La columna de Carlos Federico Smith: nuestra costosa electricidad

No deben pasar inadvertidos ciertos datos de la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL) divulgados a fines de año pasado, en torno al costo comparativo de la electricidad en nuestro país, con respecto a los de los otros países del área.  

La información aparece en la edición de La Nación del 5 de enero, en un artículo titulado “Inversión se aleja para no pagar luz más cara del Istmo: CINDE e informe de la CEPAL confirman alto precio de energía.”

Según el medio, ese informe “señala que los precios de la energía en el país son los más altos para todo tipo de consumo: residencial, comercial e industrial y casi todo segmento de demanda, según necesidad de voltaje y potencia.” Para la CEPAL, “en el 2016 el costo promedio en Centroamérica de un kilovatio hora (kWh) fue de 13.48 centavos de dólar mientras que en Costa Rica fue de 18.47 centavos de dólar; 37% más para consumos industriales de 100.000 kWh.”

Veamos algunos de los datos comparativos país presentados en dicho artículo:
 

Guatemala: en el 2016 el costo promedio de un kilovatio hora fue de 11.54 centavos de dólar. Entre el 2015 y el 2016 elevó su producción en un 5.6%.
 

El Salvador: en el 2016 el costo promedio de un kilovatio hora fue de 11.03 centavos de dólar.
 

Panamá: en el 2016 el costo promedio de un kilovatio hora fue de 10.92 centavos de dólar. Entre el 2015 y el 2016 elevó su producción en un 5.7%.
 

Honduras: en el 2016 el costo de un kWh para consumo industrial en el bloque de 15.000 kWh costó 14.08 centavos por hora; el equivalente en el 2015 había sido de 23.57 centavos de dólar (una reducción del 40%). Entre el 2015 y el 2016 elevó su producción en un 3.8%.
 

Nicaragua: en el 2016 el costo de un kWh para consumo comercial en el bloque de 1.000 kWh costó 19.36 centavos por hora; el equivalente en el 2015 había sido de 24.69 centavos de dólar (una reducción del 21%).
 

Costa Rica: en el 2016 el costo de un kWh para consumo comercial en el bloque de 1.000 kWh costó 21.25 centavos por hora; el equivalente en el 2015 había sido de 23.07 centavos de dólar (una reducción del 7%).
 

El efecto de estos precios más elevados de nuestra electricidad, en opinión de CINDE, ya afecta la atracción de inversiones al país. Señala su director, señor Jorge Sequeira, que una electricidad barata es crucial para atraer industrias que cada vez más utilizan robots para su producción. Dice que “el problema que tenemos es que, por lo general, comparar el costo de electricidad entre países es fácil. Las empresas ya traen información. Es más evidente la falencia y es la primera impresión que se llevan de Costa Rica. De entrada, empezamos con el pie izquierdo y hay que ver cómo se compensa eso con otros atractivos del país.” ¿Quedó clarito?

Las razones parecen apuntar a que, en opinión de Sequeira, “el país ‘sigue atrincherado’ a un único proveedor cuyos costos de operación son muy elevados y que hace plantas dos o tres veces más caras de lo previsto.” Todo ello por la cerrazón del mercado eléctrico, que impide el crecimiento de energías alternativas, tal como se ha observado en países que han decidido abrir ese mercado a la inversión global.
 

Asimismo, la Cámara de Industrias ha manifestado su preocupación por los altos costos de la energía. Según Carlos Montenegro, de dicha Cámara, el encarecimiento de la energía local se debe a que se han construido “plantas de energía renovable de alto costo.” “Sea por mala planificación, falta de competencia o desinterés en el consumidor, al no buscar que la inversión abarate las tarifas.”
 

Este mercado eléctrico cerrado, casi monopólico o bien monopsónico (único comprador), impide esa reducción de costos que ya está afectando la atracción de inversión externa.
 

También, el sector de los consumidores parece estar pagando tarifas mucho más altas que en el resto de países de Centro América; sin embargo, esa información y análisis comparativos requeridos lamentablemente no se hacen o no se publican.  No quiero recordar la famosa frase de programa del Chapulín Colorado, de que “ahora quien vendrá a defendernos,” pero, en realidad, los consumidores domésticos no parece que en este país tangamos valor alguno, excepto como clientes cautivos a los cuales explotar. Tal vez mayor competencia, menor regulación y ampliar las posibilidades de importar libremente desde el resto de Centro América, puedan ayudarnos a los consumidores, en una nación que, ya tristemente lo sabemos, es bastante cara.

