La columna de Carlos Federico Smith: otra forma de proteccionismo

El estado no sólo protege a grupos con intereses especiales mediante la imposición de aranceles, que les protege de la competencia externa. Eso lo vivimos en el país en muchos productos, pero algunos son notorios, como el arroz, la carne de cerdo, res y pollo, la leche, el azúcar, que son sumamente importantes en el gasto de los ciudadanos, en especial los de menores recursos, en donde porcentualmente su consumo pesa más en el gasto total de las familias, comparado con el de los más ricos.

También se protege a esos intereses especiales cuando, con fondos públicos, se les otorga un subsidio para que así aumenten sus ganancias privadas, pero que es pagado por todos los contribuyentes de una u otra forma. Afortunadamente en Costa Rica no parecen existir muchos subsidios en efectivo, al menos a empresas, pero la intención de ponerlos sale a la luz surge cuando, por ejemplo, nos dicen que se debe subsidiar el uso de vehículos eléctricos en contraste con los usuales a base de derivados de petróleo, o cuando se hacen manifestaciones de que es necesario subsidiar el uso de paneles solares para producir electricidad, en vez de usarse otras fuentes de energía. 

Tal vez se pueden mencionar ejemplos de subsidios cuando RECOPE le vende a algunas empresas privadas el asfalto más barato que a otros consumidores o cuando se pretende cobrar (en otro monopolio estatal) un seguro por accidentes de tránsito, incorporado al llamado marchamo, un costo menor para un sector que es claramente más proclive a sufrirlos, caso de los motociclistas, cargándose, al mismo tiempo, un costo compensatorio mayor a otros grupos de menor siniestralidad (los carros corrientes).

Ahora estamos viendo una nueva versión de proteccionismo en nuestro país, cuando se pretende -otra vez con lo mismo- obligar a los consumidores, ya totalmente en manos de un monopolio, a que adquieran un cierto producto. Ese es el caso de la gasolina súper con un 10% de alcohol que, supuestamente a partir de mayo, los consumidores de ese producto tendrán que adquirirlo en una mezcla que tal vez no desean. Pero, lo que está, bajo el manto de dudosas aseveraciones de protección ambiental para justificar la medida, a quien en realidad se ayudará es al gremio especial de productores de caña azúcar, al convertirla en ese etanol de la mezcla.

No hace mucho se supo públicamente que la actividad cañera estaba “en problemas,” debido a la caída en los mercados internacionales del precio del azúcar. Uno ya casi que imaginaba el pronto aumento al consumidor nacional del precio que paga por ese bien, en beneficio de aquel gremio de un interés especial, protegida en su monopolio por un elevado arancel a las importaciones. Puede ser que, ahora, por circunstancias, los consumidores de azúcar no tengamos que pagar más, pero el subsidio lo logrará aquel grupo cobrándoselo a los consumidores cautivos de gasolina súper.
Ante eso pondrían a funcionar otro elefante estatal, la Fábrica Nacional de Licores, que se ha visto golpeada por la competencia en los últimos tiempos, pero la materia prima provendría de ese gremio privado de referencia.

Las circunstancias de los mercados internacionales encubrirán el verdadero objetivo proteccionista: los precios internacionales de los combustibles han caído fuertemente en días recientes, lo cual hasta ha permitido absorber el aumento en el tipo de cambio, que debería haberse reflejado en los precios en colones de los derivados del petróleo. Ante esto, ahora dirán que la mezcla de etanol con gasolina súper podría reducir su precio comparado con el actual, pero posiblemente eso no se deba al etanol de la mezcla con la gasolina, sino a un descenso en el precio de la gasolina, propiamente.

Dicho lo anterior, aparte de posibles costos en la producción de alimentos al dedicarse tierras a producir caña de azúcar, hay dudas acerca de si la mezcla con alcohol afecta los motores, lo sorprendente de este caso en concreto es el uso del poder monopólico del estado vía RECOPE, para imponer sobre los ciudadanos un producto que beneficia a un poderoso gremio de intereses particulares, sin siquiera valorar si conviene al país en cuanto a los costos y beneficios que implica. 

