Ayer se celebró el Día Mundial del Ambiente, espacio que muchos utilizaron para replantear ideas a cerca del modelo de desarrollo que sigue la humanidad y que, por supuesto, nos motiva en ASOJOD para hacer algunas reflexiones importantes.
Para nadie es un secreto que el tema ambiental se ha convertido en la preocupación de grupos considerables de personas desde hace décadas, pero que ha tomado fuerza en los últimos años, especialmente por agrupaciones antiglobalización y anticapitalismo. Se ha convertido en su bandera para criticar a un sistema que, según ellos, fomenta el consumo egoísta y es indiferente ante la problemática futura que las presiones productivas generarán sobre los recursos naturales.
Por supuesto que hay individuos y grupos con preocupaciones legítimas, cuyo interés en proteger el ambiente es loable y actúan en consecuencia, dejando de consumir cosas que puedan generar contaminación u obligando a los empresarios, mediante el poder que les da el mercado de votar con su dinero, a utilizar métodos más amigables con el ambiente. Pero estos son "defensores buenos del ambiente" los menos y, lamentablemente, cada vez son más atraídos por los grupos que pretenden utilizar la bandera ecológica para un proyecto político diferente: el colectivismo.
Gracias a esa bandera -tan políticamente correcta- estos grupos han adquirido fuerza y aprovechado para impulsar importantes limitaciones a la propiedad privada, restricciones de gran magnitud a los derechos individuales y aumentar la intervención estatal, asumiendo que sólo mediante una socialización de los bienes se podrá evitar la "tenebrosa" estrategia de los empresarios para hacerse con toda la riqueza en perjuicio de los recursos naturales que necesitarán las futuras generaciones.
Por ello, no ha sido extraño encontrar peticiones para frenar la construcción de plantas generadoras de energía, de minas para extraer material, de papeleras y de cuanta actividad productiva de gran escala se pueda imaginar. Pero el asunto no ha acabado allí: también han aparecido quienes pretenden paralizar cualquier actividad que genere impacto ambiental -como si alguna actividad humana no generar ese impacto- en pos de proteger el ambiente.
En el caso costarricense, la protesta contra ALCOA en los 70 y el reciente parangón con Crucitas, así como la gran cantidad de proyectos que circulan en la corriente legislativa, muestran que la cosa va en serio, máxime con el apoyo decidido que le han dado diferentes gobiernos a lo largo de los años, pasando de vender a Costa Rica como un país ecológico a llevarlo al despeñadero que llaman "carbono neutral".
No nos malinterpreten: apoyaríamos alcanzar metas de carbono neutralidad y de conservación si estas fueran resultado de un proceso de mercado, es decir, si los consumidores valoran tanto el ambiente como para, con sus decisiones, transmitirle a los empresarios que están dispuestos a pagar por ello. Sin embargo, el camino por el que han transitado los gobiernos ha sido diferente: haciendo uso de su intervencionismo, a fuerza de tambor prohibiendo actividades como la minería u obligando a las empresas a descontinuar materiales sin pensar en los costos que esto acarreará. También lo han hecho imponiendo restricciones a la propiedad privada, con el famoso "uso de suelo" y con el cuento de la jurisprudencia constitucional que el ambiente y los derechos difusos tienen más validez, en la práctica, que la protección de la propiedad, razón por la cual es legal imponer las limitaciones que se han aplicado.
Lo peor de todo es que el número de personas que ve con buenos ojos este tipo de políticas, cada vez es mayor. Los gobiernos nos llevan por el camino de servidumbre, como lo había explicado hace años Friedrich Hayek, y las personas lo vitorean. Medios de comunicación, académicos, políticos y ciudadanos comunes y corrientes se han sumado a estas pretensiones, pasando de preocupaciones y esfuerzos válidos para defender lo que ellos valoran como un bien, a medidas coercitivas con las que los colectivistas pueden imponer sus valores sobre los de los demás.
