Desde la tribuna: desvestir santos para vestir al CNP

Informa el Poder Ejecutivo (desde el ministro de agricultura) que buscan dineros para poner a flotar el Consejo Nacional de Producción. El CNP adeuda más de 3 mil millones de colones y para su gestión del año entrante se requieren más de 4 mil millones de colones.

El Estado hace aguas por todo lado, pero hay que entender que algunos jerarcas se esmeran en hacerle más goteras y fugas.  EL CNP debió haberse cerrado desde hace años. Su función ha sido inútil y su creación obedece a conceptos estatistas que solo han hecho daño, han  perjudicado la economía nacional, han producido pérdidas y han fomentado la irresponsabilidad.

La idea de los jerarcas es tomar dinero de otras administraciones para “fondear” el CNP, aprovecharse el PAI  (un programa impuesto de compras públicas) para “posicionar “ el CNP y, finalmente, tomar de los insuficientes fondos públicos para terminar de poner a flotar una mala idea.

En la embriaguez que en algunos ha producido el brillante desempeño de la selección de fútbol en el Mundial, han pretendido ignorar el daño que hace el nocivo monopolio de Recope, el punto muerto a que se ha llegado en la intentona por bajar los precios de la electricidad y el complicado estado de las finanzas públicas. Solo así se puede entender que, además, pretender poner a flote uno de las administraciones más complicadas del aparato estatal:  el CNP.

No puede haber racionalidad en este anuncio y es indispensable empezar con la labor crítica para detener esta intentona.  Resucitar la gestión del CNP afectará gravemente la economía nacional y el desempeño de la agricultura.

Es obvio que tal intentona deviene del complejo de autarquía alimentaria que persigue algún sector del estatismo que ha asumido la dirección del Estado.  Es el momento de discutir, analizar y combatir tan nefasta idea, pues el resultado será el desperdicio de más fondos públicos, más endeudamiento estatal y amenaza de más impuestos.  Ello conviene a los buscadores de rentas públicas, también a los ineficientes, un tanto más a los estatistas y en alguna parte a la corrupción.  El resultado será más burocracia y pobreza, menos eficiencia y libertad. 

No podemos quedarnos callados. 

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: el futuro de RACSA

En un reciente telenoticiero escuché con sumo interés la información acerca de la mala situación financiera de RACSA. De hecho, la empresa ha perdido tanto dinero en los últimos años, que lo que se discute, al menos en la Asamblea Legislativa, es acerca de su supervivencia institucional.
 

La historia televisada requirió varios días y, entre otras cosas, parte de lo que me llamó la atención fue la posición del periodista encargado de la investigación, quien, en cierto momento, recalcó los elevados salarios de los altos funcionarios de RACSA, dando a entender que eran causa -al menos en algún grado- del precario estado de esa empresa, posición en la cual fue secundado por algunos representantes sindicales, también entrevistados. Así, por ejemplo, en la información se destacó que el director ejecutivo de RACSA gana unos ₡9.2 millones al mes (redondeo las cifras), en tanto que el auditor interno unos ₡6.8 millones, el asistente jurídico ₡4.6 millones y, entre otros, que los directores de la empresa perciben unos ₡4.5 millones. Y así ad nauseam.

Consultado acerca de esos salarios, el director ejecutivo de RACSA explicó que, en algunos casos, como, por ejemplo, el propio, más bien eran inferiores a los equivalentes en el mercado para cargos similares, en tanto que, en otros, el origen de los montos se debían a la enorme cantidad de años que esos funcionarios habían trabajado en la empresa, dando lugar a una fuerte acumulación de derechos laborales, que se reflejaban en los salarios de la actualidad. Asumamos que todo eso es cierto y que las explicaciones son las adecuadas. No me voy a meter en asuntos de remuneraciones laborales. Pero sí deseo hacer algunos comentarios, que espero permitan entender cómo es que, en este tipo de circunstancias, opera una empresa privada y cómo, en comparación, lo hace una empresa estatal y las conclusiones que derivo de aquéllas, para brindar mi opinión acerca de lo que debe hacerse con RACSA.

La crisis reciente de la economía estadounidense, iniciada a finales del 2008, tal vez nos brinda una buena oportunidad para que podamos entender cómo es, en lo básico, que actúan, en el campo laboral de los ejecutivos claves, aquellas empresas que entran en graves dificultades financieras. Lo primero que se observa es que se llama a cuentas a los ejecutivos de las firmas que entran en problemas, a fin de entender qué es lo que puede haber sucedido y, a partir de ello, ver cuáles son las posibilidades de recuperación de la firma, si continúan en los cargos altos los actuales ejecutivos. Si los directivos (dueños o representantes de los dueños de la empresa) consideran que no son capaces de volver a levantar la firma o que su permanencia no genera confianza, proceden simplemente a destituirlos, efectuando los pagos correspondientes según sean los contratos.