Jorge Corrales Quesada

La Columna de Carlos Federico Smith: Algunas razones de por qué hay precios diferentes entre países

Hay algunas experiencias recientes de países vecinos con el control de precios, que valen la pena comentarlas.  A causa de un diferencial de precios de una serie de bienes que se han expuesto en estos días, personas con amplio conocimiento han sugerido que es deseable para nuestro país -y con toda justificación para pensarlo así, aunque después expondré el impacto negativo de tal medida- que se establezca el control de precios, a fin de subsanar un evidente contraste, en el cual Costa Rica tiene un precio más elevado para un mismo producto, en comparación con algún otro país relativamente cercano. (Obviamente esos precios comparativos han sido expuestos en una moneda común, cual es el dólar estadounidense). Quiero tratar el tema en dos comentarios separados (para no extenderme mucho en uno sólo). El primero se titula “Algunas Razones de Por Qué Hay Precios Diferentes entre Países” y el segundo lleva por título “Ciertos Resultados de Políticas de Control de Precios”, el cual será publicado una semana después del primero.

Puede haber múltiples razones que nos podrían explicar por qué hay diferencias de precios de un mismo producto en distintas naciones. Una causa usual suele ser que los tipos de cambio oficiales que se usan en la comparación, no reflejan adecuadamente el verdadero valor de lo que podría ser una canasta (un conjunto) de bienes representativos en ambos países. Una moneda doméstica se dice que está subvalorada, cuando oficialmente se entregan más colones por, digamos, un dólar, que los que en realidad deberían de darse. Esto se puede presentar porque, por ejemplo, el país, en lugar de dejar que su moneda se revalúe para reflejar valores verdaderos del mercado, impide, por medio de su banco central, que se dé el ajuste del valor oficial al valor en el mercado. En esta circunstancia, en colones, los bienes importados nos cuesten menos de lo que deberían de costar. O, lo que es lo mismo, los bienes que podríamos exportar salen relativamente muy caros. Daré un ejemplo del caso. Supóngase que alguien mide el costo de un litro de leche en, digamos, un supermercado del estado de Nueva York en los Estados Unidos y el dato le dice que el costo de ese litro es de $10 dólares. Por su parte, en Costa Rica, ese “mismo” litro de leche en colones cuesta ₡750. Ahora bien, suponga que el tipo de cambio del colón con respecto al dólar el Banco Central lo tiene fijado “arbitrariamente” en ₡600 por dólar (o sea, subvaluado el colón) en vez de un tipo de cambio real que toma en cuenta los diferenciales de precios que existen por un producto (usualmente se hace en relación con lo que se llama una canasta de bienes) que supongamos sería de ₡400 por dólar.  Por un cálculo simple de regla de tres (en la jerga de los economistas el Tipo de Cambio Real (TCR) es igual al Tipo de Cambio Nominal (TCN) entre el cociente del precio en el exterior (Px) -o el índice del precio de una canasta comparable- con respecto al precio doméstico (Pd) del bien), se puede determinar el valor que andamos buscando. Esto es, a partir de TCR= TCN * Px/Pd, si tenemos el valor del tipo de cambio nominal el cual está subvaluado respecto al tipo de cambio real (o sea, se está pagando más colones por dólar del que se debería de pagar si el tipo de cambio fuera el de mercado) y el precio internacional del litro de leche ($10), podemos determinar el valor equivalente del litro de leche en el país, que en esta caso sería de $15.

Observe que, en este caso, si alguien compara el precio del anaquel en Nueva York de $10 con el equivalente que hemos obtenido de $15, fácilmente se podría concluir que la leche es más cara en el país que en Nueva York, pero sabemos del ejemplo, que eso es un resultado ocasionado por un tipo de cambio nominal desalineado del tipo de cambio real.

Es importante tener presente que entre países suelen presentarse tasas de inflación diferentes y eso se debería de reflejar en el tipo de cambio correspondiente. Por ejemplo, si vemos el comportamiento de la inflación de los Estados Unidos en, digamos, los últimos cinco años, comparado con el de Costa Rica en ese mismo lapso, tan sólo por ese hecho uno esperaría que el tipo de cambio se habría ajustado debido el diferencial de inflaciones. En este caso, el colón se debería de haber devaluado con respecto al dólar. Eso incidiría en que el costo doméstico del bien se ajuste a la mayor inflación relativa del país con respecto a la nación extranjera. En esta situación tendría relevancia lo expuesto en el párrafo inmediato anterior como explicación de diferencia en el precio de un mismo producto entre ambas naciones.

Otro factor que podría explicar las diferencias de precios de un mismo producto entre naciones, se puede deber a una diferencia entre el poder adquisitivo de cada país, reflejado en diferencias en los ingresos per cápita de los ciudadanos de diversos países. Un precio más alto de un producto en un país en comparación con el de otra nación, puede simplemente ser resultado de que, en aquel país, la gente tiene mayor poder adquisitivo y, por tanto, ejercer una mayor demanda allá, lo cual se reflejaría en un precio más alto del bien comparado. Un ejemplo podría ser, tal vez, el precio de la leche para un consumidor nicaragüense de relativamente ingresos per cápita más bajo que Costa Rica. La relativamente menor demanda de leche por tener un menor ingreso, mostraría que en Nicaragua el precio de la leche fuera menor que el de Costa Rica. A esto se le podría llamar un efecto ingreso. Y, para los efectos de nuestro tema, que se considere que la leche es más barata en Nicaragua que aquí.

