Infierno fiscal

Hoy sale la noticia de que Francia incluyó a Costa Rica en la lista de paraísos fiscales, lo que podría desincentivar la atracción de inversiones, toda vez que a partir de marzo de 2010, las empresas francesas instaladas en Costa Rica tendrían un tratamiento más duro en términos tributarios en Francia.

No faltarán quienes corran alarmados por la declaración del gobierno francés, rasgándose las vestiduras por la calificación ¿nefasta? de paraíso fiscal. Por el contrario, en ASOJOD desearíamos que Costa Rica fuera un paraíso fiscal: un lugar donde podamos conservar la totalidad del producto de nuestro trabajo y esfuerzo; un lugar donde nuestra propiedad privada no se vea mancillada por el robo institucionalizado. Pero la realidad nos evita soñar y nos hace darnos cuenta que Costa Rica es, en realidad, un infierno fiscal, donde día a día somos asaltados por el Gobierno, que se vale de la coacción para despojarnos de nuestros ingresos. Ni qué decir de Francia, donde la cosa es aún más fea, siendo uno de los países europeos con mayores impuestos, mayor gasto público y mayor proteccionismo: o sea, la "casa matriz" del Infierno.

Lo que sí nos preocupa mucho es que, por la estúpida legislación francesa, las empresas de ese país que estén instaladas en Costa Rica y demás territorios considerados paraísos fiscales, sufran castigos que los alejen de acá. Gracias al largo brazo intervencionista del Estado francés, ahora cientos de costarricenses podrían perder su empleo y sus ingresos. ¡Vaya solidaridad!

El costo de una política equivocada

En el año 1998, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un cartel económico compuesto por los 30 países más desarrollados del mundo, decidió iniciar un ataque frontal a los países que utilizaban sus políticas fiscales para atraer capitales foráneos.

Este ataque pretende evitar la competencia fiscal y el funcionamiento de centros financieros fuera del control de sus autoridades que, mediante beneficios fiscales y la protección de la información, permiten que los ciudadanos de sus países (y del resto del mundo) puedan protegerse de los abusos y confiscaciones fiscales de sus gobiernos.

Para lograr su objetivo le sugirieron a sus países miembros que aplicaran medidas discriminatorias a los países que no se sometiesen a sus designios. Estas medidas, sin embargo, eran y son todas contrarias a las obligaciones que en materia de comercio internacional tienen todos los miembros de la OCDE.

Esto lo afirmó en el 2000 un abogado que había ejercido como asesor legal de la sección comercial del mencionado cartel. Dijo, además, que así se lo había hecho saber a los fiscalizadores de la organización, sin lograr persuadirlos de su error.

En el 2001, hice una presentación demostrando las causas por las que estas medidas eran contrarias al Tratado de Marrakech (que crea la Organización Mundial del Comercio) y sugerí que Panamá iniciara un proceso de solución de diferencia en contra de un país latinoamericano que discriminaba a Panamá.

Lamentablemente, un asesor gubernamental se opuso a esta iniciativa argumentando que la misma podía tener un impacto negativo en nuestras relaciones internacionales, tal como lo había vivido él cuando formaba parte del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la administración Endara.

Esto no es cierto. En efecto, los procesos de solución de diferencia se establecieron para que los países defendieran sus posiciones dentro del marco del derecho internacional público, sin amenazas ni uso de la fuerza. Esta es la forma civilizada de actuar.

A través del tiempo esta opinión (y otras similares que surgían de la cancillería) impidieron que Panamá hiciese uso de los mecanismos legítimos que tenía para defenderse. De no haber sido por estas políticas equivocadas, ya hoy hubiésemos tenido una decisión en la OMC, la cual sería, muy probablemente, favorable a nuestros intereses.

Una decisión así hubiese reventado el “cartel” haciendo completamente ineficiente las “amenazas” de esta organización abusiva que pretende imponer su visión del mundo a las demás naciones. Además, hubiese movido el debate internacional al campo en el que debía estar: el del comercio internacional. Es decir, al ataque de “paraísos fiscales” les hubiésemos respondido con la defensa de “proteccionismo financiero ilegítimo”.

