La columna de Carlos Federico Smith: cómo arrastrar los pies: el presupuesto de las Universidades Públicas del 2020

Pasito a pasito, gradualmente, algunos entes de control del gobierno han venido tomando decisiones, si bien aún insuficientes, que van por el buen camino de ordenar las finanzas del estado costarricense. Tal es el caso de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) del ministerio de Hacienda, así como la Contraloría General de la República (CGR), en torno a la improbación de los presupuestos para este año de las Universidades de Costa Rica, Nacional, Estatal a Distancia, Técnica Nacional, Instituto Tecnológico, así como el Consejo Nacional de Rectores (CONARE).

Es parte de ese esfuerzo de las universidades estatales por impedir que se les aplique la regla fiscal; esto es, que, en esencia, el aumento del gasto corriente (salarios, cargas sociales, becas y servicios) sea de un 4.87% con respecto al año anterior, según se aprobó en el llamado paquete fiscal de diciembre del 2018. Esas universidades se han negado a acatar la disposición, negándose a remitir información de sus planes de gasto ante la STAP, ente que verifica y confirma el cumplimiento de la regla fiscal, para que la Contraloría apruebe, por ley, estos presupuestos ordinarios para el 2020. La información la presenta La Nación del 20 de diciembre en su artículo “Rebeldía de universidades causa rechazo de sus planes de gastos en la Contraloría.”

Ante la no presentación de dicha información, la CGR señaló que, “de conformidad con el artículo 184 inciso 2 de la Constitución Política y el artículo 18 de su Ley Orgánica, tiene el deber de analizar que los presupuestos sean formulados y presentados de conformidad con las disposiciones legales y técnicas, dentro de las cuales está la certificación que emita el STAP sobre el cumplimiento de la regla fiscal.”

El arrastre de los pies de las universidades se sustenta -¿acaso es una sorpresa?- en la idea de su independencia y autonomía y en que su caso legal está por resolverse en los tribunales de ley. Una vez más, las autoridades universitarias hacen gala de su creencia de que son sus únicos dueños y señores, como tales, de los recursos que todos los costarricenses aportamos obligadamente cada año. Conviene brindar algunos datos del monto presupuestado para el FEES del 2019, que fue de ₡511.154.72 millones (para la UCR, la UNA y el Tec), a lo que debe sumarse la transferencia del gobierno a la Universidad Técnica Nacional por ₡34.868 millones, con un aporte total del gobierno a las universidades estatales de ₡546.022.72 millones.

Para el 2020, el monto inicialmente presupuestado para el FEES y la UTN ascendía a ₡512.781.51 millones, más lo correspondiente a la UTN por ₡35.677.88 millones, lo que lleva a un total de ₡548.459.39. Posteriormente, el ministerio de Hacienda definió una reducción de ₡70.000 millones del FEES que deberían usarse en infraestructura, pero la Asamblea Legislativa restituyó ₡35.000 millones al FEES.

Ante la decisión citada de la CGR por la no presentación de los documentos requeridos, ahora aquellas universidades y el CONARE deben trabajar con el mismo presupuesto ordinario del 2019 y no con el presentado para el 2020, aunque tienen la posibilidad de aumentarlo con presupuestos extraordinarios, que me imagino no van a ser fácilmente aprobados por la Asamblea Legislativa, ante esa actitud exhibida de impedir la aplicación de la medida de restricción fiscal aprobada, puesta no sólo para restringir el gasto de ciertas entidades estatales, sino a todas ellas, sin olvidar que también los ciudadanos hemos sido objeto de violentos aumentos en los impuestos.
 

Como bien recuerda la CGR a las autoridades reticentes a obedecer la ley, “el artículo 19 de la Ley 9635 [la del Paquete Fiscal] se encuentra impugnado ante la Sala Constitucional, lo que no [subrayo: NO] significa que la norma no esté vigente y por tanto debe ser acatada.” ¿El desacato a una ley en el sector público es objeto de sanción? O seguiremos con ese jueguito de arrastrar los pies, como babosas, tratando de impedir el freno al gasto gubernamental, que, si no se lleva a cabo, conducirá a la inevitable quiebra de la ciudadanía, con más y más impuestos o endeudamiento gubernamental, a la vez que el gasto del gobierno, causal del problema, sigue invariable e intocable, como lo pretende la república independiente de las universidades estatales.
 

