martes, 29 de septiembre de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: lecciones de la carretera a San Ramón

En retrospectiva, parece que el país fue afortunado en cuanto a que la construcción, mediante concesión, de la carretera a San Ramón por parte de la empresa brasileña OAS, no se terminó de dar. Pero creo que su salida dio lugar a una especie de ilusión en cuanto a que, con buena voluntad y con el concurso de la ciudadanía, en un corto plazo tendríamos una buena y moderna carretera hacia San Ramón. 

Digo que fuimos afortunados, tanto porque la empresa OAS terminó en una corte de quiebras en Brasil, aparentemente por estar relacionada con el escándalo de corrupción ya bien conocido de Petrobras y porque uno no sabe qué impacto podría haber tenido en el país de haber continuado OAS con dicha concesión. Pero también porque primordialmente se consideró por muchas personas que el cobro pretendido por la concesionaria era muy elevado, entre otros temas, lo cual provocó una fuerte protesta pública, principalmente de vecinos de la ciudad de San Ramón, que terminó dando al traste con la concesión a los brasileños. De hecho, hubo dos grupos que, si bien ambos protestaban para que a la OAS le fuera quitada la concesión, diferían claramente por simples razones políticas.

En todo caso, por unanimidad de los diputados, la Asamblea Legislativa aprobó, en febrero de este año, la Ley No. 9292, conocida como de Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José-San Ramón y sus Radiales Mediante Fideicomiso, con la cual se escogería al administrador del proyecto de esa carretera. Esta ley fue impulsada por el grupo conocido como Foro de Occidente, uno de los movimientos cívicos y sin duda el más connotado, que se opuso a la concesión otorgada a la OAS.

El propósito esencial de aquella ley es el de “financiar y ejecutar el proyecto mediante un fideicomiso que capte recursos de reservas, utilidades y superávits generados en la Administración Pública descentralizada, lo que incluye a bancos estatales, al Instituto Nacional de Seguros (INS) y a las operadoras de pensiones. El fideicomiso operaría la vía hasta por 30 años.” Sin duda que, de esta manera, se sustituirían los recursos que previamente desembolsaría OAS para este proyecto, a cambio de administrarlo y recuperar la inversión a través de peajes. También mediante estos, el nuevo fideicomiso recuperaría los fondos allí invertidos.

El Ministerio de Obras Públicas en la actualidad está escogiendo al fiduciario (el que maneja el fideicomiso), entre los siguientes bancos estatales, Banco Nacional, de Costa Rica, Bancrédito, y bancos los privados, BCT, Lafise, Scotiabank e Improsa. El Banco Nacional hace poco indicó que no participará en el concurso para administrar el fideicomiso y, lo interesante, son las siguientes razones que apuntó para hacerlo así y que creo merecen la atención del ciudadano.

Según la información publicada por La Nación del 22 de junio, bajo el encabezamiento “Banco Nacional estimó riesgoso asumir carretera a San Ramón: Entidad desiste de administrar el fideicomiso creado por los diputados para ampliar la vía”, una razón de su decisión es que “no es seguro que el peaje anunciado cubra el costo de esta obra vial, de 70 kilómetros.” 

Es esencial que rija plenamente el principio de que, quien usa la carretera, que pague por ese servicio, a fin de que la recuperación de la inversión sea producto del cobro del servicio y no mediantes fondos generales del estado, como en otras ocasiones se ha hecho. Así, el pago de la obligación no recae sobre todos los ciudadanos, usen o no esa carretera e independientemente de que se beneficien con dicha obra pública; descansa, mediante los peajes, en quienes la utilicen

En el debate legislativo se indicó que el costo del peaje (ida y vuelta) oscilaría entre ₡2.900 y ₡3.500, monto que contrastaba con un presuntamente oneroso ₡4.000 de peaje (ida y vuelta), que en su momento había formulado el anterior concesionario, OAS. Pero, como dice el título de una cómica película de mediados de los sesentas, A Funny Thing Happened on the Way to the Forum (Algo divertido sucedió en camino al Foro), entre el proyecto que se tenía con OAS y el que salió de la Asamblea Legislativa (Ley 9.292), hubo variaciones muy significativas con respecto a los proyectos de construcción inicialmente considerados.  Por ejemplo, “el tramo San José-aeropuerto sería ampliado a ocho carriles; el de aeropuerto-Manolo’s a seis y Manolo’s-San Ramón a cuatro.”

Anteriormente, con OAS, los carriles acordados eran: San José-Rotonda del Agua, los mismos dos carriles de hoy en día; de la Rotonda del Agua-aeropuerto, tres carriles, al igual que ahora; el tramo aeropuerto-Manolo’s también igual que en la actualidad y el de Manolo’s a San Ramón, igual que ahora, pero con una inclusión de rampas para ascenso. O sea, en el proyecto de OAS casi que no había ampliaciones de los carriles hoy existentes, pero, eso sí, se restaurarían los espaldones a lo largo de la vía, además del lógico arreglo del camino. Es decir, se definió un aumento sustancial en el número de vías, justamente durante el proceso de aprobación legislativa.

También, los diputados incluyeron radiales a “Sarchí, Naranjo, Río Segundo y Heredia”, lo cual, según el periódico, “molestó al MOPT”, por el aumento que tendría en el costo del proyecto. El vice-ministro del MOPT se quejó de la “politiquería” del Congreso, lo cual, en verdad, no es nada nuevo, sino la costumbre en cuerpos políticos y no técnicos. El propio Foro de Occidente dijo que estas radiales costarían unos $200 millones adicionales, a lo cual los diputados replicaron que era un “’sinsentido’ realizar las obras sin ellas.”  

El resultado de todo esto es que las tarifas inicialmente propuestas de ₡2.900-₡3.500 no van a alcanzar para cubrir todos los nuevos gastos.  Por tan poderosa razón, en opinión del Banco Nacional, es que “no hay claridad sobre la inversión… pues no existen diseños ni estudios técnicos y financieros… Sin esa información es imposible realizar las estimaciones financieras que demuestren que el peaje alcanzará para pagar la deuda requerida para la obra.” Clarísimo y justo.

Además, en palabras del vice-ministro del MOPT, Mauricio González, es necesario tener bien claro quién es el que asumiría pérdidas eventuales: “Le tocaría (al encargado del fideicomiso) aceptar el riesgo que tiene que convencer a los bancos (o instituciones) de financiar la obra, con el riesgo de que nadie acepte.”

Es que el tema que está en el aire no es tan sólo el de las tarifas, además de la forma en que se han de ajustar con el paso del tiempo, sino la definición concreta de en cuál o cuáles agentes participantes del proyecto, recaerían las responsabilidades, al asumir el riesgo que implica el proyecto, además de tener bien distribuidos los diversos riesgos que hay en las diferentes etapas del proyecto. Y no se diga de la definición concreta de las diversas obras, para después no encontrarse con serios “faltantes” o nuevas “peticiones” que se suelen hacer tan sólo para complacer intereses locales o de políticos en busca de ganarse favores. Si no hay certeza en cosas básicas como éstas, difícilmente alguien se va a hacer cargo de administrar el proyecto, asumiendo las responsabilidades del caso.

Me temo que, a como pintan las cosas, “pasarán más de mil años, muchos más”, para que empiecen las obras de la impostergable carretera a San Ramón. Una ventaja de la concesión privada de este tipo de proyectos es que las cosas se suelen hacer con mayor rapidez, en contraste con lo que suele pasar cuando el encargado es el estado.  Pero, en vez de escoger una nueva concesión al sector privado, se escogió que lo hiciera el estado.  Lástima no haber tratado de seleccionar un nuevo concesionario privado, que estoy seguro haría la obra en los tiempos requeridos, en vez del limbo en que se encuentra en la actualidad y, peor aún, sin avanzar en lo elemental, como es tener plena claridad del costo estimado de la obra, determinar las partes que las conforman, el costo financiero de la operación y la definición del peaje esperado. En mucho, el futuro de esa carretera ha quedado en manos del estado y ya sabemos de su ineficiencia proverbial.  

Oportunamente, el economista Guillermo Matamoros publicó un muy útil comentario en La Nación del 30 de junio, bajo el título “San Ramón: el reto de innovar,” que sin duda es una lección en dos sentidos, para quienes buscan que el país tenga esa carrera decente a San Ramón. El primero, y crucial, es entender que es posible aprender de los errores. Ya se han tenido experiencias en el país con otras concesiones, por lo cual, el llamado apropiado de don Guillermo es para que se eliminen errores pasados y que se logre, en esta ocasión, que SÍ se puedan hacer bien las cosas. En segundo lugar, porque implícito en su análisis está la demostración de la enorme versatilidad que posee el mecanismo de concesión para lograr tener obra pública.  En vez de simplonamente, como sucede muy a menudo, decir que la concesión es un mecanismo “corrupto” o “inútil”, entender que, si se hacen bien las cosas, en momentos cruciales como el que actualmente vive la nueva concesión de la vía a San Ramón, los consejos que da su experiencia deben ser bien apreciados. 

La concesión, como instrumento, debe ser más utilizada, en vez de satanizada. Por ello, me agrada ver que ciudadanos, quienes en su momento, con buena razón, se opusieron a la concesión a la empresa OAS, puedan pronto llegar a tener lista esa carretera. Eso sí, deben de hacerlo bien, porque, en caso contrario, el mismo país que les ha apoyado en su esfuerzo, les responsabilizará del fracaso. Debemos de estar conscientes de que, a como están las cosas hoy, no parece existir un mecanismo institucional bien definido que permita llevar a buen puerto a la tan ansiada carretera.

Jorge Corrales Quesada




martes, 22 de septiembre de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: plan estatal de subsidios a la contratación privada de ciertos trabajadores

El gobierno de la República anunció un nuevo plan de subsidios. En esta ocasión, se establece a fin de crear empleo para ciertos grupos que se considera están siendo los más afectados por la situación de desempleo que encara el país. Para ese fin, el gobierno pretende entregar ₡1.400.000 por cada joven, mujer o persona discapacitada que es contratada por una empresa privada, hasta por un máximo de 20 empleados. Se estima que con dicho monto se logre cubrir el costo cuatro salarios más las cargas sociales.