Claro, si hubiera competencia, el estado no podría abusar de tal forma de nosotros, consumidores cautivos, ni beneficiar a gremios privilegiados. Así, que nada le importa al estado invertir ¢12.600 millones en el proyecto si el resultado político pinta grande: (1) son ambientalmente “conscientes,” (2) favorece a un gremio de interés particular y ya sabemos qué significa el apoyo a cambio de la protección, (3) ponen a andar una maquinaria casi obsoleta de la Fábrica Nacional de Licores (todo dentro del estado) y (4) salvado por el momento del bajo precio internacional del combustible, dirán -falsamente- que el cambio al gasohol se traducirá en un precio menor al consumidor cautivo de gasolina súper en manos de RECOPE.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: ¡qué importa si a los consumidores se les cargarán las pérdidas de RECOPE!

No sé si pronto algún tribunal superior decidirá que RECOPE puede solicitar a la ARESEP que le permita aumentar los precios de los productos que nos vende, a fin de no tenga pérdidas. Veamos las razones de las pérdidas de RECOPE en el 2015 por más de ₡6.000 millones, según el informe que presenta La Nación del 6 de junio, bajo el título “RECOPE reportó una pérdida de ₡6.000 millones en el 2015: Baja en ventas de hidrocarburos y gasto por cesantía golpearon operación el año pasado.”

Una de las razones de dicha pérdida, según RECOPE, es que el año anterior tuvo una caída en sus ventas anuales de 19.4 millones de barriles en el 2014 a 19 millones en el 2015. Esta reducción se debió al menor uso del ICE de energía térmica, pero, además, porque “dicha baja, aunada a la reducción tarifaria por el precio internacional de crudo, provocó una caída del 27% en los ingresos de la Refinadora comparado con el 2014.” Uno puede entender el efecto de la baja en la demanda de uno de los productos de RECOPE, al dejar el ICE de adquirir tanto búnker como antes, gracias a una mejora en su coctel productivo, pero no el por qué se cayeron los ingresos de RECOPE ante la baja internacional de los precios del crudo, pues dicha baja debería haber estimulado su consumo. Por otra parte, también se redujo el costo de adquisición de la materia prima de RECOPE, reflejándose en una baja de su partida de gastos, de manera que el efecto total sobre las utilidades no necesariamente tendría, en el todo, que ser negativo.

Más interesante es la otra explicación que la administración de RECOPE, en palabras de Clara Luz Acuña, directora financiera de la entidad, brinda acerca de las pérdidas mencionadas: fue “debido a una situación ‘extraordinaria’ generada por la provisión de auxilio de cesantía para los trabajadores”. El gerente de administración y finanzas de RECOPE, Édgar Gutiérrez señaló que “el mayor gasto se dio por el registro de ₡14.000 millones de provisión por cesantía”, pues se hizo necesario actualizar la reserva de prestaciones de RECOPE, que, según la auditora externa de RECOPE, Deloitte, no se había podido determinar si tal provisión era la correcta o no. La crítica de Deloitte se dio porque “la empresa estatal no efectuó, en el 2015, el cálculo actuarial que cada año debe hacerse de prestaciones legales.” RECOPE hizo un aumento tan elevado de las prestaciones, al reconocer que no tenía previamente la provisión correcta al respecto.
 

Aquí viene lo interesante, dada la decisión reciente de la Sala Constitucional autorizando a RECOPE a cargar los costos de su convención colectiva en los precios finales. La convención define las prestaciones que paga la entidad con “un tope de 20 años de cesantía a los empleados cuando se pensionan”, en contraste con los 8 años de acuerdo con la legislación general. Sabemos que RECOPE siempre ha financiado su convención colectiva con ajustes ordinarios a los precios de los combustibles que vende a los consumidores y, ahora, la Sala Constitucional obliga a la ARESEP a no excluir de los precios aquellos gastos por beneficios laborales. Esto anuncia lo inevitable: RECOPE pedirá a la ARESEP que le incluya en los precios a los consumidores gastos como el exceso de prestaciones, que debe pagar según su convención colectiva.  