Esto nos lleva a otro factor importante explicativo de diferenciales de precios; por ejemplo, el costo de los servicios domésticos en un país, digamos que los Estados Unidos, en comparación con Costa Rica. Aquí posiblemente el costo de las empleadas domésticas es menor que en los Estados Unidos debido a la mayor oferta de ese tipo de servicios en nuestro país y, también, por una menor demanda de dichos servicios en Costa Rica en comparación con los Estados Unidos que hacen que la demanda de servicios domésticos sea relativamente mayor en aquel país, tal vez debido al nivel de ingresos mayor en aquel país en comparación con el nuestro o por el hecho de que en los Estados Unidos son porcentualmente más los hogares en donde ambos padres trabajan que en nuestro país. En nuestro mercado, el precio del servicio tendería a ser menor y, en los Estados Unidos, mayor.

Algo similar podría considerarse con respecto a múltiples costos diferenciales, por ejemplo, diferentes costos de transporte interno, de costos de bodega, de los costos de las cadenas distributivas, de salarios de los trabajadores, etcétera, etcétera.

Esa diferencia también se podría deber a la existencia de diferentes impuestos que se aplican a un producto, como es el caso de los aranceles a la importación de bienes. Por ejemplo, un producto que internacionalmente cuesta ₡1.000 y -sin tomar en cuenta fletes y otros gastos similares- por el cual el costarricense debe pagar un 60% de arancel, por ese sólo hecho elevaría su costo en el país a ₡1.600. Ante esto, la producción doméstica del bien que se podría importar es posible fijarlo (por la naturaleza casi monopólica de la industria) a un precio ligeramente inferior que aquel precio del mismo producto puesto en el país (en menos de los ₡1.600), digamos que en ₡1.500. Obviamente, en el país el costo del producto para el consumidor sería de ₡1.500, mientras que en el extranjero sólo costaría ₡1.000. (Esto es al revés de lo mostrado en la comparación de precios de un mismo producto más altos en el extranjero que en el país, que estimuló este comentario. Pero podría ser el caso si se hace una comparación del precio de un producto en un país con una economía relativamente más abierta -supongamos que es el caso de Costa Rica- con otra economía más cerrada, por ejemplo, la República Dominicana). 

También el diferencial de precios podría ser explicado por la existencia de impuestos diferentes entre países. Sin brindar números exactos, Costa Rica es el país de Centro América en donde al consumidor doméstico se le ponen porcentualmente mayores impuestos sobre el costo de los combustibles.  En el resto del área, sus gobiernos gravan a los combustibles en menores proporciones. Por tan sólo esta razón -es un ejemplo- la gasolina en Costa Rica es más cara que en, digamos, Nicaragua u Honduras. También podría deberse a la estructura de las industrias, pero eso es menos evidente, en especial ante la elevada proporción del precio que en nuestro país pagan los consumidores tan sólo como impuestos. Por ello un análisis de las cifras comparativas debería de efectuarse libre de impuestos distorsionadores. 

También la existencia de otros impuestos podría explicar el diferencial de precios entre países. Daré un ejemplo, el de los cigarrillos. Los cigarrillos en Costa Rica han sido fuertemente gravados con impuestos -por las razones que sean. Esto ha provocado que al país ingrese una gran cantidad de cigarrillos como contrabando, digamos que de Belice o de Paraguay, entre otras procedencias. El precio de referencia para el contrabandista es el precio interno con impuestos (además de los riesgos que asume); por eso lo único que tiene que hacer es elevar el precio del cigarrillo contrabandeado, mas no por encima del precio doméstico legal. Así, el precio del cigarrillo de contrabando en Costa Rica sería más elevado que su precio en los países de donde vienen de contrabando y en donde supuestamente se les cobran impuestos menores, pero sería menor que el precio oficial. Algo similar podría ocurrir con los licores, vinos y cervezas. Una comparación internacional de los precios de esos productos tendería a mostrar que el precio interno legal en Costa Rica es mayor que su precio correspondiente en los otros países, a pesar del efecto mitigador de la diferencia que significa el producto contrabandeado.

Asimismo, la falta de competencia en un país, en comparación con otro, podría explicar esas diferencias de precios. Por ejemplo, suponga que en Costa Rica hay un monopolio en la producción de leche. Eso permite al monopolista cobrar un precio más elevado que el que podría obtener en una situación competitiva. Imagínese que, por otra parte, en el país al cual se exporta la leche producida nacionalmente, el exportador-productor doméstico enfrenta un mercado mucho más competitivo que el existente en Costa Rica. O sea, en la otra nación no puede usar el poder monopólico que logra en Costa Rica y que es lo que le permite tener un precio mayor que si hubiera competencia. Eso posiblemente hace que tenga que sacrificar sus utilidades monopólicas si pretende tener acceso al mercado del otro país. Sólo vendiendo al precio de mercado vigente en el extranjero puede competir y presumiblemente ese precio será inferior al que puede cobrar en Costa Rica por su poder monopólico.