El programa del gobierno es ya conocido como Mi Primer Empleo y mediante él se considera que generaría empleo a 30.000 personas en tres años.  Se estima hacer una inversión de recursos públicos de ₡43.680 millones, con fondos provenientes de superávits del ministerio de Trabajo, del de Economía, del IMAS y del INA.

Esencialmente, se pretende lograr dos objetivos que, si bien pueden estar relacionados, pueden analizarse independientemente. Primero, que el estado logre crear nuevas fuentes empleo mediante un subsidio dirigido a la empresa privada y, el segundo, que el empleo así creado se dirija a ciertos grupos sociales; en concreto, a mujeres, jóvenes y discapacitados.

En cuanto a analizar el primer tema -creación de empleo- se hace necesario preguntarse tanto cuáles son las pueden ser las causas de nuestro desempleo (actualmente de alrededor de un 10.5% de la fuerza de trabajo del país), así como si la medida que se ha propuesto es la más indicada a fin de disminuir la desocupación.
 
El programa en mención se ha considerado que tendrá una duración de tres años, en lo que podría considerarse como de mediano plazo.   Pero no creo ser un escéptico injusto, al señalar que usualmente los programas gubernamentales de subsidios, una vez instalados, tienden a permanecer mucho tiempo más del que inicialmente se consideró necesario.  Eso se debe a que con su existencia suelen provocar la creación de grupos concretos de interés, que buscarán que se mantenga esa transferencia de recursos de toda la sociedad hacia el grupo particular de beneficiados; en este caso, al grupo conformado por mujeres, jóvenes y discapacitados y empresas privadas que reciban tal subsidio.

Pero, más interesante es preguntarnos si ¿resolverá dicho subsidio el problema del desempleo en el país?  A mi parece que el reciente aumento en la tasa de desocupación se ha debido esencialmente a dos factores.  En primer lugar, al menor crecimiento de la economía, que viene estancada desde hace buen rato: esto es, con tasas apenas positivas de crecimiento.  Cuando la economía no crece lo suficiente, la demanda de mano de obra disminuye y, así, ante un número siempre creciente de trabajadores (en una nación con tasas positivas de aumento de la población) aumentará el desempleo, tal como lo hemos observado recientemente.  Debe tenerse presente que la demanda de trabajo está en función, tanto del incremento del valor que genera el trabajador que se contrata, como del valor que tiene dicha producción adicional en el mercado. Pero, en una economía que no crece mucho, el empleador no irá a contratar más gente si considera que se le dificulta lograr vender esa producción adicional. Todavía nuestro país experimenta un bajo crecimiento proveniente de una demanda de su producción desde los mercados internacionales: la economía nacional aún no sale a plenitud de la caída mundial de los años 2008-2009. Y en la actualidad el panorama no es el más brillante desde el punto de vista de un crecimiento fuerte de la economía internacional. 

Claro, si al empresario se le subsidia el salario que debe pagar al nuevo trabajador que contrataría -como es el sentido del programa Mi Primer Empleo- encontrará en él un incentivo para contratar a ese personal adicional a un costo hipotéticamente menor. Pero, aquí empiezan muchas dudas.

¿Si se disminuyeran los impuestos sobre el salario hoy existentes en la economía y que claramente encarecen relativamente a la mano de obra en comparación con la maquinaria (o capital), no se lograría el mismo objetivo de aumentar el empleo? O sea, rebajar los impuestos cargados al factor trabajo, en vez de darse el subsidio estatal propuesto.  Precisamente este es un país en donde el alto costo de la mano de obra en mucho se debe a los impuestos que la gravan y que ahora se pretendería “compensar” por medio de un subsidio, lo cual lógicamente nos inclinaría a pensar que puede ser mejor bajar tales impuestos, para estimular un aumento en la ocupación, en vez de dedicar fondos públicos como subsidio al empleo. 
 
Por una parte, esos son recursos para el subsidio que de algún lado habrán de salir. Dicen que son fondos provenientes de superávits de ciertas instituciones estatales, pero equivalen a un aumento en el gasto que reemplaza a aquél que ejerce el sector privado en la economía: de algún lado salen esos recursos y es de la economía privada. Esos recursos, que dan la apariencia de estar ociosos en esas instituciones gubernamentales, al gastarse aumentarán el gasto gubernamental, que dados los ingresos fiscales del momento, provocaría un aumento en el déficit del gobierno central. Y eso de cierta manera es un empeoramiento de una situación que este gobierno ha propuesto resolver mediante aumentos en los impuestos, que posiblemente tendrán un efecto negativo sobre el crecimiento de la economía y, por ende, de la demanda de mano de obra.

Aquel alto costo de la mano de obra que hoy tenemos de hecho no se está reduciendo para la economía como un todo, sino que ahora sólo se pretende lograr un beneficio para un grupo concreto de empleadores, proveniente de parte del resto de la ciudadanía, que de algún lado tendrá que ver cómo provee los recursos.  Por ello mi propuesta de que, si se desea que aumente el nivel de empleo en la economía, eso se podría lograr si se redujeran los impuestos que hoy cargan a la mano de obra como un todo; esto es, que haya una variación de los precios relativos del trabajo ante el capital, de manera que se abarata comparativamente el primero, con lo cual aumenta su demanda.

También sería aún mejor si, en vez de la propuesta de subsidios artificiales, con los cuales se pretendería ocultar costos reales de la mano de obra en la economía, se tomaran medidas que alentaran un mayor crecimiento de ella. Por ejemplo, mediante la eliminación de una serie de incentivos que han hecho que mucho de nuestra fuerza de trabajo abandone la formalidad y por el contrario se dedique a producir en la economía subterránea. Hay muy diversas leyes que incentivan para que empresas pequeñas, muchas de las cuales apenas intentan empezar, lo hagan fuera de la formalidad institucional de las leyes.  Por ejemplo, esas empresas, si trataran de ser formales, incurrirían en elevados costos de incorporación al mercado (hacer una empresa formal suele tener un alto costo jurídico), pagos de patentes, permisos municipales (y no digamos si tuvieran que construir instalaciones), por la creación de una estructura de gastos de la empresa que sea debidamente documentada por contadores y en libros formales, todo lo cual encarece la vida a la empresa, al igual que otra serie de gastos e impuestos que no me voy a poner a detallar.  

Por ello no me sorprende, en lo más mínimo, el crecimiento importante que se ha detectado recientemente del empleo informal en nuestra economía: esto es, la creación de mini-empresas subterráneas en donde el estado no aparece; al ser costosa la acción del estado, se trata de evitar todos esos costos regulatorios de todo tipo que afectan a dichas empresas. También un segundo factor que creo afecta la tasa de crecimiento de nuestra economía en la actualidad y que, por tanto, incide en una menor creación de empleo, se debe a la existencia de mucha incertidumbre, principalmente ocasionada por la falta de lineamientos claros y definitivos de esta administración, en los espacios que requiere la empresa privada para poder actuar con mayor tranquilidad.  

Ya sé: me dirán que, para disminuir esa incertidumbre en mucho creada por el estado, con el subsidio que aquí propone dicho estado se pretende lograr cierta “cooperación” o “colaboración” o “acercamiento” hacia el sector productivo privado: una mejora sustancial en la relación gobierno-sector privado. No lo dudo que esa pueda ser una intención adicional para la puesta en marcha de ese programa, pero obviamente no es de esperar que ese subsidio vaya a ser un factor fundamental que haría que una empresa privada genere un aumento en el empleo neto en la economía. 

En esencia, de acuerdo con el programa propuesto, se contratará más empleo si le cuesta menos que el valor que agrega ese trabajador adicional contratado. Se me señalará que ahora le cuesta menos al empleador contratar al trabajador, gracias a ese subsidio, pero habría que ver si es el tipo de trabajador que desearía contratar para sus efectos productivos. O sea, si el estímulo artificial del subsidio no va a alterar su decisión de a quién contratar tan sólo por esa razón, aunque signifique que dejaría de contratar a otro trabajador que no reúne las características del programa (jóvenes y mujeres de ciertas edades además de discapacitados). Es decir, la empresa contrata a alguien del programa, pero así deja de contratar a alguien que, de no existir el plan de subsidios, la contrataría, con lo cual no habría mucha creación neta de empleo en la economía, si acaso alguna. ¿Está claro?  La medida propuesta en lo agregado posiblemente no genere empleos nuevos, sino una sustitución de unos por otros.

Además, un efecto adicional que se debe considerar es la dependencia que se empieza a crear de las empresas hacia un estado que subsidia la contratación de su personal.  Aquí entrarían cosas que no están relacionadas propiamente con la eficiencia productiva de las empresas, como es la contratación de un personal presuntamente menos productivo, sino de una dependencia a causa del subsidio. No hay nada que impida a una empresa que tenía proyectado, por ejemplo, contratar a un joven promisorio, que requeriría de un esfuerzo de entrenamiento a lo interno de la firma a fin de que aprenda los hábitos propios de la empresa, para que ya no lo haga como una decisión de su conveniencia productiva, sino porque ahora recibirá ese subsidio del estado.  Es decir, que lo que tal vez ya iba a hacer (muchas empresas contratan mujeres y jóvenes y personas discapacitadas) ahora lo hará también, sólo que con una parte importante pagada por la sociedad como un todo. En el neto, habría una baja y hasta nula creación de nuevo empleo en la economía; sin duda que menos de la ambicionada por el gobierno.