Así, los patos de la fiesta de RECOPE seremos, una vez más, los ciudadanos consumidores obligados del monopolio de RECOPE. El lector se preguntará ¿por qué RECOPE no redujo sus gastos?  Ciertamente se redujeron los costos de la materia prima traída del exterior, pero los egresos de operación, que no los incluyen, más bien ascendieron en el 2015, al pasar de alrededor de ₡106.000 millones en el 2014 a ₡112.917 millones en el 2015; esto es, un aumento del 6.2% en el año. El rubro que más aumentó fue el de transferencias, que pasó de ₡7.742 millones en el 2014 a ₡17.864 millones; esto es, un incremento del 130%.  Aquí entra el aumento en el fondo de provisión de cesantía arriba citado.

No sólo recientemente se ha incrementado el precio de los combustibles por el alza internacional del precio del petróleo, sino que ahora se avecina este nuevo incremento, gracias al privilegio autorizado ahora por la Sala Constitucional.  Estamos de burros amarrados –los ciudadanos consumidores- ante un tigre suelto -RECOPE. No nos queda más que hacer todos los esfuerzos de nuestra parte para traer competencia, abriendo el monopolio y logrando que esos privilegios de convenciones colectivas no nos sean trasladados a los consumidores.  Ya le han jalado mucho el rabo a los pobres burros amarrados: siempre terminamos apechugando con los desafueros de RECOPE.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el gran desperdicio

Una reciente información trajo a mi mente la frustrada posibilidad de este gobierno para obtener un préstamo del gobierno chino por la suma de $5.000 millones.  Con esa cifra consideraron que no había necesidad de poner impuestos, pero, ante todo, que no se tendría que reducir el gasto gubernamental, tal como lo prometió en una ocasión el presidente de la República, en un debate en televisión: que antes de poner mayores impuestos reduciría significativamente el gasto público.

Como los gobernantes notaron desde el inicio de su administración, el aumento pensado de impuestos estaba en la cola de un venado y para llenar el hueco fiscal fue que se les ocurrió pensar que el gobierno chino invirtiera (comprara) directamente -sin tener así que pasar obligatoriamente por la Asamblea Legislativa, como es el caso de empréstitos del extranjero- bonos del gobierno, en una especie de “contratación directa”.  Ya sabemos que dicha pretensión se extinguió, posiblemente porque los gobernantes chinos, que habían considerado esa posible inversión financiera, ahora quieren, ante sus dificultades internas, que la “colaboración” con el exterior sea básicamente por medio de su inversión directa.

Esta puede ser la razón por la cual la famosa inversión chino-costarricense, conocida como SORESCO, aún no recibe la lápida acerca de su bien merecido fallecimiento:  No entraría plata líquida a Costa Rica (aquellos $5.000 millones), como pretendía esta administración, pero sí calzaría dentro de los planes chinos de inversiones directas proseguir con la refinería que, desde el 2009, había sido impulsada por la administración de turno y activamente buscada por la administración de doña Laura Chinchilla. Inicialmente se estimó que la inversión en la construcción de dicho proyecto ascendería $1.510 millones.

El hecho es que, desde el año 2013, ya la Contraloría había objetado que se continuara aquel proyecto  al haberse sustentado en un estudio de factibilidad viciad, pues fue realizado por una empresa relacionada con una de las partes interesadas (la del gobierno chino).  Algo parecido ha sucedido con otra similar inversión directa, de una empresa del estado chino que ampliaría parte de la importante carretera hacia Limón en el Atlántico –la ruta 32. Hace buen rato no se sabe nada de nada al respecto, lo cual preocupa, pues supuestamente ya se tenían plazos definidos para que Costa Rica aceptara esa también cuestionada inversión. No es nada raro que ese sea otro cadáver aún no frío del todo. 

No hay nada como un gobierno terco, empecinado en proseguir proyectos altamente cuestionados por el ente contralor. Aquel nos dice que el acuerdo final de la inversión conjunta chino-tica de SORESCO, está en “análisis,” tal como lo señala un comentario del periódico La Nación del 23 de marzo, titulado  “Refinería ‘de papel’ consumió $4 millones el año pasado: Empresa [Sociedad Reconstructora Chino-Costarricense (SORESCO)] creada para fallido plan gasta en salarios y subsidios para personal traído de China.”

Ante la necesidad de que el gobierno tome una decisión respecto a si proseguirá con dicho proyecto -y me imagino que indicando bajo qué condiciones- según lo han urgido la Contraloría y la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, la respuesta del gobierno sigue siendo timorata; indecisa.  Dice el ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro: “El Gobierno tiene el tema en análisis y oportunamente se dará la respuesta.” Es cierto que el estado es usualmente ineficiente cuando de tomar decisiones se trata, pero en este caso el proyecto de SORESCO le sigue drenando recursos a RECOPE, o sea, a todos los ciudadanos costarricenses.