En resumen, pueden existir diversas explicaciones de por qué un mismo bien se vende en Costa Rica a un  precio mayor que en el extranjero, incluso siendo conscientes de que hay un costo de transporte desde aquí hasta la otra nación y lo cual tendería a reducir el precio relativo en el mercado interno (el cual no contiene un componente por costo de transporte internacional) comparado con el del extranjero, que sí lo debe de incorporar. Pero no abundaré en más explicaciones de posibles diferenciales de precios, pues casi que sería de no terminar. Mi interés mayor es referirme a si la propuesta de fijar precios domésticos presuntamente altos en el país, sería una solución adecuada para resolver el problema de diferenciales de precios entre países. Tal tema lo analizaré en la segunda parte que presentaré la semana próxima.

Por el momento y ante lo que he expuesto, mis recomendaciones serían, para el caso de una desalineación de la moneda doméstica con respecto a los precios comparativas comentado anteriormente, que la distorsión tendería a desaparecer o disminuir si son los mercados cambiarios libres los que determinen el valor correspondiente de las monedas entre sí. De esta forma, lo que podría determinar valores diferencias serían los normales en un mercado, como son las ofertas y las demandas de los insumos, así como de los productos, además del evidente costo de transporte (y otros similares como de embarque y de desembarque).

Asimismo, es recomendable evitar presiones inflacionarias superiores a las externas sin que se permita al tipo de cambio desalineado ajustarse debidamente a dicho diferencial, porque podría crearse la ilusión de que los precios internos son diferentes de los externos, por una simple maniobra de control cambiario. Lo conveniente no es reprimir el verdadero valor de los bienes así como el tipo de cambio que realmente debería de existir, lo que permitiría indicar cuando es que hay un diferencial real de los precios y que posiblemente produciría flujos comerciales entre países que lo amortigüen.

Dado que muchos monopolios internos deben su existencia a la vigencia de aranceles, que impiden el ingreso al país de aquella producción proveniente del exterior, una eliminación de los aranceles y de medidas restrictivas similares usadas para frenar una importación competitiva, contribuiría a la equiparación de los precios. Obviamente eso no exime el diferencial proveniente del costo del transporte entre naciones y causas similares. Pero eliminaría el poder del monopolio doméstico que ha permitido que en el país se cobre un precio más elevado que si hubiera competencia.

También pueden existir políticas restrictivas en el mercado laboral que impliquen costos mayores para la producción doméstica, como es el caso de colegios profesionales, que con sus prácticas restrictivas de la oferta elevan artificialmente el costo de contratación de servicios. Por supuesto que una mayor competencia en los mercados de servicios hoy restringidos por regulaciones laborales de colegios profesionales, por ejemplo, se traducirían en una reducción de los costos domésticos y, por tanto, en los precios de los productos. 

Asimismo, es necesario que se revise la existencia de ciertas entidades gubernamentales o para-gubernamentales, que facultan la fijación organizada de precios que elevan los costos internos y por ende los precios que se pueden cobrar en el país. Pienso, por ejemplo, carteles en el servicio de telefonía, del azúcar, del arroz, del café, entre otros, que bien pueden lograr cierto grado de protección a sus asociados domésticos ante posible competencia interna o externa y, por tanto, que se cobren precios internos relativamente mayores. Si esa restricción a la competencia no la enfrentan en los países a los cuales se exportan esos bienes protegidos, se vería como el precio del mismo producto es más elevado en Costa Rica que en el exterior.

Internamente podemos esperar que una apertura a la libre entrada y salida de empresas a los mercados contribuiría -además de la eliminación de aranceles- al logro de una mayor competencia y con ello lograr reducir los precios domésticos cobrados a los consumidores.

Similarmente, eliminar tributos excesivos impuestos sobre el valor de los bienes podría conducir a una reducción interna de los precios y disminuir los casos de evidente diferencial de precios, como son los de los combustibles y de los bienes objeto que contrabando antes comentado.

Asimismo, hay una serie de insumos que no son objeto de comercio internacional y que en ciertos casos son regulados por el estado, como puede ser la electricidad, agua, tarifas de transporte interno, entre otros, que son factores de costo usuales que se incorporan en el valor final de un bien. Pero también hay otros bienes que no suelen ser objeto del intercambio internacional ni tampoco de la política regulatoria usualmente aplicada a los servicios públicos, como, por ejemplo, la vivienda, los servicios de restaurantes, las peluquerías y salones de belleza y muchos otros bienes fácilmente perecederos. En estos últimos casos la expectativa normal es que las fuerzas competitivas, que suelen dirigir recursos hacia donde la rentabilidad es mayor, conduzca a moderar los precios relativamente altos.

 Pero este último caso es diferente a cuando, por ejemplo, hay una política deliberada del estado de usar la regulación de precios como fuente de ingresos para el fisco -esto es, lograr precios más altos que el que podría obtenerse en mercados competitivos, tan solo por el objetivo estatal de lograr mayores ingresos. La eliminación de eses sobreprecio por razones fiscales podría permitir una mejor comparación de los costos verdaderos de un mismo bien en mercados de países distintos. Si se eliminara, por ejemplo, el sobreprecio en el costo de la electricidad o del agua puesto con fines de disminuir el déficit fiscal general del estado (al aumentarse por ese arbitrio las utilidades de esos organismos descentralizados del estado), obviamente podríamos pensar que ese menor costo de insumos se refleje en menores precios de ciertos bienes en comparación con los mismos internacionalmente. 