Lo que aquí describo lo vine a conocer recientemente en toda su magnitud, cosa me obliga a retirar lo que publiqué hace un tiempo en contra del Viceministerio de Comercio Exterior (dirigido entonces por Melitón Arrocha), a quien responsabilicé de la inacción del gobierno. Definitivamente hoy sé con certeza que ese despacho y sus sucesores han tratado en varias ocasiones de proseguir esta línea de acción, para sólo ser parados por una Cancillería que obviamente no entendía lo que tenía entre manos.

Mantengo la esperanza que, ahora que tenemos un vicecanciller que conoce profesionalmente las reglas que rigen el comercio internacionalmente, esta instancia se convierta en un aliado del ejercicio legítimo del derecho a la defensa. Tal como se ha hecho con el Banano (demandando a toda la Unión Europea) y con las exportaciones de la Zona Libre en contra de Colombia. El doble estándar no tiene base lógica y menos fáctica.

Termino señalando que Estados Unidos, que es miembro de la OCDE y que activamente persigue una política de atracción de capitales foráneos eximiéndolos de impuestos y protegiendo la identidad de los dueños de dichos capitales, eventualmente será víctima de la política de la OCDE, momento en el cual, vaticino, morirán las “amenazas”. Ese momento no está lejos y Panamá sólo debe saber cómo resistir el más reciente embate.

Carlos Ernesto González Ramírez

Publicado en el diario La Prensa de Panamá

Suiza y Luxemburgo, un modelo fiscal a seguir

La competencia es sana. Este principio fundamental del libre mercado es de aplicación tanto en el ámbito privado como público. Por ello, todo intento por alcanzar una determinada armonización fiscal, ya sea a nivel de países o regiones, viola drásticamente tal enunciado. Si en algún momento los organismos supranacionales lograran imponer una presión fiscal homogénea en una determinada región, ésta, por norma, tendería a crecer con el paso del tiempo. Al menos, así nos lo muestra la experiencia de la historia. El poder tiende a aumentar inexorablemente sin barreras.

El proceso contrario consiste, precisamente, en mantener la existencia de políticas tributarias diferenciadas para que las entidades políticas compitan entre sí en la captación de recursos. Por desgracia, la actual lucha contra los refugios fiscales amenaza la vigencia de dicha competencia administrativa. Y es que, tal y como muestra un reciente estudio del Institut Constat suizo, la diversidad de modelos tributarios actúa como un contrapeso eficaz contra los impuestos elevados.

El citado estudio elabora un original índice de opresión fiscal en el que, mediante la medición de determinadas variables, indica qué países de la OCDE son los más benevolentes con los derechos de propiedad de los individuos. Suiza y Luxemburgo encabezan este particular ranking, ya que gozan de la "opresión fiscal más baja", seguidos de Austria y Canadá. Por el contrario, los estados más opresores son, por este orden, Italia, Turquía, Polonia, México, Alemania, Holanda, Bélgica, Hungría, Francia y Grecia. España se sitúa en la zona media de la tabla (puesto 17), con un índice "opresor" de 5 puntos.

El informe carga contra la lucha que las grandes potencias por eliminar los paraísos fiscales, e incide en que el objetivo último de esta guerra consiste en imponer impuestos comunes a nivel internacional. El ejemplo más claro es el de la UE. El Estado de Bienestar, implantado en la mayoría de los países desarrollados, es una bomba de relojería que, tarde o temprano, acabará estallando.

Los actuales niveles de recaudación hacen insostenible el sistema a largo plazo. El progresivo envejecimiento de la población, el aumento del gasto público y el incremento sustancial de la deuda gubernamental para combatir la crisis económica ensombrecen, aún más, la ya de por sí inviabilidad del modelo. La existencia de competencia fiscal entre países permite la evasión legal de capitales y empresas hacia países más benevolentes y tolerantes con sus ciudadanos.

Como es lógico, tales facilidades son percibidas como un gran obstáculo a la hora de subir impuestos de forma coordinada, tal y como pretende la actual elite política. La descentralización en esta materia es, pues, vital para proteger los derechos inalienables del hombre libre.

Manuel Llamas

El G-20 y la persecución de los paraísos fiscales

Organizaciones burocráticas internacionales como la OCDE, la Comisión Europea, las Naciones Unidas o el G-20 han lanzado un ataque coordinado a los paraísos fiscales. Todo ello apoyado por los países de altos impuestos y gobiernos ineficientes como Francia y Alemania.