Por eso, en ASOJOD hemos asumido una posición tan clara contra el ambientalismo del siglo XXI -usando un término afín al movimiento político del mismo nombre-, pues se ha convertido en la ruta perfecta para que los colectivistas logren, mediante la coerción, sus objetivos.
Nosotros hemos defendido, y lo seguiremos haciendo, que el único medio posible para lograr la conservación del ambiente -si ese es el fin de estos grupos y no un medio para su proyecto político como realmente pensamos- es estableciendo derechos de propiedad sobre él. Sólo cuando la gente pueda decidir, en función del valor subjetivo que le asigne al ambiente, si destina sus recursos para protegerlo porque lo valora más que lo que está perdiendo, entonces podrá conseguirse la meta tan ansiada por algunos. Sólo dejando al mercado funcionar, buscando y encontrando soluciones completamente privadas y cooperativas, el medio ambiente podrá gozar de una protección duradera.
No se vale vender espejismos como la carbono neutralidad en un país que se rehúsa a dejar que los individuos tomen esa decisión. No se vale cuando el Gobierno nos apreta el cuello con restricciones vehículares, cánones de vertidos, usos de suelos, etc. y el transporte público es el más contaminante o los proyectos del ICE son los que mayor impacto causan sobre el ambiente, al tiempo que se le niega al sector privado la posibilidad de incursionar en áreas donde puede encontrar mejores soluciones que las públicas.
Politizar la conservación del ambiente es tan peligrosa como emitir gases contaminantes o utilizar materiales que no se degradan, pues ello equivale a abrirle las puertas al colectivismo, donde el individuo -y sus derechos- no existen como tales, sino como medios para que un fin difuso y impersonal sea alcanzado.
En este Día Mundial del Ambiente debemos reflexionar acerca de la ruta por la que nuestro país está transitando: una ruta que coincide con la agenda colectivista donde sacrificaremos todos nuestros derechos actuales y de las futuras generaciones por un proyecto político en donde sólo se necesitan esclavos trabajando para la meta que un planificador central decidió como "meta nacional".
Para nadie es un secreto que el tema ambiental se ha convertido en la preocupación de grupos considerables de personas desde hace décadas, pero que ha tomado fuerza en los últimos años, especialmente por agrupaciones antiglobalización y anticapitalismo. Se ha convertido en su bandera para criticar a un sistema que, según ellos, fomenta el consumo egoísta y es indiferente ante la problemática futura que las presiones productivas generarán sobre los recursos naturales.
Por supuesto que hay individuos y grupos con preocupaciones legítimas, cuyo interés en proteger el ambiente es loable y actúan en consecuencia, dejando de consumir cosas que puedan generar contaminación u obligando a los empresarios, mediante el poder que les da el mercado de votar con su dinero, a utilizar métodos más amigables con el ambiente. Pero estos son "defensores buenos del ambiente" los menos y, lamentablemente, cada vez son más atraídos por los grupos que pretenden utilizar la bandera ecológica para un proyecto político diferente: el colectivismo.
Gracias a esa bandera -tan políticamente correcta- estos grupos han adquirido fuerza y aprovechado para impulsar importantes limitaciones a la propiedad privada, restricciones de gran magnitud a los derechos individuales y aumentar la intervención estatal, asumiendo que sólo mediante una socialización de los bienes se podrá evitar la "tenebrosa" estrategia de los empresarios para hacerse con toda la riqueza en perjuicio de los recursos naturales que necesitarán las futuras generaciones.
Por ello, no ha sido extraño encontrar peticiones para frenar la construcción de plantas generadoras de energía, de minas para extraer material, de papeleras y de cuanta actividad productiva de gran escala se pueda imaginar. Pero el asunto no ha acabado allí: también han aparecido quienes pretenden paralizar cualquier actividad que genere impacto ambiental -como si alguna actividad humana no generar ese impacto- en pos de proteger el ambiente.