Estas son algunas sugerencias, pero en el próximo comentario de la semana entrante, en lo que podría ser una segunda parte de éste, se analizará el tema de la política de control de precios como medida para reducir los precios internos.

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: Costa Rica por las nubes

Una de las revelaciones que ha realizado el nuevo informe del Estado de la Nación, es algo que ya todos los consumidores sospechábamos: que vivimos en un país caro. Para ser más exactos, se determinó que en promedio somos un país 20% más caro que el resto de Latinoamérica.

Según el propio informe, entre los disparadores del costo de producción se encuentran la electricidad y los combustibles, ambas actividades altamente reguladas por el Estado.

Esta situación debe llamarnos la atención a todos, ya que evidentemente esta problemática representa un duro golpe y castigo a los bolsillos de los consumidores más pobres. Podríamos decir que hoy en día todos los costarricenses desperdiciamos un 20% de nuestra riqueza, ya que la destinamos a comprar bienes y servicios que en otras latitudes podríamos adquirirlas a un precio menor. En este sentido, sería sumamente valioso poder destinar estos recursos a otras actividades económicas ya sea un mayor consumo, ahorro o inversión.

Ahora bien, ¿cómo enfrentar este problema? Pues desde distintos ámbitos. Primero que todo a nivel productivo, deben reducirse los costos de producción. Bajo esta óptica la apertura de mercados estratégicos como el de energía y combustibles es de vital importancia, así como la flexibilización de las relaciones laborales. Igualmente, la reducción de trámites es central para abaratar los costos de producción de las empresas. Segundo, se requiere un mercado más competitivo, para ello se hace necesario disminuir toda case de aranceles a la importación de productos, así en caso de que los bienes se encuentren muy caros en el país, resulte ser una opción atractiva para el consumidor importarlos desde el exterior. Por último, bajo este contexto resulta obvio que no es viable una reforma impositiva como la que pretende el gobierno: establecer un IVA y aumentar su tarifa así como los alcances del mismo, únicamente contraería aún más la capacidad adquisitiva de los consumidores.

Sin lugar a dudas, este es uno de los temas sobre los cuales mayor énfasis debe poner el Gobierno. Revertir esta tendencia representaría un gran alivio al bolsillo de los costarricenses, lo cual sería beneficioso para todo el sector económico.

La columna de Carlos Federico Smith: planificación y libre mercado.

Hace buen rato que no tenía noticias de don Carlos Manuel Echeverría, persona por la cual guardo aprecio, en especial por su acuciosidad intelectual y su don de gentes. Por ello me alegró mucho poder leer su interesante artículo “Contribuyendo a ‘El Gran Debate’”, publicado en La Nación del pasado 28 de mayo del 2014.

Como es un tema que me interesa, aunque en el pasado, al igual que hoy, planteo divergencias en cuanto al enfoque de don Carlos Manuel, acerca de la relación que hay entre un mercado libre y la planificación estatal.  

Pero debo empezar refiriéndome a una afirmación que él hace en su artículo en mención. Dice que “…en la práctica el mercado ha probado que sin regulación no es tan efectivo, ni para lograr que el individuo consiga su libertad, ni para generar bienes y servicios efectivamente, con efectividad. La tesis de Hayek vale en aquella economía donde la competencia perfecta es la norma; o sea, donde ningún vendedor y ningún comprador son tan fuertes en términos relativos a los otros y entre sí, como para manipular los precios y hasta ciertas características de los bienes y servicios si se les deja sin regulación”. 

Eso sí, inmediatamente antes del párrafo transcrito, don Carlos Manuel reconoce que “teóricamente concuerdo con Hayek”, lo cual me da la oportunidad para comentarle lo siguiente.

En primer lugar, para mí es muy satisfactorio que conceptualmente esté de acuerdo con Hayek. Por lo tanto, la discusión acerca de los méritos comparativos de un orden de mercado, como el postulado por Hayek, debe ser contrastado con un orden socialista, lo que nos lleva a la vieja discusión de la imposibilidad del cálculo en la economía socialista, que tuvieron, principalmente, Lange, Lerner, Taylor y otros socialistas, por un lado, y von Mises y Hayek, por el otro. Me parece que la importancia de la existencia de precios para lograr la eficiencia económica quedó plenamente establecida en el pensamiento económico moderno, en especial porque una simple simulación de mercados (algo así como un sistema simulado de ecuaciones), como proponían los socialistas, no daría el resultado deseado, pues no existirían sistemas genuinos de competencia y de empresariedad bajo un socialismo, tal que pudiera revelar los precios que definan la asignación de los recursos, como exitosamente arguyó Hayek en su momento.