En realidad, el quid de la cuestión es que los Estados necesitan financiarse. Esta es la raíz (o problema, mejor dicho) del asunto. En un principio, el cometido del Estado era permitir la convivencia pacífica mediante la defensa de la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos y la defensa interior y exterior. Pero a partir del siglo pasado, los Estados se han atribuido un sinfín de funciones: educación, salud, pensiones, telecomunicaciones, energía, televisión, radio, entre otros (dependiendo del caso). Y evidentemente, mantener esas enormes estructuras burocráticas (de poder) es costosísimo.

¿Cómo obtiene el Estado recursos para financiarse? Básicamente puede obtenerlos mediante el cobro de impuestos, la venta de activos y servicios, endeudándose y emitiendo moneda. De todas estas vías para financiar los gastos del Estado, la principal es la impositiva.

Qué duda cabe que los Estados desearían aumentar ilimitadamente los impuestos pero se encuentran que, llegados a un determinado punto, no pueden recaudar más por mucho que sigan aumentando los impuestos. Esta es la intuición que plasmó Arthur Laffer (economista de la oferta) en la curva que lleva su nombre. En la época de Ronald Reagan, Laffer dibujo esta curva en una servilleta para explicar a Dick Cheney las ventajas de una rebaja fiscal (la servilleta está actualmente depositada en una vitrina en el Bookings Institution). La curva, que tiene forma de U invertida, relaciona el tipo impositivo medio y los niveles de recaudación. En este diagrama, se coloca el tipo impositivo en el eje de abscisas, y los niveles de recaudación en el de ordenadas. Al principio de la curva, cuando los impuestos son del 0% (es decir, no pagamos impuestos), la recaudación del Estado es lógicamente cero. A medida que se van aumentando los impuestos, la recaudación del Estado empezará a aumentar desde cero hasta alcanzar un punto máximo. En este punto se encuentra el tipo impositivo "óptimo", ya que es el que produce los mayores ingresos para el Estado. A partir de este momento, si el Estado continúa incrementando los impuestos, su recaudación irá descendiendo progresivamente, hasta llegar a cero en el caso de un gravamen del 100% (porque nadie se molestaría en trabajar si sabe que perderá todo lo que gana).

Pese a que tanto el tipo de gravamen óptimo como la forma de la curva no se pueden conocer/calcular (y además varían de un país a otro), la curva de Laffer es una intuición sencilla e interesante porque nos dice que a partir de un cierto nivel de impuestos, el Estado va a ingresar menos. Este descenso en la tributación se pueden deber a diversas causas: destrucción de la producción, porque los proyectos dejan de ser rentables y se abandonan (o ni se empiezan); sustitución de trabajo por ocio; o porque propician el fraude y la evasión fiscal hacia paraísos fiscales.

Pero estas son solamente consecuencias de la principal causa: los ciudadanos sienten que la presión fiscal es excesiva. Sufren esta carga impositiva en su vida diaria. La defensa del individuo debe empezar por evidenciar esto, y señalar claramente que esta confiscación es ilegítima e injusta porque las personas son dueñas de sí mismas y, por tanto, de lo que producen. Es en este sentido que el individuo ve a los paraísos fiscales como verdaderos refugios (hay que recordar que tax heaven no significa paraíso sino refugio fiscal). Es decir, se refugia en destinos donde la actividad económica esté menos gravada. Y es que mientras las regulaciones no son exageradas, los ciudadanos no suelen oponerse a ellas. Pero llega un punto en el que los ciudadanos ("contribuyentes" se les denomina) no están dispuestos a aguantar más imposiciones. Consideran que el tipo es demasiado alto y empezarán a dejar de pagar impuestos, ya que será más rentable el fraude (o el ocio) que el trabajo y la inversión. Dicho de otra manera, cuando los impuestos son excesivos, la gente tenderá a no obedecer la ley.

La existencia de los refugios fiscales es positiva porque promueve la "competición fiscal" entre los países. La globalización ha reducido las barreras entre naciones facilitando el flujo de capitales y trabajo de unas a otras, por lo que los políticos sienten la necesidad de bajar los impuestos para que los trabajadores y las inversiones no crucen la frontera. Que los Estados compitan entre ellos ha provocado recortes de impuestos y diversas reformas fiscales (aunque quizás no tanto como desearíamos). Si no existiese esta presión competitiva, no tendrían ningún incentivo para llevar a cabo esas reformas.