La firma, en estas circunstancias, lleva o ya ha iniciado un proceso para buscar sustitutos y un hecho importante es que, como una posibilidad, no preocupa tanto, aunque no deja de ser importante, cuánto es lo que el nuevo ejecutivo le cuesta a la empresa, en tanto que los resultados que se espera genere la labor del ejecutivo contratado, más que compensen lo que se le paga; es decir, que la firma vuelva a tener ganancias netas aceptables después de cierto tiempo. Para los dueños de la compañía la decisión fue acertada en tanto que los resultados financieros muestren la recuperación que esperaban, aunque la contratación del nuevo ejecutivo les haya costado lo que fuera. Uno a veces no entiende cómo es que las empresas en crisis están dispuestas a pagar jugosas remuneraciones a los ejecutivos que contratan para salir de aquélla. La razón es porque esperan que esa contratación resulte un buen negocio para la firma y ello sólo lo comprobarán los resultados y no alguna otra cosa. Por supuesto que, si el nuevo ejecutivo no produce lo que se espera y a lo que se comprometió, su salida de la empresa será algo casi seguro. 

Aquí es donde entra RACSA. Ésta es una dependencia estatal, bajo el manto de ser una empresa pública. Los incentivos para contratar sus ejecutivos son muy distintos a los que existen en una empresa privada en regímenes de competencia. La primera característica de la empresa pública es que no se liga el salario del ejecutivo a los posibles resultados que logre y, por lo general, la crítica que hace el público no se dirige a si ese empleado logra buenos o malos resultados, sino acerca de lo “mucho” que se le paga, tal como ahora se hace en el programa de televisión arriba mencionado. Una segunda característica de este tipo de empresas es que la permanencia del ejecutivo muy pocas veces depende de los resultados, sino de su cercanía política con algún grupo político específico o, tal vez, hasta algo personal, como amistad o familiaridad con algún político importante. Como no hay una rendición de cuentas; en concreto, de pérdidas o ganancias a causa de su dirección, que de presentarse las primeras obligue a la quiebra eventual de la empresa, no hay incentivos de parte de los directores (juntas directivas se le suele llamar aquí) para escoger al que mejores resultados genera. ¿Acaso han visto ustedes en tiempos recientes que en Costa Rica se cierre alguna empresa estatal porque genera pérdidas, no ocasionalmente, sino casi continuadamente?

Aquí es donde aparece la diferencia crucial entre una empresa estatal, como por ejemplo RACSA, y una empresa privada sujeta a la competencia. Si esta última no tiene ganancias, la empresa termina por quebrar o siendo adquirida por otro operador en el mercado. No puede perder continuamente, porque se acaba, desaparece. En contrario, la primera lo único que debe hacer es asegurarse recursos de parte del estado (esto es, de todos nosotros), de forma tal que le permitan vivir eternamente, a pesar de sus pérdidas. Para sus ejecutivos, a fin de conservar su trabajo, la influencia política de que dispongan es más importante que la generación de utilidades para los accionistas (en este caso, todos nosotros).

Por ello, creo que se le haría un gran bien al país si se procediera a la terminación de RACSA, en especial cuando ya lleva tantos años de operar sin generar ganancias y cuando, en la actualidad, no parece que cuenta con una plantilla de ejecutivos que vayan a ser despedidos si no logran los resultados para los cuales se les contrató. De hecho, algunos ya llevan bastante tiempo experimentando para ver si salen del hoyo económico, pero no han podido lograrlo. 

La venta de RACSA no significa que se la regale o algo así por el estilo. Posee valiosos activos, principalmente derechos de frecuencias, que tienen un alto valor. Estos últimos activos de nada nos sirven a los consumidores, como lo podemos ver por las pérdidas que desde hace bastante tiempo ha tenido la firma. Si se vendieran esos activos a otras empresas privadas, estoy seguro de que los pondrían a producir eficaz y eficientemente, porque, de no hacerlo quienes los adquirieron, perderían el monto de su inversión. Por su parte, nosotros, los consumidores, nos favoreceríamos, porque habría una mayor y mejor competencia que en la actualidad, en donde el mercado se caracteriza por tener relativamente pocos oferentes y, derivado de ello, ahora no nos brindan las mejores condiciones y precios por esos servicios, como sucedería si tuvieran que competir con otras firmas por nuestro gasto.