La impresión que uno tiene a menudo del mercado de trabajo de ciertos grupos -por ejemplo de jóvenes que apenas ingresan al mercado laboral- es que sus características personales, de educación o formación, no son necesariamente aquellas que las empresas están demandando. Ese divorcio lo observa uno cuando las empresas -lo suelen expresar empresas extranjeras que tratan de invertir y producir en el país- no encuentran todo el personal que requieren en su momento. Es por ello que no entiendo cómo no ha sido posible hacer en el país algo similar a lo que se hace en naciones ejemplares en la formación de su mano de obra, como es el caso de Alemania. Hay un acuerdo formal entre el estado y el sector productivo para que jóvenes asistan como trabajadores a las empresas en donde aprenden las mejores prácticas, al tiempo que cumplen con los requisitos básicos de una enseñanza formal extra-empresarial. Se logra así formar una mano de obra sumamente calificada y adaptada a las necesidades de la demanda de las empresas, en mi opinión tal vez con mejores resultados que los programas que hoy día se llevan a cabo en el INA. Las empresas se quedarán con esa mano de obra mejor preparada.

Esta práctica de un enorme aprendizaje laboral en las empresas es lo que recientemente permitió a un connotado directivo de asociaciones empresariales, dar su opinión positiva ante preguntas relacionadas con la inmigración de personas de Oriente Medio en busca de empleo en Alemania. (Al menos inicialmente, pues no sé si se mantiene el criterio de apertura de las fronteras alemanas ante una entrada que parece estar sobrepasando la estabilidad interna de ese país). Ese líder empresarial dijo que esa mano de obra foránea era bienvenida al país y que, laborando en las fábricas, aprenderían las habilidades requeridas por una economía industrial como la alemana: dijo que a Alemania lo que le servía era disponer de una más amplia mano de obra calificada y que ellos estaban dispuestos a darles el entrenamiento necesario para que adquirieran esas calificaciones.

Realizar ese esfuerzo por mejorar la calidad de la mano de obra -que así sería más demandada al aumentar su productividad- no se ha podido hacer aquí ante el dogma de ciertos políticos de que eso sería explotar a los trabajadores.  Estoy seguro que esa apertura que mejora las posibilidades de progresar los trabajadores -tal como lo han logrado a través de los tiempos y crecientemente desde la era industrial moderna- sería más que bienvenida por los propios trabajadores, tanto como por los empleadores, pues todos ganaríamos si nuestro país dispusiera de una mano de obra más calificada, más productiva y en donde se generen empleos mejor pagados.

Hay otro tema que debe de considerarse en esta conversación, cual es si es deseable que un empresario dependa de alguna manera de algún subsidio gubernamental para contratar el personal que requiere. ¿Podrá el empresario oponerse a mayores impuestos que claramente le ocasionarían descensos en su rentabilidad, a cambio de un subsidio del tipo señalado? ¿Podría ser que se use el programa de subsidio gubernamental Mi Primer Empleo, para endulzar la píldora amarga de mayores tributos? Nada más deseo que el lector considere esta posibilidad política. Pero, con el tipo de medidas propuestas se va alterando el uso eficiente de los recursos en sistemas competitivos, cuando las relaciones de producción no están determinadas por la autonomía del empresario, en un marco competitivo, en su busca de satisfacer los deseos de los consumidores para obtener utilidades, en vez de que sean para complacer directrices o incentivos que el estado brinda: podría ser una grada más en un camino de servidumbre.  Sólo pido a mis apreciados lectores que consideren este argumento.

Finalmente, como un segundo objetivo importante del programa presentado por el gobierno, está el tema de la sensibilidad humana ante quienes tienen problemas de verdad en la vida, como suele ser el caso de los discapacitados.  Ya muchas empresas privadas tienen entre sus trabajadores a personas en tal circunstancia y lo notable es que suelen ser trabajadores sumamente productivos y las firmas los estimulan en su esfuerzo personal que también va en beneficio de la firma.  Si hay algo de apoyo de parte de la empresa (y de los accionistas) para tal práctica, pues que sea bienvenida y ojalá apoyada por el estado, como, por ejemplo, permitiendo que esta capacitación laboral de personas discapacitadas pueda ser adquirida dentro de las empresas que les dan la oportunidad de aprender sus prácticas. Esto formaría parte, sin duda, de la idea de que el trabajador estudia en tanto labora y aprende prácticas en la empresa privada.

La solución a estos temas la encuentra el político en la creencia de que echarle más plata resuelve los problemas, pero sabemos que eso no va a servir de nada, pues no es claro que genere nuevos empleos, ni que ayude a la formación de nuestra fuerza de trabajo, ni que realmente ayuda a aquellos grupos realmente marginados. Sólo provocará un déficit mayor, más impuestos para después “cerrar” ese mayor déficit, una más elevada dependencia de la empresa privada ante el estado y una alteración en el uso eficiente de recursos en una economía tambaleante.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 21 de septiembre de 2015

Tema polémico: Luis Guillermo... otra vez

Hace un tiempo atrás cuestionamos en ASOJOD el rumbo de nuestra política exterior en la Administración Solís Rivera, cuyas decisiones no han correspondido con la tradicional defensa de la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos. 

El tiempo ha pasado y don Luis Guillermo sigue pisoteando esos principios que han caracterizado a Costa Rica en el concierto de las naciones. Nos referimos a dos casos muy recientes: la sentencia contra el líder opositor Leopoldo López a 13 años y 9 meses de prisión por delitos de asociación para delinquir, incitación pública y daños por incendio y las declaraciones del mandatario frente a la crisis humanitaria que viven los sirios.

Respecto al primer tema, desde tiempo atrás, Solís ha evitado manifestarse en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Cuando se dieron las últimas protestas del pueblo venezolano contra la dictadura en que vive, el Presidente indicó que no podía pronunciarse por falta de información. Desde la aprehensión de López el pasado 18 de febrero de 2014 y frente a la incomunicación a la que estuvo sometido, también guardó silencio. Ahora, de cara a un proceso judicial viciado, en el que se han irrespetado las garantías procesales que debieron asistir a este para ejercer su derecho a la defensa y ante evidentes violaciones a los derechos humanos, Solís voltea una vez más la vista para evitar cuestionar al régimen de Maduro. Cada día que pasa, nos convencemos que la afinidad entre el Partido Acción Ciudadana con el movimiento político del Socialismo del Siglo XXI es imposible de ocultar.

En cuanto al segundo, el pasado 11 de septiembre, el mandatario Solís manifestó que las puertas para los refugiados sirios que huyen de su país por la guerra y el terrorismo del Estado Islámico, están cerradas. Según él, pertenecen a una cultura muy distinta a la nuestra y no se adaptarían al país ni a nuestras costumbres, por lo que podrian ser discriminados.

De acuerdo con este razonamiento, ¿entonces hay que discriminar a los refugiados antes de que vengan para evitar ser discriminados? ¿Y nuestros principios humanitarios para tenderle la mano a personas que salieron de su país de origen para salvar sus vidas? Los tiramos por la borda, como todos los demás principios en esta Administración.

Hace varias décadas, un pastor luterano alemán llamado  Martin Niemöller escribió un poema que refleja muy bien nuestra preocupación frente a lo que venimos señalando: 

"Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista.
Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío.
Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista.
Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante.
Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada".

Guardar silencio ante la violación de los derechos humanos porque quien lo hace es un aliado o porque quien lo sufre es no es del grupo o tesis que se apoya, es un grave peligro por cuanto la libertad, como dice nuestro amigo Jorge Corrales, se escapa por rendijas.

En ASOJOD estamos muy preocupados por la forma en que maneja este país el Presidente Solís y su camarilla, cuyas decisiones y acciones en estos y otros tantos temas, ponen en peligro las libertades y los derechos individuales. 

El panorama no resulta nada alentador, máxime tomando en cuenta que faltan más de 2 años de gestión y las proyecciones para el proceso electoral del 2018 apunta más bien hacia el fortalecimiento de un grupo todavía más peligroso: el Frente Amplio.  Si eso sucede, es muy posible que Costa Rica se dirija al mismo precipicio que recorrió Venezuela en los últimos años.

viernes, 18 de septiembre de 2015

Viernes de Recomendación

Para el día de hoy les queríamos compartir esta breve explicación de Liberland, un proyecto sumamente ambicioso que de resultar exitosos, sin duda alguna daría mucho de que hablar.

martes, 15 de septiembre de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: varias cosas acerca del Presupuesto y el tiro del polaco

Antes de referirme a eso del “tiro del polaco”, quiero tratar varios temas en la discusión que se ha presentado en el país, en torno al presupuesto para el 2016 que el gobierno envió a la aprobación legislativa.

En mucho tomo como base el excelente comentario que sobre el tema formuló el economista don Rodrigo Bolaños en La Nación del 1 de setiembre, titulado “Ajustes en el presupuesto del 2016.” Me atrevo a decirles que aquél está escrito en un lenguaje un poco técnico para algunos de los amigos que me suelen leer, por lo cual trataré de explicar algunos de los conceptos que bien señaló don Rodrigo, de manera que el caso pueda ser mejor asimilado (espero lograrlo, aunque no es nada fácil).

Empezaré aclarando la discusión en torno al crecimiento del presupuesto, dado que en el pasado -incluso este servidor- cuando se comparó el presupuesto del año 2014 con el del 2015 –el primero que envió este gobierno- se mencionó que su monto se había incrementado en un 19.6% en dicho lapso, cuando, en realidad, ese incremento es en los egresos y no en el gasto gubernamental.

Para entender esta diferencia, es apropiado señalar que, en lo que se denomina “presupuesto de la República,” aparece la asignación de dinero para los diversos gastos del gobierno central, pero ahí se incluye una partida para amortizar el pago de deudas adquiridas previamente por el gobierno para financiar gastos de períodos anteriores. Por ello esta última es una partida de egresos, pero no de un gasto del período.

Amortización de la deuda pública es el pago del principal que se hace de la deuda gubernamental; dicho pago es un egreso en términos contables, pero no un gasto del gobierno, pues el desembolso de esos recursos ya se hizo en el pasado; ahora se trata de repagar el principal adeudado. La contabilidad del presupuesto de la república la practica de manera tal que se mide como si el pago de toda la deuda se hiciera al final del año de un solo golpe, pero para ello se suele emitir nueva deuda (esta es la amortización de la deuda) en que incurriría el gobierno. Se hace tal cosa porque usualmente dicha deuda pública es de un monto muy elevado, como para poder redimirla de una sola vez por todas, por lo cual ello se hace por tractos; por partes. Así, tener, por ejemplo, que pagar menos deuda en este año, no significa que el país tenga un gasto menor, un ahorro, sino que en los siguientes años la nación tendrá que pagar más.
Por tal razón, si se excluye el ítem denominado “amortización de la deuda” del monto del presupuesto nacional, es posible comparar la variación apropiada de gastos, de erogaciones, del gobierno de un período respecto a otro. Así, el aumento del gasto que se dio en los presupuestos del 2014 y el 2015, en vez de aquel 19.6% de incremento, fue de un 12.9%, pues aumentó mucho la partida de amortización de la deuda en el año 2015, en comparación con el 2014.

