones privilegiadas y demás ventajas exorbitantes se ha arrecostado al resto de los costarricenses. No podemos avanzar con el fardo de un Estado malo, inútil y costoso que no solo no progresa en buena línea sino que quiere más impuestos, más trámites y más regulaciones. 

Nunca en la historia el Estado ha sido tan caro y tan malo a la vez. 

Déjennos algo de libertad, algo de oportunidad, posibilidades de pulsearlo o, como dice la gente, “pellejearla” a fin de salir adelante.

Federico Malavassi Calvo

miércoles, 22 de mayo de 2013

Desde la tribuna: el costo de la energía

Bajo el título de “empleados de Recope son los más del sector energía”, el periódico La Nación presenta una especie de cuadro comparativo entre los trabajadores del monopolio de hidrocarburos (Recope) y del sector eléctrico (nacionalizado, Ice y otras distribuidoras).

El costo anual por empleado de Recope es como de ₡26 millones al año en tanto el del ICE apenas supera los ₡13 millones. Dice el reportaje que “Si comparamos ambas empresas, encontramos que la planilla global de la Refinadora es cuatro veces más pequeña que la del ICE, pero cuesta apenas un poco menos de la mitad que la del Instituto.” 

El que la empleopatía de Recope resulte carísima no debe obviar el hecho de que la empleopatía del ICE también es muy onerosa para los costarricenses. Por supuesto que tras todo ello hay un problema de contratación laboral, monopolio público y estatización. Al final el pueblo costarricense paga más por su energía, el ambiente es menos competitivo, exportar es más caro y hay injusticia social (unos obligan a otros a pagar sus sobresueldos).  

Se han estatizado algunos giros (la producción de electricidad, el comercio de hidrocarburos a granel) y el resultado ha sido desastroso para la sociedad. Es fácil evidenciarlo a través de la envidia que produce conocer las asimetrías salariales. El problema es que hay asuntos deontológicos más importantes y que tal vez no traslucen con la primera información. La empleomanía estatal, el mito de que con el monopolio público se racionaliza la administración de recursos, el mito de los monopolios naturales, el mito de que el ente público trabaja por el bien común y el sujeto de Derecho privado solo se mueve por el lucro, la concentración de poder en manos políticas, tecnócratas o estatistas, los manejos públicos del dinero, las contrataciones de los entes públicos: son muchos los asuntos por plantear. ¡Qué lástima que la envidia sea el motor más eficiente para evidenciar las falencias del estatismo!

Hace un decenio iniciamos una serie de acciones de inconstitucionalidad contra las cláusulas inconstitucionales que había en los convenios colectivos de este tipo de entidades. Es obvio e indiscutible que se trataba de cláusulas abusivas y nulas. Con un grupo de jóvenes abogados que trabajaban con nosotros en la Asamblea Legislativa acometimos la tarea con las uñas, sin mucha facilidad informativa ni tiempo. Combatíamos a un Presidente de la República que deshonró su palabra, pues a pesar de negar que lo haría promovió un paquete tributario.

Las acciones de inconstitucionalidad eran un ejemplo de racionalidad administrativa, ordenamiento y fiscal y demostración de cuán mal se gastaban los recursos públicos. Poco a poco, incluso luego de nuestro período constitucional, la Sala Constitucional fue declarando la nulidad de una serie de cláusulas de varias administraciones públicas. Fueron apareciendo toda clase de gollerías, inequidades, abusos, alcahueterías y obsecuencias. ¡Todas ellas inconstitucionales! Demostración indubitable de mala administración, abuso y angurria, corrupción y avidez, voracidad e indolencia.

No es de extrañar que sea tan difícil aprobar normas para permitir la participación de otros actores que abaraten la energía, aprovechen la tecnología y permitan que la sociedad se desarrolle. Demasiados intereses creados en mantener el status quo. ¿Cómo hacemos?
 
Federico Malavassi Calvo

jueves, 24 de septiembre de 2009

El desconocimiento de la competencia


Sólo en Costa Rica se ven cosas tan absurdas como la que publicó el día de ayer el diario La Extra: "denuncian farmacia por vender barato". Resulta que, de acuerdo con el denunciante, "los precios de la farmacia violan la ley de promoción de la competencia porque vende muy por debajo del nivel medio del costo del mercado y tiene poder sustancial sobre el mercado relevante, eso significa que puede manipular los precios al tener mucho poder en el mercado".

A pesar que el Ministerio de Economía desestimó la denuncia, en ASOJOD no deja de preocuparnos la visión que en nuestro país se tiene de la competencia, pues se tipifica la "depredación" como una acción digna de castigo. ¿Pero cómo llenan nuestros legisladores -y cómo entienden los ciudadanos, que al fin de cuentas son los que presionan a estos- el concepto de "depredación"? Lo entienden como un acto salvaje, de competencia desleal.