En segundo lugar, al señalar don Carlos Manuel que “un mercado sin regulación no es tan efectivo” para una generación de bienes y servicios, lo que entonces se requeriría es que se compare esa capacidad del orden de mercado en la realidad, con el socialismo también en la realidad, al igual que antes se hizo teóricamente en el debate acerca de la imposibilidad del cálculo en la economía socialista. Creo que, en la práctica, con todo y sus imperfecciones, el capitalismo u orden competitivo de mercado -con el conjunto de defectos que don Carlos Manuel nos podría indicar- habría generado, en el período relevante previo a la caída del socialismo, una mayor producción y una mayor tasa de crecimiento de su producción, en comparación con lo que habría sucedido en las más importantes economías socialistas. Esta es una razón primordial por la cual, por ejemplo, terminó disuelto el antiguo orden socialista de la Unión Soviética formalmente el 26 de diciembre de 1991; sistema que fue creado a partir de la Revolución Rusa en 1917. De paso, fue Mises, -en su libro El Socialismo escrito en alemán en 1922 tan sólo tres años después de aquella revolución- quien predijo la desaparición de ese orden socialista, básicamente por el problema de su incapacidad de disponer de un sistema apropiado de señales (precios), que permitiera definir sus costos y los resultados de sus decisiones económicas.

En tercer lugar, hay regulación y… regulación. Posiblemente la regulación, como la propuesta por muchos teóricos del capitalismo, dirigida a compensar problemas significativos de externalidades, siempre y cuando se considere el costo que tiene intervenciones estatales como aquellas, así como por la ausencia de propiedad (the commons), entre otros, por lo general ha llegado a ser aceptada. Pero hay otro tipo de intervención, que pretende asignar los recursos según sea la voluntad de un político de turno, que más bien distorsiona las señales del mercado lográndose con ella resultados inconvenientes y consecuencias no previstas. Me atrevo a pensar que, por ejemplo, en la reciente crisis de los Estados Unidos a partir del 2008, mucha de la regulación del sector financiero que se había venido aprobando, fue un factor que más bien contribuyó significativamente a que se presentara. Sé que, al leer esto, alguien pronto saltará y dirá que más bien el problema se originó por la “falta de regulación” y de la “adecuada”. Pero, como escribió Thomas Sowell (The Housing Boom and Bust, 2009), “el juego de ‘echar los muertos a otros’ inmediatamente empezó, diciéndonos los medios y los políticos que el problema fue que el mercado se dejó sin regulación y que ahora el gobierno tenía que entrar”. Continúa Sowell, “El desarrollo de laxitud en los estándares crediticios, tanto por los bancos como por Fannie Mae y Freddie Mac detrás de los bancos, surgió no de una carencia de regulación y supervisión gubernamental, sino precisamente como resultado de las regulaciones y la supervisión estatal, dirigidas hacia la meta políticamente popular de mayor ‘propiedad de viviendas’ a través de ‘una vivienda que se pudiera pagar’, especialmente por compradores de casas de ingresos más bajos”. (P. 57. Las letras en cursiva son del autor)

El punto crucial no es retóricamente decir que la “regulación” es necesaria. Lo importante es especificar qué tipo de regulación es la que conviene. Eso espero yo de quien diga que, “sin regulación” el mercado “no es tan efectivo”. Por lo cual, debería de indicársenos qué tipo de regulación específica se tiene en mente, así como sus detalles, a fin de poder saber si es de esperar que con ella se mejore una situación, que alternativamente se consideraría como indeseable en un orden competitivo.

Similarmente, en el artículo don Carlos Manuel da por un hecho que “el avance tecnológico, vertiginoso en los últimos años por el desarrollo cibernético y con la revolución de la robótica en ciernes, fomenta el monopolio, el oligopolio, el monopsonio y el oligopsonio.” Ofrece, además, como ejemplo de ello, un caso infortunado como fue el de la liberación de las aerolíneas en los Estados Unidos. Pero no nos dice que no sólo la industria de las aerolíneas en ese país era un sector altamente regulado por el estado y que si bien se dio una eliminación de algunos aspectos de dicho régimen regulatorio, no fue lo suficiente como para obtener resultados mejores. Aún continúa el impedimento para que aerolíneas internacionales puedan servir internamente en los Estados Unidos, por ejemplo, lo cual definitivamente aumentaría el grado de competencia en dicho mercado. Por ello es infortunada la conclusión que don Carlos Manuel deriva de esto, cual es que “la economía regulada funciona mejor”. De nuevo, todo depende de qué tipo de regulación y que se tome en cuenta el costo que implica dicha regulación o, que incorpore lo que alguien podría llamar como el posible “fracaso del estado”, como contraste con quienes nos suelen hablar sólo de los “fracasos del mercado”. 