Ahora bien, no es que ese aumento del 12.9% en esos años sea algo menospreciable; por el contrario, sigue siendo sumamente elevado y muy superior a la inflación del 2014, que se estimó en un 5.1%. Tuvo el grave efecto de aumentar aún más el tamaño del déficit del gobierno. 

Como bien lo indicó en su comentario el economista Rodrigo Bolaños, la incorporación de las amortizaciones de la deuda en los presupuestos de gastos puede inducir al error, pues “nos pone en el riesgo de caer en una trampa fea [¡como que todas las trampas son feas!]: que tanto el Poder Ejecutivo como algunos diputados quieran presentar como logro en el 2016 un ajuste fiscal por medio, principalmente, de una menor amortización. Sería un ajuste ficticio.” Con ello lo que se lograría es una reducción de los egresos, pero no de los gastos, tal como se explicó previamente. Y esto último es lo importante de valorar en cuanto al crecimiento del presupuesto. 

Como veremos luego, lo expuesto nos permite hablar del “tiro del polaco”. Cuando niño, a mediados de la década de los cincuentas, uno escuchaba a los mayores referirse a ese cuento. Decían que ciertos comerciantes, que habían tenido un producto con un cierto precio relativamente bajo, lo mantenían así por cierto tiempo; luego le daban un buen aumento y lo dejaban así por un rato.  Poco después, venía la promoción: reducían en algo este último precio, pero quedando siempre por encima del primero.  Anunciaban la gran rebaja, después de que habían aumentado el precio y el consumidor -caveat emptor- (frase del latín que significa “consumidor, ponle cuidado”), no le ponía la atención requerida al caso. El consumidor inocente no tenía toda la información que poseía el vendedor.  Entraba de lo lindo con el cuento de la “rebaja”.

Algo parecido nos está sucediendo con estos presupuestos del gobierno actual. Veamos qué es lo que ha sucedido con estos dos últimos presupuestos (el del 2015 y el del 2016). Al primer  presupuesto que envió, lo aumentó mucho con respecto al del 2015 (12.9% fue el incremento en los presupuestos entre el 2014 y el 2015, excluyendo las amortizaciones de la deuda), en tanto que el segundo –el del 2016- sólo aumentó “poco” con respecto al del 2015 (fue de 4%, si se le excluyen las amortizaciones referidas). Todo esto nos da la impresión de que el gobierno está proponiendo una rebaja significativa en el crecimiento del presupuesto de este año, pero, en verdad, es tan sólo después de aquel aumentazo tan alto que se dio en el año fiscal previo.

Alguien me dirá de inmediato que esta administración está haciendo ahora lo que corresponde hacer. Sin embargo, lo cierto es que esa misma administración ya era consciente, cuando envió el presupuesto del 2015, de la grave situación deficitaria del gobierno. No practicó la reducción necesaria en aquel entonces. La explicación de esta conducta es que, a pesar de que había prometido en el período electoral del 2014 que, antes de poner nuevos impuestos para llenar ese hueco, reduciría el gasto público, dice hacerlo hasta ahora con el presupuesto del 2016… pero el daño ya fue hecho, con el fuerte aumento del gasto en el presupuesto del 2015. Yo lo llamo irresponsabilidad y lamento que esta administración nos crea tan tontos como para que no hubiéramos notado su jugada: el tiro del polaco (y que desde ya no me censuren los paisanos por este recuerdo folklórico: simplemente así lo refería la gente). Subamos para bajarlo luego en algo menos y decimos que es una rebaja.

De esta manera uno entiende bien la preocupación de don Rodrigo Bolaños, al advertirnos que cree que es “muy difícil que el plan de gastos que debe presentar este mes [setiembre del 2015 para el presupuesto del gobierno central del 2016], crezca poco, sin tocar educación, universidades, seguridad e intereses, que juntos representan porcentajes muy altos del total” de gastos. Su bien fundado escepticismo lo lleva a clamar que “Probablemente, lo que aumente al 0.5% nominal recién anunciado por el Gobierno serán los egresos. Pero puede ser que, detrás, las partidas de gasto crezcan mucho más y, como ya se dijo, tanto como para que hasta aumente el déficit fiscal.”

Eso mismo lo señala don Jorge Guardia, en su columna usual de La Nación del 1 de setiembre, cuando enfatiza que “Nada garantiza que este gobierno, u otro, mantendrán la austeridad prometida… La postura oficial no es confiable… Yo no he visto [yo tampoco] todavía ningún esfuerzo serio por corregir los disparadores del gasto: sueldos y salarios, pluses salariales, ascensos, dedicación exclusiva, horas extra, convenciones colectivas en todo el sector público, contrataciones superfluas, publicidad y propaganda, y todos los demás rubros señalados por la oposición, incluida la liderada por Ottón Solís.” Más bien, sin rubor alguno, en esta ocasión -en el presupuesto del 2016- la propuesta presupuestaria del gobierno aumenta notoriamente el aporte estatal al llamado Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que en realidad es para las universidades públicas y no para la educación superior del país como un todo. 

En cuanto a esto último, vean lo sucedido. En el 2014, los costarricenses le dimos al FEES la suma de ₡359 mil millones.  En el 2015 se aumentó en cerca de un 14%, llegando a ₡410.5 miles de millones (un “aumentico” de ₡51 miles de millones). Luego en el presupuesto del 2016 se destina una suma superior a esta última en un 7.4% (otro “aumentico” de ₡30.1 miles de millones), con lo cual el monto para el año próximo ascenderá a ₡440.8 miles de millones.  Este es el mismo cuento de lo sucedido con el presupuesto del 2016 con respecto al del 2015: que crece menos, pero después de un fuerte aumento en el año previo, sólo que con una “ligera” diferencia. Para el 2016 el gasto que se trasfiere a las universidades estatales es algo menos de la mitad del enorme aumento obtenido en el 2015. ¿Gran rebaja? ¡Falsa rebaja!

Asimismo tiene razón el economista don Luis Mesalles, cuando en su columna de La Nación del 5 de setiembre indica que “Remuneraciones y transferencias, por su lado, crecen casi al doble de la inflación proyectada. Es decir, en los disparadores del gasto, lo que realmente pesa dentro del presupuesto, no hay ningún cambio estructural. Se sigue gastando más cada año, sin que se perciba un cambio en cómo se hacen las cosas.” La gastadera sigue y sigue tan campante como Johnny Walker y la mayor osadía es que nos hablan de que el presupuesto presentado es “muy austero.” Y pretenden gastar más de ₡36 millones en tratar de convencernos de tal falsedad.

Veamos algunos datos de esos “disparadores del gasto”, del cual tanto nos hablan los del gobierno tratando de darnos a entender que “es poco lo que se puede hacer” para reducirlos.

Las remuneraciones, por ejemplo, son una de ellas.  Entre el 2013 y el 2014, el presupuesto aumentó esa partida en un 9.9%, e igual fue el incremento en el presupuesto del 2014 y el 2015, pero entre el 2015 y el 2016, el aumento fue de 6.7%.  En todos los casos fue superior al aumento de la inflación, pero también la reducción parece ser insuficiente en este disparador. De hecho, de un 29% que representan las remuneraciones en el gasto total del presupuesto en el 2015, dich9 porcentaje aumenta a un 30.8% en el presupuesto del 2016. Es decir, como porcentaje del gasto total del gobierno, esta partida sigue creciendo en su importancia relativa. 

Asimismo, en el caso de las transferencias corrientes del gobierno, que comprende básicamente las transferencia del gobierno a las universidades pública, a FODESAF y similares, el presupuesto de esa partida en el 2014 creció en un 8.2% con respecto al del 2013, luego, en el año siguiente aumentó a un porcentaje mayor de un 10.6% en el 2015 en relación con el del 2014 y ahora en el del 2016 crece en un 6.7% con respecto al del año previo. De nuevo, en todos esos años el incremento fue superior al de la inflación, por lo cual la reducción, que uno supondría moderaría el crecimiento del gasto de este disparador, es poca. Es así como, de un 28.1% de esas transferencias con respecto al gasto total presupuestado en el 2015, en el 2016 es de un 29.9%. Eso es, también sigue creciendo el peso específico de este disparador del gasto dentro de los gastos totales presupuestados.

El tercer disparador de gasto usualmente citado es el de los pagos de intereses y comisiones del gobierno.  Pasó de un aumento del 21.8% entre los presupuestos del 2013 y del 2014 a uno de un 19.1% de incremento entre el presupuesto del 2014 y el 2015, para luego caer a sólo un aumento del 2% en el presupuesto del 2016 con respecto al del año anterior.  Creo que parece evidente un aumento en los intereses internacionales a relativamente corto plazo, que muy posiblemente incidirá en esta, que así lo creo, subestimada partida de gastos. Además, el fuerte crecimiento de la deuda externa al cual el gobierno ha acudido recientemente (y que se ha mencionado podría crecer en otros $5.000 millones si tiene éxito una idea de financiar el déficit mediante la colocación de deuda costarricense con el gobierno chino), no tengo casi duda de que pronto se verá reflejado en un aumento al presupuesto de gastos actualmente presentado por el gobierno para el 2016.  Es decir, se podría estar subestimando esta partida de gastos en el que ahora envía el gobierno a la aprobación legislativa.  Por eso, aun cuando crece el peso de los intereses y comisiones de un 11.6% de los gastos corrientes del presupuesto del 2015 a un 11.8%, se me hace que éste porcentaje se quedará corto, en el curso del año presupuestario del 2016.