Del aporte inicial de $100 millones, RECOPE puso $50 millones y de aquel monto total aún queda por gastar $38.5 millones. La pregunta lógica es ¿en qué se gastó la plata restante? ¿En qué se ha invertido el 61.5% invertido presuntamente? El reportaje de La Nación no nos permite saber en su totalidad el uso de tales recursos, pero hay alguna información acerca de gastos recientes que, sin duda, deben preocupar a la ciudadanía.  De acuerdo con el comentario del medio, sólo en el 2015 el proyecto que, bien dicho, está “en el papel” consumió $4.3 millones, de los cuales un 60% se gastaron en el pago de salarios, cargas sociales y algo denominado “paquete de repatriación”, que no es sino el pago a la parte de personal chino en el proyecto. $1.7 restantes se usaron para pagar alquileres, agua, luz, combustibles, viajes, consultorías y servicios legales. 

Parece que para el estado costarricense la plata abunda en nuestra economía, que no importa en qué se gasta, que no interesa que un proyecto de tal magnitud, que desde su inicio sufrió de problemas técnicos, financieros y legales, según lo indicó la Contraloría, prosiga en el candelero.  El hecho es que, tal como lo ha indicado en varios informes el ente contralor, RECOPE, con fondos de todos los costarricenses, no se ha caracterizado por  ser una participante en el proyecto de la refinería, “preparada, sólida, experimentada, tanto para concebir y definir la iniciativa, como para administrar la ejecución del proyecto o lidiar con obstáculos o conflictos,” según lo refiere el comentario de marras.

Entre tanto -todavía andan por allí $38.5 millones que aún no se han gastado- la decisión está siendo analizada por el “eficientísimo y expedito gobierno.” Claro, la plata es de los ciudadanos. Ahora, hasta que se acabe.


Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: cosillas de RECOPE y sus impuestos

Tanto se ha hablado de los precios de los combustibles de RECOPE, que tal vez no hayan prestado atención al comentario de La Nación del 02 de febrero pasado, bajo el título “Impuesto eleva al doble cada litro de gasolinas: El arancel de Hacienda compone casi la mitad de la tarifa.” El comentario reviste especial importancia por tres aspectos: primero, porque el precio que los ciudadanos pagamos por los combustibles está fuertemente influido por toda la carga impositiva que recae sobre ellos. Segundo, porque es importante ver hasta qué grado es apropiada la afirmación del periódico de que, “cuanto más disminuyan los costos del mercado, más pesa el tributo único en el bolsillo de los ciudadanos”. Y, tercero, si es una opción viable “controlar cuánto pesa el impuesto”; es decir, si es factible eliminar o reducir tales gravámenes sobre los combustibles.

El primer tema es obvio, cuando observamos, con base en datos que nos brinda La Nación, que un 47% del precio de la gasolina regular que paga el consumidor se debe a la carga impositiva sobre ese bien (de un 46% en el caso de la gasolina súper). En comparación, el porcentaje correspondiente del precio final al consumidor, debido al costo del insumo importado desde el exterior, en el caso de la gasolina regular es de un 35%, en tanto que para la súper es de un 36%.  Esto es, pesan más los impuestos que los costos del insumo importado en el precio final para el consumidor y estos dos factores de costo -los impuestos más el costo de la materia prima importada- constituyen aproximadamente el 82% del precio en promedio para ambos tipos de gasolina, lo cual demuestra el peso importante de esos factores en los precios finales pagados por el consumidor.