La existencia de los refugios fiscales es, además, un imperativo moral. Y es que existen países del mundo (la mayoría) en los que no se respetan totalmente los derechos humanos. Se persiguen a minorías étnicas, religiosas y sexuales; la corrupción y las expropiaciones son muy corrientes y habituales; existe una gran inestabilidad política y económica; y se violan continuamente los derechos de propiedad y libertades civiles. Pues bien, la existencia de refugios fiscales es esencial para la gente que vive en este tipo de países inestables, ya que les permite proteger sus activos y propiedades. Si usted fuese un ciudadano de Zimbabwe, ¿depositaría tranquilamente sus activos en un banco zimbabwense sabiendo que el dictador Robert Mugabe puede confiscarlos cuando desee?

Los países que desean exterminar los refugios fiscales suelen ser los que tienen impuestos elevados. Evidentemente no les interesa participar en la "competición fiscal" que hemos comentado antes. Tienen derecho a adoptar las medidas fiscales que deseen oportunas para su país, pero no están legitimados para crear una especie de cartel internacional impositivo. Tratando de eliminar refugios fiscales están pidiendo que esos países pierdan su soberanía para favorecer a sus ineficientes estados del bienestar. Quizás habría que recordarles que las colonizaciones ya acabaron.

Juan Morillo Bentué

Los paraísos son una bendición

Si alguna vez Ian Fleming hubiera querido escribir una novela de espionaje acerca de la política fiscal, es muy probable que hubiera encontrado muy buen material en la compra de datos confidenciales de los clientes del banco de Liechtenstein, que recientemente hizo el servicio de inteligencia externa de Alemania. Con una lista de supuestos evasores de impuestos, Alemania se está uniendo a otros países de Europa en demandar que Liechtenstein, al igual que otros sitios llamados “paraísos fiscales”, pierdan su legislación privada para que los recaudadores extranjeros de impuestos puedan rastrear—e imponer impuestos—a los fondos invertidos en jurisdicciones a favor de bajos impuestos. La Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), detectando un momento oportuno, han unido sus voces en un coro que está clamando por la destrucción de los paraísos fiscales.

Cuando pensamos en paraísos fiscales, tendemos a imaginarnos a millonarios diletantes en sus lujosos yates cubiertos en joyas, jctándose acerca del último truco que sus contadores acaban de descubrir para evadir impuestos. Esta popular imagen—y el hecho de que solo unos cuantos de nosotros poseen cuentas millonarias en Mónaco o en Andorra—hace mas fácil para muchos aplaudir a la canciller alemana Ángela Mérkel en su cruzada. Según la lógica general, uno se pregunta: ¿Porque los millonarios pueden salirse con la suya mientras el resto de nosotros estamos pagando lo que debemos? Sin embargo, esta sabiduría convencional no podría estar más equivocada. Todos somos beneficiarios de los paraísos fiscales, en formas que ni nos percatamos.

Antes que nada, si uno vive en un país desarrollado, los impuestos son probablemente mucho menores de lo que eran hace 30 años, gracias en parte a los paraísos fiscales. En 1980 el ingreso fiscal personal en los países miembros de la OCDE promediaba más del 67% y las tasas corporativas en ese año promediaban casi un 50%. Y por si esto fuera poco, los países rutinariamente impusieron nuevas capas fiscales al capital, incluyendo impuestos sobre dividendos, sobre ingresos capitales, sobre herencia e impuestos a la riqueza. Estas políticas desalentaron al ahorro y la inversión, estancando el desarrollo económico y dañando considerablemente la economía.

Sin embargo, empezando por Reagan y Thatcher, los gobiernos se han esforzado por disminuir las tasas fiscales y reformar sus regimenes. Las tasas fiscales personales ahora promedian solamente cerca de un 40% y las tasas fiscales corporativas se han reducido a un 27%. Es en gran medida la globalización—no la ideología—lo que ha conducido esta virtuosa “carrera hacia abajo”. Los gobiernos están disminuyendo impuestos porque temen que los empleos y las inversiones se vayan de su país. Al proveer un refugio seguro para las personas que buscan evadir tasas fiscales confiscatorias, los paraísos fiscales han jugado un rol imprescindible. Los legisladores han concluido que es mejor recibir algún ingreso con tasas fiscales modestas, que imponer altos impuestos y perder dinero.