Me quiero referir a algo que señala don Luis Mesalles en su comentario antes citado y que tiene que ver con la estructura del gasto del gobierno; esto es, a la proporción de gastos de capital (de inversión) como porcentaje del gasto total del presupuesto.  Así, el gasto para inversión pública pasa de un 5.8% del gasto total en el 2015 a un 5.1% en el 2016. Esto es, se va para atrás, pues la inversión pública es clave en muchos sectores para que la economía pueda crecer, algo particularmente significativo en una economía como la nuestra claramente ralentizada en estos momentos.

Para terminar, dado mi escepticismo en cuanto a las cifras presentadas en este presupuesto del gobierno -intereses posiblemente subestimados, por ejemplo- les sugiero a los diputados que, a la hora de discutir dicho presupuesto, le hagan ver al poder ejecutivo que, con excepción de una situación de catástrofe, no se aprobarán mayores gastos previamente no incluidos, a través del mecanismo de enviar presupuestos extraordinarios con gastos adicionales a los incluidos en el presupuesto ordinario que esta para aprobarse.

Los costarricenses somos así encaminados, engañosamente, a que se nos impongan más y mayores impuestos, cuando en realidad nuestro gobierno no da muestras de la frugalidad y la prudencia que debería de proseguir: escoge seguir gastando a cambio del empobrecimiento de todos los ciudadanos, que sufriremos en nuestros presupuestos hogareños por la aviesa intención de meternos mano a los bolsillos para sacarnos la plata. Después nos dirán, esos mismos así llamados administradores o gobernantes, que no entienden por qué nuestra economía no crece y por qué no se genera el empleo necesario y por qué no crecen los ingresos netos de las familias.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 14 de septiembre de 2015

Tema Polémico: ¿Frente Amplio?

Durante la campaña electoral pasada tanto el megalómano de José María Villalta como sus incautos seguidores, se quejaron de una supuesta campaña del miedo orquestada por sus detractores. Según su parecer, eran injustamente caricaturizados como chavistas. Desafortunadamente para el heredero de Merino, su narrativa no se sostiene ante el filtro de la realidad.

Dos hechos sumamente significativos ocurrieron en los últimos días, que retrata al partido del Villalta como la verdadera cloaca antidemocrática que es. El primero de ellos fue la moción de censura que se conoció en la Asamblea Legislativa para repudiar las amenazas a la prensa esgrimidas por el eterno e inservible sindicalista Fabio Chaves. Como era de esperar dicha moción no tuvo apoyo por parte de los legisladores del Frente Amplio.

El segundo hecho vergonzoso que ha ejecutado esta agrupación política (secta), es el silencio cómplice con la brutal dictadura de Maduro, ante la infame condena del opositor venezolano Leopoldo López.

Ambos eventos desnudan de cuerpo entero a estos esbirros chavistas, siendo que no cabe duda alguna que el Frente Amplio, de-frente no hace nada, y que de amplio solo tiene el nombre, dado que sus posturas resultan en nada representativas del sentir mayoritario de la población.

martes, 8 de septiembre de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: el Estado ineficiente: el tema de la inmigración (II Parte)

Tal como expresé en la primera parte de este comentario, y que ojalá tuvo la oportunidad de leerla hace unas semana en este mismo sitio, fue la lectura de un artículo de La Nación del 16 de agosto, titulado “Migración nicaragüense se dispara con visa tica en mano: País registra aumento sostenido de inmigrantes desde el 2008,” el cual me estimuló a referirme a este asunto, tan importante en nuestro país y, a la vez, casi que comentado tan sólo subterráneamente.

El comentario periodístico de referencia empieza señalando el incremento creciente de solicitudes de visa de ingreso a Costa Rica; que tal aumento “empezó a verse en el 2008” y que “la previsión de los consulados es que este año se superará fácilmente la emisión de 200.000 visas.  En el 2014, se tramitaron 214.156 visas con vigencia de tres meses”.  Y continúa el análisis: “paralelo a la solicitud de visas, en los últimos años también viene creciendo la entrada de nicaragüenses a nuestro territorio” y que “para el 2013… la cifra llegó a 480.250”, además de que “las proyecciones para este año indican que ese número será superado.” 

Lo sorprendente es que en el texto principal del comentario periodístico citado (se exceptúan las declaraciones adjuntas de nuestro Canciller, don Manuel González) no aparece la palabra clave que sí se incorpora en el subtítulo del artículo de referencia: la palabra “inmigrantes” o “inmigración”.

Digo que me sorprende, porque el tema que podría ser de mayor interés es el de la inmigración hacia el país y no el simple aumento de visas de turismo (el ministro González sí acierta, cuando formula una aclaración totalmente pertinente: “la migración no es mala, pero hay que estar pendiente de ella).  Creo que el error de interpretación del periódico está en asumir que un aumento en las visas de turismo otorgadas (con una vigencia de tres meses) o que haya un crecimiento de “la entrada de nicaragüenses a nuestro territorio”, significan que necesariamente se está dando un aumento de la inmigración nicaragüense hacia Costa Rica.  Reconozco que es muy posible que eso sea así, pero no hay certeza de ello: no existe la información adecuada de que efectivamente esa entrada mayor al país se traduce de hecho en una inmigración permanente, que es a la que obviamente se refiere, como de interés, el señor Canciller.

Podría perfectamente ser que cada vez hay más facilidad para movilizarse de Nicaragua hacia Costa Rica. Es más difícil pensar que el crecimiento de esa entrada se deba a un aumento de los ingresos personales de nicaragüenses para tan sólo visitar a Costa Rica. La información de la cual carece el medio, al igual que creo que también el país, es si ese mayor número de entradas se traduce en una mayor permanencia laboral en el país de esas personas. Esto es, si es que ahora viajan más para emigrar de Nicaragua hacia Costa Rica y no para, por ejemplo, visitar al país en donde hay ya establecidos tantos parientes de origen nicaragüense.  Incluso podría ser que ahora los migrantes entran más al país de forma legal, en vez de la forma ilegal a través de cualquier sitio fronterizo como se solía hacer, y de lo cual no necesariamente las autoridades domésticas tenían un conocimiento exacto de su número.

Esta falta de claridad, al menos para mí, acerca del flujo de inmigración exacto o casi exacto que podríamos estar viviendo en la actualidad, nuestras autoridades gubernamentales no parecen tenerla, tal como se deduce del comentario de La Nación del 25 de agosto, titulado “Gobierno avala uso de visas de turismo para formalizar inmigración: Migración dice haber regulado situación de 450.000 nicaragüenses.” En él, la directora de Migración y Extranjería, señora Kathya Rodríguez indica que “la entrega de visas de turismo a los inmigrantes es una alternativa para regularizar la situación de las miles de personas que todos los días procuran ingresar por los puertos fronterizos.” Pero no es una comprobación de que todos esos ingresos al país con visas de turistas son para inmigrar como residentes de Costa Rica, aunque ahora lo harían legalmente. Bien puede ser que viajan como turistas, por ejemplo, visitando a familiares. En todo caso, ese dato medio confuso no es ápice para reconocer que el país continúa siendo objeto de un movimiento inmigratorio importante (lo cual tampoco es reciente, sino que viene desde hace más de treinta años).

No dudo -y eso podría, sin duda, explicar que por ello en la actualidad está aumentando la inmigración de Nicaragua hacia Costa Rica- que ésta se motiva en mucho por razones económicas y que, a pesar de que nuestra economía no crece tanto como lo hizo hace varios años, en los cuales tuvimos fuertes flujos de inmigrantes, las cosas están económicamente peor en Nicaragua que aquí, por lo que los inmigrantes podrían seguir siendo atraídos al país, tal vez hasta en mayor grado, en busca de oportunidades de vivir mejor. En sentido similar, es de esperar que ese aumento de ingresos también sea motivado por la mayor estabilidad de familiares que en el pasado abandonaron Nicaragua para establecerse en el país: teniendo ya un “pie” firme en el país, se facilita la adaptación inicial requerida cuando se es un nuevo inmigrante.

Hay palabras sencillamente expresadas que contienen un mundo de explicaciones para un fenómeno.  En un artículo secundario al anteriormente citado de La Nación, y el cual está encabezado por “Sueño de ‘una vida mejor’ sigue atrayendo migrantes a Costa Rica”, la señora Gertrudis del Carmen González Chaves de Chichigalpa, Nicaragua, se expresa así: “Nos estamos viniendo de Nicaragua muchas personas, muchedumbre de personas por la necesidad de conseguir una vida mejor, conseguir empleo para sobrevivir.” Dios le ayude a doña Gertrudis en ese esfuerzo para trabajar dura y honestamente y así poder “sobrevivir.” Para ella le brindo las mismas palabras del poema que leí en la Isla de Ellis y que cité en la primera parte de éste mi comentario, y que aquí repito:

¡Dadme a vuestros rendidos, a vuestros pobres
Vuestras masas hacinadas anhelando respirar en libertad
El desamparado desecho de vuestras rebosantes playas
Enviadme a estos, los desamparados, sacudidos por las tempestades a mí!
¡Yo elevo mi faro detrás de la puerta dorada!"

Uno entiende particularmente esa dificultad para sobrevivir, cuando en nuestra economía el desempleo abierto oscila en alrededor de un 10% (y posiblemente mayor en labores que usan empleo no calificado, como suele ser el que ahora proviene del país de doña Gertrudis), al igual que el sub-empleo (que no es más que empleo a medias), el cual anda por allí de un 12.5% de la fuerza de trabajo. Conseguir empleo en tales condiciones es así mucho más difícil que en previas épocas de bonanzas (aunque no me extraña que, con todo y esta mala racha actual en nuestro país en cuanto a posibilidades de empleo, la situación sea aún mejor que la de Nicaragua).