El segundo aspecto interesante al que se refiere el comentario del periódico, se refiere a que “En Costa Rica, el impuesto único de los combustibles hace que cada litro de las gasolinas súper y corriente cueste el doble (un 46% y un 47% respectivamente), sin importar cuánto estén bajando los precios de esos carburantes en el mercado internacional”. Es decir, el artículo de marras nos dice que no importa cuánto bajen los precios internacionales (llamémoslos precios de los insumos), los impuestos tienen un peso tal que hace que casi no se note el efecto de aquel cambio en el precio del insumo en el precio final al consumidor 

Lamentablemente esto no se deduce fácilmente de la información que suministra el artículo, porque, y analizando el caso de la gasolina regular, por ejemplo señala que en el 2001 los consumidores “pagaban ₡80” en impuestos por litro, pero no brinda la información de cuánto era el precio final para el consumidor, en un período en el cual presuntamente los precios para los consumidores no eran tan altos como en los últimos meses del 2014. Luego, en el artículo del periódico se indica que “a inicios del 2013 y a finales del 2014” el porcentaje de los impuestos en el precio final al consumidor, “pesaba en un 33%” y ya sabemos por el periódico que, a finales de enero del 2015, ese porcentaje era de un 47%.  Pero no podemos afirmar a ciencia cierta, como parece hacerlo el comentarista, que, sin importar cuánto bajen los precios de los insumos en el mercado mundial, los impuestos son la causa básica del aumento del precio al consumidor. 

Si tan sólo tomamos la información presentada por el periódico en un cuadro para el período enero 2013-enero 2015, se puede observar cómo, en el lapso que va de enero 2013 a noviembre 2014, el porcentaje del impuesto se mantuvo relativamente estable en su porcentaje del precio -en alrededor de un 30% a un 35%- si bien el precio al consumidor creció gradualmente en ese mismo lapso y, lo que es más interesante, es que, a pesar de que en el lapso noviembre 2013 a enero 2014, el precio no aumentó, sí lo hizo significativamente el porcentaje que los impuestos representan del precio al consumidor; esto es, pasó de un 30% a un 47%.

Tal vez lo deseable es que el medio realice un análisis que relaciona el crecimiento de los precios internacionales con los precios domésticos, asumiendo una estructura impositiva similar para el período analizado y, por otra parte, buscar la relación que pudiera existir entre los precios domésticos y los tributos, asumiendo como constante al precio internacional. De esa forma podríamos entender con mayor claridad la relación entre las tres variables.

El asunto no termina allí. Hay otra parte significativa del precio que paga el consumidor que podría ser influido por factores de naturaleza impositiva.  Se trata del 18% restante del precio al consumidor, originado en otros elementos distintos de los costos internacionales de los insumos y de los impuestos así definidos formalmente. Me refiero a que bien podrían existir utilidades extraordinarias que RECOPE percibe gracias a su condición monopólica, factor que, por la inexistencia de competencia, no nos permite valorar de manera comparativa el costo (esto es, equivale a un impuesto sobre los consumidores cautivos) que tiene sobre los consumidores. Teóricamente es de esperar que el precio fijado en condiciones de monopolio es superior al precio definido en un mercado competitivo.

Asimismo, no sabemos cuánto del costo se puede adjudicar a otros gastos, como administración o financieros, en que la entidad estatal incurre y que, por hipótesis, se podría considera que en una empresa privada podrían ser menores, asumiendo la naturaleza de la empresa privada en contraste con la pública en cuanto al objetivo de maximización de utilidades y, por ende, de minimización de costos. Como no tenemos tampoco una clara asignación de los costos de los diversos bienes que vende RECOPE, tampoco podemos saber si hay subsidios cruzados, tales como, por ejemplo, subvencionar a algunos productos (tal vez el diésel, como lo fue en un pasado no muy lejano), recargando sus costos en los precios de los otros combustibles.

El tercer aspecto interesante del artículo de La Nación se refiera a si es una opción viable reducir los impuestos tan altos a los combustibles. Por supuesto que no, si lo que tan sólo se pretende es asegurar un traslado de recursos privados al fisco por las razones que sean. El tema de que, con quitar un impuesto se afectan las recaudaciones es posible, sucede casi con cualquier impuesto de que se trate. Pero, se han visto casos en que el estado recauda más cuando reduce la tasa impositiva (ello porque la baja porcentual de la tasa es más que compensada por un aumento de la base sobre la cual se cargan los impuestos. Ejemplo de un caso al revés, pero que explica el razonamiento, es el aumento de los impuestos a los cigarrillos en Costa Rica, que posiblemente ha derivado en un descenso de los ingresos fiscales por ese impuesto, porque el consumo de la producción doméstica -la base imponible- ha disminuido, al aumentar el consumo de cigarrillos que entran de contrabando. Otro ejemplo, en Chile en la década de los setentas del siglo pasado, los impuestos a la importación de vehículos eran tan altos, que casi no se importaban, con lo cual los recursos fiscales casi que no aumentaban.  Se bajaron los impuestos, el consumo aumentó notoriamente y las arcas fiscales, a la tasa impositiva menor, se llenaron de recursos.