Ha hecho bien la Contraloría en no aprobar los presupuestos para el 2020 de las entidades gubernamentales citadas, pues simplemente, en su arrogancia, no cumplieron con el requisito esencial de suministrar a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, la información requerida para todas las entidades que presentan sus presupuestos, para lograr la aprobación final por la Contraloría General de la República: Como suele decirse, nadie está por encima de la ley.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: acerca de la regla fiscal que limitaría el gasto estatal

Escribo esto -tarde del jueves 12 de mayo- porque he llegado a saber que la regla fiscal que estaba en discusión en la Asamblea Legislativa ha pasado a mejor vida.  A pudrirse en el olvido por culpa del oportunismo político y no a causa de un razonamiento apropiado que la hubiera lanzado a la tumba, como sí sería aceptable.

Explico brevemente en qué consistía dicha regla fiscal, propuesta en la Asamblea Legislativa para que la aplicara el gobierno central: En la contabilidad fiscal existe lo que se llama un déficit primario, que es la diferencia entre ingresos, tanto corrientes como de capital, del gobierno central y todos sus gastos, excepto los financieros; esto es, excluye de la comparación entre gastos e ingresos, aquellos por el pago neto de intereses. La propuesta inicial que se había presentado en la Asamblea Legislativa, contenida en su artículo 7, contenía varios elementos que se deben de comentar:

1)    Que bajo condiciones normales, el resultado primario (arriba explicado) debería de ser superavitario en un 2% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto es, aunque no se sabe que son “condiciones normales” y menos quién las define, el ejercicio fiscal del gobierno central debería de generar un exceso de ingresos sobre gastos (dejando por fuera a los intereses) en el equivalente de un 2% del PIB, me imagino que del año (normal) correspondiente.

2)    Que bajo condiciones económicas excepcionales (de nuevo, no se dice quién determina tal excepcionalidad y ni siquiera qué es lo que eso significa), gobierno central no tendrá superávit ni déficit (0% del PIB).

De esta manera, la regla amarra al gobierno central para que no tenga un déficit primario; esto es, habría tan sólo un déficit al tomar en cuenta el pago neto por intereses del gobierno central.
 

Esta regla había sido aceptada por los grupos de oposición legislativa al gobierno, según los acuerdos explícitos logrados de previo a la elección del último directorio legislativo. Ahora resulta que se excluyó de la discusión, al darse una oposición del poder ejecutivo actual a la aprobación de dicha regla y al considerarse que dicha exclusión, presuntamente permitiría destrabar el debate tributario actual en torno a la aprobación de proyectos para disminuir el gasto gubernamental. Esto en aspectos tales como pensiones en el caso del gobierno y el Poder Judicial, las anualidades automáticas a empleados públicos y disminuiría la cantidad de empleados públicos que hoy disfrutan de un plus salarial por disponibilidad. 

Pero, además de que el bloque de oposición descartó la discusión de la regla fiscal descrita, también lo hizo en otras dos áreas que llaman nuestra atención.  Por una parte, se había propuesto otra restricción al gasto, que constituía en que se definiera una política para reducir el gasto del gobierno central cuando la deuda pública excediera al 40% del PIB.  De hecho, en la actualidad se acerca a un 60% por ciento del PIB. O sea, ahora tal contención sería más importante que nunca.

Por otra parte, otra regla que considerada para su aprobación, era que el gasto primario (ver definición arriba), que, recuerden, deja de lado el pago neto de intereses del gobierno central, no podrá crecer en más de un 1% en términos reales; esto es, que exceda la tasa de inflación como máximo en un 1%. Eliminar esta restricción libera al gobierno de otra limitación al crecimiento de su gasto, excluyendo intereses.

Y, en una tercera parte, también los diputados del bloque opositor se plegaron a la propuesta del gobierno de una vía rápida para luchar contra el fraude fiscal, lo cual incluye el embargo, de parte de la Tributación, de los haberes de morosos, previa aprobación de un juez (al menos eso), así como también acepta la creación de un registro de accionistas, si bien no se especifica en qué condiciones operará y si su utilización para fines fiscales estará sujeta a la decisión de un juez.

Hasta aquí no queda claro un tema fundamental.  ¿Se ha llegado a un acuerdo solapado para la aprobación rápida de impuestos, tal como lo promueve el gobierno?  Vaya a saberlo usted, pero con estos gestos de liberar restricciones a un estado gastón, a uno le queda la impresión de que ese camino se ha abierto y, lo que es peor, que una eventual mayor recaudación con los nuevos y mayores impuestos no encontrará restricción alguna, como las propuestas,  en cuanto a que simplemente se gaste.  De esta manera, veremos cómo se presentarán nuevos déficits fiscales en nuestra economía, a pesar de los impuestos que se aprobarían en la actualidad.

