Desde la tribuna: atracción de inversiones y generación de empleo

Ambas situaciones  son principalísimas en la promoción de la riqueza y en el desarrollo (social y personal). 

Es esencial que haya inversión (nacional o extranjera) para que se promueva el empleo.  Cuando la gente tiene trabajo, entonces hay oportunidad de desarrollarse, hay cómo conseguirse el sustento, hay dinero para satisfacer las necesidades, sostener a la familia y, dependiendo de la cantidad de ingresos, hay recursos para prosperar, estudiar, ahorrar o iniciar nuevas empresas.

Alguna inversión extranjera llega por las condiciones nacionales en general:  estabilidad, respeto a la inversión, racionalidad de los trámites, costo de la energía, infraestructura pública, seguridad, seguridad jurídica, racionalidad de la tributación, calidad de los trabajadores, calidad de las playas, aeropuertos, puertos y servicios públicos, racionalidad de los trámites.

Alguna inversión extranjera viene ligada a cuestiones importantes:  vías de exportación, experiencia en negocios, contrataciones importantes, tecnología en general, know-how, relaciones de negocios estratégicas.

Las sociedades en general (los Estados) compiten por atraer estas inversiones y por convencer a sus propios empresarios e inversionistas de hacer negocios e invertir en sus países.  Es importante para generar desarrollo y oportunidades.

En Costa Rica, con un predominio político de burócratas y empleados públicos, vividores de monopolios y de rentas públicas, llenos de gollerías y pensiones privilegiadas, parece haberse dado un gran movimiento contra la inversión y la generación de empleos:  cunden opiniones contra le empresa privada, crece la tramitopatía, no se da debida atención a las condiciones de los empleadores, se aumentan los privilegios y gollerías del sector público, no se presta atención a la necesidad de incorporar a los sectores productivos y privados a la generación de energía, hay indolencia con la infraestructura pública, se siguen aumentando las cuotas de la seguridad social, se produce una gran brecha entre lo público y lo privado en materia de sueldos, se amenaza con más impuestos, se aprueban vía irregular presupuestos inconstitucionales y con gran déficit y se desestimula la inversión privada.

Obviamente, se empiezan a perder puestos de trabajo, se cierran empresas y de nada sirve la existencia de promotoras de inversiones ni las giras simpáticas del presidente.  A final de cuentas no hay nada concreto que mostrar, no hay nada con qué atraer ni se puede engañar a quien sabe de negocios e inversiones.

Por otro lado, las señales sociales son desastrosas, pues se evidencia que un sector social está montado sobre el resto, dándose privilegios, gollerías e insostenibles ventajas de todo tipo.  Solo piensan en más impuestos e ingresos públicos para mantener los planes públicos de lucha contra la pobreza (sencilla repartición, clientelismo descarado que tiene en sus programas a muchos que no necesitan y que cada vez se llena más de burocracia).  Es obvio que así no promoverá la riqueza y el desarrollo, es evidente que no se atrae la inversión ni hay compromiso con la generación de empleos y oportunidades.  

Cuando la presidencia de la República pone como condición del desarrollo la aprobación de más impuestos, es indiscutible el que no quiere atraer inversión, que no se fomenta la formación de empresas y que se quiere todo dentro del Estado (como los fascistas, como todos los estatistas, como los que cercenan la libertad de las personas).  Así no hay esperanza …

Federico  Malavassi Calvo

Tema polémico: el alza en el desempleo

La nueva Encuesta de Hogares nos trae malas –pero esperadas– noticias:el desempleo ha aumentado en el último año. Mientras que en el 2008, el desempleo afectaba al 4.9% del total de la fuerza de trabajo, este año la cifra se disparó a un 7.8%. Por supuesto que la crisis internacional ha sido un factor relevante para dicho aumento, pero no el único. Aunque el Gobierno procure lavarse las manos, atribuyendo dicho crecimiento en el desempleo a causas exógenas, lo cierto es que en ASOJOD creemos que el statu quo en Costa Rica también es responsable de la situación, en particular, al obstaculizar el clima para hacer negocios y el emprendedurismo. Por ello, queremos aprovechar este Tema polémico para presentar presentar algunas propuestas que servirían a impulsar dichos rubros y, por tanto, generar mejores condiciones de vida en nuestro país.