Decir que no es posible reducir esos impuestos sobre los combustibles se convierte en un dogma, si se asume, ultraconservadoramente, que no hay forma de sustituir a ese gravamen. Es una aseveración que se fundamenta en que lo inamovible no sólo es el gasto del estado, sino en que del todo no hay forma de encontrar una alternativa tributaria mejor a la vigente: una loa al statu quo.  En otras palabras, parece que lo importante es lo que expresamente teme a priori el ministro de Hacienda, el recaudador de los impuestos, pero no en explorar otras posibilidades que incluso brinden mayores ingresos (tal vez con cambiar hacia un impuesto ad valorem sobre los combustibles en vez del mixto que actualmente tenemos, permitiría ajustar la recaudación con sólo que aumente el precio final del producto).

Pero, por ejemplo de una forma alternativa de obtener recursos fiscales, ¿por qué no empezar a cobrar, en donde sea viable, tarifas para quien usa las carreteras? Recuerden que es para su construcción y mantenimiento adonde primordialmente se dirigen los impuestos a los combustibles. En vez de como es ahora, en donde muchos que ni siquiera utilizan las carreteras, pero, mediante impuestos, contribuyen tanto como quienes sí las utiliza y aumentan su desgaste, si es viable el sistema de que “quien lo usa, lo paga”, el nuevo ingreso de recursos a que dé lugar podría compensar una reducción de los impuestos sobre los combustibles. 

El tema da para más: recuerden que algunos de esos impuestos a los combustibles se crearon por consideraciones ecológicas. Se partió de la creencia de que había que desestimular el uso de vehículos que utilizaran combustibles de origen fósil, a fin de no dañar al medio ambiente. Esta aparentemente deseable decisión no tomó en cuenta lo observado con respecto a las elasticidades de la demanda de este tipo de combustibles. Se ha dicho por economistas que el consumo de combustible tiene un demanda inelástica. Una demanda se caracteriza porque, si aumenta el precio del bien vendido, disminuye la cantidad que se demanda. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, aumenta el precio de venta por el impuesto, pero ello ocasiona que casi no se reduzca la demanda del bien o servicio?  A esto lo llaman los economistas, una curva (o una porción de ella) inelástica; esto que, que ante un aumento porcentual en el precio, la cantidad que se reduce de gasto en el bien es porcentualmente mucho menor. 

Lo anterior explica que el gobierno no logró el objetivo de reducir significativamente el consumo de combustibles -que siguió siendo muy parecido- a pesar del aumento de los precios por los impuestos. Pero, también, que a la recaudación que obtuvo el fisco le fue muy bien, pues casi no se redujo el gasto privado ante el aumento del impuesto: le entró mucha más plata al fisco que con los impuestos previos, pues casi no se redujo el consumo y aumentó así sus ingresos tributarios. Se darán cuenta de que la razón esencial por la cual el estado promueve este tipo de impuestos, es porque aumenta en mucho su recaudación, con relativamente poco esfuerzo tributario. Por ello, esa opción tributaria, aunque sería mejor sustituirla por otra alternativa, será siempre preferida por el estado pues es una buena fuente generadora de impuestos, ante aumentos esperados a largo plazo de los precios de los combustibles.

En síntesis, el estado se opondrá a muerte a una reducción del impuesto a los combustibles, aunque se le presenten otras opciones, pues tal vez no tendrán una demanda tan inelástica como la de los combustibles, que le asegurarían los ingresos fiscales que busca maximizar. ¿No que no hay voracidad fiscal?

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: Petrocaribe, RECOPE y demás sandeces

Dentro de la lógica del actual gobierno, en la que no hay claridad sobre nada, una noticia reciente confirma lo que ya sabíamos: el ingreso a Petrocaribe no generará ningún beneficio a Costa Rica en cuanto al precio del combustible, según un reciente informe de RECOPE.