El acuerdo -para algunos en sí un “acuerdo”, sin ver su contenido, es algo meritorio como tal- ciertamente no va en beneficio de los ciudadanos contribuyentes, sino todo lo contrario. Es factible que la ciudadanía terminará este episodio negociado pagando mayores impuestos. Su recaudación pasará a un siempre desatado -sin reglas fiscales- gobierno gastón. Así tendremos en nuestro futuro un nuevo déficit y, una vez más, en secuencia macabra, nuevos y mayores impuestos para sufragar ese otro sobreviniente déficit.  En tanto no se le queme el hocico, el perro seguirá comiendo huevos.  Sin frenar el gasto gubernamental del gobierno actual, mediante reglas como las expuestas, tanto como al de aquellos diputados complacientes que actúan así porque esperan ganar las próximas elecciones, ahora nos aprueban esta carta blanca para el gasto sin freno. Al gobierno de hoy y a los próximos les quedará abierto el camino para el desperdicio, la dilapidación y la posibilidad de gastar nuestros recursos, en manos de políticos que creen, mejor que nosotros mismos, tener una “mejor” manera de hacerlo. 

El presidente de la República se opuso a la propuesta de la regla fiscal expuesta porque, según él, de aplicarse ocasionaría la pérdida de 55.000 empleos.  No sé si fue porque no les dio y honestamente creyeron que se presentaría tal pérdida de empleo en la economía, o bien porque cínicamente piensan que llegarán a ser gobierno y no tendrán así que tomar medidas duras, le creyeron, pero creo que hay razones para dudar de esa cifra presidencial. En primer lugar, escéptico que soy de ciertos políticos, no nos dice de dónde es que sale esa suma. No sabe, para empezar, si las personas que verán reducidos ciertos privilegios, ante la posibilidad de perder totalmente su empleo público por falta de recursos del gobierno, aceptarían la eliminación de ciertas gollerías abusivas que tanto se han mencionado y que ellos mismos conscientemente aceptan que las son. En segundo lugar, hay algo elemental de economía que el presidente parece no entender (o, sabiéndolo, le importa un comino). 

La regla limitante del gasto gubernamental significa que el estado tendrá menos recursos para gastar y, conceptualmente, supongamos, daría lugar a pérdida de empleos en el sector público, pero, al mismo tiempo, la economía privada del país tendrá más recursos a su disposición con lo cual se generaría mayor empleo en un sector privado que ahora puede invertir y consumir más. Ahora el estado no podrá demandar tantos recursos de la economía como lo hace hoy gracias a la limitante fiscal, con lo cual la ciudadanía, ante tal liberación de demanda, tendrá posibilidades de crear riqueza productiva, lo cual incluye utilizar más mano de obra y generar empleo.

Las señales son claras y a la vez confusas.  La más clara es la eliminación de restricciones -limitaciones- al exagerado gasto actual y, ante todo, potencial, lo cual impediría que se logre ese mejor manejo futuro del gasto estatal. Así habrá suficientes zorros sueltos en el gallinero.  El festín con los nuevos impuestos que consideran queda así garantizado.  La confusión de la ciudadanía, que ha esperado una conducta racional de los congresistas para evitar el camino de Grecia, es ahora mayor, pues sabemos que tener “un acuerdo” porque sí, como lo han predicado algunos, más bien nos puede ocasionar mucho daño.  Darse de besos y abrazos y palmaditas en la espalada como parece estarse viendo, si bien les podrá servir a políticos miopes que sólo ven el corto plazo, no es así para los ciudadanos, quienes terminaremos pagando los platos ratos. Mejor dicho, se nos pasa la factura del festín que hará el estado con los impuestos que piensa clavar sobre nuestros presupuestos familiares. 

Ojalá me equivoque, pero las señales ominosas en el cielo legislativo no me infunden más que inquietud, zozobra y, ante todo, una desconfianza aún mayor en cuanto al principio de que los políticos están a nuestro servicio. Con lo hecho, más bien la realidad nos dice que somos los ciudadanos quienes estamos al servicio de ellos.

Sólo parece quedarnos una posibilidad: no darle más el voto a aquellas agrupaciones políticas que nos quieren poner nuevos y mayores impuestos, al tiempo que no aceptan frenos a su gasto desenfrenado y que no está siquiera en las manos de Dios, como dice el pueblo cuando ve desatino, sino de esos políticos que tanto daño nos hacen.


Jorge Corrales Quesada