Hay una afirmación gratuita en el artículo bajo comentario, que suele reflejar un pobre entendimiento del concepto de libertad en un orden de libre mercado, cual es que “una sociedad en la que prevalece la idea de que el más fuerte, capaz o trabajador, acapara todo lo que pueda, como si fueran animales de la selva, denigra al ser humano.” Me parece que hay una mezcla entre el individuo en un mundo Hobbesiano –y por ende antitético a la idea liberal como, por ejemplo, la expuso Locke- en donde la supervivencia del más fuerte define la apropiación del producto, y el de una persona en una sociedad, por ejemplo, Smithiana, en donde el individuo genera ingresos por su capacidad y trabajo en función de la demanda que de su producción, a través del intercambio, llevan a cabo los consumidores. Esto último está, obviamente, lejos de ser una acción que denigra al ser humano; todo lo contrario, convierte al productor en un servidor de los deseos de los consumidores, lo cual está muy lejos de las reglas de la jungla que menciona don Carlos Manuel.

Llego, al fin, al meollo de la sugerencia de don Carlos Manuel, quien dice proponer un camino “para Costa Rica: el de la economía planificada de mercado”. Y nos expone cómo sería estructurado el aparato encargado de diseñar la planificación estratégica, por supuesto con la usual expresión de que será en conjunto entre la sociedad civil organizada (que incluye a productores) con el aparato estatal.
Pero en ningún momento en dicho artículo nos expone qué tipo de planificación será esa que propone. Por lo general, en ese ámbito se suele hablar de dos tipos de planificación, una indicativa y la otra coercitiva, así como también se suele hablar de una planificación de las actividades propias del estado y de otra planificación, en lo que sería la determinación del estado en la actividad privada en una economía.

En lo personal, no creo que alguien pueda oponerse –tal vez con excepción de algún anarquista- a que el estado realice ciertas funciones que le son propias en una economía. Como liberal, considero que lo deseable es tener un estado mínimo, pero aún en esta posición, que alguien podría juzgar –nunca falta alguien así- como un posicionamiento extremo, no hay razón lógica para que el estado no planifique lo que debe hacer, que empate la lógica coordinación que debe existir entre los recursos de los que puede disponer para obtener el producto pretendido, lo cual es particularmente crucial en la gestión pública, en la cual los recursos involucrados no son sino fondos de los contribuyentes. Es decir, considero que el estado debe planificar sus acciones en aquello que le es pertinente, como parte de las funciones que lleva a cabo.

En lo que si no estoy de acuerdo es que el estado o un sistema corporativista como el propuesto por don Carlos Manuel, nos defina, determine, ordene o sugiera (porque usualmente va significar el uso de impuestos o subsidios), qué es lo que las personas deben consumir, producir, intercambiar, invertir, ahorrar, trabajar o destinar al ocio o lo que fuera, que es más propio de la decisión propia de los individuos en un orden de libertad. Esta es la planificación que suelen añorar los socialistas de vieja estirpe.

Por ello, la propuesta de don Carlos Manuel es ideológicamente un oxímoron; una paradoja, una contradicción. La libertad de los mercados excluye una planificación de las acciones de los individuos en dichos mercados, en los cuales, en un orden de libertad, se opera en función del libre accionar de sus agentes. Si se planifica, obligando directa o indirectamente, a que las personas actúen de cierta forma para satisfacer lo que estipula el plan (la planificación), ello va en contra de la libertad de los individuos para actuar, para asumir riesgos, para invertir, para trabajar, para consumir. En síntesis, no es posible obligarlos a hacer algo y pretender que sea, a la vez, una libre determinación del actuar humano. No hay compatibilidad lógica entre un orden de libre mercado y una planificación, excepto que eso último se refiera a la necesidad que tiene el estado de tratar de interpretar su accionar propio en un futuro incierto y evolutivo por naturaleza.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: ¿por qué tan caro en Costa Rica?

Ya han pasado muchos días desde que en un periódico de Costa Rica se hizo ver lo caro que se cobraba en nuestro país por los servicios domésticos de Internet, así como por la televisión por cable, en comparación con Panamá.

Supuse que, dada la gran cantidad de usuarios de ambos servicios que hay en nuestro país, habría alguna reacción de los principales suplidores explicándonos por qué las razones de que aquí esos servicios fueran mucho más caros, pero mutis, nunca reaccionaron. También creí que habría alguna explicación de parte de los órganos reguladores, a quienes presumí como potenciales responsables de que aquí tuviéramos esos mayores costos, por múltiples razones, siendo la principal que posiblemente imponían restricciones onerosas; pero tampoco han dicho nada. Y, por supuesto, me imaginé que irían a reaccionar aquellas instituciones públicas presuntamente existentes para defender los derechos de los consumidores, pero, mirala, han dado por callada la respuesta. Posiblemente aducirán que sólo actúan cuando hay una denuncia concreta, lo cual no es más que sinónimo de una grave evasión de las responsabilidades para las cuales fueron creadas. Les recuerdo que no fueron forjadas para estar echadas cruzadas de brazos, sino para activamente promover la competencia en beneficio de los consumidores, cuya restricción es la amenaza que hoy se señala.