Eso sí, hay un aspecto -reconozco que sensible desde muy diversos puntos de vista- que debemos de tener presente en esta situación.  No sólo Costa Rica ofrece probablemente mejores posibilidades de vivir mejor que en Nicaragua (además de una tradición de respeto a la libertad individual y a la persona en sí, que posiblemente aquí sea mejor que la de aquel país), lo cual tal vez significa que hay una mayor oportunidad de conseguir un empleo. Pero también es importante señalar que en Costa Rica hay otros “atractivos”, que incluso podrían competir con otros incentivos que estimulan a que la gente no trabaje lo suficiente y que prefiera recibir tales dádivas, aunque eso le someta a la sujeción del estado benefactor.

Cuando un inmigrante llega al país casi sin problema logra obtener una educación primaria y hasta secundaria gratuita (es también obligatoria y, además, el que los habitantes accedan a tal educación puede generar valiosas externalidades a todos los ciudadanos del país). Pero, en Costa Rica, recientemente hasta se les da un emolumento para que los padres envíen a los hijos a las escuelas. También pueden tener acceso, casi sin costo alguno, a la salud, tanto de menores, como de adultos e incluso de otros parientes cercanos, quienes hasta podrían no vivir regularmente en el país y viajar a éste cuando deban acudir a una cita hospitalaria importante. La Sala Constitucional ha declarado a la salud que brinda el estado como un derecho universal. Por eso, aun cuando no coticen al sistema de salud del estado, reciben el servicio casi sin problema alguno.

Asimismo, si la familia no tiene recursos cuando llega al país, puede luego acudir a entidades estatales en busca de algún grado de soporte financiero: es común ver inmigrantes solicitando tal ayuda en el IMAS y no sé si eso aún lo hace el programa de Asignaciones Familiares. Igualmente, en cuanto a tener acceso a lotes y vivienda -incluso ubicándose como precaristas- es muy común observar que los apoyos gubernamentales no suelen discriminar en función de su nacionalidad, a ciudadanos de recursos presuntamente limitados, para que puedan acudir a las fuentes estatales de subsidio. Si usted es un migrante anciano, puede viajar gratis en los buses, al igual que lo hacen otros adultos mayores nacionales. He venido mencionando aportes en especie (excepto las ayudas en efectivo que puede dar el IMAS), que constituyen, por así decirlo, un ingreso en especie que hace que la persona ya no tenga que trabajar lo requerido para sufragarlos con su esfuerzo laboral propio. 
 
Todos esos gastos citados son pagados por la ciudadanía como un todo; por los contribuyentes. Lo más plausible es que, al menos en los primeros años de residir en el país como inmigrantes, estos tampoco están incorporados en los listados de contribuyentes de diversos impuestos (excepto ventas). Difícilmente, creo, lo que los inmigrantes reciben de subsidios o ayudas o apoyos del estado, es más que compensado con impuestos que pagan o deberían de pagar. Eso sí, reconozco que en nuestro país se desconoce el resultado neto de tal comparación.

Lo más grave, en mi opinión, es que la percepción de esa ayuda, que sustituye el esfuerzo propio que se debería de realizar, establece relaciones de dependencia que, una vez establecidas, son difíciles de detener o de cambiar.  Esto es, todos estos programas de ayuda usualmente no contienen vías para salir de esa dependencia y más bien uno observa como hay nuevas propuestas, que a veces se circulan, al menos en períodos político-electorales, que aumentarían tal dependencia de seres humanos ante el papá estado.  ¿Se acuerdan de la propuesta del candidato Johhny Araya para entregar plata en efectivo a gente de bajos ingresos para que comprara su comida? El único estímulo para salir de la ayuda de la cual dependen, es que las condiciones laborales se traduzcan en ingresos tales, que más que compensen esos beneficios que perciben más el costo del esfuerzo realizado.  Sin embargo, en la actualidad, tal hecho es más difícil que se dé.

En mi opinión, con excepción del acceso gratuito a la educación primaria y secundaria, el inmigrante debe de estar en capacidad de ingresar a laborar en el país, pero no para que reciba subsidios que estimulen que no se trabaje lo requerido para generar ingresos propios. Lo que mueve al inmigrante al país es poder vivir mejor, él o ella y su familia: para eso viene a aquí en busca de trabajo, incentivo que se ve alterado cuando se le dan recursos por el hecho de vivir en este país y no como fruto de su esfuerzo laboral.

Pienso que el inmigrante, legal o ilegal, no debe tener el derecho que poseen los ciudadanos del país para acceder a tales “beneficios” estatales, sino que, como resultado del proceso de obtener la residencia permanente en el país y obviamente al lograr la nacionalidad, es que tengan el acceso a tales programas de auxilio que actualmente se tienen en el país.

Antes de que alguien -apropiadamente- me lo recuerde, también el inmigrante que sea delincuente en su país, no debería entrar al país sin problema, casi como puede hacerlo ahora. Por supuesto, dicha delincuencia ha de estar calificada para tal permiso, no sólo porque estar marcado por una infracción de tránsito o un retraso en el pago de una pensión alimenticia y similares, no deben ser razón para impedirles la entrada, sino porque también muchas dictaduras suelen ser proclives a acusar y a juzgar, incluso en tribunales nada independientes del poder totalitario, como delincuentes a ciudadanos por el simple hecho de pensar distinto de esos gobernantes de turno.  En sencillo, si alguien como Leopoldo López, caso que hemos conocido de Venezuela, considerado delincuente en esa nación por el poder tiránico de ese país, eventualmente tocara nuestras puertas para migrar, se le daría la bienvenida sin que rigiera la exclusión por “delincuencia”, así señalada por el dictador. En Costa Rica resguardamos bien atesorado el valor del asilo.

Similarmente, deseo aclarar de forma contundente que el inmigrante no es el responsable de que haya esos programas asistenciales del estado que les cubra como beneficiarios.  Así está hecho jurídicamente nuestro programa estatal de mitigación o alivio. No lo crearon los inmigrantes, sino los ciudadanos de este país.  Por lo tanto, la decisión de hacer partícipes de tales programas a extranjeros que llegan al país, es una decisión que ha estado en manos de los ciudadanos costarricenses y, por ende, en esas mismas manos es que está redefinirlos en los términos aquí sugeridos.

No estoy optimista en cuanto a que haya un re-direccionamiento institucional de los incentivos para laborar de los inmigrantes que vienen al país, en busca de una vida mejor. Por el contrario; incluso en estos momentos está presentada en la palestra de la discusión impositiva en la Asamblea Legislativa una propuesta extraña, inviable y sacada de un sombrero, como instrumento para justificar la sustitución del impuesto de ventas por el llamado impuesto al valor agregado (IVA).  Dado que en mucho la eficiencia de este último gravamen descansa en la universalidad de su aplicación e incluso en la homogeneidad de la tasa impositiva aplicada, la nueva propuesta tributaria del gobierno en pro del IVA propone exonerar del pago del impuesto a grupos de ingresos relativamente bajos de la economía (aunque la propuesta cubriría algo próximo a la mitad de la población: a unos 550.000 hogares, se nos ha dicho). Para lograrlo, según la propuesta gubernamental, se consideraría la devolución de una suma específica a cada hogar de bajos ingresos, lo cual obviamente incluiría a los hogares de migrantes, los cuales no suelen ser de ingresos altos e incluso medios-bajos. El monto mensual estimado que se le devolvería a cada hogar “pobre” es de ₡44.000, supuestamente como equivalente del IVA que ha pagado como consumidor.  No ahondaré en el análisis de esta propuesta, que desde ya me parece inconveniente, sino en lo referente a la estructura de incentivos que se da a los inmigrantes hacia Costa Rica, en comparación con vivir bajo un régimen salarial que les brinde los ingresos que requieren para vivir mejor.

Por lo expuesto, dicha propuesta tributaria sería uno más de los incentivos para que el inmigrante prefiera escoger no trabajar, en vez de laborar, y poder recolectar todos los beneficios o ayudas “sociales” que les da el estado costarricense; esto es, todos nosotros, los contribuyentes, en cualquier grado en que lo seamos.

Las ideas que he propuesto no son fáciles de que sean simplemente aceptadas porque sí, pero uno esperaría que puedan ser consideradas como una manera de enfilar los incentivos hacia una mayor y más eficiente producción, lográndose así el beneficio del inmigrante, quien al buscar el sustento propio y de su familia contribuye a la economía como un todo. Es la hora de entrarle al tema inmigratorio con racionalidad y con respeto hacia quienes opinan de manera diferente. Ojalá mi esfuerzo no haya sido en vano.
 
Jorge Corrales Quesada

lunes, 7 de septiembre de 2015

Tema Polémico: Costa Rica va muy mal y esta vez definitivamente no es culpa de condiciones externas

Costa Rica va muy mal y esta vez definitivamente no es culpa de condiciones externas. El último estudio que mide la percepción de los ciudadanos y el clima de negocio coloca el nivel de pesimismo sobre el futuro del país exactamente igual a aquel que tuvimos a finales del 2008 luego de la crisis financiera internacional. Digamos que aquel nivel de desconfianza en el 2008 era en cierta medida justificado pues el mundo estaba pasando por una situación económica no vista en décadas y el más afectado era sin lugar a dudas nuestro principal socio económico Estados Unidos.

¿Pero hoy en día será tan bien por la situación de afuera que estamos pasando por esta situación tan mala? Definitivamente no. Todo lo contrario, la situación económica mundial de hoy en día nos debería estar favoreciendo considerablemente. Estados Unidos, nuestro principal socio tiene ya varios años de crecer a ritmo modesto pero constante, el desempleo ha caído y la confianza de los consumidores se ha levantado. La desaceleración de China, que es uno de los principales consumidores de materias primas del mundo ha provocado que los costos de productos como el petróleo, el acero y el cobre se hayan caído considerablemente. Eso, a pesar de que son malas noticias para la mayoría de Latinoamérica, para Costa Rica es una bendición pues nosotros no producimos nada de esos bienes. Sinceramente, las condiciones de afuera deberían estar empujando a Costa Rica a niveles de crecimiento favorables. Pero lamentablemente no es así.