Si la situación de pérdidas de RACSA sigue como ahora, de una u otra forma seremos todos los ciudadanos quienes tendremos que apechugar con el desperdicio de recursos a que da lugar. Ese es un serio problema, más en momentos en que debemos de tratar de bajar un excesivo gasto gubernamental.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: lo que le faltó decir a doña Laura sobre el Plan B en materia fiscal

El pasado 11 de abril, con ocasión del discurso por la celebración de la Batalla de Rivas, la mandataria Laura Chinchilla Miranda dio a entender que era una heroína comparable con Juan Santamaría y Juan Mora Porras, por impulsar el PACquetazo de impuestos. Argumentó que era una medida impopular pero fiscalmente responsable y que le hacía un bien a la patria.

A pesar que, en ASOJOD rechazamos totalmente las palabras de la Presidente y adversamos el nefasto aumento de impuestos que su Gobierno propuso, queremos aprovechar las palabras de doña Laura para darle un pequeño consejo. Eso sí, es un consejo gratuito y, por él, no esperamos una consultoría millonaria como las otorgadas a Procesos.

Doña Laura ha demostrado que no le preocupa el costo político de impulsar medidas impopulares. Sin importar que 75% de los ciudadanos estaba en contra del proyecto de Solidaridad Tributaria, según una encuesta publicada por La Nación; sin importar que su entonces Ministro de Hacienda, Fernando Herrero, y el entonces Director General de Tributación Directa, Francisco Villalobos, fueron cuestionados por presunta evasión fiscal y, como lo ha evidenciado su silencio hasta ahora, a pesar de que se destapara un escándalo que aparentemente alcanza a su Vicepresidente, Luis Liberman, a su Ministro de Educación, Leonardo Garnier y a su ex asesora, Flor Isabel Rodríguez, ella se ha empeñado en aumentarle los impuestos a los ciudadanos, detenida solo pero momentaneamente por la Sala Constitucional.

Si, como ella misma dijo, la situación actual de nuestro país obliga a impulsar medidas impopulares pero fiscalmente responsables, entonces le proponemos a doña Laura que, a la luz del Plan "B" en materia fiscal que explicó la semana anterior, se dedique con la misma “valentía”, a hacerle un bien a los tax payers: cierre instituciones, reduzca la planilla estatal (especialmente la planilla paralela que le cuesta miles de millones al Estado costarricense), muestre la firmeza prometida en campaña para atacar la corrupción y dele señales claras a los empresarios, nacionales y extranjeros, para que se decidan a invertir en nuestro país. Todo eso le faltó por decirlo durante la exposición de las medidas alternativas.

Señora Presidente, enfréntese a las organizaciones que han desangrado a los ciudadanos por décadas. Revise el laberinto institucional, que incluye a más de 343 entidades públicas, y plantee el cierre o venta de muchas de ellas que, como el Consejo Nacional de la Producción, la Fábrica Nacional de Licores, el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (o el Ministerio de Ciencia y Tecnología en su defecto), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Planificación, la Oficina Nacional Atómica, el Instituto Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria, la Junta de Fomento Avícola, la Junta de Fomento Porcino, la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, el Consejo Nacional de Espectáculos Públicos, Instituto de Desarrollo Rural, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Instituto Mixto de Ayuda Social, Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, Academia Nacional de Ciencias, Comisión Nacional para la Defensa del Idioma, Oficina Nacional de Semillas, Comisión Nacional de Energía Atómica, Radiográfica Costarricense S.A., Correos de Costa Rica, Corporación Hortícola Nacional, Corporación Ganadera Nacional, Corporación Nacional Arrocera o Corporación Bananera Nacional, no generan ningún beneficio para los ciudadanos, excepto para aquellos que viven a costa de los tax payers.

Busque aliados en otras fuerzas políticas para que, mediante pactos, se consigan los votos necesarios en la Asamblea Legislativa para impulsar una política de reducción del Estado que, bien sabemos, está enredado en sus propios mecates con instituciones cuyas funciones son confusas, desfasadas, duplicadas o inútiles, con empleados que le cuestan mucho a la Hacienda Pública sin que su trabajo se traduzca en beneficio para los costarricenses. Enfréntese a los sindicatos, a las agrupaciones empresariales y todos aquellos que se empeñan en que los ciudadanos sigamos pagando por bienes o servicios que no recibimos. Elimine las consultorías que cuestan millones por trabajos que luego no se ven y que más parecen mecanismos de algunos para engrosar las cuentas de los amigos.

Líbrenos del pesado fardo que significa este sinnúmero de entidades y burócratas. Muestre el mismo empeño que la caracterizó con el impulso del PACquetazo de impuestos a toda costa, con procedimientos violatorios de la Constitución Política. Serán medidas impopulares pero fiscalmente responsables y le aseguro que, a pesar de las críticas y protestas de unos cuantos que se quedarán sin su medio para seguir viviendo a costa nuestra, los ciudadanos comunes y corrientes se lo agradeceremos por muchísimos años.