El problema con Petrocaribe -una iniciativa del gobierno venezolano para ofrecer petróleo a aquellos países que se unan y alinien para darle apoyo al proyecto del Socialismo del Siglo XXI- es que no sólo no generaría ningún beneficio en cuanto al precio internacional del crudo y más bien provocaría un endeudamiento público mayor que, a la postre, terminarán pagando los ciudadanos, sino que comprometería al país en cuanto a su orientación de política exterior, de forma tal que habría que apoyar al gobierno bolivariano o cuando menos, guardar silencio ante sus actos y propuestas, tirando por la borda los principios que Costa Rica ha defendido a lo largo de los años: democracia, libertad, derechos humanoz, paz y neutralidad.

No obstante y ante el evidente riesgo, el Poder Ejecutivo aún no ha tomado la decisión de desechar esa ocurrencia, lo que genera preocupación. ¿Cómo una ocurrencia tan perjudicial no es rápidamente descartada? ¿Es que realmente están valorando el ingreso del país a pesar de los problemas que esto podría generar? Mientras algo tan positivo como la unión a la Alianza del Pacífico está casi descartado en esta Administración, las tonterías por el contrario parecen tener espacio. 

Lo más triste es que esa no es la única insensatez que sigue en pie. RECOPE y el CNP, dos elefantes blancos que hace mucho tiempo debieron desaparecer, continuarán siendo protegidos y "fortalecidos", con más dinero, funciones, personal y demás. Y en un contexto de déficit fiscal, cuando la lógica dicta que hay que recortar gastos, mantener estos lastres es un insulto a la inteligencia y a la dignidad. 

Es urgente que, si se quiere reducir el precio de los combustibles, se abra el monopolio de RECOPE, que ha demostrado ser nefasto para todos, excepto para sus empleados, que disfrutan de privilegios no vistos prácticamente en ninguna latitud. Es vital que el Estado costarricense deje esa doble moral de vender guaro al tiempo que gasta dinero público en campañas de prevención y en atención a los problemas generados por el alcohol. 

Pero si algo nos ha demostrado la política costarricense es que la lógica no tiene lugar en este ambiente. El sentido común, la consistencia y la razón son enemigos públicos para nuestro Estado y por lo tanto, se les rechaza y persigue cual bruja en la época de la Inquisición. Por eso, lo que fácilmente se resolvería, toma años y cuesta millones de colones, para dar espacio a propuestas "alternativas", "solidarias", comisiones, comités, informes y expertos que luego proponen lo de siempre: el nadadito de perro.

Desde la tribuna: ¡Uy Recope! Cada día peor

El periódico La Nación informa que Recope cada día está más endeudada, recurriendo al crédito externo (bancos en el extranjero) para pagar la importación de combustibles.

¡Qué calamidad y qué pesadilla con este desdichado monopolio!  No solo nos tiene arruinados sino que, además, endeudados.  No solo tenemos problemas con la calidad de los combustibles sino que, de remate, tiene sus finanzas hechas un verdadero desastre.

Resulta que la inversión millonaria en dólares (entre 25 y 50 millones de dólares) para la aventura de la refinería china no es sino una raya más pa’l tigre en que está la desventurada sociedad anónima monopólica.

Lo más risible es que se informa que la culpa es de la Aresep (la reguladora de tarifas) por no aumentarles los precios de venta.  ¡Estamos fritos!

Los empleados de Recope (me niego a usar la palabras “trabajadores”) gozan de una convención colectiva llena de privilegios y gollerías.  Ello resulta en el trabajador de energía más caro del país (dejando atrás -¡y por mucho!- a los nada baratos empleados del ICE, quienes también gozan de una serie de privilegios.  

Es discutible e incluso hay denuncia penal el modo en que se aventuraron recursos en el desgraciado tema de la refinería china, que se encuentra complicado por la falta de entereza en lo sucedido, por contratación considerada torticera y por enredos que han merecido artículos enteros.

Sin embargo, el vocero de Recope aduce que la falta es de la Aresep.  ¿Por qué mejor no nos dan libertad para importar y comerciar combustibles?  Ahora, además, tenemos una entidad paraestatal (un ornitorrinco jurídico) endeudado y que nos arruina a todos.

No hay historia de monopolio de este tipo que termine bien.  Siempre hay trampa, vicio, manejo discutible e información trucada. 