La mala noticia es que la desconfianza que abunda hoy en día, que ha provocado una caída del consumo y de la inversión, tiene que ver con factores netamente internos. El descontrolado gasto del gobierno, la falta de políticas claras para atraer más inversión e incrementar el empleo, el posible incremento de las tasas de interés en colones presionados por el déficit fiscal y la extraña apreciación del colon frente al dólar (que es un comportamiento contrario al resto del mundo) producto de endeudarse en el exterior; son solo algunas de las condiciones que han generado que estemos tan mal.

Las medidas que se debe tomar para cambiar el rumbo del país no sol fáciles pero son muy necesarias si no queremos caer en una situación económica realmente lamentable pronto. La mala noticia es que parece que este gobierno no tiene el coraje ni la convicción de querer hacerlas.

martes, 1 de septiembre de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: el Estado ineficiente - el tema de la inmigración (I Parte)

De entrada señalo que éste es un tema difícil de tratar, simplemente porque hay argumentos en uno y otro sentido, que lo ponen a uno a pensar en torno a la virtud y validez de alguna de las posiciones.  Pero, aun así, sabiendo que el ser humano siempre toma decisiones sin esperar a tener pleno conocimiento de las cosas (decisiones bajo conocimiento limitado) o bien cuando aún las posibilidades no son bien claras (decisiones bajo incertidumbre), trataré de poner en claro mi posición personal en torno al tema, pues considero que, más temprano que tarde, será de importancia crucial para la toma de ciertas decisiones políticas.

Mi comentario lo he decidido dividir en dos partes, que publicaré una casi inmediatamente después de la otra.  En una primera, expongo una serie de abstracciones acerca del tema, principalmente desde un enfoque económico, en tanto que, en la segunda parte, expondré mi opinión personal ante la circunstancia actual de la inmigración hacia Costa Roca.

Debo hacer mi presentación de tal manera, pues es necesario tener herramientas que nos permitan interpretar adecuadamente el fenómeno de la inmigración (al menos desde el punto de vista económico), para poder luego, en la segunda parte, referirme al caso particular de Costa Rica (aunque también haré algunas referencias generales en esa primera parte). No se trata de un tema que está allá lejos en las nubes, sino que mora aquí entre nosotros, aunque la verdad es que poco se habla formalmente acerca de él.  La razón para tal reserva posiblemente se origina en que es un tema sensible y generador de emociones, ante lo cual una opinión que se brinde al respecto estaría expuesta al látigo de opiniones en su contra, las que no siempre se efectúan de manera apropiada, decente, razonada, que es lo que se requiere.  Eso, sin embargo, no debería de arredrarnos a opinar, siempre que se haga mención de lo “difícil” que es el asunto, de lo complejo, además de que posee aristas muy diversas, que fácilmente lo pueden a uno desviar del objetivo esencial, cual es, al menos para mí, el de dimensionar el asunto en un marco de libertad.

Mi inquietud inmediata surgió de un comentario que leí en La Nación del 16 de agosto, titulado “Migración nicaragüense se dispara con visa tica en mano: País registra aumento sostenido de inmigrantes desde el 2008.” Pero las consideraciones deben ir más allá de la “migración nicaragüense”, y será mejor empezar aquí refiriéndola a la inmigración como un todo y hacia cualquier país. De lo contrario, la conversación podría verse embarrialada por temas históricos que a veces han dividido dolorosamente a ambos pueblos, aunque si bien, en mucho, somos sociedades que nos hemos influenciado mutuamente, incluso familiarmente, con suma profundidad y de forma beneficiosa. Por ello, buscaré ser “aséptico’, al referirme al asunto en general.

Empiezo contándoles algo muy personal –y que creo tiene enorme relevancia al definir mis preferencias electorales de la actualidad en los Estados Unidos.  A principios de los años sesentas fui afortunado de poder vivir, gracias a una beca, con una familia de los Estados Unidos. Me permitió conocer, entre otras cosas, el gran amor que por la libertad tiene ese pueblo, así como el apoyo enorme y usual de los ciudadanos a sus iguales en las comunidades de ese país: una solidaridad que tan sólo alguien como Alexis de Tocqueville pudo describir en su obra La Democracia en América

En mi viaje de regreso de Ohio -en donde vivía- hacia mi hogar en Costa Rica, se nos llevó a la ciudad de Nueva York y allí, particularmente, fuimos de visita a la Estatua de la Libertad (así la pongo con mayúsculas; tal es mi sentimiento). Ésta se encuentra en la Isla Ellis, ubicada a la entrada de aquella ciudad y fue el puesto aduanal por donde entraron millones de inmigrantes a los Estados Unidos, en una época que va de finales del siglo XIX a principios del XX: un período de enorme inmigración hacia los Estados Unidos. En la entrada a ese país, las autoridades esencialmente revisaban dos cosas: una, que los inmigrantes no sufrieran de enfermedades que pudieran afectar a los demás ciudadanos que ya vivían en los Estados Unidos y, la otra, que esos inmigrantes trajeran consigo algo de dinero que les permitiera sobrevivir, en tanto encontraban trabajo en la nueva nación. Nada de la burocracia atemorizadora que hoy uno observa al llegar a los puertos migratorios de esa nación. En aquella época dorada de la inmigración estadounidense, los hambrientos de libertad llegaban como “ilegales”, pero rápidamente se les convertía en “legales”. La libertad se privilegiaba ante la discriminación y el odio a lo extranjero.

La Estatua de la Libertad se ubica en la Isla de Ellis y en un vestíbulo de ésta, en una de sus paredes, se lee parte de un poema escrito en 1883, por Emma Lazarus, titulado El Nuevo Coloso, en referencia al mítico coloso de Rodas, erigido a la entrada de ese antiguo puerto en el Mar Mediterráneo.

Las palabras escritas en las paredes de la Isla de Ellis rezan así y me parece que encaraban benévolamente al inmigrante trémulo, brindándole esperanzas que tan sólo la libertad podía brindar: 

¡Dadme a vuestros rendidos, a vuestros pobres
Vuestras masas hacinadas anhelando respirar en libertad
El desamparado desecho de vuestras rebosantes playas
Enviadme a estos, los desamparados, sacudidos por las tempestades a mí!
¡Yo elevo mi faro detrás de la puerta dorada!"

Nunca he podido olvidar esas letras y de ellas entendí el enorme aporte que los rendidos, los pobres, las masas hacinadas, los desechos desamparados, harían luego para los Estados Unidos, al venir a laborar a ese país en busca de su propia felicidad y, por ende, así promoviendo la ajena.

Por eso, me cuesta mucho entender a bisnietos y tataranietos de aquellos inmigrantes muertos de hambre, que hoy amenazan desde las alturas de su riqueza, con devolver a otros seres humanos a la miseria y a la oscuridad de donde vinieron a dicho país en busca de mejor vivir.

Un elemento fundamental en el pensamiento liberal clásico es su convicción de que el libre comercio es esencial para que las sociedades progresen.  Tal convencimiento a favor de los mercados libres y del libre comercio se refleja en un acuerdo para que haya libertad de movimiento de las personas entre las naciones. Eso lo encontramos, por ejemplo, en La Riqueza de las Naciones, de Adam Smith o en los Principios de Economía Política e Impuestos de David Ricardo, al igual que en el trabajo de otro economista clásico, James Mill en su obra Elementos de Economía Política y luego en el de su hijo, John Stuart Mill, con Principios de Economía Política.  

Más actual, con sencillez y con el énfasis que le es propio, en su libro Liberalismo, Ludwig von Mises describe el caso de la siguiente manera: 

“La Discusión acerca del derecho del individuo a moverse, con toda libertad, dentro y fuera del país, prueba la certeza de lo anterior. El liberalismo reclama que todas las gentes puedan vivir donde más les plazca.” (P. 170 de la edición española de Editorial Planeta, Agostini, Madrid, 1994). Y luego agrega “Por eso fracasaron siempre cuantos argumentos ingeniáronse para justificar las barreras migratorias. Porque nadie, en buena lógica, puede negar que tales medidas forzosamente han de disminuir la productividad del trabajo humano.” (P. 172)

Es difícil presentar todos los diversos argumentos económicos que se han formulado a través de los tiempos en favor de la inmigración, por lo cual sólo mencionaré algunos pocos de ellos, a fin de que el amigo lector aprecie el sentido de las cosas. 

En primer lugar, existe la creencia de que los inmigrantes son una carga sobre la economía, pero la realidad es que promueven un incremento de la riqueza en el país.  Cuando a una nación entra fuerza de trabajo (inmigración), eso permite que a la población existente se le libere de realizar actividades que antes llevaban a cabo, con lo cual pueden dedicar su esfuerzo para producir otras que supuestamente son más productivas. Este es el mismo argumento básico en favor del libre comercio de bienes y servicios, que casi de forma unánime ha sido patrocinado por todos los economistas, particularmente por aquellos cercanos a lo que se conoce como liberalismo clásico.

Tal argumento esencialmente se basa en que, con la inmigración, los trabajadores domésticos dejarán de hacer aquello para lo cual eran relativamente ineficientes y se dedicarán a producir lo que ahora harán comparativamente de manera más eficiente.  Esta mejor utilización de recursos escasos se traduce así en una mayor producción. También puede considerarse que, con la migración, aumenta el producto mundial, pues, al trasladarse el migrante, éste sale de una nación en donde su contribución a la producción es más baja hacia otra en donde es mayor (lo hace porque, en su nuevo país, el trabajador obtiene más ingresos salariales, al agregar un mayor valor de producción que el que hacía en su país de origen).

Pensemos en un ejemplo extremo de esto en nuestro país (pero es aplicable a muchos otros casos históricos).  Suponga que del país N llega alguien para emplearse aquí como trabajador en un cañal o como empleada doméstica,  posiblemente que es lo que hacían en su nación de origen.  Esa producción hasta el momento estaba siendo realizada por nacionales, pero ahora hay otro trabajador que puede realizarla, con lo cual el nacional puede quedar libre para hacer algo que le rinda (gane) más que antes (de no ser así, seguiría haciendo lo que hasta ese momento había hecho en el cañal o en el hogar). Es así como el trabajo nacional, que de tal manera se ve liberado, puede ahora dedicarse a hacer otra cosa en la que obtiene un mayor valor que antes. El inmigrante realiza ahora voluntariamente el trabajo que antes llevaba a cabo el trabajador nacional y éste puede así realizar otro en el cual es más productivo.  