El hecho es que, según la información periodística, en Panamá esos servicios son casi un 50% más baratos que aquí. Me he puesto a pensar si es que en Panamá hay un mayor aprecio por la competencia y, por ende, una mayor disposición gubernamental para promoverla hacia lograr el mayor número posible de oferentes, pero nadie ha podido confirmar mi apreciación. Al revés, pensé que tal vez en Costa Rica, con esa manera de ser que todo lo pretenden regular, más bien ha terminado por impedir el libre acceso deseable a esas actividades, mediante la introducción de elevados costos de entrada, pero tampoco lo he podido confirmar.

Por ello creo que el asunto no debe ser tirado al cajón del olvido, tal vez principalmente de parte de quienes terminamos pagando esos servicios más caros de los que podríamos tener si hubiera actitudes más positivas hacia el consumidor y hoy ausentes en nuestro país. Soy consciente de que un consumidor difícilmente se va a meter en un pleito jurídico y a líos con burócratas, dado que el costo, si bien no es insustancial por esos mayores precios que debe pagar, nunca van a exceder a los costos de aquellos litigios. Pero tengo la esperanza de que encontrarán alguna forma para defender la competencia y los beneficios que de ella obtienen.

En esa interacción casi irrestricta que, gracias a Dios los ciudadanos aún podemos ejercer en nuestro país, hay gente que me ha contado algunas historias en torno a la falta de competencia en la televisión por cable y en la provisión de servicios de Internet, que se resume en un acuerdo –nadie me lo ha podido confirmar que sea por escrito, pero sí al menos me lo han mencionado como de hecho- entre los dos más grandes proveedores de esos servicios, como son AMNET y Cabletica, para no competir entre sí en ciertos lugares del país. Por ejemplo me han citado ciertas zonas del este de San José en donde, casualmente, el cliente sólo puede ser servido por una de ellas, mas no por ambas, de manera que, si quiere el servicio, se ve obligado a contratar la única que lo tiene disponible en esa área. Lo interesante es que hay otros sectores en donde sucede lo contrario; es la otra empresa la que tiene el monopolio exclusivo, pues la competidora aún no ha entrado o aún no va a entrar o lo que sea.

Si estos son tan evidentes, ¿por qué los organismos promotores de la competencia no investigan su veracidad, pues, de ser así, se estaría ante un caso claro de colusión en contra de los consumidores, lo que los economistas conocemos como oligopolio, de lo cual un duopolio es, como tal vez en este caso, el de sólo dos empresas que se ponen de acuerdo para no competir y distribuirse el mercado?

Pero no sólo debería de hacer tal evaluación la agencia de Promoción de la Competencia, sino también la de defensa de los consumidores, pues somos nosotros quienes estamos pagando más caro por lo que podríamos obtener más barato, si en verdad existiera una mayor competencia. Para eso, se supone, es que existe la entidad que actúa en defensa de los intereses de los consumidores, menoscabados por las prácticas monopólicas como la expuesta.

También el análisis de la situación debería ser realizado por los órganos que han promovido la apertura de los servicios de Internet y televisión por cable en nuestro país. Quienes siempre hemos promovido esa apertura lo hemos hecho confiados en que no habría restricciones competitivas de alguna naturaleza, de manera tal que orgullosos podríamos mostrarles a los consumidores los beneficios que trae la competencia. Si es cierto que ésta se restringe por acuerdos entre pocos oferentes hay una función que deben cumplir las entidades reguladoras como, me imagino, serían la Superintendencia de Telefonía y no sé si la ARESEP. No se trata de tener una regulación absurda e insensata de precios que termina dañando al consumidor, sino de eliminar cualquier restricción que pueda afectar la libre entrada de cualquier empresa que desee poder competir en cualquier actividad, así como investigar si hay prácticas de división del mercado debido a la imposibilidad de que otras firmas puedan ofrecer sus servicios.

Uno cree en la empresa privada, pero principalmente cuando está sujeta a la competencia y no cuando se pone de acuerdo para competir en contra del consumidor.

Y termino señalando una posibilidad, tan sólo una posibilidad, que podría beneficiar a los consumidores nacionales mediante una mayor competencia: ¿Qué tal si decidimos y anunciamos, en el interés supremo del consumidor, que el mercado costarricense de televisión por cable y de Internet está abierto, sin restricciones diferentes aplicada a la empresas en el país, a cualquier empresa, incluso aquellas que, instaladas en Panamá y desde allá, deseen brindar sus servicios en Costa Rica? Les apuesto que lograremos bajar esos costos tan altos…

Jorge Corrales Quesada

Viernes de recomendación

Este día queremos ofrecerles un interesante artículo de Alberto Benegas Lynch titulado "¿Por qué el derecho de propiedad?", en donde se explica la correlación entre el trinomio mercado-propiedad-precio (las condiciones necesarias para poder hablar de economía) y la forma en que los individuos, de forma libre y voluntaria, deciden hacer interactuar dichas nociones. Asimismo, el autor explica las razones lógicas por las cuales la planificación centralizada es imposible y sólo puede crear más problemas de los que pretende resolver.