Segundo, los ducados europeos y las islas del Caribe no son los únicos lugares que reciben a los refugiados de altas tasas impositivas. EE.UU., por ejemplo, podría ser considerado el paraíso fiscal más importante del mundo. El gobierno estadounidense generalmente no cobra impuestos sobre ganancias de interés y capital recibidos por extranjeros que invierten en el país. Y considerando que el sistema tributario no posee datos sobre estos pagos, hay muy poca información para compartir con recaudadores fiscales extranjeros. Además las estructuras corporativas de EE.UU., como las compañías de Delaware y Nevada, son excelentes mecanismos para que los extranjeros puedan administrar sus inversiones. Gracias en parte a estas políticas atractivas, los extranjeros hoy en día han invertido más de $12 trillones en EE.UU. Aún si los esfuerzos de Mérkel son exitosos y a todas las naciones se les impone la obligación de reforzar las legislaciones fiscales para extranjeros, es muy probable que una suma sustancial de ese capital que crea empleos, escapará de EE.UU.

Finalmente, hay una justificación moral para los paraísos fiscales: Ellos juegan un rol crítico al proteger a las personas sujetas a persecuciones religiosas, étnicas, sexuales políticas o raciales. La mayoría de la población mundial vive en regimenes con inadecuadas protecciones a los derechos humanos. Y las personas con bienes, son usualmente el blanco de estos gobiernos opresores. La habilidad de depositar dinero en estos paraísos fiscales ofrece importantes protecciones para estas potenciales víctimas. Incluso las Naciones Unidas, en un reporte de 1998 que atacaba a los paraísos fiscales, tuvo que admitir que “A lo largo del siglo XX, los gobiernos alrededor del mundo espiaron a sus ciudadanos para mantener el control político. La libertad política puede depender de la habilidad de esconder información puramente personal, de los ojos del gobierno”.

A pesar de este poderoso argumento para dejar a los paraísos fiscales en paz, los burócratas internacionales han visto una oportunidad para expandir su cobertura. La OCDE está tratando de beneficiarse con la controversia del caso Liechtenstein rejuveneciendo su campaña de la “perjudicial competencia fiscal” contra “los incooperantes paraísos fiscales” que irónicamente son los mismos países que ayudaron a mejorar las políticas fiscales. Este esfuerzo, que ha estado en reposo desde que la administración del presidente George W. Bush le retiró apoyo en 2001, ha puesto a los paraísos fiscales en una lista negra y los ha amenazado con impuestos discriminatorios y restricciones comerciales si no aceptan adoptar un sistema de recaudación similar al de las naciones con altos impuestos.

Mientras tanto, la Comisión Europea establece que el embrollo muestra la necesidad de expandir la directiva de ahorros e impuestos de la UE, la cual consiste en un acuerdo de compartir información para ayudar a cobrarle impuestos a los ciudadanos de países como Francia y Alemania que ganan intereses fiscales en lugares como Luxemburgo. Por ahora, solamente se aplica a tipos de ingreso de capital en países europeos y sus territorios. Pero los ambiciosos recaudadores fiscales de Europa quieren intervenir en todas las formas de ingreso de capital, y quieren que los gobiernos no europeos como el de Singapur, Estados Unidos y Hong Kong, participen en lo que equivale a un cartel fiscal.

Afortunadamente, las propuestas de OCDE y de la UE enfrentan un gran reto. La OCDE fue capaz conseguir que los paraísos fiscales ubicados en la lista negra firmaran las llamadas cartas de compromiso. En esta prometen debilitar sus leyes fiscales y de privacidad, con la condición de reciprocidad, lo que significa que los paraísos fiscales acceden a esto solamente si el resto de países también lo hacen, incluyendo a los miembros de la OCDE como EE.UU., Suiza, Luxemburgo, y también países no miembros como Hong Kong y Singapur. La directiva de ahorros e impuestos de la UE enfrenta obstáculos similares, en gran parte por las mimas razones.

Estas son buenas noticias. La competencia fiscal está llevando a las políticas fiscales en la dirección correcta y los paraísos fiscales juegan un papel clave en este proceso de liberalización. Los países con sistemas de altos impuestos se quejan de que las jurisdicciones como la de Liechtenstein permitan la evasión fiscal, pero este argumento no toma en cuenta el punto obvio: las bajas tasas fiscales y las reformas tributarias son la mejor forma de reducir la evasión. La verdad es que aquellos luchando en contra de los paraísos fiscales nos costarían mucho mas a todos nosotros, de lo que nos podría costar alguna vez pequeño Liechtenstein.

Dan Mitchell