De inmediato se me dirá que la entrada de trabajadores del exterior hacia el país ocasiona que los salarios domésticos caigan, pero eso no necesariamente es así, pues los trabajadores migrantes que aumentaron la oferta de trabajo, también demandan bienes y servicios, lo cual provoca aumentos en la demanda de trabajo para producir esos mayores bienes y servicios que los inmigrantes demandan.
Pensemos, por un momento, un ejemplo de libre movilidad dentro del país como equivalente a la libre movilidad de trabajadores entre naciones.  Suponga que en Costa Rica hay un movimiento (inmigración) hacia el resto del país de habitantes provenientes de Limón. Asumamos que en dicha provincia los trabajadores ganan menos, en comparación con lo que se obtiene en el resto de la nación. La llegada de esos limonenses al resto del país liberaría a sus ciudadanos no limonenses de tener que hacer esos trabajos ahora realizados por los inmigrantes. Al dejar de tener que hacer esas tareas, los habitantes del resto del país pueden usar el recurso humano liberado para que produzca otras cosas en las que ahora es comparativamente más eficiente, más rentable, en que gana más que antes. 

Esto significa que hay un aumento en el valor de la producción total del país como un todo: simplemente hubo un movimiento de trabajadores que ganaban mal porque agregaban poco valor en Limón, hacia otra parte del país en donde su trabajo es más valorado y ello, además, permite liberar mano de obra en el resto del país, que ahora se podrá dedicar a producir otras cosas para los cuales son relativamente más productivos. (Imagínelo: trabajadores de fincas cacaoteras mal pagados porque agregan poco valor, van al resto del país a trabajar, por hipótesis, como empleados en casas, pero ganando más que antes. Pero, además, los anteriores trabajadores del resto del país, que trabajaban haciendo aquellas labores domésticas, pueden ahora dedicarse a producir cosas en que son más valorados; por ejemplo, como empleados administrativos o como obreros mejor pagados o lo que fuere. Este es tan sólo un ejemplo de lo que realmente sucede, en una mucha mayor complejidad, en las  sociedades que experimentan tal tipo de migración). 

Hemos analizado el ejemplo de migración dentro de un país, pero es idéntico a cuando sucede entre naciones, excepto porque en este segundo caso suelen mediar fronteras, además de pasiones acerca de nacionalidades.  Pero el efecto económico es el mismo y es en ello en lo que he tratado de concentrar mi análisis.

¿Qué deseable es tener una estimación en Costa Rica de cuánto es el beneficio neto a la población nativa del país que surge de la inmigración?  Mucho, pues creo que ayudaría enormemente en una conversación desapasionada acerca del tema.  He visto datos para otros países (como de los Estados Unidos) en donde el incremento es sustancial.  Uno de esos estudios es muy interesante, dado que proviene de un crítico destacado de la inmigración hacia ese país. Se trata del economista de Harvard, George Borjas, quien en estima que los inmigrantes crean un beneficio neto estimado de $22 billones al año (ver George Borjas, "Immigration" en David R, Henderson, editor, The Concise Encyclopedia of Economics.) Indianapolis: Liberty Fund, 2009.) Una actualización más reciente eleva al número a $36 billones.

El economista Benjamin Powell, en su artículo An Economic Case for Immigration (Library of Economics and Liberty, 7 de junio del 2010), expresa que “hay un acuerdo generalizado entre economistas, que la inmigración, tal como el libre comercio, da lugar a beneficios netos para la población original del país.”  

Otro aspecto que siempre surge en la discusión acerca de la inmigración, es que se dice que los extranjeros llegan a quitarles los trabajos a los nacionales. La confusión radica aquí en que tal desplazamiento suele ser observado en su clara expresión, pero no se toma en cuenta que, por otra parte, se crean nuevos empleos en la economía, lo cual no suele ser visto con tanta evidencia y causalidad. Ante la inmigración, el trabajo casero, doméstico, es liberado de aquello que estaba haciendo y en el cual el inmigrante lo sustituyó.  Así el trabajador nacional desplazado puede dedicarse a trabajar en otras cosas en la cual es más productivo (si no fuera así, se quedaría adonde estaba previamente). Por ejemplo, es posible que usted haya leído la expresión de que ya no hay empleadas domésticas nacionales como antes, presuntamente porque fueron sustituidas en tal labor por inmigrantes.  El punto es que ahora las anteriores empleadas domésticas están laborando en actividades en que ganan más que antes; esto es, son más productivas en la sociedad. Y esto se aplica para todo tipo de trabajos en general.

Un  tema que sin duda es relevante en la discusión acerca de la inmigración en Costa Rica -y al cual me referiré con mucho mayor detalle posteriormente- es su efecto sobre la demanda de servicios estatales, en el marco de lo que se podría considerar como un estado de bienestar o paternalista. No hay duda de que dicha demanda está relacionada con la capacitación laboral de los migrantes, así como de su edad.  Ciertamente, si se tratara del ingreso al país de trabajadores ya calificados, sin duda que no demandarían el servicio público de educación básica, además de que, posiblemente, no requieren mucho de servicios de asistencia o caridad de parte del gobierno. Pero si la inmigración es de familias extendidas (abuelos, padres, hijos y nietos, usualmente pobres) es de esperar que demanden tales servicios gubernamentales característicos del estado de bienestar. Eso sucede máxime cuando las leyes no discriminan en lo absoluto en cuanto a la provisión de beneficios estatales, como podría ser al no tratarse de contribuyentes de algunos programas, o ante su procedencia original.  Por ejemplo, en los Estados Unidos se ha encontrado que “desde finales de la década de los años setenta la situación se ha revertido y los inmigrantes utilizan el sistema de beneficencia proporcionalmente más a menudo que los nativos.”(Campbell McConnell y Stanley L. Brue, Economía, 13ª. edición, Bogotá: McGraw-Hill Interamericana, 1997, p. 779).

La discusión se amplía cuando se considera que, si el estado de bienestar provee de recursos amplios a los migrantes, estos podrían verses desincentivados para buscar empleo, que incluso aseguraría la supervivencia familiar. El desincentivo para no laborar y depender de la ayuda estatal se incrementa cuando, si alternativamente buscan y obtienen un empleo remunerado, tendrían entonces que contribuir no sólo pagando impuestos generales, sino también efectuando aportes para programas sociales específicos.  En síntesis, se ha dicho, por tanto, que en aquellas circunstancias de no incorporación a un trabajo, los inmigrantes resultan ser una carga sobre el resto de contribuyentes.
Esto nos lleva, de nuevo, a la necesidad de tener una idea acerca de cuál es el impacto neto sobre las finanzas estatales, incluso acerca de si son contribuyentes netos al fisco. El alcance del tema se amplía cuándo, por ejemplo, un liberal clásico connotado como Milton Friedman, en cierto momento asevera que “Es obvio que usted no puede tener libre inmigración y un estado de bienestar.” (Ver entrevista de Peter Brimelow a Milton Friedman, titulada “Milton Friedman Soothsayer” [Milton Friedman el adivino] en Hoover Digest, No, 2, abril, 30, 1998). 

Eso, que puede haber causado cierto regocijo inicial en oponentes a la inmigración (al menos en los Estados Unidos), lo aclaró luego Stephen Moore, en un artículo en el Wall Street Journal, titulado “What Would Milton Friedman Say?: Immigration opponents often try to claim the famed economist as an ally. They are mistaken.” De acuerdo con el economista Moore,

“Friedman dijo tal cosa en múltiples ocasiones. Una vez declaró en un discurso, fácilmente accesible en YouTube, que ‘una cosa es tener libre inmigración a los empleos. Otra es tener libre inmigración a los privilegios que otorga el estado de bienestar. Y usted no puede tener ambos.” De hecho, él estaba convencido de que, lo que algunos se refieren como inmigración abierta y otros como fronteras abiertas, son ‘incompatibles’ con un estado de bienestar grande… 

Friedman era incuestionablemente pro-inmigración. En 1984, cuando laboraba en la Fundación Heritage,” dice Moore, “encuesté a los 75 más importantes economistas del país acerca de sus puntos de vista acerca de la economía de la inmigración. Son pocos los temas en los que los economistas están tan universalmente de acuerdo. Los puntos de vista de los partidarios del libre mercado y del keynesianismo eran igualmente de 9 a 1, a favor de la inmigración.”

Lo esencial de Friedman es, de acuerdo con Moore, que, 

“en tanto que los inmigrantes sean atraídos a los Estados Unidos en busca de empleos y oportunidades económicas, ellos son contribuyentes –pero no necesariamente se da así, si el cartel de bienvenida llega con beneficios gubernamentales que son pagados por los contribuyentes. Si no pueden tener acceso al estado de bienestar que otorga privilegios sociales, dijo Friedman, el país se beneficia.”

El problema, por tanto, no es la inmigración en sí, sino el estado de bienestar existente en aquella nación, que estimula la inmigración no necesariamente en busca de un empleo productivo y de una mejoría económica, lo cual sería algo positivo para todos, inmigrantes y nativos. El problema es la existencia de un estado que otorga indiscriminadamente regalías o privilegios para ciertos grupos específicos, las cuales son cargadas a los contribuyentes como un todo. “Hay una solución que es más económica y más humana que mantener afuera a los extranjeros: Permitir que sean elegibles para trabajar, pero no para que colecten” las ayudas gubernamentales dirigidas a grupos de ingresos relativamente bajos que existen en el país, indica el economista Bryan Caplan, en un comentario suyo del 7 de mayo del 2014, titulado “Meant for Each Other: Open borders and western civilization” [Hechos el uno para el otro: Fronteras abiertas y civilización occidental]. 

En una segunda parte de este comentario, me referiré a algunas cosas concretas del  caso de Costa Rica. Podrá leerlo la próxima semana en este mismo sitio.
 
Jorge Corrales Quesada