En primer lugar, como lo hemos venido diciendo en anteriores ocasiones, la inseguridad ciudadana desincentiva la inversión en el país, tanto de empresas nacionales como extranjeras. Nadie va a querer arriesgar su capital si no hay garantías en el cumplimiento de la ley y en la protección de la propiedad privada.

En segundo lugar, hay que tener una política económica sensata. Las empresas tampoco van a invertir si existe una irresponsable emisión de moneda que cree inflación y aumente periódicamente sus costos y disminuya sus ganancias. Asimismo, se debe iniciar el camino a la dolarización, no sólo como mecanismo para impedir al Banco Central manejar la oferta monetaria, sino también, para compatibilizar las transacciones, pues gran parte de ellas ya se hacen en dólares (alquileres, precios de casas, carros, servicios, etc.) pero las personas ganan en colones.

Como bien se sabe, la inflación es el más cruel de los impuestos, ya que afecta más fuertemente a los trabajadores, que ven con cada día que pasa, reducido el poder adquisitivo de sus salarios. Además la inflación afecta la posibilidad de adquirir créditos a tasas bajas y por periodos de tiempo extendidos, dificultando la ampliación o creación de negocios existentes.

A la par de esto, es necesario consolidar la apertura en servicios como telecomunicaciones, electricidad, suministro de agua y seguros, pues los precios y calidad actuales no permiten la competitividad de las empresas instaladas en suelo costarricense. Al mismo tiempo, con la ruptura de monopolios y la eliminación de barreras a la libre competencia, tanto los usuarios empresariales como residenciales, se beneficiarán obteniendo mejor calidad y a un menor costo, con diferentes opciones a donde escoger, de acuerdo con sus necesidades y preferencias.

En el mismo orden de ideas, hay que convertir a Costa Rica en una gran zona franca, dando un trato igualitario a todas las empresas como una forma de respeto al principio de igualdad ante la ley y Estado de Derecho básico, con el fin de abolir privilegios mercantilistas y aumentar la competitividad del país, para poder atraer más empresas y potenciar a las fundadas acá. Junto con esto, se requiere una apertura más agresiva al mercado internacional, tanto mediante la eliminación unilateral de aranceles para facilitar la importación, como por medio de la negociación con otras naciones para conseguir una entrada más beneficiosa de las exportaciones. Pero, sin dejar de lado, que la apertura comercial no debe limitarse únicamente a bienes y servicios, sino que también debe incluir libertad de movilización de capitales y fuerza de trabajo.

De igual forma, el tema fiscal se erige como fundamental para facilitar la creación e instalación de empresas. No es lo mismo tener que pagar un alto porcentaje en impuestos que una tasa más competitiva, como lo han demostrado Irlanda, República Checa, Singapur, entre otros. De ahí que se torne necesario avanzar hacia una simplificación y reducción de las tasas impositivas mediante el establecimiento de un flat tax bajo, generando con ello un clima favorable para el empresario y evitando la evasión fiscal, pero en especial, salvaguardando la propiedad privada de los individuos que, día a día, producen riqueza.

En cuanto al tema de trámites, es fundamental eliminar gran cantidad de trámites, permisos, licencias, etc. que sólo desincentivan la inversión y el emprendedurismo y, al mismo tiempo, son terreno fértil para la corrupción. No puede tolerarse que, en nuestro país, se tarde más de 150 días para montar un negocio y que, con este tipo de prácticas, se limite la oportunidad a cientos de personas que quieren empezar su emprendimiento o desean invertir sus recursos en actividades productivas.

Respecto a la parte laboral, hay que reconocer que la rigidez anticuada del Código de Trabajo debe de ser reformada, toda vez que vivimos en un mundo dinámico y cambiante que requiere que, tanto patrones como trabajadores, tengan la posibilidad de establecer las condiciones laborales que mejor se adapten a sus situaciones particulares, especialmente garantizando la libre contratación y despido, así como la libre movilidad laboral, acuerdos en que sólo deben intervenir las partes y no el Estado.

Como puede observarse, es mucho lo que hay que hacer y todavía faltaría detallar más propuestas. Pero son quizá estas las más importantes y las que mayor impacto tendrían si se quiere atacar el problema del desempleo. No es contratando gente para que caven huecos y luego los tapen (típica política keynesiana) que se resuelve este asunto; es eliminando la intervención del Estado y las grandes trabas que hoy afectan a los empresarios y consumidores, que la situación puede mejorar.