
La verdad encontrar a alguien que realice semejante acto debe ser algo difícil, pero no es algo criticable si lo hace con su propio dinero. Después de todo, cada quien hace lo que quiere con sus recursos. Ahora bien, ¿qué tal si esta persona presta una gran suma, digamos que alrededor de ocho mil millones de colones, dinero que no es suyo sino de varias personas y, al final, cuando llega el momento de cobrar, le termine condonando la deuda?. Usted posiblemente diga que esto es una locura o un acto de total irresponsabilidad, por cuanto la gente no puede andar prestando dinero que no es suyo y luego, sin más, perdonar las deudas.
Pues bien, esto es lo que nuestros "Padres de la Patria" trataron de hacer el pasado 25 de agosto del 2009. Durante la sesión plenaria, la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley que buscaba la condonación de deudas de “agricultores” por la nada despreciable suma de ocho mil millones de colones. Estos “agricultores” tenían una deuda con el Fideicomiso para la protección y el fomento agropecuario para pequeños y medianos productores, (FIDAGRO) y con algunos de los recursos de Reconversión Productiva, los cuales pasaron a manos del Sistema de Banca para el Desarrollo.
El argumento para semejante alcahuetería se basa en el “razonamiento” de que son créditos incobrables y que su condonación haría justicia con estas personas que se han visto golpeadas por diversos factores, como las condiciones climáticas adversas que afectan la producción, o que no cuentan con la información de mercado para colocar sus cosechas con éxito. En fin, excusas y más excusas, todas irracionales.
Pero la fiesta no para aquí: resulta que, en la lista de quienes recibirían el perdón de sus obligaciones, se encuentran personas que podrían no ser pequeños o medianos productores agrícolas, población a la cual el proyecto busca beneficiar. Por ello, un día después, nuestros serios, responsables y sensatos legisladores detuvieron el avance del proyecto y solicitaron devolverlo a una comisión para estudiar la información de los "agricultores". En cualquier banco, quien apruebe un préstamo y luego decida no cobrar, muy posiblemente sería despedido de inmediato. Pero en nuestro "Estado Social de Derecho", nada más se le da una palmadita en la espalda y se "investiga".
Esto de las condonaciones no es una historia nueva. El Fondo Nacional de Contingencias Agrícolas (FNCA), creado para pagar pérdidas de agricultores por el clima en noviembre de 1983, asumió deudas que tenían estos con los bancos. En 1995 se ordenó su liquidación, pero en agosto de 1997 no se había logrado aplicar, por lo que, al final, el FNCA pagó las deudas. La pérdida estimada fue entre los 2.ooo y 3.ooo millones de colones.
El 30 de noviembre del 2004, los diputados aprobaron que el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) condonara ¢433 millones en multas y tasas. El 4 de febrero del 2005 se conoció que el Consejo Nacional de Producción (CNP) reservó ¢2.724 millones por incobrables del Programa de Reconversión Productiva. En febrero del 2005, los diputados autorizan al IDA a perdonar ¢3.500 millones en multas e intereses a morosos en el pago de parcelas.
El 26 de abril del 2006 los diputados ordenan a Infocoop perdonar ¢372 millones a Coopesilencio. El 3 de junio de ese mismo año, se conoció que el CNP perdió ¢2.215 millones en un proyecto de plátano y otro de raíces tropicales. El 26 de agosto del 2006, el CNP anunció que estuvo a punto de perder ¢6.300 millones en Reconversión y que solo 30 de 158 proyectos califican como sanos.
Como se puede ver, el cuento de la lastima y el pobrecito es de larga data en Costa Rica. Es, por así decirlo, parte de nuestra idiosincrasia político-económica. Sin embargo, en ASOJOD consideramos que no es un recurso valido para aceptar tanta alcahuetería por parte de los “padres de la patria”, y que, a todas luces, este es un acto de populismo electoral, donde los zánganos del Estado han sacado provecho de los recursos de todos los costarricenses. ¿O ahora resulta que nosotros somos culpables de la existencia de sequías o inundaciones? ¿Será que estamos moralmente obligados a llenar nuestras alacenas de determinados productos agrícolas que no necesitamos o no queremos, solo para que algunos no quiebren?
La próxima victima de estos parásitos de los recursos públicos será sin lugar a duda, el Sistema de Banca para el Desarrollo, diseñado para "financiar proyectos productivos a personas que no son sujeto de crédito". ¿Por qué tanta seguridad en ASOJOD? Porque el hecho de que esas personas no sean sujeto de crédito nos dice que no tienen para pagar sus deudas y no hay que ser un genio para imaginarse que si su proyecto falla, el dinero de los tax payers se irá a la cañería. Pero, queremos aclarar, aún cuando el proyecto sea exitoso y la persona pague sus deudas, el principio perverso no se borrará: unos haciéndose responsables por el éxito o fracaso de otros.
Una y otra vez la historia nos propina un golpe contra la realidad, y nos recuerda lo que sabíamos, pero tercamente hemos ignorado: que el Estado no debe meterse a desempeñar el papel de regulador de las actividades productivas, pues sus actos, en vez de ayudar distorsionan el funcionamiento de las relaciones económicas entre los individuos y, sobre todo, que nos debemos basar en reglas sencillas para la sana convivencia en sociedad aplicables en cualquier ocasión de nuestra vidas, entre ellas: que si pido algo prestado lo debo devolver, y si no lo devuelvo debo pagar por las consecuencias de mis actos, en fin que la responsabilidad es individual y no se le puede trasladar a otros.