A pesar que, poco a poco, han ido introduciendo competencia -dudamos que entiendan completamente el concepto- y reconociendo que tanta intervención estatal no es positiva, sino que hay que abrir algunos espacios de participación, nuestras normas reflejan todavía un fuerte temor a dejar la actividad económica en manos de individuos libres que, voluntariamente, deciden entrar en intercambio, razón por la cual se designa al Estado, una entidad compuesta por ángeles bajados del cielo y que, por gracia divina, están por encima del bien y del mal, para que controlen el comportamiento de los agentes económicos y lo orienten hacia lo que, previamente, algún político bienintencionado, ha definido como comercio "justo" o "leal".

Sólo en ese marco y evadiendo todas las reglas de la lógica, los principios de la economía y la evidencia empírica, es posible entender una legislación que, nominalmente, promueve la competencia, al mismo tiempo que interviene en la misma, castigando al que compite si lo hace de forma tal que demuestre satisfacer de mejor forma las necesidades de consumo de los clientes.

Precisamente, para ASOJOD este último punto es de capital importancia: como bien ha señalado Rigoberto Stewart y, especialmente, como se desprende de la explicación del intercambio dada por Mises en Human Action, el comercio consiste, fundamentalmente, en la satisfacción de necesidades de consumo. En otras palabras, se trata de una actividad donde dos o más individuos realizan una transacción con miras a obtener algo que desean o valoran en mayor medida que aquello que entregan para obtenerlo.

No comprender algo tan sencillo deriva en los erróneos enfoques que nuestros políticos tienen sobre la competencia: una competencia regulada, controlada, vigilada, so pretexto que los funcionarios del Estado saben, mejor que cualesquiera otras personas, qué es lo justo y lo bueno, por lo cual deben guiar las acciones de los individuos.

No comprender la lógica del intercambio y, por ende, del mercado, deriva en una legislación que castiga a aquel agente capaz de satisfacer las necesidades de consumo. Al vender a mejor precio, al ofrecer mayor calidad o mejores condiciones, el consumidor es quien finalmente gana. Y una competencia basada en la eficiencia y en la capacidad propia -incluyendo tenencia de recursos tecnológicos, intelectuales, financieros, materiales, etc- no puede ser jamás desleal y, mucho menos, sujeto de controles. La única competencia desleal es aquella que se vale del poder político para usar al Estado -aparato de compulsión y coerción- como medio para sacar del mercado a otros oferentes, entendiendo por esto el uso de recursos de los tax payers como un fondo sin fin o valiéndose del amiguismo para obtener protección, contratos o condiciones que, de forma libre, no habría podido conseguir.

No comprender la lógica del mercado y de la libre competencia lleva a una paradoja: la intervención estatal para evitar monopolios. Constantemente escuchamos a algunos que reconcen el valor de la competencia pero, al mismo tiempo, abogan porque el Estado intervenga con el fin de evitar que un sólo oferente se haga con el poder del "mercado". Esta petición implica una aceptación tácita de que el Estado es el que debe tener la última palabra y, por ende, una dotación de poder enorme. Basta con imaginar a un Estado determinando, arbitrariamente, cuándo un competidor tiene la "cuota de poder sustancial sobre el mercado relevante" -nombre por demás rimbombante pero con poco significado- y obligándolo a vender, ceder o regalar espacios para otros competidores.

Por ello, en ASOJOD defendemos con ahínco, al igual que los austriacos, que el Estado no pretenda controlar los monopolios, sino que procure que la legislación no tenga ninguna barrera de entrada. Siendo así, el mismo mercado se encargará de romper monopolios, pues en la medida que un oferente saque a sus competidores y acapare todo, al no existir barreras de entrada, la misma insatisfacción de necesidades que todo monopolio genera, motivará a otros competidores a participar, en algún momento y dotará de opciones a aquellos consumidores dispuestos a cambiar de oferente.

Siendo así, preocuparse porque una farmacia o cualquier empresa vende bienes o servicios más baratos no es importante: primero, porque eso beneficia a los consumidores tanto por el precio mismo como porque motiva a los competidores a implementar mejoras para atraer a la clientela, sino también porque, en caso de alcanzar una "cuota de poder sustancial sobre el mercado relevante", la no existencia de barreras de entrada abrirían una oportunidad para que los empresarios rompan el monopolio.

En conclusión, si existe temor por los monopolios, no pretendamos que el Estado pueda regular la competencia para evitarlo, sino que dediquemonos a exigir que se eliminen las barreras de entrada.