En el caso costarricense, la protesta contra ALCOA en los 70 y el reciente parangón con Crucitas, así como la gran cantidad de proyectos que circulan en la corriente legislativa, muestran que la cosa va en serio, máxime con el apoyo decidido que le han dado diferentes gobiernos a lo largo de los años, pasando de vender a Costa Rica como un país ecológico a llevarlo al despeñadero que llaman "carbono neutral".
No nos malinterpreten: apoyaríamos alcanzar metas de carbono neutralidad y de conservación si estas fueran resultado de un proceso de mercado, es decir, si los consumidores valoran tanto el ambiente como para, con sus decisiones, transmitirle a los empresarios que están dispuestos a pagar por ello. Sin embargo, el camino por el que han transitado los gobiernos ha sido diferente: haciendo uso de su intervencionismo, a fuerza de tambor prohibiendo actividades como la minería u obligando a las empresas a descontinuar materiales sin pensar en los costos que esto acarreará. También lo han hecho imponiendo restricciones a la propiedad privada, con el famoso "uso de suelo" y con el cuento de la jurisprudencia constitucional que el ambiente y los derechos difusos tienen más validez, en la práctica, que la protección de la propiedad, razón por la cual es legal imponer las limitaciones que se han aplicado.
Lo peor de todo es que el número de personas que ve con buenos ojos este tipo de políticas, cada vez es mayor. Los gobiernos nos llevan por el camino de servidumbre, como lo había explicado hace años Friedrich Hayek, y las personas lo vitorean. Medios de comunicación, académicos, políticos y ciudadanos comunes y corrientes se han sumado a estas pretensiones, pasando de preocupaciones y esfuerzos válidos para defender lo que ellos valoran como un bien, a medidas coercitivas con las que los colectivistas pueden imponer sus valores sobre los de los demás.
Por eso, en ASOJOD hemos asumido una posición tan clara contra el ambientalismo del siglo XXI -usando un término afín al movimiento político del mismo nombre-, pues se ha convertido en la ruta perfecta para que los colectivistas logren, mediante la coerción, sus objetivos.
Nosotros hemos defendido, y lo seguiremos haciendo, que el único medio posible para lograr la conservación del ambiente -si ese es el fin de estos grupos y no un medio para su proyecto político como realmente pensamos- es estableciendo derechos de propiedad sobre él. Sólo cuando la gente pueda decidir, en función del valor subjetivo que le asigne al ambiente, si destina sus recursos para protegerlo porque lo valora más que lo que está perdiendo, entonces podrá conseguirse la meta tan ansiada por algunos. Sólo dejando al mercado funcionar, buscando y encontrando soluciones completamente privadas y cooperativas, el medio ambiente podrá gozar de una protección duradera.
No se vale vender espejismos como la carbono neutralidad en un país que se rehúsa a dejar que los individuos tomen esa decisión. No se vale cuando el Gobierno nos apreta el cuello con restricciones vehículares, cánones de vertidos, usos de suelos, etc. y el transporte público es el más contaminante o los proyectos del ICE son los que mayor impacto causan sobre el ambiente, al tiempo que se le niega al sector privado la posibilidad de incursionar en áreas donde puede encontrar mejores soluciones que las públicas.
Politizar la conservación del ambiente es tan peligrosa como emitir gases contaminantes o utilizar materiales que no se degradan, pues ello equivale a abrirle las puertas al colectivismo, donde el individuo -y sus derechos- no existen como tales, sino como medios para que un fin difuso y impersonal sea alcanzado.
En este Día Mundial del Ambiente debemos reflexionar acerca de la ruta por la que nuestro país está transitando: una ruta que coincide con la agenda colectivista donde sacrificaremos todos nuestros derechos actuales y de las futuras generaciones por un proyecto político en donde sólo se necesitan esclavos trabajando para la meta que un planificador central decidió como "meta nacional".