Hasta el Banco Central (cuéntennos por cuánto andan sus pérdidas) ve con ojos de riesgo la situación de endeudamiento de la refinería que no refina.  No obstante, ha autorizado reiteradamente el anormal endeudamiento.

¡Claro que hay riesgo de desabastecimiento!  ¡Qué relajo de administración!  Más pendiente de la refinería china que de hacer las cosas bien.  Es el colmo en un monopolio.  Y, esto es elemental, hay responsabilidad directa en el Poder Ejecutivo, el cual hace de junta de accionistas de esta particular sociedad anónima, por culpa in eligendo y culpa in vigilando.  

Por supuesto que la responsabilidad la tienen también quienes aprobaron este anormal monopolio  (diputados) y quienes no han querido reconocer la inconstitucionalidad que nos azota (magistrados).  Pero, es obvio, hay un manejo político incapaz de llevar el asunto por buen camino. 

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: el costo de la energía

Bajo el título de “empleados de Recope son los más del sector energía”, el periódico La Nación presenta una especie de cuadro comparativo entre los trabajadores del monopolio de hidrocarburos (Recope) y del sector eléctrico (nacionalizado, Ice y otras distribuidoras).

El costo anual por empleado de Recope es como de ₡26 millones al año en tanto el del ICE apenas supera los ₡13 millones. Dice el reportaje que “Si comparamos ambas empresas, encontramos que la planilla global de la Refinadora es cuatro veces más pequeña que la del ICE, pero cuesta apenas un poco menos de la mitad que la del Instituto.” 

El que la empleopatía de Recope resulte carísima no debe obviar el hecho de que la empleopatía del ICE también es muy onerosa para los costarricenses. Por supuesto que tras todo ello hay un problema de contratación laboral, monopolio público y estatización. Al final el pueblo costarricense paga más por su energía, el ambiente es menos competitivo, exportar es más caro y hay injusticia social (unos obligan a otros a pagar sus sobresueldos).  

Se han estatizado algunos giros (la producción de electricidad, el comercio de hidrocarburos a granel) y el resultado ha sido desastroso para la sociedad. Es fácil evidenciarlo a través de la envidia que produce conocer las asimetrías salariales. El problema es que hay asuntos deontológicos más importantes y que tal vez no traslucen con la primera información. La empleomanía estatal, el mito de que con el monopolio público se racionaliza la administración de recursos, el mito de los monopolios naturales, el mito de que el ente público trabaja por el bien común y el sujeto de Derecho privado solo se mueve por el lucro, la concentración de poder en manos políticas, tecnócratas o estatistas, los manejos públicos del dinero, las contrataciones de los entes públicos: son muchos los asuntos por plantear. ¡Qué lástima que la envidia sea el motor más eficiente para evidenciar las falencias del estatismo!

Hace un decenio iniciamos una serie de acciones de inconstitucionalidad contra las cláusulas inconstitucionales que había en los convenios colectivos de este tipo de entidades. Es obvio e indiscutible que se trataba de cláusulas abusivas y nulas. Con un grupo de jóvenes abogados que trabajaban con nosotros en la Asamblea Legislativa acometimos la tarea con las uñas, sin mucha facilidad informativa ni tiempo. Combatíamos a un Presidente de la República que deshonró su palabra, pues a pesar de negar que lo haría promovió un paquete tributario.

Las acciones de inconstitucionalidad eran un ejemplo de racionalidad administrativa, ordenamiento y fiscal y demostración de cuán mal se gastaban los recursos públicos. Poco a poco, incluso luego de nuestro período constitucional, la Sala Constitucional fue declarando la nulidad de una serie de cláusulas de varias administraciones públicas. Fueron apareciendo toda clase de gollerías, inequidades, abusos, alcahueterías y obsecuencias. ¡Todas ellas inconstitucionales! Demostración indubitable de mala administración, abuso y angurria, corrupción y avidez, voracidad e indolencia.

No es de extrañar que sea tan difícil aprobar normas para permitir la participación de otros actores que abaraten la energía, aprovechen la tecnología y permitan que la sociedad se desarrolle. Demasiados intereses creados en mantener el status quo. ¿Cómo hacemos?
 

Federico Malavassi Calvo